Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1867-05-30 00:00:00), página 32

extension de los referidos títulos, y á la cual deberán las respectivas Direcciones pasar la correspondiente nota con la misma fecha en que se hiciere aquellas nombramientos.

2.º Las autoridades de Ultramar cuidarán de que sea indispensable requisito para la toma de posesión de cualquier funcionario procedente de la Península, la presentación de su título, ordenando así mismo á los empleados residentes en las islas, que no lo hubiesen obtenido ya, que los adquieran inmediatamente.

3.º Se recomienda á dichas autoridades de Ultramar que al tenor de lo establecido en la Península por Real decreto de 8 de Agosto de 1851, y bajo las responsabilidades que el mismo determina, cuiden de no dar ni mandar dar posesión á empleado alguno, sin que en los Reales despachos é titulares, se hallen llenado antes todas las consignadas formalidades.

4.º Por los conocimientos que se dén á los interesados de sus nombramientos, se les prevendrá la precisión que tienen de adquirir sus títulos en la Cancillería, antes de dirigirse al punto de embarque, puesto que no podrán efectuar este si carecen de semejante requisito.

5.º Los interesados, para obtener sus títulos, han de justificar antes la aptitud legal que con arreglo al citado Real decreto de 3 de junio de 1866, les dé derecho al nombramiento que se les confiere.

6.º La presentación de dichos documentos, se verificará en la ordenación general de pagos de este ministerio, que cuidará de examinarlos, y pondrá en la carpeta con que deben ser acompañados, la orden de expedición del título, que pasará á la Cancillería. Las expresadas carpetas, en las que se haga expresión de que se presentan y son documentos los documentos que justifiquen la aptitud legal del empleado, quedarán en la ordenación para unirlas á los traslados de los nombramientos.

7.º La Cancillería, por su parte, cuidará bajo su responsabilidad, de no entregar títulos á empleados para Ultramar, ya sean de nueva entrada en la Administración ó ya procedan de la Península, sin que se hallen observados todos los requisitos y formalidades que quedan expresados.

8.º Los gobernadores de las provincias marítimas de la península y los cónsules de España en el extranjero, dejarán de facilitar el embarque á todo empleado que no exhiba su correspondiente título; entendiéndose que sólo en casos urgentes de reconocida utilidad del servicio, y precisa orden superior, que será comunicada á dichos gobernadores y cónsules, podrá prescindirse de aquella formalidad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 26 de marzo de 1867.—Castro.—Sr. Subsecretario de este ministerio.

De Real orden expedida por el ministerio de Hacienda se ha dispuesto:

1.º Que en el despacho de los tabacos de regalía practiquen las aduanas los reconocimientos necesarios para asegurarse de que los bultos no contienen otras mercancías, y que el peso bruto y el neto de los mismos, está conforme con el estampado en la declaración respectiva y en la póliza de América.

2.º Que un duplicado de la declaración en que la aduana expresará por nota aquella conformidad se remita con el género á la administración de Hacienda pública de la provincia tan luego como el consignatario solicite su despacho, cuya dependencia practicará el aforo y adecuado, y procederá á lo demás que corresponda con arreglo á las disposiciones vigentes.

3.º Que en el caso de que por consecuencia de faltas descubiertas en las operaciones anteriores al despacho procediese el comiso ó en el de abandono del tabaco por parte de los interesados, las aduanas, después de hecha la oportuna declaración en uno ó otro concepto, pasen el tabaco á las administraciones de Hacienda pública á fin de que se proceda á su venta y distribución de su importe según está previsto.

4.º Que en lo sucesivo se entienda que el plazo para que los interesados verifiquen el adeudo de los tabacos, es solo de quince días, contados desde el en que hayan entrado en los almacenes de la aduana; y trascurrido sin verificarlo, se considerará el género como abandonado.

Y 5.º Que cuando se impongan recargos por consecuencia de las operaciones practicadas, ya en las aduanas, ya en las administraciones de Hacienda pública, percibirán por mitad, la parte que de ellos corresponda á los empleados, ambas oficinas.

Por Real decreto que publica la Gaceta del 22 del corriente, se nombra segundo cabo de la capitana general de Puerto-Rico, al mariscal de Campo D. Rafael Primo de Rivera y Sobremonte.

Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E. número 21, fecha 23 del noviembre último, remitiendo copia de la instancia documentada de D. Vicente Carranceja, del comercio de esta capital, en solicitud de que se le autorice para llevar á efecto en la misma, la contratación de colonos chinos con destino á la isla de Cuba, la reina, que Dios guarde, ha tenido á bien resolver, que siempre que se asegure y acredite la libertad con que los colés celebran sus contratos, para lo cual ha de mediar en ellas el gobernadorcillo de chinos, y se llenen los demás preceptos del reglamento de 6 de julio de 1869, interviniendo la Administración pública de la misma manera y al mismo fin que en puerto extranjero, interpondrá el consejo S. M., según aquel reglamento, no hay inconveniente alguno en acceder á la solicitud de D. Vicente Carranceja, y que bajo las antedichas condiciones queda V. E. autorizado para concederla desde luego.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de abril de 1867.—Castro.—Sr. Gobernador superior civil de las islas Filipinas.

Por el correo de 30 de mayo debe salir de la Habana el Sr. Lara y Cárdenas, nombrado director general de Administración en la isla de Cuba, acompañándole un crecido número de empleados.

El Sr. Lara y Cárdenas, católico nacido en Córdoba, pasó á Puerto-Rico el año de 1851, si no nos es infiel nuestra memoria, para desempeñar el cargo de fiscal de S. M. en aquella Audiencia, ascendiendo poco tiempo después el puesto de regente en la misma.

Como magistrado, el Sr. Lara y Cárdenas dejó una buena reputación en aquella isla, tanto por su inteligencia como por su actitud y probidad.

Elevado al cargo de director en el ministerio de Ultramar, desempeñó ese empleo hasta que fué nombrado intendente de Filipinas, cuyo destino renunció, aceptando en cambio el de ministro en el Tribunal de Guajira del Reino, de donde ha sido trasladado á la Dirección general de Administración en la isla de Cuba, creada recientemente en virtud de las reformas económicas realizadas por el actual ministro de Ultramar.