Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-08-12 00:00:00), página 6

desconocidas cuestiones de las colonias lejanas: todas las naciones quelas tienen lo han reconocido y las han puesto á cubierto de esas peligrosas eventualidades: España lo ha reconocido al fin y estampado en su Constitución, y no será cuervo deshacer lo único bueno que se ha hecho en esta materia, volviendo á trillar la misma senda que ya se ha reconocido peligrosa, que ha perdido muchas colonias y que puede ser causa todavía de la pérdida de otras.

No pudiendo, pues, ser eficaz la presencia de los diputados coloniales en las Cortes de la metrópoli, ¿qué es lo que vendrían á hacer en ellas? ó á ser mudos espectadores, ó á clamar incansablemente contra los abusos, á denunciar á aquellas autoridades, á poner de manifiesto un dia y otro el lacerado esqueleto de aquellas desorganizadas provincias, á pedir el remedio de tantos males; y como las Cortes, según hemos visto, habían de ser impotentes, y como no se podría ahogar la inviolable voz del diputado, las Cortes y el Gobierno, cansados al fin de oír quejas que no podrán acallar, acabarían por hacer lo que hicieron las Cortes de 1837 y volverían á suprimir las diputaciones ultramarinas, reconociendo de nuevo la necesidad de regir á aquellas provincias por leyes especiales.

Esto es lo que sucedería si se volviera al sistema de asimilación. Esto ha sucedido ya; aprovechamos las lecciones de la experiencia, no volvamos á repetir las mismas escenas que no tendrían ahora los mismos resultados estériles, sino otros, fecundos en toda clase de desastres.

Los diputados ultramarinos para lo único que pueden ser necesarios es para la formación de las leyes especiales constitutivas de aquellas provincias; para todo lo demás son, cuando menos, inútiles. Ninguna potencia colonial los ha llamado á sus Parlamentos; ninguna colonia ó provincia lejana extranjera los ha tenido, ni los ha pedido, ni los necesita.

El sistema de asimilación es, pues, ineficaz, peligroso, y está además definitivamente condenado por la ley fundamental de la monarquía en un artículo expreso y terminante, cuyo cumplimiento no puede evadirse, y cuyo cumplimiento ha ofrecido solemnemente el actual ministro de Ultramar.

Sin embargo, este sistema encuentra sus contradictores. Sabemos que en el seno mismo del Gabinete no están perfectamente acordes las opiniones. Se palpa la ineficacia de la asimilación absoluta: se reconoce la necesidad de las leyes especiales, pero se retrocede ante la idea de que la autonomía que concedan las leyes especiales á las colonias no es sino una preparación para su independencia. Muchas veces hemos oído hacer esta objeción: nunca la habíamos creído seria, hasta que al fin nos hemos convencido de que ese fantasma de independencia es un obstáculo verdadero en que pueden estrellarse las mejores y más puras intenciones; y aunque ya en otra ocasión hemos combatido ese error, vemos que, insistiéndose en él, es necesario volver á combatirlo.

En primer lugar, las leyes especiales que se han dado á las colonias nunca les han concedido una autonomía verdadera. La autonomía de un pueblo significa la independencia, el gobierno de ese pueblo, si no por sí mismo, á lo menos con entera exclusión de todo poder extraño; y esto, ni es lo que se pide, ni lo que, como hemos dicho, conceden las leyes especiales á las colonias, las cuales siempre reconocen la superioridad del Gobierno de la metrópoli. Las mismas colonias inglesas del continente americano, que son las que tienen mayor intervención en su gobierno, no son autonómicas, ni mucho menos; porque aunque sus Cámaras tienen poder legislativo, el Parlamento inglés tiene el veto sobre las leyes hechas por las Cámaras coloniales: de suerte que las leyes especiales lo que hacen verdaderamente es descentralizar hasta cierto punto la administración que, por la distancia y las circunstancias especiales de las colonias, no pueden desempeñar los poderes de la metrópoli, y la confían por aquellas razones á las corporaciones coloniales, pero siempre reservándose el gobierno metropolitano la alta dirección en los asuntos generales, ó cuando menos la facultad de impedir que se lleven á efecto medidas que puedan ser perjudiciales á los intereses de ambos países.

De consiguiente, con las leyes especiales no pueden ni adquiren las colonias una autonomía verdadera.

Ahora, en cuanto á que ese régimen especial pueda prepararlas y empujarlas á su independencia, ¿cómo ha podido imaginarse nunca semejante desvarío? ¿Cuándo se separa una provincia del cuerpo de la nación á que pertenece? Cuando el régimen que pesa sobre ella, opresor y tiránico, no le permite desarrollar sus recursos, atender á sus intereses, satisfacer sus necesidades, y cuando cree que puede hallar en sí misma las fuerzas suficientes para hacer, sostener y defender su independencia, formando un cuerpo de nación separado. Y siendo esto así, ¿cómo puede imaginarse que unas provincias sean empujadas á su independencia cabalmente con un régimen que remueva toda causa de descontento, en virtud del cual se administren por sí mismas, intervengan eficazmente en la gerencia de sus asuntos, y si no se gobiernan por sí mismas tengan expeditos los recursos convenientes para obtener todo lo que necesiten? ¿Con que entonces el régimen