Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1867-05-30 00:00:00), página 31

REVISTA HISPANO-AMERICANA.

dos paterno y materno del interesado, sus señas personales, su estado, profesión, ocupación ó empleo, la calle y casa en que habita ó la denominación de la vivienda si morase en hacienda, estancia ó paraje aislado, y el distrito municipal á que pertenece. El cabeza de familia firmará su cédula y las de todas las personas que estén bajo su dependencia, y el representante de la autoridad que las expida las autorizará con su firma y sello.

Art. 8.º La falta de cédula de vecindad será causa legal para la detención del vecino, y para la imposición de las multas ó penas á que haya lugar.

Art. 9.º Continuarán expedíendose pasaportes á los que o soliciten para viajar por Estados donde no se haya suprimido este requisito, presentando la cédula de vecindad en la forma correspondiente.

Art. 10. A los afrodis de guerra y de marina se aplicarán las disposiciones especiales de estos ramos en cuanto á la expedición de pasaportes.

Art. 11. No podrán salir de las islas los mozos sujetos al reemplazo del ejército de la Península ó al servicio de milicias en aquélla, aunque se hallen provistos de cédula de vecindad, si antes ó al efecto no prestan las fianzas ó garantías que para el caso se han determinado por las leyes vigentes.

Art. 12. Los gobernadores superiores civiles de las islas de Cuba y de Puerto-Rico adoptarán las medidas oportunas para el mejor y más exacto cumplimiento de este decreto.

Dado en palacio á 14 de mayo de 1867. Esta rubricado de la real mano.—El ministro de Ultramar, Alejandro Castro.

En atención á las razones expuestas por el ministro de Ultramar:

Visto el art. 1.º del decreto de 5 de diciembre de 1866, por el cual se convirtió en definitivo el permiso otorgado provisionalmente por real orden de 19 de junio anterior á Mr. Guillermo Smith, representante de la compañía telegráfica internacional oceánica, para fijar en un punto de la isla de Cuba el extremo del cable telegráfico submarino que ha de partir de las costas de la Florida, en los Estados Unidos:

Visto la condición 2.ª de las generales aprobadas por el decreto de 20 de febrero último, para el establecimiento y explotación de cables telegráficos submarinos entre las islas de Cuba, Puerto-Rico y las Canarias, y entre la primera de ellas y México, Panamá y las costas del continente sur-americano:

Visto lo solicitado con fecha 2 de marzo de 1867 por el representante de la citada compañía:

Considerando que no hay razón ninguna para establecer diferencias de tiempo entre permisos emanados de un mismo gobierno, una vez proyectada la línea general telegráfica submarina que ha de poner en comunicación el nuevo y antiguo continente enlazando nuestras posesiones de Ultramar en las regiones occidentales con los cables que apartan de Europa, ya arrancando de la Península, ya saliendo de Inglaterra para tocar en los Estados Unidos y gar por la Florida á la isla de Cuba, todo ello sujeto á un plazo común de 40 años como definitiva concesión de amarrar aquellos aparatos en nuestras costas y mares jurisdiccionales:

Considerando que en este concepto debe entenderse y cumplirse el art. 1.º del decreto citado de 5 de diciembre de 1866 para que en ningún tiempo sea mayor el período de duración de las concesiones que se hagan y refieran á los cables de Cuba, á Puerto-Rico y á Canarias, á México, Panamá y las costas de la América del Sur que el permiso otorgado á la Compañía telegráfica internacional oceánica;

Vengo en decretar lo siguiente:

"Artículo 1.º. El permiso para amarrar en las costas de la isla de Cuba los cables telegráficos submarinos á que se refiere el art. 1.º del decreto de 5 de diciembre de 1866, reputará como concesión definitiva hecha por el plazo de cuarenta años á la Compañía Telegráfica Internacional Oceánica, en los propios términos que la condición segunda de las generales de 20 de febrero último establece, para los que huyen de ser concesionarios en el curso autorizado por el decreto de la misma fecha.

"Art. 2.º Para los fines de su cumplimiento, se entenderá modificada, en el sentido del artículo anterior, la concesión del decreto de 5 de diciembre de 1866.

"Dado en Palacio á trece de mayo de mil ochocientos sesenta y siete.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Ultramar, Alejandro Castro.

Por el anterior correo se ha dirigido al gobernador superior civil de Cuba una Real orden importante. Encarga-se á dicha autoridad que se proceda con el mayor cuidado en la redacción y examen de los presupuestos y cuentas de los Ayuntamientos de la isla, procurándose con gran celo regularizar su contabilidad, á fin de evitar las irregularidades que se advierten en los estados anteriormente remitidos.

Los datos acerca de los ingresos de los Ayuntamientos por productos del impuesto directo sobre rentas, han de servir de base para conocer la riqueza imponible que ha de ser gravada á consecuencia del nuevo sistema de tributos. Según el resumen que se cita en la Real orden á que hacemos referencia, resulta que en el año de 1865-66, el 4 por 100 sobre la renta de fincas urbanas, produjo 1.583.391 escudos; el 2 por ciento sobre la renta de las fincas rústicas, 1.530.041 idem; las cuotas señaladas á la industria y comercio, 1.214.705, y 4 por 1.000 sobre el valor de los solares yermos, 6.140.

Con arreglo á estos resultados, calculase que el importe total de la renta de las fincas urbanas asciende á 38.184.220 escudos; el de las fincas rústicas, 78.398.390, y el importe total del valor de los solares yermos, 2.385.562.

La Gaceta del 18 del corriente publicó la Real orden que á continuación insertamos, comunicada con fecha 26 de marzo al subsecretario del ministerio de Ultramar.

Lmo. Sr.: Debido á observar en toda su integridad las prescripciones contenidas en el Real decreto orgánico de las carreras civiles de la Administración pública de Ultramar de 3 de junio último, y á fin de salvar las dificultades que hasta hoy se vienen ofreciendo, hácese ya indispensable ir fijando de una manera estable, clara y definida algunos puntos que pudieran dar lugar á dudas, evitando por consiguiente toda indebida interpretación, y determinando por último todas las responsabilidades que deban exigirse por falta de cumplimiento á lo establecido en el expresado Real decreto. La motivada lentitud en los respectivos escalafones, y la falta de esta hace necesario que por Real orden de 26 de Diciembre último se legalice á la vez dado por la ordenación general de pagos de este ministerio á los nombramientos hechos. Pero siendo indispensable que todos estos nombramientos se hagan con la justificación bastante para que no puedan realizarse pagos indebidos, ni se confieran categorías que no correspondan á los que las obtengan, la reina (q. D. g.) ha tenido á bien dictar las disposiciones siguientes:

1.º "La expedición de títulos de los funcionarios públicos de las provincias de Ultramar, será simultánea al nombramiento de los mismos, á cuyo fin deberá tenerlo así entendido la Cancillería, de este ministerio, encargada de la