Revista popular (Madrid) (1898-12-23 00:00:00), página 14

En apoyo de esta tesis, baste recordar y comparar el texto de los Mensajes presidenciales de Cleveland y Mac Kinley de 8 de Diciembre de 1896, 6 de Diciembre de 1897 y 11 de Abril de 1898; la Resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos de America de 18 de Abril de 1898; la contestación dada por el Gobierno español en 31 de Marzo al Apunte del Ministro norte-americano en Madrid, comunicado en la propia fecha á todos los Gabinetes europeos; el Memorandum de aquel Gobierno de 18 de Abril, y el telegrama circular del mismo á los Gabinetes extranjeros, fecha 25 de Marzo; el texto del Protocolo de la paz firmado por los Gobiernos de Washington y de Madrid, mediante la intervención del Embajador francés en los Estados Unidos, en 12 de Agosto de 1898, y los artículos del flamante tratado de París, principalmente los relativos á las Islas Filipinas.

Sean las que fueren las opiniones que el Mundo contemporáneo tuviere respecto de la moderna política colonial española (y reconozco que esas opiniones no eran favorables á España) y por muchas que pudieran ser las simpatías que algunos tuvieran al papel de defensor de las libertades humanas y de la paz de América que se quiso atribuir el Gobierno norte-americano en su contienda con España, sería imposible desconocer: 1.º que los decretos autonomistas de 25 de Noviembre de 1897 crearon en Cuba un régimen de gobierno tal vez superior al de las Colonias británicas más adelantadas, por cuanto Inglaterra no ha reconocido á esas el derecho á intervenir en la dirección política nacional, ni respecto de ellas ha puesto límite á su soberanía ó sea lo que allí se llama el derecho imperial; 2.º, que en el curso de las negociaciones y los debates de España con los Estados Unidos, aquélla por tres veces ofreció á éstos y dos veces á las Potencias europeas, someter á arbitraje todas sus diferencias internacionales; 3.º, que al anunciar el Presidente de los Estados Unidos la probabilidad de una intervención violenta en los negocios de Cuba (intervención determinada por un doble interés «de civilización y humanidad») afirma que «la necesidad de su acción ha de ser tan clara, que la asegure el apoyo y la aprobación del mundo civilizado»; 4.º, que para decretar el Congreso de Washington el empleo de la fuerza contra la soberanía de España en las Antillas, no sólo no se cuidó de recabar el voto de éstas y de solicitar la cooperación ó la nueva aprobación del resto de las naciones de Europa y América, sino que prescindió desdenosamente de las gestiones que, tanto cerca de la Reina Regente de España como del Presidente de la República, hicieron, en los primeros días de Abril, la Santa Sede y los Gobiernos de Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Austria y Alemania, y á las cuales accedió por su parte el Gobierno español; y 5.º, que en el Protocolo de la paz se dejaba á salvo la soberanía de España en Filipinas, y se afirmaba, simplemente (y á reserva de las resoluciones de detalle y aplicación de una conferencia diplomática, dentro de los usos y prácticas corrientes en el Derecho internacional), la renuncia de la soberanía española en Cuba y la cesión de Puerto Rico á los Estados Unidos, á pesar de lo cual estos han impuesto en París la cesión de las islas Filipinas y de Joló, excusándose, contra todo lo conocido en la materia, de reconocer y pagar las deudas garantizadas por las rentas de las Filipinas y las Antillas.

La gravedad de estas últimas imposiciones acrece, si se considera, en primer término, que España ha ido sola, vencida y desarmada, á las Conferencias de Paris; que en éstas, los representantes norteamericanos (según de público se dice), se han negado á toda discusión, y mucho más á ceder un ápice de los decretos ó presunciones de su Gobierno, y que la resistencia del Gobierno y de los representantes de España ha encontrado siempre y á toda hora la amenaza de la continuación de las hostilidades por parte de los Estados Unidos, precisamente cuando España, cumpliendo rigurosamente el Protocolo, había ya repatriado á sus soldados de Puerto Rico y traído á la Península buena parte de los de Cuba, permitiendo que en esta isla acampasen libremente, y se extendiesen las fuerzas de los cubanos insurrectos, auxiliares decisivos de la fácil e inverosímil campaña norteamericana.

Relacionando todos estos hechos con los principios más admitidos del Derecho internacional contemporáneo, lo primero que ocurre es discutir si éste consiente la intervención del extranjero en las cuestiones interiores de una nación por los motivos y los fines proclamados ahora por los Estados Unidos al intervenir en Cuba apoyando á los insurrectos y al provocar en Filipinas la insurrección de los tagalos. Inuego hay que averiguar si, caso de ser justos todos los motivos aludidos, la intervención puede hacerse del modo y manera con que la han realizado los norteamericanos. En tercer término, aparece la cuestión de la conducta actual de éstos en todas y cada una de las antiguas colonias españolas.

Sobre el primer punto hay que observar que, si bien en la época novísima parece admitido el llamado Derecho de intervención por motivos de humanidad, de orden público y aun de tranquilidad y orden de los pueblos convecinos, de ninguna suerte se reconoce á ninguna nación en particular el exclusivo derecho de erigirse en definidora y árbitra de aquellos mo-