Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-27 00:00:00), página 7

directamente también sobre los Consejos de Administración, y no indirectamente por medio de los capitanes generales. Los capitanes generales no deben ser allá sino los representantes del poder ejecutivo para cumplir y hacer cumplir las leyes, velar por el mantenimiento del orden y seguridad pública, pero no para administrar. En aquella parte pueden centralizar la acción del Gobierno; pero en la parte administrativa, el poder centralizador debe ser allá la corporación administrativa superior que son los Consejos de Administración, y el Gobierno de la metrópoli conserva su acción suprema centralizadora con la alta inspección que ejerce sobre los consejos en virtud de sus facultades legislativas.

Es necesario hacer en las Antillas la conveniente división de poderes, que no es sino el principio económico de la división del trabajo. Hoy los capitanes generales los resumen todos, y no pueden atender á nada. Los capitanes generales no deben tener facultades administrativas que embarazan su acción verdadera. Las facultades administrativas son de otro género, pertenecen á otra categoría, exigen otros conocimientos especiales y no deben residir sino en los que posean esos conocimientos y puedan dedicarse exclusivamente á su desempeño, tan vasto, complicado e importante que ocupará todo el tiempo, no solo de una persona abrumada con otras atenciones también importantes, sino todo el de una corporación entera dedicada exclusivamente á ese objeto.

Nosotros hemos concebido el régimen de las Antillas de la manera siguiente. El Gobierno de la metrópoli legisla con los datos ó instrucciones que puede pedir ó que le pueden suministrar con su iniciativa los Consejos de Administración: las corporaciones y autoridades subalternas de las islas administran bajo la inspección de los Consejos de Administración: los capitanes generales son lo que se llama el poder ejecutivo que vela por la seguridad y el orden público y por el cumplimiento de las leyes y disposiciones que rijan á aquellas posesiones, y el Gobierno de la metrópoli conserva su alta inspección sobre todo con sus facultades legislativas. Este mecanismo tan sencillo, convenientemente organizado, creemos que pueda ser eficaz para satisfacer todas las necesidades y remover todos los inconvenientes. Este es el que hemos procurado desarrollar: si no es perfecto, lo que estamos muy lejos de imaginar, si al menos sirve de base para edificar sobre él, ó sobre otro análogo ó más conveniente, habremos conseguido el objeto.

«4.º Determinar en caso de duda, cuando cualquiera de esas corporaciones (las municipales y provinciales) abusen ó traspasen el límite de sus atribuciones, dejando sin efecto la transgresión ó el abuso.»

«5.º Resolver asimismo, ó determinar quién haya de resolver, los casos en que cualquiera de todos los demás empleados públicos ó corporaciones abusen ó traspasen el límite de las suyas, dejando sin efecto la transgresión ó el abuso. Solo se exceptúan de esta regla los funcionarios del orden judicial.»

Hé aquí la centralización del poder administrativo en los Consejos de Administración, por medio de la inspección que han de ejercer sobre todos los de- más empleados ó autoridades administradoras. Para que un poder sea centralizador es necesario que sea superior, y por esto los Consejos deben poder intervenir en los actos de los demás funcionarios administrativos para impedir el abuso y mantenerlos á todos dentro del límite de sus respectivas atribuciones.

Esto entra hoy dentro de las de los actuales Consejos de Administración, puesto que en la parte contenciosa vigilan e intervienen en los actos administrativos de los demás empleados de las islas; y ahora solo hemos querido precisar y estender esas atribuciones, de manera que esa intervención sea completa y eficaz.

Si los administradores pueden administrar bien ó mal impunemente, son inútiles las leyes: toda solicitud está demas; pero si la administración ha de ser lo que debe ser, todos los actos punibles de todos los empleados administrativos deben ser justiciables ante tribunales señalados de antemano. Inútil es decir que las atribuciones señaladas á los Consejos en este punto se entienden solo con respecto á aquellos casos que no estén previstos por nuestras leyes, pues en los que lo estén deben aplicar las que rigen en la metrópoli, con solo las modificaciones que exija la presente ley y las circunstancias especiales de aquellas islas; y por esto hemos exceptuado á los juzgados y tribunales judiciales, con respecto á los cuales se observarán las leyes que rigen en la metrópoli, con las modificaciones que, siendo necesarias por exigirlo la presente ley, propongan los Consejos á quien corresponda. Nosotros solo hemos querido ahora sentar el principio importantísimo de que no haya ningún acto punible, ó ninguna transgresión de ley de ninguna autoridad administrativa ó funcionario público que no sea justiciable ante tribunales señalados de antemano que, á nuestro juicio, para dirimir, en una palabra, todas las dificultades, no deberían ser sino los ordinarios, los cuales son ó deben ser competentes para juzgar á todos los empleados públicos á simple petición de parte, sin necesidad de autorización previa, como se verifica en los países bien regidos y mas adelantados.

«6.º Proponer al Gobierno, de acuerdo con los capitanes generales, las fuerzas de mar y tierra que se necesiten para la seguridad de las islas, tanto de tropa reglada que haya de pedirse á la metrópoli, como de las milicias del país. En caso de divergencia cada cual informará al Gobierno por separado.»

En este punto no se introduce otra novedad que la de dar audiencia á los Consejos de Administración para la mejor y mas completa ilustración del Gobierno. Los capitanes generales informarán acerca del número y calidad de las tropas que se necesiten, los Consejos acerca de los gastos que estas occasionen: unos y otros tratarán de combinar las erogaciones con las necesidades del servicio; y el Gobierno podrá resolver con pleno conocimiento de causa.

«7.º Fijar y regular todos los gastos públicos de sus respectivas islas, señalar las contribuciones que hayan de cubrirlas y la manera de cobrarlas, examinando y aprobando los presupuestos generales, que formará una comisión de su seno. Se exceptúan de esta regla los aranceles de aduanas, acerca de los cuales propondrán al Gobierno lo conveniente.