Unión Ibero-Americana (1904-12-01 00:00:00), página 68

que al efecto se celebren y procurando que en ellos se repare la irritante proscripción de que en El Haya fueron víctimas casi todas las Repúblicas de la América latina; sin perjuicio, repetimos, de lo general, cabe y urge proceder desde luego á lo particular y de familia, realizando los citados acuerdos del año de 1900 con la fundación de un Tribunal permanente que nos garantice á los pueblos hermanos el imperio del derecho.

2.º Que á este propósito, el medio más oportuno y práctico es que el Gobierno de S. M. tome la iniciativa para la reunión, con motivo de la Exposición Ibero-Americana, de una Conferencia en Madrid, con la misión de acordar los trámites de un Tratado general de arbitraje entre todas las naciones ibero-americanas, y al establecimiento de un Tribunal permanente encargado de efectuarlo, de lo cual podrá ser modelo el Convenio del arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmado en El Haya el 29 de Julio de 1899, sometido, sin embargo, á las reformas aconsejadas por la experiencia.

3.º Que para dicha Conferencia sería relativamente fácil resolver el arduo problema con que termina el tema sometido á nuestro examen y que constituye también la 5.ª de las conclusiones del año 1900 ó será el medio de dar una posición positiva á los fallos del Tribunal, además del compromiso de la extradición por todos los pueblos que éd sí mismo ha diferenciado. La labor de tales plenipotenciarios, robustecida por el apoyo de sus Gobiernos respectivos, resultaría revestida de la autoridad y prestigios necesarios para el logro de tales propósitos.

Marqués del Olivar,
Ponente.

Madrid y Noviembre 1904.

Ponencia 2.a

Tema: Estudio práctico de todo lo que se refiere al asilo y extradición de los naturales de las Repúblicas de América en España y de los españoles en aquéllas.

La extradición y el derecho de asilo significan nociones que en cierto modo se excluyen, de tal suerte, que si pudiera representarse materialmente la ampliación de límites en la extensión de la una, se tendría que realizar cercenando el espacio atribuido á la otra. De esta evidente consideración se desprende, que si los firmantes en el estudio del tema han tenido que analizar una y otra noción, por el enlace que las une, no podrán, sin incurrir en contradicción, favorecer el desarrollo de ambos principios, sino que, por el contrario, sentada la preferencia por uno de ellos, el otro debía quedar en segundo término, como especie de excepción.

Siendo, pues, necesario elegir, no podía haber duda alguna, ya se atendiera á los dictados de la razón, ya á las tendencias científicas, ya al proceso histórico, del que son fases en este punto los diferentes tratados. Todo ello condujo á un mismo resultado, demostrando que la extradición, suceso excepcional en la antigüedad, va ampliándose, sin cesar, la esfera á que se extiende, venciendo las preocupaciones y exclusivismos que atajan su camino, presentándose su avance unido al progreso del Derecho político y del penal, y siendo la forma más radical de dicho principio aspiración general de la ciencia y del espíritu de justicia. En un orden inverso, el derecho de asilo, cuyo apogeo se remonta á lejanos tiempos, ha ido perdiendo terreno paralelamente á las ventajas adquiridas el principio de la extradición, y aunque no tenga hoy su antiguo significado, y en ciertos límites se imponga todavía, parece como una especie extraña en el tecnicismo jurídico de una época que ha suavizado el rigor de las leyes penales y ahorrad las diferencias capitales en las legislaciones de los distintos pueblos, proclamando al propio tiempo la existencia de la comunidad internacional y la afirmación de que el delito, no siendo creación artificial de la ley, supone perturbación del orden jurídico universal.

Unase á las razones generales apuntadas brevemente la consideración especial de que, suponiendo la extradición una forma de solidaridad entre los Estados, desenvolver tal principio y esclarecer esa solidaridad conviene perfectamente á los fines que estos trabajos persiguen, y á la intención de aquellas indestructibles relaciones que unen y deben unir más á los pueblos que forman la gran familia ibérica; y todavía en un terreno eminentemente práctico, podrá señalarse también como razón atendible la corriente de población que va de unos á otros países y que hace frecuentes los problemas á que esta ponencia se refiere.

Sentada como regla general la mayor amplitud posible en la extradición, la ponencia ha procurado traducir en conclusiones aquel principio. Á este fin ha procedido como era necesario á un examen detenido de los tratados, aunque no había de señalar en cada uno de ellos los puntos que debieran corregirse, porque estos, sobre ser muy extensos, traspasan los límites de la misión que se le ha confiado, y que se circunscribe á formular en este punto aspiraciones generales.

Uno de los primeros puntos en que la ponencia se fijó fué el sistema para expresar los casos en que procede ó no la extradición, punto ese que entraña una importancia muy superior á la de una simple cuestión de método. Bajo la influencia de suspicacias, aún no del todo desechadas, los tratados de extradición, como si regatearan la consecución que cada soberano hace á la aplicación de la ley dictada por el otro Estado, determinan con precisión los casos en que procede la entrega de delincuentes, deducidos de este sistema que dichos papeles indican, al fijar esos casos como condición previa, declaran implícitamente que la falta de éstos es la negativa de extradición, con lo cual, y al menos en teoría, se mantiene tan erróneo principio, por más que la desvirtúe de lo práctico las cada vez más numerosas e importantes excepciones que se consignan. Bajo la influencia del principio opuesto, defendido por esta ponencia, la regla general debe ser que la extradición procede siempre que el hecho en que se funde la petición de aquélla, esté penalizado en las leyes de los dos Estados que intervienen en el asunto, y por lo tanto, lo que deberá determinarse como excepcional son los casos en que, no obstante concurrir aquella circunstancia, no se crea procedente la extradición.

Entre esos casos podrán seguir los llamados delitos políticos, pues aunque esta denominación y en sus efectos prácticos ha sido poco de rigor y arbitrario, es lo cierto que está la opinión preparada á acometer innovaciones en ese punto, ni puede olvidarse que tales delitos suelen pensarse con manifiesta severidad; que sus autores son más bien enemigos del régimen particular de un Estado que del orden jurídico universal; que en el procedimiento para penarlos suelen ser menos eficaces las garantías procesales, y desde luego más apasionado el Gobierno contra el cual se delinquió; y que entra el éxito ó la falta de éste por mucho en que tales hechos sean base de encumbramiento ó motivo de responsabilidad.

Muy interesante acerca de esta ponencia es la cuestión relativa á la extradición por Estado de sus propios súbditos, cuando han faltado contra las leyes de otro país. La regla, no por general menos infundada, es negar la extradición en tales casos, con lo cual, ó se favorece la impunidad, ó se juzgan los hechos en el Estado que niega la extradición, proceden sus Tribunales con lamentables deficiencias de prueba, alejados del lugar en que se delinquió. Esto aparte de la desconfianza, que tal restricción supone, de la rectitud con que otro Estado ha de proceder, y de que se trastorna el carácter de la justicia penal, dando para fijar la competencia á la nacionalidad de los responsables una importancia que no merece, comparada con el objetivo que se cometiera y la ley infringida, que en esta materia es eminentemente territorial. A lo expuesto pudiera añadirse que la negativa de extradición en tales casos cabe que dé origen, si hay varias personas responsables y son de distintos países, á fallos contradictorios y desiguales injustas, produciendo de ordinario la impunidad de los delitos, cuando éstos no tengan gran resonancia.

Pero señaladamente conviene hacer notar que esa restricción podrá ser más fecunda en consecuencias perjudiciales, mantenida entre los Estados ibero-americanos, por la gran corriente de población que va de unos á otros, y por las legislaciones civiles inspiradas en distintos criterios (personal ó real), hace muy difícil que un individuo ostente la nacionalidad de los Estados que por el solo hecho de la residencia en América, sea alía ciudadano. Verdaderamente los tratados suelen conceder la extradición de los naturalizados cuando aquélla se funde en hechos que antes de adquirir la nueva nacionalidad ejecutaren; más á pesar de esto, el peligro subsiste, dada la facilidad que las modernas comunicaciones permiten para volver, después de delinquir en otra parte, á un país en el que por haber residido se le considerará al culpable naturalizado antes de la comisión del delito.

El procedimiento para la extradición no por referirse á