Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-10-12 00:00:00), página 15

nistracion tan ciega como injustificada.—Puerto-Rico bajo un régimen de gobierno ilustrado y equitativo no debería contribuir á levantar y sostener las fortificaciones que ha menester la seguridad y el prestigio de la nación española; pero sólo la inexplicable arbitrariedad de un gobierno absurdo, puede exigir un año tras otro año sumas relativamente fabulosas, para que en caso de necesidad sólo puedan salvar el país y la honra nacional los heroicos brazos de sus esquilmandos hijos.

Y esto nos trae como de la mano á ocuparnos de los hospitales y confinados á presidio ó sea de los capítulos 18, 19, 24 y 25 del Presupuesto de Guerra, con lo que daremos por terminado hoy nuestro trabajo.

80.047 pesos cuestan las hospitalidades militares de Puerto-Rico. Y si pudieran prescindir de lo injustificado de hacer pesar ese gasto de utilidad general sobre el presupuesto de una sola provincia, no debemos ni queremos dejar de llamar muy seríamente la atención sobre lo exorbitante de la cifra, y lo que es aún peor lo inútil del sacrificio. Las guarniciones de toda la isla es bien seguro que no llegarán nunca á cuatro ó cinco mil hombres, lo que equivale á decir que el cuidado facultativo de escasos cinco mil hombres, cuesta á la isla más de ochenta mil duros.—Parécenos, pues, que, ni aun dadas las condiciones de mayor ó menor salubridad del país, puede tildarse de escasa la dotación del hospital. Ahora bien; así y todo, ¿llega las necesidades del servicio? A nosotros nos bastará recordar que cuando la guerra con Santo Domingo llevó á Puerto-Rico un número de enfermos de alguna consideración, pero que de seguro no pasó nunca de doscientos en la capital, su vecindario tuvo que proveer de camas y habitaciones á los enfermos, porque el hospital estaba muy lejos de poder llenar las necesidades del servicio.—Por supuesto que nada diremos de lo poco que antes costaba ese mismo hospital y de lo muchísimo que hoy cuesta, para servir tan poco ahora como antes, porque los gobiernos que vienen combatiendo la necesidad de la reforma en la administración de las Antillas, no cesan de hacerla y muy notable con gravísimo perjuicio de los intereses de aquellos países, que ven aumentarse de día en día las oficinas y los empleados, sin otro objeto que el de dificultar la marcha de la administración y acrecer los gastos del presupuesto.

Análogas observaciones nos sugiere el capítulo de Confinados de presidio, que cuestan á la isla de Puerto-Rico 13.731 pesos.—De seguro que á nadie le ocurrirá hacer pagar á Ceuta el coste de los confinados que allí envían los tribunales de la nación, y sin embargo, en Puerto-Rico ya es otra cosa. La razón y la equidad aconsejan aquello; el absurdo sistema que rige en las Colonias españolas dispone lo contrario.

Nosotros no culpamos á este ó al otro ministerio de los que han venido sucediéndose en España; á todos les censuramos igualmente, porque ninguno hasta la fecha ha fijado su atención sobre las verdaderas causas de los males que atiigen á Puerto-Rico.—Y decimos que no han fijado su atención, porque á suponer siquiera que lo hubieran hecho por un instante, su responsabilidad sería inmensa, como inmensas son las calamidades que amenazan de cerca á aquel desventurado país.—Y es esto tanto más triste y desconsolador, cuanto que á bien poca costa puede hacerse la felicidad de la isla, y lo que es más, aumentar considerablemente los sobrantes que se destinan al Gobierno central.

El día en que pagando la isla de Puerto-Rico las contribuciones, que con arreglo á su riqueza le correspondan, cesen de gravitar sobre sus habitantes gastos que una buena administración considerará siempre como con cargo al Presupuesto general (pues así como Barcelona, Valencia, Cádiz no pagan sus guarniciones, fortificaciones, hospitales militares, etc., etc., Puerto-Rico tampoco debe pagarlos); el día en que el Congreso nacional al discutir sus Presupuestos tenga en cuenta los gastos de la Administración general en las Antillas, entonces y sólo entonces desaparecerá el despilfarro y el embrollo que allí reinan. ¿No es el ejercicio de Puerto-Rico una parte del de la Nación española? ¿No está allí porque conviene á los intereses generales de la Nación? Pues justo y racional será también que la Nación y no Puerto-Rico lo pague. ¿Interesa á la Nación tener en Puerto-Rico una plaza fuerte de primer orden? pues justo y natural es que á aquien le conviene la pague. Y no se nos diga que la seguridad de la Nación es la de aquella isla, que el honor de España es el de Puerto-Rico: porque para conseguir esa seguridad y para guardar incólume ese honor, deben y estarán siempre dispuestos á pagar sus habitantes las contribuciones que con arreglo las leyes generales de la Monarquía puedan corresponderles.—No es, pues, que Puerto-Rico se niegue á pagar gustoso lo que de derecho le corresponda, sino que es necesario que exista allí, como en la Península, la conveniente división de gastos municipales, provinciales y generales ó nacionales, á cargo cada uno de sus respectivos presupuestos.—Porque así y sólo así habrá orden y concierto en la administración, moralidad y economía en la gestión de la cosa pública.

J. M. P. de ESCOMIZA.