Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 43

más severa contra un hecho cuya repetición le expone constantemente á censuras y reconvenciones injustas de propios y extraños, y puede servir de motivo ó pretexto á conflictos internacionales y á dificultades sin cuestión.

Para alcanzar cumplidamente aquel propósito no basta ya la imposición de las suaves penas que establece la ley de 2 de Marzo de 1845: preciso es acudir á castigos más severos, aprovechando el saludable ejemplo que la historia de países extraños y la misma legislación patria nos ofrece; preciso es investigar, seguir la generación del delito á que se alude en todas sus manifestaciones, impedirlo cuando sea posible, y castigarlo en caso contrario en sus diversos grados con la sanción oportuna, desde la que puede ser relativamente leve hasta la misma pena de muerte. Con ella castigaban las antiguas leyes de Castilla el plagio de hombres libres, y siendo también los negros africanos, con ella castigaban á quienes los reducen á servidumbre la legislación de los Estados Unidos de América, la del Brasil y las de otras naciones que han equiparado el tráfico de bozales al crimen de piratería de derecho de gentes, para cuya declaración sería necesario el consentimiento de todas las naciones, que aún no han podido recabar los esfuerzos de una gran potencia: se trata de la piratería de derecho público municipal ó interno, que importa tanto como proclamar que los traficantes de esclavos serán castigados por los tribunales de su país con la misma pena que lo son los piratas por el comandante del buque que los apresa, según los principios admitidos por el derecho público internacional europeo. Esto es lo que hace el proyecto adjunto: imponer en ciertos casos á los reos principales las penas de los piratas, sin aventurarse á una declaración expresa que sería inútil bajo el punto de vista de la legislación criminal del país, y humillante para el que la hiciera en el otro concepto sin un acto simultáneo de la misma índole por parte de todas las potencias de Europa y de América.

La ley penal de 1845 no considera el delito sino después de consumado; esto es, cuando á bordo de un buque se encuentran negros bozales, ó por lo menos cuando se halla habilitado para el tráfico. Por el proyecto que el gobierno presenta á las Cortes se persigue el crimen desde los primeros momentos de su manifestación, y se considera como autores á todos aquellos sin cuyas intervención sería imposible igual infame comercio. La misma ley parece que no tiene por autores del delito á los capitalistas y dueños del cargamento; pero considerando que ellos son la causa más eficaz de que se sostenga el contrabando de esclavos, se ha estimado oportuno y justo tenerlos por verdaderos autores, é imponerles en su caso las mismas penas que á las dueñas y capitaneas de los barcos negros.

La complicidad de las autoridades y funcionarios fue prevista en la ley de 1845, castigándola con la pena que le está señalada por las leyes comunes del reino; pero la vaguedad de esta disposición con respecto á las islas de Cuba y Puerto-Rico, donde todavía no rige el Código penal de España, aconseja que se determine claramente la responsabilidad criminal de dichos funcionarios en los casos á que el proyecto se refiere.

La ley tampoco dijo nada respecto á encubridores del delito; mas en el estado actual de la ciencia penal, y tomando como toma por base el proyecto el Código de la Península, preciso ha sido añadir este importante detalle para la más perfecta economía de la ley.

Ella dará también, si las Cortes se dignan aprobarla, una verdadera importancia á las penas pecuniarias. La justa severidad que merece el contrabando de esclavos, la demostración sincera y elocuente de la alta reprobación con que se la mira en España, la naturaleza compleja del delito, y la necesidad de alcanzar con aquella á los que esencialmente vienen á ser autores por medio de sus capitales, justifican las prescripciones y aseguran en esta parte la eficacia del proyecto.

Por más que la opinión pública se halle pronunciada contra la trata, no puede desconocerse que aún existen en las provincias de América algunas personas que, bien por un extravío del sentido moral ó por otras causas menos disculpables, entienden que no hay delito en el tráfico negro, que la ley que lo reprende es injusta y antipatriótica, y que prestan un gran servicio á los bozales africanos, á Cuba, á Puerto-Rico y á España los que preparan e introducen expediciones buscando la vigilancia de los agentes del gobierno. En tal estado de cosas, la ley contra el tráfico no puede ser el único medio de una represión perfecta. Con ello deben ser simultáneas medidas y reglamentos administrativos de los cuales venga á ser verdadero y eficaz complemento, al paso que esas mismas disposiciones, motivadas en el ancho y elevado criterio de la conveniencia y de la política, acabén de cambiar la opinión perfeccionando los medios de colonización y de cultivo, mejorando las condiciones actuales de la propiedad en Cuba, e introduciendo en todos los resortes gubernativos una acción fácil y expedita para perseguir la trata en todas sus manifestaciones y extinguirla por completo. El comercio de esclavos, siempre que no tenga un carácter odioso para ciertas gentes, será un contrabando sostenido por las inmensas ganancias que ofrece. Sus verdaderos sostenedores serán por consiguiente ciertos capitalistas á quienes no han de faltar hombres dispuestos á correr los peligros de la trata en cambio de las riquezas que los compensan; y de aquí la congruencia de estatuir considerables penas pecuniarias que anulen las ganancias del reprobadó tráfico, afectando de una manera directa el capital que sostiene este indigno comercio.

Algunas cláusulas del proyecto se dirigen á perseguir también la trata en ciertas manifestaciones que no fueron objeto de la ley penal de 1845. Los tratados con la Gran Bretaña limitan el derecho de visita á los mares que expresan con exclusión del Mediterráneo y de los de Europa, que se detallan en el último convenio; pero siendo posible, y acaso ha sucedido alguna vez, que se armen buques españoles en aquellos puntos con destino á la trata. España debe perseguirlos por su propio derecho y espontáneamente, mas sin consentir en dichos mares el derecho de visita que para fuera de ellos tiene estipulado con Inglaterra.

La ley penal de 1845 atribuyó á las audiencias de la Habana y de Puerto-Rico la facultad de conocer en primera y segunda instancia de las causas contra los negreros. Esta jurisdicción excepcional lleva consigo dificultades que se oponen al rápido y eficaz castigo de aquellos. Aparte de otros inconvenientes, el tiempo trascurrido desde que se realiza en las costas un desembarco y llega la noticia á la Habana, y se nombra el magistrado-juiz, y emprende el viaje y llega al punto del allijo, ó imposibilita la acción de la justicia, ó ha dejado espacio para la posibilidad de confabulaciones que borrán toda huella del delito y de los delincuentes. Preciso es, pues, que la jurisdicción en primera instancia contra el tráfico entre en sus condiciones normales, y que desaparezca una excepción absurda y peligrosa, atribuyendo aquella á jueces inferiores competentes.

Tales son los puntos culminantes del proyecto que, autorizado en forma por S. M., tengo el honor de presentar á las Cortes. En los demás detalles he seguido siempre los más sanos principios del derecho penal y el sistema, en cuanto ha sido posible, del Código de la Península, sin separarse jamás del espíritu y letra de los convenios que ligan á España con