Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-06-12 00:00:00), página 43

pietarios y uno por los de la industria y del comercio. Consideramos ocioso decir, que el gobernador general puede suspender y aun revocar las decisiones de este alto cuerpo bajo su responsabilidad; pero dando cuenta por el correo inmediato a S. M., con remesa del expediente original.

Las funciones económicas y rentísticas deben estar concentradas en el superintendente general de la isla, con absoluta independencia del capitán general, el cual puede sólo insinuarse cuando la cuestión se eleve por su gravedad y trascendencia a una cuestión de orden público. Pero en cambio, todas las fuerzas de mar y tierra, como la suspensión de todo funcionario público que no sea del orden judicial, ó jefe superior de administración, debe todo hallarse bajo la autoridad y facultades del gobernador general, y aun éste puede y debe estar autorizado para formar sumaria á toda autoridad, cualquiera que sea su jerarquía, siempre que se limite a remitir dentro de ocho días aquella á la autoridad competente; sin acordar auto de prisión ni arresto, y aboliéndose y prescribiéndose la facultad de desterrar ni de remitir á nadie á la Península bajo partida de registro. La seguridad real e individual deben en todas partes ser sagradas, y los cubanos, puertorriqueños y filipinos tienen los mismos derechos que los españoles á ser respetados y garantizados en sus bienes y personas.

Otra reforma trascendental debe hacerse en las islas de Cuba y Puerto-Rico como en las de Filipinas. Se refiere ésta al sistema de Hacienda, que debe asimilarse, en cuanto sea posible, al de la metrópoli. En Cuba formará el item siempre más permanente de los ingresos de sus cojas la renta de aduanas. Pero deben desaparecer las alcabalas y todas las contribuciones antiguas, que todavía subsistan, y establecerse una contribución directa sobre las propiedades rústicas y urbanas, y una patente sobre todas las industrias. Esto simplificará considerablemente la administración económica de nuestras Antillas, permitirá introducir la guarnición en ese ejército de empleados, creados con escandal en estos últimos tiempos, y aumentaría los rendimientos del Tesoro público.

Digamos algo sobre la administración provincial. En ninguna parte es más conveniente la excentralización que en las colonias. Debe haber por lo mismo una nueva división territorial, y constituirse en cada provincia una diputación, a quien esté confiada toda la administración en los negocios meramente provinciales, sin otra cortapisa que la inspección superior del capitán y gobernador general, y la facultad de suspender y revocar sus acuerdos con informe del Consejo, siempre que sean contrarios á las leyes que fijan las atribuciones de estos cuerpos y la manera de ejercerlas.

Poco hay necesidad de decir respecto á la administración municipal. La historia de los municipios en nuestras colonias, es la misma que la de la Península: el régimen municipal fue en ellas muy vivaz y poderoso, si bien afectado y debilitado por la sustitución de los regidoratos perpetuos. Ya sobre este punto se ha hecho una reforma importante, pero todavía muy incompleta. Nosotros pedimos la asimilación completa de nuestras provincias de Ultramar con la metrópoli, y para ésta como para aquellas reclamamos la excentralización más absoluta en cuanto concierne á los intereses meramente locales, sin otra restricción que la inspección superior del gobernador civil de la provincia para dirimir los conflictos, y suspender y revocar toda extralimitación de atribuciones, ó toda infracción de las leyes y reglamentos que fijen la organización y atribuciones de los ayuntamientos.

Llegamos al término de nuestro trabajo; pero debemos recomendar ante todo y sobre todo á la solicitud y celo del Gobierno de S. M., el que, como nosotros proponemos y deseamos como la única y definitiva solución el establecimiento de una monarquía en nuestras Antillas y de un imperio en las islas Filipinas, nos preocupamos mucho de la cuestión de fuerzas terrestres y marítimas. El gobernador general de estas provincias y el Gobierno supremo, deben ocuparse seriamente de promover y fomentar los recursos indígenas, en cuanto concierne á guerra y marina. Y su solicitud debe ser tal, que en seis u ocho años, nuestros dominios de Ultramar tengan los medios bastantes de defensa dentro de sus propios recursos, sin necesidad de los de la Península, salvo en caso de guerra con una potencia poderosa. Recomendamos mucho este punto al patriotismo y celo del Gobierno supremo y de los gobernadores generales de nuestros dominios de Ultramar.

Hemos bosquejado un plan completo de reforma. Al crítico y á la discusión pública le arrojamos, para que se medite y examine lo que sea mejor y más saludable. Nosotros no somos de los que creen en divorcios ni antagonismos de intereses entre la metrópoli y sus colonias. Nosotros no queremos mas explotación. Nosotros creemos en la armonía de los intereses peninsulares y ultramarinos. Nosotros seremos más ricos, y nuestra marina y nuestro comercio crecerán á medida que crezcan la riqueza, la marina y el comercio de nuestros dominios de Ultramar. Cese los monopolios y los escandales. Cese la arbitrariedad, el nepotismo, el despilfarro y la inmoralidad en el gobierno y administración de aquellos apartados países. Hagámonos dignos del nombre ilustre y glorioso que conquistamos en los días de nuestra pujanza. Sigamos la humana y benéfica política de Isabel I, de Carlos V y de Felipe II, porque esto interesa á nuestro decoro y nuestro honor; y en lugar de las maldiciones de nuestros hermanos de Ultramar, recibiremos sus plácemes y felicitaciones, y la Europa nos volverá á respetar y temer, como nos respetó y temió en los mejores y mas prósperos días de la monarquía española.

Madrid 26 de Marzo de 1866.

FRAMÍN GONZÁLO MORON.

CORRESPONDENCIAS.

DE LA BAHANA.

15 de Mayo.

Amigos míos: no han bastado las insinuaciones malévolas contra El Siglo: ha llegado el momento de que sus enemigos intenten contra él, por lo que vale y por lo que representa, cosas un poco más serias. El Siglo está denunciado ante la superior autoridad como sostenedor de las doctrinas más disolventes y de los principios anarquicos más contrarios á los respetos inviolables, á la unidad vital de nuestra querida España. ¿El que tales cosas dice es D. José Ruiz de León, ingeniero de minas, redactor del Diario de la Marina, que se queja acusadamente de los rigores de la censura, que por otra parte admira; y pide con toda respeto la separación? ¡No! ¡Pues sucede, amigos míos, que este funcionario á quien ha sido comunicada la ingeniosa exposición, la ha refutado completísimamente en todos y cada uno de sus asertos, siendo entre otras cosas, que por cada artículo rechazado al Diario, había rechazado muchos al Siglo, lo que probaría en todo caso de que parte estaba el favor de la desigualdad.—En cuanto á las insinuaciones, yo no me detendré á recordar á Vds. las brillantísimas polémicas de El Siglo, libro amistoso y á la vez trágico, que ha pasado como un rayo la Presea, triunfando siempre de un modo palmario, y sin dar nunca pretexto á otras críticas que las del españolismo más burdo, que como ustedes mil veces y muy bien han dicho, no es el espíritu de ese país. Y en cuanto á las inteligencias ocultas y la complicidad del Siglo, no ya con La Aurora, que es el caño un periódico aquí publicado el amparo de la ley, y dirigido por un poeta peninsular muy estimable; pero sospechado sin duda, porque no es absolutista, sino con el famoso periódico chileno La Pos de América; no tengo que trasladar á Vds. un parágrafo de su número del 40 de Mayo, dice así: