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soportes de los ejes están cubiertos de tal modo, que las parte que se aceitan quedan perfectamente libres de polvo y tierra. Por sobre el terreno corre una rueda de hierro fundido en el surco y á un ángulo de 45 grados, corre otra rueda liviana de hierro forjado que se apoya contra el terreno del surco. Esta rueda mantiene los discos en su lugar. Cuando este arado funcionó cortando 20 pulgadas de ancho y ocho de profundidad, demostró por el dinamómetro que llevaba, que su tiro era de 325 á 350 libras. Los dos caballos que tiran del arado emplean la misma fuerza que gastarían tirando de un arado de acero de uso ordinario, que sólo corta 12 pulgadas de profundidad. Otra de las mejoras importantes que se dice que posee este arado rotatorio es que el disco rotatorio pulveriza la tierra, lo que equivale al trabajo de una rastra de disco. La construcción del nuevo arado es muy sencilla, y cualquier persona puede manejarlo.

EL ORO EXTRANJERO EN EL URUGUAY.—En la República del Uruguay circula poca moneda nacional, y un sindicato nombrado al efecto fija todos los años el valor á las extranjeras. La última cotización que conocemos es la siguiente:

Onza española, 15'12 pesos.
Centén alfonsino, 4'66 ídem.
Libra esterlina, 4'70 íd.
Pieza de 20 marcos alemana, 4'60 íd.
Pieza de 8 florines, 3'70 íd.
Un candor de Chile. 8'82 íd.
Pieza de 20 pesos de los Estados Unidos, 19'32.
Pieza de 100 francos francesa, 18'66 íd.
Idem de 20 soles peruanos, 18'66 íd.
Idem de 10.000 reis portugueses, 10'45 íd.
Idem de 20 pesos de Venezuela, 18'66 íd.
Idem de 5 de Argentina, 4'66 íd.

La base es el peso uruguayo de oro, moneda casi imaginaria, pero bastante efectiva para que sirva de punto de partida para las operaciones mercantiles, ninguna de las cuales podrá quedar muy desvirtuada al aceptarse monedas extranjeras por el valor que se les tiene designado.
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SECCIÓN LEGISLATIVA

ESTUDIOS LEGISLATIVOS

PORTUGAL Y SU CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

IV.

De los poderes y de la representación nacional se ocupa el título III de la Constitución portuguesa.

El poder y la representación, hé aquí los puntos cardinales de todo orden político, por lo mismo que son la causa eficiente de las escuelas y de los partidos.

Las monarquías absolutas y representativas y las democracias conservadoras y federales, disienten, ó mejor dicho discrepan respecto del poder, en la determinación de su origen y residencia, respecto de la representación, en la forma de Gobierno y en las harmonías y relaciones entre el jefe del Estado y el cuerpo ó cuerpos colegisladores.

Consecuencia del poder y de la representación es la soberanía, que reside, según unos, en el Rey por derecho divino ó histórico, y según otros en la Nación por inmanencia.

La Epístola de S. Pablo (*) de una parte, y de la otra el influjo de la revolución francesa con su célebre declaración de derechos basados

(*) Non est potestas nisi d Deo.—Epist. ad Colot cap. XX.
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en lucubraciones de filosofía racionalista y socialista á lo Rousseau y Voltaire primeramente y luego á lo Kant, Krause, Spencer... se traen y se llevan demostrando que ni antes, ni ahora ni quizás nunca, convendrá la humanidad (desde que la entidad Estado se ha reconocido por todos siguiendo la corriente del derecho público moderno) la persona individual ó colectiva á quien de derecho corresponda el ejercicio absoluto de la soberanía, para ordenar por leyes á la razón del hombre la efectividad del derecho de cada uno, mediante el cumplimiento del deber por parte de todos, hasta realizar de esta manera nuestro fin último, en consonancia con esas máximas eternas de justicia que la luz natural revela á la conciencia humana, y con esos principios de autoridad, respeto, moralidad, religión, trabajo, propiedad y amor al prójimo, sin los cuales la vida nacional se hace imposible.

El poder y la representación que legalmente interpretan la residencia y ejercicio de la soberanía, base de la legislación política, son los elementos más principales de las constituciones, por eso incumbe al legislador reconocer y clasificar el poder, para determinar después la representación.

La carta constitucional portuguesa en su art. 10, apartándose de todo juego confuso de palabras alguna vez empleado para contentamiento de todos por el interés mezquino de partido ó bandería, en una definición concisa y substanciosa, hace como la síntesis suprema, de la importancia política que tiene para gobernantes y gobernados, el conocimiento de la forma en que se dividen y harmonizan los poderes por la ley reconocidos.

«La división y harmonía de los poderes políticos—dice—es el principio conservador de los derechos de los ciudadanos y el más seguro medio de hacer efectivas las garantías que la constitución ofrece.»

Pocas constituciones en forma tan clara y terminante consignan la fundamental, verdadera y magna importancia, de la división y harmonía de los poderes públicos.

Cuatro son los poderes políticos reconocidos por la Constitución del reino lusitano: LEGISLATIVO, MODERADOR, EJECUTIVO Y JUDICIAL.

El poder legislativo corresponde á las Cortes con la sanción del Rey (art. 13).

El poder moderador es la base de toda la organización política y
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corresponde privativamente al Rey, como jefe supremo de la nación, para que vele sin cesar por el mantenimiento de la independencia, equilibrio, y harmonía de los demás poderes políticos. (Art 71).

El Rey es el Jefe del poder ejecutivo y lo ejerce por medio de sus ministros de Estado. (art. 75).

El poder judicial es independiente y se compone de jueces y jurados, los cuales se reunirán tanto para lo civil como para lo criminal en los casos y del modo que determinen los códigos (118).

Son representantes de la nación portuguesa, el Rey y las Cortes generales.

Con el fin de seguir el método adoptado en los precedentes artículos, cumple después de exponer la doctrina legal establecida por la Constitución lusitana, consignar á continuación y así como en ligero extracto, lo que sobre semejante punto determinan las Constituciones de los principales pueblos europeos y americanos; y claro está, que para abreviar la tarea solo se hará mención de lo que revista especial importancia, pues de otra suerte, el incesante repetir de las mismas palabras y hasta de las mismas frases, fiel expresión de idénticas ideas, robarían con tamaña languidez lo provechoso y conveniente de todos los estudios crítico-jurídico-comparativos.

La Constitución del Imperio Alemán respecto del poder, solo habla del legislativo, ejercido por el Consejo federal y el Reichstag en cuyos altos cuerpos residen las facultades necesarias para proveer el bien de la Confederación, reservando al Emperador, que es Rey de Prusia, la representación del Consejo en todos los asuntos de carácter internacional, la declaración de guerra, etc. Por lo que puede deducirse de la letra y espíritu de este confuso código político, el poder ejecutivo corresponde al Presidente del Consejo federal con el título de Canciller, nombrado por la corona.

La Constitución del Estado prusiano (31 Enero 1850) encomienda el ejercicio del poder ejecutivo á los ministros y sus delegados, responsables de las decisiones discrecionales de la corona; el legislativo al Rey con las dos Cámaras, cuyo acuerdo es necesario para la promulgación de las leyes, y el judicial á los Tribunales de justicia de índole legal, cuyos jueces nombrados por el Rey tienen que sentenciar en su nombre.
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El soberano de Babiera, juntamente con la Cámara de los Señores, Reichsrathe, y la de los Diputados Abgeordneten, tiene el ejercicio del poder legislativo y la representación nacional; en cuanto al poder judicial dice la Constitución, que toda justicia emana del Rey, administrándose bajo su alta vigilancia por tribunales de partido (Baillage) y superiores, que constituyen una serie legal de jurisdicciones.

A tenor de lo prevenido en la ley fundamental del Imperio Austria-co, el Emperador ejerce el poder ejecutivo por medio de ministros responsables y de funcionarios nombrados por éstos. La representación del Imperio (*) corresponde al Reichsrath que se compone de dos Cámaras. Al Ministerio incumbe bajo su responsabilidad anular los decretos cuando hayan perdido el carácter de leyes provisionales. El poder judicial está encomendado á jueces y tribunales pronunciando á nombre del Emperador los fallos y sentencias, según determina la ley fundamental de 21 de Diciembre de 1867.

Por la Constitución belga todos los poderes emanan de la nación; el legislativo se ejerce colectivamente por el Rey, la Cámara de los Diputados y el Senado. Cada uno de estos tres brazos con propia iniciativa, tiene además, el derecho de interpretar las leyes por vía de autoridad. El poder ejecutivo corresponde al Rey con Ministerio responsable y potestad reglamentaria, y el poder judicial se ejerce por Audiencias y Tribunales conforme determina la ley especial de 18 de Junio de 1869.

El Rey con el Rigsdag compuesto de la Cámara popular Folkething y de la Cámara del país Landsting, tienen en Dinamarca la residencia de los poderes ejecutivo y legislativo, y por supuesto la representación nacional.

En cuanto á la clasificación del poder, ningún particular ofrece la Constitución inglesa, como no sea, el que por igual confiere la iniciativa legislativa exclusivamente al Rey y al Parlamento, aumentando las atribuciones de aquél con potestades especiales de índole religiosa y conceptuando á éste, como Tribunal Supremo del Estado con facultad

(*) Ley fundamental del Imperio Austriaco sobre la Representación del Imperio de 21 Diciembre de 1867.
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para conocer y fallar en los asuntos judiciales del orden civil, penal, etcétera.

Todos los poderes emanan de la nación, según la Constitución Griega; el legislativo se ejerce colectivamente por el Rey y la Cámara de los Diputados; el ejecutivo reside en el Rey, facultado para nombrar y separar libremente sus ministros, y el judicial en tribunales de organización jurídica.

Respecto del poder ejecutivo, que según la Constitución de los Países Bajos, reside en la Corona juntamente con la Primera y Segunda Cámara, es curioso mencionar la fórmula conque se dirigen al Rey, cuando éste en virtud de sus atribuciones constitucionales, envía sus proyectos de ley á la Segunda Cámara con mensaje escrito fundamentando la propuesta ó por medio de comisionados. Cuando el proyecto se desecha se hace saber al Rey por las siguientes palabras: «La Segunda Cámara de los Estados generales, da las gracias al Rey por el celo que manifiesta en pro de los intereses del Estado y le suplica respetuosamente que reflexione con detención ulterior sobre la proposición presentada». Cuando el proyecto es admitido, pasa desde luego á la Primera Cámara, y aprobado por ella se participa al Rey, en esta forma: «Los Estados generales dan gracias al Rey por el celo que manifiesta en pro de los intereses del Estado y aprueban la proposición presente». A su vez tienen los Estados generales derecho de presentar al Rey las proposiciones de ley que estime convenientes.

En Luxemburgo el Rey-Gran Duque ejerce el poder soberano; en él solamente, reside el poder ejecutivo y también el legislativo en unión de la Cámara de los Diputados, cuyo asentimiento es necesario. La interpretación de las leyes, por vía de autoridad, no puede tener lugar más que por medio de otra ley.

Por el Svod de las leyes del Imperio de Rusia, el Emperador es un soberano autocrático y absoluto. Dios mismo ordena la obediencia á su poder supremo por temor y principalmente por deber de conciencia.

En Noruega, según la Constitución, el Rey ejerce el poder ejecutivo y el pueblo el legislativo por medio de los Estados generales ó Dieta nominada Storthing que está formada por dos cámaras, Lagthing y Odelstthing, sin que sea necesaria la sanción real para las resoluciones de la Dieta en varios asuntos de carácter meramente político. En el
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orden judicial las sentencias del Tribunal supremo no son apelables ni están sugetas á revisión de ninguna especie y en ningún caso.

En el Cantón de Berna la soberanía reside en la totalidad del pueblo y se ejerce, directamente por los ciudadanos activos en las asambleas políticas y en las reuniones electorales, é indirectamente por las autoridades que la Constitución establece. Los poderes administrativo y judicial se hallan en absoluto separados sin que puedan jamás, en la misma persona reunirse. El gran Consejo asume la autoridad suprema del Estado.

Con semejanza al Cantón Bernés, se hallan constituidos los de Grisones, Friburgo, Vaud, Valais, Nefchatel... todos ellos, reconocen en sus Constituciones, además del poder legislativo y judicial, el administrativo unido al ejecutivo, cuyo ejercicio se encomienda al Consejo de Estado.

Ni el Estatuto fundamental italiano, ni las Constituciones, Francia, Servia y Sueca ofrecen nada de particular, respecto de la clasificación y reconocimiento de los poderes públicos, ni de la representación nacional.

La Constitución de los Estados Unidos de América reconoce tres poderes públicos: legislativo, ejecutivo y judicial. Encomienda el primero á la Cámara ó Asamblea de representantes en unión del Senado, el segundo á un Presidente con cuatro años de duración en dicho cargo y el tercero á un Tribunal supremo y á otros inferiores, tantos cuantos el Congreso estableciere, cuya competencia se halla limitada (*) respecto, á la extensión ó procedimientos, que por justicia ó por equidad hayan incoado ó perseguido contra uno de los Estados, ciudadanos de otro Estado, ó súbditos de Estado extranjero. En New-York el poder ejecutivo está á cargo de un Gobernador elegido por dos años, con Vice-gobernador elegido al mismo tiempo y por igual duración. En cuanto al poder judicial, la Asamblea tiene la acción fiscal por voto de la mayoría para acusar ante el Senado, constituido en Tribunal de justicia.

Todo esto mismo determinan las Constituciones de Pensylvania,

(*) Enmienda propuesta por el Congreso en 5 de Marzo de 1794, ratificada en 8 de Enero de 1798.
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California y Misissipi, agregando esta última, que la soberanía del pueblo, tiene derecho para cambiar la forma de gobierno cuando y como lo estime conveniente.

La Constitución de la gran República de México declara soberano al pueblo, esencial y originariamente, dividiendo para su ejercicio el supremo poder de la Federación, en legislativo, ejecutivo y judicial, sin que puedan nunca reunirse dos ó más poderes en una persona ó corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo.

Exactamente lo mismo determinan las Constituciones de las Repúblicas de Yucatán, Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua.

El Salvador reconoce en su Constitución política, derechos anteriores y superiores á las leyes positivas, tiene por principios la libertad, igualdad y fraternidad y por bases la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público; en cuanto á la clasificación y ejercicio del poder se atiene á lo establecido en todas las Constituciones de las Repúblicas de la América Central.

En la República de Bolivia, el jefe del poder ejecutivo es tan responsable por todos los actos de su administración, como cada uno de los Ministros en su respectivo caso y ramo.

El pueblo Chileno ha establecido en su Constitución, que ni el Congreso ni el presidente de la República, pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales ni avocarse causas pendientes, ni revivir procesos fijados.

Por la Constitución de Colombia, el poder judicial se ejerce en primer término por el Senado, y luego por la Corte Suprema, Tribunales, Juzgados, etc., ejerciendose la acción fiscal del Ministerio público por la Cámara popular, el Procurador general, etc Resulta pues, que el poder legislativo, tiene facultades para absorber la acusación, y conocimiento de los asuntos judiciales, que es lo que constituye la competencia del poder judicial, que por lo visto no es en Colombia independiente.

Las Repúblicas del Ecuador, Paraguay, Santo Domingo, Argentina, Perú, Uruguay, y Venezuela, no ofrecen en sus constituciones particularidad ninguna. El poder legislativo está encomendado á la Asamblea nacional, compuesta de dos Cámaras, Congreso y Senado, el ejecutivo al Presidente de la República con ministros, cuyo número varía de tres
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Cuenta de ingresos y gastos durante el mes de Julio

INGRESOS

    PESETAS.
    CÉNTS.

    Suscripciones
    10

    Medallas y Diplomas
    75

    Cuotas mensuales
    1.155

    Anuncios
    48

    1.288

GASTOS

    PESETAS.
    CÉNTS.

    Alquileres de casa
    1.500

    Personal
    430

    Material de oficina
    26

    Impresiones
    46

    REVISTA
    257
    50

    Correo
    100
    75

    Teléfono, telégrafo y apartado
    125

    Suscripciones
    10

    Gastos menores
    50
    35

    Alumbrado eléctrico
    23
    90

    Imprevistos
    157
    50

    2.727

RESUMEN

    PESETAS.
    CÉNTS.

    Ingresos
    1.288

    Gastos
    2.727

    Diferencia de menos
    1.439

Madrid 31 de Julio de 1894.

Por el Tesorero,
LA COMISIÓN EJECUTIVA.
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á siete, y con el Consejo de Estado, y el judicial á la Corte Suprema de justicia, tribunales de distrito y circuito, jueces y magistrados con nombramiento del poder ejecutivo y del Congreso.

La Constitución del Brasil anterior á la proclamación de la República, reproduce al pie de la letra, lo que sobre el poder y la representación nacional preceptúa el Título III de la carta constitucional Portuguesa, con esta adición «Todos estos poderes en el imperio del Brasil son delegaciones de la Nación» para darle sin duda, ese carácter democrático existente en todos los Estados americanos desde su independencia.

No habla nuestra constitución de Bayona de 1808 de poderes públicos. Las decisiones del Senado y de las Cortes compuestas como las famosas de Aragón, de los tres grandes estamentos, clero, nobleza y pueblo, están subordinadas á la autoridad real, siquiera la constitución les encomiende, velar por las libertades individuales y de imprenta que habrán de establecerse. Los nueve Ministros y el Consejo de Estado, tienen principalmente á su cargo, el sostenimiento del orden público, la potestad reglamentaria para la ejecución y cumplimiento de las leyes y resolver las competencias de jurisdicción entre autoridades administrativas y judiciales. En lo concerniente al poder judicial, la constitución se muestra más explícita «El orden judicial—dice—será independiente en sus funciones... la justicia se administra en nombre del Rey por Tribunales que él mismo establecerá... las justicias de Abadengo, Ordenes y Señorío, quedan suprimidas».

Comienza el Capítulo III de la Constitución de Cádiz de 1812 con una definición notable y compendiosa «El objeto del gobierno—dice—es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política es el bienestar de los individuos que la componen.» La potestad legislativa reside en las Cortes con el Rey; la potestad ejecutiva en el Rey y la potestad judicial de aplicar las leyes en causas civiles y criminales, reside en los Tribunales establecidos por la ley.

En igual sentido se expresan respecto de estas tres potestades, las constituciones de 1837, 1845 y 1856.

Según la de 1869, el poder legislativo reside en las Cortes, el ejecutivo en el Rey que lo ejercerá por medio de Ministros; los Tribunales ejercen el poder judicial.
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La Constitución vigente de 1876, devuelve al Rey juntamente con las Cortes, la potestad legislativa, sin introducir variación alguna respecto á la residencia y ejercicio de los poderes ejecutivo y judicial.

Como en otra ocasión se deja expuesto, nuestra constitución de 1812, informó el espíritu liberal templado y eminentemente científico, de la carta constitucional Portuguesa á cuyo estudio se consagran estos artículos. Aquella comenzaba á sentar doctrina, para clasificar y reconocer los poderes públicos, definiendo en forma magistral, el objeto y competencia del gobierno; esta sintetiza todo un tratado de derecho constitucional al afirmar que la división y harmonía de los poderes, es el principio conservador del derecho individual de ciudadanía y el medio más seguro y eficaz de hacer efectivas todas las garantías constitucionales.

Persuadido el legislador lusitano, de la sensible frecuencia con que suelen surgir choques y conflictos entre los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial y muy principalmente, entre las Cortes y los gobiernos de Gabinete en quienes el primer magistrado de la Nación acostumbra á delegar su potestad de índole ejecutiva, creó un cuarto poder, el poder moderador, cuya residencia absoluta, corresponde al jefe del Estado, y cuyo ejercicio, obvia dificultades, destruye antagonismos, crea harmonías, aumenta prestigios, borra diferencias, contiene ambiciones, realizando en suma en el orden político, cuanto es capaz de apetecer el ideal filosófico, y cuanto en la práctica puede requerir el ciudadano pacífico, que siempre ve en la ley, la garantía de su bienestar, de su tranquilidad, de su trabajo, de su familia, de su libertad y de su conciencia.

BERNARDINO DE MELGAR,
Marqués de Benavites.

(Continuará.)

RENTA DE LICORES DE NICARAGUA.—Del nuevo Reglamento de la Renta de Licores de Nicaragua, reproducimos los artículos siguientes, que pudieran ser de algún interés para los que se dediquen á la exportación é importación de licores.

Art. 73 Solamente los patentados para ventas de licores fuertes extranjeros al por mayor, podrán importar éstos sin pagar más derechos que los señalados en la respectiva Tarifa.

Los que no tengan patente, pueden importar licores fuertes para su