Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-11-27 00:00:00), página 11

aherrojados al pisar el libérrimo suelo de Aragon: el ilustre Sepulveda, uno de los pocos teólogos españoles que fueron parciales de la causa del despotismo, se maravillaba y se indignaba en su historia latina de Carlos V, de que el equipaje de este renombrado emperador fuese registrado como el de cualquier ciudadano al penetrar dentro del recinto de Zaragoza. Felipe II, con su espíritu tenaz y persistente en defensa de un despotismo severo y teocrático, llenó de luto y consternación a los aragoneses, al acordar el asesinato jurídico del Justicia Juan de Lanuza, y Felipe V llevó á su último término, después de la conquista de esta corona, la abolición definitiva de su régimen foral, político y administrativo.

Vamos, pues, á continuar la tarea que nos hemos propuesto, de dar una idea rápida y general de este sistema político, único en Europa, y que no me cansaré en repetir fué muy superior al régimen parlamentario de la Gran Bretaña.

¿Pero qué hay de comum entre el bill tan ponderado del Habeas corpus de Inglaterra, palladium de las libertades inglesas, con el célebre privilegio de la Manifestacion aragonesa? ¿Qué distancia no existe entre las vagas y generales prescripciones de la Magna carta del rey Juan, tan celebrada por el primer Pitt, ó conde de Chatham, y la Constitucion aragonesa, que florecía por el mismo tiempo bajo el nobilísimo y venturoso reinado de Jaime I el Sabio, autor de los fueros de Valencia, y del célebre Código marítimo del Consulado del Mare?

Porque es de notar, que si el juicio por sus pares ó la institucion del jurado, es tan antiguo en Inglaterra como la monarquía anglo-sajona, y que si la gran carta de Juan sin tierra proscrisbia los juicios y prisiones arbitrarias, el famoso bill del Habeas corpus, sancion y complemento verdadero de la seguridad individual, data de una época tan reciente como el reinado de Carlos II de Inglaterra, y aun no se extiende á los delitos más graves, mientras desde la institución del Justicia de Aragon en el reinado de Pedro II, ó sea en el principio del siglo xiii, todo aragonés que se sentía injustamente preso ó atropellado, tenía el derecho de acudir al Justicia, que en virtud del privilegio de manifestacion, breve y sumariamente conocía del negocio, y arrancaba de cualquier cárcel y de cualquier juez á todo ciudadano aragonés que se hallaba indebidamente preso. Vióse hasta qué punto era una verdad la seguridad personal en la antigua corona de Aragon, y hasta qué punto era omnipotente la autoridad tutelar del Justicia en el célebre proceso de Antonio Pérez, que antiguo ministro y valido de un rey como Felipe II, halló en los fueros y en el Justiciado de Aragon una protección eficaz contra la venganza y sangrienta persecución de aquel poderoso y temido monarca.

Porque el rasgo más especial de la Constitucion aragonesa, y el más firme palladium de su libertad, se halla en esta grande, sabia y admirable institucion del Justiciado. La libertad en esta antigua corona se había fundado, donde se fundó en Inglaterra cuatro siglos más tarde: en la justicia, y en la santa inviolabilidad e independencia de la corona, de los altos jueces del reino.—Hasta la ley fundamental de sucesión á la corona en la época de Jorge I, hasta lo que llaman los ingleses act of settlement en 1707, no se estableció esta independencia de los jueces ingleses, los cuales desde las disposiciones de este acto no pueden ser destituidos ni separados de sus funciones, sino en virtud de mensaje colectivo de las dos Cámaras, dirigido por las mismas al rey. En Francia y en España se ha creído que bastaba consignar en la Constitucion la inviolabilidad de la magistratura, y en ninguno de los dos países se ha podido lograr que ésta alcance el poderío y el prestigio que necesita para ser la verdadera defensora de la seguridad real y personal de los ciudadanos. En Inglaterra se ha observado desde Jorge I esta independencia e inviolabilidad, porque se la colocó bajo la salvaguardia y protección de las Cortes. Pues esto que los ingleses consiguieron después de dos revoluciones y al comenzar el siglo xviii, lo tenían los aragoneses desde el siglo xiv, y con garantías más especiales y sólidas que las que se hallan en la Constitucion inglesa.

El Justicia de Aragon no podía, según los fueros, elegirse de entre los magnates ó ricos-homes; y aunque el rey le nombraba, no tenía autoridad alguna para reconocerle. Su juicio y destitucion pertenecía única y exclusivamente á las Cortes de Aragon, pues nombraban comisarios especiales para residenciar sus actos; de suerte que el Justicia no se consideraba como la hechura del rey ó de la corte, sino como el magistrado del reino. Sólo por esta magnífica idea que los Justicias tenían de su autoridad, pueden explicarse esas anécdotas tan curiosas, y esos diálogos tan singulares, que los más célebres Justicias de Aragon tuvieron con sus reyes, oponiéndose siempre con respeto, pero con un valor y entereza dignos de un Catón ó de un Bruto, á las demasias ó injusticias de los soberanos de Aragon. El erudito y el buen patricio puede leer estas anécdotas en los preciosos Comentarios de Jerónimo de Blancas, y nuestros lectores formarán una idea exacta de lo que era esta gran institución del Justiciado aragonés, recordando que no sólo era el juez supremo de esta corona en las causas de subdito á subdito, ó de ciudadano á ciudadano, sino que era el árbitro y el magistrado supremo en las