Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-08-27 00:00:00), página 21

isla, su primera autoridad concedía la debida expansión á la prensa, tolerando la manifestación de aspiraciones tan justas y legítimas; y otro periódico, El Boletín, se opuso á las reformas, llegando hasta el extremo de dudar de la buena fe de los que en ellas pensaran y la promovieran. Conducta que, sea dicho de paso, valió al Boletín la retirada de un gran número de suscriptores, cuya manifestación negativa llamó la atención del Gobierno, que creyó ver en esto la obra de un partido, cuando no era sino buenamente el resultado de la libertad que asiste á cada uno de no pagar lo que le desagradara.

En estas circunstancias, cuando había quien se atreviera á dudar en público de la buena fe de los que deseaban reformas políticas en las Antillas, los firmantes del comunicado, que siempre han profesado esas opiniones, por considerar que dichas reformas son necesarias al bien, tranquilidad y progreso de aquellos países, creyeron de su deber, no aceptar con el silencio la calumnia impugnación que se les hacía, sino salir á la defensa de sus opiniones, manifestándolas francamente, y para el efecto redactaron la comunicación que ya han visto nuestros lectores con el objeto de publicarla. Esta manifestación fué suscrita en treinta y seis horas por 28 firmas que representan unos cinco millones de duros, muchas más de moralidad y buen juicio, y puede decirse que representarán la agricultura, el comercio, las profesiones liberales de Puerto-Rico y aun las principales autoridades de la isla, pues muchos de los firmantes ocupan altos puestos en la administración.

Algunos de los firmantes no nos autorizaron para publicar aquí sus nombres, y á fin de que nunca puedan tacharnos de que publicamos ahora un número de firmas mayor de aquel con que se presentó la manifestación al Gobierno de Puerto-Rico, omitimos también otras muchas que posteriormente se ofrecieron sin solicitarlas; lo que sentimos verdaderamente, porque esto podría hacer ver al Gobierno de acá cual es la verdadera opinión de aquel país con respecto á este particular.

Firmado fué el comunicado de la manera antes dicha, fué remitido sucesivamente al redactor en jefe y al editor de El Fomento, que eran el periódico que había manifestado las mismas opiniones y sostenido que la prensa de aquella isla gozaba de la libertad bastante para emitirlas; y sin embargo de todo, ni uno ni otro quisieron hacerse cargo de llevarle, como su ahijado, á la censura. Hecho que no comprenderán nuestros lectores, pero que hallarán su explicación en el curso de este relato.

Insistiendo, sin embargo, los firmantes, lo enviaron directamente por medio de un comisionado al mismo censor, quien manifestó desde luego que sólo le competía pasarlo á manos del capitán general; porque tratándose en él de asuntos políticos, no estaba en sus atribuciones juzgarlo. Quince días se aguardó en vano la resolución superior, y habiéndola reclamado los firmantes al mismo censor, éste contestó citando al comisionado de aquellos para una entrevista con el capitán general, la cual tuvo lugar y dió por final resultado el manifestar S.E. que el comunicado era una petición y no lo que se decía, y que, por consiguiente, no estaba en su mano dar ni negar la licencia solicitada, y que podían los interesados, si gustaban, remitirla á la Península, donde existía el derecho de petición.

En el intervalo que medió entre la presentación del escrito y la conferencia con el capitán general, pasó un hecho notable. S. E. mandó llamar á dos de los peninsulares firmantes (porque entre los firmantes hay muchos peninsulares) para quejarse á ellos de que no hubiesen suscrito la exposición que en defensa de S. E. se publicó en esta corte en el periódico La Época, y para aconsejarles se abstuvieran en lo sucesivo de adherirse á esas manifestaciones de los criollos: que la reforma era de justicia y vendría cuando el Gobierno lo creyere oportuno; pero que no debía reclamarse. Afortunadamente su excelencia quedó convencido de que aquellos dos señores se tenían por tan criollos como los que se glorian de serlo, porque no niegan ni el país que les dio el ser material, ni el pueblo á que deben su fortuna y posición; y también debió quedar muy seguro de que los expresados señores no habían sido sorprendidos.

En virtud, pues, del permiso de S. E., los firmantes del comunicado nos lo han remitido para su publicación en la Península, que fué lo que pensaron siempre, desde el momento en que comenzaron á redactarlo, en el caso probable que presentaran de que se negase allí el permiso para su publicación; y nosotros también, en virtud de ese permiso y del de la ley que no necesita del otro, le damos cabida en nuestras columnas, esperando que habiendo ya pasado ese escrito por el trámite exigido, no se pondrá allí obstáculo por esto á la circulación de nuestro número, y á la de los demás periódicos de acá que probablemente lo insertarán en sus columnas.

Ahora, ¿cuáles son las reflexiones y consecuencias que se desprenden de esta lamentable historia? Sentimos sobremanera tener que ejercer nuestra crítica sobre los actos de una persona del carácter y circunstancias del general Mesina, pero los deberes de nuestro ministerio son muy severos, y perdedríamos hasta de nuestra dignidad, si transigieramos con la injusticia, siquiera fuera á impulsos de la benevolencia. Por lo mismo que el general Mesina ha sido tolerante con la prensa de Puerto-Rico, nos extraña mucho más que no lo haya sido con los firmantes del comunicado, que, siendo personas de posición y de opinión y conducta intachable, no dejan sino lo mismo que ha tolerado en nosotros y en los periódicos de aquella isla. ¿Por qué esta diferencia?

¿Qué significa que El Boletín, periódico subvencionado por el Gobierno con 50 duros mensuales, ataque la reforma, y que El Fomento, redactado por un empleado de secretaría, se adhiera á ella?

Tal vez se diga que esta es una prueba de la imparcialidad y tolerancia de aquel Gobierno; pero entonces, ¿cómo se comprende la libertad que tienen dos periódicos para atacar y defender la reforma, y se niega igual derecho á los particulares, aunque sean tan respetables y meritorios como los firmantes del comunicado?

La razón que se dió para explicar esta negativa, fue que el comunicado era una petición, y que en las Antillas se dice que no tienen sus habitantes ese derecho. Es verdad que, en aquellas desgraciadas provincias, no se permite á sus habitantes ni aun el recurso de manifestar al Gobierno sus aspiraciones, aunque se consideren justas, ni aun cuando sea por conducto de sus autoridades legítimas. Pero ¿de dónde puede deducirse que el comunicado que ya conocen nuestros lectores era una petición? A la vista está; el público puede juzgarlo. No tiene, ni puede tener el carácter de una petición, porque no se dirige á ninguna autoridad, y sólo manifiesta un discurso, una opinión, cuya emisión se había permitido al mismo periódico.