Unión Ibero-Americana (1902-10-01 00:00:00), página 3

solamente para Colombia, cuya soberanía sobre el istmo de Panamá le estaba expresamente garantizada por él, sino para todas las naciones civilizadas del orbe puestas por él en pie de igualdad para el uso de una vía interoceánica llamada á desempeñar un papel de importancia incalculable en el comercio del mundo. Es difícil comprender cómo el Gobierno de Colombia, una vez que los hechos le hubieran revelado los peligros que para él entrañaba el tratado de 1846, no se dió, desde hace mucho tiempo, á la tarea de obtener, por cuantos medios á su alcance estuvieran, qué, de acuerdo con las estipulaciones del tratado Clayton-Bulwer, vinieran á cooperar á los fines en él preconizados, las demás naciones europeas, y es también de difícil explicación el que Inglaterra consintiera en una abrogación de un tratado que no deja, para que los Estados Unidos adquieran dominio absoluto sobre una región de posición estratégica incomparable en tiempo de guerra, más obstáculo que el débil valldar de una soberanía que no tiene fuerza suficiente para defenderse á sí misma y que podrá ser y seguramente será violada, cuando bien le parezca que lo sea al Gobierno de Washington.

De los hechos cumplidos, pues, resulta: que el canal por la vía de Panamá es el que se considera más práctico y adecuado; que los Estados Unidos son los únicos que en la actualidad parecen dispuestos á realizar la obra; y que no la realizarán ellos mismos, ni consentirán en que sea realizada, sino con la condición de ejercer ellos dominio absoluto en paz y en guerra sobre el canal que se construya.

Hechas las explicaciones que preceden, volvamos á ocuparnos de la posición en que se halla la Compañía francesa del Canal de Panamá, cuya concesión original expira en 1904. Lo primero que hay que estudiar es la validez de la prórroga obtenida del Gobierno ejecutivo de Colombia. La concesión original fué sancionada por el Congreso colombiano. En 1898 fué sometida al dicho Congreso y negada por él la solicitud de prórroga presentada por la Compañía del Canal. Desde entonces para acá, y por causa de la guerra civil, el Congreso colombiano no se ha vuelto á reunir. En 1900, el Poder Ejecutivo de Colombia concedió una prórroga de seis años á la Compañía del Canal, en cambio de un pago de 5 millones de francos. Siendo evidente que un acto de tal transcendencia no podía ejecutarse legalmente sin la aprobación del Congreso, el Poder Ejecutivo de Colombia pretendió legitimar su acción apoyándose en un artículo de la Constitución nacional que lo faculta, en tiempo de guerra, para dictar, sin necesidad de aprobación parlamentaria, las medidas que juzgue conducentes al restablecimiento de la paz; pero el artículo constitucional advierte expresamente que esas medidas han de ser de carácter temporal. Muy delgado se necesita hilar para hacer caer bajo la categoría de medidas conducentes al restablecimiento de la paz las relacionadas con la prórroga de la concesión del canal; y por muy delgado que se hile es de todo punto imposible darle carácter de temporal á una prórroga de seis años, que ha de empezar á contarse tres años después de concedida, y para una obra que ha de afectar para todo lo porvenir las corrientes del comercio interoceánico.

No faltaron voces de protesta que en tiempo oportuno notificaron á la Compañía del Canal de que la prórroga obtenida por ella era ilegal y de que los derechos de la legitimidad serían vindicados á su tiempo y en su oportunidad por el Congreso colombiano, una vez restablecida la paz. La Compañía del Canal, sin embargo, pagó los 5 millones y activó sus gestiones con el Gobierno de los Estados Unidos.

El resultado de dichas gestiones, hasta donde es públicamente conocido, consiste en la fijación de un precio de 40 millones de dólares, es decir, 200 millones de francos, que los Estados Unidos están dispuestos á pagar á la Compañía francesa del Canal por su concesión, por los trabajos ejecutados y demás bienes que ella posea en el istmo de Panamá, siempre que todo ello pueda ser traspasado á satisfacción y contentamiento del Gobierno norteamericano. La Compañía francesa del Canal estará de plácemes si no obscurecerán su cielo algunas nubes que acaso presagian inesperadas tempestades en que zozobre toda la negociación.

Vamos á enumerar á la ligera cuáles son los obstáculos que se presentan para que la Compañía francesa del Canal perciba esos 200 millones de francos á que cree haber adquirido derecho con el pago de los 5 millones de francos de que queda hecha mención.

En primer lugar, al profundizar el asunto, es de creerse que los Estados Unidos no consideren como legítima la prórroga obtenida sin la sanción del Congreso colombiano, tanto más, cuanto que éste la rechazó en sus últimas sesiones.

En segundo una de las cláusulas de la concesión vigente estatuye perentoriamente que si la Compañía del Canal traspasa su concesión á algún Gobierno extranjero, la dicha concesión caducará y quedará anulada por ese solo hecho, quedando el Gobierno de Colombia dueño y propietario único de los trabajos y obras ejecutados y bienes de la Compañía en el istmo.

En tercer lugar, aun dado caso que el Poder Ejecutivo de Colombia consintiera en el traspaso del privilegio ó concesión al Gobierno de los Estados Unidos, su acción no podría tener carácter definitivo y lo tendría tan sólo ad referendum al Congreso nacional en sus próximas sesiones.

Sábese que el Gobierno norteamericano ha expuesto claramente sus condiciones, que entre otras son: la concesión de una zona de seis millas de ancho á cada lado del canal y en toda la longitud de éste, en la cual habrán ellos de ejercitar todas las funciones que constituyen la soberanía nacional; el derecho á construir fortificaciones y ocupar militarmente, á su arbitrio, la citada zona, y otras estipulaciones no menos importantes, relativas á los puertos terminales en ambos océanos, puertos que quedarían dentro de la zona mencionada.

El Jefe del Poder Ejecutivo colombiano, Sr. Marroquín, al tener conocimiento por conducto de su ministro en Washington de las pretensiones norteamericanas, convocó una Junta de ciudadanos en el Palacio Ejecutivo de Bogotá el día 22 de Febrero último, con el objeto de someterles las condiciones exigidas por el Gobierno de Washington. La Junta emitió su opinión en un informe en que declara que el aceptar las proposiciones americanas equivaldría á un sacrificio de la soberanía nacional de tal magnitud y de tan ominosas posibilidades, que el Poder Ejecutivo no debería aceptar en ningún caso, por carecer de derecho para ello, y por lo antipatriótico que sería el hacerlo; que ni el mismo Congreso nacional tendría facultades para consentir en condiciones que tantos males acarrearían á la patria, y que una cuestión de tan transcendentes consecuencias no podría ser resuelta sino por medio de un plebiscito nacional, ya que ella, en verdad, entraña, al ser aceptadas las condiciones norteamericanas, una mutilación de la patria. Y termina el documento manifestando que seguramente, al ser sometida la cuestión al voto popular de todos los colombianos, no habrá entre los cinco millones de habitantes de la República, diez hijos de Colombia que consentan en que se lleve á cabo una negociación como la propuesta, cualesquiera que sean las ventajas pecuniarias ó otras de carácter transitorio que puedan ofrecerse.

Queda así expuesta, á grandes rasgos, la situación actual respecto del canal de Panamá. Mientras los Estados Unidos quieran permanecer dentro del terreno de la legitimidad, la