Unión Ibero-Americana (1903-02-01 00:00:00), página 7

circunstancias implacables en que se desarrolla su vida, necesita del diario sustento, le constituyen muchas veces á contratar lo que á la larga es, ó suicidio moral, ó suicidio físico. Y cuando este caso se produce, cuando un trabajo excesivo ó un salario insuficiente impiden al obrero la alimentación necesaria y el cumplimiento de sus derechos como ciudadano, el Estado debe impedir que esta explotación prevalezca, que unos hombres abusen para lucrarse del esfuerzo personal de semejantes suyos, que, si han venido al mundo en más humilde cuna, no por eso abdicaron, al nacer, de ninguno de los atributos inherentes al hombre como ser moral y social.

El sistema individualista produce el enriquecimiento desmesurado de unos pocos, á costa de la miseria fisiológica del proletariado, y por tanto, á costa de la energía de la raza que se malbarata en beneficio exclusivo de la concentración capitalista. Ya el Conde de Campomanes hablaba de los parásitos que se lucran con el trabajo ajeno, y lanzaba en frases duras su anatema contra los que explotan las necesidades humanas devoradas por esa fiebre insaciável del negocio que caracteriza á las modernas sociedades, poseídas de un repugnante positivismo.

La propiedad merece respeto cuando se emplea bien; pero en una sociedad que blasone de justa, se tenga por civilizada y marche por el camino del progreso, no pueden sobreponerse á los derechos humanos del obrero los derechos feudales del capital.

El mismo Adam Smith reconocía la desigualdad de los medios con que cuentan el obrero y el patrono, y el equilibrio de estos dos factores ha de ser la obra del Estado, que no es esa institución tiránica y opresora que presenta el anarquismo en su lucha contra todo principio de gobierno, sino que es, por el contrario, la sociedad organizada para el cumplimiento de la justicia.

Las clases obreras necesitan leyes que desenvuelvan el contenido social de las ideas democráticas. La estabilidad de las actuales instituciones sólo puede asegurarse llevando los que ejercen la acción directiva del gobierno, á las clases laboriosas, la confianza de que lograrán mejorar al amparo de la legalidad vigente su posición social, con el fomento de sus intereses materiales y morales.

Los llamamientos á la revolución violenta que hacen los elementos exaltados de la política caerán en el más absoluto vacío, si se opera desde las alturas una revolución social, sensata, juiciosa, equitativa y firme, que destruya los vicios antiguos, desarraigue las prácticas injustas y establezca con celo instituciones protectoras, al par que cercene sin piedad intolerables abusos.

Pero las afirmaciones positivas y las reformas legales demandadas ante el lógico temor de pavoreosos conflictos que pudieran producirse no deben venir sin meditado y sereno examen. Ocurre además que, si en la transformación de los organismos sociales se aplica un criterio radical, puede esa transformación convertirse en un ensayo perjudicial y dañoso, y que si, por el contrario, se dejan en pie los actuales gémenes de lucha, y la reforma no tiene otro propósito que el de llenar un compromiso político, nada se consigue, y resulta ineficaz y tardía.

Las funciones económicas y su reglamentación han de inspirarse en las máximas consoladoras estampadas en los Evangelios como alivio para el que sufre y regla de nuestra conducta. Una economía que no se base en el espíritu cristiano, será siempre una economía injusta y tentadora. Y si la legislación de un pueblo ha de adaptarse á los principios éticos de la moral y de la justicia, y no ha de servir únicamente para satisfacer todas las aspiraciones, aun las más frívolas y desatentadas, de los poderosos, esa legislación no puede prescindir de reglamentar el trabajo, que es una función social ejercida por gentes desvalidas y necesitadas, por tanto, de la acción tutelar del Estado.

Inglaterra, á pesar de ser la cuna del individualismo, da el ejemplo en esta materia. Desde que en 1802 fué votado el primer factory act por la Cámara de los Comunes, hasta ahora que parece inminente el voto por el Parlamento inglés de la ley limitando á ocho horas de trabajo la jornada en las minas, más de sesenta leyes de protección obrera, extensivas á todas las ramas de la industria, han sido sancionadas. El obrero inglés ha dejado de ser materia fácil para las agitaciones políticas, y lo mismo que ocurre en Nueva Zelanda, ha abandonado las doctrinas utópicas, se ha constituido sólidamente, y ha consolidado su porvenir, viéndose así á proparse el influjo beneficioso y decisivo de las reformas sociales.

Desconocer las enseñanzas de la realidad es muestra de pasión, ó lo que es aún peor, de ignorancia. España no debe cerrar sus fronteras á una corriente universal. España no debe constituir una dolorosa excepción en el mundo civilizado. Cruzarse de brazos ante los problemas planteados por la vida moderna, esperar que ellos mismos se solucionen, y tener como principio de política la abstención sistemática en asuntos de verdadero interés social, mientras se hace intervenir al Estado en cosas de poco momento, por estímulos de bajo y corruptor caciquismo, será siempre impropio de políticos sabios y de legisladores providentes.

Se toma por algunos esta hermosa tendencia que se apoya de los espíritus y se infiltra en las leyes de los pueblos como una insana corriente de lisonja y de adulación á las clases proletarias... ¡Qué error más profundo! No era el espíritu de la adulación ó de la lisonja hacia esas clases el que movió á Cánovas á decir que sólo ganando á los obreros se conquistaba terreno al mar de las revoluciones sociales. No era tampoco la lisonja la que inspiraba recientemente en el Congreso á los hombres políticos de los opuestos bandos, conformes, salvo contadas excepciones, en la necesidad de legislar con arreglo á lo que reclaman los dictados de la justicia y las realidades imperiosas de la vida moderna.

¿Cuáles son esas reformas requeridas con apremio por las clases trabajadoras?

En primer término se impone la consagración en nuestro Código civil del contrato del trabajo, estipulando en él, como piden sociólogos tan ilustres como Azcárate, Canalejas, Dato, Posada y Buylla, la capacidad de los contratantes, el contrato de aprendizaje, las condiciones del pago del salario y la forma de hacerlo, y la manera como hayan de resolverse las dudas y conflictos originados por el hecho económico de la producción. Es éste un deber jurídico de la sociedad, del que no puede hacer dejezión ó abandono, porque la dejación sería inexcusable, y el abandono, criminal.

Pero no es ésa únicamente la labor que incumbe al legislador. Debe además limitar las horas de trabajo, fomentar los sindicatos y asociaciones obreras, dándoles algo más eficaz y positivo que la protección moral, cuidar de la higiene y seguridad de las fábricas y talleres, proteger energícamen te á la mujer y al niño, castigando con penas severas á los que infrinjan lo que la ley dispone, asegurar al trabajador imposibilitado ó anciano un pedazo de pan para los últimos días de su vida, transformar el carácter de la propiedad rural, evitando su concentración en pocas manos, para que haya el mayor número posible de labradores propietarios, y lograr en suma esa ponderación de fuerzas sociales que expresaba tan gráficamente el ilustre político francés Waldeck-Rousseau, al decir que es preciso que el capital trabaje y que el trabajador posea.

No han de ser estas reformas traspalantes de instituciones