Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-08-12 00:00:00), página 3

nemos el ejemplo de las provincias Vascongadas, que no obstante su legislacion autonómica y especial envían sus diputados á las Cortes, ¿qué inconveniente ofrece que se haga una cosa parecida con las provincias ultramarinas?

Que Cuba y Puerto-Rico tienen la cuestión social y especial del trabajo; que en ambas islas, la grande extensión de la propiedad territorial y su escaso valor exigen una legislación diferente de la metropolitana para los impuestos, para las servidumbres, para las trasmisiones, registros y demás incidentes que afectan á los propietarios; que atendidas las razas y la rarefacción de la población, aquellas islas requieren una organización diferente respecto á policía urbana y rural, respecto á enseñanza, á beneficencia, y que por este orden hay otros muchos puntos de la política y de la administración que sólo resolverá bien una asamblea legislativa local: todo esto es exacto, exactísimo; pero Cuba y Puerto-Rico, aparte de estas cuestiones políticas, están interesadas en que el Gobierno superior de la nación sea bueno, en que estemos bien representados ante las potencias extranjeras, en que no se gaste de más ni de menos para la defensa del territorio y la seguridad del pabellón español en los mares, en que no provoquemos guerras injustas, ni tampoco consentamos que se ultraje á nuestros conciudadanos en países extranjeros; en una palabra, están ambas interesadas en todas las cuestiones que caen dentro del perímetro señalado á la acción de la nación entera como cuerpo político, y bajo todos estos puntos de vista, tienen el derecho, y á la vez el deber, de enviaros sus representantes, sus diputados, que en unión con los nuestros las discutan y resuelvan, votando sus presupuestos.

La nacionalidad es una clase de asociación política que ha costado y cuesta siempre mucho trabajo, mucho dinero y tal vez mucha sangre para constituirse, de la misma manera que al matrimonio, que constituye la asociación de la familia, preceden siempre los gastos de establecimiento del hogar doméstico; y que al municipio y á la provincia preceden otros gastos de mucha consideración. Bajo el punto de vista económico, toda asociación de fuerzas exige el concurso previo de un capital para formarse y de una renta ó producto para sostenerse en actividad: este capital en las grandes nacionalidades se halla representado por la Deuda pública, contraída para defender ó sostener el cuerpo político, por los bienes de la corona ó del estado, acumulados para sostener el principio de la unidad nacional, que personifica el monarca ó el jefe del poder ejecutivo, y la renta se encuentra asimismo representada por los impuestos en hombres y dinero que exige la conservación de la nacionalidad.

Esta á su vez constituye una gran fuerza productiva de seguridad, de sosiego, de respeto á la propiedad, de progreso y de bienestar. No importa que haya nacionalidades mal organizadas y que sean un obstáculo para conseguir estos bienes; porque del abuso no puede deducirse que es malo el uso. Basta que la nacionalidad tenga por objeto y pueda y deba ser la creación de esa gran fuerza productiva, para que todos los que la disfruten tengan el deber de contribuir proporcionalmente con la parte del capital necesario que les corresponda ó de pagar los intereses que les toquen.

De forma, que tanto para dirigir, regular, moderar, impulsar ó modificar la accion de la fuerza productiva que nace de la nacionalidad, como para discurrir y votar los gastos que la creación de esta fuerza ocasiona, todas las partes que la constituyen deben intervenir en su gobierno; y así como sería un despojo, ó por lo menos una exacción arbitraria, obligar á las provincias ultramarinas á que sin su representación se destine una buena parte de sus rentas públicas al pago de servicios nacionales, así también sería un despojo que á las provincias europeas peninsulares, á título de metropolitanas, se las obligara á soportar solas toda la pesadumbre de los impuestos y gastos nacionales.

De aquí que la asimilacion en derechos políticos y la representación en las Cortes de la metrópoli, de diputados ultramarinos, en nada debe afectar, ni en nada se opone á que aquellas provincias tengan sus legislaturas locales y por consiguiente su legislación especial.

En este concepto uno mi petición á la de El Siglo de la Habana y á las seis mil y tantas firmas de las personas más ilustradas de la Isla de Cuba, que reclamaron el nombramiento de diputados para las Cortes de la península, y que éstas con su concurso hagan las leyes especiales para aquellas provincias; pero al mismo tiempo insistí en que la representación de dichos diputados no debe ser transitoria, sino permanente.

De no ser así, tendría bastante fe en mis convicciones para preferir la completa emancipación de aquellas islas, y que sobre ellas pesaran exclusivamente todas las responsabilidades y gastos de su especial nacionalidad; porque una de dos: ó constituyen pueblos independientes, ó de formar con nosotros una común nacionalidad, deben gozar de todos los beneficios y participar de todos los inconvenientes que esta nacionalidad traiga consigo.

Fáltame, para concluir, tocar otra importantísima cuestión; la del modo de elegir los diputados á Cortes: en este punto no soy tan modesto en mis aspiraciones como mi compañero el Sr. Bernal, á quien, supuesto el caso de no prestarse el Gobierno á dar