Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-12 00:00:00), página 3

electores, sino la del delegado del Gobierno; y como el Gobierno es el que ha de nombrar ó designar á todos los demás que han de ser oídos en la información abierta, resultará ó podrá resultar que esa información no será el producto ni de la opinión de aquellos países, ni de todas las opiniones, sino pura y simplemente de la del Gobierno; y que si la del Gobierno es contraria á la amplia reforma política que demandan aquellos habitantes, podrá decirles después: «ya lo veís, todos, incluso vuestros mismos representantes, rechazan la reforma política.»

No: contra esa eventualidad posible es contra la que venimos á protestar. La designación de los concejales que han de elegir los comisionados de la Habana no se ha hecho conforme á la mayoría de votos de los electores; y si esos diputados no son partidarios de la reforma política, no representan la opinión del país ni la de los electores.

Nosotros también hemos abierto una información, no sólo acerca de la reforma que más convenga á nuestras Antillas, sino acerca de todo lo que se intente contra ella, para falsearla, desnaturalizarla ó combatirla. Observamos muy cuidadosamente al Gobierno y á nuestros adversarios; seguimos sin cesar todos sus pasos, sin abandonar jamás nuestro puesto, y levantamos acta de todo lo conducente, á fin de que, juntas después todas, formen el gran proceso que sirva para juzgar, como juzgaremos, el resultado de la otra información abierta por el Gobierno.

No es nuestra la culpa, ni puramente gratuita esta cautela. La conducta del Gobierno hasta ahora no ha sido para nosotros completamente satisfactoria, ni siquiera tan clara y despejada como pudiera exigirse. Ya lo hemos indicado, cuando juzgamos el decreto de 28 de Noviembre. Su parte dispositiva parece hecha para aniquilar las esperanzas que pudiera hacer concebir el preámbulo, y después, mientras más lo estudiamos, más se despiertan y afirman nuestras desconfianzas.

Dice el decreto que la información se abrirá:

1.º Para tratar de las bases en que deban fundarse las leyes especiales que, al cumplir el art. 80 de la Constitución, deban presentarse á las Cortes para el gobierno de nuestras Antillas.

2.º Sobre la manera de reglamentar el trabajo de la población de color y asiática, y los medios de facilitar la inmigración que más convenga á aquellas provincias.

Y 3.º Sobre los tratados de navegación y comercio que convenga celebrar con otras naciones, y las reformas que deban hacerse en el sistema arancelario y régimen de las aduanas.

Antes dijimos que la información debía haberse abierto solamente acerca del primer punto, porque, resuelto éste satisfactoriamente, se resolvían ó se abría el camino para resolver acertadamente los otros; y ahora añadimos, que la información abierta sobre los últimos, demuestra que la resolución del primero no ha de llenar los requisitos que indudablemente debe llenar para ser aceptable.

Las leyes especiales que demandan imperiosamente nuestras Antillas, y que se le han ofrecido en la Constitución del Estado, han de ser políticas, constitutivas, porque está declarado que la Constitución de la Península no es aplicable á aquellas provincias; y esas leyes políticas han de ser tales, que establezcan la doble descentralización, en virtud de la cual, las corporaciones coloniales puedan atender y decidir sus asuntos puramente locales que exijan conocimiento práctico de su modo de ser especial, y resoluciones acertadas y oportunas; y que al mismo tiempo dejen franca y expedita la vía para que dichas corporaciones puedan pedir á informar al Gobierno de la metrópoli acerca de todo lo demás.

Con estas leyes especiales era inútil, completamente inútil, la información que se ha abierto acerca de los otros puntos; y la información abierta acerca de éstos, demuestra que las leyes especiales, según el ánimo del Gobierno, no han de ser lo que deben ser.

Porque, en efecto: ¿qué clase de leyes especiales son las que tiene en su mente el ministro, si no han de dar facultades á las corporaciones antillanas ni áún para reglamentar el trabajo de su población asiática y de color, que es cabalmente lo más local y especial que pueda señalarse? ¿Cuál es el objeto, ó de qué servirán esas leyes especiales, si, como ahora, han de venir á confesionarse aquí hasta los simples reglamentos para el trabajo de sus negros y asiáticos; si ha de pertenecer á la metrópoli, no sólo el poder legislativo, sino hasta el mero reglamentario?

¿Y de qué manera piensa el ministro que haya de hacerse todo esto? ¿Con presencia y audiencia de los diputados á Cortes de nuestras Antillas? Pues ese es el sistema de asimilación: entonces una misma Constitución política debe regir á la metrópoli y sus colonias, y las leyes especiales y la información abierta acerca de ellas están de más.

¿Ha de ser sin presencia ni audiencia de los diputados á Cortes de nuestras Antillas? Pues entonces no hay derecho para legislar constitucionalmente para unas provincias que no estén legalmente representadas en el Congreso español.

¿O es que el señor Ministro piensa abrir una nueva información acerca de cada una de las nuevas leyes que para aquellas Antillas hayan de darse en adelante, nombrando nuevas juntas, y haciendo venir nuevos comisionados con todas las demoras, erogaciones y perjuicios consiguientes?