Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1866-01-27 00:00:00), página 5

legíble acerca de aquella administración para centralizarla; pues la descentralización de los poderes metropolitanos ha de significar la centralización en los coloniales, á fin de que la unidad que se rompe aquí se conserve allá, siendo como es la unidad necesaria; lo cual, como hemos dicho, no podría conseguirse, queriendo, como habría de querer el gobierno, influir en la elección de los diputados á Cortés.

Esta sola circunstancia es, á nuestro juicio, decisiva para justificar la eliminación de ese sistema, puesto que imposibilita la eficacia de las leyes especiales que demandan aquellas posesiones; pero prescindamos de ella por un momento, y supongamos que obrando el gobierno con un desprendimiento increíble, hace que dichas leyes especiales sean lo que deben ser, y que los diputados americanos, elegidos libremente, vienen ájenos de toda influencia gubernamental e independientes por completo de la acción del gobierno. Pero, si lograban evadirse de la acción del gobierno allá, ¿lograrían evadirse de la acción del gobierno aquí? ¿Podrían resistir á la tentadora seducción de los honores y los empleos, que es el escalo de tantas conciencias, y de cuya gangrena no han podido ni quizá podrán curarse los Congresos europeos? Y una vez seducidos esos diputados, puestos á la devoción y merced del gobierno, su influencia es nula, sus votos pueden ser tan perjudiciales, como quiera el gobierno ó los intereses de sus representados, y el objeto de su llamamiento no se llena, y por el contrario resulta contraproducente.

Pero prescindamos también de este inconveniente, y supongamos que los diputados de las Antillas, con un patriotismo estóico, se conservan siempre independientes de toda acción e influjo del gobierno; su exigua minoría de veinte ó treinta, los haría completamente impotentes contra una mayoría de más de trescientos. Hecho esencialísimo que no debe perderse de vista; porque, aunque los diputados de las demás provincias peninsulares se hallan en el mismo caso, no se hallan en las mismas circunstancias; porque las provincias de la Península se rigen por una misma Constitución, y habiendo otras que se rijan por una distinta, el Congreso ha de tender fatal y necesariamente á la unidad y la asimilación.

La prueba la tenemos á la vista. Las provincias vascas se rigen por una Constitución ó leyes especiales distintas, y en todas las legislaturas, siempre, incesantemente se habla y se trata de incluirlas en el fuero común, en la misma unidad política constitucional; cosa que no se ha hecho, no porque sus diputados presentes en el Congreso lo impidan ni puedan impedirlo, sino por respeto á una tradición diurna y por otras consideraciones que no militan con respecto á nuestras Antillas, y que el día que cesen, se hará y se llevará á efecto, aunque se opongan, si se opusieran, los diputados vascongados.

Es verdad que esto debería hacerse, y ya estuviera hecho si la asimilación se intentara, como debería intentarse, asimilando el resto de la monarquía á las provincias vascas, y no éstas al resto de la monarquía; porque pudiendo formar un cuerpo compacto con la nación en que están enclavadas, indudablemente la conveniencia de unas y otras estriba en regirse todas por una misma Constitución política.

Pero no sucede lo mismo con respecto á nuestras Antillas. Hallándose estas á gran distancia, la justicia y la conveniencia de ellas y de España consiste en que aquellas sean regidas por leyes políticas especiales distintas de las del resto de la monarquía; y siendo esto cierto, aun cuando aquellas leyes especiales fueran lo que deben ser, si los diputados de las Antillas se sentasen en el Congreso español, éste, pudiendo así legislar para aquellas provincias, podría legislar en sentido opuesto á aquellas leyes especiales, ó anularlas por completo, y volver á la asimilación absoluta, ó al estado actual, sin que pudieran impedirlo los diputados americanos, como no lo pudieron en 1837.

Y no se diga que las Cortes ordinarias no pueden variar la Constitución de la Península, ni podrían variar la de las Antillas no siendo Constituyentes; porque en el día, que los diputados no reciben mandato de los electores, como en tiempos pasados, todas las Cortes pueden ser Constituyentes, y porque, aun cuando así no fuera, ya se sabe cómo se puede anular un artículo constitucional sin derogarlo, como sucede con el que previene que todos los españoles puedan emitir e imprimir libremente sus opiniones sin sujeción á prévia censura.

De consiguiente, prescindiendo de que los diputados de las Antillas serían tan poco á propósito para entender en los asuntos de acá, como los de acá para entender en los de allá, que mutuamente desconocen; y prescindiendo de los obstáculos que podrían suscitar al gobierno, en ocasiones dadas, con las combinaciones estratégicas de los partidos; prescin- diendo de todo esto, su presencia en las Cortes españolas, lejos de ser eficaz y beneficiosa, sería ó nula ó perjudicial en alto grado al gobierno y á las Antillas, produciendo cabalmente el efecto contrario del que se desea.

Añádase á todo esto que los Parlamentos, como Cuerpos numerosos deliberantes que se eclipsan y renuevan periódicamente y entre nosotros con pascosa frecuencia, no son de ninguna manera á propósito para gobernar ni dirigir por medio de leyes á países lejanos, de intereses y necesidades distintas