Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-12 00:00:00), página 4

Pues esto tampoco basta; porque estos comisionados, como los que ahora se convocan, no son diputados á Córtes; y aunque tengan voz, no tienen voto en los asuntos sobre lo que sólo han de ser simplemente interrogados, y las leyes para aquellas provincias, lo mismo que las que se hacen para el resto de la monarquía, deben confeccionarse con voz y voto de sus representantes legítimos.

¿Cuál es, pues, la idea, el proyecto, la elucubración del Gobierno ó del señor ministro de Ultramar? Nosotros confesamos ingenuamente que no lo habíamos comprendido, á pesar de que releíamos y estudiábamos el decreto de 23 de Noviembre, y todos los demás actos y palabras del ministro, de sus compañeros de ministerio, y de sus periódicos más ó méños ministeriales, para descifrar ese enigma incomprensible, y penetrar en el secreto de los signos cabalísticos en que se envuelve; hasta que, á fuerza de hojear, de observar y registrar, hemos encontrado por fin algo que pueda iluminar la espesa tiniebla de nuestra incertidumbre.

La Patria, periódico que pasa por ser el órgano del señor ministro de Ultramar, ó uno de sus más allegados, y que por tanto debe recibir sus inspiraciones e interpretar con más fidelidad los pensamientos de dicho señor, ha publicado á fines del mes anterior un artículo sobre la reforma de nuestras Antillas, de una significación tan transparente como lamentable. Siempre dudamos, siempre desconfiamos de la obra que se emprenda, á pesar de pomposas promesas tantas veces fallidas: hoy, si el ministerio piensa como La Patria, no hay lugar á la duda.

Dice este periódico, que el Gobierno tiene hecho un estudio vasto y profundo de las necesidades de aquellas provincias, y la voluntad de abrir á los españoles de allende el Océano nuevos horizontes de prosperidad y de grandeza. Las mismas galanas promesas de siempre, aunque ya aquí se hace alarde de un estudio vasto y profundo que todos los demás antecesores del Sr. Cánovas confesaban, con una ingenuidad admirable, que habían deseadado.

Y ¿cuál es el resultado de esos profundos estudios? ¿De qué manera se piensa verificar esa reforma? Desde luego se declara que no se puede comparar la manera sabia y previsora con que procede el Gobierno español, con lo hecho por el inglés en la organización de sus colonias, porque las Antillas no son colonias, sino provincias españolas.

Ya sabemos nosotros que no hay punto de comparación entre los procedimientos coloniales de uno y otro Gobierno; pero si nuestras Antillas son y han sido siempre provincias españolas, ¿nos querrá decir La Patria por qué no se han gobernado siempre como las demás provincias de España, y por qué una vez que lo fueron hubo de declararse por unas Cortes constituyentes que era improcedente y fatal ese sistema?

No aguardaremos la contestación y continuaremos. El resultado de los estudios del señor ministro parece ser, porque es el de su periódico, el de ir asimilando en lo posible las instituciones de las Antillas con las de la Península; es decir, avanzar en el camino de la asimilación, pues esta existe en principio, y hasta cierto punto de hecho, desde el momento en que allí como aquí se gobierna, se juzga y se administra en nombre de la Reina Constitucional Doña Isabel II.

En nombre de la Reina, pase; pero lo de Constitucional, pudo muy bien nuestro colega haberlo suprimido. Y en cuanto á la semejanza que supone existir entre el régimen de las Antillas y el de la Península, tanto valdría suponerla entre los subditos ingleses, por ejemplo, y los negros de Dahomey, porque unos y otros son regidos por monarcas.

Pero dejemos estas licencias de la imaginación, y vengámoslo lo más positivo. El sistema del Sr. Cánovas, aunque parece ser el de asimilación, no lo es, porque, según parece, no se ha de plantear desde luego, sino con toda aquella parsimonia que tanto combatieron los ministros de hoy en su antecesor el Sr. Seijas Lozano.

Oigamos á La Patria: «Así como se ha llevado recientemente á las Antillas la ley de enjuiciamiento civil, así también podrán ir, andando el tiempo, el Código civil y otras leyes peninsulares. Después llegará naturalmente su turno á las leyes administrativas; y cuando organizados local y provincialmente, aquellos territorios, á la usanza constitucional, tengan sus habitantes los hábitos de libertad que crea la realidad práctica de nuestro régimen, entonces habrá llegado el momento de que sean también unos sus derechos políticos.»

Como avergonzado ó temeroso nuestro colega, no ha dicho hasta el fin la última palabra; pero está dicha: todo está comprendido, á pesar de la consabida gerigonza de no dar libertad á los habitantes de las Antillas hasta que adquieran hábitos de libertad. ¿Cómo se adquiere el hábito de una cosa sin entrar en su ejercicio? Si no rige allí ninguna Constitución, ¿cómo se han de organizar aquellas provincias á la usanza constitucional? Las mismas ideas con las mismas palabras de los eternos enemigos de la reforma y del porvenir de nuestras Antillas.

Ya lo saben sus habitantes. Ahora; decimos mal, cuando la Junta y los comisionados y toda la nueva y costosa máquina del decreto de 23 de Noviembre pueda funcionar, se tratará de no sabermos qué leyes especiales, y entre ellas del reglamento del trabajo de los negros y asiáticos. Después, andando el