El Semanario murciano (1880-12-19 00:00:00), página 2

dir su responsabilidad, diciendo que los presupuestos de 1874 y el decreto de 26 de Junio del mismo año son meras disposiciones revolucionarias, le cerraremos este callejón con la ley de 17 de Julio de 1876; la cual declara leyes del reino todos los decretos de carácter legislativo expedidos por el Ministerio de Hacienda desde el 20 de Septiembre de 1873 hasta la constitución de las primeras Cortes Alfonsinas (1).

La ley, Sr. Gobernador, como V. S. ve y deberá haber visto el Juzgado su aplicador, el Ministerio fiscal, su guardado, el procurador, depone en favor de don Antonio Hernández Amores, de manera clara e incontestable, no puede dudarse de que la liquidación de la operación Rodríguez, hecha posteriormente a las leyes de 1874, y por intereses de la duíada no cobradas hasta entonces. Faltan pues los siete mil reales y falta á la verdad la Administración de Hacienda, á la que viene Vd. obligado á pedirle estrecha cuenta de su falso informe.

Veamos ahora como responden á la misma cuestión, los hechos de los centros administrativos de la villa y Corte.

En la subasta de 1.º de Abril del año 1877, cuyos resultados publicó la Gaceta del 8 del mismo mes y año, aparece el oferente D. Antonio de Acuña, en el cual delegó, porque ni, y para ciudr, ignorantemente, toda responsabilidad, el Secretario-administrador, D. Antonio Rodríguez, en la forma siguiente y con tres lotes á ofertas:

    OFERENTES.
    Cantidad oferida.
    Cambio
    Valor efectivo

    D. Antonio Acuña.
    21,116'13
    99
    20,994'96

    D. Antonio Acuña.
    29,976'95
    99
    29,677'18

    D. Antonio Acuña.
    45,444'66
    99
    44,955'61

    96,497'74

    95,532'75

Lo ve Yd., Sr. Gobernador? Nada en papel, todo en efectivo. No había dicho ni afirmado D. Antonio Hernández otra cosa. Faltan, pues, 7,000; porque sin quebrantar la ley, sin violarla; las oficinas centrales no liquidarán las facturas, no expedirán las carpetas correspondientes, sino á efectivo solo; ni mucho menos expedirán resguardos á papel del 3 por 100, cuya estampación y expedición queda prohibida y sigue estando desde 1.º de Julio de 1874.

Pero no sólo ha dicho verdad el verdicio, el siempre honrado D. Antonio Hernández Amores. Los 76,000 y pico de reales que ha dicho adquirir, que se acuñan como producto único de la operación del Sr. Rodríguez, no corresponden á la totalidad de valores llevados por él á negociar. Y el Sr. Rodríguez, que escuchó con grato de reproche, le confesó 96,497'72 reales no negociados de los semestres segundo de 1874 y primero de 1875, los cuales no pudieron ser admitidos á subasta por disposición de la Novísima legislación de 1876. (2) Lo que no nos quiso decir, es porque no los acusó al dar cuenta de su operación ni porque no los trajo á caja, ni quien los detentaba ó retenga indebidamente.

Pero aun hay más. Los 36,497'74 (reales de vellón) que el Sr. Acuña, por encargo de Rodríguez, presentó á subasta, supone facturas por valor, únicamente, de rvn. 125,866'61. Pues, ahora bien, el total de las facturas libres de Madrid, para la presentación á subasta, sumaban, como ya hemos dicho, rvn. 235,569'82. Re bajando de este total por una parte de rvn. 109,672'67 de los semestres 2.º de 1874 y 1.º de 1875, no negociados, como hemos dicho, y por otra el de las carpetas que presentó á subasta, 6 de las facturas correspondientes á ellas, que hemos valorado también en rvn. 125,866'61, en suma rvn. 222,263'83; todavía nos faltan facturas por valor de rvn. 12,779'35, de cuyo valor ni el señor Secretario, ni ningún documento escrito por su mano ni de su orden, ni nadie, hasta la presente, nos ha dado razón.

¿Qué piensa Vd., Sr. Gobernador, de tanta irregularidad? ¿No es verdad que después del improbo trabajo, que por bien de los establecimientos benéficos se ha tomado, y sigue tomando D. Antonio Hernández Amores, de éstas muy contento y muy satisfecho del puesto de honor que le ha dado en esta provincia, cuando la restauración, su amigo carísima Excmo. Sr. Antonio Cánovas del Castillo, y lo mucho que en ello arrisgó, al ver como se le trata ahora, por la revolución que trajimos con nuestra victoria encadenados del África revolucionaria?

Pero dejémonos de lamentaciones, Sr. Gobernador. Apliquemos la macha al trueno gerido de este castillo de pólvora; concluya, hoy por hoy, esta función algo ingrata y desagradable. Pero suplico á V. S., á los juzgados y al ministerio público en particular, la mayor atención, porque el final es bueno y lo merecen en todos conceptos; y tanto que lo han de oír en Madrid, en la Presidencia del Consejo de Ministros, en las Direcciones de los Ministerios, y sobre todo en las oscuras y escandalosas redacciones de sus periódicos.

Otra cosa es de la cuestión que se le sigue á D. Antonio Hernández Amores, una lista comprensiva de todas las facturas que el Secretario Sr. Rodríguez llevó á realizar á Madrid, con indicaciones del establecimiento ó corporación á que pertenecen, su número de orden, su importe, y semestres que comprenden. Esta lista, además de llevar la firma del Secretario-administrador Sr. Rodríguez, está confrontada ante escribano con su original, que obra en el archivo de la Junta provincial de Beneficencia, y testimoniada su confrontación é identidad por el escribano de la clausa.

Ya hemos visto lo que pasó con esos valores, si no con todos ellos, con su mayor parte, que abarca la totalidad casi de los tres trimestres que hasta las leyes de 1874 se venían pagando dos tercios á efectivo con el descuento de 5 por 100, y el otro tercio á papel, al tipo, este, del 5% por 100.

Ya hemos visto que las facturas de esos tres semestres, y la del 1.º de 1874 con ellas, por virtud y én consecuencia de la legislación de este último año, fueron liquidadas á efectivo, presentadas á subasta por el Sr. Acuña, y vendidos los resguardos, con el 20 por 100 de pérdida ó descuento, prestando fé á lo que nos contaron.

Pues bien, vengan VV. SS. conmigo ahora, Sr. Gobernador, Sres. Jueces y Fiscales. Echemos una ojeada sobre esa certificación de la Hacienda pública; son los mismos valores, que obran en las mencionadas listas, una en autos, presentada por D. Antonio Hernández Amores, la otra en las oficinas de Beneficencia; son los mismos, correspondientes á los mismos establecimientos, liquidados los días 1.º de 1872, 1.º y 2. de 1873, en las dos terceras partes á efectivo con el 5% por 100 descuento; la otra tercera parte á papel al tipo de 20 por 100.

Pero, Sr. Gobernador, ni V. S., ni el Juzgado, ni mis acusadores, ni el defensor de estos, ni el representante de la vindicta pública, han reparado en que, las mismas facturas, de los mismos semestres, 2.º de 1872 y 1.º y 2.º de 1873, no pueden ser que hayan sido, como dice la administración pública, liquidadas y pagadas á la vez á papel en esta administración, y retirado el papel correspondiente por tales y cuales sujetos que en la certificación se expresan, antes de 1874; y remitidas luego á Madrid en 1877, para ser presentadas á subasta y cobradas de nuevo, según la ley del 74, dos tercios á efectivo, y el 30 por 100 del otro tercio á efectivo también.

El hecho, Sr. Gobernador, parecerá todo lo absurdo,

(1) Gaceta del 23 de Julio de 1876.
(2) Trumpo la Administración económica de esta capital con esta semejante legislación: no puede darse igualancia más supina.