Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-03-12 00:00:00), página 2

¿Qué es, pues, lo que asegura La Patria que hará el ministro? Veámoslo. «Que los ayuntamientos, dice, elegirán sus comisionados con el concurso de los mayores contribuyentes, y que la más amplia libertad reinará en la elección, de modo que los nombrados sean los genuinos representantes de la opinión de que se hallen animados aquellos cuerpos.»
Esto dice nuestro colega, y nosotros le replicamos, que si tal ha sido la intención del Gobierno, ya no puede cumplirse; porque su delegado en Cuba, no sabemos si espontáneamente ó por instrucciones superiores, no ha escogido los concejales del ayuntamiento de la Habana entre los que habían obtenido mayoría de votos, sino que ha dado la mayoría á la minoría, según hemos probado sin contradicción en otra parte, y por consiguiente esos concejales y los que ellos nombran no representan ó pueden no representar la genuina opinión del país ni la de los electores. Y héd aquí ya fallida la primera aservación de La Patria y la primera intención del ministro.
Continúa nuestro colega: «Los comisionados, en unión con las demás autoridades y personas llamadas á ilustrar al Gobierno, darán á éste los medios de conocer cuáles han de ser las bases en que deben fundarse las leyes especiales que la Constitución ofreció y que el actual Ministerio se promete expedir.»
Según se deduce de este párrafo, el ministro de Ultramar no tiene todavía decidido cuáles hayan de ser las bases en que han de fundarse esas leyes especiales; porque el resultado de la información es el que ha de dárselas á conocer. Pues bien, oigamos lo que dice La Patria en este mismo artículo: «Lo que del choque contradictorio de tales elementos aparezca como bueno, habrá de servir al ministerio de Ultramar de guía en sus futuros trabajos, porque no es posible que eso deje de ser lo que convenga al interés del Estado, al principio de unidad nacional y de unidad política que tiene el Gobierno el deber de conservar ileso, y que no podría sin insensatez abandonar.»
Es decir, que ya se prejuzga el resultado de la información y se manifiesta la opinión irrevocable del Gobierno relativa á la unidad política, cuya conservación se supone un deber, y una insensatez pretender lo contrario. Ya lo saben los comisionados convocados, y lo que tienen que opinar para no ser tratados de insensatos.
Pero quizá La Patria en este punto se haya extralimitado algún tanto; porque en el preámbulo del decreto de 28 de Noviembre vemos que el actual ministro no se manifiesta muy partidario de esa unidad cuando dijo que las Cortes desde 1808 á 1814, al conservar dentro de los principios del nuevo régimen político la unidad creada y constantemente defendida por la monarquía, no se preocuparon tanto como las circunstancias requerían de la constante desigualdad de condiciones locales en que se hallan las provincias peninsulares y americanas, y que no siendo posible prescindir de todo punto de esas diferencias, de ahí nacieron la ley de 18 de Abril de 1857 y el precepto constitucional de aquella época literalmente trasmitido al Código político vigente, y según el cual deben formarse leyes especiales para el régimen de las provincias ultramarinas.
Ahora bien: el precepto de las Cortes de 1837 fué que, «no siendo aplicable á las provincias ultramarinas la Constitución que se forme para la Península, deben aquellas ser regidas por leyes especiales análogas á su naturaleza y circunstancias.» De consiguiente, estas leyes especiales deben ser constitutivas, distintas de las de la Península, porque la Constitución de la Península no es aplicable á aquellas provincias: estas leyes especiales, que son las ofrecidas entonces, y después por la ley política vigente, son las que se propone dar el Sr. Cánovas; y debiendo contener una Constitución distinta de la de la Península, es evidente que no se conserva ni puede conservarse así la unidad política, que consiste en el régimen de un mismo Código político.
Y entonces ¿á qué debemos atenernos? ¿Á lo dicho en el preámbulo del decreto de 28 de Noviembre, ó á lo dicho ahora por La Patria? ¿Qué quiero decir aquello de que el Gobierno tiene el deber de conservar ileso el principio de la unidad política? Pues qué, ese principio ¿está ileso hoy? ¿Existe en la actualidad? ¿Se rigen hoy aquellas provincias por la misma Constitución que rige en la Península? ¿Qué embolismo es este? ¿Consiste la insensatez en querer rectificar lo que existe, ó en pretender conservar lo que no existe? ¡Válganos Dios por La Patria! ¡A lo que conduce el prurito de querer echar tierra en los ojos á los que queremos tener buena vista! Y en este punto se nos figura que la tenemos tan buena, que quizá penetraremos hasta la verdad al través del tupido velo de tantas y tan lamentables contradicciones.
Lo que no comprendemos tan bien, es la razón que da nuestro colega para justificar el hecho de abrazar la información abierta los tres extremos á que se contrae. Dice La Patria que esa razón es la de que «las soluciones que se den en el orden político tienen que guardar estrecha relación con las que se den en el orden de los intereses materiales.» Pero esta sería una razón sólo en el caso de que fuera absolutamente necesario que aquí, y sólo aquí, debieran darse esas soluciones; y esa necesidad, y hasta la conveniencia, es lo que negamos. Si la ley política para allá es lo que debe ser, allá deben re-