Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-27 00:00:00), página 3

el Código de Indias y el régimen actual no satisface la adelantada y creciente civilización de nuestras Antillas, y que la unidad política creada por las Cortes de 1812 no se adapta á la constante desigualdad en que se hallan aquellas provincias con respecto á las de la metrópoli; por tanto, el régimen actual y el de asimilación completa están definitivamente eliminados, y las nuevas leyes especiales deben ser de una diferencia ó especialidad constitutiva.

Sentado esto, ¿de qué manera, ó hasta qué punto puede llegar ya la asimilación legislativa entre aquellas islas y la Península, y dónde debe comenzar y concluir la especialidad de su régimen gubernativo? O más claro, y más concreto, ¿dónde debe comenzar y dónde concluir la centralización y descentralización de las facultades de los poderes de la metrópoli con respecto á aquellas provincias?

En este punto la respuesta es muy obvia: ó descentralizar por completo, ó descentralizar á medias; y como nada que se hace á medias queda completo, resulta que la descentralización debe ser completa, es decir, que debe llegar hasta aquel punto del que no se pueda pasar sin que se rompa la unidad nacional ó la dependencia de la colonia. Todas las potencias coloniales civilizadas, y especialmente la Inglaterra, que es la gran colonizadora moderna, nos presentan ejemplos y lecciones que aprender y que poder imitar.

Cuando la colonia es exigua ó naciente, ó cuando su población es heterogénea, compuesta de europeos y de indígenas libres, pero salvajes ó semisalvajes, la Inglaterra entonces descentraliza sólo la administración, que confía á un consejo colonial popular, y se reserva el poder legislativo para los asuntos esenciales de interés común, que confía á la corona; pero cuando la colonia, por su población, y sobre todo por su riqueza y cultura, llega á aquel grado de ilustración que le permite el conocimiento y el ejercicio de sus derechos, descentraliza el gobierno y la administración, creando en ellas Cámaras legislativas, reservando sólo el veto de las leyes al Parlamento de la metrópoli.

Estos son los dos únicos sistemas posibles, los únicos que se practican por las potencias coloniales civilizadas, y por los cuales se ve que, ya sea que la metrópoli se reserve, ó no, el poder legislativo para los asuntos generales, lo que es el administrativo queda siempre descentralizado y confiado al Consejo colonial, ó á la corporación popular de las colonias.

Ahora bien: ¿cuál de estos dos sistemas es el que más conviene á nuestras Antillas? Ya hemos visto que el primero se aplica sólo á las colonias nacientes que por su escasa población blanca y falta de ilustración de la indígena, son más bien unas factorías de comercio ó puntos estratégicos militares, incapaces de gobernarse por sí mismos; y que el otro se extiende á todas aquellas en donde hay una población bastante numerosa é ilustrada para conocer, administrar y dirigir sus propios intereses con el acierto necesario, y nadie podrá negar que nuestras Antillas se hallan en este último caso.

El actual ministro de Ultramar ha consignado nada menos que en un decreto, que las Antillas españolas, • por sus adelantos científicos y literarios; por su riqueza actual, que en una de ellas puede competir con los Estados más florecientes de Europa y América, y por la creciente extensión y la importancia de su comercio exterior, se hallan en una situación excepcional que requiere leyes y medios bien distintos de los que existen en las demás provincias ultramarinas, y de las que hace algún tiempo habrían necesitado ellas mismas.*

Y el antecesor de S.S., el señor Seijas Lozano, el enemigo más acérrimo de los derechos de los cubanos, aprovechó una ocasión, para decir en una sesión solemne del Senado, después de enumerar sólo los servicios prestados por aquellos habitantes en la guerra con Santo Domingo, que su fidelidad quizá no tenga ejemplo en la historia; que lo que es en la historia de las colonias, de seguro que no lo tiene; que se complacía en hacerles justicia: • que aunque no hubiesen tenido otros títulos á la consideración del gobierno, que si los tenían, iguales á los de las demás provincias de España; aunque no hubiesen tenido esos títulos que les dan derecho á la gratitud y reconocimiento del gobierno, el comportamiento que en esta ocasión han observado, bastaría para que el ministerio se fijase en su suerte y para que quisiera resolver todas las cuestiones pendientes de una manera favorable á aquellas islas.*

Esto son las Antillas españolas, según los ministros de la Corona de España; y si la ilustración, la riqueza y la distancia son los títulos justos y legítimos con que puede aspirar una colonia á administrarse y gobernarse por sí misma, con la debida dependencia de la metrópoli, las islas de Cuba y Puerto-Rico, situadas á 1.600 leguas de distancia, tan ricas y florecientes como cualquier estado de Europa ó de América, tan ilustradas como su madre patria, tan fieles como no hay ejemplo en la historia, y cuyos servicios les dan derecho al reconocimiento y gratitud de la nación y del gobierno, se hallan indudablemente en el caso de que, por gratitud siquiera, ya que no por deber y por justicia, se les dote de instituciones que la Inglaterra ha concedido hasta á las colonias de la Australia, que hace muy poco tiempo era sólo un presidio en una isla inculta poblada de salvajes.

Las Antillas españolas se hallan, pues, en el día completamente idóneas para recibir instituciones, en vir-