Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-06-12 00:00:00), página 42

comandar á sus sucesores el amor y protección de los indios.

Es pues una necesidad apremiante y una reforma necesaria para el buen régimen de nuestras provincias ultramarinas, la desaparición completa del régimen militar: el gobernador general debe ser un hombre civil, y deben abolirse los partidos militares y sus comandantes ó gobernadores, sustituyéndolos con jueces de primera instancia ó jueces de paz, revestidos de todas las funciones que hoy desempeñan aquellos.

Hay un periodo en todos los pueblos y en todas las civilizaciones en que el régimen militar es necesario: es el periodo de la infancia de los pueblos; este periodo no puede ni debe existir en Cuba y Puerto-Rico sin desdoro e ignomonia para sus naturales, y sin oprobio ó injusticia para el Gobierno de la metrópoli.

Es otra de las primeras necesidades recomendada por altas razones políticas y económicas, que el gobierno de Cuba y Puerto-Rico se consoliden y se fundan en uno. Ni la distancia, ni los obstáculos naturales, son de tal magnitud ó importancia que se puedan mantener por más tiempo para nuestros generales esos dos símberos llamados gobernadores ó capitán generales de Cuba y Puerto-Rico. Uno sólo debe ser el gobernador general de nuestras Antillas, siquiera todos los negocios, como no sean los de suma gravedad y trascendencia, deben ultimarse por las autoridades residentes en Puerto-Rico.

Con estas dos grandes reformas deben coincidir otras que las perfeccionen y completen. Debe existir en cada isla un Consejo supremo, elegido en sus dos terceras partes por los ayuntamientos principales y los más ricos propietarios y comerciantes, y nombrado en lo restante por el gobernador general, el cual debe renovarse por mitad cada tres años, el cual esté encargado de examinar los presupuestos de cada Antilla, y dirigir todas las peticiones que guste al Gobierno supremo sobre todos los ramos de la administración pública. Con esta reforma, la más importante y provechosa de todas cuantas pueden decretarse sobre el gobierno de Ultramar, no sólo se daría una justa y legítima satisfacción á los deseos y á los derechos de los cubanos y puerto-riquenos, sino que el Gobierno de la metrópoli tendría para resolver todas las cuestiones el doble punto de vista de sus autoridades (que es hoy el único decisivo) y el de los pueblos.

Consecuencia de este régimen debe ser la reforma de la organización judicial. Las Audiencias deben quedar reducidas á las funciones que ejercen en España, y deben por lo mismo introducirse los gobernadores civiles, no bajo ese estrecho y mezquino sistema del gobernador de la Habana, que es un mero corregidor, sino bajo la organización y facultades que tiene esta autoridad en la Peninsula. Entonces, y sólo así, desaparecerían los últimos vestigios de esa absurda dominación militar, que es una vergüenza para nuestro país, como nación colonial, y que es un oprobio y un insulto para los ilustrados y fieles habitantes de nuestras provincias ultramarinas.

III.

Resuelta la cuestión de harinas, y expuesta nuestra opinión en cuanto á las reformas políticas que urge introducir en nuestras Antillas, vamos á consagrar algunas líneas á la administración central provincial y municipal de las mismas.

Merece el primer lugar, por su importancia, la desaparición completa y judicial del régimen militar en nuestras Antillas, y la abolición de esos comandantes y gobernadores de partido, cuyas funciones deben pasar á los alcaldes, jueces de paz y jueces de primera instancia. Esta es la asimilación cuyo planteamiento es más urgente. A la generalidad puede interesar que Cuba y Puerto-Rico envíen sus diputados á las Cortes, ó tengan una Asamblea colonial con facultades deliberativas y consultivas mas ó menos restringidas. Pero á todos interesa hallar una justicia humana, pronta y entendida, y encontrar la protección á que todo ciudadano tiene derecho respecto al Estado.

El consejo contencioso-administrativo y la secretaría general del gobernador, deben admitir en su seno personas que no sólo conozcan el país, sino que tengan la confianza del país. Una tercera parte de los consejeros y una tercera parte de los jefes de sección de la secretaría general, debe nombrarse, no por el ministro de Ultramar, sino por el gobernador, a propuesta en tema de tres delegados, nombrados cada tres años por el cuerpo electoral político, ó por una elección de dos grados, para facilitar el mecanismo de la elección.

Una vez introducida esta reforma, la autoridad superior se ve rodeada de mayor prestigio, y puede resolver los negocios con una copia de datos y de instrucciones de que hoy carece; porque es necesario decirlo en voz alta: así el Gobierno supremo de la metrópoli, como el gobernador general, hoy no tienen mas que un criterio y un punto de vista para resolver las cuestiones ultramarinas; el criterio y el punto de vista de las ideas é intereses de la Península. Esto es injusto y absurdo; pues que se trata de nuestras provincias de Ultramar, debe prevalecer en cuanto á ellas concierne: 1º, la imparcialidad y la justicia; 2º, la satisfacción de las necesidades, de las ideas y de los intereses de los gobernados. Toda otra conducta, por más que se la disfrazé con el falso nombre de interés nacional, no es más que aplicar la absurda máxima de que los gobernados deben ser para el Gobierno, y no el Gobierno para los gobernados.

Respecto á la administración central hay poco más que hacer, puesto que se hallan separadas las funciones de gobierno y de lo contencioso-administrativo de las Audiencias, y puesto que las funciones económicas ó rentísticas se hallan delegadas á la superintendente general. Creo, sin embargo, muy conveniente, que el mando superior de las dos Antillas de Cuba y Puerto-Rico se halle concentrado en una sola persona, en el gobernador general de Cuba, y que éste se halle investido en todo lo que no sea meramente judicial, así del veto sobre todos los tribunales y autoridades, como del de avocar y resolver en última instancia todos los negocios de grave y suprema importancia que puedan convertirse en altas cuestiones de orden público. Pero esta opinión no nos impide reconocer la necesidad de que se resuelva la limitación de las facultades del gobernador general en todas las cuestiones de gobierno y administración, que las leyes y prácticas antiguas conferían á los acuerdos de las Audiencias. Hoy el capitán general de Cuba, como el de Puerto-Rico y Filipinas, es un rey absoluto y un dictador. Esto es una desviación del antiguo régimen sabiamente establecido por nuestros reyes, y esto no sólo no conviene á los intereses verdaderos de nuestras provincias de Ultramar, sino que es altamente funesto. Nosotros no reconocemos, ni podemos reconocer en ninguna parte de los dominios españoles, una autoridad absoluta. Debe haber un tribunal de alzada de las disposiciones gubernativas del capitán general, y tan altas y delicadas funciones no pueden someterse sin deslora de la autoridad de aquél, y sin graves inconvenientes, á un cuerpo tan nuevo y de tan escaso prestigio como el Consejo contencioso-administrativo recientemente creado. Estas facultades de alzada deben confiarse á un Consejo supremo de revisión, compuesto del obispo de la Habana, del regente y fiscal de la Audiencia, del superintendente general, y de los tres mayores contribuyentes, dos por la clase de pro-