Unión Ibero-Americana (1900-08-01 00:00:00), página 35

cribir en el registro de españoles que debía abrirse en la Legación ó Consulado de España, dándose parte al Gobierno venezolano del número, profesión ó ocupación de los inscritos en dicho registro; y en el que se celebró con la Argentina (1859) se convino en que para fijar la nacionalidad de los respectivos subditos se observarían las disposiciones consignadas en el art. 1.º de la Constitución española y en la ley Argentina de 7 de Octubre de 1857; que los españoles y argentinos que hubiesen adoptado la nacionalidad de la República ó la de España, podrían recobrar la suya primitiva en el plazo de un año los presentes y de dos los ausentes, y que la simple inscripción en la matrícula de nacionales que debía establecerse en las Legaciones y Consulados sería suficiente para hacer constar la nacionalidad respectiva.

Semejantes preceptos o recieron en la práctica serias dificultades. ¿Cómo era posible imponer el cumplimiento de nuestra Constitución, que declaraba españoles á los hijos de padre ó madre españoles, aunque hubiesen nacido fuera del Reino? El Gobierno tuvo que abordar rasgadamente este asunto, y para resolverlo, viéndose instado por los Representantes de Venezuela y la Argentina, envió el expediente al Consejo de Estado, el cual informó en 13 de Febrero de 1863, reconociendo la conveniencia y aún la necesidad de que el Gabinete de Madrid desistiera de su pretensión de considerar como nacionales á los hijos de españoles, nacidos y residentes en las Repúblicas hispano americanas, opinando que en los Tratados de reconocimiento se abandonase entera-mente esta idea.

No fué el Gobierno español tan lejos como aconsejaba dicho alto Cuerpo consultivo. El entonces Ministro de Estado, Marqués de Miraflores, omitió todo lo relativo á la nacionalidad y naturalización en el Tratado que firmó con Guatemala (20 de Mayo de 1863); y en el que celebró con la Argentina (21 de Septiem-bre del mismo año), se limitó á modificar el art. 7.º, consignando en éste que para determinar la nacio-nalidad de españoles y argentinos se observarían respectivamente en cada país las disposiciones consignadas en la Constitución y las leyes del mismo. Claro es que, ni con aquella omisión ni con este precepto se resolvían las dificultades, por lo cual continuaron éstas, que no afectaban exclusivamente á España, sino que preocupaban de igual modo á otros Gobiernos europeos.

Dictóse poco después la ley de 20 de Junio de 1864, en la cual se declaró que la cualidad de español concedida en el párrafo 2.º del art. 1.º de la Constitución, á los hijos de los españoles residentes en otros países, era un derecho que debía conservar y garan-tir el Gobierno siempre que fuese posible, en cuan-tos Convenios celebrase sobre este particular con las Repúblicas americanas; y que cuando fuese imposi-ble la conservación de este derecho, por impedirlo la Constitución vigente en los países donde tales hijos de españoles hubiesen nacido ó otra causa igualmente poderosa, el Gobierno debía cuidar de que los interesados lo recobrasen tan luego como por variación de residencia ó por otro motivo legítimo, entrasen en la posibilidad de disfrutarlo. Es decir, que en el art. 1.º se atendía al jus sanguinis, pero en el 2.º se transigía, como por excepción, con el jus soli.

Las cuestiones de México y de Santo Domingo y la guerra del Pacífico nos hicieron vivir casi inco-municados con América durante un largo período, no reanudándose las relaciones hasta después de la Revolución de Septiembre; y aunque parecía natu-ral que los hombres que gobernaban entonces, libres de ciertos compromisos, rompiesen con determina-das trabas, inspirándose en lo relativo á la naciona-lidad en un criterio amplio y expansivo, en el Trata-do de paz y reconocimiento que se celebró con el Uruguay (1870) no se hizo más que copiar el artículo 7.º del Tratado con la Argentina (1863) que, como hemos dicho, dejaba en pie todas las dificul-tades.

En el que se ajustó con la República Dominicana (1874) no se pudo hacer lo mismo, pues lo impedia el hecho de la anexión de 1861 á 1865, que obligaba á no dejar abandonados á los que durante ese período habían permanecido fieles á España, por lo cual se consignó que serían tenidos y considerados en San-to Domingo como españoles los que el 12 de Julio de 1855 gozaban los derechos de esta nacionalidad y no hubiese optado después por la dominicana; y sus hi-jos menores, mientras lo fuesen, dejando á los ma-yores de edad el derecho de optar por una u otra na-cionalidad dentro del término de seis meses. Se aña-dió que en adelante sólo se considerarían españoles en Santo Domingo y dominicanos en España á los que llevaran pasaporte de sus respectivas autorida-des y se inscribiesen en el registro del Consulado de su Nación.

Más tarde, en 1885, se pactó con el Salvador un Tratado adicional de paz, en el cual se consagró una verdadera fórmula científica que, con pequeñas adi-ciones, es la que debía adoptarse en todos nuestros pactos con la América española. «Los hijos de padre ó madre salvadoreños nacidos en España, ó de padre ó madre español, nacidos en la República del Salvado-r, adquirirán la nacionalidad salvadoreña ó espa-nola respectivamente, si adoptasen de una mane-ra expresa, por voluntad de su padre, durante la minoría de su edad, ó por la suya propia, luego que hubiesen llegado á la mayor edad ó que hayan sido