Unión Ibero-Americana (1902-03-01 00:00:00), página 4

unión de tres pueblos, sino la alianza de tres gobernantes para fines políticos. Al menos esta creencia dió margen á la revolución salvadoreña contra la República Mayor, que fué disuelta.

Hubo, con tal motivo, mucho enfriamiento de parte de Honduras y Nicaragua contra el General Tomás Regalado, iniciador de dicho movimiento y que quedó ocupando la presidencia de El Salvador. Y este reciente desagrado se agregó á los viejos motivos de desavenencia entre los cinco países.

En efecto, Costa Rica no estaba bien con Nicaragua y Guatemala; El Salvador no se avenía con esta última República ni con Nicaragua; ésta y Honduras no se miraban bien; por lo cual muchos hombres políticos desesperaban de llegar jamás á un acuerdo.

Fundados en estos antecedentes, la conferencia tan cordial que acaba de verificarse entre los gobernantes centroamericanos tiene una significación política de gran trascendencia y merece que se tenga muy en cuenta entre los más notables sucesos de actualidad.

El iniciador, General José Santos Zelaya, es un gobernante liberal que ha venido rigiendo los destinos de Nicaragua con beneplácito casi unánime, no hallándose descontentos de él sino los conservadores pur sang, porque les ha puesto, como se dice, á raya.

El General Tomás Regalado, Presidente de El Salvador, es joven, de reconocida energía e inquebrantable en sus determinaciones; posee amplitud de ideas y viene gobernando con mucho tino su país. Durante su administración, El Salvador ha podido reponerse de la postración crítica á que lo condujo el gobierno del General Rafael A. Gutiérrez.

Al licenciado Manuel Estrada Cabrera, Presidente de Guatemala, le ha tocado también un período de reconstrucción. Obra muy difícil tenía que ser la que le estaba destinada después de la anarquía en que estaba la nación guatemalteca cuando sobrevino el asesinato de Reina Barrios. El Presidente Estrada Cabrera, con acción lenta, pero segura, ha salido á flote, y la prensa ya habla de la buena situación en que se encuentra ahora Guatemala.

El General Terencio Sierra, Presidente de Honduras, sustituyó en el poder, por el voto popular, al doctor Policarpo Bonilla, liberal de escuela, que sentó en su patria las mejores bases de republicano. El General Sierra continúa la obra de Bonilla, sobre una base de garantía y de paz en que se va levantando el progreso de Honduras.

D. Rafael Iglesias, joven también, preocupado constantemente por el adelanto de Costa Rica, ha llevado á término, como gobernante de su patria, empresas de consideración. Pronto le sucederá en el poder Esquivel, hombre probó y buen patriota, propuesto por el mismo Iglesias durante el debate electoral, y aceptado por toda la Nación, quedando resuelto de este modo un serio problema de partidos que venían agitándose con efervescencia.

Tales son, á grandes rasgos, los gobernantes actuales de Centro América, que se han unido para afianzar la paz en aquellos países germiñadores de ideas generosas.

Tratado de paz centroamericano.

Los Gobiernos de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica, deseando cont ibuir, por todos los medios que estén á su alcance, al mantenimiento de la paz y buena armonía que existen y deben existir entre ellos, han convenido en celebrar una Convención de Paz y Arbitraje obligatorio; y al efecto, han nombrado por sus respectivos Plenipotenciarios:

El Gobierno de Nicaragua, al Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Sánchez, Ministro de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de El Salvador, al Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Rodríguez, Subsecretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de Honduras, al Excmo. Sr. Dr. D. César Bonilla, Ministro de Relaciones Exteriores.

El Gobierno de Costa Rica, al Excmo. Sr. Licenciado don Leonidas Pacheco, Ministro de Relaciones Exteriores.

Quienes después de haberse comunicado sus plenos poderes, y habiéndoles encontrado en buena y debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:

Artículo 1.º Se declara que la presente Convención tiene por objeto incorporar, en la forma de Tratado público, las conclusiones á que han llegado los Exmos. Sres. Presidentes: General D. J Santos Zelaya, General D. Tomás Regalado, General D. Terencio Sierra y D. Rafael Iglesias, en las varias conferencias que han celebrado en este puerto con el único objeto de mantener y asegurar, por todos los medios posibles, la paz de Centro América.

Art. 2.º Los Gobiernos contratantes establecen el principio del arbitraje obligatorio para dirimir toda dificultad ó cuestión que pudiera presentarse entre las Partes contratantes, comprometiéndose, en consecuencia, á someterlas á un Tribunal de árbitros centroamericanos.

Art. 3.º Cada una de las Partes contratantes nombrará un árbitro propietario y un suplente para constituir el Tribunal.

El cargo de los árbitros durará un año, contado desde su aceptación, pudiendo éstos ser reelectos.

Art. 4.º Los árbitros de los Estados entre los cuales existe el conflicto no formarán parte del Tribunal para el conocimiento del caso concreto, quedando éste integrado con el árbitro ó árbitros de los demás Estados.

Art. 5.º Si por razón de empate no hubiera laudo, el Tribunal sorteará un tercero entre los respectivos suplentes. El tercero deberá necesariamente adherirse á uno de los pareceres emitidos.

Art. 6.º Tan pronto como se presente una dificultad ó cuestión entre dos ó más Estados, sus respectivos Gobiernos lo comunicarán á los demás signatarios de la presente Convención.

Art. 7.º Se establece y reconoce por los Gobiernos contratantes la facultad de cada uno de ellos de ofrecer sin demora, aislada ó conjuntamente, sus buenos oficios á los Gobiernos de los Estados que se encuentren en desacuerdo, aun sin previa aceptación de éstos y aunque no se les hubiere notificado la dificultad ó cuestión pendiente.

Art. 8.º Agotados los oficios amistosos sin resultado satisfactorio, el Gobierno ó Gobiernos que los hubieran ejercido lo notificarán á los demás, declarando, al propio tiempo, procedente el arbitraje. Esta declaración se comunicará á la mayor brevedad posible al miembro del Tribunal á quien corresponda la presidencia del mismo, á fin de que en un término que no exceda de quince días reúna el Tribunal que debe conocer y resolver el conflicto.

La instalación del Tribunal se comunicará por telégrafo á los Gobiernos signatarios, requiriéndose á las partes contendientes para que presenten sus alegatos en los quince días siguientes.

Art. 9.º El Tribunal dictará su laudo dentro de los cinco días siguientes á la expiración del término de que se ha hablado.

Art. 10. Las dificultades que puedan surgir por cuestiones de límites pendientes ó por interpretación ó ejecución de tratados de límites, podrán ser sometidas por los Gobiernos