Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-07-12 00:00:00), página 36

mundo una parte esencial en la formación del código de 1812.

Porque en ese mismo código todas las provincias de América y Asia volvieron á ser declaradas parte integrante de la nación, dándose á cada una de ellas el número respectivo de diputados, los cuales entraron en las Cortes, que se reunieron poco después de haberse formado la Constitución.

Porque derrocaron ésta en 1814, y resubstituida en 1820, Cuba ocupó también sus asientos en los dos Congresos que hubo hasta 1823.

Porque proclamado el Estatuto Real en 1831, y empe- zando con él una nueva era para la nación, la isla de Cuba fue considerada como parte de ella, eligiendo y enviando sus procuradores á los dos Estamentos, que bajo sus auspicios se congregaron.

Porque levantada del polvo en que yacía la Constitu- ción de 1812, y charlándola como penón de libertad, el nuevo Gobierno llamó con urgencia á todas las provin- cias que del orden de la patria han participado históri- camente en la causa española, para que prontamente vinieran to- mar parte en los debates del nuevo código fundamental.

Porque instaladas las Cortes, desde el 24 de Octubre de 1836, se dejaron trascurrir casi tres meses, sin que en todo este tiempo, á pesar de las reclamaciones hechas por algunos diputados cubanos para que se les diese entrada en el Congreso, se hubiese dicho ni una sola palabra con- tra la admisión de los representantes de Ultramar hasta la sesión secreta del 2 de Enero, ni menos desaprobado ni menos acogido hubieran los protestos expresados por las provincias de América y Asia; máximo cuando á las Cortes se presentó la más favorable coyuntura para decidir so- bre este punto desde el 3 de Noviembre próximo pasado, en que los americanos residentes en esta capital les ele- varon una exposición, suplicándoles se dignasen admitir como suplentes á los diputados elegidos para las Cortes revisoras del Estatuto Real.

Porque habiéndose rechazado los miembros que compo- nen las actuales Cortes, en virtud de esa misma convoca- toria, sería muy extraño que ellos pretendiesen ahora invalidar, respecto de América y Asia, el mismo título bajo el cual se han juntado en el territorio peninsular.

Porque habiéndose aprobado el acta de las elecciones de Puerto-Rico, y no habiendo ocurrido de entonces acá ninguna novedad que pueda alterar tan justa aprobación, el Congreso no guardaría consecuencia en sus acuerdos si derogase hoy lo mismo que ayer sancionó.

Porque siendo las Cortes, según el artículo 27 del cé- digo de Castilla, la reunión de todos los diputados de la nación, y formando Cuba parte de ella, es claro que ex- cluyéndola de la representación nacional, se quebranta la ley que todavía nos rige.

Porque teniendo todas provincias de Ultramar necesidades particulares, absolutamente desconocidas de los diputa- dos de la Península, es indispensable la intervención de los de aquellos países, para que puedan exponerlas y echa- mar al mismo tiempo contra los abusos que se cometan.

Porque siendo la misma ley que prescribe que se excluyan las Cortes á las provincias de Ultramar, siendo éstas por el contrario llamadas expresamente, la exclu- sión que de ellas se hiciese para el actual Congreso sería el resultado de una ley retroactiva.

Porque, en fin, habiendo entrado á componer la Con- stitución de 1812 todas las provincias de la monarquía; ahora que viene á reformarse el pacto fundamental, no sólo es justo, sino también necesario, que todos y cada uno de los miembros de la gran familia española vuelvan á congregar, para que las condiciones de esta nueva alhambra puedan inscribirse con el sello de la justicia y de la aprobación nacional.

Tales son los principales motivos en que nos fundamos para extender la protesta que sometemos respetuosos á la alta consideración de las Cortes. A ellas corresponde examinar el mérito que puedan tener; y si después de habérlos pesado en su balanza imperial, todavía pronun- ciáren un fallo terrible condenando á Cuba á la triste condición de colonia española, sus diputados se consola- rán con la consolación de saber que, en el futuro, en el recuerdo inolvidable de haber defendido los derechos de su patria, Madrid y Febrero 21 de 1897.—Juan Montalvo y Castillo.—Francisco de Armas.—José Antonio Saco.

Esta protesta, como era de esperar, fue desatendida por las Cortes, y las puertas de ellas permanecieron cerradas para los diputados de Ultramar. El informe de la Comi- sión en que se pidió la exclusión de éstos, aunque lleva la fecha del 10 de Febrero de 1897, no fue leído en sesión púb- lica hasta el 7 de marzo próximo, y apenas se habrían los debates inmediatamente después de su lectura, pero in- terrumpidos con frecuencia y á veces por diez y aun por trece días consecutivos para tratar de otros asuntos de muchísima menor importancia, se prolongaron hasta el 16 de Abril en que los cerró una votación fatal; y el 18 del mismo mes las Cortes lanzaron un decreto, que arrebata- rando su libertad á las provincias de Ultramar, manchó desde entonces con el más negro borce la bandera pro- gresista. Pero ese decreto, golpe bastardo del fuerte contra el débil, y del rencores y venganzas de ciertos hombres poco generosos con pueblos indiferentes, ese decreto fue anulado por muchos títulos, como voy á demostrar.

Séptimo Artículo. Segundo artículo primero de la Constitución de 1812, «La nación española es la reunión de to- dos los españoles de ambos hemisferios» y españoles son según el número primero del art. 5.º de dicha Constitu- ción, «todos los hombres libres nacidos y avencidados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.» El ar- tículo 10 confirma el art. 1.º ya citado, pues muestra explícitamente á las islas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, entre las partes que componen y aún componen el territo- rio de la nación española. Además, el art. 11 se expresa así: «Las Cortes son la reunión de todos los diputados que repre- sentan la nación; pero si la nación es la reunión de to- dos los españoles de ambos hemisferios, claro es, que aquellas Cortes en que no entraron diputados por las provin- cias de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, ya no fueron Cortes compuestas de todos los diputados que representan la nación; y si no lo fueron, dejaron de ser Cortes; porque Cortes, según la Constitución de 1812, no son un grupo más o menos grande de diputados que representan la nación, sino el nombre de un organismo, situado en el centro de toda la nación, y que en la práctica, llegamos á la firme conclusión de que la reunión de diputados que sin ha- ber podido formar Cortes legítimas, usurpó este nombre en 1836 y 1837, contra la letra y el espíritu de la Constitu- ción de 1812; esa reunión de diputados, repito, ni pudo erigirse por sí sola en órgano de la soberanía nacional, ni mucho menos despojar de su legítima representación y de todos sus derechos políticos á todas las provincias de Ultramar.

Dízase que, para formar Cortes es necesaria la reunión de todos los diputados que representan la nación, muy rara vez habrá Cortes, porque muy rara vez podrán ha- llarse reunidos en ellas todos los diputados.

Absurdo argumento. Cuando la Constitución de 1812 dio el nombre de Cortes á la reunión de todos los diputa- dos que representan la nación, no se refirió al número ri- gorosamente aritmético, ni á la presencia simultánea de todos los miembros en ellas; porque si tal hubiese sido la intención de aquel código, éste hubiera dado á su vez una otra obra temeraria, la España con el nombre de Cortes, pues las enfermedades, las ausencias, las renuncias y otros motivos, impedirían casi siempre la reunión y la presencia física de todos los diputados, sin que nunca faltase uno solo de ellos. Lo que la Constitución quiso decir, fue, que las Cortes eran la reunión de todos y de cada una de las pro- vincias de la nación legítimamente representadas por medio de sus diputados, porque solamente así, es como pudo co- nociérsela en la exacta expresión de voluntad nacional, so- bremanera en caso de existir una nación verdaderamente representativa. Y tuvo por tanto razón el Código fun- damental de 1812, en decir, que las «Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la nación», y yo la tengo también para sostener, fundándome en el artículo que acababa de citar, que cuando nocesta diputados de las mal llamadas Cortes de 1836 y 1837, privaron á las pro- vincias de Ultramar de todos sus derechos políticos y de sus legítimos representantes, esos nocesta diputados co- mo fueran una escala de la división de las leyes funda- mentales, y por consiguiente, una nación inexistente.

Si se dice tampoco, que siendo las mayorías una de las condiciones esenciales del gobierno representativo, las minorías estaban obligadas á someterse á las decisiones de aquellas; y que habiendo una mayoría de diputados de las Cortes de 1897 pronunciado su fallo contra las provin- cias de Ultramar, los diputados de la minoría debieron aceptarlo y obediércelo como constitucional y valedero.

Si se veal que no puede un gobierno parlamenta- rio, á menos de ser militar, en las más de esto sólo se entiende, cuando las mayorías ejercen sus atribu- ciones dentro de los límites que les prescriben las leyes fundamentales; pero jamás en los casos en que las que- brantan; jamás en los casos en que empiezan por ahogar la voz de los diputados de las minorías, negándose su asiento en la representación nacional; y jamás en los ca- sos en que se convierten en opresores de la nación ó de una parte de ella.

Según la Constitución de 1812, todas las provincias de la monarquía española fueron iguales en el goce de sus de- rechos políticos; ninguna fue superior á otra en el ejor-