El Semanario murciano (1880-12-26 00:00:00), página 2

se ordenó al Alcalde de aquella ciudad que certificara en orden á si existía ó no la referida presa, se limitó á nombrar una comisión que informara acerca del particular la cual lo evacuó en sentido negativo; que en veinte y ocho de Mayo último se expidió una Real orden comunicada al Gobernador civil de Alicante mandando se procediera á la destrucción de la presa, previniendo al Alcalde de Orihuela fuese en lo sucesivo más exacto en los informes que se le reclamen; que dicho Alcalde telegrafió el primero de Julio al expresado Gobernador de Alicante participándole como acababa de comunicarle el maestro Alfarí de la Municipalidad haber desaparecido los pilos restantes que quedaban de la presa, y por último, que autorizado el Sr. Gobernador civil de Alicante por la Dirección general de Beneficencia y Sanidad para que llevarse á efecto lo dispuesto en la antes citada Real orden, quedó esta cumplimentada, á fines del citado seis de Julio, no obstante las protestas formuladas en el acto por algunos individuos del Ayuntamiento de Orihuela y Alcalde pedáneo de aquel partido rural.

5." Resultando: que habiendo comparecido en forma en la causa, y en el estado de prueba el ofendido D. Matías Rebaglio, comunicada que le fue á su tiempo la misma, la devolvió acusando al procesado de autor de injurias á la autoridad que desempeñaba, pidiendo se le impusiera la pena de arresto mayor en el grado medio, y que el Ministerio Fiscal sosteniendo la necesidad de injuriar gravemente á la autoridad, que por escrito fuera de su presencia, pide se condene al procesado á la pena de cuatro meses, y un día de arresto mayor, con las accesorias, secuestro de los ejemplares del periódico denunciado y del molde de impresión si se encontrase.

6." Resultando: que la defensa solicita la libre absolución, con los pronunciamientos, declaraciones y reservas de derechos consignantes á la misma, fundándose en que de autos aparecen plenamente justificadas las afirmaciones consignadas en el suelto motivo del proclamamiento, en que el Alcalde de Orihuela obraba en la cuestión de la presa como Delegado del Estado sin autoridad propia, sino como encargado público, en virtud de otra consideración distinta, y no tratándose de delito de descargo y sí del de injuria á la autoridad, debe aplicarse al caso de autos, la disposición del artículo cuatrocientos setenta y cinco del Código penal.

1." Considerando: que este en su artículo doscientos sesenta y nueve castiga como delito con arresto mayor, á los que, hallándose un Ministro de la Corona ó una autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con ocasión de ellas, los calumniaren, injuriaren, insultaren de hecho ó de palabra fuera de su presencia, ó en escrito que no estuviera á ellos dirigido.

2." Considerando: según el artículo cuatrocientos setenta y uno del mismo Código, es injusta toda expresión injeridora ó acción ejecutada en deshonra, desdén ó menoscabo de otra persona, reputándose de injurias graves según el artículo cuatrocientos setenta y dos, entre otras, las que razonablemente merezcan la calificación de tales, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor.

3." Considerando: que las expresiones y frases estampadas en el suelto denunciado y dirigidas al Alcalde de Orihuela D. Matías Rebaglio, tales como las de estado descuro y malicia impía, al torpe y criminal ejercicio de una autoridad que existece en su mano, que desgraciadamente ha estado el imprudente Gobierno que la confía, no puede menos de reputarse de injurias para el referido Alcalde, como que tienden á rebajar y a encarecer no solo su honor y reputación como Alcalde, sino también á ofender y mancillar la autoridad que ejerce.

4." Considerando: que conforme á lo prescrito en el artículo doscientos setenta y siete del Código penal para los efectos de los artículos comprendidos en los tres capítulos anteriores, se reputará autoridad, al que por sí ó como individuo de alguna corporación ó tribunal, ejerciese jurisdicción propia, por la cual, concurrendo como concurre, en los Alcaldes constitucionales dicha circunstancia, no cabe duda, que el hecho de injuriar á una autoridad de este índole fuera de su presencia ó en escrito que no estuviese á ella dirigido, cae de lleno bajo la sanción penal del artículo doscientos sesenta y nueve del Código.

5." Considerando: Por lo tanto que habiéndose infor- rido á D. Matías Rebaglio las relacionadas injurias, con ocasión y por el cargo de Alcalde que ejercía su autor, ha incurrido en la responsabilidad que se establece en el citado artículo doscientos sesenta y nueve del Código.

6." Considerando: Que aun cuando hubiese aquel justificado plenamente todos y cada uno de los hechos que le motivaron á publicar el suelto en cuestión, no quedaría por ello exento de responsabilidad; lo primero, porque si bien es cierto que D. Antonio Hernández Amores, como todo ciudadano, tiene un perfecto e indisputable derecho á denunciar los abusos y excesos cometidos por las autoridades y funcionarios públicos, y por lo tanto los que imputó al Alcalde de Orihuela en el asunto de la presa del Mencano, ese derecho no puede extenderse si se quiere que se respete otro, un derecho penal por el Código, tal como el que ha cometido in- juriado y ofendido á su autoridad, con las frases consignadas en el suelto denunciado; y lo segundo, porque la prescripción del artículo cuatrocientos setenta y cinco del Código es sólo aplicable á las injurias causadas á los empleados públicos que para los efectos del artículo doscientos sesenta y nueve, no lo son los que, como los Alcaldes constitucionales desempeñan funciones permanente y ejercen jurisdicción propia, como terminantemente se determina en el citado artículo doscientos setenta y siete del Código, y se halla recogido por el Tribunal Supremo en sentencia de once de Marzo de mil ochocientos setenta y tres.

7." Considerando: Que en la comisión del delito de que se trata no concurre circunstancia alguna atenuante ni agravante.

8." Considerando: Que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley á los criminalmente responsables de todo delito ó falta.

Vistos los artículos once, trece, cuatrocientos setenta y uno, doscientos sesenta y nueve, doscientos setenta y siete, regla primera del ochenta y dos, sesenta y dos y veinte y ocho del Código penal y el ochocientos cincuenta y uno de la Compilación sobre el enjuiciamiento criminal.

FALLO.

Que debo declarar y declaro que el hecho probado origen de dicha causa, constituye el delito de injurias á la autoridad por escrito no dirigido á la misma, sin la concurrencia de circunstancia alguna apreciable, que por propia confesión es el procesado el autor del citado delito, y que ha incurrido en el grado medio del arresto mayor; y en su consecuencia dobo condenar y condeno á D. Antonio Hernández Amores á dos meses y un día de arresto mayor, á la suspensión de toda cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales; procedáse al secuestro de los ejemplares que se encuentren del periódico que obra por cabeza de la causa, y á la inutilización del molde en que se imprimió el suelto último del periódico, se emita sentencia con la Secretaría, elevándose al oficio original la causa, previa citación y emplazamiento de las partes por término de diez días. Definitivamente juzgan-