Unión Ibero-Americana (1903-02-01 00:00:00), página 8

y leyes de otros países, extrañas á nuestra modalidad social, y desprovistas de aquella adecuación con el medio ambiente, requisito el más indispensable para el cumplimiento de sus fines.

Pero esto tampoco excluye que se aproveche de las legislaciones extranjeras lo que sea utilizable, asimilándolo al carácter y á las necesidades nacionales.

Tal ocurre, por ejemplo, con las leyes que en algunos países han desarrollado el espíritu de asociación obrera, tan conveniente en las relaciones económicas entre el capital y el trabajo. Los patronos españoles deben persuadirse, si ya no lo estuvieran, de esta verdad. A medida que los obreros están mejor organizados y sus agrupaciones son más poderosas, los medios diplomáticos sustituyen poco á poco á los violentos. Por eso se explica que en España sea tan crecido el número de huelgas (cerca de mil se registran desde la subida al poder del partido liberal), á pesar de que la industria no ha llegado aún al grado de prosperidad que alcanza en otras naciones.

Sólo después de la ley francesa de 1884, de Waldeck-Rousseau, que organizaba los sindicatos profesionales, fué cuando éstos adquirieron vida próspera. La creación de tales organismos obreros constituyó el punto de partida para llegar al establecimiento de la conciliación y el arbitraje, y cuando en 1889, los sindicatos habían crecido en número y calidad el 52 por 100, patrocinaban en sus reglamentos instituciones destinadas á resolver pacíficamente las desavenencias que pudieran surgir entre empresarios y trabajadores.

Si el obrero no está asociado á la manera de Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania ó los Estados Unidos, ocurrirá también que las leyes obreras de protección no se cumplan por los patronos.

Actualmente en España, sólo allí donde los grupos sociales tienen fuerza, ó donde las agrupaciones socialistas han logrado constituirse, encuentran aplicación las pocas disposiciones que rigen sobre esta materia. En cambio, y esto es por desgracia lo general, donde todavía no se ha efectuado la conjunción de los elementos dispersos y son los obreros unidades aisladas, sin otro lazo común que el de la obra que realizan, de poco sirve que existan leyes sancionadoras de derechos, porque éstos ó permanecen desconocidos para las masas, ó quedan infringidos por las clases directivas, seguras de su irresponsabilidad y de su fuerza.

Si el sindicato obrero debe estar favorecido e inspeccionado por el Gobierno, es ir contra el libre juego de las actividades individuales, asignarle un carácter obligatorio. Por eso la ley austriaca de 15 de Mayo de 1893, que reorganizó las antiguas corporaciones gremiales de artes y oficios haciéndolas obligatorias, extremó el socialismo de Estado, en un sentido atentatorio á la libertad de los particulares, porque si bien es cierto que sólo en el régimen de sindicatos el obrero se libra de la explotación capitalista, no lo es menos que el sindicato obligatorio sería una peligrosa resurrección del gremio de la Edad Media, con todos sus defectos y errores.

¿Qué han hecho nuestros Gobiernos para promover el desarrollo de las cooperativas de crédito, de consumo y de producción, que tan útiles servicios prestan á las clases trabajadoras, bien por medio de Bancos populares, bien proporcionándoles viviendas sanas y alimentos nutritivos, á precios económicos, ó bien, por último, resolviendo el antagonismo entre el capital y el trabajo haciendo al obrero capitalista, empresario y dueño de sus obras, y dándole un interés directo en la producción?

¿No podrá el Estado, del mismo modo que subvenciona poderosas Compañías formadas por capitalistas, destinar una partida del presupuesto, arrancada del bosque frondoso de los gastos innecesarios y superfluos, á desarrollar el espíritu cooperativo?

¿No podrá también el Estado, á semejanza de lo que se ha hecho en otras naciones, y adaptándolo á las condiciones de la producción española, crear Cajas de retiro para los obreros, auxiliándolos con cantidades que estimulen el ahorro y dieran al trabajador la seguridad de que en los días de su vejez sus padecimientos y amarguras serían dulcificados por la acción previsora de esas instituciones?

Un hombre político, del que ya nos hemos ocupado con el debido elogio, el Sr. Dato, decía refiriéndose á este punto en el notable número que el popular periódico El Evangelio publicó el 1.º de Mayo de este año: «Una ley que asegure al obrero anciano el necesario sustento, contribuirá eficazmente á la pacificación de los espíritus y estará fuerzas á los elementos revolucionarios».

Todo trabajo que exceda de ocho ó diez horas es contrario á las leyes biológicas, y debe, por lo tanto, impedirse en nombre de los más rudimentarios principios de humanidad. Y no se diga que el hombre es libre de desarrollar sus energías físicas ó sus facultades intelectuales el tiempo que se le antoje. Tal argumento en contra de la reglamentación de las horas de trabajo no suelen hacerlo los obreros, sino los empresarios, creyendo equivocadamente que la disminución de la jornada obrera redundará en contra de sus intereses. Pero esto es un error desvanecido por la práctica. Los fabricantes de Villanueva y Galtúr han contado recientemente que su iniciativa al conceder á los obreros las ocho horas de trabajo ha dado el mejor resultado en las reciprocas relaciones de obreros y patronos (1).

Una ley en el sentido de la restricción de trabajos excesivos se impone en España, pues es cosa probada que las jornadas largas no acrecentan la producción, y en cambio ocasionan un sensible incremento en el número de los accidentes desgraciados.

La cifra de los ocurridos en el primer semestre de este año es verdaderamente aterradora. Más de seis mil obreros han sufrido lesiones y heridas que á muchos han ocasionado la muerte y á otros han inutilizado para el trabajo. La manera de evitar lo posible tan frecuentes y dolorosos desgracias sería, además de limitar las horas de trabajo, crear un cuerpo de inspectores industriales práctico, competente y bien retribuido.

Únicamente esos inspectores, elegidos entre personas de reconocida probidad, podrían conseguir que las fábricas se encontrasen en situación adecuada de higiene y policía, y que se cumplieran las leyes protectoras del obrero. En Rusia existe desde 1882 esta clase de inspectores, los cuales cumplen celosamente su cometido amparando al obrero contra las vejaciones del empresario, y logrando evitar en muchas ocasiones, con su tacto conciliador, que se produzcan conflictos entre fabricantes y trabajadores.

Contadas son las naciones que carecen de inspección industrial, figurando entre ellas España, pues si bien recientemente el Sr. Moret, animado de doble propósito, ha recomendado tal misión á las Juntas provinciales y locales de Reformas sociales, estas Juntas no se distinguen por el celo con que desempeñan su cometido, y en algunos sitios ni siquiera se reúnen.

El «Instituto del Trabajo», proyectado por el Sr. Canalejas, hubiera prestado señalados servicios para el mejor conocimiento de la cuestión obrera y sus posibles soluciones. Porque ésta es la hora que no hay una mala estadística oficial, ni sobre el número de asociaciones obreras y su estructura y composición, ni sobre el alza ó baja de los salarios,

(1) Baylla, La Lectura, Mayo 1902.