Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-27 00:00:00), página 11

agricultura y el comercio, se aumentan los males y los peligros, y los beneficios del decreto de 27 de Octubre pueden convertirse en una verdadera calamidad; y piense, por último, que de esos brazos libres, los más convenientes son los españoles, que son los que pueden aumentar y arraigar allí las tradiciones y los intereses de España, y no dudará un momento adoptar desde luego las medidas apuntadas, y todas las demás que le inspire su propio y patriótico criterio para salvar á aquellas islas de las tempestades que por todas partes les amenazan.

La urgencia y el peligro aumentan cada día; la actividad y el acierto son indispensables.

C. B.

EL DECRETO DEL 9 DE DICIEMBRE DE 1865

APLICANDO Á CUBA Y PUERTO-RICO LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE LA PENÍNSULA.

Resueltos á defender los intereses há tantos años lastimados de las provincias ultramarinas, no hemos pensado jamás en hacer de las cuestiones á que aquellos dan lugar un arma de oposición.—Queremos que se haga justicia á las legítimas reclamaciones de esas islas, procuramos por cuantos medios están á nuestro alcance, que se satisfagan sus naturales aspiraciones; y cuando una ú otra cosa sucede en todo ó en parte, sin atender al ministro que lo hace, ni acordarnos siquiera de sus opiniones políticas, le aplaudimos sincera y francamente.—Radicales en nuestras opiniones, aspiramos en las Antillas, como en la Península, al complemento de la libertad en todas sus manifestaciones: mas no por eso nos ha ocurrido nunca el absurdo de exigir de los que no piensan como nosotros, lo que no cabe en sus doctrinas, lo que no puede entrar en sus propósitos. Por eso, ni pedimos á los absolutistas libertades públicas, ni á los moderados extension de derechos, ni al unionismo lealtad en sus concesiones.—Pero á todos exigimos y tenemos derecho á exigirles justicia é igualdad según su propio criterio.—Porque si encuentra explicación el absolutista negando los derechos políticos á Cuba y Puerto-Rico, el moderado retardándolos y el unionista bastardándolos, el decoro y la decencia misma rechazan la negativa á que se les conceda justicia y moralidad.

El derecho político nos enseña que los pueblos todos deben concurrir directamente á su gobierno y administración: en el más y en el menos se diferencian tan sólo las escuelas. A cualquiera, por lo tanto, ocurre, que lo primero que debe fijar un pueblo, es cuál haya de ser su intervención en el gobierno: determinar, en una palabra, lo que comúnmente se llaman los derechos políticos. Sin embargo, tan sabida doctrina viene contrariándose por la generalidad de los que se ocupan de los asuntos ultramarinos; y es tal nuestro deseo de ver salir á Cuba y Puerto-Rico de la anómala y precaria situación en que se encuentran, que olvidaríamos también por un momento esos principios fundamentales de la ciencia, si los hechos no nos demostraran que los que sostienen la anterioridad de las reformas administrativas y económicas, lo hacen, salvas raras excepciones, con el único y exclusivo objeto de retardar siquiera la desaparición de los abusos sin cuenta que allí tiene lugar. Y que esto es así, nos lo demuestran veintiocho años de esperanzas irrealizadas, de ilusiones desvanecidas. Durante tan largo tiempo, en que ni á la imprenta le fué dado vigilar los intereses de aquellos pueblos, ni las Cortes pudieron ó supieron hacerlo, los gobiernos todos se abstuvieron de hacer esas reformas, ó las hicieron en perjuicio de aquellos; y los que hoy se dicen partidarios de ellas callaron ó aplaudieron los despropósitos gubernamentales. Hoy mismo ¿es acaso un obstáculo para llevarlas á cabo el que algunos crean que deben precederles otras? De ninguna manera, y una prueba de ello es que sin perjuicio de reclamar uno y otro dia todo lo que se debe de derecho á esas olvidadas provincias, aplaudimos nosotros imparcialmente cuantas disposiciones obedecen, siquiera sea timidamente, al criterio liberal. Es más: tenemos una verdadera satisfacción al aplaudir, porque aspirando ante todo al bienestar de las Antillas españolas, vemos con placer inmenso los pasos que á ese fin se dan por el gobierno, y no habremos de escatimarle nuestras entusiastas felicitaciones, siempre que á ellas se haga acreedor.

Ha sorprendido al Sr. Cánovas «que al meditar el Gobierno sobre la oportunidad y conveniencia de aplicar á las provincias de Ultramar la Ley de Enjuiciamiento civil de la Península, sólo haya tropezado con esas dificultades materiales que nacen de las diversas circunstancias ó condiciones de localidad, pero sin detenerle jamás en su camino ningún obstáculo serio.» ¿Y cómo no, si ese es uno de los fenómenos inexplicables de la administración de Ultramar! En efecto, que las ideas políticas, el miedo ó las preocupaciones hayan encontrado dificultades serias y hasta invencibles para llevar á cabo las reformas políticas; que la ignorancia y bastaños intereses creados á la sombra de un sistema de gobierno absurdo fueran obstáculo á las administrativas y económicas, se comprende ya que no se explique de una manera satisfactoria; pero que después de diez años no se haya aplicado la Ley de Enjuiciamiento civil pedida y reclamada por las audiencias de Cuba y Puerto-Rico, desde el año 87, que el Código penal promulgado el año 48 aún no rija en aquellas provincias, eso, repetimos, es uno de los fenómenos inexplicables de la administración ultramarina. Semejante abandono en asunto de tanta importancia, bastaría para justificar las más duras e intencionadas censuras que pudieran dirigirse á esa administración. Razón por la que consideramos que el Sr. Cánovas del Castillo se hace doblemente acreedor á nuestros aplausos al romper esas tradiciones de inercia, haciéndose superior á los viejos y miserias que vienen siendo el obstáculo tradicional de toda reforma liberal en las Antillas. Y le aplaudimos con tanto más motivo, cuanto que al dar el decreto de 9 de Diciembre ha vencido hasta las mismas dificultades de amor propio, ofreciendo una disposición tan completa y aceptable, que no dudamos en calificar de inmejorable. Y decimos inmejorable, porque la gran contra que hemos hallado siempre á un centro especial ultramarino, ha sido su tendencia natural á variar las disposiciones generales, aunque no sea más que por justificar su existencia; y estamos persuadidos que deben sacrificarse muchas y muy grandes mejoras á la igualdad de legislación en toda la monarquía, y sobre todo, á la imposibilidad de dejar rezagadas con pretextos más ó menos atendibles á una parte de la nación. Ahora bien; esos obstáculos han sido venci-