Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-12 00:00:00), página 8

bierno todo lo concerniente, sin necesidad de involucrar ahora con altas cuestiones políticas otras inconexas ó pura y simplemente reglamentarias.

De esta manera, concretada la información á las bases de las leyes especiales, que es lo importante y que abraza todas las demás cuestiones esenciales, aquellas hubieran podido y debido discutirse desde luego en las Cortes con presencia de los diputados americanos. Esto era lo verdaderamente constitucional y justo; su convocatoria hoy no significaría la introducción de una reforma, como se supone, sino el ejercicio de un derecho vigente, puesto que los diputados americanos no fueron excluidos sino de las Cortes de 1837 (de las actuales Cortes dice el decreto), y no de ninguna de las venideras, y mucho menos de aquellas en que hubiera de tratarse de las leyes especiales para aquellas Antillas.

Así lo reconoció el Sr. Posada Herrera, actual ministro de la Gobernación, cuando en la anterior legislatura sostuvo que, ni aun los presupuestos de Ultramar podrían votarse sin la presencia de los diputados americanos, y así se reconoce explícitamente en el decreto de 28 de Noviembre, en que se llama á los representantes de aquellas provincias. Y por último, la razón que se aduce en el decreto para no convocarlos como diputados á Cortes, es la que milita cabalmente en favor de su convocatoria; y es la de que esos diputados americanos presentarian desde luego el proyecto de leyes especiales, ú obligarían al Gobierno á presentarlo sin la debida preparacion, y se discutiría y decidiría en una legislatura, pues si el Gobierno no se consideraba bien preparado para la próxima, pudo haber hecho la convocatoria para la siguiente, tomándose así el tiempo necesario para el estudio.

Y en todo caso, si se consideraba preferente el método adoptado, dejando libres á los comisionados de las Antillas y demás para que expusieran todo lo que creyeran conveniente acerca de ese particular, que era lo justo y lo digno, con los informes amplios y sin restricción de todos ellos, tenía el ministro lo suficiente para formar un juicio cumplido y exacto acerca del asunto que está llamado á resolver.

Este hubiera sido un método más sencillo, sin costos y más eficaz y breve, al paso que el adoptado en el decreto es complicado y costoso, y lo que es peor, que puede no producir el efecto deseado, ó que puede producirlo tarde y fuera de la debida oportunidad. Este último es quizá el efecto que puede producir de mayor transcendencia, porque en el decreto no se vislumbra ni el principio ni el fin de la información. Ni se señala el dia de su apertura ni el término en que haya de cerrarse; de suerte que el principio puede ser lejano, é indefinido el plazo de su duración.

¿Cuándo se abre esa información? No se sabe ni quizá puede saberse. Hay que nombrar un numeroso personal: hay que montar una oficina con todo su material, y hay que buscar un edificio donde alojarlo todo, y ya se sabe lo que esto significa, sobre todo entre nosotros; y si á los comisionados de las Antillas (que no vendrán sino cuando se los llame), no se les llama sino cuando todo eso se haya verificado, es muy dudosa la época en que podrán ser convocados. Y después que vengan y estén todos presentes, comenzarán los interrogatorios, que han de ser muchos, distintos y separados, puesto que no es de necesidad que los interrogados concurren á la junta. Después esos interrogatorios serán contestados por escrito, tomando cada uno de los interrogados el tiempo suficiente para contestar; después podrán repetirse los interrogatorios; después podrán hacerse preguntas verbales; después se preguntará á las autoridades en ejercicio de aquellas islas, para cuya contestación se necesitará el transcurso de meses, y ya se puede calcular, ó mejor dicho, no es posible calcular todo el tiempo que podrá invertirse en este laberinto de expedientes y oficinas que entre nosotros suele ser interminable; y entre tanto las erogaciones que esto ocasiona, pues habrá muchos y crecidosísimos sueldos y dietas, y oficinas decentes, no diéramos lujosamente montadas, esas considerables erogaciones estarán gravitando sobre el presupuesto, harto recargado en aquellas islas; gastos que seguramente sus habitantes soportarían con gusto si fueran fructíferos y de corta duración; pero que serán onerosísimos si duran más de lo necesario, sobre todo pudiendo haberse prescindido de ellos.

Este es el decreto de 25 de Noviembre, y resumiendo nuestro juicio, diremos: que el pensamiento que lo produce, si hemos acertado á interpretarlo, se halla perfectamente concebido, y siendo bien y oportunamente ejecutado, sería la salvación de nuestras Antillas, el lazo más firme de unión á la madre patria y un título de gloria para su autor, el Sr. Cánovas del Castillo, que no podrá arrancarle la historia y que sabrían envidiarle los hombres políticos de España; pero que el método adoptado para su ejecución, lejos de ser á propósito para llevarlo á cabo, parece dictado con el objeto de impedirlo ó retardarlo.

El preámbulo y el decreto no parecen escritos por una propia mano. En el preámbulo se ofrece á la reina oír ámpliamente á los leales habitantes de las Antillas, que es la condición imprescindible, y en el decreto se les somete á interrogatorios humillantes que han de coartar la emisión de las opiniones. Lo uno es la antítesis de lo otro. Parece como si, encomendado á otro el detalle de la ejecu-