Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-07-12 00:00:00), página 8

Al Gobierno se le conceden amplias facultades; pero, mientras mas amplias sean las facultades del que manda, mayores deben ser las garantías de los que obedecen. Visto está que se ha procurado facilitar al Gobierno y ponerlo en aptitud de obrar siempre con el debido acierto: los Consejos tienen iniciativa para pedir é instruir: el Gobierno puede completar esa instrucción por medio de los procuradores de los Consejos; estos y los Capitanes generales tienen la facultad de suspender el cumplimiento de las disposiciones superiores, representando en seguida y esponiendo los motivos de esa suspension; pero como sobre todo esto está la facultad del Gobierno de mandar cumplir lo prevenido, desentendiéndose de todo, para este caso es necesario que haya un dique que oponer á la consumación de un daño, que, como hemos dicho, en aquellas provincias pue- de ser irreparable.

Nosotros hubiéramos preferido un sistema en ese punto mas decoroso para el Gobierno y de mas ventajosos resultados para las Antillas; que es el de conceder facultades legislativas á los Consejos de Administración, y dar el veto de ellas al Gobierno, con cuyo método, al mismo tiempo que se dejaba mas expedita la acción de los Consejos, conservaba el Gobierno una intervención eficaz para impedir lo que considerara dañoso, y no había necesidad, ni de suspenderse nunca el cumplimiento de sus resolu- ciones, ni podrian incidir en ningun caso de res- ponsabilidad, que es lo que se practica en la mayor parte de las Colonias inglesas. Pero no hemos que- rido proponerlo por no introducir innovaciones. Sin embargo lo apuntamos, porque, como hemos dicho, lo consideramos mas provechoso y eficaz este méto- do y mas decoroso para el Gobierno.

De otra manera el Gobierno tiene que ser inter- venido.

Sabemos que los legisladores no son responsa- bles; pero, por la misma razon, nunca estarán de mas todas las precauciones que se tomen para impe- dir que se consume el daño hecho por los que no son responsables de sus actos. Además de que los Mi- nistros de los reyes constitucionales no tienen ese carácter de irresponsabilidad. En las monarquías absolutas es donde la Corona rige á las Colonias sin responsabilidad, que no tiene tampoco en cuanto al régimen de la metrópoli. Pero en los paises regidos constitucionalmente, cualesquiera que sean las fa- cultades de los Ministros de la Corona, jamás pue- den evadir la intervencion de los cuerpos colegisla- dores, que forman con la Corona el supremo poder del Estado conforme á la Constitucion de la mo- narquia. La Corona no tiene sino una parte en el poder legislativo, y si lo resume todo con respecto á las Colonias, ó en otro cualquier caso, esto no pue- de verificarse, sino en virtud de una ley que puede ser derogada de la misma manera que se hizo; es por esto una concesion de las mismas cámaras que otorgan por conveniencia pública, pero sin desasir- se nunca por completo del todo de sus atribu- ciones.

Esto se ve con frecuencia: cuando se faculta al Gobierno para cobrar los presupuestos antes de estar votados, y siempre que se le conceden facultades es- traordinarias, en todos los casos, al desprenderse las cámaras de sus atribuciones, no es sino temporal ó condicionalmente, con la debida reserva de interve- nir despues, y así es que siempre que eso se verifica es con la cláusula obligada de tener el Gobierno que dar cuenta á las Cortes del modo con que haya usa- do de esas facultades extraordinarias.

La absoluta inhibicion de las Cortes con respecto á actos del ministerio, y sobre todo de actos legisla- tivos, que no puede por la Constitucion ejercer por sí sola, no lo hemos visto jamas pretendido sino por el ministerio anterior en los asuntos de nuestras Co- lonias. Pretension que consideramos tan contraria al espíritu y letra de nuestra ley fundamental, que aunque las Cortes entonces se hubieran declarado inhibidas de entender en esos asuntos, otras Cortes posteriores, ó esas mismas, podrían recuperar el ejer- cicio de sus atribuciones constitucionales, puesto que esa inhibicion no podría fundarse legitimamen- te sino en motivos de conveniencia pública, los mismos que podrán servir despues para resolver lo contrario, y porque unas Cortes podrán no hacer uso de sus atribuciones, si lo tienen por convenien- te; pero no podrán impedir que las ejerzan otras posteriores, si lo creyeren mas acertado.

En suma, inhibirse por completo ó renunciar las Cortes sus facultades legislativas, equivaldría á anu- larse, á dejar de ser lo que son, lo cual no pueden hacer, porque si esto fuera permitido, la nacion po- dría quedar huérfana de autoridad, de su poder su- premo legislador. Lo que pueden hacer, y hacen al- guna vez, como en este caso, es confiar ó delegar en el Gobierno sus facultades; pero entonces, como componentes ó delegantes, pueden y siempre se hallan en aptitud de recobrar su deposito, ó de intervenir en la gerencia del delegado. Si las Cortes pudieran declararse incompetentes para intervenir cuando fuere necesario en la legislacion de las Colonias, po- drían declarar lo mismo con respecto á Aragon ó Cataluña, ó otra provincia de España, y habría asi dos reyes en una persona, uno constitucional y otro absoluto; dos poderes legislativos independientes con facultades distintas; dos estados en uno y la confusion y la anarquia seria el lote del poder en- cargado principalmente de la autoridad y del orden. Esto no puede ser; esto es contrario á la constitucion y al buen sentido.

De consiguiente, la competencia de las Cortes para intervenir los actos extraordinarios legislati- vos del ministerio no puede ponerse en duda, con arreglo á la constitucion de la monarquia, y enton- ces el recurso á las Cortes de los Consejos de Admi- nistración procede conforme al derecho vigente es- tablecido en la ley fundamental.

Las Cortes se desprenden de su facultad habitual de intervenir en la legislacion ultramarina por fa- cilitar la accion del Gobierno, por la conveniencia de aquellas provincias; pero si el Gobierno desacor- tadamente, en lugar de marchar por la verdadera, marcha por la senda de perdicion de aquellas pose- siones, esa misma conveniencia pública exige impe- riosamente que el otro poder colegislador reasuma sus facultades para hacer lo que no supo hacer el Gobierno con los poderes que solo para ese fin se le confirieron.

Las Cortes, es decir, el Congreso y el Senado son jueces del ministerio, y cualesquiera que sean las facultades de estos, mientras mas amplias y extraor-