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ADVERTENCIAS.

Todos los redactores de esta Revista están conformes en los principios fundamentales que sustentan y en el objeto principal que se proponen. Sin embargo, como en las cuestiones de detalle puede haber ligeras diferencias de apreciaciones que no impliquen contrariedad con los fines de nuestra publicacion, advertimos para ese caso, que cada redactor y cada colaborador responderá de lo que firme.

No pudiendo ya contar con la cooperacion de nuestro apreciable amigo el Sr. D. Eugenio M. Hostos, anunciada en nuestro prospecto, nos vemos en el caso de publicar la siguiente carta en que nos manifiesta serle imposible ayudarnos en nuestros trabajos.

Sr. Director de la Revista Hispano-Americana.

Muy Señor mio : Siento mucho no poder justificar con mis trabajos la aparicion de mi nombre entre los de sus apreciables redactores; pero me es absolutamente imposible. Si esta poco satisfactoria explicacion no le bastase, bástele la certeza que vuelvo á darle del sentimiento con que dejo de colaborar en esa empresa inspirada por un fin laudable.
Soy suyo S. S. Q. B. S. M.—EUGENIO M. HOSTOS.
Madrid, 30 de Octubre de 1864.
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REFORMA POLITICA

EN LAS ANTILLAS.

II.

Como hemos visto en nuestro anterior artículo, la promesa de reforma en las Antillas se ha hecho de dos maneras: la primera, por medio de leyes especiales, y la segunda, por medio de la asimilación con las demás provincias de España. De aquí ha surgido la creencia en algunos de que estas dos maneras ó sistemas, no sólo son distintos, sino que se excluyen y que es necesario optar por uno de ellos. Nosotros creemos, por el contrario, que ambos sistemas, lejos de ser opuestos, pueden completarse el uno con el otro.

La asimilación es necesaria en cuanto á los derechos. Los hijos de las Antillas españolas tienen y deben reconocérseles derechos políticos iguales á los de todos los demás españoles; pero como la población de aquellas provincias, los intereses que de ellas emanan, y sobre todo, la distancia inmensa que las separa de la madre patria constituyen un modo de ser distinto, es necesario que las leyes e instituciones locales, al mismo tiempo que sean idénticas á las de España, satisfagan las necesidades e intereses de aquellos países en su manera de ser especial e imprescindible, puesto que le ha sido impresa por la misma naturaleza.

Procurarémos desarrollar esta tesis.
T. I.
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A los habitantes de las Antillas deben declarárseles y reconocérseles sus derechos políticos iguales á los de los demás españoles, es decir: derecho de reunirse y emitir sus opiniones, derecho de elegir sus diputados á Córtes, los miembros de sus corporaciones municipales y provinciales, y de intervenir en el gobierno, gerencia y administracion de sus asuntos é intereses, teniendo en los empleos públicos la participacion necesaria para que se administren por sí mismos y veleu y custodien sus intereses, de la misma manera que lo hacen los demás españoles. Esta es la asimilacion que tambien puede y debe haber en cuanto á la constitucion de las corporaciones provinciales, municipales y demás superiores, judiciales y administrativas; en una palabra, la constitucion orgánica puede ser idéntica en los dos países.

Ahora, establecida así la asimilacion, veamos en qué puede ó debe consistir la especialidad ó la diferencia.

La especialidad de las necesidades de las Antillas consiste ó nace esencialmente, además de la heterogeneidad de la poblacion, de la gran distancia que las separa de la Metrópoli. Si las Antillas pudieran unirse á España con un puente, desaparecerian muchas dificultades; pero no lo están, ni pueden estarlo: se hallan á muchos centenares de leguas con todo un Océano de por medio, y es necesario no perder de vista jamás esta dificultad insuperable.

Esa distancia inmensa produce necesariamente por primer efecto, si no el de anular por completo, el de atenuar considerablemente la accion, sobre todo la accion benéfica del gobierno de la Metrópoli. Los consejeros de la corona y los diputados á Córtes por las provincias peninsulares no tienen ni pueden tener el conocimiento necesario, ó mejor dicho, no tienen por lo general conocimiento ninguno de los asuntos, cuestiones, intereses y necesidades de aquellos países; así es que legislan y ordenan poco para ellos y lo poco que se dispone y legisla es generalmente desacertado. No puede ser de otra manera.

Sin aprender nada en las lecciones de la experiencia se ha querido obviar este inconveniente, acumulando todo el poder en la
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primera autoridad de aquellas islas. En la Metrópoli no se hace nada con referencia á ellas, sin que sea propuesto ó consultado con sus capitanes generales: tienen estos facultades omnimodas; pueden hasta suspender el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Metrópoli; tienen así el veto y la iniciativa; son, en suma, los verdaderos legisladores de aquellas posesiones.

Si esto remediara el mal no nos quejaríamos; pero lejos de remediarlo, lo aumenta.

En primer lugar, los capitanes generales, como los demás empleados que van de la Peninsula á las Antillas, no van sino por tiempo corto y determinado. Antes era de cinco años, ahora de tres, y este no lo cumplen las más veces por efecto de las mudanzas de ministerios ó exigencias de los partidos de la Peninsula; y como además de esto, sus facultades omnimodas los hacen jefes, directores y actores en todos los ramos del gobierno y de la administración, es moral y materialmente imposible que puedan adquirir el conocimiento necesario de todos esos distintos ramos para poder proceder con el debido acierto en sus resoluciones.

De suerte, que aquellos capitanes generales, aunque quieran y estén animados de las mejores intenciones, es imposible que puedan desempeñar acertadamente las vastísimas y complicadas atenciones que se les someten.

Hay más, y es que aunque los capitanes generales pudieran adquirir y adquirieran los conocimientos suficientes para llenar satisfactoriamente su cometido, no se han establecido las garantías eficaces de que así haya de verificarse.

La única garantía que hasta ahora se ha imaginado es la de los juicios de residencia, y ya se sabe lo que son esas semblanzas de juicios, formulados, sustanciados y decididos bajo la presionde otros capitanes generales que creen, como el Gobierno, que el prestigio de la autoridad se perdería con una condnacion, siendo la realidad lo contrario; por tanto esos juicios de residencia, practicados como se practican, no pueden ofrecer ninguna clase de garantía.
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Resultado. Que á los capitanes generales de las Antillas se les confiere un poder absoluto de derecho é irresponsable de hecho que no pueden, aunque quieran, desempeñar con el debido acierto.

De todo lo que se deduce lo que hemos dicho: que la accion del gobierno de la Metrópoli se anula en las Antillas por la distancia, y que la que se ha pretendido sustituir de los capitanes generales tambien es impotente para el objeto.

De consiguiente, el gobierno de la Metrópoli no puede ser centralizador en las Antillas, ó no puede resumir en sí toda la accion gubernativa y económica que puede tener con respecto á las demás provincias peninsulares. En una palabra, el gobierno de la Metrópoli tiene que ser necesariamente descentralizador en las Antillas. Su accion no debe ser sustituida con la de los capitanes generales, que ya hemos visto impotentes, ni con la de ninguna otra persona equivalente; la accion del gobierno debe centralizarse; pero de otra manera y en otra parte.

No debiendo ni pudiendo, pues, el gobierno de la Metrópoli ser en las Antillas tan centralizador como en la Península, ó debiendo ser allí más descentralizador que aquí, es evidente que aquellas corporaciones municipales y provinciales deben poder obrar dentro de un círculo más extenso.

Esas corporaciones deben allá asimilarse á las de acá en su organización; es decir, que deben ser electivas, de eleccion popular, y en cuanto á atribuciones deben tener las necesarias para tratar y decidir definitivamente, las municipales todo lo que concierne exclusivamente á cada municipio, y las provinciales todo lo que exclusivamente concierne á cada provincia.

Pero como esa descentralización no debe ser excesiva; como esas corporaciones no deben ser totalmente independientes, porque se destruiría así la debida unidad, debe haber un poder superior que, centralizando la accion del gobierno, las mantenga dentro del límite de sus atribuciones, y ese poder está ya señalado en las Antillas, aunque débil é imperfectamente, en sus actuales consejos de administracion.
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Estos consejos están destinados á garantizar la buena gerencia de la administracion, protegiendo á los particulares contra la extralimitacion de las autoridades administrativas; pero en su actual raquítica y tímidas organizacion, no llenan el objeto, y organizados de manera que los pusiera en aptitud de cumplirla, podrian completar quizá el cuadro de las reformas de las Antillas.

Estos consejos de administracion deben, en primer lugar, llenar por completo el objeto para que han sido instituidos, que es, como hemos dicho, el de proteger á los particulares contra los abusos de las autoridades, obligando á estas á permanecer dentro de la órbita de sus atribuciones: punto capital y esencialísimo que, una vez obtenido, asegura la justicia y regularidad de la administracion.

En esto consiste el secreto de la satisfactoria gerencia de los negocios públicos en Inglaterra y los Estados Unidos. En esta republica sobre todo, no hay autoridad cuyas actos no sean justiciables ante tribunales señalados de antemano. Recientemente hemos visto llevar á la corte suprema el decreto del presidente de la Republica ordenando las quintas, arguido de anticonstitucional. El tribunal declaró que con él no se violaba la constitucion, y se efectuó la quinta, que no se hubiera verificado si la corte suprema hubiera declarado lo contrario. Esta es la entronización de la legalidad sobre todo: esta es la perfeccion del gobierno y la administracion de un país.

Pues bien, si en alguna parte puede ponerse en practica este principio salvador es en las Antillas; porque España no sólo reconoce allí la justiciabilidad de las autoridades subalternas que somete á los consejos de administracion, sino la de los mismos capitanes generales que somete á los juicios de residencia, y aún se puede decir que la del mismo gobierno supremo de la Metrópoli, cuyos actos somete á la discrecion de los capitanes generales en sus facultades omnímodas.

De suerte que, en las Antillas, no hay autoridad ninguna, inclusa la de los capitanes generales y la del gobierno de la Metró-
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hemos si tendrán igual éxito, pero excusado es decir que venimos con fe y la confianza de ser atendidos.

Esto, por lo que toca á lo que hemos de pedir al Gobierno. Pero además nos hemos impuesto la mision de procurar por todos los medios posibles estrechar los vínculos que unen y deben unir á ambos paises, miembros de una misma patria.

Sabemos que ha habido entre aquellos compatriotas nuestros épocas de desaliento profundo, y aun momentos de desesperacion; pero estamos íntimamente persuadidos de que todo esto no ha sido efecto sino de la indiferencia con que se nos mira y del alejamiento á que se nos ha condenado.

Cuando cesen las causas cesarán sus efectos. Cuando la legalidad es insuficiente, surge la revolucion. Nosotros venimos á extinguir la tea de la revolucion con la mano de la legalidad.

Entre tanto dirémos á nuestros hermanos de América: Esperad un momento. Si han de fundirse ambos pueblos en uno, comenzemos por fundirnos nosotros hasta donde nos sea lícito. El campo de las ciencias y las letras es el que tenemos libre; corramos á él, cambiamos nuestras producciones intelectuales, mezclamos nuestras respectivas culturas, conoczámossnos, siquiera en ese terreno, y entrelacémonos en ese campo neutro, mientras podamos hacerlo en el más alto y ahora vedado para nosotros de la política.

Estas son nuestras aspiraciones, que desenvolverémos con toda la templanza y compostura que exige la alteza del asunto. La índole de nuestra publicacion favorece este propósito; porque, no siendo diaria, está fuera de la órbita de las pasiones del momento, y sus escritos pueden ser y serán tan meditados y concienzudos como conviene á nuestra posición y al objeto que nos proponemos.

El público juzgará nuestros trabajos mientras llega la ocasion de que sean atendidos.

La Redaccion.
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poli, cuyos actos no estén sometidos al criterio de las autoridades de aquellas islas, y sólo falta organizar conveniente y eficazmente la práctica de ese saludable y salvador principio.

Los consejos de Administracion pueden suministrarnos el precioso elemento de esa organizacion. Estos consejos en las Antillas deben ser competentes, no sólo para decidir todos los conflictos entre los particulares y las autoridades como lo son ahora, sino tambien todos los que se susciten entre las autoridades mismas. En uno y otro caso sólo decidirán si los actos de las autoridades son ó no son conformes á las leyes y están dentro del límite de las atribuciones de cada una: es decir, que sólo juzgarán los actos, no las personas.

Deben tambien examinar los presupuestos de sus territorios respectivos, lo cual entra en sus atribuciones actuales; pero esta atribucion debe ser más amplia y completa.

La situacion de las Antillas en este punto es excepcional, como en muchos otros. Las Antillas solas pagan todos sus gastos, y estos son exorbitantes. Pagan su personal de empleados que es el más numeroso y el que cobra sueldos más elevados, casi fabulosos: pagan un gran ejército que en ocasiones, como ahora, se eleva á una tercera parte ó más del contingente señalado para toda España; y ya se sabe que la mayor parte de los buques de la armada se hallan siempre surtos en aquellas aguas; paga los gastos extraordinarios que allá se originan, como los de las expediciones y guerra de Méjico y Santo Domingo, y pagan además lo que se llama sobrantes, que suelen ser tres ó cuatro millones de duros que vienen á las cajas de la Península, después de cubiertos, no los gastos necesarios de aquellas posesiones, que quedan por lo regular descubiertos, sino los gastos de sueldos del personal de sus empleados. Cuba sola en estado normal paga cerca de seiscientos millones, casi la tercera parte de lo que pagan juntas todas las provincias de la Península.

Este desorden incalificable debe cesar. Las contribuciones de las Antillas no deben emplearse sino en pagar los gastos de las
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Antillas, y si ha de venir algo á las cajas centrales de la Península para gastos generales, ha de señalarse de antemano con proporción á lo que por este respecto paguen las demás provincias de España, á fin de que pueda saberse fijamente el cupo de la contribución. El consejo de administración arreglará á él los presupuestos; propondrá las partidas que deban aumentarse, disminuirse ó suprimirse, y las contribuciones que sean necesarias para cubrirlas, sin que se pueda imponer ninguna nueva antes de ser oído.

Y por último, estos consejos deben ser competentes para tratar y resolver todos los asuntos y cuestiones económicas y administrativas puramente locales que, no estén al alcance de las diputaciones provinciales y que por no ser de interés común á ambos países, no deban ser objeto de leyes generales.

Todas estas atribuciones se hallan plenamente justificadas, no sólo por el mayor conocimiento que deben tener los consejos de todos esos asuntos, sino por la distancia que separa á ambos países. Dado el caso de que un expediente iniciado allá se resuelva aquí; sólo para ida y vuelta necesita el tiempo material de dos meses, y si á esto se agregan los innumerables trámites oficinescos á que aquí se les somete, el desdén con que se miran aquí los asuntos de allá, que además no tienen agentes especiales que los agiten, y la imposibilidad que tienen los ministros de atenderlos, absorbido su tiempo por las cuestiones amenazantes siempre y preferentes de los partidos, se vendrá en conocimiento de que es lógico y natural lo que sucede hoy, y es que esos expedientes se resuelvan tarde ó se olviden, que es lo más general, entre el polvo de las oficinas con grave perjuicio de los intereses de aquellas provincias. Todo lo que no puede remediarse sino encomendando allá la decisión á sus autoridades competentes.

Esto no sería más que la práctica de principios que hoy se reconocen, convenientemente organizada; pero no es lo bastante, se necesita más. Todas las atribuciones que hemos señalado á esos consejos se limitan á cuestiones puramente locales y á velar y á hacerlos custodios de las leyes y de su fiel y exacto cumplimiento.
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Pero, como la legislacion de las Antillas está lejos, muy lejos de haber llegado á su complemento; como faltan no sólo leyes, sino disposiciones gubernativas de inmensa trascendencia y urgente realizacion, y como la necesidad, urgencia y justicia de esas leyes no puede ser sentida y conocida convenientemente por los gobiernos y legisladores de la Metrópoli, es absolutamente necesario que haya quien tenga allá por lo menos la correspondiente iniciativa para proponer, apoyar y justificar todas las leyes, disposiciones y medidas que sean precisas y convenientes para el buen gobierno y administracion de aquellos países.

Se dirá que esta será la mision de los diputados á Córtes por las Antillas; pero lo uno no excluye lo otro. Los diputados de las Antillas pueden, ó no, ser suficientes por su número para hacer aquí la peticion en el Congreso, ó aun cuando lo sean, como su mision los obliga sólo á defender oralmente en el Congreso lo que propongan, y como esas proposiciones pueden versar sobre asuntos extraños y desconocidos para el resto de los diputados, los consejos de administracion deben ser facultados para formar el debido expediente que, vestido con todos los documentos necesarios y elevado al gobierno de la Metrópoli, pueda servir al Gobierno y al Congreso en su caso para conocer debidamente la justicia, la necesidad ó la conveniencia de la peticion.

Esto en cuanto á las peticiones de ley; que en cuanto á la peticion de reales órdenes ó decretos gubernativos ó económicos, es necesaria la iniciativa del consejo, porque militando con respecto á ellos las mismas razones que militan con respecto á las leyes generales, no se extienden á aquellos las facultades oficiales, sino cuando más las oficiosas de los diputadas á Córtes.

Y si á esto se agrega el que debieran consultarse los Consejos de Administracion antes de expedirse toda disposicion relativa á aquellos países que no fuera propuesta ó pedida por ellos mismos, se evitaría así la práctica degradante para el Gobierno, y de otra manera necesaria, de facultar á sus delegados para que suspendan las disposiciones que crean desacertadas ó inoportunas, y se
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completaria así en lo posible hoy el diseño de las reformas ultramarinas.

Hecho lo que dejamos indicado se aseguraría el cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes; al menos podrían pedirse y justificarse las que fueran necesarias, y no se expedirían nunca las desacertadas que debieran suspenderse ó suprimirse. Los consejos de administración, ayudados por las corporaciones municipales y provinciales y por la prensa libre, serían el verdadero reflejo de la opinión pública y podrían ilustrar convenientemente al Gobierno, y moverse y obrar con todo el desembarazo y acierto que pudiera descarse.

Pero para esto sería necesario modificar su organización.

Actualmente todos sus miembros son de nombramiento real, y este método que no examinarémos con respecto á la Península, es ineficaz con respecto á las Antillas tal como se practica, lo mismo que con respecto á todos los países que se hallen situados á grandes distancias. El Gobierno tiene que nombrar para el desempeño de esos empleos personas idóneas: la idoneidad consiste no sólo en la ciencia y la probidad, sino en el conocimiento de los asuntos y circunstancias especiales de aquellos países, que sólo se encuentran generalmente en los hijos del mismo suelo ó en los que cuenten allí una residencia diurna, y á estos no puede conocerlos el gobierno de la Metrópoli lo bastante para escogerlos y designarlos convenientemente.

Además, las atribuciones de estos consejos son demasiado importantes para que la estabilidad de sus nombramientos dependa de la veleidad de un ministro ó de las frecuentes oscilaciones de los partidos. Tienen que juzgar los actos de los empleados nombrados por el gobierno, y no deben ser de nombramiento real para que tengan la debida independencia: han de poseer un conocimiento profundo y exacto de las cosas del país, y su designación debe ser hecha por el país. De consiguiente, los miembros de estos consejos deben ser electivos.

No se nos ocultan las objeciones y los temores que manifiestan
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algunos contra las elecciones populares en aquellos países para servir de pretexto al sostenimiento del actual orden de cosas; y aunque no participamos y creemos infundados esos temores, el que escribe estas líneas tiene una opinión particular sobre este punto que se atrevería á proponer como eficaz y conciliadora.

Decimos del pueblo lo mismo que hemos dicho del gobierno: que para elegir con acierto es necesario que antes conozca suficientemente las personas que ha de elegir. Ahora bien; un pueblo entero no puede tener conocimiento de una persona, á no ser que por sus méritos ó servicios extraordinarios se haya creado una posición tan culminante que no pueda ocultarse á la vista de todos, lo cual sucede muy raras veces. De consiguiente, la elección directa de una persona por un pueblo entero difícilmente es acertada, ó mejor dicho, nunca elige ó escoge sino á la ó entre las que antes le han sido propuestas por juntas ó comisiones nominadoras.

Pero cada fracción del pueblo conoce perfectamente á los hombres que viven entre su seno y puede escoger entre ellos con el debido conocimiento y acierto. De suerte, que las elecciones populares, para que sean autorizadas, es necesario que se hagan por fracciones. Cada localidad habría de nombrar un consejero, lo cual sería quizá excesivo y daría á cada nombramiento un carácter demasiado local, ó estos consejeros deben ser nombrados por los ayuntamientos, siendo estos de elección popular.

Nosotros creemos más conveniente esto último. Los ayuntamientos son los que deben ser precisamente de elección popular, y esta en la escala más lata que sea posible, á fin de que sean unas corporaciones verdaderamente populares y posean por completo la confianza pública; y conseguido así este objeto, los nombramientos ó elecciones de personas que hacen los ayuntamientos, no sólo serán populares, sino que serán atinados, como hechos con calma y serenidad en las deliberaciones, fuera de la agitación, cábalas y fraudes que suelen suscitar en estos casos las ambiciones ó los partidos.