Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-12 00:00:00), página 7

mos apuntado, se concreta y facilita considerablemente, como hemos dicho, en términos que la que resta hoy sólo por resolver es la siguiente. La de establecer en las leyes especiales hasta qué punto puede llegar ya la asimilación legislativa entre aquellas islas y la Península, y donde debe comenzar y concluir la especialidad de su régimen gubernativo. Cuestión que se resolverá también fácilmente con el otro principio reconocido por nuestras leyes y por el actual Gobierno, de mantener la diversidad, dentro de la unidad, formando un concertado sistema.

Sin embargo, el ministro cree que para que el examen de esa grave cuestión reuna todas las garantías posibles de acierto, debía proponer y ha propuesto un método que es el que establece el decreto y al que vamos también a contraernos.

Desde luego tenemos el sentimiento de decir que no nos parece tan acertado como el plan, el método que se propone para su realización. Lo consideramos demasiado complicado, costoso, dilatorio, y como innecesario, inútil. Se comienza por nombrar una junta, que, compuesta de un numeroso personal y material, deberá ser bastante embarazosa; y verdaderamente no comprendemos ni el objeto ni las atribuciones de esta junta.

Se dice que la información que haya de hacerse, se hará ante ella. Nosotros creíamos, y lo regular parece, que esa información se hiciera ante el ministro, que es el que ha de juzgar solo acerca de lo que resulte del informativo; puesto que la junta no tiene voz ni voto en la materia, como se ve por sus atribuciones, que son las siguientes:

1.º Aprobar los interrogatorios con arreglo á los cuales ha de hacerse la información.

Grande ha sido nuestra sorpresa al llegar á este punto. Nosotros creíamos y era lo natural que esos interrogatorios los hiciera el ministro, sin necesidad de la aprobación de nadie; y no que parezca que los hace el ministro, subordinándolos, no comprendemos el motivo, á una aprobación extraña. No creemos que la junta sea la que deba juzgar de lo que deba saber el ministro, rebajando así su elevada posición.

2.º Dirigir las preguntas que crea convenientes á las personas que concurren á la junta.

Decimos lo mismo con respecto á este particular. Parece lo natural que, siendo el ministro el que ha de instruirse, fuera él quien hiciera todas las preguntas que creyera convenientes; y no que parezca que la junta va á ser la reguladora de la instrucción que deba tener el ministro, lo que parece un contrasentido.

Y 3.º Acordar cuantas medidas sean útiles para el cumplimiento de su encargo.

Hé aquí todas las atribuciones de esa junta, limitadas absolutamente á hacer y aprobar interrogatorios acerca de lo que haya de saber y decidir, no ella, sino el ministro, lo cual, repetimos, nos parece completamente innecesario, y que coloca al ministro en una situación anómala é indefinible.

Añádase á esto que el sistema de interrogatorios adoptado nos parece innecesario también, mezquino y áun degradante para las personas de suposición que han de ser interrogadas, y se vendrá en conocimiento de que la expresada junta pudo suprimirse por completo. Con que el ministro oyerá á los comisionados de las Antillas y á los que él nombrara en la Península: con que les preguntará lo que tuviera por conveniente; con que les permitiera informar todo lo que creyeran conducente acerca de los asuntos de que hubiera de tratarse, era lo suficiente para que el ministro adquiriera todos los conocimientos que pudiera apetecer en menos espacio de tiempo y sin necesidad del intermediario embarazoso y costoso de la junta.

Cosa tanto más necesaria y justa, cuanto que no podrá impedirse que los comisionados informen y pidan, aunque sea fuera de los interrogatorios, cuanto crean conducente á la mayor ilustración del ministro acerca de los asuntos para cuya resolución han sido convocados.

Así deberá ser y así será, tanto porque tal es el derecho de todos los españoles (en la Península), cuanto porque en el preámbulo del decreto se les reconoce á los comisionados de las Antillas, cuando dice el ministro que, «si la información ha de llevar el sello de imparcialidad que le conviene y reunir todas las garantías posibles de exactitud y acierto, preciso es que el Gobierno oiga de una manera ám- plia y solemne la exposición de los datos y opiniones que deseen presentar á su consideración los leales habitantes de las Antillas.» Esto es lo justo, lo decoroso, lo digno, y no el sistema humillante de interrogatorios á que se les sujeta después, por escrito ó de palabra, según agrade, y no sabemos si sentándolos en banquillo aparte como á los acu- sados.

Además, la información podía haberse simplificada considerablemente, limitándola á las bases y áun estudiándola al proyecto de leyes especiales; porque, siendo esas leyes lo que deben ser, la manera de reglamentar el trabajo de la población de color y asiática, y los medios de facilitar la inmigración más conveniente á aquellas islas, puede y debe encomendarse á las autoridades y corporaciones de allá; y en cuanto á todo lo relativo á los tratados de navegación y comercio y reformas del sistema arancelario y régimen de aduanas, las mismas corporaciones de las islas, dotadas de buenas leyes especiales, podrían informar y pedir al Go-