Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-07-12 00:00:00), página 37

cicio de estos derechos; y no siendo superior, ninguna pudo privar á otra de su representación en Cortes, ni mucho menos apoyarse en la fuerza para arrancarles violentamente todos los atributos esenciales de la libertad, que á cada una de ellas había dado la misma Constitución. Y tan espantosa libertad lo cometió, no una mayoría de los diputados de la nación, pues que la nación se compone de todos los pueblos capaces de ambos hemisferios, sino de un número de miembros apenas representados, sino tan sólo la mayoría de los diputados de la Península; la cometió, no contra una sola provincia de la monarquía, sino contra todas las del otro lado de los mares; y la cometió, en fin, no contra aquellas que se hubiesen sublevado alguna vez, sino contra las que en la prospera época de la adversa fortuna de la metrópoli siempre se le han mantenido fieles. ¿Qué habrían pensado Aragón, Cataluña y Asturias si una mayoría de diputados americanos hubieran despojado las provincias de sus libertades? ¿Qué hubieran hecho en la gran ciudadidad que tocaban á las puertas de las Cortes, sin arrojándolas de ellas, y culminando á sus dignos electores? Aquéllas provincias, sin duda, habrían tenido derecho de repeler la fuerza con la fuerza; pero debiles las de Ultramar, sufrieron en silencio el ominoso yugo que se les impuso.

Segunda nulidad. Si fueron nulos aquellos actos de las Cortes por falta de autoridad, sino también por el modo en que los mismos procedieron, atropellaron todos los trámites que la misma Constitución prescribe para la votación ó reforma. Tan escrupulosos fueron sobre este punto los autores de aquel Código, que en el discurso preliminar que le precede, dijeron: «Los trámites por que debe pasar la proposición de reforma, después de aprobada en las Cortes hasta su final otorgamiento, han parecido necesarios, atendida la naturaleza y trascendencia de la ley fundamental.»

Y esto resulta tan necesario á esos trámites, no sólo se recomienda para los artículos fundamentales, sino aun para los puramente reglamentarios, como lo manifiestan aquellas palabras del artículo 375: «no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos.»

Aun suponiendo, lo que no es admisible, que aquellas Cortes hubiesen podido reformar o alterar la Constitución, privando de diputados y de todos sus derechos políticos á las provincias de Ultramar, nunca habría sido, sino simplemente extramuros del poder ejercido por la misma Constitución. He aquí el artículo 16 del 8º: «Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Constitución deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada á lo menos por veinte diputados.»

Ahora bien: la proposición para excluir de diputados á las provincias de Ultramar, y privarlas de todos sus derechos, ¡fue apoyada y firmada á lo menos por veinte diputados! No por cuarto. Transcribamos el primer párrafo del Informe de la Comisión especial nombrada por las Cortes sobre los puntos indicados. Dice así:

«La Comisión especial encargada de informar á las Cortes acerca de la propuesta, que respecto á las provincias de Ultramar hizo el Sr. Sancho en la sesión secreta de 16 del pasado Enero y fue aprobada, creyó que para poder ilustrar tal Congreso con la detención conveniente, y al tenor no sólo de la misma proposición, sino de algunas indicaciones hechas en la misma sesión, acerca de si convenía o no que las provincias de Ultramar fuesen representadas en las presentes Fútburas Cortes, debía conferenciarse y entenderse en la Comisión encargada de preparar y presentar el proyecto de Constitución.»

La lectura de este párrafo manifiesta, que la Comisión especial y las Cortes que la nombraron, infringieron la Constitución:

1.º Porque la proposición á que en ese párrafo se alude, se hizo en sesión secreta, y no públicamente, como lo manda la misma Constitución en varios de sus artículos, y especialmente en el 2º, que dice: «Hecha esta declaración (de la necesidad de la necesidad de reforma), se publicará y comunicará á todas las provincias.»

2.º Porque esa proposición fue presentada por un solo diputado, y no por los veinte, á lo menos, que prescribe la Constitución.

3.º Porque sí se alega, como se alegó en las Cortes, que el Sr. Sancho no hizo proposición formal, sino una simple indicación, en virtud de la cual las Cortes nombraron una Comisión que tuviese sobre esos puntos, entonces esa Comisión, si hubo proposición como explica la Constitución, sino simplemente, informe, y no informe, me, ni se puede considerar como una proposición, ni aun cuando se le quiera dar tal carácter, llenó los requisitos constitucionales, puesto que los miembros que componían aquella Comisión, no fueron más que diez y seis, número inferior al de veinte que por lo menos debieron intervenir.

Tercera nulidad. El artículo 378 dice: «La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de días de una lectura á otra, y después de la tercera se deliberará si ha lugar á admitirla á discusión.»

Ya he probado que no hubo proposición; mas aun suponiendo que se considere como tal el informe de la Comisión especial, ¿ha habido tres lecturas? ¿Se hizo con el intervalo de seis días de una lectura á otra? Y después de la tercera, ¿se deliberó si hubo lugar á admitirla á discusión? No por cierto. El informe se leyó en las Cortes el 7 de Abril de 1837, y después de esta lectura, que fué la primera y la última, se procedió en el mismo día, no á deliberar si el informe se había de admitir á discusión, sino á deliberar sobre el contenido, sobre el fondo mismo de él.

Cuarta nulidad. Esta la presenta el artículo 379 que inicia la siguiente sección:

«Admitido á discusión (la proposición de reforma), se procederá en ella, bajo las mismas formalidades y trámites que se prescriben para la formación de las leyes, después de las cuales se propondrá á la votación si ha lugar á tratarse de nuevo en la siguiente diputación general, y para que así quede declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.»

¿Cómo procedió en nuestro caso bajo las mismas formalidades y trámites que se prescriben para la formación de las leyes? ¿No fueron los trámites y trámites que consignados en los siguientes artículos de la Constitución:

Artículo 131. «Dos días á lo menos después de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por segunda vez, y las Cortes deliberarán si se admite ó no á discusión.»

Artículo 134. «Admitido á discusión, si la gravedad del asunto requiere, á juicio de las Cortes, que pase previamente á una Comisión, se ejecutará así.»

Artículo 135. «Cuatro días á lo menos después de admitido á discusión el proyecto, se leerá tercera vez, y se podrá señalar día para su votación.»

Esto manda la Constitución de 1812 que se hiciese en toda proposición de reforma acerca de ella; pero ya he manifestado, que no hubo proposición; y que el informe, si se quiere considerar como su equivalente, se empezó á discutir el mismo día en que se leyó por primera vez.

También exige el artículo 379 ya citado, que después de guardarle todas las formalidades y trámites referidos, se proporcione á la votación, si ha lugar á tratarse de nuevo en la siguiente diputación general. Mas si ello jamás se propuso, ni menos aún se votó el negocio para la siguiente diputación general? Las discusiones y las actas de aquellas Cortes en 1837 responden que no.

Quinta y sexta nulidad. Estas dos nulidades aparecen de los dos siguientes artículos:

Artículo 380. «La diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas sus partes, podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, convocando en ello las dos terceras partes de votos, que ha habido un fortalecimiento de poderes especiales para hacer la reforma.»

Artículo 381. «Hecha esta declaración, se publicará y comunicará á todas las provincias, y según el tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la diputación próxima inmediata, ó la siguiente á ésta, la que ha de tratar los poderes especiales.»

Ahora pregunta yo. ¿Cuándo aquellas Cortes privaron de los derechos políticos de Ultramar, ¿cuándo las provincias de Ultramar en 1837, cuando se trataron los trámites especiales prescritos en los dos artículos anteriores? Para sostener que no, basta recordar, que aquellas Cortes se reunieron el 24 de Octubre de 1836, que sólo entonces fué cuando ellas trataron por primera vez de hacer reformas ó alteraciones en el Código fundamental de 1812, y que en Abril de 1837 ya habían trasnortado á su antojito toda la Constitución, para hundirla en la esclavitud á los pueblos ultramarinos.

Todas estas nulidades no se pueden justificar ni aun invocando la fuerza de la necesidad, porque ninguna había para precipitar de un modo tan violento y escandaloso el despojo de los derechos políticos de que gozaban las provincias de Ultramar, sobre todo cuando esta estaba vigente para las demás de la monarquía aquella misma Constitución.

Séptima nulidad. Si aquellas Cortes, por consideraciones que yo no pretendo aquí discutir, se decidieron á saltar por encima de todos los trámites prescritos por la Constitución para su reforma, ninguna hubo, ni se halló en las infracciones que cometieron respecto al número de votos que ella exige sum para sus más leves alteraciones. Estos votos deben ser las dos terceras partes, según se ha