Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-04-27 00:00:00), página 15

El Estado concede á los establecimientos privados, á favor de los jóvenes colonos un precio de jornal de 70 céntimos, con cuyo auxilio deben satisfacerse todos los gastos de educación, corrección y sustento de los reos confiados á su cuidado: suministra además la parte de vestuario fijada por reglamento.

A la autoridad administrativa corresponde exclusivamente el derecho de colocar por vía de ensayo, ó de entregar á sus familias los detenidos jóvenes comprendidos en el artículo 66 del Código penal, cuando han alcanzado la edad de diez y seis años y han pasado al menos tres años bajo la tutela de la administración.

El patrocinio, complemento indispensable de la educación correccional, lo ejercen sociedades que actualmente ascienden á ocho. Estas sociedades patrocinan á los libertados provisionalmente, para cuyo objeto reciben una cantidad proporcionada al trabajo diario. Los que han sido definitivamente restituidos á la libertad reciben socorro de la sociedad protectora bajo cuyo amparo se encuentran, y procuran colocarse con sus propios recursos ó por medio de las subvenciones concedidas á su actividad y buena conducta.

La administración suple á la insuficiencia de las sociedades de patrocinio con los auxilios administrativos á disposición de la autoridad local.

Las casas centrales de fuerza y de corrección, en número de 21, encierran: 1.º los condenados de ambos sexos, por vía correccional, cuando la pena se extiende á más de un año de prisión, 2.º los reclusionarios de ambos sexos; 3.º los presidiarios, después de cumplidos los 70 años de edad; 4.º las mujeres condenadas á presidio.

El cuadro de los agentes empleados en la administración y en la custodia de las casas centrales se compone de directores, inspectores, tenedores de registros, celadores y jefes. Se confían los servicios especiales á capellanes ó ministros de los cultos reconocidos por el Estado, doctores en medicina ó cirugía, farmacéuticos e institutores. En las casas sometidas al sistema de la venta de los productos por el Estado, el personal comprende además de un jefe de contabilidad, varios empleados para la regularidad de cuentas y registros.

El decreto del 10 de Mayo de 1859, establece el régimen disciplinario de las casas centrales. Los castigos están especificados en el libro de estadística moral de la prisión.

La ley penal impone á los condenados la obligación del trabajo, poderoso elemento de disciplina interior y de moralización. Sus productos atienden las cargas del Estado, y permiten al prisionero proporcionarse algún alivio, si por su conducta llega á merecerlo, durante el cautiverio, proporcionándose así algunos recursos para la salida de la cárcel.

Los trabajos impuestos á los presos se clasifican en exteriores e interiores. El decreto del 15 de Febrero de 1852 permite aplicar la actividad y la energía de los condenados á obras exteriores, agrícolas, ó de utilidad pública. Se han organizado talleres exteriores con buen éxito en algunas casas centrales, y el ensayo del nuevo sistema se continúa actualmente en la penitenciaria de San Antonio en Córdoba.

Más de cincuenta industrias se explotan hoy en las cárceles centrales de Francia: las más importantes son las del tejido, carda de la seda, zapatería, botonería, hilados, etc.

El trabajo de las prisiones dista mucho de hacer al trabajo libre la concurrencia que parecía temerse al principio. La actividad diaria de los presos representa apenas 6.000 días de trabajo en la masa considerable de la producción general, y las listas de los artículos manufacturados demuestran que los presos producen la mitad menos que el mismo número de operarios libres. La explotación de las obras industriales se halla sometida, por otra parte, á reglas que ofrecen á la industria libre las indispensables garantías. Ningún género de trabajo se pone en movimiento, antes de haberse conseguido la competente autorización, previo el depósito de los tipos y muestras, después de haberse determinado antecipadamente el número aproximativo de los presos que deben ser empleados en la elaboración de los productos y fijado con exactitud el precio de los artículos manufacturados.

Los precios de la obra manual y del jornal se hallan arreglados según una tarifa establecida en virtud de formal convenio; y, en caso de necesidad, renovada cada año por el Ministro, á propuesta del prefecto, mediante aviso de la Cámara del departamento. Los precios se hallan tasados, conservando proporción con los que corresponden á las industrias semejantes en las manufacturas libres.

Para indemnizar á los contratistas de las pérdidas consiguientes al aprendizaje, á la imperfecta elaboración, al suministro de utensilios, etc., se hace una deducción que no puede exceder de la quinta parte del valor intrínseco.

El producto del trabajo de los reos pertenece al Estado; sin embargo, se concede á los presos una parte que varía de 1110 á 510, según la gravedad de las penas y el número de las condenas anteriores.