Unión Ibero-Americana (1900-09-01 00:00:00), página 34

fin de celebrar en esta Corte, en el mes de Noviembre próximo, un Congreso Social y Económico Hispano-Americano, ha solicitado de este Ministerio el Presidente de la Comisión Organizadora, que se considere oficial la correspondencia del citado Congreso, por depender éste de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Estado. En su vista, y considerando que, según el art. 6.º del citado Real decreto, el Gobierno ha de cooperar á la realización del expresado Congreso con los recursos y facilidades que sean indispensables, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que circule franca por el correo la correspondencia oficial que expide el Congreso Social y Económico Hispano-Americano, siempre que dicha correspondencia reúna las condiciones expresadas en el art. 42 del Reglamento de 7 de Julio de 1898 para el régimen y servicio del ramo de Correos. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.

De la propia Real orden lo traslado á V. E. para el suyo y efectos que correspondan.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1900.—El Subsecretario, A. Hernández y López.

La situación convencional entre España y las repúblicas de origen español

VI

Lo relativo á la habilitación de títulos profesionales extranjeros y á la incorporación de estudios, asuntos que han de ocupar también la atención del Congreso Hispano-Americano, con respeto no escasa importancia para nosotros, no han logrado interesarnos al país como lo referente á la propiedad literaria y artística, ni han sido objeto de los trabajos ni de las polémicas á que esto ha dado lugar.

En la esfera de las convenciones internacionales bien poco es lo que se ha hecho respecto á ese particular, pues con citar el art. 10 del Tratado de 28 de Abril de 1894 entre España y Colombia, y el 8.º del Tratado de 16 de Julio de 1897 entre España y el Perú, queda dicho todo cuanto hace falta mencionar.

Consignase en dichos artículos, perfectamente iguales, que «los certificados de estudios y títulos universitarios ó profesionales, expedidos en uno de los dos países á favor de ciudadanos españoles ó colombianos (y españoles ó peruanos), serán recíprocamente reconocidos como válidos en el otro, mediante la comprobación de la autenticidad de los mismos y la identidad de las personas.—La autenticidad se hará constar mediante las oportunas legalizaciones en la forma de estilo, y la identidad de las personas se comprobará con un certificado expedido por la Legación respectiva, y en su defecto, por alguna Autoridad consular residente en el país en que el título fué expedido, igualmente sujeto á dichas legalizaciones.

—Mediante estos requisitos, y sin perjuicio de que ambos Gobiernos se comuniquen recíprocamente los programas de estudios, ó se entiendan respecto á cualesquiera otros detalles administrativos, podrán ser incorporados los estudios en los Colegios, Universidades ó Escuelas especiales de uno y otro País, o ejercerse las profesiones á que se refieren los títulos, entendiéndose que los interesados quedan sometidos á todos los reglamentos, impuestos y deberes que rigen para los propios nacionales.»

Bueno es advertir que en este punto, España ha procedido con un criterio muy amplio, pues aun prescindiendo del famoso Decreto de 6 de Febrero de 1869, que declara válidos los títulos profesionales y las certificaciones de estudios probados en los Establecimientos públicos de enseñanza de Portugal (1), cabe mencionar, entre otras disposiciones, la Real orden de 28 de Enero de 1891, dictada de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción Pública, y en la cual se resuelven los dos extremos que abraza esta cuestión: lo relativo á la incorporación de estudios y lo referente á la habilitación de títulos.

Respecto á lo primero, dispone que «siempre que las certificaciones que aduzcan los interesados sean comprobadas por las acortadas correspondientes y se refieran á asignaturas que se hallen comprendidas en los programas de nuestros establecimientos oficiales, puedan éstas incorporarse, como se verifica hoy, de la misma suerte y en las mismas condiciones que las de aquéllas que lo hayan sido en un establecimiento español y se trate de incorporarlas á otro, para lo cual no se exige más que la presentación de las citadas certificaciones que presenten los interesados mediante las oportunas acordadas;» y en cuanto á lo segundo, añade: «que lo mismo los hijos de españoles que hayan hecho sus estudios en establecimientos oficiales extranjeros que cualesquiera otros, pueden incorporar las asignaturas de cualquier grado ó aprobar las que les falten en las Universidades y Establecimientos de España, y recibirán los mismos grados correspondientes, en las propias condiciones que si hubieren hecho sus estudios en nuestro país.»

Existen además distintas Reales ordenes fijando los derechos que se han de satisfacer por las autorizaciones para ejercer en España cualquier profesión con título extranjero (2), y una, la de 6 de Mayo de

(1) Bueno es hacer notar, para lamentarlo, que los Gobiernos de Portugal han resistido siempre las gestiones de la diplomacia española para alcanzar en ese punto la reciprocidad que debíamos y debemos exigir.
(2) Se citan, entre otras, las de 28 de Febrero de 1851, 14 de Febrero y 26 de Julio de 1853, 7 de Junio de 1894 y 12 de Marzo de 1896, las tres primeras de Gracia y Justicia, y las dos últimas de Fomento.