Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-09-27 00:00:00), página 27

favorables al retraimiento de los Sres. Olózaga y Duque de la Victoria, una vez sabido que los partidos avanzados se retiraran de la lucha, empezarán de nuevo los rumores de crisis ministerial, hasta aventurarse los nombres del marqués de Novaliches y del general Lersundi como presidentes de Gabinetes posibles y aún probables.

Vino á dar fuerza á estos rumores un incidente que se supuso haber ocurrido con motivo de la contestación que la Reina debía dar al nuevo embajador de Italia en el acto solemne de su recepción. Nosotros somos poco aficionados á recibir como moneda corriente esta clase de noticias; pero L'Indépendance Belge la dió como exacta, y habiendo reproducido su versión algunos diarios de Madrid, no podemos excularnos de trasladarla á nuestros lectores; dice así:

«Conforme á los usos diplomáticos, el marqués de Tagliacarne comunicó al ministro de Estado el discurso que debía pronunciar cuando presentase sus credenciales como plenipotenciario del rey Victor Manuel.

El Sr. Bermudez de Castro redactó la respuesta que la Reina Isabel debía dar á este discurso, y la sometió á su aprobación.

Pero sea que la respuesta fuere una aprobación demasiado explícita de los hechos consumados ó bien que contuviera una censura indirecta contra alguno de los Príncipes desterrados, la Reina declaró á su ministro que no pronunciaría semejante discurso.

Parce que entonces el ministro de Estado expuso á S. M. con su habitual franqueza, varias observaciones sobre la situación de Italia y del antiguo Rey de Nápoles, que la Reina consideró ofensivas: «Cuando se piensa así sobre la familia de los Borbones, dijo S. M. al Sr. Bermudez de Castro, no es posible ser consejero de mi Corona.» A lo que el ministro de Estado respondió: «Señora, la observación es justa; y por tanto tengo el honor de presentar á V. M. la dimisión de mi cargo.»

Cuando el general O'Donnell supo esto, se afectó mucho y fué á ver á la Reina, haciéndola comprender las dificultades que podían surgir de una crisis ministerial en el momento en que iba á verificarse la entrevista con el Emperador. S. M. le replicó: «He aceptado la dimisión de Bermudez de Castro, pero todo puede continuar como está hasta mi vuelta á Madrid.»

Por nuestra parte creemos muy poco probable esta versión, tanto más cuanto que encontramos completamente natural y conveniente el discurso del marqués Andrés Tagliacarne y la respuesta de la Reina que publicó la Gaceta del 10 del corriente, y en los que nada se encuentra que pueda revelar un cambio de la redacción primitiva en el sentido indicado.

Más probable es á nuestro juicio que la dimisión del señor Bermudez de Castro, si es que existe, proceda de las palabras pronunciadas en París por el Emperador en el acto solemne de la recepción de su hermano el marqués de Lema, y que en cierto modo envolvían una censura contra el ex-embajador cerca de Francisco II.

Otra de las causas á que se atribuye la supuesta crisis es el decreto de disolución de las Cortes. Sancionada una nueva ley electoral, las Cortes actuales, producto de otro sistema de elección, han dejado de existir moralmente: su disolución y la convocatoria de los comicios son las consecuencias lógicas e ineludibles de la reforma. Creíase, en consecuencia, que hacia el 15 del corriente debía aparecer el decreto en la Gaceta, y no habiendo sucedido así, suponse que la Corte se resiste á poner en práctica una nueva forma de elección, hecha expresamente para sacar de su retraimiento al partido progresista, y que sin embargo no ha llenado este importante objeto. Tampoco creemos esta noticia, y lo que sí nos parece más verosímil es que el decreto no se ha expedido por varias causas: 1.º la de ganar tiempo para que la Unión liberal pueda organizar los trabajos electorales, y 2.º para ver si con la amenaza embadurnada de convocar las mismas Cortes actuales se hacía salir á los progresistas de su actitud hostil.

Los trabajos electorales se siguen con grande actividad: las exigencias de muchos candidatos influyentes ocasionan numerosos cambios hasta en el personal de los estancieros: hay provincia en que la desorganización administrativa será completa. Se habla de empleados subalternos que deben ser electores con arreglo á la nueva ley, y á quienes se ha amenazado con la pérdida del destino si no aparece su nombre en las listas rectificadas. Ignoramos la exactitud de estas quejas; pero sean ó no ciertas, protestamos contra la teoría de los que sostienen que los empleados deben votar con el Gobierno. Hay en este punto tal perversión de ideas, que ya se considera á los funcionarios públicos no como á dependientes del Estado, sino como lacayos de los ministros. Así no hay administración, no hay gobierno, no puede haber justicia ni orden; no puede haber más que oligarquía ministerial. Si los empleados tienen el deber moral de votar con el Gobierno, es necesario quitarles el derecho de votar. O inamovilidad del destino, y por consiguiente independencia para elegir, ó anulación del empleado como fuerza electoral. Lo contrario es inmoral y dañoso al régimen representativo.

Volviendo á las causas que hagan probable una crisis, nosotros por ahora no vemos más que una, verdaderamente temible para el Gabinete, que es el estado de la Hacienda pública y la apatía ó timidez del Sr. Alonso Martínez para proponer remedios energicos y radicales. Los 800 y tantos, cerca de 900 millones levantados á costa de emitir 300 millones en billetes hipotecarios, y 1.459 en títulos del 5 por 100, están ya consumidos, y además el saldo contra el Tesoro y á favor de la Caja de Depósitos ha tenido desde la tercera semana de Junio un aumento de más de 40 millones. Las rentas bajan enormemente; tanto que sólo la de Aduanas presenta una disminución de 25 millones en el primer semestre del corriente año, comparado con igual período del anterior.

Con motivo de la salida de unos veinticinco guardias veteranos destinados á Andalucía, se ha dicho que esta disposición era una consecuencia de las diligencias que se están instruyendo acerca de los sucesos de la noche del 10 de Abril. Para nosotros este asunto es completamente oscuro en la actualidad, puesto que no nos gusta firmar de rumores, siquiera lleguen á nuestros oídos revestidos de la más grande autoridad; y por otra parte, el juicio que tenemos formado de los deberes del soldado y de la conducta y obediencia de los veteranos en aquella noche, no nos creemos con libertad de imprenta suficiente para emitirlo. Sólo diremos que á nuestro modo de ver la obediencia pasiva de los militares tiene sus límites, y que así como á ninguno que hiciera fuego á sabiendas sobre el jefe del Estado le libraría de responsabilidad criminal el hecho de obrar en virtud de una orden de sus superiores, así tampoco creemos que pueda nadie esculparse de ciertos assassinatos excusándose con que ha sido mandado.

El Gobierno, á lo que parece, de acuerdo con el Consejo de Estado, ha resuelto en el expediente relativo á los acuerdos de la Diputación provincial de Madrid sobre los mismos sucesos del 10 de Abril: 1.º Que no tiene para qué aprobar ni desaprobar ciertos puntos para no constituir acuerdo que deba ejecutarse. Tal sucede con el relativo á deplorar la diputación que el ayuntamiento hubiese sido disuelto de real orden. 2.º Las exequias que la diputación quería hacer por el eterno descanso de los que murieron en aquella noche no ha mere-