Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-07-12 00:00:00), página 6

Esto explica por qué la asimilación completa no es posible; por qué son necesarias leyes especiales, y por qué no se han aplicado nunca á nuestras Antillas las leyes que se han hecho para la metrópoli. Aunque vinieran los diputados de las Antillas á sentarse en el Congreso español, nunca podrían aplicarse allá las leyes de acá sin ninguna variación: siempre habría que hacer en ellas modificaciones para aplicarlas allá, aunque esas modificaciones nunca podrían ser tantas y de tal naturaleza que equivaldría á hacer otra nueva; pero siempre habría que hacer aquellas variaciones imprescindibles por exigirlas las circunstancias especiales de aquellos países; lo que prueba que el sistema de asimilación completa es imposible; y como en la metrópoli no se tiene el conocimiento bastante de esas circunstancias, de aquí es que se deja sin aplicar allá todo lo de acá, en términos que no ha llegado á comunicarse á aquellas islas ni el código criminal, ni la ley de enjuiciamiento, ni la de imprenta y demás, dejando á aquellas provincias huérfanas de una legislación tan importante como la criminal y la de la prensa, y la que arregle los trámites del juicio civil.

Este es efecto preciso, indeclinable, del sistema que se observa de legislar de acá, sin permitir iniciativa ni la intervención debida de aquellos habitantes. Ellos son los únicos que tienen el conocimiento necesario de sus necesidades y de sus intereses, y ellos son los que deben proveer á ellos, en lo que no se roce con los generales de ambos países; y en cuanto á éstas, pedir al Gobierno lo que juzguen conveniente, justificando y apoyando debidamente su demanda para la competente ilustración del legislador. Y esto es lo que proponemos.

Todos los Códigos y leyes orgánicas actuales de la Península deben aplicarse á las Antillas, con solo las modificaciones necesarias. Con respecto á los códigos, las modificaciones que haya de hacerse en ellos corresponden al Gobierno, como que tocan á la parte legislativa, en su ramo más importante, como es el que comprende las propiedades, la libertad y aun la vida de los individuos, acerca de lo cual puede resultar daño irreparable; pero como el Gobierno ignora cuáles hayan de ser esas modificaciones, por ignorar las circunstancias que las justifiquen, á los Consejos toca esperarlas y justificarlas á los ojos del Gobierno, á fin de que este pueda hacerlas con el debido conocimiento y acierto.

En cuanto á las otras leyes que comprende este artículo, no militan las mismas razones. No se trata en ellas de la libertad ni la vida de los individuos con resoluciones que puedan producir daño irreparable, sino del arreglo del uso de ciertos derechos, en ellas reconocidos, y amoldar ese arreglo á los intereses y circunstancias especiales de aquellos países es lo que debe dejarse á la competencia de los Consejos; porque aunque es verdad que esto podría hacerlo también el Gobierno, ilustrado por los Consejos, este trámite ó recurso á 1,000 leguas de distancia retardaría demasiado, no sólo la reforma, sino lo que es peor, el complemento de la reforma, cosa que debe evitarse, principalmente en lo que no sea absolutamente necesario.

Cuando se trata de una legislación de tan alta importancia y trascendencia como la de los Códigos, sensible es, pero puede considerarse precisa la intervención del legislador; pero en todo lo demás secundario, exclusivo de las islas, que no se roce directamente con los intereses de la Península, exigirse la intervención previa del Gobierno, es producir dilaciones y entorpecimientos innecesarios; porque las resoluciones de los Consejos con respecto á ellas no ha de producir nunca un daño irreparable.

La ley de imprenta, por ejemplo, ha de ser allá la misma que rija en la Península, y si alguna variación se introduce en ella, será en sentido restrictivo; porque probablemente se añadirá una nueva limitación á la libre emisión del pensamiento, que se fundará ó que demandará la diversidad de razas y de las condiciones de algunas de ellas; y lo mismo decimos de la de policía y demás, que solo se diferenciarán allá en detalles que verdaderamente no exijen la intervención directa e inmediata del legislador, mucho menos cuando este, con sus facultades legislativas, queda siempre expedito para obrar cuando lo considere necesario. De consiguiente, lo único que pierde el Gobierno con esta atribución de los Consejos, es su intervención previa; pero siempre queda á salvo su intervención posterior, que debe considerarse suficiente, y más eficaz, porque ya entonces puede proceder con vista de los resultados.

De esta manera quedará asimilado el régimen de aquellas provincias al de la metrópoli en todo lo esencial y orgánico. Se regirán unas y otras por las mismas leyes, y solo se diferenciarán en lo que forzosamente demandaran las exigencias especiales de aquellos países, que es el término á que debe aspirarse en la legislación de colonias ó provincias lejanas que, por su situación y circunstancias especiales, no puedan ser regidas absolutamente por las mismas leyes, sin ninguna variación de la metrópoli.

«15. Propondrán al Gobierno todas las disposiciones que, estando fuera del círculo de sus atribuciones, juzguen necesarias ó convenientes al mejor régimen y prosperidad de las islas.»

La iniciativa de los Consejos es absolutamente necesaria para que el Gobierno pueda tener conocimiento de las necesidades de aquellas islas. Hoy no se permite el derecho de petición en ellas porque el Gobierno de todo teme y se asusta, creyendo que las concesiones conducirán á la pérdida de aquellas provincias; el día que se penetre de que cabalmente lo que puede producir este resultado es aquella negativa, abrirá ancho campo á la iniciativa de aquellas corporaciones, para ponerse en aptitud de acceder á las peticiones justas y legítimas. Cuando hay desconfianza, motivo habrá. Remuévase este y cesará aquella.

«16. Los Consejos podrán publicar su petición y la resolución del Gobierno, la cual deberá recaer dentro del término de seis meses después que haya recibido la petición, pasados los cuales, si no ha recaído resolución, se entenderá que se accede á la solicitud del Consejo.»

La publicidad es una de las garantías de la buena gerencia de los asuntos. Sabiendo el Gobierno y los Consejos que sus actos serán entregados á la publicidad, unos y otros se verán obligados á proceder dentro de los límites de la más estricta justicia. El juicio público siempre puede ser un freno