Unión Ibero-Americana (1900-08-01 00:00:00), página 34

organización entera se vea así apoyada por la prensa de todo el orbe, cuando un mismo plan de acción ponga en movimiento á los Parlamentos y á las masas? ¡Ah, señores! ¿Es posible vacilar, es posible parapetarse en el scepticismo ante semejantes ideales?

ALF. APPONY.

La situación convencional entre España Y LAS REPÚBLICAS DE ORIGEN ESPAÑOL

IV

Interesante siempre, por las dificultades que entraña, todo lo relativo á la nacionalidad y á la naturalización, lo es mucho más para nosotros cuando concretamente se examina ese problema refiriéndolo á la condición civil de los españoles en la América y de los hispano-americanos en Esp.áña.

Ha sido esta cuestión incesante motivo de controversias y de disgustos entre España y las Repúblicas de origen español, ya por la oposición y choque de las legislaciones de aquélla y éstas, ya por el abuso que se cometió con las naturalizaciones haciéndolas servir de pantalla y escudo para influir sin riesgo en la condición y en el modo de ser interior de los aludidos Estados. «Aquellos países—escribe un historiador, respetabilísimo hombre público (1)—agitados constantemente en deplorables revoluciones políticas hace cincuenta años, siempre los vencedores, en sus perpetuas luchas, miraban en poco su nacionalidad española mientras duraba su dominación, al paso que se amparaban constantemente bajo nuestra bandera apenas cambiaba su condición de venceores en la de vencidos; sustentando al Gobierno español de este modo perpetuos conflictos si había de cubrir nuestro pabellón á los que se acogían en su derrota á la nacionalidad castellana, en cuya evolución en perpetua alternativa, aparecía siempre que olvidaban y aún desleñaban todos su condición de españoles apenas las revueltas del país mudaban su condición de vencidos por la de vencedores.»

Nuestra diplomacia procedió en este punto con escasa previsión, si bien su conducta es disculpable no sólo porque procedió ateniéndose á la tendencia dominante en las leyes, sino porque era lógico y natural que á raíz de la emancipación de la América se procurase conservar para la antigua Metrópoli el mayor número de nacionales.

Sin embargo, en el primer Tratado de reconocimiento que se celebró, en el firmado con México en 1833, se hizo caso omiso de la cuestión de nacionalidad y naturalización; pero ya en el que se ajustó con el Ecuador en 1840, se estipuló que serían tenidos y considerados en la República citada como subditos españoles los nacidos en los dominios que entonces conservaba España y sus hijos, con tal que estos últimos no fuesen naturales del territorio ecuatoriano, y que se tendrían y reputarían en los dominios españoles como ciudadanos de la República del Ecuador los nacidos en los Estados de dicha República y sus hijos, aunque hubiesen nacido en el extranjero; añadiéndose que los españoles no perderían su naturaleza en el territorio del Ecuador, ni los ecuatorianos perderían la suya en los dominios españoles, siempre que dentro del término de los diez primeros años de su residencia declarasen simultáneamente ante sus respectivos cónsules y autoridad municipal del territorio en que se hallasen, que querían conservar la naturaleza y derechos añejos á la calidad de españoles ó ecuatorianos; doctrina esta que no era aplicable á los que hubiesen ya solicitado y obtenido, ó en adelante solicitasen y obtuviesen carta de naturaleza conforme á las leyes del país en que hubiesen fijado ó fijasen su residencia.

Lo mismo vino á decirse en el Tratado que se celebró con Chile (1844), aunque se omitió el plazo de los diez años para ejercerla la opción; pero en los ajustados con Bolivia (1847), Costa Rica (1850), Nicaragua (1850) y Santo Domingo (1855), se consignó con escasas variantes, que los españoles que por cualquier motivo hubiesen residido en dichas Repúblicas y adoptado la nacionalidad de una de éstas, podían recobrar la suya primitiva, si así les convenía; en cuyo caso sus hijos mayores de edad tenían el mismo derecho de opción, siguiendo los menores mientras lo fuesen, la nacionalidad del padre, aunque unos y otros hubiesen nacido en el territorio de la República; que el plazo para la opción sería el de un año respecto de los que existiesen en el territorio de la República, y dos para los que se hallasen ausentes, entendiéndose definitivamente adoptada la nacionalidad de la República de no hacerse la opción en dicho plazo; que los subditos españoles, nacidos en el territorio de aquellos Estados, podían adquirir la nacionalidad de éstos, optando por ella en los plazos indicados, y que en este caso los hijos de esos españoles, mayores de edad, adquirirían también igual derecho de opción, y los menores, mientras lo fueren, seguirían la nacionalidad del padre.

En el Tratado con Venezuela (1845) no se limitaron los plenipotenciarios á consignar que los españoles que hubiesen adoptado la nacionalidad de la República podrían volver á tomar la suya primitiva en el plazo de un año, si no que señalaron el procedimiento para verificarlo, que consistía en hacerse ins-

(1) Vida política del Marqués de Miraflorres. Escrita por el mismo.