Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-27 00:00:00), página 4

tud de las cuales se les dote de Cámaras legislativas, reservándose sólo el Parlamento español la facultad de interponer su veto á las leyes, en caso necesario, como en las colonias inglesas que se hallan en igualdad de circunstancias, y especialmente las del continente americano.

Creamos, sin embargo, que estas instituciones podrían y deberían simplificarse, creando sólo una Cámara popular legislativa en cada una de las islas, confiriendo el poder ejecutivo á los gobernadores ó capitanes generales, suprimiendo las Cámaras dobles y los ministros responsables, para evitar, con el excesivo fraccionamiento del poder, los choques, rivalidades, ambiciones y obstáculos que suelen producir ese fraccionamiento.

Las Cámaras legislativas, serian renovables de por mitad cada cuatro años, y además sus miembros podrían ser removidos y elegidos otros nuevos á petición de un número de electores fijado de antemano, en virtud de la cual se procedería á nueva elección, á fin de que pudieran así ser contenidos dentro de los límites de la opinión pública; y el jefe del poder ejecutivo, sería responsable ante una corte suprema, que juzgaría, no su persona, sino sus actos políticos, declarándolos arreglados, ó no, á la Constitución ó á las leyes, é inválidándolos ó declarándolos subsistentes. Las islas pagarían todos sus gastos, inclusive las guarniciones peninsulares, y además contribuirían al Tesoro de la metrópoli para gastos generales con la cantidad que fijaran los poderes metropolitanos, de acuerdo ó con audiencia de los coloniales.

De esta manera, las islas, administrándose desembarazadamente, alcanzarían en breve toda la prosperidad de que son susceptibles; el gobierno metropolitano, por medio del veto, podría impedir que los asuntos de las colonias tomasen un giro desfavorable á los intereses generales, y la metrópoli vería recompensados los sacrificios que hiciese para la protección de sus colonias, con las cantidades que percibiría para gastos generales, con el aumento de su comercio, que se elevaría entonces á unas proporciones fabulosas, y con la gloria de haber educado y engrandecido á un pueblo meritorio, pagando una deuda de gratitud reconocida y que sería retribuida con una adhesión eterna y voluntaria, como que naciera de todos los corazones.

Esto es lo que merecen nuestras Antillas; para esto se hallan completamente aptas: esto era lo que haría la Inglaterra con ellas, como ha hecho con todas sus colonias en casos análogos, y esto era lo que debiera hacer el gobierno en las actuales circunstancias, porque esto sería, en suma, hacer la reforma por completo.

De lo contrario, habrá que hacerla á medias, y no queda más arbitrio que elegir el otro sistema, el de descentralizar sólo la administración, confiándola á los Consejos coloniales, dándoles facultades legislativas en la parte administrativa local, y reservándose el poder legislativo para los asuntos generales, ó bien la corona sola, ó bien en unión con los Cuerpos co-legisladores.

Examinemos uno y otro método; porque, aunque á primera vista parecen iguales ó de escasa diferencia, son de muy distintos y trascendentales resultados.

El último se dice que es más constitucional, ó más conforme á la Constitución de la Peninsula; pero en eso cabalmente consiste su defecto, porque tiende fatalmente, si no es desde luego la asimilación completa, con todos sus gravísimos inconvenientes. Pero no nos anticipemos.

Si el poder legislativo para las colonias aunque sea sólo para los asuntos generales, lo ha de ejercer el Parlamento metropolitano, es de necesidad que los diputados á Cortes de las colonias vengan á formar parte del Congreso español; porque, como hemos probado en otra parte y es de derecho constitucional, no puede legislarse para provincias que no estén representadas en el Congreso; y en este caso, con el mero hecho de que sea necesaria la presencia de los diputados americanos, ya las leyes especiales para aquellas provincias no han de poder ser, lo que deben ser para satisfacer aquellas necesidades.

Las leyes especiales para aquellas provincias deben establecer una descentralización completa, de la parte administrativa; y debiendo venir aquí los diputados á Cortes de ellas, el gobierno de la metrópoli ha de querer ejercer en su elección aquella influencia (que se llama moral por autonomía) y que se cree y se tiene por licita; ahora bien, para ejercer esa influencia con eficacia, es necesario que posea los medios, y esos medios no son otros que los de tener en su mano los impuestos y su cobranza, el nombramiento y separación ad libitum de los gobernadores y demás empleados, con la extensión ó restricción de sus facultades, y la completa centralización, en fin, de la administración; y hé aquí cómo la descentralización administrativa de las Antillas sería imposible si hubieran de venir aquí sus diputados á Cortes.

Los impuestos y su cobranza, lo mismo que los ramos de instrucción pública, caminos, montes, minas y todo lo demás relativo á la administración local, debe descentralizarse de los poderes metropolitanos: no confiándose á las diputaciones provinciales, porque entonces no habría la unidad necesaria, sino á una corporación popular, como los Consejos coloniales, que, siendo superior á las diputaciones provinciales,