Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-07-12 00:00:00), página 7

saludable. El que lo tema se condenará á sí mismo de antemano. Además, la publicidad es uno de los principios reconocidos y practicados por nuestras instituciones, y nada innovamos con aplicarlos.

Creamos conveniente fijar un término en que haya de recaer la resolución del Gobierno, y que, pasado este sin resolver, se entiende que se acceda á la solicitud de los Consejos, para evitar las dilaciones indefinidas que suelen ser eternas en los asuntos de esos países lejanos. Si el Gobierno puede aplazar indefinidamente la resolución de una petición,—o no resolverla nunca, tanto vale negar el derecho de petición. Si se concede este, preciso es que tenga algún resultado. No precisamos cuál sea este, sino que haya de ser alguno. Niegue ó conceda el Gobierno; pero obre. La inacción es lo que hemos querido prevenir. Dejamos completamente expedito al Gobierno para todo, menos para no hacer nada. La inacción es peor que el error: este puede rectificarse; contra él hay recurso; contra la inacción, ninguno.

«17. Los Consejos de Administración, de acuerdo con los Capitanes generales, podrán suspender el cumplimiento de cualquiera determinación del Gobierno que consideren perjudicial á los intereses de las islas, dando cuenta al Gobierno de los motivos dentro del término de dos meses después de recibida la comunicación. En caso de disenso entre el Consejo y el Capitán general, se suspenderá la superior determinación, y cada cual informará al Gobierno por separado.»

La situación de nuestras Antillas es tan falsa y peligrosa, á consecuencia de los elementos deletéreos que en ellas se vienen amontonando hace mucho tiempo; son tan graves las cuestiones que allí penden y que pueden suscitarse á cada paso, y se necesita tanto tino y circunspección para resolverlas y aun para tratarlas, que cualquiera disposición desacertada, ó no meditada convenientemente, lo mismo que el aplazamiento de las resoluciones, puede comprometer la tranquilidad, la seguridad y el porvenir de aquellas provincias. La situación es tal que es necesario resolver pronto y bien. Pero para obtener este resultado, como el Gobierno no puede instruirse por sí mismo, es necesario, ó bien que no tomara ninguna resolución sin oir antes á las corporaciones populares coloniales, ó bien que se permita á éstas suspender las disposiciones tomadas sin este requisito.

Nosotros hubiéramos preferido lo primero: era lo mas conveniente y lo más decoroso para el Gobierno. Que se instruyera primero, y después de instruido completamente, dictara y se ejecutara su resolución. Pero no lo hemos propuesto porque, no habiéndose practicado este método, pudiera represénsenos que tratábamos de coartar ó embargar la acción del Gobierno, sujetándolo á trámites previos; y hemos preferido la otra solo porque, siendo la que se ha practicado y se practica hoy, no introducimos ninguna innovación.

Hoy los Capitanes generales tienen esa facultad; sólo proponemos de nuevo que la tengan asimismo, junto con ellos, los Consejos de Administración. Esa facultad es una garantía; duplicándola, la hacemos mas fuerte y segura. Los Consejos deben ser mas conocedores que los Capitanes generales de la situacion de aquellas Islas; cuando ninguno ponga obstáculo al cumplimiento de las resoluciones de la Corona, será señal evidente de que en ello no va envuelto ningun género de peligro. De esta manera, el Gobierno, ó consultará primero, ó podrá obrar libremente en la completa confianza de que sus actos nunca podrán ser perjudiciales á aquellas provincias.

«18. Cada Consejo de Administración nombrará cuatro procuradores permanentes que residan en la corte, con la categoría de diputados á Cortes, para gestionar con el Gobierno acerca de todo lo que les prevengan los Consejos, y con entera sujeción á las órdenes e instrucciones que les comuniquen.»

Aunque los Consejos, por medio de su iniciativa, pueden pedir al Gobierno todo lo que crean conveniente, y apoyar su pretension con todos los documentos y datos necesarios, sin embargo, como en cualquiera dificultad con que tropiece el Gobierno, si habla de pedir nuevos datos á los Consejos, no podrían venir en menos del término de dos meses, y como siempre será mas expedito tratar los negocios verbalmente que por escrito, es indudable la conveniencia que resultará de que los Consejos tengan en la corte sus procuradores que, debidamente instruidos, puedan conferenciar con el Gobierno y perfeccionar la ilustración que necesite para resolver con el necesario conocimiento.

Así, estos procuradores serán el lazo de union entre el Gobierno y los Consejos, y podrán evitar trámites y dilaciones que de otra manera podrían ser interminables. Deben ser lo menos cuatro por cada Isla, porque puede haber muchos asuntos pendientes de resolución, algunos, si no la mayor parte, de gravedad, correspondientes á distintos ramos que exijan conocimientos especiales, y deben suplirse unos á otros, en caso de enfermedad ó ausencia de alguno, á fin de que el Gobierno no carezca nunca de los informes que necesite para la pronta y acertada expedición de los negocios.

Deben tener la categoria y carácter de diputados á Cortes porque, pudiendo tener que gestionar también ante el Congreso y el Senado, deben poder sentarse al lado de los diputados, asistir á las reuniones de las comisiones, y ser inviolables en sus opiniones, como que han de tener que representar en pro y en contra, no solo de las leyes, sino de los que las formen. Y deben, por último, recibir órdenes e instrucciones de los Consejos y sujetarse estrictamente á ellas, porque siendo unos mandatarios de dichas corporaciones, y no vieniendo á gestionar por cuenta propia, sino por la de sus comitentes, es necesario que no puedan sobreponerse ni estralimitarse de las órdenes que les comuniquen sus delegantes. No son legisladores; pero deben poder instruir á los que lo sean; y como se verá despues, deben poder pedir cuenta á los legisladores de sus actos, para lo cual necesitan tener el carácter y la categoria correspondiente á tan altas funciones.

«19. Los Consejos de Administración, por medio de sus procuradores, podrán acudir en recurso á las Cortes contra cualquiera disposicion del Gobierno que crean perjudicial á sus respectivas Islas, y cuando haya lugar podrán tambien, por medio de sus procuradores, exigir al Ministerio la correspondiente responsabilidad, conforme á la Constitucion del Estado.»