Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-27 00:00:00), página 11

Y aquí sobre todo, debemos patentizar nuestra acostumbrada imparcialidad —nosotros, o mejor dicho, el que estas líneas escribe, cuyos juicios respecto del ministerio actual harto conocidos son y continuarán siendo (porque en nada han variado) de los habituales lectores de la Revista— declarando que ningún ministro como el Sr. Cánovas tenía derecho á levantar la voz como lo ha verificado, dando esperanzas y asegurando promesas á las provincias de Ultramar. S. E. á poco de subir al poder puso ya la mano reformista en los asuntos de allende los mares, y si no siempre acertado, dió señales de persistir en aquella louable intención que le movía á decir en pleno Parlamento, días después de subir al ministerio (Junio del 68), «que el Gobierno se proponía cumplir la oferta que pesa sobre nosotros y que está sin cumplir desde 1837, y resolver de una manera conveniente todas las cuestiones referentes á la gobernación de Ultramar.» En este concepto, la firma del Sr. Cánovas ha venido apareciendo al pie de los decretos que extendieron á las cajas de Ultramar el pago de los intereses de la deuda nacional, que declararon exentos de derechos los títulos y máquinas para el cultivo, introducidos en nuestras Antillas, que llevaron á Cuba y Puerto-Rico la ley de enjuiciamiento de la Peninsula, que resolvieron la triste situación de los emancipados, disponiendo ó su libertad próxima ó su traslación á otros países, y á África principalmente, que variaron algo el modo de ser de la hacienda de Puerto-Rico—y en fin, que abrieron una información ante el Gobierno para acometer más tarde las reformas que requieren - los adelantos científicos y literarios que se notan en ambas Antillas, su riqueza actual, que en la primera de ellas puede competir con la de los Estados más florecientes de Europa y del Continente americano, y la creciente extensión y la importancia de su comercio exterior. —según decía el preámbulo del decreto de 28 de Noviembre del año pasado. Tales son los títulos del Sr. Cánovas... Magis amica veritas.—Es de nuestro deber consignarlo.

Pero de todas estas medidas, que siempre sirven para autorizar la palabra del Ministro, ninguna tiene la importancia de la última, hoy engrandecida con la declaración que en el Discurso se consigna, de que sin demora debe procederse á la reforma de Ultramar. Y esto para nosotros tiene una gravedad positiva.

Desde el primer día fuimos de los que vieron con ojos poco simpáticos, la apertura de la Información ultramarina. Creíamos en primer lugar, que no era esto lo que en justicia se debía á nuestras Antillas. Rota la legalidad nacional en 1837; excluidos los diputados ultramarinos de unas Cortes en que se iban á resolver cuestiones exclusivas de la Peninsula (al menos esto se decía, y ahora no queremos crí- earlo), y dejadas en suspensión las leyes especiales de nuestras tropicales provincias, lo justo, lo de estricto derecho, por no decir lo racional, era, que así que de la formación de estas leyes se tratase—y esto era de toda urgencia, de necesidad inmediata— ó así que se ofreciese el propósito de turbar el acuerdo de las Cortes del 37, aquellos diputados excluidos viniesen á entender también de lo suyo, rigiendo para su elección y todos los demás particulares que á este punto se refieren, las disposiciones que regían en el instante de su suspension, último cabo de la rota legalidad española, momento á que debe—en derecho puro—retrotraerse toda determinación, todo acuerdo que en política, como en administración, se haya tomado ó pueda tomarse.—De modo que para nosotros, hablando con la toga puesta, é inspirados en la pura elocuencia del orden jurídico —lo decimos francamente— todo ese período del 57 á nuestros días es un lamentable vacío, y todo lo que en él se ha practicado peca del vicio de ilegalidad, á que sólo pueden conceder el reparo y la validez las Cortes españolas, las Cortes de toda la Nación.

Por esto creíamos á la raíz misma del suceso, que antes que todo el Gobierno estaba obligado á traer los diputados ultramarinos; por más de que aceptásemos esa Información pronta, sumaria... pero después ante el Gobierno para ilustrarle, y poder también él proponer sus leyes, ó ante el Parlamento (que sería mejor) para revelar á los señores diputados peninsulares los pormenores de la vida ultramarina, é iluminarlos antes de dar sus votos y su asenso á las indicaciones y proyectos de los diputados de las Antillas. Pero esto, ya se comprende, en lo más mínimo afectaba al derecho anterior de las provincias de Ultramar de enviar sus representantes al Parlamento, y á la presencia de estos en los debates del Congreso.—Sucedería lo que ha pasado y está pasando en la Peninsula con otras cuestiones gravísimas. Ayer (año 63) el Gobierno y las Cortes de consumo se propusieron una reforma arancelaria, que debía afectar seriamente al país y sobre todo á las provincias fabriles y manufactureras. Sus diputados en el Congreso estaban, y con facultad de tomar toda iniciativa, pero todos abrieron una información parlamentaria, muy rica en detalles, aunque interminada al cabo. Hoy es el Gobierno quien ha abierto sobre los mismos puntos su información, que adelanta todos los días, pero que no afecta en lo más mínimo al derecho de los interesados de tocar la cuestión por medio de sus representantes en el Congreso.

No era, pues, nuestra idea peregrina. La ley y la costumbre la amparaban. Por eso protestamos del acuerdo del Sr. Cánovas, no obstante de aplaudir