Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-03-12 00:00:00), página 3

solverse las cuestiones de puro interés material y local; y si estas deben resolverse acá, está demás una ley política especial. Si votos, para qué rejas... Esto fue lo que dijimos, y á esto no se ha contestado.

Sin embargo, ese enigma indescifrable é indescifrado dice La Patria que «tiene la inapreciable ventaja de hacer imposibles las soluciones puramente teóricas, las fórmulas aisladas, los resultados poco prácticos y realizables de que podría adolecer un estudio sobre el punto más importante, á los ojos de nuestro colega, de los tres que abraza aquella disposición.»

Aquí sí que hemos perdido completamente el rumbo y la brújula.

El punto más importante á nuestros ojos es el de las leyes especiales constitutivas, diferentes de la de la Peninsula, para nuestras Antillas. Este punto dice nuestro colega que lo abraza aquella disposición (el decreto de 28 de Noviembre). Pues ¿no habido antes La Patria que el Gobierno tiene el deber de conservar ilesa la unidad política, y que sería una insensatez abandonarla? Y entonces, ¿cómo arroja al tapete de la discusión una ley política diferente? ¿Se comprende esto? ¿Se comprende tampoco que un estudio sobre esas leyes especiales, sin acompañarlas de las administrativas, diera sólo por resultado soluciones puramente teóricas y fórmulas aisladas y poco realizable? Pues qué, ¡las leyes ó los códigos políticos no son realizable si no van acompañados de leyes administrativas y aun reglamentarias, como en el presente caso? Es cabalmente todo lo contrario.

Las leyes administrativas no son ni pueden ser dictadas al mismo tiempo que las políticas; porque éstas son las que han de determinar cómo y por quién han de hacerse aquellas. La prueba es evidente. Si la ley política determina que las leyes administrativas para aquellas islas se hagan por los mismos poderes metropolitanos que las hacen para el resto de la monarquía, está de más la discusión de una nueva ley política que abraza el primer punto de la información: basta entonces con hacer extensiva allá la que tenemos en la Peninsula: y si las leyes administrativas para allá han de hacerse de una manera distinta, es necesario determinar antes esa manera, para hacerlas después con arreglo á ella. Pero hacer á un mismo tiempo la ley política y las administrativas es un contrasentido; y decir que así debe hacerse porque deben guardar estrecha relación unas y otras, es prejuzgar la cuestión, suponiendo que ha de resolverse en el sentido de que unos mismos poderes han de dictarlas todas; en cuyo caso tampoco hay derecho para dictar esas leyes administrativas, sino con arreglo á la Constitución de la Península, que no está hoy vigente en aquellas islas. De consiguiente, tratar á un mismo tiempo de las leyes políticas y administrativas es una mescolanza de una amalgama, ó inconstitucional, ó imposible.

Esto es lo que ha increpado el autor del artículo á que se refiere La Patria, y no, como equivocadamente supone nuestro colega, el que, partiendo de lo existente, el Sr. Cánovas abra una información para el estudio de las leyes políticas especiales ofrecidas, con audiencia de los comisionados americanos.

El señor ministro ha partido de lo existente; la información abierta no es más que un estudio, aunque bastante costoso, y con ese simple carácter puede aceptarse; pero, entiéndase bien, que sólo puede aceptarse como estudio; pero que en el momento en que se trate de elevar á la categoría de ley el resultado de esos estudios, ha de ser con las formalidades constitucionales imprescindibles.

En este sentido fué que se trató la cuestión de derecho en el artículo á que se refiere La Patria, y nos duele que nuestro colega crea que es estéril e inútil el tratamiento de la cuestión de derecho para la formación de las leyes constitutivas de un pueblo, las cuales, dice, no deben debatirse sino en el terreno de los hechos y la conveniencia. Laxa y heterodoxa doctrina que no nos extraña en boca de nuestro colega; pero sea. Los hechos sólo demuestran que se debe partir de lo existente; pero la justicia y la conveniencia exigen que se respete y no se viole el derecho, si ha de tener la ley toda la autoridad que ha de acompañarla para su estricto cumplimiento.

De lo contrario, no se haga ilusiones nuestro colega: si las leyes especiales se presentan á las Cortes en la ausencia de los diputados americanos, por más que el ministro se presente allí armado de las armas que le suministre el estudio de los hechos, nunca tendrán sus trabajos la autoridad que tendrían si los diputados de las Antillas concurren á la discusión y votación de la cuestión constituyente. La ley, para ser legítima, debe ser hecha legalmente.

Pero, sea de esto lo que fuere, ya hemos tratado largamente esta cuestión en otra parte: no se trata ahora de la constitucionalidad de esas leyes, puesto que no están aún confeccionadas: cuando lo estén, vendrá esa cuestión naturalmente: ahora sólo se trata de saber cuáles son las bases que han de servir para su confección y lo que el ministro piensa acerca de ellas. En este punto no hay más que dos términos: ó el ministro las ignora por completo y aguarda para saberlas el resultado de la información, como dice La Patria; ó á consecuencia de los vastos y profundos estudios que, como también dice La