Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-06-12 00:00:00), página 6

bien la propuesta de sus procuradores, se juntaban para sostenerlos, y formaban lo que se llamó las hermandades de Castilla, que no eran sino el reino junto en verdad, en deficiencia del reino junto en Cortes y desatendido.

La legitimidad de estas hermandades es verdad que no estaba declarada expresa y especialmente en ninguna ley; pero estaba imbibida en las del Fuero Juzgo, y en todos los fueros de las ciudades y villas de España, y sus actos fueron reconocidos, acatados y mandados guardar por los mismos reyes españoles; siendo tal la conciencia general de la legitimidad y fuerza de estas hermandades, que se formaban y reunían sin necesidad de Real convocatoria, legislaban, nombraban y destituían empleados, administraban justicia, levantaban ejércitos, usaban todos los atributos de la soberanía, y aun tenían su sello propio y particular con que legalizaban todos sus actos. Era, en fin, la nación que reasumía y ejercitaba su soberanía.

Y cómo procedían entonces? Como proceden siempre las naciones cuando ejercen legalmente su autoridad; es decir, con justicia y sin exageración, como quien tiene conciencia de su derecho y de su fuerza. El pueblo español, monárquico por convencimiento, fuera del simulacro de derrocamiento en Ávila, no destronó jamás á sus reyes ni pensó siquiera en abolir la monarquía, sino que, teniendo el poder en su mano, y adicto á la institución Real, sólo quería rectificarla, y pudiendo rectificarla, no era necesario abolirla.

Y esto fue lo que hizo constantemente. Las hermandades se levantaron siempre, no contra el rey, sino contra sus actos: no le pedían la corona, sino leyes; le ofrecían siempre la inmediata sumisión si se las concedía; y si la tenaz resistencia del rey les obligaba á poner los ojos en otro, este otro era el sucesor reconocido; á él se dirigían, con él trataban, á él lo juraban, por él alzaban pendones y combatían, y á él sentaban en el trono y volvían á acatar y jurar y obedecerle cuando sus esfuerzos eran coronados por la victoria; llegando á tal extremo el respeto y la consideración á la persona del monarca y á la institución de la monarquía, que cuando el sucesor presunto se negaba á entrar en tratos con las hermandades y á admitir la corona que le ofrecían, como hizo la infanta doña Isabel, los pueblos volvían á suplicar y á tratar con el rey, hasta obtener una solución pacífica.

VII.

Esto han sido las Cortes en España, durante la gloriosa serie de siglos después de la restauración de la monarquía goda, y no tenemos necesidad de decir lo que son y lo que han hecho las modernas instituciones que, con lamentable olvido de las nuestras, hemos ido á copiar del extranjero. A la antigua, provechosa y segura unidad popular, dirigida por la unidad monárquica, hemos sustituido una funesta trilogía de poderes rivales, que por lo mismo que son muchos, nada es ninguno; porque ningún poder tendrá jamás la autoridad suficiente para gobernar sin contradicción, si no se apoya y tiene de su parte la autoridad de la opinión, la voluntad y la fuerza pública; hemos eclipsado la autoridad real y la popular, y no sustituyendo ninguna, en las esferas del Gobierno ha de imperar ó la dictadura ó la anarquía: con la introducción de poderes rivales, los hemos arrojado á la arena, y en sus combates perennes é indecisos amenazan atropellar hasta instituciones seculares en las que hoy se cifra el orden y la tranquilidad de España: con esos poderes rivales hemos introducido los partidos, que son el sacrificio del bien público, porque los intereses de partido no son por lo común los intereses generales, sino sus antípodas; son, como el suplicio de Tántalo que nunca se sacía, ó como el tonel sin fondo de las Danaïdas que no se llena nunca: todos los tesoros no les bastarian; las naciones se arruinarian mil veces sin satisfacerlos. Con los partidos jamás se podrá gobernar bien: un partido jamás podrá ser apoyo suficiente de un Gobierno; la prueba está á la vista; ningún partido puede sostenerse en el poder, todos son impotentes para el mando, sólo potentes para la lucha, y no se advierte que en medio de esos embates ciegos y furibundos, atropellan el bien público y pueden atropellar lo que debían respetar, porque es el objeto del respeto de la nación.

Estamos viendo las consecuencias. Hoy hemos llegado al colmo de una crisis, cuya magnitud y trascendencia asusta: aunque sea dominada con expedientes empíricos, le sucederá otra, y otra, y mil, y nunca podrán evitarse mientras se deje subsistente la causa que los produce, hasta que se desenlaceen, como en Francia, con un cataclismo.

El mal no puede ser más grave; tan grave, como el remedio fácil y seguro. El mal consiste en que, pudiendo los diputados no representar fielmente la opinión y la voluntad de los pueblos, ni ellos tienen la autoridad suficiente, ni los otros poderes se creen en el deber de respetarlos: el remedio consistirá en hacer que los representantes representen siempre indeclinablemente la opinión y la voluntad de los electores. Desde el momento en que pueda disolverse un Parlamento, por decirse que no representa la opinión de los pueblos, ya los Parlamentos quedan desnudos de todo su prestigio.

Es necesario que no se pueda hacerles nunca semejante inculpación, lo cual no podrá conseguirse