Revista literaria de El Español (1846-04-27 00:00:00), página 2

que nadie pueda suponer que apoderándose del contestable principio de la abolición de la pena de muerte, hagamos de él un argumento para combatir á la justicia humana, ó privar á la sociedad de los medios de conservación y defensa que la legislación y las costumbres ponen en el día á su alcance.

Con la fuerza de un principio teórico se combate y socaba la influencia de otro principio opuesto; pero la aplicación de aquel exige adelantos y precauciones que los hombres cuerdos y experimentados no anticipan nunca, esponiéndose á cargar con la responsabilidad de introducir en la sociedad trastornos y peligrosas muchezas.

Así es que aunque nos hallamos convencidos que la completa abolición de la pena de muerte es una apetecible reforma, hacia la que la humanidad camina, y cuya adopción depende de la previa resolución de las inmensas cuestiones de organización social que han de hacer que aquella reforma deje de ser perjudicial, no por eso abogamos porque se borre la pena de muerte de nuestros códigos, ni en nombre del solo principio de humanidad venimos á declarar hoy contra las dolorosas consecuencias de un mal necesario.

La pena de muerte descansa actualmente en nociones históricas, en nociones de derecho, hasta en tradiciones religiosas, que hacen de aquella pena una jurisprudencia universal, reconocida en todos los pueblos, practicada en todas las edades. La pena de muerte y la guerra, son dos hechos gemelos, dos fenómenos de una misma especie que enuelven y dominan todavía las condiciones de las sociedades modernas.

Pero si bien los publicistas que renovosén las filantropicas teorías del abate de Saint-Pierre, de Rousseau, y del autor de las Armontas de la naturaleza, y se encapuchasen en persuadir á los gobiernos y á los pueblos que deben renunciar al derecho de hacer la guerra y ventilar con las armas en la mano las pretensiones y las querellas de pueblo á pueblo, serían escuchados con sorpresa e incredulidad, lo contrario sucede á los hombres de estado que mayor autoridad ejercen en Europa. Los Wellington, los Pesas, los Guizot, los Metternich, los Nesselrode, no se hallan dispuestos á suscribir al principio teórico de que no haya más guerras; y sin embargo, emplean todos sus desvelos, su vida y su influencia en que no se turbe la paz del mundo, y para su conservación están haciendo hace años los mayores sacrificios de amor propio, y en algunos casos hasta de interés nacional.

Quien lea y medite con atención la historia de Europa desde la caída de Napoleón, encontrará con cuanta frecuencia desde 1815 á 1830, y desde entonces hasta nuestros días, las grandes potencias han hecho aisladamente el sacrificio de intereses los mas caros, por no recurrir á las armas, por no llamar á las fieras pasiones de la guerra sus pretensiones, que han procurado ventilar por medio de negociaciones. Y tal es el estado de la opinión del mundo que aunque los gobiernos hubieran querido hacer la guerra, los pueblos, ó habrían abandonado á sus gobernantes en guerras caprichosas ó injustas, esto es, les habrían negado aquella simpatía y aquel apoyo moral sin el cual ningún esfuerzo grande pueden hacer los gobiernos, ó aprovechando de las rivalidades de los gobiernos y vándalos empeñados y disfrazados sus fuerzas, los pueblos del continente habrían revisado á su provecho esos famosos tratados de 1815, que tienen sujeta la Europa á la dura influencia de los gabinetes del Norte.

Cualquiera de las dos causas que haya ejercido mayor influjo, ello es indudable que los gobiernos han repugnado promover guerras y que la opinión de los pueblos no las hubiera las mas veces consentido. Hé aquí, pues, un derecho universal, histórico, absoluto, necesario, suspenso hace treinta años con general asentimiento del mundo entero y que ha dado origen á un desarrollo de prosperidad que causa asombro y hasta parece fabuloso.

La pena de muerte corre paralelamente con su terrible compañera la guerra. Los jurisconsultos no la han abolido; permanece inscripta como un anatema, como una amenaza, como una espantina; pero los pueblos cultos no sólo modifican su legislación criminal restringiendo la aplicación de aquella terrible pena, disminuyendo los casos en que se la mantiene, sino que todavía respecto á los delitos para cuya represión se conserva pena capital, el uso de la prerrogativa regia de tal manera atempera y modifica la aplicación, que por lo general se conmuta la última pena con la inmediata, permitiendo que la ley tenga su curso únicamente en aquellos casos atroces que han marcado en los delincuentes un grado de perversidad consumado, ó producido tal escándalo que la vindicta pública querría agravada si el suplicio dejará de levantarse para ellos. Así es que para el homicidio con premeditación, el incendio y otros delitos, señalan las leyes en Inglaterra y en Francia la pena de muerte; y sin embargo, la mayoría de los sentenciados á sufrirla son perdonados por la Corona y obtienen conmutación de pena; por manera que en la práctica el último suplicio no se prodiga; subsiste en la ley, pero se modifica, los efectos de esta; se hace una abultada elección entre los motivados, pero no entregan al verdugo sino los mas corrompidos, aquellos cuya muerte se ha-