Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-07-27 00:00:00), página 24

en otra parte, allí era donde debía residir también la Audiencia, para no estar separada constantemente de su presidente.

Así se verificó, y las consecuencias fueron las que eran de preverse. Los gastos se aumentaron tanto más, cuanto mayor era la diferencia entre la capital y la provincia. Los sueldos de los oidores, que en Puerto Príncipe sólo eran de 3.300 duros, ascendían en la Habana á 6.000, y 10.000 los del regente; el edificio para las oficinas del tribunal, que nada costaba al Erario en Puerto-Príncipe, cuesta en la Habana una suma considerable, 6.000 duros; y como al mismo tiempo se aumentó, sin necesidad á nuestro juicio, el número de oidores, resulta que el presupuesto de la Audiencia, que en Puerto-Príncipe apenas pasaba de 50.000 pesos, asciende hoy en la Habana á la enorme suma de 123.770, sin contar otros gastos anexos.

A nosotros no nos asusta la ascendencia de las sumas, por más numerosas que sean, si se invierten en beneficio público; y si la permanencia de la Audiencia en la Habana fuera provechosa á aquellos habitantes, daríamos por muy bien empleadas las mayores erogaciones que esa traslación exigiera; pero es cabalmente todo lo contrario. La permanencia de la Audiencia en la Habana, no sólo es infinitamente más costosa, no sólo es insuficiente ese gran aumento de gastos, sino que, lejos de ser provechosa para aquellos habitantes, les infiere perjuicios de tanta consideración, cuanto que les coloca la justicia fuera del alcance de sus medios y de sus necesidades.

La vida en la Habana es tan cara ó más quizá que en todas las ciudades del mundo; y de aquí resulta que ni los sueldos de los oidores, á pesar de ser tan crecidos, son suficientes, ni los litigantes pueden acudir allí en seguimiento de sus pleitos, sin exponerse á arruinarse ó á gastar más de lo que litigan, viéndose por tantó obligados las más veces á abandonar sus derechos y sus recursos con gravísimo daño de sus intereses.

Los oidores que tengan familia no pueden vivir sino estrechamente en la Habana con los sueldos que disfrutan; y los que no la tienen se suelen ver precisados á vivir de huéspedes, ó como estudiantes en unión con otros, careciendo de carruajes, ó teniendo que adquirirlos de lance para proveerse de un mueble que en aquellos países es de primera necesidad para cierta clase de personas; todo lo cual, cede en mengua del prestigio y decoro de que deben estar rodeados aquellos magistrados por la alta é importante posición que ocupan, la cual, aunque superior, muchas veces no puede compararse ni aún con la de los abogados que gozan, no del mayor crédito, sino de un crédito regular en aquella capital de la isla. De consiguiente, los sueldos de los oidores en la Habana, á pesar de ser tan crecidos, son insuficientes.

Por estas mismas razones, los abogados y demás curiales necesitan mayores emolumentos. Cuando la Audiencia estaba en Puerto-Príncipe, como el lucro lícito era suficiente para cubrir necesidades morigeradas, un pleito ordinario, después de correr todos los trámites legales, no pasaba generalmente de ciento ó doscientos folios; al paso que en la Habana, las exigencias de las necesidades ó de la intemperancia multiplican de tal manera las instancias y recursos más ó menos maliciosos, que generalmente un proceso antes de concluirse es tan voluminoso, que no puede ser trasportado sino en carruaje por el escribano ó su dependiente á la casa del juez, desde sus oficinas.

Cuando la Audiencia estaba en Puerto-Príncipe, el abogado cobraba por un informe en estrados doce, diez y seis, ó cuando más veinticinco duros; y hoy en la Habana, no contrayéndonos á casos en que se han exigido hasta cinco mil duros, porque esto no pasa de ser un abuso punible, lo regular es cobrar nueve onzas, ó sean ciento cincuenta duros, por un informe simple, siendo muy frecuente multiplicar esta cantidad según la importancia y calidad del asunto. Agreguese á esto que un habitante de lo interior tiene que gastar en la Habana, sólo para vivir, tres ó cuatro veces más de lo que gasta con toda su familia en el pueblo de su provincia, y se vendrá en conocimiento de que raya en lo imposible que un litigante de fuera de la Habana se traslade á la capital en prosecución de su recurso.

Y las consecuencias de este estado de cosas tampoco necesitamos exagerarlas, porque saltan á la vista. Siempre se ha dicho que la buena administración de justicia es una necesidad tan apremiante, que la sociedad que la disfrute, encuentra en los tribunales bien organizados una gran compensación de los males que por otras causas le sobrevengan. Y tal es la verdad; porque, así como de nada sirve que los individuos tengan grandes facilidades de adquirir y de gozar, si sus personas y propiedades no están seguras bajo el amparo de las leyes; así por el contrario, en un país, aunque pobre y atrasado, donde se halle bien organizada la administración de justicia, el individuo se consuela con la seguridad de que su persona, con lo poco que adquiera y que disfrute, se halla al abrigo de las acechanzas de la rapacidad, de la astucia ó del crimen.

La isla de Cuba se halla en el primer caso. La prodigiosa fertilidad de su suelo produce bienes en abundancia que no se explotan como se debiera, pero que se esparcen con prodigalidad y holgura;