Unión Ibero-Americana (1900-08-01 00:00:00), página 9

mado por el Convenio de 15 de Mayo de 1861, en el cual se consignó pura y simplemente el trato de la Nación más favorecida. Cortadas las relaciones por la guerra de 1866, el Tratado de 28 de Enero de 1885 restableció la legalidad anterior, confirmándose esto por el art. 6.º del de 23 de Mayo de 1888.

Guatemala.—Consignase asimismo el trato más favorable en el art. 9.º del Tratado de 29 de Mayo de 1863.

Méjico.—El art. 5.º del Tratado de 28 de Diciembre de 1836, que cabe estimar vigente, establece el trato de la nación más favorecida.

Nicaragua.—En el mismo caso se encuentra Nicaragua, por virtud del art. 12 del Tratado de 25 de Julio de 1850.

Paraguay.—Disfruta de idénticos beneficios, y se los asegura á España por el art. 3.º del Tratado de 10 de Septiembre 1880.

Perú.—El Tratado de 1865 no contiene sino la promesa de celebrar otro de navegación y comercio, pero en el art. 4.º del de 14 de Agosto de 1879 se contiene la cláusula de la nación más favorecida.

Salvador.—Disfruta y otorga el trato más favorable por virtud del art. 9.º del Tratado de 24 de Junio de 1865.

Uruguay.—Se encuentra en igual caso que los anteriores, con arreglo á lo estipulado en el art. 10 del Tratado de 19 de Julio de 1870.

Venezuela.—En el art. 15 del Tratado de paz y amistad de 30 de Marzo de 1845, se contiene la promesa de celebrar á la mayor brevedad un pacto comercial, pero éste no tuvo lugar hasta 20 de Mayo de 1882, y en su art. 6.º se estableció el trato de la nación más favorecida. Dicho Tratado de comercio debía regir durante cinco años, pero continuará en vigor sin necesidad de declaración especial alguna, hasta un año después de su denuncia.

Importa añadir, para mayor claridad, que en los Tratados con la Argentina (1863), Colombia (1881), Costa Rica (1850), Guatemala (1863), Nicaragua (1850), Salvador (1865) y Uruguay (1870), se consigna la cláusula de que las ventajas y exenciones otorgadas por cualquiera de los contratantes á otra nación, se harían extensivas á la otra parte á título gratuito si la concesión hubiese sido gratuita ó con la misma compensación de ser condicional, lo que exigía para su aplicación, un previo acuerdo. No ha tenido lugar este, y por tal falta han quedado las citadas naciones sometidas á un régimen especial.

Tal era la situación convencional entre España y las Repúblicas hispano-americanas, en lo relativo al comercio, al mandarse publicar de nuevo por Real orden de 31 de Diciembre de 1889, los Aranceles de aduanas de 1882 con todas las modificaciones aprobadas hasta 1.º de Enero de 1890. Por la disposición 12 de dichos Aranceles se mandó aplicar la segunda columna á los productos y procedencias de Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. En la citada 2.ª columna se contenía ya la primera de las tres rebajas en los derechos preceptuadas por la ley de 6 de Julio de 1882, la cual se aplicó á Colombia, no obstante existir en vigor entre esta República y España la cláusula de compensación, pero ni se aplicó á los demás países de América que estaban en igual caso, ni siquiera se hizo extensiva á todas las naciones americanas que tenían derecho al trato más favorable.

Denunciado por Francia en Enero de 1891 el Tratado franco-español de 6 de Febrero de 1882, y obligado de esta suerte el Gobierno español á recabar la libertad de acción necesaria para negociar en el porvenir, procedió á la denuncia de los Tratados de comercio, no comprendiéndose en ésta los de las Repúblicas hispano-americanas. Iniciáronse negociaciones con las Potencias, cuyos Tratados habían sido denunciados, pero antes de que llegasen á un resultado definitivo se publicaron los nuevos Aranceles de Aduanas (1.º de Enero de 1892), pactándose distintas prórrogas de aquéllos Tratados, cuyas prórrogas dieron origen á una Tarifa provisional, publicada por Real orden de 25 de Febrero, en la cual se mandó aplicar aquella á Colombia, Paraguay y Venezuela, haciéndose caso omiso de las demás naciones americanas. Como las aludidas prórrogas sólo debían regir hasta 30 de Junio, y como desde esta fecha quedaba derogada y sin vigor la Tarifa provisional, el Ministerio de Estado dirigió al de Hacienda una Real orden, la de 20 de Mayo, enumerando los países á los cuales debía aplicarse la segunda columna del Arancel, entre los que figuraban todas las Repúblicas de origen español, menos Honduras, con la que no existía Tratado alguno. En virtud de esto el Ministerio de Hacienda, por Real orden de 29 de Junio del mismo año de 1892, dispuso se aplicase la citada segunda columna á 31 países, entre los cuales no sólo no se comprendió á Honduras, cosa lógica y natural, sino que corrió la misma suerte la República Dominicana.

¿Por qué no se otorgó á Santo Domingo el trato más favorable? ¿Fue un error material ó un olvido? ¿Cómo no se advirtió y se rectificó ó subsanó, y cómo la omisión se repitió en el Real decreto de 31 de Diciembre de 1893? Y si no es un error ni un olvido, ¿cuándo y cómo se ha derogado el precepto contenido en el artículo 13 del Tratado de 1855, ratificado por el 1.º del de 1874? Con escarnecemos que no nos es dado explicarnos por completo lo ocurrido en este punto, pero haremos notar que habiéndose decretado en 1891 por el gobierno dominicano un impuesto sobre el azúcar, el Cónsul español, siguiendo instruc-