Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-11-12 00:00:00), página 28

el censor pagará una multa de doscientos escudos por la primera vez, la de cuatrocientos por la segunda; y sufrirá la pena de dos años de destierro a la tercera a las leyes. Si los mismos se pudiesen doblar las leyes, el transgresor. El censor incurre en la multa de doscientos escudos, si no hubiese dado parte a este Gobierno del número fraudulento en el mismo día en que se publicó.

17. Las multas establecidas en los artículos anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho de los particulares en los casos de injurias para reclamar la reparación y castigo de estos con arreglo a las leyes ante el Tribunal competente.

18. Los artículos publicados en otros periódicos, sean nacionales o extranjeros, que se publiquen tal cual, serán a la censura para la reaprobación en los periódicos de esta.

19. Los artículos remitidos a las redacciones, sean o no anónimos, se considerarán para la responsabilidad como producciones del periódico en que se publiquen.

20. El impresor o librero que vendiese ejemplares de un número prohibido, pagará por cada ejemplar el importe de doscientos el precio de venta.

Puerto-Rico 29 de Setiembre de 1853.—Messina.

El de este S. G., para que llegue a conocimiento de todos y tenga el debido cumplimiento, se inserta en la Gaceta oficial.—Puerto-Rico 29 de Setiembre de 1853.—El Secretario general, Carlos de Rojas.

No vamos á hacer comentarios á las disposiciones anteriores: al insertar este documento que por su índole debe registrarse en las columnas de nuestra Revista, pensamos sólo antecederle las líneas con que lo encabezamos; pero no podemos menos de llamar la atención de nuestros lectores sobre el preámbulo, que acusa uno de esos abusos de autoridad sólo conocidos en aquellos maltratados países.

Dice el decreto que existiendo en aquel Gobierno la Real orden de 6 de Junio de 1834 y reglamento que la acompaña, ¿QUE SON LA LEY QUE RIGE PARA AQUELLA ISLA, según se sirvió dispuesto S. M. después de instruido el expediente de rigor, se han hecho en ella las modificaciones convenientes, y resulta de esa estudio la nueva ley que se hace pública.

Ocurriéndonos preguntar: ¿Por qué razones se ha ocultado aquella disposición soberana desde 1834, y se ha tenido al país sin ley y sujeto al capricho de un censor por más de treinta años.

Hoy, dice El Fomento en su afán de atribuir todo lo que cree bueno al protector de su redactor, hoy tenemos una ley escrita que todos pueden aprovechar, y que estamos ciertos que el país sabrá agradecer como corresponde el general Messina. Dispón- senos El Fomento; la ley escrita no es hoy que la tiene el país, ni es el general Messina quien la ha escrito: la ley que hoy se publica reformada, existe en aquel Gobierno acompañada de su reglamento desde 1834, y todos los Capitanes generales que la han desatendido sobreponiendo su capricho á los preceptos que contiene, han cometido un atentado, y por ello ha debido hacerse severos cargos en esa cosa que se llama juicio de residencia. Hoy no tenemos á la vista esa ley que ha dormido en el polvo de los archivos del Gobierno, y cuya ocultación ha abogado millares de quejas, y dejado sin voz á un pueblo que quizá tenía por ella licencia soberana para hacerse oír; procuraremos examinarla y estudiaremos las modificaciones que en ella ha hecho el actual Gobierno de Puerto-Rico para emitir entonces nuestra opinión.

Por lo pronto se nos ocurre que la ley de 1834, con ser ley, señala deberes y derechos al escritor, mientras que la autoridad del general Messina, según el art. 3.º, considera una GRACIA el permiso para publicar un periódico. ¿A cuantos comentarios no se presta ese envanecimiento de autoridad! En aquellos países es una gracia el permiso que se concede á un hombre laborioso para ejercer su industria. No basta tener que pedir el permiso; hay además que recibirla como una gracia, y besar la mano que hace tanta merced...

Según el reglamento, los fallos del censor son inapaltables. Ya podrá cometer cuantos atentados y desafueros se le anto- jen; el desgraciado escritor tendrá que resignarse y doblar la cabeza.

Y sin embargo, El Fomento está alegre como unas pascuas con su libertad de imprenta... relativa.

Todo es relativo: para las almas nobles y generosas, para los que han nacido con levantado espíritu, y tienen conciencia de sus derechos de hombres, y aspiran á ejercer sin trabas ni humillaciones esos derechos que nacen de muy alto; para estos hombres será siempre poco lo que para otros aparezca ser mucho: todo es relativo.

V.

EL GOBIERNO Y LA TRATA DE ESCLAVOS EN LAS ANTILLAS.

El Gobierno acaba de dar el primer paso en la senda de las reformas políticas y sociales que demanda imperiosamente la situación de nuestras Antillas, expidiendo el decreto de 27 de Octubre, que verán nuestros lectores en otra parte, y cuyo preámbulo y parte dispositiva contienen declaraciones, ofertas y preceptos de la mayor importancia. Esta disposición no se contrae sino á la cuestión social ó de esclavitud; pero como ella se halla íntimamente ligada á la política, según se reconoce en el mismo decreto, todo lo que se haga con respecto á la una, ha de influir necesariamente en la otra; y por esto hemos dicho que se ha dado el primer paso en la senda de las reformas políticas y sociales que demandan las Antillas españolas.

Comienza el Gobierno declarando que la extinción de la trata en las islas de Cuba y Puerto-Rico es uno de sus deberes mas imperiosos; porque si la importación de esclavos no cesa de todo punto, dice, en vano sería buscar al problema de esclavitud ninguna solución pacífica, y tarde ó temprano se impondría una trastornadora que arrullara y destruyera para siempre los intereses morales y materiales de nuestra raza en América. Esta declaración demuestra que el Gobierno ha comprendido perfectamente la situación que esa institución maltratada ha creado en nuestras Antillas. Sin la extinción de la trata no hay que pensar en ninguna solución pacífica, y necesariamente se impondrá otra trastornadora y destructora de nuestros intereses y de nuestra raza. Esta es la verdad. El Gobierno la reconoce, y esto sólo es un gran adelanto; porque conocida la causa del mal, no es difícil la invención y la aplicación del remedio; y tenemos además un placer en consignar, que el Gobierno se manifiesta tan conocedor del mal y de sus causas, como de los remedios que hayan de aplicarse para su radical curación; que se ha decidido á aplicarlos, y que ha comenzado á hacerlo en el decreto á que nos venimos refiriendo.

La extinción de la trata requiere dos clases de medidas: las unas que impidan la introducción de africanos en las islas; las otras que anulen la introducción y el fraude después de verificados. Las unas son impotentes sin las otras: unas y otras son imprescindibles. El Gobierno lo ha comprendido así también, y se propone plantearlas todas en seguida. En cuanto á las primeras, la esencial es la persecución eficaz del tráfico en las marcas; para lo cual, no bastando todas las combinaciones que se han imaginado hasta ahora, se hace necesaria la radical y profunda de asimilar ese delito á del piratería, al mismo tiempo que se ejerza una mayor y exquisita vigilancia en las costas de aquellas islas.

La primera, sobre todo, se viene pidiendo hace tiempo como única eficaz, y siempre se ha resistido por nuestros Gobier-