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Unión Ibero-Americana (1895-06-01 00:00:00), página 24

SECCIÓN LEGISLATIVA
NACIONAL Y EXTRANJERA

TRATADOS HISPANO-AMERICANOS

I

Hay un momento en la vida de los pueblos digno de singular estudio para el filósofo; y es aquel en que después del rompimiento de relaciones entre la Colonia y la Metrópoli, divididas más que por el mar de las distancias por el mar de los ódios, llegan á unirse nuevamente y establecen sus relaciones amistosas por medio de los vínculos jurídicos.

No ha de hacer ciertamente el que escribe estas líneas, profundas consideraciones sobre el lazo moral del Derecho que liga de nuevo á la Colonia y la Metrópoli. Espíritus más optimistas verán en ello el triunfo del Derecho, esto es, de la razón, en estos vínculos; el que esto escribe cree firmemente que esta unión obedece á las necesidades materiales que los pueblos tienen de unirse para el cambio de sus medios, de los cuales nace el progreso, ó por mejor decir, la mútua conveniencia. Pero de todos modos, el Derecho es el medio con que esta unión se verifica, y esto es un triunfo siempre positivo para el espíritu jurídico.

Ocurre fijarse en esta observación cuando se trata de las relaciones
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existentes entre España y América; cuando rotas estas relaciones por el hecho de la emancipación del nuevo mundo, y convertidas nuestras Colonias en Repúblicas independientes, vuelven, después de un largo plazo de ódios y prevenciones, á establecerse de una manera definitiva los hondos lazos entre la patria y las naciones nacidas al calor de sus sentimientos y su sangre.

II

Las repúblicas americanas se separan de España á principios de este siglo, y su labor jurídica entonces se convierte en una creación de su propio Derecho. Queda, como la esencia de esa legislación que nace, el Derecho español, y se completa singularmente en el orden político con las nuevas tendencias jurídicas existentes en Europa y los Estados Unidos, como nación á cuyo ejemplo se forman las repúblicas siguientes.

Es el año 1830 el año medio de estas legislaciones nacionales; y desde entonces, cuando ya tienen todos esos países su derecho propio, es cuando empiezan á extender sus relaciones jurídicas con los demás países y se inicia lentamente la aproximación á la patria por medio de sus relaciones legislativas.

Fué indiscutiblemente una torpeza de la política española, la de no aprovechar los momentos primeros de esa alborada jurídica de América para prescindir en absoluto de conquistas materiales imposibles, pero sí para realizar la más grande de todas las conquistas: la conquista moral.

Si España entonces, en el momento crítico de la independencia americana, en vez de mantener derechos ilusorios, se hubiera apresurado á reconocer la independencia de las repúblicas americanas para entrar en nuevas relaciones con ellas, afirmándolas con sus tratados, nuestra influencia moral sobre América se hubiera consolidado para siempre y nuestro predominio mercantil existiría, en vez del predominio inglés y el de las otras naciones europeas.

III

Mas prescindiendo de estas consideraciones que llevan un amargo sentimiento de melancolía al espíritu, haciendo ver de una manera indiscutible el abandono en que los españoles tienen sus más sagrados intereses, inspirados por la sugestiva impresión del momento, descono-
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ciendo que los horizontes de la vida moderna se encaminan por el cauce de la realidad y no de los ensueños, es preciso fijarse en el desenvolvimiento de estas relaciones jurídicas nuevamente establecidas y ver si sirven de enseñanza al porvenir.

No cumple al que suscribe, por razones de la delicadeza de su cargo, dar noticia de los últimos tratados celebrados entre España y América, que todavía no tienen un carácter oficial definitivo, aun cuando estén ya conocidos, gracias al noticierismo más ó menos informado de la prensa. Solo debe hacer una reseña de los tratados celebrados por España con América, á partir de los fundamentales de paz, amistad y reconocimiento.

De 9 de Julio de 1859 es el primero de esta índole celebrado con la República argentina, modificado en el art. 7.º en 1863. Y de 1870, 1871 y 1881 las negociaciones reconociendo la mútua intervención de los cónsules en las testamentarias de sus compatriotas, el reconocimiento de ciertos empréstitos forzosos comprendidos en el tratado de 1863, y finalmente, sobre la extradición de delincuentes.

De 21 de Julio de 1847 y 1879, los de paz, amistad y reconocimiento con Bolivia. Colombia no celebra tratado de reconocimiento con España hasta el 30 de Enero de 1881; pero antes existían los decretos de 1833 y 1839 sobre admisión mútua de buques y bandera; y posteriormente, en 1885, se celebra el Convenio de propiedad literaria y artística.

Es de 10 de Mayo de 1850 el tratado de reconocimiento con Costa-Rica. De 25 de Abril de 1844 el de igual índole celebrado con Chile, si bien de 1838 y 1839 los decretos sobre admisión de buques y bandera, y de 1883 el tratado de paz y amistad.

La República dominicana celebra el de reconocimiento en 18 de Febrero de 1855; de 1861 es el decreto admitiendo la reincorporación á España; de 1865 la ley derogándolo, y de 1874 el tratado de reconocimiento, paz, amistad y extradición.

De 16 de Febrero de 1840 es el tratado de reconocimiento del Ecuador, reformado en 1861; de 1839 el decreto de admisión de buques; de 1860 la declaración para entrega de marineros desertores, y de 1885 el tratado de paz y amistad. Y Guatemala, en 29 de Mayo de 1863, celebra el tratado de reconocimiento.
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Este mismo tratado tiene lugar con México en 28 de Diciembre de 1836; del mismo año y de 1853 el convenio sobre reclamaciones; de 1859 el celebrado para arreglo de diferencias, y de 1881 el tratado de extradiciones.

De 25 de Julio de 1850 es el de reconocimiento de Nicaragua; de 10 de Septiembre de 1880 el de paz y amistad con Paraguay, y de 27 de Enero de 1865 el del Perú, definitivo en 1879.

La República del Salvador celebra el 24 de Junio de 1865 el tratado de reconocimiento y amistad; en 1884 el convenio de propiedad literaria y artística y el de extradición. El Uruguay el de paz y amistad el 19 de Julio de 1870, siendo de 1835 el decreto sobre admisión de buques; del mismo año 70 el protocolo sobre facultades de los cónsules, y de 1885 el convenio de extradición.

Y finalmente: de 30 de Marzo de 1845 el tratado de reconocimiento con Venezuela; de 1837 y 1838 los decretos sobre admisión de buques y banderas; de 1861 el convenio para arreglo de cuestiones; de 1874 para el arreglo de la Deuda contra el Tesoro, y de 1882 el tratado de navegación y comercio.

IV

No cumple aquí decir de los tratados celebrados con los Estados Unidos y Brasil, porque Repúblicas éstas, nacidas de otras metrópolis que la nuestra, sus relaciones tienen más interés histórico y social que para España, para Portugal é Inglaterra. Y tampoco decimos nada de los iniciados ó concluidos después de 1887, porque esto exigiría magnas proporciones á este ligero estudio de datos.

Pero no es esto, ciertamente, motivo para dejar de hacer aquí algunas consideraciones sobre el porvenir de nuestras relaciones con América; porque, ¿cómo ocultar la necesidad más absoluta de ir estrechando cada día más nuestros vínculos usuales con esas jóvenes repúblicas, nacidas de nosotros, cuando al parar mientes en ellas parece que es ensancha el pensamiento con las grandezas de una realidad fabulosa?

Allí, bajo un hermoso cielo que recuerda las bellezas de Andalucía, nace la misma aurora que ha inspirado los alegres cantares de las campiñas andaluzas, y se oculta el mismo sol que inspira en el crepúsculo
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esos vagos sentimientos melancólicos que se murmuran como un quejido del alma en las tristes notas de la guitarra, en una noche de luna, bajo las pálidas estrellas andaluzas.

Y hoy más que nunca, cuando el espíritu de cosmopolitismo rompe todas las barreras y las fronteras históricas; cuando el libro, el lienzo, el mármol y el pentágrama recorren todas las regiones en alas de una inspiración genial que todo lo recoge y todo lo repite, es más que nunca necesaria nuestra unión por el Derecho. Y quién sabe, si algún día es un hecho ese adorable ensueño de la unidad universal, ¿á quiénes sino á nosotros está reservada por la Providencia esa misión, ya que hemos dado á la humanidad un mundo y á la idea un universo, en el que se habla la lengua incomparable de Cervantes, se combate con la espada épica del Cid, se canta con la espléndida inspiración de Zorrilla y se descansa en los laureles de tantas epopeyas?

FERNANDO DE ANTÓN.

TRATADO DE EXTRADICION DE DELINCUENTES
ENTRE ESPAÑA Y VENEZUELA,
FIRMADO EN CARACAS EL 22 DE ENERO DE 1894.

DON Alfonso XIII, Rey de España, y en su nombre S. M. la Reina Regente Doña María Cristina, y el Jefe del Poder Ejecutivo de la República de los Estados Unidos de Venezuela, Sr. General Joaquín Crespo:

Animados del deseo de asegurar y promover, de común acuerdo, el bienestar y la tranquilidad de sus respectivos Países, facilitando la recta, pronta y eficaz administración de justicia, previniendo los crímenes y regularizando la entrega de los criminales que busquen asilo en sus respectivos territorios, han convenido en ajustar un Tratado de extra-
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dición de delincuentes, y, al efecto, han nombrado por Sus Plenipotenciarios, á saber:

S M. la Reina Regente de España en nombre de su Augusto Hijo: á D. Ramiro Gil de Uribarri, Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, condecorado con varias Ordenes extranjeras, Su Ministro Residente en los Estados Unidos de Venezuela;

Y el Jefe del Poder Ejecutivo de la República de los Estados Unidos de Venezuela, á Don Pedro Ezequiel Rojas, ministro de Relaciones exteriores:

Los cuales, después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo primero.—El Gobierno de España y el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela se comprometen por el presente Tratado á entregarse, recíprocamente, los individuos que habiendo sido condenados, ó estando perseguidos por las Autoridades competentes de una de las dos Altas Partes contratantes, como autores principales, auxiliares ó cómplices de cualquiera de los crímenes ó delitos, que se expresarán en el artículo siguiente, se hubieren refugiado en el territorio de la otra.

Artículo II.—Conforme á lo estipulado en el artículo anterior, serán entregados los individuos acusados ó convictos de cualquiera de los crímenes siguientes:

1.º Homicidio intencional, comprendiendo los casos de asesinato, parricidio, fratricidio, envenenamiento, infanticidio y aborto.
2.º Conato de homicidio.
3.º Estupro y violación.
4.º Abandono de niños.
5.º Incendio.
6.º Inundación de campos ó casas y otros estragos.
7.º Robo, cuando consista en sustracción de dinero, fondos, documentos ó de cualquiera propiedad pública ó privada; la sustracción fraudulenta cometida en vía pública, en establecimiento ó en casa habitada; la sustracción, en general, ejecutada con violencia, escalamiento, horadación ó fractura.
8.º Allanamiento de las oficinas del Gobierno y Autoridades públicas, ó de Bancos ó casas de Banca, Cajas de Ahorros, Cajas de De-
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BALANCE de comprobación en 31 de Mayo de 1895.

    CUENTAS
    SUMAS
    SALDOS

    DEBE
    HABER
    DEUDORES
    ACREEDORES

    Capital

    133.000

    133.000

    Mobiliario.
    102.000

    102.000

    Fianza del gas.
    250

    250

    Idem del teléfono.
    75

    75

    Alquileres de casa.
    3.000

    3.000

    Personal.
    2.275

    2.275

    Material de oficina.
    103,20

    103,20

    Impresiones.
    128,50

    128,50

    REVISTA.
    1.730,75

    1.730,75

    Correo.
    454,36

    454,36

    Teléfono, telégrafo y apar.
    250

    250

    Gas y calefacción.
    184,30

    184,30

    Suscripciones.
    96,05
    333

    236,95

    Contribución.
    30,74

    30,74

    Medallas y Diplomas.
    775,50
    150
    625,50

    Gastos menores.
    110,98

    110,98

    Cuotas mensuales.

    5.120

    5.120

    Anuncios.

    120

    120

    Intereses.

    15.310

    15.310

    Biblioteca.
    6.773,88

    6.773,88

    Seguro y contraseguro.
    171

    171

    Alumbrado eléctrico.
    362,46

    362,46

    Banco Hipotecario.
    35.000
    3.000
    32.000

    Recreos.
    13
    62,45

    49,45

    Caja.
    32.321,07
    29.010,34
    3.310,73

    186.105,79
    186.105,79
    153.836,40
    153.836,40

S. E. ú O
Madrid 31 de Mayo de 1895.
El Tesorero,
RAMÓN PELÁEZ
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pósitos ó Compañías de Seguros, con intención de cometer un crimen.

9.º Atentados contra la libertad individual y la inviolabilidad de domicilio ó por particulares.

10. Falsificación ó expedición de documentos falsificados, ya sean públicos ó privados.

11. Falsificación ó suplantación de actos, documentos ó telegramas oficiales del Gobierno ó de la Autoridad pública, incluso, los de los Tribunales de justicia, ó la expedición ó uso frudulento de los mismos.

12. Fabricación de moneda falsa en metálico ó en papel; de títulos ó cupones falsos de la Deuda pública; de billetes de Banco ó otros valores públicos de crédito; de sellos timbres, cuños y marcas falsas de Administraciones del Estado ó públicas, y la expedición, circulación ó uso fraudulento de cualquiera de dichos objetos.

13. La sustracción de fondos públicos cometida dentro de la jurisdicción de una ó otra de las dos Altos Partes contratantes por empleados públicos ó depositarios.

14. El hurto cometido por cualquier persona ó personas asalariadas, en detrimento de sus principales ó patrones.

15. Plagio, ó sea la detención de persona ó personas para exigirles dinero, ó con cualquier fin ilícito.

16. Mutilación, golpes ó heridas causadas con premeditación, si de ellas resulta una dolencia ó incapacidad permanente de trabajo personal, la pérdida de la vista ó de un órgano cualquiera, ó la muerte, aunque no hubiere habido intención de causarla.

17. Daño cometido en los caminos de hierro, que pueda poner en peligro la vida de los pasajeros ó viajeros, así como los daños causados en los telégrafos, diques y obras de utilidad pública.

18. El rapto, los atentados con violencia contra el pudor, ó sin violencia en niños de uno ó otro sexo, menores de doce años de edad.

19. Bigamia. Poligamia.

20. La piratería, en la inteligencia de que, para los efectos de este Tratado, serán considerados como piratas:

Primero. Los que perteneciendo á la tripulación de una nave de cualquier nación, ó sin nacionalidad, apresen á mano armada alguna embarcación ó cometan depredaciones en ella, ó hagan violencia á las personas que se hallen á su bordo, ó asalten alguna población.
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Segundo. Los que yendo dentro de una embarcación se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente á un pirata

Tercero. Los individuos que en tiempo de guerra entre dos ó más naciones hagan el corso sin patente de ninguna de ellas, ó con patentes de dos ó más de los beligerantes contrarios.

Cuarto. Los Capitanes, patrones ó cualquiera de los que formando parte de la tripulación de un barco de guerra se apoderen de él, sublevándose contra el gobierno á que el buque pertenezca.

21. Ocultación, sustracción, sustitución ó corrupción de menor. Usurpación de estado civil.

22. Bancarrota y quiebra fraudulenta, y fraudes cometidos en las quiebras.

23. Cohecho.

24. Abuso de confianza, comprendiendo el abuso de firma en blanco.

25. Estafa.

No se concerá, sin embargo, la extradición, en ningún caso, cuando el delito consumado ó frustrado sólo merezca pena que no pase de dos años.

ARTICULO III.—No habrá lugar á extradición:

1.º Si el delincuente ha sufrido ya ó está sufriendo pena en el País al cual se pida la extradición, respecto de la infracción que motive la demanda, ó hubiere allí sido perseguido y declarado inocente ó absuelto, ó se le estuviere juzgando.

2.º Si se ha cumplido la prescripción de la acción ó de la pena, con arreglo á las leyes del País á quien se pide la entrega del individuo, acerca de la infracción que motive la demanda.

3.º Cuando no resulte probado el hecho de la perpetración del crimen, de modo tal que, con arreglo á las leyes del País donde se encuentren los acusados, hubieren de ser legítimamente arrestados y enjuiciados si el crimen se hubiere cometido dentro de su jurisdicción.

4.º Por delitos políticos, ó por hechos que tengan conexión con ellos, entendiéndose bien que, en ningún caso ni bajo pretexto alguno, será nunca considerado como delito político, como hecho que tenga relación con él, el atentado contra la vida del Soberano ó Jefe de uno de los dos Países contratantes y los miembros de sus respectivas familias,
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si el atentado constituyere crimen de homicidio ó de envenenamiento.

5.º Cuando se trate de esclavos fugitivos ó de criminales que hayan tenido la condición de esclavos, ó bien de aquellos que sin haber sido esclavos hubiesen estado sujetos contra su voluntad al servicio de algún particular en el momento en que hubieren cometido el delito.

ARTÍCULO IV.—Queda entendido que las obligaciones del presente Tratado no obligarán á ninguna de las dos Altas Partes contratantes á entregar á la otra sus propios súbditos ó ciudadanos, teniendo en cuenta que, para los efectos de este artículo, no serán considerados como españoles ó venezolanos los españoles naturalizados en España ó en Venezuela, si el delito hubiere sido cometido con anterioridad á la fecha de su naturalización.

ARTÍCULO V.—Ningún extradido podrá ser procesado ni castigado por delitos políticos, si en ellos hubiere incurrido, ya sean conexos ó inconexos, con el crimen ó delito que haya dado lugar á su extradición.

El Gobierno requerido podrá además exigir que por medio de Notas se constituya una nueva garantía en favor del acusado, si por circunstancias políticas especiales hubiere lugar á tener un procedimiento por delito político contra la persona requerida.

ARTÍCULO VI.—En atención á los estrechos vínculos que unen á los dos Países, queda entendido á título de concesión especial, no como principio general, que cuando España reclame de Venezuela un delincuente á quien por las leyes españolas haya de imponerse la pena capital, no se otorgará la extradición sino mediante la seguridad dada por la vía diplomática de que será conmutada dicha pena, ya esté la causa pendiente ó concluída.

Tomando en seria consideración los planes que para destruir la sociedad se han empezado á poner por obra en varios Países del mundo, las Altas Partes contratantes se reservan el tratar posteriormente acerca de los medios que hayan de adoptarse para asegurar la protección debida á la sociedad contra tales atentados

ARTÍCULO VII.—Si fuere extranjero respecto de ambas Altas Partes contratantes el individuo cuya extradición se solicite, podrá dar cuenta del caso el Gobierno que haya de concedérsela al del País á que aquél pertenezca; y si éste á su vez lo reclama para procesarlo, el Gobierno requerido podrá á su elección, entregarlo al del País en cuyo territorio
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hubiere cometido el crimen ó delito, ó al del que el individuo pertenezca.

En el caso en que el sujeto requerido con arreglo á las disposiciones de este Tratado, por una de las dos Altas Partes contratantes, lo sea también por otro ó por otros Gobiernos, el Gobierno requerido lo entregará al del País que primero haya formulado la demanda, si los delitos son todos de la misma gravedad; pero si fuere reclamado por infracciones de gravedad diferente, lo entregará al del País en cuyo territorio hubiere cometido el delito más grave, á juicio del Gobierno que haya de entregarlo.

En caso de no hallarse conformes en este punto los Tratados de extradición existentes con los Gobiernos que reclamen, se procederá de acuerdo con lo que disponga el más antiguo.

Artículo VIII.—La demanda de extradición será presentada por la vía diplomática y apoyada en los documentos siguientes:

1.º Auto de prisión expedido contra el reo, ó cualquier otro documento que tenga al menos la misma fuerza que dicho auto y precise igualmente los hechos denunciados y la disposición penal que les sea aplicable, y, además las declaraciones ó documentos en que se haya fundado el auto de prisión.

2.º Señas personales del encausado, en cuanto sea posible, á fin de facilitar su busca y arresto y la identificación de persona.

Artículo IX.—Las estipulaciones del presente tratado serán aplicables á todas las posesiones extranjeras ó coloniales de cualquiera de las dos Altas Partes contratantes.

Artículo X.—Si un criminal evadido fuere condenado por el crimen por el qué se pida su entrega, se dará copia debidamente autorizada de la sentencia del Tribunal ante el cual hubiere sido condenado. Sin embargo, si el evadido se hallare sólo acusado pero no sentenciado todavía, se presentará una copia legalizada del mandamiento de prisión en el País en que hubiere cometido el crimen, y de las declaraciones en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho mandamiento, con la suficiente evidencia ó prueba que se juzgue conveniente para el caso.

Artículo XI.—En los casos urgentes, y sobre todo cuando se temía la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apoyándose en una sentencia condenatoria ó en un mandamiento de prisión, podrá, por el medio
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más rápido, y aún por telégrafo, pedir y obtener la prisión del acusado ó del condenado, bajo condición de presentar, lo más pronto posible, el documento cuya existencia se ha supuesto y á que se refiere el artículo VIII.

ARTÍCULO XII.—Si dentro del plazo de un mes, contado desde el día en que el acusado ó condenado fuere puesto á disposición del Agente diplomático, siendo la extradición pedida desde Cuba ó Puerto Rico; de dos meses si la demanda procede de la Península, y de tres si procede de Filipinas, no se hubiere remitido el acusado por el Agente diplomático al País reclamante, se dara libertad á dicho acusado ó condenado, quien no podrá nuevamente ser detenido por el mismo motivo.

ARTÍCULO XIII.—Con arreglo á las disposiciones del presente Tratado, se procederá á la extradición de delincuentes, de acuerdo con la legislación vigente sobre la materia en cada uno de los dos Países.

ARTÍCULO XIV.—Los objetos robados ó que se encuentren en poder del condenado ó acusado, los instrumentos ó útiles que hubieren servido para cometer el crimen ó delito, así como cualquiera otra prueba de convicción, serán entregados al mismo tiempo que se efectúe la entrega del individuo detenido, aun en el caso en que después de concedida la extradición no pueda verificarse por muerte ó fuga del culpable.

Dicha entrega comprenderá también los objetos de la misma naturaleza que el acusado tuviere escondidos ó depositados en el País donde se hubiere refugiado y que fueren hallados después.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero sobre los mencionados objetos, que deberán ser devueltos, sin gastos, después de la terminación del proceso.

Igual reserva queda asimismo estipulada con respecto al derecho del Gobierno al cual se hubiere dirigido la demanda de extradición, de retener provisionalmente dichos objetos mientras fueren necesarios para la instrucción del proceso ocasionado por el mismo hecho que hubiere dado lugar á la reclamación, ó por otro hecho cualquiera.

ARTÍCULO XV.—Los gastos de captura, detención interrogatorio y transporte del acusado, hasta su entrega en el puerto de embarco, serán abonados, al recibirllo, por el Gobierno que haya presentado la demanda de extradición.

ARTÍCULO XVI.—Conforme á lo ya establecido en el art. 9.º del Tra-