Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-27 00:00:00), página 6

y desconocidas, que es necesario estudiar, y para cuyo estudio no tienen ni aún el tiempo material suficiente, asediados siempre por atenciones numerosas y preferentes, y se acabará de formar el convencimiento de que, en caso de no residir el poder legislativo colonial en las Cámaras coloniales, no es en el Parlamento metropolitano donde debe residir ese poder.

Residiendo en las Cortes el poder legislativo de las colonias, aunque sea sólo para los asuntos generales y no para los locales, deben venir á ellas los diputados coloniales; y este es el sistema de asimilación; porque, aunque al principio haya leyes especiales distintas, las Cortes, teniendo en su seno á los diputados coloniales, son aptas para modificar, variar ó destruir esas leyes, como las variarán ó destruirán; porque, siendo este el sistema de asimilación á medias, las Cortes han de tender fatal y necesariamente á la asimilación y unidad completa, si no vuelven á convencerse de que este sistema es imposible, como las de 1837, en virtud de razones potísimas que ya hemos desenvuelto en otros números de esta Revista, y especialmente en el segundo artículo del número 17, y que por tanto no reproducimos, aunque nos remitimos á ellas para no ser ahora de sobra difusos. Y hé aquí cómo el sistema de leyes especiales es incompatible con el poder legislativo en las Cortes.

Así lo han reconocido siempre todas las potencias coloniales, excepto Portugal, que ha querido ensayar el sistema de asimilación política completa, cuyo ensayo no se puede decir aclimatado, y cuyas colonias no pueden ciertamente citarse por modelo; pero todas las demás, y especialmente Inglaterra, siempre que han considerado que no convenía á la colonia conferirle el poder legislativo para los asuntos generales, lo han confiado, no al Parlamento, sino á la Corona. Y la razón es muy obvia; porque en la Corona no militan los mismos inconvenientes que en el Parlamento.

El ministerio, como cuerpo menos numeroso y más permanente, puede ocuparse con más asiduidad de los asuntos ultramarinos; y teniendo en su seno un ministro especial para ese ramo, éste podrá dedicar la mayor parte de su tiempo al estudio de aquellas cuestiones, y audiencia de los interesados, y los negocios pueden así resolverse más pronto y más acertadamente.

El ministerio, como delegado de las Cortes en este caso, no puede extender su acción más allá de la esfera que se le señale; y señalándosele sólo la relativa á los intereses generales comunes á ambos países, limitará su acción á ellos, y las leyes especiales constitutivas de las colonias quedan así al abrigo de todo ataque, por parte del poder metropolitano.

Y por último, no habiendo entonces, por no ser necesarios, diputados á Cortes, no tiene el gobierno necesidad de influir en su elección, y las leyes especiales para las colonias pueden ser tan descentralizadoras como sea necesario, para la buena administración y gestión de los asuntos coloniales, por medio de sus corporaciones populares. Pues aunque sea conveniente, y á nuestro juicio necesario, que haya en la corte diputados ó comisionados de las colonias que ilustren al gobierno acerca de los asuntos que haya de decidir, y en los cuales deban ser consultados estos comisionados ó diputados ad hoc, pueden y deben recibir mandato de los comités, que no podrán traspasar, con lo que se consiguen todas las ventajas y se eliminan todos los inconvenientes de los diputados á Cortes.

Tal vez se diga que este sistema es anómalo y el otro más constitucional; pero cabalmente en esto consiste la bondad y la inconveniencia del uno y del otro. Si por constitucional se entiende que los poderes políticos, sus atribuciones y método de funcionamiento sean los mismos é iguales para la metrópoli y las colonias, en esto es en lo que consiste su defecto; porque esta es la asimilación completa que debe rechazarse, y no la especialidad que se necesita.

Y si por anómalo se entiende que no sean completamente iguales las leyes constitutivas, en esto cabalmente es en lo que consiste y debe consistir la especialidad que se requiere; porque, estando ya experimentado y declarado por unas Cortes generales como las de 1837, que la Constitución de la Península no es aplicable á las provincias ultramarinas, es evidente que á éstas debe dársele otra especial, la cual, hecha constitucionalmente, es tan constitucional como la otra, sean cuales fueren sus diferencias.

Y si por anómalo se entiende la división del poder legislativo, esto será el resultado de hacer la reforma á medias y no por completo; porque el poder legislativo colonial debe residir en la colonia, como hemos demostrado; y esto es tan imprescindible, que cuando la metrópoli quiere reservárselo, no puede ejercerlo ó asumirlo entero, sino en una parte, confiando la otra necesariamente á las corporaciones coloniales.

Entre la metrópoli y las colonias no puede haber sino sistemas más ó menos anómalos, no pudiendo ser regidas ambas por unas mismas leyes. No puede por tanto haber unidad administrativa, ni unidad política; no puede haber sino unidad nacional, por medio de la dependencia de la colonia á los altos poderes del Estado, los cuales no pueden funcionar de la misma manera en la metrópoli y en las colonias.