Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-12-12 00:00:00), página 5

nistracion, y debemos recordarle que para ser consecuente con sus propios principios sentados antes, no deben ejercer sino autoridad suspensiva sobre los acuerdos y determinaciones de la administración, descargándolo de las funciones activas de dicha administración, que desempeñarán corporaciones individuos del orden civil.

Esta es, á grandes rasgos trazada y con la brevedad que exigen los límites de este escrito, la organización que da el autor del folleto al régimen interior de nuestras Antillas. Ahora vamos á examinar el otro punto relativo á las relaciones de la colonia, ó de aquellas provincias con la metrópoli, que es el que comprende el señalamiento del poder supremo que haya de regir á aquellas islas.

El autor del folleto comienza negando que las leyes especiales ofrecidas por el decreto de las Cortes de 1857 y por la Constitución actual, sean leyes constitutivas, y en este punto creemos que se equivoca. El decreto de las Cortes dice que, no siendo aplicable la Constitución de la Península á aquellas islas, sean éstas regidas por leyes especiales. De consiguiente, no rigiendo allá la Constitución de la Península, es evidente que deben ser dotadas de otra ley constitutiva, porque ningún pueblo puede carecer de ella. La prueba es, que aún para restablecer en aquellas islas la Constitución de la Península con la gravísima alteración que propone el autor del folleto, de que sean eliminados de las Cortes los diputados de las Antillas, era necesario una ley política que así lo declarara, la cual sería, ó una nueva Constitución, ó una alteración esencial de la vigente; porque ley constitutiva es aquella en que se declaran cuáles han de ser y la manera de funcionar los altos poderes del Estado, ó del pueblo que por ella ha de ser regido.

En este concepto, examinemos lo que se propone.

No quiere el autor del folleto que las islas de Cuba y Puerto-Rico sean regidas por la Corona, ó sea el poder ejecutivo, por dos razones. La una, porque, «si esta manera de gobierno, dice, es posible en Inglaterra, respecto á algunas colonias, repugna en España á los principios contenidos en el código fundamental respecto á la división de poderes, á la unidad del poder legislativo y á la índole definida del poder ejecutivo: y la otra, porque de esa manera se privaría á los administrados de la garantía que les da la intervención del poder legislativo en el juicio y examen de los actos del poder ejecutivo.»

En cuanto á la primera, decimos lo mismo que hemos dicho antes; que en Inglaterra la división y definición de los poderes, es la misma que en España; y que si no repugna á la Constitución de un país, tampoco puede repugnar por esa causa en el otro.

Tampoco sería ese método anti-constitucional, porque previniendo la Constitución que aquellas islas sean regidas por leyes políticas especiales, las especialidades que contenga esa ley política, si además se hacen constitucionalmente, serán perfectamente constitucionales.

Y en cuanto á la otra, como en ese caso las Antillas españolas serían regidas por una Reina constitucional, por medio de sus ministros responsables, éstos lo serían siempre ante las Cortes de sus actos con respecto á aquellas provincias. Y si lo que se quiere dar á entender es, que el poder legislativo no es responsable, eso mismo puede decirse de las Cortes, y uno y otro poder se hallan entonces en el mismo caso, con la diferencia que el ejecutivo podría en muchos casos ser responsable ante el legislativo, y que el legislativo, residiendo en las Cortes, nunca podría serlo ante el ejecutivo. De consiguiente, mayores garantías podrá ofrecer el poder legislativo en el ejecutivo, que el legislativo en las Cortes.

Sin embargo, el autor del folleto, como hemos visto, prefiere que el poder legislativo para las Antillas resida en las Cortes con el Rey, como se previene en la Constitución de la Península; pero de tal manera y haciendo tales raciocinios para sostener sus extrañas hipótesis, que no podemos dejar de referirnos á ellos.

El autor del folleto reconoce que en el decreto de las Cortes de 1857, se eliminó definitiva y claramente el sistema de asimilación política entre España y sus colonias, y sin embargo sostiene al mismo tiempo la asimilación política, ó que sean unos mismos, las Cortes y el Rey, los poderes supremos que legislen en ambos países. Esto, nos parece una contradicción manifiesta. Si la asimilación política está rechazada por el decreto de las Cortes de 1857, hoy elevado á precepto constitucional; si «ese precepto no puede derogarse sino poniendo mano en la Constitución del Estado, lo cual es imposible dentro de las buenas doctrinas del régimen representativo; si sólo cumple al poder ejecutivo y áun á las Cortes ordinarias del Reino, obedecer y acatar aquel precepto contenido en la Constitución,» como dice muy bien el autor del folleto, el pedir la asimilación política es una contradicción, poniendo la mano en la Constitución del Estado.

Con todo, si el autor del folleto pidiera y sustentuviera la asimilación con todas sus consecuencias, siquiera sería consecuente; pero no es así, sino que introduce una variante extraña e incompatible con todas las nociones y principios de derecho constitucional, y contraria á nuestro derecho constituido, como es la de sostener que los diputados antillanos deben ser excluidos de las Cortes españolas, aunque éstas legislen para las Antillas, por suponer que así