Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-07-12 00:00:00), página 34

cándose, se quebrantó el artículo 28 de la Constitución, que dice: «La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.» 2º Que nun suponiendo que las elecciones de Ultramar se hubiesen debido verificar, por no parecerles tiempo, del mismo modo que se hicieron las de preparación de las Cortes constituyentes, artículo del Estatuto Real, lo justo y lógico era que el número de diputados fuese en proporción de la población que ellas tenían entonces; pero decir que el número de diputados que ellas nombrasen fuese el mismo que en 1820 y en 1822, es el colmo de la parcialidad e injusticia.

Circunscribiéndome a la isla de Cuba, ¿cuál era su población en esos años, y cuántos sus diputados? Estos fueron cuatro, porque la población blanca que era entonces la única, según la base para esos nombramientos, apenas llegaba á doscientos mil habitantes.

Dicha población ascendió en 1836 á casi cuatrocientas mil almas; y tomando por base setenta mil para cada diputado, tendríamos seis, con inclusión del exceso de más de treinta y cinco mil; pero si esa base hubiese sido de cincuenta mil que se daba á la Península, entonces habrían resultado para Cuba ocho diputados, en vez de los cuatro que le tocaban.

Ese número hubiera sido mucho mayor sin la injusticia que se cometía contra la América los autores de la Constitución de 1812; injusticia que debí exponer aquí, y de la que pocos de la presente generación cubana tienen ya conocimiento, porque ésta, ni aun por poco tiempo ha vivido, como los que á otra pertenecemos, bajo el régimen de aquella Constitución.

El artículo 29 de esta, al fijar la base para la representación nacional, dice: «Esta base es la población compuesta de los naturales que por ambas líneas son originarios de los dominios de la corona española, de aquellos que hayan obtenido de las Cortes el título de ciudadano, como también los comprendidos en el artículo 21.» (1)

El artículo 29 excluyó de la base de población para el nombramiento de diputados, no sólo á los esclavos, que yo convengo en que no debieron incluirse en ella por carecer de persona legal, sino á millones de individuos, que á pesar de ser ciudadanos, eran libres y tenían derecho á ser contados como base de población. Reduciendo éstas sólo á los naturales que por ambas líneas son originarios de los dominios de la corona, quedarían excluidos todos los indios, todos los libres de raza africana, y todas las mezclas intermedias derivadas de la mezcla de los blancos con los indios, de los blancos con los de sangre africana, de los de ésta con los indios, y de los de otras clases mixtas á que dió origen en América el mito enlace de esas mismas clases entre sí. De esta manera se logró menguar considerablemente la diputación americana, y ponerla en considerativa minoría respecto á la de Europa, á pesar de que la población libre y contribuyente de América era mucho mayor que la de Europa. Y así, aunque se tratase de una injusticia no se pudo cometer sin poner el artículo 29 en diametral oposición con el 21, de artículo régido, en que expresamente se declara como españoles, en todos los hombres libres, nacidos y acogidos en los dominios de las Españas, y á los hijos de éstos.» Según este último artículo, todos los indios de América, y todos los libres de raza africana, así como el producto de la mezcla de unos y otros, y de los blancos con todos ellos, son españoles; mas, como se ha visto, fueron excluidos por el artículo 29 ya citado de la base de la población para el nombramiento de diputados americanos.

La mano feroz de la conquista acabó en breve con los indios de Cuba; pero desgraciadamente los reemplazaron en ella negros africanos. Con el transcurso del tiempo, muchos de éstos fueron adquiriendo su libertad; y como el número 4.º del artículo 5.º de la Constitución de 1812 los declaró españoles, sin convertirlos por eso en ciudadanos, es decir que, siendo libres, no en 1836, ellos habrían entrado en la base de la población, y hubieran aumentado el número de diputados. En cuanto al llamamiento de éstos en 1836, el ministerio progresista no sólo fue infractor de la Constitución, sino que procedió hasta con mala fe. Esta acusación es grave, y por lo mismo es necesario que yo la funde en documentos oficiales.

Los señores ministros D. Ramón Gil de la Cuadra y D. Antonio García Canabal, el primero de la Gobernación, y el segundo de la Guerra, comunicaron al general D. Miguel Tacón, entonces capitán general de Cuba, la Real orden de 19 de Agosto de 1836, y en ella se leen las siguientes palabras: «Han luego como S. M. se diga aprobar la convocatoria á las Cortes, que se esté formando, se comunicará á V. E., á fin de que sin la menor dilación se ejecuten en esta isla las elecciones de diputados; porque los deseos de S. M. son que el cuerpo representativo de todas las partes integrantes de esta vasta monarquía, siga la Constitución que á ella se refiere.»

En la exposición que sobre la convocatoria á Cortes hizo á la Reina Gobernadora no ya un ministro, sino todo el ministerio, éste se expresó así, respecto á los diputados de Ultramar: «Aun practicándose las elecciones por el método brevísimo que se han hecho últimamente (en la Península), se corre grave riesgo de que no lleguen á tomar parte sus representantes en la discusión de todos los importantes negocios que han de ocupar á las próximas Cortes. Para evitar tal fatal contratiempo, hubieran deseado S. M. que V. E. dispusiera un decreto de la forma más semejante al que se adoptó en el año 20, disponiendo que los naturales de Ultramar residentes en la Península nombrasen diputados interinos hasta la llegada de los propietarios. Tamaña fición, tolerable si se quiere en unas Cortes ordinarias como aquellas, y casi indispensables cuando se llamaba á los diputados de todos los países que formaban nuestros vastos dominios de América, no puede admitirse en la composición de un cuerpo representativo, encargado de renovar la Constitución del Estado.» Y añade: «El pretexto de poderse votar sin misión legítima, y bastarse con el prestigio para que no sea reprobable la falta momentánea del corto número de diputados que á las islas corresponde nombrar.»

El mismo señor ministro Gil de la Cuadra comunicó también al mismo general Tacón la Real orden de 23 de Agosto de aquel año, y en ella se dice: «Deslizando el propio tiempo que no se pierda momento en que se verifique en esta isla la elección de diputados, y que éstos comparezcan brevemente á la Asamblea, se remita á V. E. de la Memoria Real orden el decreto dado por S. M. en 21 del actual, convocando á Cortes para el 24 de Octubre próximo, al que va unida la exposición hecha por el ministro á S. M.»

Estas Reales órdenes y la convocatoria se circularon igualmente á las demás provincias de Ultramar; y de esos documentos aparece, que el Gobierno jugó necesario, en Agosto de 1836, que todas las representaciones en las Cortes constituyentes de aquella época, en este propósito constitucional, se meses después, porque en la Memoria que el ministro de Marina leyó á las Cortes en 21 de Octubre de aquel año, se encuentran estas palabras al hablar de los diputados de Ultramar. «Que haciéndose inmediatamente las elecciones de diputados, se les facilite su más pronta venida á tomar parte en las deliberaciones importantes del Congreso; y por este medio la nueva ley constitucional será cumplida, y general su observancia en todos los ángulos de la monarquía.»

Y en otra, se pronunció sobre todos los documentos anteriores, que el Gobierno reconocía expresamente y repetidamente el derecho y la necesidad de que las provincias de Ultramar fuesen legítimamente representadas en aquellas Cortes constituyentes.

Pero si esto fué así, ¿cómo es que ese mismo Gobierno, poniéndose en completa contradicción con sus actos anteriores, y con mengua de su dignidad, pronunció en la sesión del 9 de Marzo de 1837, por el órgano del Sr. Mendieta, que el decreto de convocatoria de las Cortes breves, que llenaron de sorpresa á muchos diputados? ¿Se había pedido la palabra únicamente para manifestar que el Gobierno está enteramente de acuerdo con la Comisión? ¿Por qué era lo que pedía la Comisión? Nada menos que el despojo de los derechos políticos de las provincias de Ultramar, y la exclusión de sus diputados; diputados cabalmente que ese mismo Gobierno había llamado con tanta urgencia por dos Reales órdenes y una convocatoria.

En una de las puntualizaba la Real orden de S. Aragón, que el Gobierno obró así porque después de publicada la Constitución, él no pudo menos de convocar á los diputados de Ultramar. Vana disculpa. Cierto es, que procediendo constitucionalmente, el Gobierno no pudo hacer otra cosa; pero no hizo él otras muchas contra la misma Constitución? ¿No mandó que ésta no se publicase en aquellas provincias cuando carecía de autoridad para ello? ¿No alteró á su antojo la base de la representación nacional, cuando la misma Constitución lo prohibía? ¿No atentó contra ella, cuando los diputados no tuvieron voto? ¿No cambió también á su manera y contra la Constitución la forma del juramento que debían prestar los diputados? Pues si todo esto y otras cosas hizo, tan sólo porque le convinieron, bien pudo también, con las facultades dictatoriales que se arrogó, no haber expedido convocatoria para el nombramiento de diputados ultramarinos, sobre todo, cuando cometió el atentado de