Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-03-12 00:00:00), página 26

Esta es la ley que encuentra defectuosa el actual ministro de Ultramar; estudiándola ha hallado en ella vacíos que la hacían ineficaz, y su proyecto del 10 de Marzo del corriente año tiende á llenarlos.

Ver hasta donde podrán alcanzar los nobles deseos del señor Canovas del Castillo, es el objeto de nuestro artículo.

Nosotros creemos que á pesar del espíritu de humanidad y justicia que se levanta del preámbulo que acompaña al proyecto de ley del Sr. Canovas, á pesar de su intención laudable de herir de muerte al mayor de los crímenes que pudo conocer el hombre, la trata seguirá como siguió después de 1814, como continuó después de 1817 y 1820, y como ha venido practicándose después de 1835; y á pesar de la ley penal de 1845, seguirá como hasta el mes de Diciembre del último año, en que se ha hecho el último desembarco de negros en Cuba, descubierto por los tribunales, que se ocupan hoy mismo en juzgar á los presuntos reos.

Triste, tristísima creencia que aflige el corazón del que no puede ver con ojo indiferente, ni las injusticias contra el débil, ni el desprestigio y descrédito de la patria, expuesta á cada instante á severas recriminaciones.

V.

El último tratado celebrado entre España e Inglaterra para abolir el tráfico de esclavos, se firmó en nuestra corte el 28 de Julio de 1835, haciéndolo á nombre de la Reina Gobernadora el popular poeta D. Francisco de Paula Martínez de la Rosa, y en representación de la Gran Bretaña, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario el caballero Jorge Villiers.

Este tratado es el vigente hoy, y la ley penal publicada el 2 de Marzo de 1845, es la que está en acción.

Ha llegado el momento de probar lo que al principio de este escrito dejamos consignado:

1.º Que el señor ministro de Ultramar no llena los vacíos que existen en la ley de 1845 contra los negros, y que el proyecto suyo que estudiamos deja las cosas casi como las encontró.

2.º Que á pesar de la buena voluntad que suponemos en el Sr. Canovas del Castillo, no siendo suficiente las pequeñas innovaciones que introduce en su proyecto de ley, quedando subsistentes las causas que han mantenido vivo el tráfico de esclavos, la trata continuará como hasta aquí, y con ella todos los abusos y crímenes que forman su cortejo.

Constituyen delito en el proyecto del Sr. Canovas para los efectos de la ley que propone, los mismos que figuran en el tratado de 1835: la construcción, carena y armamento de buques, etc., destinados al tráfico, la compra de los negros en África (ya prohibida por España desde 1820) y su introducción en los dominios españoles, etc. (Véase el tratado de 1835 y la ley de 1845.)

Considera como autores del delito á los mismos que señala la ley de 1845: á los tripulantes del buque, sobrecargos, propietarios, armadores, dueños del cargamento, y aquellos por cuya cuenta se haga la expedición (Artículos 1.º y 8.º de la ley de 1845), y á las autoridades y funcionarios que estuvieren en connivencia con los negros, que además de tener su castigo señalado en la referida ley de 1845 (Art. 10), tienen el que marca el Código penal á todos los funcionarios que dejan sobornarse.

Donde el Sr. Canovas se extiende mucho más, donde creamos que despliega un lujo extra-legal, es en la determinación de los cómplices y encubridores; justamente en donde no reside la causa ésta, la fuente de ese vergonzoso crimen que trata de extinguirse. El ministro pena á todos los que tomen parte en la construcción y demás operaciones anejas al habitáculo de los buques negreros, y parecenque que el simple carpintero, calafate, pintor ó vendedor de jarcias, que para nada intervienen en el destino del buque, que sólo cobran su jornal de costumbre, ó venden el precio común de la plaza, parecenque no deben tener pena ninguna señalada, porque no habría tribunal que se la impusiere, probando su inocencia. No está demás que, como quiere el Sr. Canovas (Art. 4.º), se hagan responsables como encubridores á los empleados de cualquier categoría, que teniendo noticias del alistamiento de una expedición negrera, no dieran el oportuno aviso á las autoridades del lugar; aunque creemos también esto un lujo de señalar encubridores. ¡Ah! quien pueda probar nunca que un hombre conocía el secreto de otro si él mismo no lo confiesa á alguno? Este caso no llegará jamás, puede estar cierto de ello el Sr. Canovas.

Y si lo que se refiere á los empleados que no revelan el secreto se aplica á los particulares, como indica el apartado segundo del art. 4.º, entonces creemos atentatoria á la moral la disposición del señor ministro; creemos que su señoría va mas lejos que el Código penal vigente, que sólo castiga la no revelación del delito, cuando se atenta contra la vida del soberano ó la independencia del Estado, en obsequio de la enormidad de este delito: el empleado que recibe sueldo del Estado, está en el deber de perseguir á todo aquel que atente contra las leyes, cooperando de este modo á sostener la majestad de la vindicta pública; pero el ciudadano particular se encuentra en otro caso: la no revelación en el empleado es una falta, en el ciudadano particular sólo una indiferencia; y como hemos dicho, á ninguno podrá probarse conocimiento del secreto.

Las pruebas á indicios del delito que marca el proyecto de ley del Sr. Canovas son las mismas que expuso el art. 10 del tratado de 1835: escotillas con redes abiertas, separaciones ó divisiones en la bodega, tablones de respuesto, grillos y cadenas, más cantidad de agua que la necesaria á la tripulación, y mayor número de caídas para preparar los alimentos, muchos más comestibles etc., etc.

Ni aun la pena de muerte que impone el Sr. Canovas en ciertos casos, es una novedad en su proyecto. El art. 1.º de la ley de 1845 la señala implícitamente.

Las promesas que nos hizo el ministro en su decreto de Octubre último sobre emancipados, nos daba derecho á esperar mas resolución en las medidas represivas que anunciaba contra la trata; entonces nos decía que agraviaría las responsabilidades de la ley penal de 1845, hasta el punto de considerar como actos de verdadera piratería muchos de los que se ejecutan para realizar y favorecer en nuestros dominios el comercio de esclavos.

Nosotros no hemos visto la prometida declaración de piratería, pues si es verdad que se habla de la pena de muerte (que rechazamos en todos casos), al ver las circunstancias en que sólo debe aplicarse, parecemos que el señor ministro es, como nosotros, enemigo de ese último castigo, y sólo la menciona en su proyecto para cumplir de algún modo su palabra acapellada.

Si el ministro quiere asimilar la trata á la piratería, ¿por qué no lo dice clara y terminantemente? ¿Por qué no imita á Inglaterra, los Estados Unidos, el Brasil y á los otros países que han asimilado los dos crímenes, sin exponer la vida de sus edificios, que es el espeso pretexto de los que se oponen á esta declaración tan justa como necesaria?

Es que en la fatal cuestión del comercio de esclavos siempre han andado nuestros Gobiernos con pasos indecisos.......

La ley de 1845 tiene dos grandes fallos que nosotros, conocedores de ese horrible comercio, hemos creído siempre