Unión Ibero-Americana (1904-10-01 00:00:00), página 76

las grandes ciudades, en que la población es rica, ó bien los que, á causa de sus vicios, de su imprevisión ó de sus pocas luces, son incapaces de ganar la vida por medio de un trabajo remunerador, y éste es el caso de los maestros rurales.

El general Concha se propuso remediar el mal que se hallaba. Para sacar la instrucción primaria del estado deplo- rable en que se hallaba hacía falta dinero. Propuso, pues, el Gobernador establecer un impuesto sobre la lotería, los bailes públicos, las corridas de toros y los circos de gallos; era ésta una idea ingeniosa que pedía á las diversas pú- blicas los recursos para el trabajo; hizo más aun: obligó á las municipalidades á inscribir en sus presupuestos las sumas necesarias para el mantenimiento de escuelas públicas. El resultado fue excelente: en 1863 existían en la isla 255 escuelas públicas y 179 privadas, con 17,519 alumnos.

Otra medida muy interesante y provechosa fué la crea- ción de una escuela normal, fundada y sostenida por el Gobierno. La enseñanza duraba en ella dos años y com- prendía las materias siguientes: religión y moral; lectura y escritura; gramática española y nociones de gramática latina; nociones de literatura, de retórica y de poética; aritmética y álgebra; dibujo lineal y geométrico; geogra- fía general; geografía particular de España y de Cuba; historia universal; historia particular de España y de Cuba; noticia de la economía política; ciencias físicas; principios de elementos de ciencias naturales; tecnología, y teoría de libros. El número de maestros que salían de la escuela normal ascendía á 18 por año. Es fácil concebir el acrecen- tamiento que resultó en el valor de la enseñanza y en el número de las escuelas. Estas ascendían en 1863 á la cifra de 377, con 21,283 alumnos.

El mismo año, el General Concha salió del gobierno de Cuba para ocupar el ministerio de Ultramar, y aprovechó su paso por el ministerio para hacer adoptar una ley nue- va, cuyas principales prescripciones eran las siguientes:

La enseñanza puede ser pública ó privada: la primera es dirigida por el Estado, la segunda se halla bajo su vigi- lancia.

La enseñanza primaria puede recibirse en las escuelas públicas ó privadas, ó bien en la familia.

Las escuelas públicas son sostenidas, en todo ó en parte, por los fondos públicos ó por los donativos, y sus directo- res y profesores son nombrados por el Estado.

Las escuelas privadas son sostenidas y dirigidas por par- ticulars, sociedades ó individuos.

Los gastos de las escuelas públicas deben pagarse: 1º, con las recaudaciones que dichas escuelas puedan poseer; 2º, con las subvenciones de los municipios; 3º, con las retribuciones de los alumnos.

La enseñanza primaria es obligatoria para todos los niños de raza blanca, entre seis y nueve años; se impondrá una multa de 5 escudos (25 pesetas) al padre ó tutor que, sin ra- zón válida, se abstenga de enviar á la escuela á su hijo ó á su pupilo.

Las municipalidades deben inscribir cada año en su pre- supuesto, como gastos obligatorios, las sumas que juzguen necesarias para el mantenimiento de sus escuelas.

El Estado, por su parte, inscribirá en el presupuesto de la isla una suma de 100,000 pesetas para auxiliar á las mu- nicipalidades que lo necesiten.

Se crearán escuelas normales de maestros y maestras, en las que se dará una enseñanza teórica y práctica. Nadie po- drá obtener el título de maestro primario sin haber pasado, por lo menos, dos años en una escuela normal.

La ley instituía, además, inspectores, exámenes, diplo- mas, etc.

Los programas de los estudios comprendían las materias siguientes: doctrina cristiana ó historia sagrada; lectura; escritura; los principios de gramáticas españolas; principios de aritmética y de sistema métrico; por último, según las re- giones, nociones de agricultura, de industria ó de comercio.

Los esfuerzos del General Concha no tardaron en producir fruto, pues en 1867 había en la isla de Cuba 712 escue- las con 1,287 maestros y 28,780 alumnos. Por desgracia, el año 1868 estalló la revolución, que debió durar diez años á impedir los progresos de la enseñanza.

Restablecida la paz, pensé en reparar las ruinas de la guerra civil, y especialmente, en reorganizar la instrucción pública. Promulgóse en 1880 una ley nueva, que estaba aún en vigor cuando estalló de nuevo la guerra, la cual tuvo por término la independencia de Cuba. Estas leyes representaban en gran parte la de 1863, agregando algunos artículos inte- resantes. Así, por ejemplo, aseguraba la situación de los institutores, que no podían ser revocados ni aun suspendi- dos sino en virtud de faltas contra el honor y después de una sentencia de los tribunales. Prohibía también el oficio; es decir, que ningún maestro podía desempeñar otras funciones públicas atribuidas, ni sin éjercicio el pro- fesorado al mismo tiempo en una escuela libre. Se creaba en cada provincia una escuela normal, así como también una Junta provincial de instrucción pública, encargada de estudio todas las cuestiones relativas á la enseñanza, bajo la autoridad suprema de la Junta superior que funcionaba en la Habana bajo la presidencia del Gobernador general.

Gracias á estas disposiciones no tardó en restablecerse y aun mejorarse la situación de la enseñanza, de suerte que en 1893, en visperas de la guerra, había en las seis provin- cias de Cuba 938 escuelas con 35,153 alumnos y 788 escuelas privadas con 27,196 alumnos, ó sea un total de 1,686 escue- las con 62,355 alumnos.

II

Después de cinco años de lucha quedó reconocida la inde- pendencia de Cuba, y la Gran Antilla fué erigida en repú- blica bajo los auspicios de los Estados Unidos. Por conse- cuencia de esta situación, la República, protegida por su poderoso vecino, no gozaba sino de una libertad relativa, careciendo, por ejemplo, del derecho de celebrar tratados con los países extranjeros sin permiso del Gobierno de Washington, por su libertad para organizar los asuntos interiores, mediante justicia y enseñanza. Después de largos trabajos, se promulgó, en Agosto de 1901, una ley orga- nizando la instrucción pública.

Al frente de los servicios de la misma se colocó al secre- tario de la Instrucción pública, auxiliado por un comisario general de las escuelas y una Junta superior. El primero tiene bajo sus órdenes á los superintendentes provinciales, que deben presentarle anualmente informe acerca de la situación escolar de cada provincia; además somete á la firma del Presidente de la República los decretos y resolu- ciones que en su competencia adopta. El comisario general está encargado de la contabilidad y de la distribución de los fondos que el Estado señala á las diversas escuelas, así como de fiscalizar su empleo. Por último, la Junta superior se ocupa más especialmente en las cuestiones técnicas: pro- gramas de estudios, exámenes y concursos, entregas de di- plomas, elección de libros de texto, etc.

Los superintendentes provinciales, al mismo tiempo que forman parte de la Junta superior, son los agentes directos del secretario de Instrucción pública. Están obligados á vi- sitar con regularidad las escuelas en toda su provincia. Deben visitar á diario escuelas, se hallan en contacto con buen estado y por la ejecución de los programas, comparendo al mismo tiempo el valor moral e intelectual de los maes- tros, y recibiendo las quejas formuladas por los mismos ó contra los mismos. Incumbe también á los superintenden- tes decidir acerca de la oportunidad de la creación de nue- vas escuelas ó de nuevas clases en las escuelas ya existen- tes, así como de la organización de los exámenes. Por úl- timo, deben estar en comunicación constante con las Jun- tas de educación.

Estas son asambleas locales, cuyos miembros se eligen por sufragio universal. Hay 133 Juntas en toda la isla, y tienen gran importancia y responsabilidad porque son las encargadas del nombramiento de los institutores. La ley ha establecido que el encargado de instruir á los niños sea designado por los padres de familia, á fin de que el nom- bramiento recaiga en el más digno. Desgraciadamente, los resultados no corresponden á las buenas intenciones del le- gislador, pues los electores muestran escaso interés en vo- tar y resultan á veces elecciones deplorables. Además, las cuestiones políticas desempeñan papel importante en las elecciones. Las Juntas así elegidas carecen de autoridad moral, y los nombramientos hechos por ellas dejan con frecuencia que desear. Los informes de los superintenden- tes son buena prueba de ello. Así, la Junta de Bejucal desti- tuyó á los maestros en ejercicio para reemplazarlos con amigos políticos: «alguno de los cuales, dice el informe, carecen de toda cultura, otros no tienen experiencia y al- gunos son demasiado viejos para dirigir una clase». La Junta de Santa María del Rosario nombró á los parientes de su presidente y de sus miembros y recompensa servici- os electorales. La de Guira Melená ha hecho aún algo peor: uno de los institutores, nombrado por la madre á un niño que lo tiene en un momento de necesidad, otro se pe- lea con su colega en presencia de los alumnos y un tercero emplea durante la clase el vocabulario más grosero. Para atenuar el mal, la ley de 1901 establece que los nombra-