Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-27 00:00:00), página 2

Sin embargo, hay circunstancias distintas que pueden y deben influir más ó menos en la modificación del régimen de las colonias.

Unas pueden hallarse situadas á mayor, otras á menor distancia de la metrópoli; unas pueden tener más ó menos posibilidad de emanciparse para llegar á tomar el nombre de naciones.

Las colonias cercanas pueden ser regidas por leyes análogas y aun idénticas á las de la metrópoli; algunas quizá con la misma centralización que las demás provincias de la nación; pero las colonias lejanas necesitan, cuando menos, aquella descentralización necesaria que exigen, no sólo la distancia, sino la diversidad del modo de ser que crea esa misma distancia, y los hábitos, intereses y condiciones que producen climas y necesidades diferentes. Como las Baleares, por ejemplo, nunca podrán ser regidas las Antillas españolas.

En estas colonias cercanas, al fin los deberes de la metrópoli se confunden en los de una nacionalidad común: es decir, al fin puede no haber metrópoli ni colonia, sino un mismo cuerpo de nación; pero no pudiendo verificarse esto con respecto á las colonias lejanas, los deberes de la metrópoli para con ellas permanecen siempre invariablemente los mismos que hemos apuntado, ya sea que puedan, ó no, aspirar á una emancipación completa y absoluta, y más imperiosamente con respecto á éstas.

Cuando la colonia puede aspirar á formar una nación separada, se emancipa, si se hace intolerable el yugo; pero cuando la colonia, por circunstancias especiales, tiene que permanecer por necesidad unida á la metrópoli, los paternales deberes de ésta son más imperiosos, y su desconocimiento una falta imperdonable; porque abusa de su posición para tiranizar y explotar por la fuerza á los que no pueden rechazar con la fuerza la explotación y la tiranía; entonces, en la impotencia de rechazar la fuerza con la fuerza, sobreviene, primero la indiferencia, después el odio reconcentrado y profundo que, en caso dado, ú ocasiones imprevistas, pero posibles, puede ser funesto para todas.

En cualquiera de estos casos que se hallen las Antillas españolas, siendo siempre idénticos los deberes del gobierno de la metrópoli, apliquemos ahora á ellas los principios indeclinables que señala la naturaleza y la ciencia para las leyes que hayan de regirlas.

Sontada la tesis inquebrantable de que los habitantes de las colonias tienen derechos iguales á los de la metrópoli; y que las colonias lejanas no pueden ser regidas por las mismas leyes ó con la misma centralización que las demás provincias de la metrópoli, es indudable que necesitan una organización, ó una Constitución política distinta; porque, siendo la Constitución de un Estado la que señala los poderes que hayan de regirlo, y las facultades ó atribuciones de cada una de ellos, y no pudiendo los de la metrópoli ejercer unas mismas y de una misma manera con respecto á las provincias metropolitanas y coloniales, es evidente que, para el régimen de las colonias, se necesita un nuevo arreglo de poderes y de sus atribuciones.

Esto es tan imprescindible, que la misma España que siempre ha declarado á sus colonias, especialmente á las de América, como provincias españolas y parte integrante de la monarquía, y que siempre ha tratado de regirlas por las mismas leyes, siempre ha dictado para ellas leyes distintas, hasta para su régimen político. El Código de Indias es una prueba de este aserto, porque contiene, no sólo leyes administrativas, sino leyes políticas diferentes, ó una organización política distinta.

El poder supremo no podía ser allá sino el mismo de la metrópoli: éste era entonces el del monarca absoluto, y absoluto también era en las colonias; pero como la descentralización colonial era de una necesidad ineludible, las facultades de los virreyes y capitanes generales eran mucho más latas, casi absolutas también en las colonias; y para que no lo fueran del todo, estaban templadas ó corregidas por las Audiencias en sus Reales Acuerdos; de suerte que el poder real perdía en aquellas colonias todo lo que concedía de más que en la Península á los virreyes y capitanes generales, y estos perdían allí en las suyas todo lo que se concedía á las Audiencias de allá y no á las de la península; resultando de aquí que las facultades ó atribuciones de los poderes eran distintos en una y otra parte, y que por consiguiente la organización ó Constitución política de las colonias era diferente de la de la metrópoli.

Sólo las Cortes de 1812, no preocupándose lo bastante de la constante desigualdad en que se hallan unas y otras provincias, como ha dicho muy bien el actual ministro de Ultramar, quisieron conservar la unidad del régimen político, rigiéndolas á todas por una misma ley fundamental, y ya se sabe cuál fué el resultado: que las colonias no por eso fueron mejor regidas; que no se pudo evitar la separación de las del Continente americano, y que al fin se reconoció y se declaró que no era aplicable á las restantes la Constitución de la Península, y que debían ser regidas por leyes especiales.

De consiguiente, hoy ya es un hecho adquirido que las Antillas españolas deben ser regidas por leyes especiales distintas de las de la metrópoli en cuanto á su régimen gubernativo; y tratando el gobierno de inquirir cuáles deban ser estas, examinemos los distintos sistemas que se conocen y proponen.

En el decreto de 23 de Noviembre se reconoce que