Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-12 00:00:00), página 11

ménos de existir un partido que desee la independencia, y que por tanto, sus diputados vendrían á hacer lo mismo que hicieron los otros.

Aquí hay otro error tan patente, que casi parece voluntario. Prescindiremos de ese no puede ménos de existir, hablando de un partido que desee la independencia de las Antillas, lo que parece denotar el convencimiento, ó de que el deseo de emancipación es natural en las colonias, ó de que las nuestras han de ser gobernadas siempre de manera que hayan de desear su emancipación; prescindiremos de todo esto, que nos llevaría á un terreno adonde no queremos ir, y nos contraeremos á la suposición de que en nuestras Antillas existe un partido que desea la independencia.

¿Dónde está ese partido? En todas las diversas nomenclaturas que se han hecho de todos los que se suponen existentes en nuestras Antillas, ¿hay alguno que desee la independencia de esas islas? Hemos visto (en el papel) partidos de poninsulares, de cubanos, de reformistas, de antireformistas, de absolutistas, de liberales, de autonómicos, de asimilacion, de leyes especiales con diputados ó sin ellos, de todo lo hemos visto; pero ninguno que desee la independencia de aquellas islas, ni creemos que haya ni pueda haber quien piense en la realización de semejante sueño, por la sencilla razón de que ese sueño es irrealizable, teniendo por vecina una república absorbente y poderosa que sólo retiene sus instintos por respeto á sagrados compromisos con la bandera de España; y porque el día que de jara de ondear allá esa bandera, no se enarbolaría la de Cuba, sino la de las estrellas anglo-americanas.

De consiguiente, no es cierto que en nuestras Antillas exista ni pueda existir partido alguno que desee ni piense en una independencia imposible; y caen así por su propio peso y falta de base cuantas argumentaciones se hacen en este sentido y ahora se pretenden apoyar en el discurso del diputado de las Cortes generales.

Pero, aun suponiendo que fuera cierta la hipótesis contraria; suponiendo que exista y no pueda ménos de existir en nuestras Antillas un partido que desee su independencia, y que sus diputados vinieran al Congreso español á trabajar en ese sentido, como se dice que lo hicieron con éxito los del antiguo continente en las Cortes de 1812, ¿se pretende acaso establecer que todos los congresos españoles presentes y venideros serían tan cándidos e insipientes que se dejaran influir de la misma manera, tomando por medidas provechosas á la unión de ambos países cabalmente aquellas que tendieran á su separación? ¿Qué concepto se forma entonces de los diputados de nuestra patria, si sólo porque lo digan y pretendan cuatro representantes americanos, han de arrastrar á todo un Congreso español á ser cómplice del crimen de la pérdida de una parte de la monarquía? Confesamos ingenuamente que no comprendemos cómo se puede hacer semejante injuria á todos los hombres políticos de una gran nación. Esto no se explica sino con cierto sentimiento celoso que se atribuye á D. Agustín Argüelles, y con la ceguera del espíritu de partido de los que hoy se atreven á reproducir esa degradante argumentación.

Lo que hay de cierto en esto es, que el discurso del Sr. Argüelles, como todos los de la mayoría de aquellas Cortes, se pronunció con el objeto de excluir del Congreso español á los diputados de nuestras Antillas, no por las razones verdaderas, pero sí por otras que se expusieron. Si hubieran dicho que los diputados americanos vendrían al Congreso español á mostrar y á hacer las lagas que una pésima administración ha creado en aquellas islas; que las Cortes serían incapaces de remediarlas, tanto por no conocer las circunstancias especiales de aquellos países, como por tener que ocuparse de asuntos preferentes como pertenecientes á la generalidad de la nación, y que por este motivo ninguna potencia colonial ha llamado á sus parlamentos á los representantes de sus colonias, hubieran estado en lo cierto, sin necesidad de rebajar el prestigio de los congresos españoles, suponiéndolos capaces de prescindir á ser juguete de una docena de sus compañeros, por más que quiera exagerarse la supuesta habilidad de estos últimos.

De consiguiente, la verdad es que las Cortes de 1857 reconocieron y declararon la inconveniencia de que los diputados de nuestras Antillas vinieran á sentarse en el Congreso español. ¿Es esto lo que se quiere probar con el discurso del Sr. Argüelles? Pues bien, nosotros lo aceptamos y reconocemos; pero es preciso que se acepten al mismo tiempo todas las consecuencias que de esto dedujo el mismo Sr. Argüelles y la mayoría, ó mejor dicho, casi la totalidad de aquellas Cortes.

Estas declararon la exclusión de los diputados americanos; pero ¿por qué? ¿Cuál fué el fundamento de esta exclusión? Porque la Constitución de la Península, dice el decreto, no puede ser aplicable á aquellas provincias, las cuales deben ser regidas por leyes especiales análogas á su naturaleza y circunstancias. Es decir que, no siendo aplicable á nuestras Antillas la Constitución de la Península, deben ser regidas por otra Constitución, ó por otras leyes especiales constitutivas, puesto que ningún estado ni ninguna provincia puede permanecer sin constituirse. De consiguiente, las leyes especiales ofrecidas á nuestras Antillas en la ley fundamental del Estado, deben comprender una verdadera constitución política de aquellas islas.

Negándose esta consecuencia indeclinable se quiere sostener que esas leyes especiales ofrecidas son las que hagan aquí las Cortes con el rey, ó el Gobierno sólo, atemperándose á las circunstancias de aquellos países. Pero entonces, ¿cuál es la Constitución que rige en nuestras Antillas? Si legislan para ellas las Cortes con el rey, rige allí la Constitución de la Península; y si rige allí la Constitución de la Península, deben venir al Congreso español los diputados americanos como todos los de las demás provincias de la monarquía; y si no rige allí la Constitución de la Península, debe darsele otra. El dilema es ineludible. Las Cortes no pueden legislar para nuestras Antillas sino aplicando allí la Constitución de la Península, y en este caso las Cortes deben componerse con los representantes de todas las provincias para quienes legislen, á fin de autorizar y justificar sus determinaciones con la intervención de todas en sus propios asuntos.

Lo contrario sería establecer la libertad en unas y la arbitrariedad y el absolutismo en otras; lo cual, además de ser una injusticia sin derecho, no fué nunca ni pudo ser el espíritu ni la voluntad de aquellas Cortes.

No nos contraeremos á aquellos de sus miembros que aspiraban á lo que se llaman constituciones autónomas para nuestras Antillas, los cuales quizá hubieran formado mayoría si se hubieran discutido entonces esas leyes especiales, porque tal fué siempre la opinión del partido progresista que dominaba entonces en aquella Asamblea; pero si diéramos