Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-03-12 00:00:00), página 25

pasitico cuadro que nos presenta ese infame comercio con sus verdugos y sus víctimas manando lágrimas y sangre, y puesta la mano sobre el horeado corazón, hagamos por reparar el mal entrando con paso firme en el camino de la sinceridad.

Las antiguas leyes para atajar la trata eran por todas partes vulnerables; había en ellas grandes vacíos que llenar, dice el ministro; y nosotros no tenemos añadir, que á pesar de la buena voluntad que no podemos menos de suponer en el secretario de Ultramar, sus vacíos quedan abiertos con el proyecto de ley que hoy estudiamos: con él continuará la trata y su cohorte de crímenes, inmoralidades y perdición.

La ley del Sr. Cánovas deja las cosas casi en el lugar en que las encontró. Su mano timida y trémula, apenas se ha atrevido á levantar el vendaje y poner de manifiesto á nuestros ojos el cáncer que amenaza de muerte á un país cuyo cielo esta preñado de tempestades.

IV.

Antes de llegar á la ley de 1845, que se propone perfeccionar el Sr. Cánovas del Castillo, creamos conveniente recordar los tratados que firmó España y la obligaban á reprimir la trata.

Alzado el grito de indignación contra el comercio de hombres en los Congresos de París y Viena, vióse España arrastrada por el torrente de la civilización, y allí contrae su primer compromiso.

En 5 de Julio del año 1814, al celebrarse el tratado de paz y alianza entre Inglaterra y España, aceptó nuestra nación un artículo adicional, en el que se dice, que siendo conformes enteramente los sentimientos de S. M. C. con los de S. M. B. respecto á la injusticia e inhumanidad del tráfico de esclavos, S. M. C. tomará en consideración con lo madures que se requiere, los medios de combinar estos sentimientos con las necesidades de sus posesiones en América. S. M. C. promete además prohibir á sus súbditos que se ocupen en el comercio de los esclavos cuando sea con el objeto de proveer de ellos á las islas y posesiones que no sean pertenecientes á España; y también el impedir, por medio de reglamentos y medidas eficaces, que se conceda la protección de la bandera española á los extranjeros que se empleen en este tráfico, bien sean súbditos de S. M. B. ó de otros Estados y Potencias.

Inglaterra, en reciprocidad, ofreció á España estorbar que sus súbditos facilitasen armas y municiones á los, hijos de América que luchaban por su independencia.

Obedeciendo á este solemne compromiso, se celebró el tratado de 29 de Septiembre de 1817 entre nuestra nación y la Inglaterra, por el que el Soberano español, guiado por los sentimientos de humanidad que le animaban, y deseo de adelantar el momento de poner fin á la trata, cuyo asunto jamás había perdido de vista; queriendo cooperar con S. M. B. á la causa de la humanidad, de acuerdo con aquella majestad, se obligaba en los catorce artículos del tratado á que nos referimos, á abolir el tráfico de esclavos en todos los dominios españoles el dia 30 de Mayo de 1820, desde cuya época no sería lícito á ningún vasallo de la corona de España el comprar esclavos, ó continuar en el tráfico de éstos en parte alguna de la costa de África, bajo ningún pretento ni de ninguna manera que fuera.

Los artículos 5.º y 6.º de tan importante documento, dicen literalmente:

«5.º S. M. B. se obliga á pagar en Londres el 20 de Febrero de 1818 la suma de cuatrocientas mil libras esterlinas (cuarenta millones de reales) á la persona que S. M. C. designe para recibirlas.

«6.º La expresada suma de cuatrocientas mil libras esterlinas, se ha de considerar como una compensación completa de todas las pérdidas que hubiesen sufrido los súbditos de S. M. C. ocupados en este tráfico, con motivo de las expediciones interceptadas antes del cese de las ratificaciones del presente tratado, como también de las que son una consecuencia necesaria de la abolición de este comercio.»

Prohibida la trata ya desde 1820, elevada á la categoría de crimen, S. M. C. pactó el conocido derecho de visitas de buque, y ajustó el plan de las comisiones mixtas para decidir las causas que se presentasen en la adjudicación de los buques dejados por estar empleados en un comercio ilegal.

Los buques declarados negros por los tribunales especiales debían venderse en pública subasta, junto con sus cargamentos (excepto los esclavos), á beneficio de ambos Gobiernos.

Los esclavos habían de recibir su carta de emancipación, y el armador, capitán, maestro y piloto de la embarcación condenada, serían irremisiblemente condenados á diez años de presidio en las islas Filipinas.

Este es el tratado de 1814.

El señor ministro de Ultramar ha declarado oficialmente que no pudo cumplirse, y ya conocemos las razones con que pone á cubierto la honra nacional.

La trata legal continuó hasta el dia que empezaba á considerarse criminal, y para nadie es un secreto que siguió después de 1820 con tanto auge como en los tiempos en que el hijo del África se consideraba á los ojos de la civilización como un objeto cualquiera de comercio.

La serie de reclamaciones inglesas contra la abierta infracción á un tratado que hacía más solene y sagrado la intervención de algunas talgas de oro; las notas que desde entonces se han dirigido á todos los Gobiernos de España, haciéndoles severos cargos, formarían un crecido volumen; y la acritud de sus frases y los insultos de aquella prensa y los acres discursos y acusaciones de aquellos oradores que vienen sucediéndose hasta ayer mismo, aligen el alma de todo buen español, y cubren su semblante de tristeza y dolor.

La trata continuaba á pesar de las promesas, á pesar de los tratados y á pasar del oro que exigió el Soberano español á los de poner su firma al fin de aquellos pactos, que el mismo consideraba necesarios para desagravio de la civilización y de la humanidad.

El ministro de Ultramar, confesando con hidalga franqueza nuestras faltas, ha explicado las causas de estas lamentables infracciones.

Andaba el tiempo, y el comercio de negros continuaba, hasta que en 1835 vióse obligado nuestro Gobierno de entonces á celebrar otro nuevo tratado, reiterándose el derecho de visitas mutuas, y el establecimiento de los tribunales mixtos, ya acordado desde 1814.

En todos estos tratados, dice el Sr. Cánovas, contrae España la obligación sagrada e ineludible de no consentir á sus súbditos aquel infame comercio.

Y sin embargo, la fatalidad quiso que ni aun el mismo tratado de 1835 pullera ser una verdad; las leyes penales que según el último convenio internacional debieron promulgarse en Agosto del mismo año 55, sólo se hicieron públicas diez años después, el 2 de Marzo de 1845.

La guerra civil y nuestras continuas agitaciones, dice el ministro, impidieron publicar en la Gaceta una ley escrita, y sancionada diez años antes: nuestros laboriosos empleados no habían tenido una hora de tiempo en la décima parte de un siglo, para copiar la Ley penal y pasarlo á las manos de un cajista... por esta razón la de 1835 sólo se promulgó en 1845.