Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-27 00:00:00), página 5

no deben pertenecer á ninguno, y sean cuales fueren los que manden en la metrópoli, sus deberes quedan siempre invariablemente los mismos.

Esto sucede en la actualidad, y no hay para qué insistir en este punto. Los empleados de nuestras Antillas no se varían hoy por exigencias ó intereses de partido, sino pura y simplemente porque son enviados de la Península; porque siendo enviados de acá á países tan apartados y distintos, fuera de la patria y de los suyos, y donde peligra su salud y hasta la vida, se consideran, y con razón, esos empleos como una carga onerosísima, de que es necesario relevarlos dentro de un término corto y fijo, con sueldos y emolumentos fabulosos, á fin de que sea aceptable el sacrificio.

Esta es la causa única y verdadera de la continua y lamentable variabilidad de los empleados de nuestras Antillas; y esta causa, es necesario, absolutamente necesario, el removerla si ha de haber allí alguna vez un régimen y una administración regular y aceptable. Sobre esto no cabe transacción. O los empleados que vayan de acá han de resignarse á terminar allí su carrera, ó deben ser nombrados los de allá que puedan cumplir con ese esencial requisito.

Con el sistema actual, los empleados peninsulares de corto tiempo no van allá sino como á un lugar de destierro; no miran sus empleos sino como un escalón difícil y peligroso, como un mal paso que es necesario dar para lograr ascenso en su carrera, y como de todo mal paso solo se procura salir pronto y de cualquier manera, y es imposible, completamente imposible, que pueda haber buen régimen ni administración siquiera regular con empleados de esta naturaleza que no tienen, ni pueden tener, ni los conocimientos, ni el interés, ni la voluntad, ni aun el tiempo material necesario para desempeñar cumplidamente su cometido.

Si esta es pues una innovación, es una innovación precisa, que no coarta en nada las atribuciones del Gobierno, que cede en beneficio de los mismos empleados, y que aquellas leales provincias exigen imperiosamente para salir del lamentable estado en que se encuentran.

Y por último, hemos propuesto que los Consejos de Administración sean los que determinen la manera de obtener el resultado que se desea, porque no habiendo para esto regla general y fija en la metrópoli, no podemos aplicarla, y porque, siendo los Consejos el poder administrativo superior en aquellas provincias, á ellos les tocan de derecho esas facultades en la parte administrativa, y señalar los tribunales que hayan de tenerlas en lo demás, con arreglo á las escasas leyes que sobre el particular existen en la metrópoli.

«Art. 10. Todos los asuntos judiciales, económicos y administrativos de la competencia de las autoridades de las islas se resolverán por ellas definitivamente sin recurso á la metrópoli.»

Los recursos á la metrópoli se han concedido en beneficio de las colonias; pero nosotros creemos que, dotadas estas de un buen régimen y de empleados responsables allá, como deben ser, pueden y deben renunciar á ese pretendido beneficio, que no es sino un perjuicio verdadero. Los recursos á la metrópoli son costosos y dilatados: suelen eternizarse acá, ó al fin, después de grandes sacrificios y tiempo perdido, se obtiene una resolución dictada por los que no tienen ni pueden tener el conocimiento necesario de todas las circunstancias que deben conocerse para decidir acertadamente el asunto que se ventila. La multiplicidad de instancias no tienen otro objeto que el de procurar el acierto por medio de mayor número de jueces: pues bien, señálese allá todos los que se estimen necesarios, y se conseguirá el objeto, sin necesidad de los recursos á la metrópoli.

No creemos necesario insistir más sobre este punto, porque, aunque algunos creen que una de las reformas que deben hacerse en nuestras Antillas es la de facilitar más los recursos á la metrópoli, esto se pretende, en el sentido de que esos recursos sean beneficiosos á aquellos habitantes; pero no resultando de ellos beneficio, sino perjuicio, y pudiendo obtenerse allá todas las ventajas que se deseen, la supresión de los recursos á la metrópoli queda completamente justificada.

«Art. 11. Los electores y corporaciones tienen derecho de petición.»

Esto es una innovación que introducimos, pero una innovación necesaria y fundada en las instituciones y en los usos de la metrópoli. Necesaria, porque ni el Gobierno ni las autoridades podrán tener nunca el conocimiento de las necesidades de los habitantes, si no se permite á estos esponerlos. Además de que debe dejarse completamente libre la iniciativa individual para que cada uno pueda obrar desembarazadamente en todo aquello que no perjudique á otro y que no se oponga á las leyes establecidas, deben tener todos y cada uno la facultad de pedir á quien corresponda todo aquello que crea conveniente á los intereses públicos ó privados, y que necesite la acción de la autoridad.

Esto se reconoce y se practica en la metrópoli, y debe reconocerse y practicarse en las colonias. Comprendemos la razón por qué hoy no se tolera ni se practica este principio en nuestras Antillas. Esta razón no es otra sino la de que aquellos habitantes tienen tanto y tan justo que pedir, y el Gobierno se halla tan impossibilitado de conceder, que no es extraño que no quiera que le pidan lo que no puede otorgar. Hoy, concentrado todo el poder en manos del Gobierno, con respecto á aquellas posesiones, hay que pedirselo todo á él, y como, por la absoluta ignorancia en que se halla, y en que no puede dejar de hallarse, de aquellos asuntos, de aquellas cuestiones, necesidades e intereses, no puede graduar la justicia ni la conveniencia de las peticiones, ni resolverlas con acierto, se vería embarazado con las reclamaciones, y en la imposibilidad de desatar el nudo, lo corta, cerrando herméticamente la puerta á toda especie de petición, de reclamación ó de queja. Ya que no se puede curar el mal, no se quiere ni aun oír el lamento del afligido.

Esto es lógico. Pero cuando las autoridades de allá puedan resolver acerca de puntos dados, y cuando puedan pedir é ilustrar al Gobierno acerca de lo demás, también es lógico que no haya entonces inconveniente para que los particulares puedan pedir el ilustrar á las autoridades de acá y de allá, á fin de que éstas, ó resuelvan por sí en lo que les toque, ó pidan é ilustren al Gobierno en lo que no les toque, y que todos puedan proceder con el debido conocimiento.