Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 4

la historia, como ha dicho un ministro de la Corona; hubiera podido soportarla; hasta que al fin tanta resignación, tanta virtud, tanto sacrificio, á la par que circunstancias apremiantes de otro género, parecieron mover el ánimo de los actuales gobernantes, los cuales, en la oposición, proclamaron altamente la necesidad de cumplir el precepto constitucional sobre leyes especiales para nuestras Antillas, y ahora en el poder se manifiestan, ó dicen que están dispuestos á cumplirlo.

Se ha abierto para el efecto una información, se han creado Juntas y convocado diputados ó comisionados de nuestras Antillas; se ha expedido un decreto en el cual se declara que va á cumplirse lo ofrecido en el art. 8.º de la Constitución: este artículo 8.º previene que las Antillas españolas sean regidas por leyes especiales, á consecuencia de haberse declarado antes que la Constitución de la Península no era aplicable á las provincias ultramarinas; y sin embargo, todavía se ignora, ó mejor dicho, si hemos de atender á los órganos oficiales ó semi-oficiales, todo induce á creer que la corriente de la opinión en la esfera del Gobierno se inclina más á legislar con las Cortes para las Antillas: sin la presencia de los diputados americanos, ó cuando más á aplicar á aquellas provincias la Constitución de la monarquía, más bien que á dotar á aquellas de la Constitución especial que se les debe y se les ha ofrecido. Es decir, que, sea cual fuere el método que se adopte, de los dos á que parece inclinarse el Gobierno, se continuará siempre la rutina de legislar y reglamentar de acá todo lo perteneciente á aquellos lejanos países.

Parece increíble tanta obcecación.

Este es el sistema que se ha observado siempre en España: se ha visto los funestos efectos que ha producido, y sin embargo, parece que se insiste en continuarlo. Los reyes absolutos gobernaron las colonias con el Consejo de Indias: los reyes constitucionales con las Cortes y con presencia de los diputados americanos: uno y otro método fueron inútiles, no sólo por la manera, sino porque siempre se quiso legislar, administrar y reglamentar de acá todo lo perteneciente á aquellas colonias, por considerarlas como á las demás provincias de la metrópoli.

Este es el vicio capital de ese sistema. Querer gobernar á Cuba y Puerto-Rico, como á Toledo ó á Guadalajara. Esto es racional y materialmente imposible. Todos los ministros de la Corona, todos los diputados á Cortes peninsulares, conocen, y no pueden decir que desconocen los intereses y necesidades de las provincias de la Península y los medios de satisfacerlas: el embarazo no consiste sino en la elección del mejor de esos medios, lo cual puede conseguirse ó estudiarse facilmente en un gabinete ó en las sesiones de las Cortes: los ministros de la Corona ni los diputados á Cortes peninsulares no conocen ni pueden conocer, aunque lo expliquen los diputados americanos, los intereses y necesidades que crea en aquellas provincias un modo de ser enteramente distinto, que no comprenden ni aun los mismos peninsulares que han permanecido allí, ó gobernado aquello por 'corto tiempo, si no se han dedicado con asiduidad á su estudio: los ministros de la Corona destinados especialmente á ese ramo, no se han avergonzado de confesar, como el Sr. Seijas, que nada sabían de aquellos asuntos y que necesitaban estudiarlos: del Sr. Cánovas se dice que los ha estudiado profundamente, y sin embargo, necesita nombrar Juntas, convocar comisionados de aquellas islas, y oír á todo el que quiera llamar, para formar un simple reglamento sobre el trabajo de las clases populares.

Y ¿puede ser racional pretender absorber el conocimiento y resolución de asuntos que no se conocen, y para cuyo estudio se necesita todo ese aparato costoso y dilatorio de Juntas y convocatoria de comisionados, interrogatorios verbales y por escrito, y todo lo demás que previene el decreto de 25 de Noviembre?

Y ¿facilitaría más ese estudio y conocimiento, la presencia en las Cortes de los diputados americanos? Tampoco. El actual ministro de Ultramar lo ha dicho, y con razón: esos diputados americanos, en la impotencia de los ministros y diputados peninsulares, propondrían ellos desde luego, se verían precisados á proponer las leyes que demandaran las necesidades de sus provincias; y el Gobierno y las Cortes se encontrarían completamente ignorantes del asunto de que se trataba, y toda resolución sería imposible, ó desatinada.

Semejante sistema es irracional, y su ineficacia y sus peligros están ya demostrados por una costosa experiencia. Ese sistema no nos produjo sino el empobrecimiento y la pérdida de las colonias más ricas y más vastas que haya poseído nación ninguna; y obstinarse en continuarlo es cerrar voluntariamente los ojos á la luz de la razón y á las demostraciones de la experiencia. Si las colonias americanas son provincias españolas, deben ser gobernadas con arreglo á su naturaleza y circunstancias especialísimas.

El mal no está en que aquellas provincias sean regidas por leyes comunes idénticas á las de la Península, y por tanto el remedio no será el de dictar para ellas leyes comunes distintas, que siempre se les han dado y que siempre han sido ineficaces: el remedio no será sino dar á aquellos habitantes, por medio de una ley política distinta, una intervención eficaz en su legislación y administración, aunque