Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 47

Art. 31. Los regentes de las audiencias de la Península y de las Antillas, como también el gobernador de Fernando Póo, darán al gobierno parte quincenal circunstanciado de toda causa que se instruya en su respectivo territorio por trasgresión á esta ley.

Los partes de cada una de estas autoridades serán trasmitidos por el gobierno á todas las demás que quedan expresadas, a fin de que en virtud del conocimiento recíproco de dichos partes, puedan acordar lo que proceda, para que tenga ejecución lo dispuesto en el artículo que antecede.

Art. 32. Para el descubrimiento y probanza de estos delitos, emplearán los jueces y tribunales todos los recursos y medios autorizados por las disposiciones que rigen en materia de enjuiciamiento criminal, así fuera como dentro de las fincas ó ingenios en donde puedan hallarse los delincuentes ó los negros bozales que originen el procedimiento.

La forma con que gubernativamente han de practicarse los registros de fincas y perseguirse en el interior de Cuba y Puerto-Rico las expediciones ilegales de negros, será determinada por los reglamentos.

Art. 33. La declaración gubernativa del estado de libertad de los negros bozales aprehendidos dentro de las islas de Cuba y Puerto-Rico, sus aguas jurisdiccionales, la harán los gobernadores superiores civiles, resolviendo de plano y sin ulterior recurso, previa audiencia de una Junta especial, á la que se someterá la cuestión de si son ó no son bozales los negros aprehendidos.

El informe de esta Junta y la declaración del gobernador superior civil, se publicarán en los periódicos oficiales de la respectiva isla. Un reglamento especial determinará las reglas á que ha de sujetarse la formación de dicha Junta.

Art. 34. Las autoridades y funcionarios gubernativos, como también los del orden público judicial y fiscal, así en la Península como en las islas de Cuba y Puerto-Rico, se presentarán mutuamente el más constante y exquisito auxilio para descubrir y perseguir en todas sus manifestaciones el tráfico negrero, procediendo de oficio por denuncia ó por acusación cuando tuvieren noticia de que se construyen ó arman buques destinados á la trata, ó se enganchan sus tripulaciones, ó se dirigen á las costas de África, ó se anuncia ó supone un desembarco de bozales en las de Cuba ó Puerto-Rico.

Art. 35. Cuando se procediere á la formación de causa por denuncia ó acusación privadas, y resultaren ciertos los hechos que las motivan, los denunciadores ó acusadores percibirán el 10 por 100 de las multas á que se refieren los artículos 8.º, 6.º y 7.º

Art. 36. La simple negligencia de dichas autoridades y funcionarios, será corregida gubernativamente con la suspensión de empleo y sueldo por término de seis meses.

En caso de reincidencia serán separados de sus cargos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que puedan haber incurrido con arreglo á esta ley.

Art. 37. Además de las penas en que por las leyes comunes y por virtud de lo dispuesto en el párrafo 4.º del artículo 2.º de la presente puedan incurrir los escribanos públicos que autoricen alguna escritura ó documento en contravención á las anteriores prescripciones ó á lo que determinan los reglamentos administrativos, respecto á la adquisición de esclavos por cualquiera de los medios conocidos por derecho, per- dará el oficio y se declarará gubernativamente su caducidad y reversión, siendo de los enajenados con arreglo á las leyes.

Art. 38. El sobrante de las multas señaladas en los artículos 8.º, 6.º y 7.º, después de satisfechos los premios á que se contraen el 18 y 52, se destinará al pago de una policía especial que será establecida en los puntos de la Península y de Ultramar que fueren convenientes, á juicio del gobierno, y cuya organización y atribuciones será objeto de un reglamento.

Art. 39. El gobierno queda encargado de expedir los reglamentos para la ejecución de esta ley.

Art. 40. Queda derogado todo fuero en las causas que se sigan en cumplimiento de las disposiciones que preceden, como también la ley de 10 de Marzo de 1845, y cuanto no sea conforme á la presente.

El ministro de Ultramar, Antonio Cánovas del Castillo.

El Secretario y Editor responsable
Julio L. de Viscarrondo.