Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-12 00:00:00), página 28

de la civilización, y otras, país que está á la altura de la nuestra, como Cuba. ¿Cuándo, repito, se quiere que una misma legislación sea la que nos rija y que sus diputados vean á las Cortes españolas á beber en la política ardiente que no puede dejar de haber en estos países, y mucho más en los meridionales, inoculando luego en sus provincias ese principio que es origen de perturbaciones y de alarmas, y que ahuyenta los capitales de aquel país? Porque, señores, si el Sr. Arango, como yo creo y respeto, tiene correspondencias que le inclinan á ese giro en la administración de Cuba, yo las tengo también en que por el contrario se dice que hay una alarma constante, un temor de que ese principio político pueda allí prevalecer y perturbar aquellos altos intereses.

Pues bien, señores: cuando las circunstancias son las peores que podían exocogitarse; cuando según el Sr. Arango nos amenaza un suceso en que toda prevision será poca para poder preservar á nuestras colonias de un sacudimiento; cuando vemos que la Europa entera reconoce los buenos principios por los cuales las posesiones ultramarinas deben regirse, y á los cuales deben obedecer, ¿va el Senado, el cuerpo conservador por excelencia que la nación española tiene, á aprobar la proposición del señor Arango pudiendo producir esto una perturbación que cause la pérdida de nuestras ricas posesiones de Ultramar? Esto no puede esperarse del Senado español.

Pero diré más, señores: yo no comprendo cómo el señor Arango y sus amigos han guardado un silencio sepulcral desde el año 1857 hasta hoy, siendo así que desde el año 61 (y note la fecha el Senado, pues no quiere este Gobierno atribuirse lo que no le toca), se ha entrado en esa vía de reforma de las posesiones ultramarinas; vía, señores, que no rechaza este Gobierno, sino que por el contrario cree que debe impulsar esas reformas, y atender á lo que debe ser, esto es, á que respecto de los intereses de ese país se oiga á sus hijos, á los en él interesados y á los que posean ó representen sus más altos intereses. Cuando, repito, hemos entrado en este camino, ¿cómo quiere el señor Arango traer una cuestión tan candente como la de que se trata, cuestión como he dicho antes demasiado importante para tratarla sin discusión previa, y sin los trámites que la ley fija? En una palabra, lo que S. S. quiere es que vengamos á bolar un artículo constitucional y á quebrantar los principios por que viene rigiéndose nuestras colonias desde el año 37. El Senado tiene demasiada ilustración para que el Gobierno pueda temer su acuerdo; el Gobierno cree que el Senado en su sabiduría no permitirá que se tome en consideración la proposición del Sr. Arango; mas si esto sucediese, el Gobierno no podrá dejar de sostener los principios que ha manifestado, porque cree que á ellos están ligados los más altos intereses del país.

El Sr. Arango: Pido la palabra para hacerme cargo de las que ha dicho el Sr. Ministro de Ultramar.

El Sr. Vicepresidente (Carramolino): Como V. S. no puede usar de la palabra más que para deshacer equivocaciones, no puedo concedérsela.

Acto continuo preguntó al Senado si tomaba en consideración la proposición objeto del debate, y la resolución fué negativa.

Y fué desechada casi por unanimidad, porque sólo se levantaron á votarla tres ó cuatro senadores, entre los cuales tenemos la complacencia de decir que se hallaba el señor marqués de O'Gaban, senador cubano.

Este resultado nos aflige, pero no nos sorprende. Conocemos de muy antiguo á los hombres que componen el actual ministerio, y sabemos lo que tenemos que esperar de ellos y todo lo que son capaces de hacer y de decir, aunque el ministro de Ultramar en esta ocasión, se ha excedido á sí mismo. Después que hizo cuanto pudo, y todo en vano, para que se retirara una proposición que no podía combatir con razón, la combatió con toda clase de siniestros, tergiversando su sentido, suponiendo que decía lo contrario de lo que dice, violentando el tenor expreso de las leyes y artículos constitucionales, falseando hechos patentes de la historia contemporánea, en suma, con tal desvío de la lógica y de la realidad, y con tal confianza ó desden de los que le escuchaban que cualquiera hubiera podido decir al oírlo, que contaba con la victoria de antemano.

Dijo S. S., que si la proposición sé aprobará y se ocupaba así el Parlamento de la legislación de Ultramar, se derogaría un precepto constitucional. Parece increíble que haya tanto aplomo en un ministro de la Corona para asegurar una cosa que es cabalmente lo contrario de la realidad. El precepto constitucional dice que las provincias ultramarinas serán regidas por leyes especiales: las leyes las hace el Parlamento: luego, ocupándose el Parlamento de la legislación especial de Ultramar, lejos de derogar así, lo que hace es cumplir el precepto constitucional. El Sr. Arango lo que pide es el cumplimiento de ese precepto, y el señor ministro es el que, con su oposición, se opone á que se cumpla.

Dijo también S. S. que nunca ha sido objeto de duda lo que son y lo que debe entenderse por esas leyes especiales, «las cuales ciertamente no podían seguir los mismos trámites ni las mismas solemnidades que se requieren para la legislación de la Península.»

Aqui se descubre algo de la anfibología y argucia del abogado. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué es lo que se ha entendido siempre por esas leyes especiales? ¿Por qué no lo ha dicho el ministro? Nosotros no sabemos que nadie sepa ni se haya tratado nunca públicamente de semejante cosa. Pero sea lo que fuere, ¿quién ha dicho al señor ministro que las leyes especiales para Ultramar no han de