Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-12 00:00:00), página 6

sino, el de considerar á las vastas Colonias de España, sobre todo las de América, como provincias integrantes de la monarquía, que debían ser regidas por el mismo orden ó sistema que la madre patria en todo lo que fuera compatible con la diversidad y diferencias naturales é imprescindibles de unas y otras, es decir, manteniendo la diversidad dentro de la unidad.

Esto fué durante el régimen de lo que se llama código ó leyes de Indias. Después, dice el ministro, que las Cortes de 1812, queriendo conservar esa unidad creada, no se preocuparon, tanto como las circunstancias lo requerían, de la constante desigualdad en que se hallan las provincias peninsulares y americanas, aludiendo sin duda á la asimilación absoluta que establecieron entonces entre unas y otras; asimilación que demostró su impotencia e inconveniencia, no produciendo resultados provechosos, y que no pudo impedir los desastrosos que sobrevinieron; por cuyo motivo, los más ilustres de nuestros hombres públicos conocieron que no era posible prescindir de todo punto de esas diferencias, y que de aquí provino la declaratoria y prevención de las Cortes de 1837 literalmente trasmitidas á nuestra Constitución vigente, y según las cuales deben formarse leyes especiales para el régimen de las provincias ultramarinas.

Dice también el ministro que las leyes de Indias y las disposiciones posteriores que hoy están vigentes en todas las provincias de Ultramar, aunque satisfacen las necesidades de una colonización naciente como la de Filipinas y Fernando Póo, no sucede lo mismo con la de nuestras Antillas, las cuales, por sus adelantos científicos y literarios, por su riqueza y por la creciente extensión e importancia de su comercio requieren leyes y medios bien distintos de los que existen en las demás provincias ultramarinas, y de los que hasta ahora habrían necesitado ellas mismas; y que por lo tanto, lo que se debe y lo que trata de examinar es hasta qué punto puede llegar ya la asimilación legislativa entre aquellas islas y la península, y dónde debe comenzar y concluir la especialidad de su régimen gubernativo, para saber las bases en que deben fundarse las leyes especiales que, en cumplimiento del artículo 80 de la Constitución, deben presentarse á las Cortes para el gobierno de nuestras Antillas.

Hé aquí el plan y las intenciones que revela el decreto de 28 de Noviembre, el cual, á nuestro juicio, resuelve importantes cuestiones y concreta y facilita la resolución de las otras.

Reconociéndose en dicho decreto que la legislación vigente hoy en nuestras Antillas no satisface su adelantada y creciente civilización, la cual requiere leyes bien distintas de las que existen, se condena el régimen actual, objeto constante de los deseos de los antireformistas.

Abordándose desde luego la reforma política, se resuelve á favor de ésta lo que se ha querido hacer cuestión sobre la precedencia de las administrativas. Ya hoy está fuera de duda la precedencia de las políticas.

Reconociéndose que las Cortes de 1812 no se preocuparon tanto como las circunstancias requerían de la constante desigualdad de condiciones locales en que se hallan las provincias peninsulares y americanas, por conservar la unidad dentro de los principios del nuevo régimen político, se elimina definitivamente el sistema de asimilación completa en el régimen político que establecieron aquellas Cortes, y que se pretendía restablecer hoy por algunos.

Al abrir información sobre las bases en que deben fundarse las leyes especiales que al cumplir el artículo 80 de la Constitución, deben presentarse á las Cortes para el gobierno de las provincias de Cuba y Puerto-Rico, se resuelve que la reforma debe ser del gobierno ó régimen de aquellas islas, por medio de leyes especiales.

Y por último, al establecer que, no siendo posible prescindir de las diferencias de unas y otras provincias, el precepto constitucional de las Cortes de 1857, literalmente transmitido al Código político vigente, determinó que, deben formarse leyes especiales para el régimen de las provincias ultramarinas, se reconoce que esas leyes especiales deben ser constitutivas; porque las Cortes de 1857 declararon que la Constitución de la Península no es aplicable á aquellas provincias, y que por consiguiente era necesario darles otra.

Todas estas cuestiones están resueltas, y ya se podrá considerar desde luego la importancia de estas resoluciones, porque ellas han sido hasta ahora el caballo de batalla de los antireformistas. Ya está fuera de debate la precedencia de la reforma política, y el sistema de asimilación absoluto; ya está decidido que la reforma política se trate y resuelva desde luego, y que ésta debe ser bajo la base de leyes especiales constitutivas.

Esto es lo que hemos pedido, defendido y sostenido siempre, quizá solos en el estadio de la prensa, contra adversarios poderosos y encarnizados, y nos cabe la satisfacción de creer que hemos obtenido un verdadero triunfo con el decreto de 28 de Noviembre, en que el Gobierno se declara conocedor de los verdaderos principios que deben presidir en la legislación de nuestras Antillas. Gloria que le toca al Sr. Cánovas del Castillo, actual ministro de Ultramar, y que no le escatimaremos, porque, saber plantear la cuestión es resolverla.

Y esta cuestión pendiente, resueltas las que he-