Unión Ibero-Americana (1900-11-01 00:00:00), página 31

Que el tiempo de prescripción para el ejercicio de acciones sea el mismo para todos los Estados. Que la legalización de documentos sea fácil y breve, encomendándola a los mismos funcionarios y autoridades en todos los países.

Acordar como de conveniencia y utilidad pública internacional y de provisión obligatoria para todos los ciudadanos que viajen por los países de la Unión Hispano-Americana, de un documento de identidad en que se consigne la capacidad jurídica ó su restricción y limitación, como igualmente sus antecedentes penales, firmado el documento por el interesado y legalizado en forma.

Cumplimiento de exhortos.

Artículo 1.º Los tribunales y autoridades de las naciones adheridas a la Unión Hispano-Americana, podrán dirigirse recíprocamente las comunicaciones ó exhortos que fueran necesarios para pedir la práctica de cuantas diligencias reclame la recta administración de justicia en asuntos civiles, comerciales, canónicos y contencioso-administrativos.

Art. 2.º Las comunicaciones ó exhortos á que se refiere el artículo anterior, se remitirán directamente, sin intervención diplomática, siempre que el documento lleve las legalizaciones necesarias para acreditar su autenticidad en el país requerido.

Art. 3.º Cuando la comunicación ó el exhorto no estuvieren redactados en el idioma de la autoridad ó tribunal requerido, deberá acompañarse una traducción oficial. La traducción podrá ser privada, si á ésta hubieren prestado asentimiento expresó las partes interesadas en el asunto y así deberá constar en la comunicación.

Art. 4.º En toda comunicación ó exhorto se hará constar la suma depositada para atender al pago de los gastos que ocasionen las diligencias encargadas. Esos gastos serán reembolsados por medio de giro que hará el requerente, tan pronto como reciba diligenciada la comunicación, en la cual deberá figurar nota de lo debido. Se exceptuarán del depósito las comunicaciones ó exhortos solicitados por litigantes que por resolución firme goce del beneficio de la pobreza legal, obtenido con arreglo á las leyes del país requirente. En este caso, los Gobiernos interesados se pondrán de acuerdo para el reembolso ó indemnización de los gastos que hubieren ocasionado las diligencias practicadas.

Art. 5.º La autoridad que reciba la comunicación estará obligada á practicar las diligencias que se interesen, salvo los casos siguientes:
a) Que no resulte acreditada la autenticidad del documento ó no contenga las condiciones indicadas en los artículos que preceden.
b) Cuando la diligencia pretendida afecte á la soberanía del Estado, ó resulte atentatoria á la jurisdicción especial de las Autoridades ó Tribunales del país requerido.

Art. 6.º En caso de incompetencia de la Autoridad ó Tribunal requerido, el exhorto ó comunicación se transmitirá de oficio á la autoridad competente del mismo Estado, según las reglas establecidas por la legislación de éste.

Art. 7.º Siempre que la autoridad requerida niegue el cumplimiento de un exhorto ó comunicación, lo participará sin demora el requerente, indicando las razones por las cuales ha rehusado.

Art. 8.º La Autoridad ó Tribunal requeridos, al cumplimentar el exhorto ó comunicación, aplicarán las leyes del país en lo relativo á la forma de proceder. Sin embargo, cuando el requerente solicite que se proceda con arreglo á una forma especial, se deferirá á la demanda, aun cuando dicha forma no se hallare prevista en las leyes del Estado requerido, con tal que no la prohíba.

Art. 9.º Las comunicaciones y exhortos relativos á procesos criminales, seguirán sometidos á las reglas actualmente en vigor entre los países adheridos á la Unión Hispano-Americana.

Madrid 18 de Noviembre d. 1900.
Alejandro Groizard, Presidente.—Luis Marfa de la Sota y Baldomero Lois, Secretarios.

NOTA. Las conclusiones correspondientes á la sección de Jurisprudencia y Legislación, se aprobaron, en cuanto no contradijeran los principios asentados en el Congreso de Montevideo.

SECCION TERCERA

ECONOMÍA PÚBLICA

CONCLUSIONES APROBADAS

Emigración.

I

Conviene encauzar la emigración española hacia las Repúblicas hispano-americanas y la Isla de Cuba.

II

Debe dictarse una ley sobre emigración, que desemvuelva las siguientes bases:

(A) La emigración de varones mayores de edad que no estén sujetos á responsabilidad criminal, será enteramente libre, y sin tro requisito que la obtención de una cédula especial que se expedirá gratuitamente.

(B) Para obtener la cédula de emigración las mujeres casadas, necesitarán el permiso de sus maridos, dado por escrito ó verbalmente, y los menores de edad habrán de obtener del mismo modo el consentimiento de sus padres, tutores ó encargados de los asilos ó establecimientos donde se hallen acogidos.

(C) Los varones que habiendo cumplido dieciocho años, se hallen sujetos al servicio militar, presentarán, al solicitar la cédula de emigración, fianza real ó personal, que garantice el cumplimiento de esos deberes.—La cédula expresará la obligación del emigrante y la garantía prestada.

(D) Las cédulas de emigración se expedirán por los Ayuntamientos, sacándolas de un doble registro talonario. Los alcaldes que autoricen la emigración de un individuo sujeto al llamamiento militar, darán conocimiento de todas las circunstancias del caso, para que pueda trasmitirse la noticia al Consul español del lugar á donde se dirige el emigrante.

(E) La declaración de soldados de los emigrantes comprendidos en un alistamiento ó designados por la quinta, se hará con arreglo á las leyes de la Península ante los Cónsules españoles, quienes percibirán en su caso el importe de las reinducciones.

(F) Se prohibirá y será penalizado el establecimiento de Agencias ó Empresas de emigración que no hayan sido autorizadas por el Gobierno, mediante la garantía metálica que asegure la responsabilidad de los daños que esas instituciones puedan causar, ora al emigrante, ora al Estado.

Solamente se concederá autorización para ser