Revista literaria de El Español (1846-04-27 00:00:00), página 3

ce necesaria, para que la muchedumbre no imagine que la sociedad ha renunciado al derecho de derramar la sangre de los criminales.

Este es el estado de la administración de la justicia criminal en Europa; estado que satisfaciendo á la filosofía y á la humanidad, al mismo tiempo que á la sociedad y á sus imperiosos deberes de conservación y de orden, permite que sin precipitacion ni violencia vaya entrando el mundo en las vías templadas y suaves que preparan los progresos de la civilización. La vida de un hombre, aunque este sea culpable, empieza á ser estimada: después que la ha perdido legalmente á manos de la justicia, todavía antes de arrebátarsela, los tribunales esperan á que la responsabilidad ministerial recomiende al monarca el uso de su precioso derecho de gracia, y como esto en los mas de los casos debe ser ejercido en alivio de los criminales, la pena de muerte en último resultado queda limitada como hemos dicho á casos extraordinarios y graves:

Ahora bien; allíje y contrista el ánimo observar que estas ideas de justicia y de administración se hallen tan atrasadas en España, que en ella sea máxima admitida y corriente que todo criminal condenado á muerte debe ser ejecutado; que las sentencias que en última instancia condenan á esta terrible pena, se llevan á efecto, sin someter previamente al examen del gobierno la oportunidad de conmutar la pena, disminuyendo el rigor de la ley en la generalidad de los casos. Así es que vemos con frecuencia en España, no solo que no se consulta por las audiencias al gobierno antes de enviar los reos al palo, sino que cuando estos, desahuciados ante la justicia, acuden á la real clemencia, lo parentorio y ejecutivo de los trámites no de lugar al mismo sentenciado para impedir la gracia que todavía pudiera obtener; como sucedió no hace mucho en Pamplona, donde fue ejecutado un reo por el mismo delito porque otro acababa de ser perdonado en Madrid, sin que el generoso defensor de aquel pudiera siquiera acudir al trono para obtener de la real piedad lo que la justicia ordinaria no podía otorgarle.

Semejante indiferencia é inmovilidad respecto á las prácticas que afectan la vida de nuestras semejantes, acusan un estado social que de por sí es un obstáculo al desarrollo de los principios de ilustración y de mejora que el siglo ha impuesto como condición y como tarea á las generaciones contemporáneas. Acostumbrados á verter, con una frecuencia que espanta, la sangre de los criminales, no solo permanecemos muy atrás de las naciones cultas en cuanto á reforma de la legislación criminal, sino que, y esto es lo que principalmente nos ha movido á tratar esta materia, nos habituamos á castigar con la implacabilidad de los delitos comunes, á los delitos de circunstancias, á los estravíos y errores transitorios que consigo arrastran las guerras civiles.

Esta observación nos trae á tratar de la pena de muerte aplicada á los delitos políticos, y cuya repetición en España es la piedra de escándalo de la culta Europa, el texto favorito de los severos cargos de barbarie y de ferocidad que nos dirigen los extranjeros.

Aquí, del mismo modo que respecto á la pena de muerte en los delitos comunes, no abogaremos por que el crimen de rebelión, de conspiración contra la seguridad del Estado, sea dispensado de la imposición de la más alta pena admitida por nuestros códigos. Interin la pena de muerte subsista en ellos, y por desgracia habrá de subsistir por mucho tiempo, todavía no es posible dejar de aplicarla á cierto clase de delitos políticos. Pero horroriza el pensar que en una sociedad dividida y revuelta, donde los partidos luchan todovía por medios de fuerza para arrancarse el poder que únicamente debieran pedir á los medios legales; donde los vencedores de hoy han de ser los vencidos de mañana; de donde los héroes pasan á ser traidores, para de traidores volver á convertirse en héroes, son-guen mirando como actos de justicia, como medidas de pública seguridad, los que solo son actos de venganza, represalias de fuerza, precauciones contra la futura propensión de del enemigo de hoy. No se necesita mas, por cierto, para corromper á un pueblo, para hartarlo de sangre, para que degenere en cruel.

¿Quién es el hombre reflexivo que imagina que el suplicio, de Portera, de Lacy, de Riego, de León, ha podido ser jamás mirado por la generalidad del país como otra cosa que como un acto de fuerza, como una venganza de un poder ofendido? Y desde el instante en que la sociedad prescinde ejecuciones que no llevaron consigo el convencimiento de su absoluta justicia y necesidad ¿no se rebaja la idea de la severa probidad que debe suponerse en todos los actos emanados de la ley? ¿No se dá el precepto y el ejemplo de exterminar al enemigo, de vengar nuestros resentimientos y nuestros agravios por mano del verdugo?

Si en los delitos comunes la pena de muerte debe economizarse, en materia de delitos políticos es no solo un escándalo sino un peligro, una aberración, una calamidad, guardarse en el texto de la ley escrita, para llevar el suplicio á nuestros adversarios. La violencia arrastrá la violencia, la sangre pide sangre, y las reacciones políticas con sus exageraciones y sus venganzas, jamás tendrán término, interin los mas cuerdo, los mas humanos, los