Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-06-12 00:00:00), página 17

los momentos en que, de acuerdo con él, resolvían presentar á las Cortes el proyecto más absurdo, la concepcion más monstruosa que se ha ocurrido nunca á ministros constitucionales. Ya comprenden nuestros lectores que nos referimos al proyecto de las siete autorizaciones.

No queremos juzgar aquí este proyecto bajo el aspecto político. Queremos encerrarnos hasta donde nos sea posible en la cuestión financiera, y sólo en cuanto tiendan á resolverla las autorizaciones pedidas por el Gobierno, serán éstas objeto de nuestro examen.

Antes de entrar en él, haremos una breve reflexion. ¿Se concibe que un Gobierno, después de haber hecho algunas tentativas, desgraciadas todas, para resolver el problema financiero; después de haber demostrado la mayor incompetencia en materias de Hacienda (puesto que todos los ministros aprobaron los planes del Sr. Alonso Martínez), tenga el valor de pedir una autorización para resolver la crisis financiera sin el concurso de las Cortes? ¿Se concibe que haya quien la conceda? La presentación del proyecto-diluvio, como fundadamente lo llaman algunos periódicos, nos produce el mismo efecto que si oyéramos al administrador de una finca decir al dueño: «ya ves qué detestablemente he desempeñado hasta ahora mi encargo; ya ves cuántos desalinos te he propuesto; ya ves que no he podido discurrir una sola medida razonable para mejorar tu finca; pues bien, dame poder amplísimo para hacer en ella lo que tenga por conveniente, sin traba ni limitación alguna.»

Gravisima responsabilidad moral contraerían los legisladores si concedieran una autorización semejante. Prescindiendo de sus inconvenientes, de sus peligros en la esfera política, bastan los que en la económica presenta, para que la rechace todo el que no esté cegado por el mezquino espíritu de partido, y prefiera la justicia y la prosperidad de su patria á la continuacion de sus amigos políticos en el Ministerio por un poco más tiempo. ¿Qué resultados puede, con efecto, dar el uso de esta autorización para nuestra Hacienda? ¿Puede ser, aun empleada con buena fe completa, con prudencia exquisita, una solución de la crisis financiera? Fácil es, en nuestro sentir, demostrar que no, teniendo á la vista algunas de las consideraciones generales que hemos expuesto anteriormente en este artículo.

Pídense en el proyecto de 6 de Mayo:

1.º Autorización para cobrar á invertir las contribuciones, impuestos y rentas públicas, con arreglo al dictámen de la comisión de presupuestos, si éstos no estuviesen definitivamente votados para el 30 de Junio.

Los presupuestos de que se trata no introducen reforma alguna en el sistema de impuestos; no se fundan en mejores cálculos en cuanto á los ingresos probables; no hacen economía apreciable en los gastos. Son ni más ni menos que la repetición de los presupuestos de los años últimos, con todos sus absurdos y dificultades, y su enorme déficit. De los presupuestos actuales, aprobados ó no por autorización, nada puede esperarse para la mejora de la Hacienda. Sobre el descubierto que han dejado sus predecesores, tendremos, pues, por este concepto, al finalizar el ejercicio de 1866-1867, un déficit de 250 ó 300 millones de reales.

2.º Autorización para imponer un descuento gradual en los haberes de las clases que cobran del Tesoro, exceptuando el clero y los cuerpos armados, y todos los sueldos menores de 6.000 rs.

La realización de este descuento produciría una economía, pero pequeña, y del todo insuficiente para compensar el déficit normal. Es una medida que podría aceptarse si no llevará el sello de la injusticia. La excepción que se hace, precisamente para las clases que mayores cantidades consumen de los recursos del Estado sin prestar más importantes servicios que las otras, es injustificable. Ni el clero ni el ejército son más útiles al país que los empleados de los diferentes ramos civiles.

3.º Autorización para hacer todas las economías posibles en los servicios públicos, hasta conseguir la nivelación efectiva del presupuesto.

Esta autorización, que podría significar algo, concedida á un ministerio de probadísima competencia en las cuestiones económicas, y dotado de condiciones de estabilidad y de fuerza moral, es en el caso presente una cosa risible. ¿Qué economías puede hacer este Gobierno, cuando después de haber estado siete meses estudiando los presupuestos, no ha podido encontrar ninguna? Si careciendo de medios de vivir, y viendo los aportes del Tesoro, no se le ha ocurrido la manera de economizar, ¿puede esperarse que tenga más fecunda inventiva, ahora que se le va á dar el medio de hallar dinero, á más ó menos costa para el país, permitiéndole emitir deuda consolidada en cantidad bastante á producir 1.200 millones efectivos? No vacilamos en asegurar que no se harán economías apreciables; y si se hace alguna, será en lo que menos importe, y dando lugar por otros conceptos á mayores gastos. Antes de un año, si el proyecto se aprueba y este Gobierno vive, se habrá convencido todo el mundo de la verdad de lo que decimos.

4.º y 8.º Autorizaciones para arreglar las cuestiones de los certificados y de las amortizables.

¡Excelente medio de hacer inmediatas economías! Nosotros hemos creído siempre que debía procurarse un arreglo definitivo con los tenedores de las deu-