Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-03-12 00:00:00), página 11

que si era grave el empeño no podían pasar por flojos los recursos. Falábamos sólo ver al Imperio á prueba.

Concretando y simplificando bien las cuestiones, sobre cinco puntos capitales debían dirigirse los esfuerzos del nuevo Gobierno de México. Uno era la cuestión política, otro la financiera, otro la económica—y permitáseme distinguir estas dos últimas—luego la de pacificación del país, y para concluir, la de las relaciones internacionales.

Ante todo, el Imperio adelantó ya desde Miramar la protesta de que sometería la monarquía á la autoridad de las leyes constitucionales, luego de obtenida la pacificación de México. De modo, que entre las luchas de liberales por un poco más de libertad, y de reaccionarios por otro algo menos, el Imperio resolvía de plano negando, aunque temporalmente, el objeto de las pretensiones de unos y otros. Pero el tiempo corrió, y fué necesario promulgar un Estatuto siquiera provisional, y el emperador por su autoridad propia lo dió. ¿De dónde si no lo había de sacar? ¿Era el Imperio más que el resultado de la votación de ciento y tantos notables congregados al elocuente golpear de las cajas béticas del ejército francés?—¿Y podría ahora S. M. apelar á la libre voluntad nacional con que no se había contado para su propia exaltación, ó á aquel famoso Consejo que todo lo había cedido y puesto para siempre en manos del Imperio?

Pero el Estatuto no era cosa de peligro. Declarábase en él la forma de gobierno imperial-hereditario, atribuyendo al emperador la facultad exclusiva de hacer las leyes y de administrar al país por medio de nueve ministros. Un Consejo de Estado y un Tribunal de Cuentas serían las superiores instituciones del Imperio, después del emperador mismo. Las provincias serían administradas por un prefecto y un consejo departamental, ambos de nombramiento imperial; y los pueblos por ayuntamientos populares, y alcaldes, en su parte más considerable—en las capitales—de designación del Gobierno. Como era natural, ni los consejos ni los ayuntamientos gozaban de otras facultades que las consultivas.—El Imperio garantizaba á todos los ciudadanos varios derechos: la igualdad ante la ley—pero sin abolir los fueros militar y eclesiástico, la seguridad individual—pero sin anular las facultades discrecionales en ciertos casos, la propiedad, prohibiendo la confiscación, el ejercicio de todos los cultos—salvo el privilegio de la oficialidad del católico, y la libertad de imprenta—no obstante de estar sometida por entonces á los consejos de guerra, las advertencias, y siempre á la discreción de la autoridad, amen de una intrincada red de delitos y penas, y la facilidad de acumular todas ellas sobre un mismo motivo.

Con estas concesiones ya se comprende la libertad moderada que el Imperio inauguraba en México, y fácil es de suponer la lealtad del propósito de ensanchar su goce. Eso sí, que recomendaba á las autoridades el reverente informe sobre sus resultados en todo el año siguiente á la promulgación del Estatuto.

Pero había dentro de la cuestión política, y sosteniéndola vigorosamente, la muy grave de las relaciones de la Iglesia y el Estado, que ya sabemos cómo habían resuelto los republicanos. No era esta la solución de Roma, y Maximiliano al pasar por la ciudad santa, ya había sentado los preliminares de un arreglo. ¡Cuál no sería su sorpresa —el oficialmente lo ha declarado—al encontrarse en la capital mejicana con que el legado pontificio, que tornaba á reanudar las interrumpidas relaciones de México y Roma, no tenía instrucciones para asentir á las soluciones del imperio! De aquí la disposición de Maximiliano mandando preparar leyes que sancionen las ventas de bienes eclesiásticos hechas por la revolución, la dotación del clero por el Estado, y facultad moderada del Gobierno de constituir el estado civil y la revindicación de las regalías de la Corona, todo dentro de la oficialidad y preferencia de la religión católica. Sin embargo, sólo las regalías se han consignado definitivamente en un decreto (7 de Enero del 68), y tal actitud ha traído un rompimiento con la Santa Sede, en vano claudicó por el Imperio á merced de notable debilidad, y una separación del partido clerical mejicano, uno de los más firmes baluartes, quizá el primero, del nuevo Gobierno.

De modo que el Imperio, enemistado con todos los matices liberales, á quienes no ha dado prenda alguna de simpatía respecto de sus más acentuadas aspiraciones políticas, se ha enajenado la simpatía de los clericales... ¿Dónde su apoyo buscará? ¿Dónde está su tacto para la cuestión política? ¿Dónde la firme base de su futura existencia?

La cuestión financiera era gravísima. Resultado de las agitaciones de la República, las rentas del Tesoro, mal ó nunca pagadas y peor recogidas, habían mermado escandalosamente el compás que los gastos subían. Así ya hemos visto algunas de las medidas tomadas por los Gobiernos, víctimas de considerables déficits. El Imperio, para inaugurar su mandato, contrató un empréstito en 1864, antes de salir Maximiliano de Europa, de doscientos y pico millones de francos nominales; y poco después, en el año siguiente, la deuda nuevamente creada por préstamos al Imperio, subía á otros tantos millones de francos más. Esto podía hacerse por el oficioso influjo de la Francia, que á ello afectaba el pago lento y sucesivo de los 271 millones de la indem-