Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-11-12 00:00:00), página 29

nos bajo el especioso pretexto de proteger las vidas de los subditos españoles, como si esta protección no pudiera hacerse efectiva en las mismas leyes que se dictaran para el efecto. Pretexto que, no sólo ha servido para aumentar el mal en el interior, sino para crear y suscitar complicaciones en el exterior, dando lugar a reclamaciones de potencias extranjeras con quienes nos ligan compromisos solemnes, en cuyo cumplimiento está empeñado el honor de nuestra patria.

El Gobierno actual también lo ha reconocido así, y ron- piendo por todos los vanos escrúpulos de un mal entendido patriotismo, no pudiendo obrar en este punto por sí mismo, promete presentar á las Cortes en la próxima legislatura la ley que, llenando ese vacío, agrave las penas hasta el punto de considerar como actos de verdadera piratería los que se ejecutan para realizar y favorecer ese comercio reprobado. Promesa que, cumplida religiosamente al pie de la letra, como es de esperarse, llenará cumplidamente el objeto; porque la vemos tan comprensiva como es necesario, no sólo de los que realizan, sino de los que favorecen ese tráfico condenado. Circunstancia esencialísima que hasta ahora se ha descuidado, y que ha hecho inútiles todas las leyes sobre la materia; porque esos favorecedores, como cómplices sin los cuales no pudiera perpetrarse el crimen, son sus principales autores, los mayores criminales y los más dignos de toda la severidad de las leyes. Mientras no se extienda á ellos la acción de los tribunales en el mismo grado que á sus cómplices, todo será ilusorio, como lo ha sido hasta ahora; y el día que sean juzgados todos por una misma ley, el ascenso será tan sa- ludable y eficaz como que se atacará y cortará el mal en su impuro y fecundo origen. El Gobierno también lo ha com- prendido así, cuando cree que deben considerarse actos de verdadera piratería los que se ejecutan, no sólo para realizar, sino para favorecer el comercio de esclavos. Tiempo es ya de hacer sentir la ruda mano de la ley á esos favorecedores, torpe manantial de tantas iniquidades: el Gobierno ha puesto el dedo en la llaga: ahí está el cáncer, ahí el virus; cautéri- celo con mano firme, y la curación y cicatrización será completa y segura.

El Gobierno lo promete paladinamente en el decreto, y debemos esperar su realización: promete también aumentar la vigilancia en aquellas costas, acrecentando el número de buques empleados en este servicio en las mares de América, para lo cual afirma tener ya tomadas las oportunas disposi- ciones, y además promete otras administrativas que dice tiene ya preparadas y que deberán ir saliendo á luz sucesiva- mente para completar el plan que ha concebido, como testi- monio incontestable de la buena fe con que se propone cum- plir los solemnes pactos que marcaron con el sello de la reprobación más absoluta el tráfico de esclavos.

Esta es la parte de declaraciones y ofrecimientos que contiene el preámbulo y el decreto; vengamos ahora á la parte dispositiva, en que comienzan á realizarse esos ofrecimientos. Estas disposiciones se contraen á la segunda serie de medidas relativas á anular la introducción de los africanos, después de verificada. Medidas tan importantes y esenciales como las otras; porque no basta, como se reconoce en el decreto, prevenir y castigar el crimen; sino que es necesario evitar sus desastrosos resultados en caso que llegue á consumarse. Medida quizá más importante y trascendental que todas las otras; porque aunándose ó evitándose el objeto del crimen, la acción criminal no tiene razón de ser, y sus perpetradores se abstendrán de un acto que sólo puede comprometerles sin ofrecerles en ningún caso provecho resultado.

El objeto de los traficantes de esclavos es el lucro: este lu- cro se obtiene introduciendo furtivamente la mercancía; por- que una vez introducida, burlando la vigilancia del Gobierno, se vende á los particulares que la compran, porque, aunque ilícitamente, la pueden hacer suya impunemente. Pues bien, si se consigue que esa mercancía, aunque ilícitamente intro- ducida, no encuentre compradores, la introducción es inútil y se abstendrán los introductores; y á esto es á lo que tiende el decreto de 27 de Octubre y las demás medidas que ofrece para su complemento.

Verdaderamente el decreto no se contrae sino á las introducciones abortadas; pero las demás medidas administrativas que se ofrecen tienden indudablemente á comprender las que lleguen á consumarse furtivamente, como lo demuestra la oferta que se hace en el artículo 3.º de un reglamento especial que determine las condiciones con que los esclavos existentes podrán transitar por aquel territorio, á fin de que los negros que se aprehendan sin esas condiciones, sean reputados como libres emancipados. Esta disposición va dirigida á los africa- nos introducidos furtivamente, burlando la vigilancia de las autoridades, los cuales, careciendo de los requisitos que se exijan para transitar por el territorio, si son aprehendidos en el tránsito, son considerados como libres; y hé aquí ya un caso en que la introducción furtiva no aprovecha á los intro- ductores.

Es verdad que esa medida no tiene lugar sino en el caso de que esos africanos sean aprehendidos en su tránsito por el territorio, y no después que se hallen en las casas ó finas- cas de sus compradores; pero para estos casos deberán ser las demás disposiciones que se ofrecen y que ya se han indi- cado, como el empadronamiento general de los esclavos, los requisitos para sus compras y traspasos, y otras analogas que pueden imposibilitar completamente toda adquisición de es- clavos que no sean de los que existen en la actualidad; por- que, una vez verificado escrupulosamente el empadronamiento general de la esclavitud, y convenientemente arreglados los requisitos de las ventas ó traspasos, no podrá verse ni- gún enagenciador de esclavos sin que á tal aumentar el número de los del comprador, disminuya en la misma proporción el número de los del vendedor.

Este será el complemento de las medidas que ahora se ini- cian, y que aparecerán sin duda sucesivamente, como se ofrece. Ahora el Gobierno, en el decreto de 27 de Octubre, no se contrae, como hemos dicho, sino á las introducciones abortadas, es decir, á los africanos que en adelante sean apre- hendidos debidamente por las autoridades ó fuerzas españolas con arreglo á los tratados y leyes existentes; punto también de gran importancia y francamente abordado por el Gobierno, no sólo en las disposiciones que acerca de él contiene el de- creto, sino en el espíritu é intenciones que revela.

Hasta ahora las leyes y tratados celebrados para impedir ese inútil tráfico habían sido tan inútiles, que aunque las au- toridades ó fuerzas españolas lograban capturar algún carga- mento de africanos, no producía esto casi ninguna resultado; porque, ni se castigaba debidamente á los traficantes, ni se impedía con eficacia que los aprehendidos ingresaran en la masa general de la esclavitud de las islas. Esos aprehendidos, conocidos con el nombre de emancipados, eran consignados ó entregados á particulares, como libres, es verdad, y por tiempo limitado, sólo para doctrinarlos, enseñarlos y acostumbrarlos al trabajo; pero en realidad, al fin, ó bien por prórroga de las consignaciones, ó por fraudes en que se suponían fallecidos, ó por otros manejos análogos, quedaban esos infelices bajo una verdadera e indefinida servidumbre; y este indigno abuso es el que tiende á extirpar de raíz el decreto de 27 de Octubre.

El Gobierno elige para el efecto el medio más eficaz, que es el de extraer de las islas á todos los africanos que en adelante