Unión Ibero-Americana (1900-09-01 00:00:00), página 4

madre patria; y expresando el ningún temor que podía inspirarles la idea de que se reprodujesen fraudulentamente sus obras, agregaban el evidente perjuicio que les ocasionaría el reconocimiento de los derechos de la propiedad española. Cierto, ciertísimo era esto; pero no lo era menos que las ventajas originadas por la conciliación sistemática de un derecho perfecto no podían ser legítimamente alejadas, y que la exigencia de una reciprocidad imposible en ese terreno, pugnaba con las conclusiones aceptadas por eminentes tratadistas.

Consecuencia de esto fueron las dificultades con que hubo de lucharse al intentarse celebrar Tratados de propiedad intelectual; mas al fin se logró llegar á un acuerdo con la República del Salvador, firmándose el 23 de Junio de 1884 un Tratado de propiedad literaria y artística, el cual ofrece tres rasgos que lo caracterizan perfectamente: primero, que limita su protección á los naturales de ambos países, no gozando, por tanto, de ella los extranjeros que hubiesen publicado obras en el Salvador ó en España; segundo, que aunque con arreglo á lo dispuesto en el artículo 50 de la ley española de propiedad intelectual, una de las bases de los pactos de ese género debía ser la aceptación recíproca de la cláusula de nación más favorecida, no se incluyó ésta en dicho Tratado; y tercero, que éste no tiene plazo de duración ni fija la anticipación con que ha de ser denunciado.

Año y medio después, el 28 de Noviembre de 1885, se firmó con Colombia otro Tratado, para el cual no se tomó como modelo el del Salvador. En aquel se consignó la cláusula de nación más favorecida, pero no se le dió efecto retroactivo, pues sus disposiciones sólo habían de aplicarse á los autores ó traductores que desde la fecha en que el Convenio entrase en vigor registrasen sus obras en la forma establecida; es decir, que toda la inmensa labor intelectual española anterior á 1885 quedaba sin protección de ninguna especie.

No obstante los defectos de ambos Tratados, pudo creerse que estos significaban que las Repúblicas hispano-americanas renunciaban á sostener por más tiempo el criterio cerrado que en lo relativo á la propiedad intelectual habían mantenido siempre; pero si así fué, bien pronto hubo de desvanecerse esa creencia, pues invitadas aquellas á concurrir á las Conferencias que debían tener lugar en Berna para concertar la «Unión internacional para la protección artística y literaria», unas se negaron desde luego, otras contestaron con evasivas; y aunque Paraguay, Honduras, el Salvador y Costa Rica estuvieron representadas, ninguna firmó el Convenio de 9 de Septiembre de 1886.

Ante este negativo resultado, que ponía de manifiesto la actitud de los Estados hispano-americanos, parecía inútil renovar gestiones que era de creer sólo conducirían á un fracaso; pero como á España le interesaba tanto obtener algunas garantías para las obras de sus nacionales, el Gabinete de Madrid, instado reiteradamente por la opinión, entabló nuevas negociaciones para celebrar Tratados con las Repúblicas hispano-americanas.

Celebróse por entonces (1888-89) el famoso Congreso de Montevideo, en el cual el Uruguay, la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Brasil ajustaron ocho Tratados, entre ellos el de propiedad literaria y artística, que, como los demás, fue firmado ad referendum por el representante de España en la República Oriental, Sr. de la Rica y Calvo; pero el Gobierno español, una vez conocidos por él dichos pactos, no se decidió á ratificarlos. Apreciados aquéllos en conjunto, acaso hizo mal, porque nuestra adhesión debía constituir, «no un vínculo de unión, sino muchos, con las naciones hijas de España, y á darnos infinitos puntos de contacto internacional con ellas, una verdadera «compenetración» en cuanto se refiere á las múltiples relaciones del derecho internacional privado.(1); pero si se examina detenidamente el Tratado de propiedad literaria, se comprende que no se perdiógran cosa, pues si bien es verdad que en el artículo 2.º se consignaba «que el autor de toda obra literaria ó artística y sus sucesores gozarán en los Estados signatarios de los derechos que les acuerde la ley del Estado en que tuvo lugar su primera publicación ó producción», lo cual era ciertamente muy ventajoso; en el artículo 4.º se añadía lo siguiente: «Ningún Estado estará obligado á reconocer el derecho de propiedad literaria ó artística por mayor tiempo del que rija para los autores que en él obtengan ese derecho», y que este tiempo podrá limitarse al señalado en el país de origen, si fuere menor». Como esta era la primera «ley interior» que algunos de los Estados signatarios iban á tener para sancionar esta clase de propiedad, y como en el Tratado no se fijaba plazo para la declaración del derecho de los autores, claro es que resultaba ilusorio aquel reconocimiento. Los Estados signatarios no tenían obligación de reconocer ese derecho de propiedad por mayor tiempo del que rigiera para los autores que en ellos obtuvieran ese derecho; pero como la mayoría de aquéllos no tenían ley de propiedad literaria, claro es que no quedaban obligados.

Por esto y por otras consideraciones, la adhesión prestada ad referendum no llegó á consolidarse mediante la ratificación, y continuaron las negociacio-

(1) Despacho del Ministro residente de S. M. al Ministro de Estado; Montevideo, 11 de Noviembre de 1888.