El Semanario murciano (1880-12-05 00:00:00), página 1

EL SEMANARIO MURCIANO.

Año III.—5 de Diciembre de 1880.—Núm. 147.

SUMARIO: Causa del Merancho: Defensa.—Consideraciones generales sobre los ayes de nuestra provincia, por D. Andrés Martínez Cañadas.—Murcia y los murcianos, (continuación).—Alimentación.—Amor y duda, poesía, por D. Doroteo Díaz Merino.—Miscelánea.—Crónica de la semana, por D. R. C.—Bibliografía.

CAUSA DEL MERANCHO.

DEFENSA.

D. Francisco Marco Ramos de Padilla, Procurador de los Juzgados de esta capital, en nombre de D. Antonio Hernández Amores, en la causa que al mismo se sigue por supuestas injurias infertidas al Alcalde de Orihuela, evacuando el traslado de defensa, al Juzgado juzgado en mérito de lo que podrá mencionarse ahora, críbamos que el defendido denuncia que nada sufre en esta causa su limpia reputación y fama pública, revirtiéndole todos los derechos que de la libre absolución derivan, y condenando en costas al Alcalde de Orihuela, como se deduce clara y lógicamente de las consideraciones que paso á exponer:

Encuentranse de tal modo probadas las afirmaciones de nuestro defendido, que pensábamos extendermos muy poco en nuestra defensa, porque creíamos que terquedad y ensañamiento, más que nada, sería insistir en lo que todos los testigos y los documentos todos que á esta causa han estado, afirman y demuestran, pero no obstante nosotros con que nos quedamos, privado fuémos su conocimiento de la acusación de hechos probados hasta lo siguiente: Ni mucho menos podíamos imaginar que el Ministerio público negara lo que hasta el día ni siquiera duda había ofrecido, formulando implícitamente un cargo contra el uzgado, y poniéndonos en la precisión de demostrar lo que no necesitaba demostración; así es que contra nuestra voluntad tenemos que molestar la atención del Juzgado mas de lo que quisieramos.

Ante todo debemos comenzar defendiéndole del cargo que implícitamente contra él formula el Ministerio Fiscal, al sostener que no debía haberse admitido la prueba que nosotros en tiempo oportuno propusimos, y que ello aprecia, por ser, en su concepto, impugnable, que ántimos así nuestra legítima defensa y dejándonos traídos de pie y manos á merced del Alcalde de Orihuela.

Fúndase para ello el Sr. Fiscal, en la redacción del artículo cuatrocientos setenta y cinco del Código penal, que copiado á la letra dice así: «Al acusado de injurias no se admitirá prueba sobre la verdad de sus imputaciones, sino cuando estas fueran dirigidas contra empleados públicos, sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo; en cuyo artículo no se hallan comprendidas las imputaciones injuriosas dirigidas al Alcalde de Orihuela por ser este corporación de empleados públicos, dice el Ministerio Fiscal, aplicando solo la denominación de empleados públicos á los funcionarios que cobran sueldo del Estado. Y queriendo robustecer su opinión, cita varias sentencias del Tribunal Supremo que dice que los Alcaldes tienen autoridad propia, cosa que nosotros nunca hemos negado ni intentado negar; y otras, dos que, según él, evidencian que no debe admitirse pruebas en las causas sobre injurias infertidas á las autoridades, pero que son completamente ajenas á la cuestión, porque ambas se refieren al delito de descato, esencialmente distinto del que motiva estos autos. Una de ellas, la de cuatro de Mayo de mil ochocientos setenta y seis, declara que el descato no puede considerarse nunca como falta de nuncias; y la otra, de veinte y tres de Junio del mismo año, que no puede considerarse como simple injuria, por lo cual no le es aplicable la prueba concedida por el artículo cuatrocientos setenta y cinco del Código penal, que se refiere únicamente á las injurias infertidas á los funcionarios públicos, con motivo del ejercicio de sus funciones (como es la que motiva la presencia de la acusación dirigida á las que se infieren á las autoridades constitutivas en ella y en su presencia á en escrito dirigido á ellas, que es lo que constituye el descato, penado en el artículo docecientos sesenta y seis del Código penal.

No, no es ese el sentido de las palabras empleadas públicas que se usan en el artículo del Código; no es ese el espíritu de la Ley; una excepción hecha en favor solamente de los funcionarios del Estado que cobran sueldo, no tendrá explicación racional; y la disposición del Código la tiene. Es que es necesario, para el prestigio de la autoridad, que quede demostrada la falsedad de las injurias contra los que la tienen en infarto, porque cuando se condene sin admisión prueba, es posible y aun legitima la duda; es que si la injuria dirigida contra simples particulares sólo denota arrebato en el injuriante, ó deseo de mortificar al injuriado, la injuria contra los funcionarios públicos tal vez oculta bajo su criminosa apariencia un acto de viril patriotismo efectuado para el mejoramiento de las costumbres públicas y la pureza de la administración.

Para saber el sentido en que usa el legislador las palabras, no hay que fijarse solamente en un artículo, atentándose á la acepción vulgar que las mismas reciben, sino que hay que recorrer toda la Ley, que quiza en algunas partes ha de declarar la significación que se dales; si el Ministerio Público hubiera examinado con un poco de detenimiento el Código penal, hubiera visto que es mucho mas amplia la significación que en él tienen las mencionadas palabras; bien es verdad, que esto no lo ha podido hacer, dada la precipitación con que la acusación ha sido formulada, pues habiendo el acusador privado, terminado su cometido el dia veinte del próximo pasado mes, en el mismo dia veinte y uno comenzó y terminó su acusación aquel Ministerio.

Examinando el Código, vemos en efecto que el título séptimo del libro segundo está para epígrafe. De los últimos consejos para los empleados públicos el ejercicio de sus cargos. Y á qué se dedicados se occupa? De los jueces (que no negará el Sr. Fiscal que tienen autoridad), y de todos los funcionarios públicos; que son, según el artículo cuatrocientos diez y seis, todos los que por disposición inmediata de la Ley, ó por elección popular, ó por nombramiento de autoridad competente participen del ejercicio de funciones públicas; siendo por lo tanto, según el Código, todo el que ejerce cargo público, para los efectos de dicho título, empleado público; y llevando este concepto al artículo cuatrocientos setenta y cinco, tendremos que se admite prue-