Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 46

10. La falta, en todo ó en parte, de los libros y demás documentación que exigen las disposiciones del Código de comercio, siempre que por el lugar en que fuese aprehendido el buque ó por cualquiera otra circunstancia, infundiese sospechas de estar dedicado al tráfico negro.

Alguna ó algunas de estas circunstancias que se prueben, se considerarán como indicios prima facie, de que el buque está destinado al comercio de negros, á menos que el capitán ó los dueños ó armadores del buque demuestren plenamente que se hallaba empleado ó destinado al tiempo de su aprehensión á alguna especulación legal.

Art. 24. Se considerará también como indicio, y si no acreditarse legalmente lo contrario, como prueba de haber cooperado el dueño ó arrendatario de fincas en la isla de Cuba y Puerto-Rico á expediciones negreras, la presencia en dichas fincas de uno ó más negros bozales que no estuviesen provistos de las cédulas de empadronamiento correspondientes ó que las tuviesen falsas, y cuya legítima procedencia no se acredite además por el censo y registro de esclavos que deberá llevarse en cada isla con arreglo á las disposiciones administrativas.

En este caso serán considerados como encubridores y sufrirán las penas señaladas por esta ley, los mayoraes y capataces de las fincas donde se hallaren los negros, si no hubieren dado parte á la autoridad de la introducción dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse verificado.

Art. 25. Los barcos negreros que fueren apresados por los cruceros españoles en los mares á que se refiere el convenio celebrado con la Gran Bretaña en 1858, serán conducidos al tribunal misto que corresponda en la forma y para los efectos estipulados en dicho convenio.

Cuando fueren apresados en las aguas jurisdiccionales de las islas de Cuba ó Puerto-Rico, serán puestos á disposición del respectivo gobernador superior civil, á fin de que, después de dictarse gubernamentalmente la declaración de libertad de los negros, puedan ser entregados sus conductores á los tribunales competentes con sujeción á esta ley.

Con el mismo fin serán puestos á disposición de los gobernadores superiores civiles de Cuba ó Puerto-Rico, los negros bozales y sus conductores que fueren apresados dentro ó fuera de los ingenios en el territorio de las islas respectivas.

Art. 26. Cuando el barco apresado fuere conducido al tribunal misto de la Habana y éste dicte la declaración de buena presa, el juez árbitro ó sustituto español que de él formase parte, remitirá las personas aprehendidas en el buque que fueren subditos españoles, y una copia literal y autorizada de todas las actuaciones al regente de la Real audiencia, á fin de que por el juez competente se proceda á la formación de causa en averiguación y castigo del delito con arreglo á esta ley. Si el barco capturado fuese abuelto por el tribunal misto, el juez árbitro ó sustituto español que lo compusiere, remitirá copia literal y autorizada del proceso al gobernador superior civil de la isla de Cuba, que lo dirigirá inmediatamente al gobierno.

Art. 27. Cuando el barco negro se hubiese sido conducido al tribunal misto de Sierra-Leona, y éste pronunciase la declaración de buena presa, el juez árbitro ó sustituto español que de él formase parte, remitirá las personas aprehendidas que fueren subditos españoles, y una copia literal y autorizada de las actuaciones, al regente de la Real audiencia de Canarias, para los fines señalados en el artículo anterior.

Si el tribunal misto de Sierra-Leona pronunciase sentencia de absolución, el juez árbitro ó sustituto español remitirá copia literal y autorizada del proceso al gobernador civil de las islas Canarias, que lo dirigirá inmediatamente al gobierno.

Art. 28. El gobernador de Fernando Póo y sus dependencias, los alcaldes mayores de Cuba y Puerto-Rico y los jueces de primera instancia de la Península y las adyacentes con apeleación á las Reales audiencias respectivas, conocerán de las causas que se instruyan por transgresión de esta ley.

La Real audiencia de Canarias será el tribunal de alzada para los fallos asesorados del gobernador de Fernando Póo.

Art. 29. Son jueces competentes para conocer y determinar en primera instancia en las causas que se instruyan por virtud de esta ley:

1.º El gobernador de Fernando Póo, asistido de un asesor letrado cuando residieren en el territorio de su mando las personas que, como capitalistas, dueños ó armadores de buques, se dedicasen á la trata, ó cuando el barco negro fuese construido, preparado, carenado ó armado en todo ó en parte en las costas de la colonia ó apresado dentro de la zona marítima señalada en el art. 1.º de esta ley.

2.º Los alcaldes mayores de Cuba y Puerto-Rico en sus respectivos partidos, ó el mas antiguo de ellos si hubiese dos ó mas, cuando medieran las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, ó cuando el barco negro fuese aprehendido dentro de las aguas jurisdiccionales de dichas islas, ó cuando el desembarco de bozales se verificase en territorio de su mando, ó los negros fueren introducidos en las fincas enclavadas en su jurisdicción respectiva.

3.º El alcalde mayor mas antiguo de la Habana en el caso á que se refiere el art. 26.

4.º El juez de primera instancia de las Palmas en la Gran Canaria en el caso á que se contrae el art. 27.

5.º El juez de primera instancia de la Península ó islas adyacentes, ó el mas antiguo de ellos si hubiese dos ó más en cuya jurisdicción residiesen las personas que como capitalistas, dueños ó armadores se dedicasen á la trata, ó cuando el barco negro fuese construido, carenado ó armado en todo ó en parte en las costas del territorio de su mando respectivo, ó cuando á él fueren conducidos los buques apresados en los mares á que se refiere el párrafo 2.º del art. 21 de esta ley.

Art. 30. Cuando dos ó más jueces de los expresados en el artículo anterior comiencen á conocer simultáneamente de algún hecho criminal en cualquiera de sus diversas manifestaciones ó indicios, se entenderá que lo hacen á prevención en tanto que no se determine la competencia definitiva de su jurisdicción por el orden siguiente:

1.º La del territorio en que se hubiere verificado la aprehensión de los negros africanos y sus conductores.

2.º La del distrito en cuyo litoral se hiciere la captura del barco negro.

3.º La de aquel á cuyas costas ó puertos fueron conducidos los buques capturados en los casos á que se refiere el párrafo 3.º del art. 21 de esta ley.

4.º La del lugar en que se construyeran, carenaren, prepararen ó armaren los buques destinados al tráfico de negros.

5.º La del domicilio de los capitalistas y dueños del cargamento de bozales.

6.º La del domicilio de los dueños, armadores ó consignatarios de los barcos destinados al comercio de esclavos, siempre que dichos consignatarios, armadores ó dueños, no resultaren comprendidos en los casos del número 4.º de este artículo.

7.º La del domicilio de sus capitanes, oficiales y tripulantes de dichos barcos, siempre que no aparezcan complicados en los casos del mismo número 4.º.

8.º La de la residencia de los funcionarios públicos á que se refiere el párrafo 4.º del artículo 20 de esta ley, mientras aparecieran como únicos acusados.