Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-02-27 00:00:00), página 41

REVISTA HISPANO-AMERICANA

SUPLEMENTO AL NÚM. 30.

27 DE FEBRERO DE 1866.

PROYECTO DE LEY DE 19 DE FEBRERO PARA LA REPRESION Y CASTIGO DEL TRÁFICO NEGRERO.

El ministro de Ultramar ha presentado el 19 del corriente, la ley que ofreció en el Real decreto de 27 de Octubre, sobre la represion y castigo del tráfico de negros en nuestras Antillas; pero no se cumplen en él, ni los ofrecimientos hechos, ni lo que había derecho á esperar, para que la represion de ese tráfico reprobado llegara á convertirse en un hecho positivo.

En el decreto de Octubre se prometió considerar como actos de verdadera piratería, muchos de los que se ejecutan para favorecer y realizar el comercio de esclavos, y en el proyecto á que nos referimos no se hace tal declaratoria de pirateria, ni se menciona para nada esta palabra en su contenido. Lo único que se hace es imponer la pena capital á los capitanes, tripulantes y armadores que resistan ó prevengan la resistencia á las fuerzas de nuestra marina de guerra que los persigan; y como este caso no se verifica, porque los buques negreros no se arman para resistir, sino que se escogen ó construyen para huir, y escapar de las persecuciones, resulta que la pena capital impuesta es enteramente gratuita y no llegará á imponerse, porque no llegará el caso de que se incurra en ello.

Lo que importaba y era necesario es la declaratoria de que ese tráfico constituye un acto de verdadera pirateria, como se confiesa que lo han hecho los Estados Unidos de América, el Brasil y otras naciones. Esto era lo que cumplía á nuestro honor nacional, si se quería dar una prueba de la sinceridad con que se desea cumplir sagrados compromisos; sin que sea humillante esa declaratoria, como dice el preámbulo, sin un acto simultáneo de la misma índole, por parte de todas las potencias de Europa y América. El Brasil y los Estados Unidos no han aguardado semejante acto, y no por eso se han humillado, sino enaltecido, y además nos parece cuando menos irracional, aguardar el beneplácito o concurso de todas las naciones para declarar y definir un crimen reconocido como tal por nuestro Gobierno, y, si no por todas, por muchas de las principales potencias de Europa y América, y por todas las que tienen esclavos, que son á las que más imperiosamente les exige su honor esa declaratoria.

Tampoco la hace el nuevo proyecto de ley con respecto siquiera á nuestra legislación criminal particular, si lo que se quiere evitar es la intervención extranjera en este punto; y la razón que da el ministro es que la declaratoria en este sentido sería inútil, lo que verdaderamente no comprendemos, porque sin ella, no pueden ser considerados como piratas los buques negreros, sus tripulantes y armadores, ni por nuestras fuerzas marítimas, ni por nuestros tribunales, los cuales no pueden imponer la pena de tales, sino en el caso marcado, que no se verifica nunca, cuando esos traficantes son verdaderos piratas. De consiguiente, la promesa de asimilar ese delito al de pirateria ha quedado frustrada, como tantas otras, y evadida con las protestas más frivolas é inadmisibles.

Sin embargo, esto quizá podría compensarse si, ya que no se persigue eficazmente ese tráfico en el mar, se imposibilitara en tierra, de manera que, haciendo constar el número de esclavos existentes, no fuera licita la enajenación ni adquisición de ningún esclavo que no fuera de los que existen actualmente ó de los nacidos de ellos en lo adelante; y á esto tampoco se provee en el proyecto de 19 del corriente. En él se habla de empadronamientos y registros de esclavos que deberán llevarse en aquellas islas, y de reglamentos que se hagan para perseguir el fraude en las fincas; pero si esos empadronamientos y registros están hechos, son ineficaces, y si no lo están y han de hacerse, la ley debe señalar siquiera las bases sobre que han de hacerse, á fin de que esas bases, que han de constituir la eficacia de la represión, no quede al arbitrio del Gobierno ni de sus agentes. Esas bases son las que ya hemos apuntado, y ellas debían constar en la ley, á