Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-27 00:00:00), página 6

Ahora, en cuanto al número y calidad de las personas á quienes haya de concederse ese derecho, ya se conocerá que no se puede ser mas parcos de lo que hemos sido: sólo proponemos á los municipios, diputaciones provinciales y demás corporaciones, y á los electores; porque aunque creemos que el derecho de petición nunca es peligroso y siempre es benefico, aunque se conceda á todos, sin embargo, teniendo en cuenta el miedo que se cierne siempre sobre todas las concesiones que se pretendan para nuestras Antillas, no hemos querido proponer para el goce de ese derecho sino á aquellos de quienes no pueda temerse ninguna clase del más lejano compromiso. De esta manera, el Gobierno aquí y las autoridades allá pueden conceder ó negar cualquiera petición, con pleno conocimiento, y no puede temerse que se pida: débese, por el contrario, dejar abrir las puertas para que se manifiesten las necesidades á fin de acudir oportunamente á satisfacerlas.

«Art. 12. Las atribuciones de los Consejos de Administración son las siguientes:

1.º Constituirse, señalando el número de miembros de que haya de componerse en lo sucesivo, y formar el reglamento para su régimen interior.»

Como las atribuciones, y por tanto las ocupaciones de los Consejos de Administración habrían de aumentar considerablemente con la presente ley ó otra de naturaleza análoga, no creemos que pueda bastar para el cumplido desempeño de todas ellas, ni el número de miembros de que actualmente se componen, ni el reglamento que los rige en la actualidad. Seguramente tendrán que ser mas numerosos, para dividirse quizá primero en dos grandes secciones, una contenciosa y otra administrativa, y subdividirse esta despues en otras distintas que correspondan á los diferentes ramos que abrazan en su conjunto, á fin de que la division del trabajo facilite la expedición de los negocios. De la division, orden y regularidad de esos trabajos es de lo que ha de depender la marcha regular, oportuna y acertada de los asuntos: esa regularización es la obra de los reglamentos interiores, y la confeccion de estos reglamentos han pertenecido siempre y pertenecen de derecho á las mismas corporaciones que por ellos han de ser regidas.

Hubiéramos propuesto la aplicación del actual; pero como esta aplicación había de ser con las modificaciones que demanda la nueva Constitución de esas corporaciones; y como estas modificaciones habrían de dejarse al arbitrio del mismo cuerpo, y pueden ser muchas y distintas, equivale á lo mismo facultarlas para que formen uno nuevo, puesto que de esta manera tomarán del actual todo lo conveniente y solo introducirán las variaciones ó modificaciones que sean necesarias.

«2.º Determinar, de recuerdo con los capitanes generales, los que hayan de ser electores y la manera de proceder á la elección de los Concejales de los Ayuntamientos.»

Al comentar el art. 3.º hemos explicado las razones que, á nuestro juicio, justifican esta medida, y nada mas tenemos que añadir respecto á este particular. Nuestro ilustrado compañero, el Sr. Bona, propone en este punto un método que, lejos de rechazar nosotros, es el que hemos aceptado siempre, y el que hemos propuesto en otra parte, por regla general, como principio de la ciencia y verdadera base del edificio político. Tal es el del sufragio universal, ó la intervención directa de todos los vecinos en la gerencia del municipio, sin distinción de razas. Este principio que profesamos, no lo hemos propuesto sin embargo ahora, por las razones de alta conveniencia que expusimos en el número anterior de esta Revista, que habrá visto nuestro querido amigo, y que estamos también seguros de que no dejará de apreciar en todo lo que valen; y porque, aunque ese método ha sido aceptado y practicado por las antiguas leyes de España, no lo es por las actuales, por mas que sea aun practicado por tradición en alguna que otra parte, y no hemos querido introducir innovaciones, mucho menos de esta importancia. Por tanto, aunque no lo proponemos, no lo esculuimos, sino que dejamos abierta la puerta, para que los Consejos de Administración puedan irlo introduciendo, según lo vayan permitiendo las leyes de España y las circunstancias y hábitos de aquellos países. Nosotros y el Sr. Bona marchamos á un propio fin, no podemos dejar de convenir en los medios mas á propósito.

«3.º Aplicar á las islas las leyes actuales de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales con las modificaciones que exija la presente ley y las que sean necesarias, á fin de que las corporaciones municipales y provinciales sean competentes para resolver, bajo la inspeccion del Consejo y dentro del radio de sus ramos respectivos, todo lo concerniente á cada municipio y cada provincia.»

La primera parte de esta prescripción tiende á verificar la asimilacion que debe haber en el organismo de las provincias de uno y otro hemisferio. Ese organismo debe ser idéntico en unas y otras, con solo aquellas diferencias que exijan las circunstancias particulares de unas y de otras. Por esto hemos propuesto que las leyes orgánicas administrativas de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de la Peninsula, que constituyen casi todo el organismo administrativo, se apliquen desde luego á aquellas Islas, á fin de que queden competentemente asimiladas, siquiera en la parte administrativa, y en lo que dichas leyes tienen de político, con las modificaciones que exija la presente ley, en virtud de la cual la centralización de la administración no se verifica en el Gobierno de allá, sino en los Consejos.

La segunda parte de la prescripción que comentamos tiende á marcar en globo, pero de una manera exacta, el circulo de las atribuciones de cada una de aquellas corporaciones. En este punto hay un principio fijo, que es el de que haya la centralización y la descentralización debida; es decir, que los municipios y las provincias, ó las corporaciones municipales y provinciales, se muevan desembarazadamente dentro de sus circulos respectivos, y que haya un centro comun que forme la unidad, que las inspeccione en el desempeño de sus cometidos, y que, centralizando la accion superior, haga marchar todo el mecanismo con regularidad hacia un propio fin.

En esto quizá estemos todos conformes; y en lo que puede haber dificultad es en el señalamiento del poder centralizador. Acá en la Peninsula, el Gobierno es hoy el poder centralizador directo, y en las Antillas el mismo Gobierno, por medio de sus capitanes generales. Nosotros admitimos para las Antillas la centralización del Gobierno de la metrópoli, pero