Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-07-12 00:00:00), página 33

POLÍTICA ULTRAMARINA.

SUPLEMENTO AL NÚMERO DEL 12 DE JULIO DE 1866.

LA ESCLAVITUD POLÍTICA A QUE LAS PROVINCIAS DE ULTRAMAR FUERON CONDENADAS POR EL GOBIERNO Y LAS CORTES CONSTITUYENTES EN 1837, FUE UN ACTO ANTICONSTITUCIONAL Y NULO.

CARTA
al Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, ministro de Ultramar.

París y Junio 15 de 1866.

Excmo. Sr.: V. E. estudia las cuestiones de Ultramar, y para mejor estudiarlas, el Gobierno ha mandado por el Real decreto de 25 de Noviembre próximo pasado, que se abra en Madrid una Información. Yo no sé si esta llegará á efecto, pero es posible que haya motivos que la impidan. Tampoco sé si, en caso de que se trate de los derechos políticos de Cuba y de Puerto Rico, lo que bien esto se da á entender en el mencionado Real decreto. V. E. dijo en el discurso que pronunció en el Senado el 24 de Marzo, que la Información solamente sería un acto administrativo. Pero de cualquier modo que sea, yo suplico á V. E. que me dispense el honor de leer el siguiente artículo que ahora publo, y de considerarlo como la primera pieza que debe figurar ante la Junta de Información.

Es de V. E. con el más profundo respeto su atento servidor Q. B. S. M.

JOSÉ ANTONIO SACO.

En medio de las delicadas circunstancias en que hoy nos encontramos, se me permitió volver los ojos atrás para examinar, bajo un punto de vista enteramente nuevo, hechos que pasaron hace treinta años ha. De la exclusión de los habitantes de las provincias de Ultramar, y del despido de los derechos políticos que ellos están sufriendo desde 1837, responsables fueron el Gobierno y las Cortes constituyentes de aquella época, pues así quedó como éstas, quechaban escandalosamente la Constitución de 1812 que acababan de jurar.

Una triste experiencia enseña, que no hay hombres que ultrajen á la humanidad con más desprecio, ni que atropellen las leyes y la libertad con más insolencia, que los revolucionarios que se erigen en regeneradores de la humanidad, y en defensores de las leyes y de la libertad. Esto, como otras veces, se vio en España con los acontecimientos que cayeron sobre las provincias de Ultramar en 1837.

Elevado al poder el partido progresista por la revolución que hizo en 1836, el ministerio que salió de ella infrigió desde sus primeros pasos el Código fundamental que había jurado; y lo infrigió, no para consolidar la libertad, sino para hacerla española, sino para esclavizar á una parte importante de ella.

El primer acto con que la revolución celebró su triunfo, fué el Real decreto de 13 de Agosto de 1830 por el que se mandó restablecer la Constitución de 1812. Concluido este decreto en términos absolutos, abrazaba toda la monarquía, y tan aplicable era á las provincias de aquéndose como á las de allende los mares. Sin excepción de ningún país, habló también la reina gobernadora en el manifiesto que publicó á la nación, en 22 de Agosto del mismo año. «Yo, María Isabella, hija aquella soberana, yo he jurado también, y mandado, restablecer en todo el reino la Constitución de 1812.... Así vuelvo á ser fundamental del Estado lo que en otro tiempo lo fué».

Con menosprecio de este manifiesto y de aquel Real decreto que ninguna excepción ni restricción contenían, el ministerio, arrancando la firme á la angustiada reina que en calidad de regente ocupaba entonces el trono, mandó en 19 de Agosto de 1830, que no se promulgará en las provincias de Ultramar la Constitución que se había publicado y jurado en la Península. ¿Pero pudo el Gobierno dictar una orden de tal naturaleza? ¿De ninguna manera.

El artículo I.º de aquella Constitución, dice: «La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Si pues la Constitución de 1812 se mandó publicar y jurar en la nación, ó en todo el reino, que es lo mismo; si esa Constitución ordenó á ser ley fundamental del Estado; y si esta ley fundamental fue, como siempre es, superior á la voluntad de todos los ministros y monarcas, evidente es que el poder ejecutivo no pudo suspender la publicación de aquel Código en las provincias ultramarinas. Esta Real orden fue anticonstitucional y nula, porque se contradecía la privación de todas aquellas provincias de los derechos que la Constitución les concedía, y cuyo goce entraban virtualmente con sólo el hecho de haber sido ella restablecida, pues su simple promulgación bastaba para que todos los españoles de ambos mundos entraseen de nuevo dentro del círculo de la ley fundamental, de esa ley común á todos ellos, y de la cual ninguno poder, y mucho menos el ejecutivo, pudo privarlos ni un instante. Enorme fue la culpa que entonces cometió un ministerio que se jactaba de empeñadamente liberal, y, si los diputados ultramarinos hubieran llegado á sentarse en las Cortes su primer pleno, hubiera sido acusarlo de infractor de la ley fundamental del Estado, aunque estoy convencido de que hubiera quedado impune.

Ni consistió todo su pecado en esta grave infracción; que al mismo tiempo siguió una conducta contradictoria y tortuosa, pues en la misma Real orden en que prohibió que se publicase la Constitución en las provincias de Ultramar, en ese mismo momento que se hacía, en virtud de lo cual, se nombraba de ellas las elecciones para el poder Extraño modo de proceder; porque al pasar que se negaba el principio, se admitían las consecuencias. La Constitución era un comodín para el ministerio, pues la aceptaba á la rechazaba según su antojo y capricho.

Injusto con la América, y perjurio hició el Código fundamental, fué también aquel ministerio, porque en la convocatoria que para las Cortes constituyentes publicó el 21 de Agosto de 1830, cometió doble infracción. La primera atentando á la base de la representación para el nombramiento de diputados, y la segunda, sirviendo de esta misma alteración para aumentar el número de representantes en las provincias de la España europea, y disminuirlo en las de la España ultramarina.

El artículo 31 de la Constitución de 1812 establece, que por cada setenta mil almas se nombre un diputado; pero ese ministerio, contrariando abiertamente el artículo anterior, mandó por el 2.º de su convocatoria, que todas las provincias de la Península y las islas adyacentes, incluyendo la de Cuba, por cada cincuenta mil almas, como lo dispone el artículo 32 de la citada Constitución, que si en algunas de las provincias resulta el exceso de más de treinta y cinco mil almas, se elija un diputado más, como si el número llegase á setenta mil. ¿Pero qué hizo aquel ministerio? Mandar por el artículo 3.º de su convocatoria, que la provincia en que hubiese un exceso de veinticinco mil almas, nombrase un diputado más. La confrontación de los dos artículos de la convocatoria con los de la Constitución, demuestra claramente que el famoso ministerio progresista se burlaba á su antojo del mismo Código que acababa de jurar.

Pero no es esto lo peor: esto, si, que mientras dio á las provincias de la Península y islas adyacentes un diputado por cada cincuenta mil almas, á las provincias de Ultramar les mutiló su representación. Trascribamos el artículo 20 de la convocatoria:

«A fin de facilitar las elecciones en las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y de que sus diputados concurren á las máximas Cortes lo más pronto posible, se verificarán las elecciones del mismo modo que se hicieron las de procuradores á las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real y Reales órdenes posteriores; pero el número de diputados y suplentes que en cada provincia se han de nombrar, será el mismo que se nombró para las Cortes de los años de 1820 y 1822.»

De este artículo aparece: 1º Que para las provincias de Ultramar no se aplicó la base de cincuenta mil almas, como para la Península y islas adyacentes; y que no apil-