Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-12-12 00:00:00), página 5

trechoz de las libertades públicas, estos monopolios económicos, esta corrupción política, esto... todo necesita un remedio eficaz y decisivo, que tiene que buscarse en un principio de expansión y movimiento contrario al que sancionan las leyes españolas. Y si no esto se desquicia, aunque harto confiados en la eficacia del progreso y la libertad, no creamos que tras este desquiciamiento venga para siempre nuestra esclavitud y nuestra ruina. La libertad vendrá, sí, después y á pesar de todo; pero confesamos nuestra inclinación á conquistarla y asegurárnala por otros recursos, si fueren posibles, que el de las aniquiladoras catástrofes y las olas de fuego. Y triste es que sólo esto se nos señale como remedio.

Por esto, y pensando sin duda en que la libertad nunca muere, no háganlo mos decía el partido progresista en su manifiesto (20 de Noviembre), que «mirara tranquilo el desquiciamiento de una organización vigorosa ayer, aniquilada hoy por el escándalo de sus vicios, y no salvará del naufragio sino la bandera de sus principios, el tesoro sus de creencias, la dignidad española.» Y luego sentidamente añadía, pero sin penetrar en todo el secreto del mal: «Triste condición la de los pueblos cuando por culpa de quien los gobierna se ven colocados entre la venganza y el peligro, entre el infortunio y la revolución! Ellos dan cuanto se les pide, y en cambio se les niega hasta la santa legitimidad de su soberanía.» Y los males de nuestra política, el progresismo los intenta curar aspirando «al complemento de la libertad en todas sus manifestaciones,» proclamando la seguridad individual como una de las bases de su organización constitucional, y prometiéndose desde luego acometer «notable economía en el presupuesto de gastos y alteraciones radicales en el sistema tributario; abolición de la contribución de consumos y reforma liberal y reflexiva de los aranceles, sin lastimar los intereses creados; descentralización, independencia del municipio y la provincia; unidad de legislación y de fuero; modificaciones en la ley de reemplazos para los ejércitos de mar y tierra, hasta conseguir que se disminuya la contribución de sangre ó desaparezca si es posible; revisión en sentido liberal de las ordenanzas militares; moralidad en la administración, procurando aplicar los beneficios de tan importantes reformas á las provincias ultramarinas, satisfaciendo así sus legítimas aspiraciones; juicio por jurados; rebaja del censo electoral, concediendo el derecho de votar á cuantos contribuyan al sostenimiento de las cargas del Estado, cualquiera que sea la cuota que paguen; libertad del pensamiento escrito; inviolabilidad de la conciencia, secularización completa de la enseñanza pública; derecho de reunión y de asociación; la Constitución de 1866 como punto de partida; y para remate de esta organización, en armonía con los progresos de la civilización y las necesidades de la humanidad, una monarquía constitucional aplaudida dentro y estimada fuera. Hé aquí lo único, según los progresistas, que puede aquietar la agitación de los pueblos y devolver á la agricultura, á la industria y al comercio su casi olvidada prosperidad y el sosiego á las familias.»

Tal es el manifiesto progresista, añadiendo una protesta de irreconciliación con los famosos obstáculos tradicionales; y el propósito de continuar la senda que le trazó el manifiesto de 28 de Octubre de 1864. Después de estas declaraciones, bien se comprenden las palabras de un periódico de la comuniún, que asegura que el partido progresista no cabe en la legalidad actual. Por otra parte, no son difíciles de señalar ciertas vaguedades lo mismo en la expresión general del principio y la tendencia doctrinal á que rinde tributo el progresismo desde el nuevo manifiesto, como en la determinación de ciertas reformas que el partido en el poder habría de acometer inmediatamente: y en fin, es palmario el influjo de la doctrina democrática en el credo de aquel bando progresista que votaba sobresaltado la segunda base, que sin reparo consentía grandes limitaciones á las libertades públicas allá en las Constituyentes, y que hoy reconoce la Constitución del 86 como mero punto de partida, negado luego en el desenvolvimiento de la organización política.

Y así, fuera de la legalidad presente é influenciado de un modo tan cierto por la democracia, habida cuenta de sus divisiones internas, ¿qué porvenir tiene el partido progresista?—Hoy no podemos decirlo. Pecaríamos de difusos olvidando nuestro papel de cronistas. Otro día, á propósito de los partidos avanzados, lo diremos... si es que la ley nos lo permite.

R. M. DE LABRA.

EL DECRETO DE 25 DE NOVIEMBRE.

El Gobierno actual se manifiesta al fin decidido á acometer la patriótica y hasta ahora descuidada empresa de las reformas en nuestras Antillas. El 27 de Octubre inauguró las sociales, y el 25 de Noviembre ha inaugurado las políticas. Ya dijimos oportunamente lo que nos parecía acerca del primer decreto: ahora vamos á examinar el segundo.

El Sr. Cánovas del Castillo, actual ministro de Ultramar, á nuestro juicio, ha comprendido perfectamente la cuestión y trata de resolverla. Haciendo en el preámbulo del decreto una reminiscencia oportuna del espíritu que dominó siempre en nuestra legislación de Indias, comienza estableciendo el principio innegable de que ese espíritu no fué nunca otro