Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-08-12 00:00:00), página 5

saltar por encima de ella para volver á regir las provincias ultramarinas por la misma Constitucion del resto de España. No hay facultades para esto sino en otras Cortes constituyentes.

Supondremos, sin embargo, que se remueva este obstáculo, y que nuevas Cortes, con facultades bastantes, derogan el art. 80 de la Constitución, y declaran que esta es aplicable á las Antillas españolas. Supondremos también que se vence el inconveniente de la ley electoral, y que en virtud de una disposición interina, se convocan, se eligen y vienen á sentarse en el Congreso español los diputados americanos á tomar parte, como todos los demás, en los asuntos generales de la monarquía. En este caso resultará que, así como los diputados peninsulares son inhábiles para tratar y decidir los asuntos de las Antillas que no conocen, los diputados de las Antillas lo serán también, por la misma razón, con respecto á los asuntos de la Península, siendo por tanto unos y otros respectivamente incompetentes.

Pero pasemos también por sobre este inconveniente, y supongamos que los diputados peninsulares se dedican al estudio de los asuntos de las Antillas y los de estas á los de la Península, con una abnegación que les honre; ¿cuál es la conducta que deben observar los diputados americanos para obtener las reformas que demandan sus provincias? ¿Se afiliarían á los partidos en que indeclinablemente se hallan divididas las Cámaras? En caso de afirmativa, ¿á cuál partido se afiliarían? Si es á la oposición, ya se sabe que el gobierno no concede nunca nada á la oposición; y si es al ministerial, ya se sabe también que los ministeriales no pueden pensar sino como piensa el Gobierno, ni pedir sino lo que éste quiera conceder, y en uno y otro caso la exigua minoría de los diputados ultramarinos sería completamente impotente. Y si no se afiliaban á ninguno y permanecían independientes, ya se sabe también que estos grupos de independientes, fuertes sólo en el caso dado de que, con una minoría numerosa puedan hacerla mayoría con su apoyo, en todos los demás, como no pertenecientes, ni pudiendo contar con ellos ningún partido, son rechazados ó mirados con indiferencia por todos. De suerte que de todos modos el pequeño grupo de diputados ultramarinos en las Cortes españolas no serviría sino para ser absorbido y arrastrado por la inmensa mayoría de los diputados peninsulares.

Pero llevemos nuestras suposiciones hasta lo inverosímil. Supongamos que los diputados ultramarinos no vienen, como se viene generalmente, á votar con el Gobierno para obtener gracias ó empleos: supongamos que se mantienen incorruptibles, que animados del más sincero patriotismo proponen las leyes más convenientes á sus provincias, y que el Gobierno y las Cortes, animados de los mismos patrióticos sentimientos, se proponen oírlos y atenderlos; ¿tendrán tiempo las Cámaras para discutir y votar esas leyes? Las Cámaras españolas no han tenido nunca tiempo ni aun para votar el importantisimo asunto de los presupuestos del Estado, sin embargo de que es con el que se abren las legislaturas: siempre tienen que autorizar al Gobierno para que cobre las contribuciones, por haber faltado el tiempo para la necesaria discusion: las cuestiones vitales y preferentes de los partidos absorben siempre todo el tiempo de las legislaturas; las leyes de necesidad más apremiantes para la Península quedan siempre sin discutirse y votarse, ó se dan por autorización, cuando el Gobierno las considera absolutamente necesarias; y ¡se cree, ni puede caber en la cabeza de nadie, que cuando no hay tiempo para las cuestiones urgentes y vitales de la Península, lo haya y sean preferidas las leyes que se refieran á los asuntos ultramarinos!

Y aun cuando así fuera, aun cuando llevándose la abnegación hasta lo inverosímil, se pospusieran los asuntos peninsulares á los ultramarinos y se discutiese y votase alguna vez una ley referente á aquellas provincias, ¡sería esto bastante? Sobre las Antillas solamente pesan muchas y gravísimas cuestiones, todas de urgente resolución, y que reclaman un tino y conocimientos especiales para resolverlas, y los cuerpos deliberantes de nuestras Cortes no pueden tener ni el tiempo, ni los conocimientos, ni las condiciones necesarias para desempeñar satisfactoriamente ese cometido.

Y decimos las condiciones, porque, aun cuando tuvieran el tiempo y los conocimientos necesarios, su cualidad de cuerpos numerosos deliberantes los expondría con frecuencia á errores de las más trascendentales consecuencias, como el célebre de la Convencion francesa, que con una plumada destruyó para siempre el porvenir de sus colonias americanas. Y no se diga que esa era una asamblea revolucionaria, porque Cortes de esa naturaleza tenemos y podemos tener á cada paso, y porque esos errores no provienen de la calidad de revolucionarios de las asambleas, sino de su condicion de cuerpos numerosos deliberantes que deciden bajo la impresion del momento, á consecuencia de discursos más ó menos apasionados. Ya en nuestras Cortes actuales, en tiempos normales y tranquilos, con una convicción y buena fe fuera de toda duda, se ha patrocinado el voto de una raza que no lo ha tenido nunca, y si esa idea llegara á prohibirse en una legislatura, la ley que hiciera esa declaratoria inconveniente podrá ser la causa de la ruina de nuestras Antillas.

Las Cámaras populares de la metrópoli no son las más á propósito para tratar y resolver las árduas y