Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-10-12 00:00:00), página 7

cion al régimen ultramarino, abogando por reformas más ó menos amplias ó liberales: todo parece indicar, en una palabra, que ha sonado por fin la anhelada hora en que nuestra madre patria ha de corresponder á las legítimas aspiraciones de los españoles americanos, dando justa, inmediata y completa satisfacción á sus indisputables derechos.

Es por tanto muy oportuno preguntarnos en estos momentos: ¿cuáles son los derechos y reclamaciones de nuestros hermanos ultramarinos que el Gobierno está obligado á satisfacer inmediatamente y de toda preferencia? ¿Cuál es el primer paso que forzosamente debe dar el Ministerio al emprender el camino de la reforma en las Antillas españolas?

Sobre este punto importante nunca ha existido para nosotros la más mínima duda. Siempre que sobre esta cuestión hemos escrito, hemos afirmado sin vacilar lo mismo que ahora declaran solemnemente en su exposición á la Reina millares de españoles nacidos en Cuba ó residentes en ella: es decir que lo más urgente para aquellos compatriotas nuestros es verse reintegrados en el derecho político de España, es ser españoles en la plenitud del derecho, y no solamente en el nombre; y que por tanto es indispensable dar la preferencia á los derechos políticos, como origen, suma y garantía de todas las demás libertades.

Tal es la reclamación primordial y más urgente de los cubanos; tal es el derecho incontrovertible en que la fundan; su derecho inquebrantable de españoles. Innegable, si; nadie ha negado ni negará ese derecho; todos los gobiernos lo han reconocido oficial y solemnemente. Pero de hecho todos los gobiernos innumerables que han empuñado las riendas del Estado desde 1857 hasta 1863, han gobernado en Cuba y Puerto-Rico desconociendo continuamente ese mismo derecho sagrado, tratando á aquellas islas leales e infelizmente como á país conquistado, sometiéndolas al régimen discrecional ó de la fuerza. Así es, que durante 28 años los hijos de las Antillas han sido españoles para pagar contribuciones cuantiosas e inauditas que se les imponían sin ser oídos, para someterse forzosamente á mil arbitrios y procedimientos tan vejatorios como inmorales; pero no han sido españoles para intervenir en la discusión y votación de sus presupuestos, ni para participar en lo más mínimo de la vida política nacional, ni para gozar los beneficios de la seguridad individual, libertad de imprenta y todos los derechos políticos fundamentales que reconoce y garantiza la Constitución de la Monarquía á todos los españoles.

Este es el hecho patente, deplorable; aquel es el derecho inquebrantable, y negado sin embargo por los hechos prácticos; inviolable, sin duda, pero violado constantemente en la realidad de la vida.

Y cuidado que los reaccionarios no podrán alegar en su favor sutilezas jurídicas, argumentando que un artículo adicional de la Constitución previene que las provincias ultramarinas serán gobernadas por un régimen especial, que según ellos puede ser muy bien el régimen discrecional de los últimos 28 años.—Jamás admitiremos semejante dislate.—La Constitución de la Monarquía garantiza los mismos derechos fundamentales á todos los españoles sin distinción de ninguna clase. En la hipótesis insensata de que algunos estuviesen excluidos, esos mismos quedarían ipso facto autorizados para no considerarse sometidos á las obligaciones que pesan sobre todos los españoles. La Constitución ha podido establecer sabiamente que el régimen interno y peculiar de aquellas apartadas provincias esté sujeto á leyes especiales,—como sucede por distintas causas con algunas provincias peninsulares;—pero de ninguna manera negar á nuestros hermanos de Ultramar su honroso título de españoles, ni coroneles los derechos primordiales e imprescriptibles que corresponden por igual á todos los legítimos herederos de las heroicas y brillantes tradiciones que constituyen la gloria de la patria.

Prevenida esta objeción probable de nuestros adversarios, expuestos brevemente los hechos, sentado ante todo el derecho inconcesu de los cubanos peticionarios, podemos resolver desde luego la cuestión ántes planteadá, ó mejor dicho podemos justificar completamente la solución que ya hemos enunciado.

De todo lo anteriormente manifestado, se deduce en buena lógica: que todos los actos del Gobierno metropolitano en las Antillas durante los últimos 28 años, ya fuesen malos ó buenos en su esencia, han sido, por su origen, ilegítimos y anticonstitucionales; que en estricto rigor de derecho todo lo que ha sido ilegítimo en su origen, es por la misma razón nulo y de ningún valor; y que habiendo prometido solemnemente emprender el camino de la reforma política en Ultramar los actuales Consejeros de la Corona, es su principal deber, ya que son impotentes sobre lo pasado, procurar que sus futuros actos reformistas no adeleen del mismo defecto de ilegitimidad e inconstitucionalidad que ha quitado á la gestión de gobiernos anteriores, la sanción respetable y necesaria del derecho constitucional, de la ley fundamental de España.

Y para esto es indispensable que la primera reforma emprendida sea la reforma política, pues sólo ella podrá reintegrar á nuestros hermanos de las Antillas en el derecho político de España, haciendo que vuelvan á ser españoles en la plenitud del derecho, y no solamente en el nombre y en las obligaciones. Vengan, pues, de cualquier manera que se considere