Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 17

las condiciones de regularidad que hoy caracterizan á los pueblos civilizados. Debemos, pues, esperar que muy luego, de un dia á otro, dejen de figurar en la constitucion de aquellos paises como elementos fundamentales el buen talante ó el mal capricho de una autoridad.—Háblase, después, de un decreto sobre empleados, que así como mejore el servicio de atiende el mar, modifique sus exorbitantes derechos pasivos. Nosotros habíamos oído hace bastante tiempo, que en el Consejo de Estado y en el ministerio de Ultramar se estudiaaba un plan por el que la mayor parte, la casi totalidad de los empleos de aquellas tierras debían recaer en vecinos ó naturales de ellas. Por nuestra parte no miramos las cosas de manera tan estrecha, abogando empero por un temperamento que lo remedia todo. Nosotros quisieramos una separacion discreta de los empleados de la nacion, de la provincia y del consejo, concediendo en seguida á cada una de estas entidades el derecho perfecto de nombrar sus empleados, sin enmienda superior posible y sin más condiciones que las que ellas en su circulo libérrimamente impusiesen. Así la generalidad de los empleados de nuestras Antillas serian no exclusivamente antillanos, pero si exclusivamente elegidos y nombrados por los consejos de provincia y los ayuntamientos en sus respectivas esferas. En cuanto á los derechos pasivos, también creemos que la cosa merece enmienda. Prescindiendo de lo que estas clases significan en el presupuesto nacional, que con su peso anda oprimido, es verdaderamente escandaloso que los sueldos suban á tales alturas, pagados por las cajas de Ultramar, y es de suponer que en el concepto de que los gastos en aquellos países son superiores que en la Peninsula, siendo así que en ésta es donde los favorecidos los disfrutan. Creemos, pues, que este y otros absurdos deben tener reforma, aunque como se comprende claramente, sin efecto retroactivo.—Otra de las reformas que se preparan atiende al servicio de obras publicas de la isla de Cuba. Ignoramos el sentido de este próximo acuerdo, pero desde luego le negamos nuestro asenso desde el momento en que no tienda á una terminante descentralización. La oficina de Obras públicas de la Isla de Cuba, una de las complicadas ruedas de aquella máquina que á Ultramar llevó la pésima administración del señor marques de la Habana, no ha producido cosa alguna de provecho. En nuestras Antillas, más que en ninguna parte, se evidencia la necesidad de dar espacio y libertad á las fuerzas individuales y locales: allí donde todo lo que vale algo, se ha hecho fuera de la tutela del Estado, y por la iniciativa particular. De este modo creemos que sobre reducirse las obras públicas á lo estrictamente indispensable para asegurar el carácter nacional, debíense dejar en su mayor parte á la provincia y las localidades, teniendo siempre, aun dentro de este circulo, á disponer las cosas de manera que sobre todo prive la competencia individual. Así en Cuba se realizarán sin subvenciones del Estado —que allí no se han pedido para hacer obras como sus ferro-carriles,—sin su tutela y sin sus intolerancias grandes mejoras materiales, como el ferro-carril central, á que el Gobierno puede y debe prestar su ayuda por modos indirectos y que en su competencia están: facilitando la inmigración con leyes políticas expansivas y sostenedoras del derecho de todos, y dejando á las provincias el cuidado de arreglar sus asuntos económicos conforme las circunstancias lo requieran.

Como se ve, todos estos proyectos parece que se apartan de la cuestion política, y sin embargo es ésta de importancia tal, y tan esencial y determinante, que sólo evocando nuestras opiniones sobre el modo de ser politico y social de las Antillas, podemos significar el sentido á que deben obedecer esas anunciadas reformas ultramarinas. Sólo realizando la entera descentralización provincial y local; esa descentralización que implica las legislaturas provinciales y los concejos con facultades deliberativas y resolutivas, en medio de la unidad nacional acusada por la representacion parlamentaria de todas las partes y circulos del pais, sólo así podrán acometerse con éxito las reformas que el Gobierno se promete. Una desviacion en este pensamiento politico, producirá resultados diferentes en un todo. La cuestion politica es determinante y fundamental.

En tanto que estos proyectos del ministerio de Ultramar se realizan, han aparecido en las columnas de la Gaceta de la primera quincena de Febrero dos disposiciones, suspendiendo la una ciertos efectos del decreto de 19 de Octubre sobre la Hacienda de Puerto-Rico; y extendiendo la otra, alliende el mar, la ley marcial de Abril de 1821.—Nuestros lectores recordarán la apreciacion que nuestro ilustrado corresponsal de Puerto-Rico hizo en el numero 27 de la Revista, sobre el tal decreto de 19 de Octubre; y quizá de su memoria no se hayan borrado los comentarios que añadimos de redaccion, aprovechando entonces la oportunidad de decir algo sobre aquel asunto, ya que en su tiempo debido no pudimos, por causas ajenas á nuestra voluntad, dedicarle una seria atencion. Ahora el Gobierno se vuelve atrás, disponiendo que la aduana de Aguadilla quede de nuevo, aunque provisionalmente, abierta para el comercio exterior, junto con las de la capital, Mayaguez, Ponce y Naguabo, debiéndose acometer una información sobre los efectos que de sí dé el exacto cumplimiento del decreto de Octubre.—Aquí desde luego brotan dos consideraciones: primera, que esa informacion debiera haber precedido á un decreto de la trascendencia del de Octubre; y segunda, que no hay razón para que suspendiendo sus efectos para unos pueblos de la isla, norija el mismo acuerdo respecto de otros, como Arecibo, igualmente herido que aquellos con la tal disposicion.—Por nuestra parte insistimos en no aceptar modificacion alguna de la Hacienda de nuestras Antillas que no revele un sentido francamente libre-cambista y descentralizador, y con este espíritu ya asistiriamos tranquilos á un arreglo de aduanas.

En cuanto á la extension de ley marcial á Ultramar, harto discretos son nuestros lectores para excesarnos de que en estos momentos discutiremos largamente sobre tan interesante asunto. Según el señor ministro en el preámbulo del decreto declara, tratase de sustituir así á los Consejos de guerra contra piratas que en Filipinas existen para castigar y reprimir los excesos de aquellas partidas de malhechores, que bastante bien armados y hasta con pequeñas piezas de artillería recorren el lago filipino, perturbando profundamente la tranquilidad del pais, como las medidas irregulares y represivas, los Consejos de guerra extraordinarios que en Cuba han sucedido á la Comision militar suprimida en 1858, para juzgar á los procesados por sedicion, tumulto ó robo en cuadrilla. «De este modo,—dice el señor Cánovas,—y sin necesidad de recurrir nunca á medios extraordinarios, quedará establecido un sistema de represion permanente y legitima contra aquellos crímenes, bastante energetico y definido, y exento además de las contrariades y censuras que siem-