Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-12 00:00:00), página 14

supuesto, ya sea bajo su aspecto práctico, ya sea bajo su aspecto constitucional y teórico, sólo inconvenientes y obstáculos casi invencibles ofrece por todas partes, y el ministro que suscribe no cree necesario aducir contra él mayores razones.

Lo que en lugar de esto se propone, es que concurran en Madrid ante una junta autorizada y competente 22 comisionados elegidos por los ayuntamientos de las dos islas; todos los senadores que hoy las representan, las autoridades principales que las han gobernado y las gobiernan, y un número de personas igual al de los comisionados de los ayuntamientos, y escogidas entre aquellas que por sus circunstancias especiales tengan un conocimiento más completo de las aspiraciones y de las verdaderas necesidades de los habitantes de las Antillas. Esto basta para atender á las inmediatas exigencias de lo presente; y esto, mejor que nada, puede preparar las medidas más acertadas para el porvenir.

El patriotismo inteligente de los subditos de V. M. en aquellas provincias, y la buena fe con que el gobierno se presta por su parte á llevar á cabo todas las reformas cuya conveniencia llegue á ser completamente demostrada, harán fecunda en resultados la medida que hoy se propone. Así lo espera confiadamente el gobierno, y aun se lisonjea con la esperanza de que ella será el principio de una de las más grandes reformas, entre tantas como ilustran la historia del glorioso reinado de V. M.

Por estas consideraciones, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 28 de noviembre de 1865.—Señora.—A L. R. P. de V. M.—Antonio Canovas del Castillo.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que me ha expuesto el ministro de Ultramar de acuerdo con el Consejo de ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se autoriza al ministro de Ultramar para abrir una información:
1.º Sobre las bases en que deben fundarse las leyes especiales que, al cumplir el art. 80 de la Constitución de la monarquía española, deben presentarse á las Cortes para el gobierno de las provincias de Cuba y de Puerto-Rico.
2.º Sobre la manera de reglamentar el trabajo de la población de color y asistida, y los medios de facilitar la inmigración que sea más conveniente en las mismas provincias.
3.º Sobre los tratados de navegación y de comercio que convenga celebrar con otras naciones, y las reformas que para llevarlos á cabo deban hacerse en el sistema arancelario y en el régimen de las aduanas.

Art. 2.º La información á que se refiere el artículo anterior se hará ante una junta presidida por el ministro de Ultramar, y compuesta de los consejeros de las secciones de Ultramar del Consejo de Estado, de un consejero de cada una de las secciones, de Estado y Gracia y Justicia, Guerra y Marina, Hacienda, Gobernación y Fomento del mismo Consejo, y de un vocal ponente; cuyo nombramiento recaerá en un jefe superior de Administración que haya servido por lo menos dos años en las Antillas españolas ó en la administración central de Ultramar.

Art. 3.º Los nombramientos de los consejeros de las secciones de Estado y Gracia y Justicia, Guerra y Marina, Hacienda, Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, que con arreglo al art. 3.º han de formar parte de la junta, se acordarán por el Consejo de ministros a propuesta del ministerio de Ultramar.

El vocal ponente será nombrado por este último ministerio, y formará parte de su secretaría con el carácter y sueldo de director general.

Art. 4.º El ministro de Ultramar nombrará también el personal que considere indispensable para atender á los trabajos de la junta. Dos terceras partes de los nombramientos que se hagan con este objeto deberán recaer en empleados activos ó cesantes que hayan servido dos años en Ultramar, y en personas naturales de aquellas provincias que tengan título académico o profesional. La otra tercera parte se proveerá precisamente en empleados cesantes de la Península, con arreglo á las disposiciones actualmente vigentes ó que se dicten en lo sucesivo.

Los destinos que se creen en virtud de lo dispuesto en este artículo pertenecerán igualmente al ministerio de Ultramar.

Art. 5.º Corresponde á la junta:
1.º Aprobar los interrogatorios con arreglo á los cuales ha de hacerse la información.
2.º Dirigir las preguntas que crea convenientes á las personas que concurran ante la junta.
3.º Acordar cuantas medidas sean útiles para el mejor cumplimiento de su encargo, con arreglo á este real decreto y á las disposiciones que en adelante se dicten por el ministerio de Ultramar.

Art. 6.º El vocal ponente será jefe inmediato del personal destinado al servicio de la junta, y ejecutará los acuerdos que ésta tome en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo anterior.

Cuando se crea conveniente encomendar la ponencia á alguno de los consejeros de Estado, corresponderán á éste todas las facultades del vocal ponente, y se suprimirá esta plaza.

Art. 7.º Para determinar los hechos y aclarar las cuestiones que han de ser objeto de la información, oirá la junta verbalmente ó por escrito, según ella acuerde y por el orden que previamente establezca el presidente:
1.º A los gobernadores superiores civiles, á los regentes y á los intendentes, en ejercicio, de las islas de Cuba y de Puerto-Rico, y á los que hayan desempeñado anteriormente estos cargos.
2.º A todos los senadores naturales de aquellas provincias, ó que hayan residido en ellas por espacio de cinco años.
3.º A 22 comisionados naturales ó vecinos de alguna de las poblaciones de la isla de Cuba ó de la de Puerto-Rico, y elegidos como á continuación se expresa por los ayuntamientos ó corporaciones municipales de aquellas provincias.

Isla de Cuba.

El ayuntamiento de la Habana elegirá dos comisionados.
Los 14 primeros ayuntamientos mayores en población después del de la Habana, elegirán un comisionado cada uno.

Isla de Puerto-Rico.

El ayuntamiento de San Juan de Puerto-Rico elegirá dos comisionados.
Los cuatro primeros ayuntamientos ó corporaciones municipales mayores en población después de San Juan de Puerto-Rico, elegirán un comisionado cada uno.

4.º A otras 22 personas, 16 por la isla de Cuba y seis por la de Puerto-Rico, que designe el ministro de Ultramar entre las que hayan residido durante cuatro años en las Antillas ó las que por sus conocimientos, por sus profesiones ó por haber servido como funcionarios públicos, puedan conocer mejor los asuntos sobre que ha de versar la información.
5.º A las corporaciones de Ultramar ó de la Península que la junta crea conveniente oír para ilustrar las cuestiones que ante ella se ventilen.