Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-03-27 00:00:00), página 38

el artículo 80 de la Constitución. Tan luego como se tuvo noticia de este decreto, se produjeron dos opiniones completamente contrarias, siendo una de ellas, de la cual yo participe, la de los hombres prudentes y templados que aplaudían el decreto por comprender que antes de dictarse disposiciones tan graves y trascendentales como la de que se trataba, era muy conveniente oír todas las opiniones y examinar detenidamente la cuestión.

Pero los que lo rechazaban de otra manera, los más desconfiados, juzgaban desfavorablemente el decreto, creyendo que, cuando después de treinta años de haberse ofrecido esas leyes especiales, que todavía no se habían dado a pesar de hallarse reunidos los datos convuientes al efecto, ese decreto no significaba otra cosa que un medio de eludir los compromisos contraídos por la unión liberal en la oposición; creyendo otros que, atendida la movilidad de los ministros en España, sería difícil, si no imposible, que este ministerio tuviese tiempo para realizar su informe, que este ministerio diera tiempo para publicar su informe, que este ministerio diera tiempo para publicar su informe en la Península ni en Ultramar, y que por la indicación que de ella se hace en el bando, parece que no decía más sino que el acto de la elección se ejecutará con las reglas establecidas para elegir los ayuntamientos.

El Real decreto decía que la elección había de verificarse por las corporaciones municipales, añadiéndose que los ayuntamientos autorizarían las cantidades necesarias para el gasto que causasen los comisionados. Se ha querido decir que por la palabra ayuntamientos o corporaciones municipales se entiende a las únicas que constituyen cada ayuntamiento, lo cual no puede admitirse, y mucho menos cuando se habla de encomendarles el votar las cantidades necesarias para los gastos. Claro es, pues, que sólo se hablaba de los ayuntamientos; y aunque en mi opinión es preferible que sea el cuerpo electoral el que haga la elección, me limito aquí a sostener el decreto cuyas disposiciones no podrá alterar la Real orden, y mucho menos tratándose de una materia tan grave como lo es la de resolver lo relativo a las leyes para las provincias de Ultramar.

Se querrá oír á las personas competentes, entendidas é inte- resadas en la cuestión, y naturalmente la forma en que debían ser elegidas era de suma importancia, y se debió resolver en Consejo de Ministros, según se desprende del preambulo del decreto que, sea dicho de paso, está perfectamente de acuerdo con el articulado, lo que no sucede siempre con los preambulos de la ley liberal, que muchas veces suelen estar en contradicción con el cuerpo de la ley.

Siendo esto así, no se comprende que la Real orden derogase el Real decreto en una cosa de tanta importancia y que tan rápidamente lo altera, ni se concibe tampoco que mediatamente tan corto tiempo entre el decreto de 25 de Noviembre y la Real orden de 28 de Diciembre, se varíe tan radicalmente en este punto.

Sin embargo, concedo que tal vez por una inteligencia equivocada, al dictar esa Real orden, por alguna cláusula que se haya omitido en ella, ó por otra causa, pudiera el capitán general creer, según las instrucciones que hubiese recibido, que el cuerpo electoral debía elegir los comisionados; pero se dice terminantemente que la Real orden de 28 de Diciembre previene que las reglas a que ha de sujetarse la elección son las que rigen para la de los cargos municipales; y aun cuando hubiera comprendido que la elección debía hacerse por el cuerpo electoral, no podrá adoptar las medidas que ha tomado, porque en los ayuntamientos no hay de los cargos los mayores contribuyentes por territorio, ni industria, ni comercio y por capacidad. Y en virtud de ello hay 113 electores para la Habana, de los que 38 son por el primer concepto, 57 por el segundo y los demás por el tercero, y para el objeto de que nos ocupamos se empezó por hacer una rectificación de listas, que era contraria á la ley, introduciendo un cambio en el cuer- po electoral.

Es preciso tener presente que allí la riqueza territorial es la realidad representación del elemento conservador, fijo y permanente, y la comercial e industrial representa la parte movilizable y de actualidad, teniendo además otras significaciones que no tienen en la Península. Allí la riqueza territo- rial representa lo indígena, lo existente, mientras que la otra riqueza representa lo accidental, siendo éll el partido conservador, representado por la riqueza territorial, el reformista, mientras que el movilizable, representado por la otra riqueza, es estacionario, y estas diferentes combinaciones se neutrali- zan por la influencia que tiene la parte de la inteligencia; y lo que ha hecho el capitán general es dividir la riqueza movili- lar en industrial y comercial, dando 28 votos a cada uno; de suerte que cuando antes el elemento territorial, unido al científico, tenía una mayoría conocida, ahora no la tiene, ha- biéndose sobrepujado el elemento movilizable, al que se le han aumentado los 19 votos que se han quitado al anterior, con lo cual podrá venir una opinión completamente distinta, y decir que allí no convienen reformas, y que los nuevos están en con- flicto con los viejos, y que el decreto ha sido más que con- viene sólo alguna reforma económica y administrativa, lo que es contrario á la verdad.

Con esto ha sucedido lo que debía suceder, que la opinión pública se ha agitado, manifestando los periódicos sus que- jas, y acordando el ayuntamiento hacer una representación, si bien se ha dicho que no podrá representar sin que se com- prenda de donde ha podido deducirse una cosa semejante, cuando por el Real decreto se ha comunicado un precedente, y es que se imponga una obligación que se ha de revocar luego.

Yo no sustraer á calcular las consecuencias que pueda traer semejante disposición, y sólo diré que la arbitrariedad es siempre un grandísimo mal más peligroso todavía en Ultra- mar, donde se halla ya restringido el elemento legal. Y aquí no había nada que justificara la alteración que se ha hecho, y que es contraria al texto del Real decreto, por lo que yo creo que el Gobierno de S. M. estará dispuesto á adoptar las medi- das convenientes para que se lleve á cabo el decreto tal como se emitió, y que el S. M. se encargue de hacer llegar la verdadera expresión de los habitantes de la isla de Cuba.

La segunda disposición de que me voy ocupando es rela- tiva á una cuestión económica, en la que hay también otro abuso de importancia.

Por los Aranceles de Aduanas se ha concedido exención de derechos en la isla de Cuba á ciertas máquinas aplicadas á la agricultura, habiéndose extenuido por una Real orden esa exención á otras máquinas, á las que no alcanzaba esa me- dida. Otras que no presentaban algunas máquinas que no estaban comprendidas en esa exención; pero á las que, aten- didas las circunstancias que mediban, el Intendente se las concedió provisionalmente, consultando al Gobierno de S. M., que dictó una Real orden arreglada á todos los buenos prin- cipios, en la que se declaraban por regla general libres del pago de derechos arancelarios las máquinas, instrumentos y toda clase de aparatos mecánicos que los particulares impor- ten en la isla para la agricultura, arrendar de los frutos en el interior de la isla, y que se regulaban todas clases de aplicaciones que tienden á economizar brazos ó hacer menos costosa la ex-plotación de las propiedades rústicas.

El objeto de esta Real orden era hacer una regla general de lo que antes había sido una excepción, y el intendente de la Habana ha convertido esa regla general en excepción, pues ha dicho en las instrucciones dadas para llevar á cabo la Real orden, que cuando el importador sea comerciante se despatcha- ran las hojas como cualquiera otra, una vez que la inspección de aduanas lo lo declare, y cuando se trate de la mercancía que antes se concedía, tanto á los comerciantes como á los parti- culares, se ha reducido por la citada Real orden, sin que sea fácil saber de dónde ha deducido el intendente que los comer- ciantes no son particulares.

Facil es presumir el disgusto que eso habrá producido entre las personas que se dedican al cultivo de la agricultura, al ver que cuando habían conseguido una medida tan conve- niente, venga á restringirse de esa manera, consignando con esto que en lugar de aumentarse se aminoró, y que por otra parte disminuya la producción agrícola.

Yo hubiera comprendido que tratándose de harinas , por ejemplo, si se hubiera dicho que las que se introdujesen para los ingenios estarían exentas de derechos, se exigieran ciertas garantías para que no se introdujesen con otro objeto, pero tratándose de máquinas para la agricultura, cuantas mas se introduzcan más se economizará, y mayor será la materia im-ponible.

No concibo cómo se puede cometer una arbitrariedad se- mejante sin ningún pretexto que la apoye; y si cuando el Go- bierno dicta medidas beneficiosas para aquellas islas las auto- ridades las convierten en perjudiciales, facíl es calcular lo que serán las que adopten por su propio criterio.

Voy á concretar, pues, mi interpretación á las preguntas si- guientes: primera, si el Gobierno está resuelto á hacer que se ejecute el Real decreto de 25 de Noviembre tal como fue ru- bricado por S. M. y publicado en el Pátrico, y si en caso de que se hagan las inscripciones que se haya hecho, y que hasta fecha legales, está dispuesto á hacer que se cumplan sus órdenes tal como las ha dicho; segunda, si está asimismo dispuesto á hacer que el intendente de la Habana cumpla la Real orden de 13 de Noviembre: tal y como esta concebida, revocando esa instrucción que la falsa completamente.

Yo espero que el Gobierno contestara de una manera satis- factoria, pudiéndose con esto volver á la isla de Cuba el re- poso y la tranquilidad que ha perdido por esos abusos come-