Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-27 00:00:00), página 12

dos frances y resueltamente por el ministerio de Ultramar en el decreto á que nos referimos. Pudo el Sr. Canovas mejorar la ley que se proponía aplicar á Cuba y Puerto-Rico, atendiendo á lo que la experiencia tiene ya acreditado, y sin embargo no lo ha hecho; nada es pues más importante que esa propia conducta. No haya miedo, por lo mismo, que escatimemos aplausos al ministro que de esa suerte se conduce en una de las cuestiones más importantes que estaba llamado á resolver.

Mucha han menester las Antillas españolas de libertad de imprenta para experimentar los grandes beneficios que ese, no sin razón llamado cuarto poder, produce; apenas si se concibe á fines del siglo xix, que se vean privadas de representación; injusto y hasta cruel parecerá á toda persona sensata que carezcan por completo de independencia sus municipios y no exista siquiera la provincia; pero lo que se resiste á todo hombre honrado, es que el individuo y la propiedad carezcan allí de garantías. Por eso un día y otro día venimos clamando por la aplicación del Código penal y de la Ley de Enjuiciamiento civil, porque no sé si el oficio me ciega, pero sin uno y otra no acierto á comprender la existencia en un país donde la honra y la vida del ciudadano se hallan á merced del capricho ó la ignorancia de uno ó cuatro hombres, donde la propiedad puede ser juguete y lo es á menudo de la voluntad de un soldado de fortuna.

No hace mucho tiempo que á propósito de la Ley de inquilinatos, recordábamos las absurdas disposiciones que en un bando de policía dictado por una autoridad militar, venían á destruir por su base el sagrado derecho de propiedad. Más de una vez hemos llamado la atención del gobierno sobre el desprecio á que había llegado la administración de justicia allí, donde un pleito significa la ruina, y una testamentaria equivale á la miseria. ¿Cómo no aplaudir el decreto del 9 de Diciembre, en virtud del cual desaparecerán ó cuando menos disminuirán tan graves males!

Desde 1.º de Julio del año próximo de 1866 comenzará á regir en Cuba y Puerto-Rico la Ley de Enjuiciamiento civil publicada en Octubre de 1853 para la Península; y siquiera las condiciones de este trabajo no nos permitan dar una idea exacta y detallada de sus prescripciones, seanos licito por lo menos indicar las bases á que se sujeta aquella ley. Estas son:

1.º Restablecer en toda su fuerza las reglas cardinales de los juicios, consignadas en nuestras antiguas leyes, introduciendo las reformas que la ciencia y la experiencia aconsejan, y desterrando todos los abusos introducidos en la práctica.

2.º Adoptar las medidas más rigurosas para que en la sustanciación de los juicios no haya dilaciones que no sean absolutamente necesarias para la defensa de los litigantes y el acierto en los fallos.

3.º Procurar la mayor economía posible.

4.º Que la prueba sea pública para los litigantes, quienes tendrán el derecho de presentar contra-interrogatorios.

5.º Que las sentencias sean fundadas.

6.º Que no haya más que dos instancias.

7.º Facilitar el recurso de nulidad cuanto sea necesario, para que alcancen cumplida justicia todos los litigantes y se uniforme la jurisprudencia en todos los tribunales, consultando siempre el orden gerárquico de estos.

Y 8.º Hacer extensiva la observancia de la nueva ley á todos los tribunales y juzgados, cualquiera que sea su fuero, que no la tengan especial para sus procedimientos.

No necesitamos encarecer la importancia de tales preceptos desenvueltos en la ley, si no con absoluta perfección, por lo menos con tanta cuantía es necesaria, para que la administración de justicia sea una verdad. Crecemos, sin embargo, conveniente llamar la atención de nuestros lectores sobre los títulos nueve y diez, que se ocupan de los ab-intestatos y de las testamentarias; de los doce y catorce, que tratan del desalucio y de los interdictos; y de los veintitres y veinticuatro sobre los juicios de menor cuantía y verbales, cuya doctrina á no dudarlo viene á satisfacer las más penhoradas necesidades en aquellos países.—Fijense bien en esos capítulos nuestros lectores, estudíenlos perfectamente, y es seguro que habrán de sacar gran provecho. ¿Y cómo no, si unos determinan de una manera clara y explícita, los trámites que han de seguirse para poner á salvo la fortuna de nuestros antepasados, presa hasta ahora de la voracidad insaciable de la curia por el desconcierto y embrollo de la antigua legislación en materia tan delicada: otros vienen á ser la garantía más eficaz de la propiedad con sus términos breves y sus juicios sumarísimos, derogando abusos y corrupciones sancionadas por la ignorancia de algunos, la malicia de no pocos y el abalimiento y postfracción de los demás; y últimamente otros concluyen para siempre con la arbitrariedad de ciertos agentes de la administración que venían siendo el azote de aquellos pueblos, con descrito notorio del gobierno que lo consentía! Grandísimas han de ser en efecto las ventajas que reporten los habitantes de Cuba y Puerto-Rico, que há tantos años vienen padeciendo hambre y sed de justicia con la nueva ley. La sociedad y la familia han de ganar allí muchísimo con la desaparición casi en absoluto de los motivos y pretextos que hacían de esta un campo de Agramante, desde el momento en que faltara el jefe de la casa: la riqueza del país tomará inmenso desarrollo á la sola idea de que el derecho de propiedad deja de ser una mentida ilusión, convirtiéndose en un hecho real y efectivo; pero sobre todo y ante todo, lo que tiene que producir mayores y más eficaces beneficios, es la creación de los jueces de paz.

Extraordinarios han sido los beneficios que esa institución viene produciendo en la Península; pero han de ser insignificantes de seguro, comparados con los que produzca en Ultramar. Allí donde un teniente ó capitán era el llamado á fallar en los juicios verbales que constituyen generalmente la vida judicial, como en todas partes y más que en ninguna otra, los jueces de paz con las condiciones de la real orden del 9 de Diciembre, serán á no dudarlo un áncore de salvación para aquella sociedad, hasta hoy tan deprimida. Los abogados y personas de posición podrán prestar en aquel concepto grandes servicios, aspirando los primeros á una legítima remuneración siempre que suplan á los alcaldes mayores en ausencias y enfermedades: con lo que la administración de justicia no sufrirá las consecuencias de gratuitas interinidades con condiciones poco adecuadas al efecto.

Por lo que hace á las pequeñas e insignificantes variaciones que ha creído oportuno introducir en la ley el Sr. Canovas, sólo debemos decir: que hoy por hoy parecenmos justificadas, porque son de las únicas que en la inmensa mayoría de los casos creemos que se necesitan introducir en la aplicación de las leyes de la Península á Ultramar, y en nada se oponen á su espíritu y letra.