Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-11-27 00:00:00), página 13

tura, como ahora diríamos, había un juicio de grenges ó agravios. Instruianse estos procesos en las Cortes, e instruíanse ante el Justicia, que no era propiamente tan el verdadero juez de ellos, puesto que se hallaba obligado á tomar y respetar el consejo ó parecer de los Brazos, y decidir con arreglo á él, habiendo en estos juicios de grenges la singularidad bien notable de que el rey era simplemente una parte, ó más bien un juez, que debía dar por escrito su parecer sobre cada grenge, como lo hacían los diversos Brazos. Aquí de nuevo aparece la excelencia de la Constitución aragonesa. La justicia, es decir, la más grande y sublime de las cosas de la tierra, no la ejercía el rey; la ejercía el reino por medio de sus Brazos y de su gran institución política del Justicado.

La segunda particularidad de la Constitución de Aragón, es que los reyes no disponían tampoco de los impuestos públicos, ni de su distribución.

Los monarcas aragoneses tenían su patrimonio especial, que consistía en los antiguos derechos feudales ó senoriales; pero los impuestos públicos, que eran necesarios para atender á las diversas necesidades del Estado, al ejército, á la marina, etc., no sólo los votaban las Cortes, sino que los administraban las Cortes por medio de sus diputaciones ó generalidades.

Así y sólo así se comprende el santo entusiasmo de los aragoneses por sus venerandos y sapiéntimos fueros; y ya no extrañarán nuestros lectores que, sin espíritu alguno de vanidad nacional, y guiados sólo por la más severa imparcialidad, hayamos afirmado al principio y repitamos ahora como digna conclusión de este artículo, que la Constitución de Aragón fue infinitamente superior á la Constitución inglesa.

FERMIN GONZALO MORON.

REFORMAS EN ULTRAMAR

CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

La importante Información que actualmente se verifica en los salones del ministerio de Ultramar fué autorizada, como saben nuestros lectores, por el Real decreto de 28 de Noviembre de 1863. Su primer artículo establece los tres objetos de la Información en los términos siguientes:

•Artículo 1.º Se autoriza al ministro de Ultramar para abrir una Información:
  • 1.º Sobre las bases en que deban fundarse las leyes especiales, que al cumplir el art. 80 de la Constitución de la Monarquía española, deben presentarse á las Cortes para el gobierno de las provincias de Cuba y Puerto-Rico.
  • 2.º Sobre la manera de reglamentar el trabajo de la población de color y asiática, y los medios de facilitar la inmigración que sea más conveniente en las mismas provincias.
  • 3.º Sobre los tratados de navegación y de comercio que convenga celebrar con otras naciones, y las reformas que para llevarlos á cabo deban hacerse en el sistema arancelario y en el régimen de las aduanas.

No sabemos lo que sobre estos tres puntos opinarán los señores comisionados y vocales que constituyen la Junta informativa de Ultramar, ni aun cuando lo supiésemos, podríamos revelarlo al público; pues el Gobierno se ha reservado la facultad de señalar la oportunidad en que deba publicarse el resultado de sus trabajos.

Pero si nos creemos obligados, como periodistas vivamente interesados por la prosperidad de nuestras Antillas, á estudiar concienzudamente las importantes cuestiones comprendidas en el Decreto de 25 de Noviembre, y á contribuir con nuestros esfuerzos á ilustrar la opinión pública sobre los derechos y las necesidades de las provincias españolas de América.

Siguiendo el orden lógicamente establecido por el Decreto mencionado, debemos ante todo preguntarnos: ¿Cuáles son las bases en que deban fundarse las leyes especiales promulgas en el art. 80 de la Constitución para el gobierno de Cuba y Puerto-Rico?

En nuestro concepto, estas bases deben ser las siguientes: 1.º Las leyes especiales de las Antillas deben garantizar á los españoles americanos la posesión y el ejercicio de todos los derechos políticos que corresponden por la Constitución á todos los españoles.—2.º Las Antillas españolas, por sus peculiares circunstancias, necesitan una gran descentralización para los asuntos económicos y administrativos.

Tales son, expresadas en términos generales, las dos bases fundamentales en que debe descansar, á nuestro juicio, la especial legislación de nuestras Antillas; pero no basta formularlas; es indispensable demostrar su necesidad y su justicia.

Que los españoles americanos deban ejercer los mismos derechos políticos que los españoles europeos, es cosa tan evidente como un axioma de matemáticas. En efecto, los españoles de allende el Océano son tan españoles como los de aquéndez, y nunca podremos comprender que el haber nacido ó el haber nacido en Galicia ó en Cuba, en Cataluña ó en Puerto-Rico, sea causa suficiente para determinar una diferencia entre los derechos políticos correspondientes á los miembros de la nación española.

Toda nacionalidad es en nuestros días una asociación de individuos que viven bajo unas mismas instituciones fundamentales destinadas principalmente á asegurar la vida, la propiedad y la libre actividad de los asociados, imponiendo á todos idénticos deberes, y otorgando á todos idénticos derechos. El derecho y el deber son en la vida nacional, como en la vida privada, términos estrechamente correlativos, de tal manera que el fiel cumplidor de los deberes nacionales puede con perfecta justicia exigir los derechos correspondientes, y por la inversa una nación cualquiera que niegue á algunos de sus miembros los derechos concedidos á todos los demás, no puede reclamarles sin palmaria injusticia el cumplimiento de los deberes nacionales.

Cuba y Puerto-Rico son provincias españolas, han cumplido siempre y cumplen ahora todos los deberes que en nombre de la Nación española les han marcado sus gobiernos; dispuestas están á cumplir también las nuevas obligaciones que legiti-