Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-12-12 00:00:00), página 2

y siempre provechosa, es el Ayuntamiento: • que debe ensancharse la base de la ley de 27 de Julio de 1839, que establece un Ayuntamiento sólo en los pueblos que sean cabeza ó tenencia de gobierno, •dotando de Ayuntamientos á los pueblos ó agrupaciones de población que excedieran de una población de 1.000 almas ó 450 vecinos:• que «en el sistema electoral sería necesario igualar de una manera más equitativa la representación de las clases sociales:» y que solicitaría también «algun mayor ensanche para los Ayuntamientos en lo que se refiere á sus atribuciones, y en especial á las mejoras materiales de los pueblos.»

Estas son las bases que sienta el autor del folleto para la constitución del municipio, y creemos que sobre ellas se puede edificar mucho provechoso y estable. Dotados de Ayuntamientos hasta los pueblos de corta población; desapareciendo los jueces pédanos ó capitanes de partido, en lo que también conviene el autor del folleto: igualada en ellos la representación de las clases sociales por medio de una buena ley electoral: siendo así esas corporaciones verdaderamente populares, que es en lo que estriba la naturalidad, eficacia y provecho de su autoridad, y ensanchados los límites de sus actuales atribuciones, los municipios podrán conseguir su objeto, con lo cual se habrá dado un paso gigante, porque el municipio es la piedra angular del régimen interior de los pueblos; y en este punto, partiendo de esos principios, no creemos imposible llegar á un conveniente y saludable acuerdo.

Régimen provincial. El autor del folleto en este particular adopta un método aceptable, cuales el de asimilar en todo lo asimilable, y modificar sólo en lo especial que resulte del modo de ser, intereses y necesidades distintas de aquellas islas, con cuyo objeto trata de aplicar en ellas las leyes de España acerca del régimen provincial. Comienza diciendo que la isla de Cuba debe dividirse por lo menos en dos provincias que tuvieran por capitales á la Habana y Santiago de Cuba; y aunque nosotros creemos que debe dividirse en tres, según lo exige la constitución geográfica de la isla y según está dividida hoy y lo ha estado casi siempre, como el autor del folleto dice que debe ser dividida en dos por lo menos, creemos que este no sería motivo de disidencia.

En seguida, aplicando allá las leyes de la Península, y partiendo del decreto de 27 de Octubre de 1888 que creó el gobierno político en la ciudad de la Habana, quiere que se nombre también gobernadores civiles en todas las capitales de provincia, ampliándose sus jurisdicciones á todo el departamento ó provincia, para que, con entera separación del mando militar, aunque bajo la dependencia del gobierno superior de la isla, sean jefes superiores de todos los centros administrativos de sus respectivas provincias.

«De esta manera, dice, se llevará á cabo la separación en las personas, que tanto influye en la de las cosas en lo militar y en lo civil; se robustecerá la autoridad política, colocándola en personas más aptas por lo común para su desempeño, que los jefes puramente militares, consiguiéndose al mismo tiempo restringir y descargar á la vez las funciones administrativas del gobernador superior de la isla. Y con muy ligeras variaciones, concluye, y sustituyendo sólo en todo lo concerniente al efecto devolutivo y á la vía gubernativa el ministro del ramo respecto por el capitán general de la isla, á fin de que terminasen en ella los incidentes allí incoados, podría extenderse la ley de 23 de Setiembre al gobierno y administración de las provincias de Cuba.»

Hé aquí consignados los principios de la separación del mando militar y el civil: de la preponderancia ó robustecimiento de este último; de la restricción ó descargo de las funciones administrativas del capitán general, y de la descentralización de la administración, sustituyendo á dicho capitán general en lugar del ministro del ramo en los negocios á que se refiere, á fin de que terminen en aquellas islas los incidentes en ellas incoados. Señalamos también estos principios reconocidos, porque pueden servir de mucho en las posteriores aplicaciones.

Ahora, en cuanto á la constitución de las diputaciones y consejos provinciales, el autor del folleto cree que «de las dos instituciones deberá formarse una sola, en la cual se resumiesen las facultades de ambas, siendo á la vez cuerpo administrativo de los bienes de la provincia y cuerpo consultivo para el gobernador en todos los ramos de la administración, y tribunal contencioso para las providencias de éste que causaren estado.» Nosotros añadimos: ¿No podrán estas corporaciones, como los Ayuntamientos, disponer por sí solas de cierta cantidad, sin necesidad de expediente aprobatorio, para evitar dilaciones? Además de cuerpo consultivo, ¿no deberían tener la correspondiente iniciativa para proponer al gobernador todo lo que creyeran conveniente á la provincia, y contra la negativa del gobernador, darles recurso al superior respectivo? Cuando se expongán los inconvenientes que pueda haber para esto, los examinaremos y juzgaremos.

Y por último, en cuanto al origen ó procedencia de los individuos que han de componer estas corporaciones, el autor del folleto no quisiera que fueran de elección popular, ni de elección de los Ayuntamientos, sino que la ley señalará el número suficiente de personas que por su posición, categoría ó destino, fueran consejeros natos que representaran la provincia, con lo que dice que los administrados