Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-10-12 00:00:00), página 8

oportuno,—con tal que se respete el principio de la elección popular,—los diputados de las Antillas á sentarse en las Cortes generales de la nación.—Al mismo tiempo que se establezca el método electoral que para la elección de esos diputados deba seguirse, extiéndase á aquellas islas la ley que regula la libertad de imprenta en la Metrópoli, y las que en ella garantizan la libertad individual, pues esos dos derechos fundamentales están asegurados á todos los españoles por la Constitución de la Monarquía, y sin ellos sería imposible ó irrisorio el legítimo y fecundo movimiento político y moral que debe producir en aquellas provincias la libre elección de sus representantes en el Congreso nacional.

Entonces y sólo entonces podrán iniciarse legítimamente las otras reformas políticas, económicas y administrativas, necesarias en las Antillas, y discutirse y votarse las leyes especiales que deberán regirlas según el artículo adicional de la Constitución; entonces y sólo entonces podrá edificarse sobre base sólida y segura el edificio de la regeneración política de Cuba y Puerto-Rico. Fuera de esta base, cualquier edificio que se levante será inseguro y deleznable, como todo lo que no se apoya en la justicia, como todo lo que comienza con una violación del derecho.

¿Hará esto ó algo de esto el actual Gobierno? Lo ignoramos. Sólo sabemos que directa ó indirectamente lo ha prometido varias veces, y que algunos periódicos han dicho que uno de los primeros actos del Gobierno en la próxima legislatura, será la presentación al Congreso de un proyecto de ley electoral para las Antillas españolas. Si así lo hace, cumplirá con un deber imperioso, y hará inmensos bienes á aquellas islas; si no lo hace, nos enseñará una vez más á desconfiar de los escépticos partidos doctrinarios, y á concentrar todas nuestras esperanzas de justicia y de progreso en los partidos verdaderamente liberales, que han escrito en su inmortal bandera todos los derechos de la personalidad humana, y el principio incontrastable de la soberanía nacional.

Tóngase presente que lo expuesto en los párrafos anteriores, no es, en nuestro concepto, lo único á que tienen derecho las Antillas; no es más que el primer paso, el preliminar indispensable de la reforma. No hemos entrado ni queremos entrar á discutir ahora en su conjunto y bajo todos sus aspectos, las numerosas y diversas reformas de todas clases necesarias en aquellas islas, ni tampoco investigamos en este artículo cuál deba ser el régimen especial que según el artículo 80 de la Constitución se deba establecer en ellas para satisfacer plenamente todas sus necesidades. Sólo hemos querido demostrar, que sobre todos estos puntos importantísimos no puede legislarse legítimamente en la Metrópoli, sin que previamente se haya reintegrado á Cuba y Puerto-Rico en el derecho constitucional de España, permitiéndoles el ejercicio de los derechos políticos que les pertenecen, sólo por ser provincias españolas.

Se vé, pues, que no estamos conformes de ninguna manera con los adversarios más ó menos encubiertos de las reformas que sostienen la necesidad de que á las reformas políticas precedan las económicas y administrativas. Nosotros, con los millares de firmantes de la exposición cubana á la Reina, en sentido liberal, creemos y sostenemos cabalmente todo lo contrario, y vamos á exponer nuestras razones.

El principio fundamental de las instituciones representativas que tienen su asiento y garantía en la Constitución española, es la representación del pueblo en la Asamblea ó Cámara que ejerce ó comparte el poder legislativo. Las Cortes del Reino pueden legislar válidamente para todas las provincias de la Monarquía, porque estas provincias están en ellas debidamente representadas. Luego cuando alguna provincia no está representada en las Cortes, éstas no pueden legislar para esa misma provincia cuyos diputados están ausentes. Cuantas leyes establecidas para la provincia excluida, serían nulas e ineffectivas.—Ahora bien, se pretende plantear en las Antillas reformas administrativas; para ello es necesario legislar, pero al mismo tiempo es imposible legislar, porque las Antillas no están representadas en las Cortes.—Hé aquí el absurdo palente; la contradicción insoluble á que conduce la peregrina teoría de los reformistas administrativos, que quieren curar el absolutismo con remedios absolutistas.

Afirmamos, pues, sin vacilar, que ni el Gobierno por sí sólo, pues vivimos bajo un régimen constitucional, ni el Gobierno con las Cortes, tienen derecho para establecer la más leve reforma económica ó administrativa en Cuba y en Puerto-Rico, mientras que los legítimos representantes de Puerto-Rico y Cuba, no vengan á tomar asiento en el Congreso nacional para discutir y votar con los demás diputados todas aquellas reformas. Tales reformas arbitrariamente establecidas, por beneficiosas que fuesen en su fondo, serían por su origen tan ilegítimas y tan inconstitucionales como los peores actos de los gobiernos pasados durante el infame período del régimen actual ultramarino. ¿Con qué derecho pueden constituir los municipios y provincias de las Antillas, las Cortes del reino, sin que en ellas estén debidamente representadas las provincias á que han de aplicarse importantes leyes administrativas, en cuya discusión y formación no han intervenido? Y lo mismo que de estas décimos, se aplica en todas sus partes á las reformas económicas. No hay derecho