Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-09-27 00:00:00), página 9

gentes en España; ó es más atinado, cumpliendo la promesa consignada en el art. 8.º de la Constitución, establecer el régimen especial, formando leyes primitivas para las provincias ultramarinas?

3.* Adoptado el sistema de las leyes especiales, ¿han de vivir nuestras provincias de Ultramar con asambleas legislativas especiales y propias, ó han de ser sus diputados miembros integrantes de las Cortes generales del reino?*

El Diario Español, conforme con La Isla de Cuba en que las reformas económicas y administrativas deben preceder á las que se refieren al orden político, no cree, sin embargo, como aquella, que todo el régimen administrativo y económico de las provincias ultramarinas necesita modificarse. A este efecto recuerda que dicho régimen económico y administrativo, viene reformándose desde hace mucho tiempo; «a los regidores perpetuos, dice, han sucedido en gran parte los electivos; á las juntas de propios, constante remora de la administracion municipal, ha sustituido la formacion del presupuesto y más amplias, si bien limitadas aún, facultades para el manejo de los intereses de los pueblos. Ha desaparecido la absurda atribucion legislativa que ejercian las audiencias constituidas en acuerdo y sus funciones consultoras en materia de gobierno: se ha organizado independientemente el poder judicial que estaba á cargo de tenientes gobernadores militares, creándose alcaldías mayores: ha adquirido vida propia el ministerio fiscal, desempeñado antes por abogados de turno: se ha separado lo puramente judicial de lo contencioso-administrativo por el establecimiento de un consejo de provincia....» y así continúa aumentando las variaciones introducidas en el gobierno de aquellas provincias de algunos años á esta fecha.

Nosotros aceptamos en parte el argumento de El Diario Español, sin hacerlo nuestro del todo, porque si bien creemos que las reformas llamadas económicas y administrativas por regla general deben preceder á las políticas, ni consideramos como tales reformas económicas y administrativas todas las enumeradas, puesto que muchas de ellas pertenecen más bien al orden político que al económico y administrativo, ni tampoco las consideramos todas buenas, ni menos completas, ni la regla de que precedan unas á otras puede entenderse de modo que no se pueda tocar á la organización política de un pueblo sin trasformar ántes toda su organización económica y administrativa.

Hay en esta materia una confusión de ideas que procede de que no se ha fijado el verdadero sentido de las palabras economía y administración. En nuestro concepto toda medida de gobierno es esencialmente política, aun cuando se refiera á una cuestión de aranceles, ó de administracion municipal, ó de administracion de justicia.—Por otra parte, toda medida de las denominadas vulgarmente económicas y administrativas, forma parte de la máquina política general, y tiene que estar provista de los engranajes necesarios para funcionar armonicamente con el conjunto. Por esta razon cada reforma de las llamadas económicas suele necesitar para su complemento otra reforma de las llamadas políticas: el progreso no puede verificarse en uno solo de los dos sistemas sin peligro de perturbaciones en el conjunto. Así, hoy que se quiere hallar una buena ley electoral para las provincias de Ultramar, se tropezá con los inconvenientes de la poca extension que allí tiene el municipio, y con otras dificultades que surgen del estado social de las Islas, de las razas que las pueblan, de la extension y forma de sus impuestos; pero al mismo tiempo los asombrosos progresos que á consecuencia del descenso del tabaco y una libertad de comercio relativa, se han operado en las Antillas de 48 á 50 años á esta parte, han creado clases tan ricas, ilustradas y poderosas, que no es posible mantenerlas por más tiempo privadas de los derechos políticos que esas mismas clases gozan en todos los pueblos constitucionales. Hecha esta rectificación á la doctrina de El Diario, precisamente para dar mayor fuerza á su misma argumentacion en favor de inmediatas reformas políticas, pasemos al segundo punto.

El Diario Español encuentra peligros en la asimilación si á los habitantes de Ultramar se concede desde luego la de todos los derechos políticos; pero en concepto nuestro el peligro desaparece con sólo exceptuar á los esclavos, cuya excepcional y transitoria situación exige, mientras con la debida madurez y convenientes precauciones no se realice su manumisión, que se les mantenga bajo un régimen especial. Por lo demás, ¿qué peligros ofrece conceder á todos los hombres libres de Ultramar los mismos derechos políticos que gozamos aquí, es decir, la libertad del trabajo, la de variar de residencia, la de dirigir peticiones al Rey y á las Cortes, la de votar sus impuestos, la de elegirse representantes en las Cortes, la de publicar sus ideas, la de ser juzgado por sus jueces naturales, y los demás de que no hacemos mención por no cansar? Muchos de estos derechos ya les corresponden legalmente aun cuando sea con algunas restricciones, y los utilizan y practican sin que surja ningun conflicto. Hoy mismo, gracias á que allí tienen de gobernador superior civil al general Dulce, que no se amilana ni acobarda tan fácilmente, los diarios de la Habana discuten ya asuntos políticos con cierta animacion y calor, sin que de ello resulte ningun mal; ántes por el contrario, conseguiremos el gran bien de que á la absurda division entre peninsulares y ultramarinos, suceda la division lógica entre liberales y reaccionarios,