Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-07-12 00:00:00), página 35

prohibir que se publicase en aquellas regiones la Constitución de 1812.

Yo repito que el Ministerio procedió de mala fe; y de mala fe, porque habiendo tenido desde el primero ó segundo día de su existencia la intención muy decidida de que las provincias de Ultramar no fuesen representadas en aquellas Cortes, él sin embargo estaba dictando órdenes y decretos enteramente contrarios á lo mismo que se había propuesto no cumplir.

El Sr. Sancho, que después de Arguelles fue el diputado que más se empeñó en exalzar á los pueblos ultramarinos, pronunció en la sesión del 5 de Abril de 1837 un grosero e insolente discurso contra Cuba, y en presencia de los ministros dijo lo que paso á transcribir:

«Se dice también que el Gobierno ha mutado de opinión, pero si esto es así, ¿qué ahora? Algunos de nuestros diputados podrán creer que ha cambiado de opinión. Yo creo, y á nadie le costará como á mí, que no es así, y tengo precisión de manifestar este hecho, para que se sepa que el Gobierno jamás ha tenido la opinión de que debían concurrir los diputados de América. Lo ha mirado como un mal que era menester cortar y cuanto antes. Yo tengo un dato que me es preciso referir á las Cortes.»

«Al otro día ó dos días después de publicada la Constitución, y de los embusteros actuales secretos del desdichado, encontré al Sr. Gil de Castro en el Prado, y reuníndome con él comprobé de una vez que hallaba en la necesidad que había de convocar las Cortes; y yo recordé con S. S. sus circunstancias en que se había visto la nación el año de 20, análogas á las del día, é indiqué que se podría tener presente la convocatoria de entonces. Al día siguiente vino S. S. á mi casa con todos los antecedentes, y me dijo: puesto que V. extendió esta convocatoria, por qué en efecto lo ha extenuido por ser individuo de la Junta provisional de entonces; puesto que V. debe tener más pruebas de lo que se ha dicho, y que no es fácil ni tan fácil que otro recuerde mejor, yo le ruego que extienda el acta de convocatoria para las próximas Cortes. Digo esto, porque soy enemigo de misterios, y menos en cosas en que en mi concepto no debe ya haberlos. Efectivamente, no era regular que yo me negase á hacer el sacrificio que exigían de mí los deberes de la amistad; y por lo tanto, me encargué de la extensión de la convocatoria. Tratándose del caso traté de avisarles que hablar de estas cuestiones, allí se verían con los puntos que el Sr. Caballero (1) ha querido comparar con la cuestión del día, y que son tan diferentes, habiendo el Gobierno podido resolver aquellos y no ésta...»

«Pasado en seguida á la cuestión de la América, ¿qué es lo que se resolvió por el Gobierno? Primero, que no rigiese allí la Constitución hasta que las Cortes determinasen; segundo, que no viniesen diputados de aquellos países, sino en el menor número posible; y así sólo se llamó un número igual al que vino á las Cortes del año 21, es decir, ocho en ese de diez, seis. El Gobierno hizo parte contra el derecho de las mismas, y disminuyó una calamidad como esta; pero no se atrevió á decir: yo resuelvo definitivamente que la Constitución no se ha de poner; únicamente la suspendí, conociendo que la opinión estaba decidida, y que la de todos los hombres prácticos que tienen ideas exactas acerca del estado de aquellos países, era uniforme, absolutamente uniforme en aconsejar esta medida, cuya necesidad sólo son capaces de no reconocer los que están en una ignorancia absoluta de la situación de aquellas regiones.»

Esto dijo el diputado D. Vicente Sancho en plenas Cortes, y en presencia de los ministros; y sin embargo, ni entonces ni después, ninguno de ellos alzó la voz para desmentirle, ni rectificar siquiera sus palabras. Profundo silencio guardaron, y este silencio en medio de una revolución tan grave, es la prueba más terrible que se puede presentar contra la probidad política de aquel ministerio.

Si la constitución que fue famosa en los países de Ultramar, no solía mucho más que aprobar las Cortes en 1827. ¡Mas tuvieron ellas facultades para revocar de diputados y de todos sus derechos políticos á provincias que formaban parte integrante de la monarquía! ¿Habrá la cuestión fundamental; pero antes de probar que no las tuvieron, es preciso que yo dé la verdadera índole de aquellas Cortes, pues sólo así es como puede saberse si sus actos fueron válidos ó nulos.

Constituyentes fueron las Cortes reunidas en 1836, y fundamentales, se ve que ellas fueron omnipotentes y que pudieron hacer y deshacer, disponiendo á su antojo de las provincias de Ultramar.

(1) El Sr. Caballero (d. Fermín), aunque progresista, combatía enérgicamente las ideas de su partido, y se declaró en favor de los derechos de las provincias de Ultramar fué el mitógrafo, señaló y concibió que éstos se pronunciaban.

No soy yo de aquellos que admiten esa supremacía sin límites en las Asambleas constituyentes, porque aun las más absolutas e independientes de toda ley escrita deben obedecer á los principios eternos de la moral y la justicia, principios que si bien de hecho pueden ser hollados por el turgo de las revoluciones, hay siempre sobre éstas una rancia y universal ley de limites coetáneamente existente.

No se son constituyentes alguna Asamblea legislativa, son ya todas iguales; pues las circunstancias en que nacen, establecen entre ellas grandes diferencias. Cuando los Estados generales de Francia reunidos en 1789, ó para hablar con más exactitud, cuando el tercer Estado se declaró Asamblea constituyente, no proclamó ni juró como Código fundamental ninguna ley ni Constitución anterior. Lo mismo sucedió en España con las Cortes constituyentes que se congregaron en 1810. Había de tomar como antecedentes, aparte de la antigua Código, la ley fundamental, la Asamblea constituyente de Francia en 1789, y las Cortes constituyentes de España en 1810, pudieron hacer cuantas reformas y alteraciones tuviesen por conveniente, sin que las encadenase ninguna ley, ni someterse á trámites ni reglas de ningún género. Pero la actitud desarmada en que se encontraron las Cortes de 1810 no fue la misma que la de las Cortes constituyentes de 1836, porque éstas nacieron bajo los auspicios de la Constitución de 1812, que el partido progresista ha huido de, juramentado y jurado de nuevo como Ley Fundamental. Semejadas, pues, á ese Código, obligados estaban á obedecerle, y por lo mismo no fueron arbitrarios de hacer cuanto se les antojase.

En su odio al Estatuto Real, y en su amor á la Constitución de 1812, el partido progresista cometió un error proclamando ésta en 1836. El Estatuto Real no fué obra de ninguna Cortes, sino sólo de la Corona, y la Corona pudo abolirlo por un decreto; pues así como la revolución ha forzado á la Corona á abolir el Estatuto, también ha forzado á desautorizar el Estatuto. Habiendo aquel partido tomado otro camino, se colocó en una falsa posición, atóse á sí mismo las manos, y viéndose cogido en sus propias redes, no le quedó más alternativa que, ó renunciar á toda reforma de la Constitución, ó á infringir ésta en cada punto que la tocase, llevando por consiguiente todos sus actos un carácter revolucionario y un vicio de nulidad. Estas consideraciones son capitales; y como en ellas descanza toda la argumentación de que me valdré para probar la nulidad de cuanto hicieron aquellas Cortes contra las provincias de Ultramar, ruego al lector que las tenga siempre presentes.

Y ya que de nulos califico esos actos, invocaré como un principio de prueba la protesta que extendí, luego que tuve noticia de lo que contra Cuba se maquinaba, y que firmada por tres de los diputados cubanos que nos hallábamos entonces en Madrid, fué presentada á las Cortes.

Protesta de los diputados electos por la isla de Cuba á las Cortes generales de la Nación.

«Los diputados á Cortes, electos por la isla de Cuba, vienen hoy, impelidos de un deber sagrado, á interrumpir la atención del soberano Congreso, y á derramar en su seno una expresión de dolor por la suerte de su patria. Trátase nada menos que de excluir á todas las provincias de América y Asia de la representación que legalmente les corresponde en la asamblea nacional; y cuando se trata de revocación de tanto momento, los individuos que firman este papel juran, por la patria que aman en el seno. Alzarin, sí, una voz enérgica contra ella, y ya que no les es permitido hacerla oír desde los asientos que debieran ocupar en el augusta recinto donde están congregados los representantes de la nación, dejarán el mérito consignados en una protesta solemne sus votos y sus sentimientos, para que nunca queden comprometidos los derechos del país que les honró con su confianza, ni los cubanos digan en ningún tiempo que los diputados que nombraron para las Cortes constituyentes en 1836 fueron negligentes ó cómplices en el supresion de sus funciones. Ellos, pues, protestan y protestan.

Porque desde la formación de las leyes de Indias todas las posesiones americanas fueron declaradas parte integrante de la monarquía; y por lo mismo con derecho á ser representadas en los congresos nacionales.

Porque esas mismas declaratorias y esos mismos derechos fueron confirmados y ampliados por la Junta Central del reino, en su decreto de 22 de Enero de 1809, y por el de las Cortes constituyentes, expedido en 15 de Octubre de 1812.

Porque todas las provincias ultramarinas fueron convocadas á las Cortes generales y extraordinarias, reunidas en aquel año, y sus diputados admitidos en ellas, to-