Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 2

politicos más ó menos modificados; pero no pudieron realizarlas dándoles las mismas leyes, sino que forzosamente tuvieron que darles otras distintas y muy distintas que se conformaron á las circunstancias muy diferentes también en que se hallaban aquellos lejanos territorios. El testimonio de esta verdad son las leyes de Indias, Ordenanzas de intendentos y todas las demás disposiciones que se dictaron con aquel objeto y que formaron códigos, muy voluminosos por cierto, de una legislación enteramente diversa de la que regía en la metrópoli.

De consiguiente, es un hecho que las colonias americanas, aunque siempre han sido llamadas provincias de la Monarquía, siempre han sido administradas por medio de leyes diferentes de las de la madre patria.

Sin embargo, aunque fueron administradas por leyes diferentes, siempre fueron regidas por los mismos poderes de la metrópoli, y por la misma Constitución política, que se aplicó á las provincias de ambos hemisferios. De acá se legislaban; de acá se administraba: aquí se dictaban todas las disposiciones que habían de servir para el régimen y administración de aquellos países, y se estableció así una centralización ó unidad política y administrativa tan estricta, como si Venezuela y Lima fueran Galicia ó Cataluña. Es decir, que las colonias americanas eran consideradas provincias de la Monarquía, no para ser administradas por las mismas leyes, ó del mismo modo, sino para ser regidas por la misma ley política; para que los poderes metropolitanos fueran los únicos que dictaran todas las leyes y disposiciones que exigiera el régimen y administración de aquellos vastos dominios.

Este es el sistema que observó siempre España con respecto á sus colonias; y ¿cuál fué el resultado? El que ha de producir siempre cualquier empeño por realizar una ficción irrealizable. Que las colonias americanas, aunque fueron declaradas provincias de la Monarquía, no eran sino colonias; y que, unas colonias ó provincias situadas á dos, tres ó cuatro mil leguas de distancia, con climas, población, hábitos e intereses diferentes, no pueden ni podrán nunca ser gobernadas y administradas como aquellas en cuyo seno se halla el poder central de la metrópoli.

En vano los monarcas de España, siempre solicitos por el bienestar de aquellos habitantes, establecieron una corporación especial, como el Consejo de Indias, para que estudiara y les consultara en todos los asuntos relativos á aquellos dominios: en vano ese Consejo empleó todo el celo y esmero que demuestra la antigua y extensa legislación de Indias: en vano se quiso amparar con la más exquisita protección á aquellos indígenas: en vano se trató de coartar el poder de los vireyes y capitanes generales por medio de los Reales acuerdos de las Audiencias, y garantizar el buen uso del que se les concedía por medio de los juicios de residencia; todo fué en vano.

Ni los reyes ni el Consejo podían conocer los intereses y necesidades de unas provincias tan distantes y lejanas, ni los medios más adecuados de atender los unos y satisfacer las otras: como todos los altos empleados eran y han sido siempre enviados de acá; y como esos empleados, en lo general, consideraban á aquellos países como un lugar de desecho, del que sólo procuraban salir lo más pronto y con el mayor lucro posible, no cuidaban tampoco de estudiar ni conocer aquellos intereses y necesidades, y por consiguiente quedaban y habían de quedar forzosamente sin ser atendidos ni satisfechos; y como las buenas leyes que á pesar de esto se daban, quedaban sin cumplirse, porque aquellas autoridades tenían su interés en no cumplirlas, y aquellos pueblos, careciendo de derechos políticos, no tenían á su alcance los medios legales y eficaces de hacerlas cumplir, resultó lo que había de resultar necesariamente, que todo el esmero, cuidados y solicitudes de los poderes metropolitanos fueron completamente inútiles; que los países más vastos y más fértiles del mundo quedaron siempre improductivos; que sus habitantes, tan aptos como cualesquiera otros por su aventajada inteligencia, quedaron siempre sumergidos en la degradación y la ignorancia; que las injusticias y atropellos inauditos que se cometían con los indígenas producían sublevaciones sangrientas que terminaban en suplicios horribles; que la conducta de los dominadores era tan odiosa y desatentada; y el estado del país tan acusador y lamentable, que las crudas y energicas relaciones de Ulloa y D. Jorge Juan, ó se ocultan con vergüenza cuidadosamente, ó pasan como fábulas increíbles.

Tal era la situación de las provincias americanas cuando las Cortes generales de 1810, siguiendo el mismo errado sistema, creyeron que todo estaba remediado con aplicar á aquellos territorios la misma Constitución política de la Península. Ni era ya tiempo, ni la misma causa puede dejar de producir los mismos efectos. El mal no consistía sólo en que aquellas provincias fueran regidas despóticamente, como lo estaba entonces la Península: algunas de ellas deben más á los reyes absolutos que á los llamados gobiernos liberales: el mal consistía esencialmente en que fueran exclusivamente regidas y administradas de acá, con una centralización impotente y desastrosa, y esta centralización quedaba con la completa unidad política decretada en 1810.

Además, era ya tarde. Los desaciertos e injusticias, cometidos por series, habían acumulado ya en