Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-27 00:00:00), página 4

vo señor Ministro de Ultramar, señor Cánovas del Castillo, y tenemos confianza en que nos oirá, y aun en que podrá remediar á un estado de cosas que arruina á las empresas periodísticas mas sólidas.

Por lo demás, lo mismo en el caso de que la Unión liberal se inolide á la asimilación de aquellas provincias con la metrópoli, que en el de que prefiera gobernarlas por medio de leyes especiales, no puede escusarse de proponer á las Cortes que vengen diputados ultramarinos á quienes se oiga en tan importantes cuestiones.

En resumen, nosotros no pertenecemos al partido de la Unión liberal; pero nos alegramos mucho de su nuevo advenimiento al poder, y con tal de que realice su moderno programa, de que afirme la tranquilidad pública y la seguridad individual, de que promueva algunas reformas útiles en Hacienda, y empiece la de las leyes ultramarinas llamando á las Cortes representantes de aquellas provincias, daremos por bien empleado el tiempo que dure su Gobierno.

Félix de Bona.

LEYES ESPECIALES
PARA
LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS.

III.

Continuamos los comentarios iniciados en nuestro número anterior.

«Art. 8.º Las islas de Cuba y Puerto-Rico pagarán solo sus gastos, y además enviarán al Tesoro de la metrópoli, para gastos generales, la cantidad que fijen las Cortes con proporción á su riqueza y á lo que con el mismo objeto paguen las demás provincias de la Monarquía.»

Este artículo no introduce ninguna variación en lo existente, al paso que será de una trascendencia ventajosaísima, tanto para la metrópoli, como para las Antillas. No introduce variación, porque las islas continúan pagando todos sus gastos, como los pagan hoy, y porque la metrópoli continuará percibiendo, como percibe hoy, una cantidad alzada para el Tesoro de la Península: y será de una ventajosa trascendencia para ambos, porque la metrópoli percibirá de esta manera con seguridad una cantidad fija, como contribución, en lugar de una cantidad incierta, como sobrantes, en caso de haberlos; y porque las islas, pagando solo sus gastos, aun reduciendo estos, podrá atender mejor á sus necesidades.

Verdaderamente, con este artículo, solo hemos querido atender y dejar á salvo los intereses actuales, ó el interés pecuniario que actualmente reporta la metrópoli de la pension de aquellas provincias, y con respecto á estas, dejar sentado el precedente que sirva para atender y sacar á salvo los suyos, sin variar nada de lo existente. El Tesoro de la metrópoli ha percibido hasta ahora de aquellas islas unos cuantos millones, pero sin fijeza, según sean los sobrantes, y según se aumenten ó disminuyan los gastos de aquellas cajas. Vigente este artículo, la percepción del Tesoro metropolitano será fija, y como puede aumentar con proporción al aumento que tenga la riqueza de las islas, el interés de la metrópoli estará ligado á los intereses de las islas, porque mientras mayor sea la riqueza de estas, mayor será la cantidad que perciba. Este es el precedente que hemos querido sentar, en bien de la metrópoli y de las Antillas: el mas eficaz, el que estriba en la lógica y solidaridad de los intereses comunes.

Hoy, como esas cantidades vienen en calidad de sobrantes, aunque se aumenten los gastos, se aumentan las contribuciones, á fin de que resulten sobrantes, aunque los gastos de las islas queden desatendidos, y alguna vez, ni aun así vienen ni hay tales sobrantes, tantos son los gastos que se acumulan sobre aquellas cajas. La manera que proponemos tiende á que la metrópoli perciba todo lo que pueda percibir de aquellas islas, al paso que los gastos de estas sean completamente atendidos. Esto último se verá en los tres artículos subsiguientes; en este solo se atiende , como hemos dicho, á asegurar á la metrópoli los ingresos que actualmente utiliza de aquellas provincias.

«Art. 9.º Los empleados públicos de las islas no podrán ser removidos sino por falta probada en el cumplimiento de sus deberes, en la forma que determinen los Consejos de Administración.»

La justicia, la necesidad y la conveniencia de la inamovilidad de los empleos públicos no hay para qué demostrarlo, ni encarecerlo. Es un principio eterno, reconocido en la metrópoli, que se practica en ella, y que si no tiene una aplicación rigorosa, como proponemos ahora, es por causas que militan en la metrópoli y que no existen en aquellas provincias. Los intereses de partido se dice que exigen áca la variabilidad de ciertos empleos, á juicio y según sean los ministerios que se suceden, á fin de que resulte la homogeneidad de poderes y de miras que son necesarias para la buena gobernación del Estado. Y esto que puede ser aquí una causa suficiente, no lo es de ninguna manera en aquellas provincias, y mucho menos con el régimen especial que proponemos.

En virtud de este régimen especial, habiendo previsto de propósito que aquellas provincias no envíen sus diputados á Cortes al Congreso nacional, el gobierno no tiene necesidad de desejar que dichos diputados pertenezcan á su partido: no necesita por tanto ejercer, por medio de sus gobernadores, la influencia moral que se dice tiene derecho á ejercer en estos casos; y no teniendo así aquellas islas ninguna intervención en la gerencia y régimen de las provincias europeas de la metrópoli, el Gobierno no tiene necesidad ninguna de que los empleados de allá sean de su devoción, ó pertenezcan á su partido, y no hay necesidad de variarlos al compás de las variaciones ó modificaciones ministeriales. Girando el gobierno y la administración de aquellas islas dentro de un círculo especial, extraño y fuera del torbellino de los partidos de la metrópoli, los empleados de allá