Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-12 00:00:00), página 13

igualando las provincias de Ultramar con las de la Península; la segunda, que admite dentro de esta grande unidad las leyes especiales que requiere la naturaleza de los varios países á que la nación extiende su poderio. Toda nuestra legislación de Ultramar, lo mismo la antigua que la moderna, responde á esta doble inspiración en el espíritu y en la letra de sus prescripciones.

Prueba evidente ofrece de tan ostensible verdad en los tiempos antiguos, la recopilación de leyes de los reinos de Indias. D. Felipe II en la ordenanza 14 del Consejo y D. Felipe IV en la 13 de 1656, que juntas forman la ley 13, tit. 2.º del libro 2.º de aquel código venerable, se expresaron de esta manera: «Porque siendo, dice textualmente la ley, de una corona los reinos de Castilla y de las Indias, las leyes y orden de gobierno de los unos y de los otros deben ser los más semejantes y conformes que ser puedan: los de nuestro consejo en las leyes y establecimientos que para aquellos estados ordenen, procuren reducir la forma y manera del gobierno de ellos al estilo y orden con que son regidos y gobernados los reinos de Castilla, y de Leon en cuanto hubiere lugar y permitiese la diversidad y diferencia de las tierras y naciones.» No era posible, por cierto, poner más en claro el intento de mantener la diversidad dentro de la unidad, formando un solo y concer-tado sistema.

Sabióse, por otra parte, todo lo que los gobiernos y las Cortes desde 1808 á 1814 hicieron para conservar dentro de los principios del nuevo régimen político la unidad creada y constantemente defendida por la monarquía. Tal vez no se preocuparon entonces, ni las Cortes ni los gobiernos, tanto como las circunstancias requerían, de la constante desigualdad de condiciones locales en que se hallan las provincias peninsulares y americanas; pero es lo cierto que algunos de los más ilustres diputados, aquellos precisamente que mayor fama alcanzaban entre los amigos de las libres instituciones políticas, tuvieron muy presente mas tarde, al intervenir en la reforma del Código constitucional de 1812, que no era posible prescindir de todo punto de las diferencias de unas y otras provincias, tan bien sentidas y salvadas en las últimas palabras de la ley de Indias. De aquí nacieron la ley de 18 de Abril de 1857 y el precepto constitucional de aquella época, literalmente trasmitido al Código político vigente, y según el cual deben formarse leyes especiales para el régimen de las provincias ultramarinas, restableciéndose de esta suerte con todo su primitivo vigor, dentro de la esfera legislativa, las dos tendencias al parecer opuestas, que bien estudiadas y comentadas, han formado siempre el sistema de gobierno de nuestra nación en ambos mundos.

Todavía ahora puede afirmarse que las leyes de Indias y las numerosas disposiciones posteriores que la real orden de 22 de Abril de 1857 declaró vigentes en todas las provincias de Ultramar, juntas con las medidas importantes tomadas para reformar esta legislación, singularmente desde el año de 1880, satisfacen hasta ahora las necesidades especiales de la colonización naciente de Fernando Póo y las del gobierno de Filipinas, donde la propiedad territorial aún no se halla establecida más que en algunas islas y donde nos falta por dominar gran parte del Archipiélago.

Pero á la verdad no sucede lo mismo con las provincias de Cuba y de Puerto-Rico. Los adelantos científicos y literarios que se notan en ambas Antillas; su riqueza actual, que en la primera de ellas puede competir con la de los Estados más florecientes de Europa y del continente americano; la creciente extensión y la importancia de su comercio exterior, todo las coloca ya en una situación excepcional, que requiere leyes y medios bien distintos de los que existen en las demás provincias ultramarinas y de los que hace algún tiempo habrían necesitado y reclamado ellas mismas.

Pero después de reconocer y proclamar con franqueza este hecho evidente, preciso es confesar que, hoy como antes, lo más ajustado al interés nacional y a nuestras tradiciones políticas, es examinar con serenidad y prudencia hasta qué punto puede llegar ya la asimilación legislativa entre aquellas islas y la Península, y dónde debe comenzar y concluir la especialidad de su régimen gubernativo. Y si este examen tan interesante por la gravedad de las cuestiones que nos lleva á resolver el curso natural de las cosas, ha de tener el sello de imparcialidad que le conviene, y reunir todas las garantías posibles de exactitud y acierto, preciso es que, empleando el gobierno todos los medios de investigación y estudio puestos á su alcance, oiga al propio tiempo de una manera amplia y solemne la exposición de los datos y de las opiniones que deben presentar á su consideración los leales habitantes de las Antillas.

No puede limitarse un nuevo análisis del estado de aquellas provincias á una u otra de las cuestiones diversas que más ó menos se agitan en ellas y pueden ser objeto de la atención pública. Hay ya que examinar, no solamente el orden político y administrativo, sino la situación económica de las Antillas, con lo cual se relacionan cuestiones comerciales de interés sumo y otras más arduas todavía referentes á su población y á las condiciones del trabajo, que, íntima y naturalmente ligadas con la producción donde quiera, lo están más allí por causas bien conocidas de todos.

Un solo paso dado en el camino de la reforma, tal como hoy está plantead, sin oír á los representantes de tantos y tan respetables intereses, de tantas y tan generosas voluntades como hay pendientes de las soberanas resoluciones de V. M., podría dar pretexto á inquietudes capaces de producir desde luego males, que la prudencia del gobierno y la confianza de los pueblos alcanzarán ciertamente á evitar en lo futuro.

Objetos de tal importancia tiene el proponer hoy á V. M. que se digne autorizar al ministro que asistirá, para abrir, ante una junta compuesta de los más altos funcionarios de la administración pública, una información sobre las bases á que deben arreglarse las leyes especiales que se han de presentar á las Cortes para el gobierno de las provincias de Cuba y Puerto-Rico; sobre la reglamentación del trabajo de la población de color y asiática, y los medios de facilitar la inmigración más adecuada á tan ardorosos climas; por último, sobre los tratados de navegación y de comercio que convenga celebrar con otras naciones, y las reformas que, para llevarlos á cabo, deban hacerse en el sistema arancelario y en el régimen de las aduanas.

No hay, señoría, otro medio de que los habitantes de las Antillas concurren con su experiencia y sus luces á preparar bien las reformas de que se trata. Si los votos de algunos se escucharán, llamando al Congreso de los diputados representantes elegidos por aquellas provincias, habrá que comenzar por hacer, sin irlas, una de las reformas sobre que debe consultarse la opinión general con más detenimiento, por lo mismo que en ella aparecen los ánimos más divididos. Por otra parte, y admitiendo que los diputados de Ultramar tomasen asiento en el Congreso, ó sería preciso que ellos de por sí y en uso de un derecho que no podrá negarseles en absoluto, presentasen los proyectos de reforma, contra la buena práctica del sistema representativo que supone siempre en los ministros responsables la iniciativa de tan graves cuestiones, ó habría de presentárselos el gobierno sin el conocimiento de los hechos que han de resultar necesariamente de las investigaciones de la junta. De cualquier manera que se considere este