Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-27 00:00:00), página 13

en los delitos de imprenta, y en el 5.º se explican las rigurosas formalidades con que debe cumplirse este precepto. De modo que el proyecto de ley ha querido unir todas las vejaciones del sistema preventivo con todos los rigores del sistema represivo. Si el Sr. Gonzalez Brabo es partidario de este último según lo ha proclamado cien veces, ¿por qué deja vigente la inquisitorial y degradante obligación de presentar los impresos antes de publicarse al gobernador y al juez de imprenta encargados de autorizar o prohibir la publicación? Inquisitorial llamamos esta medida porque somete á un juez y á un gobernador la conciencia del escritor, pues en su conciencia están sus pensamientos mientras no han tenido publicidad sus escritos; y degradante porque semejante medida tiene por base la presunción de que haya de cometer un delito todo el que imprime sus ideas y pensamientos. Si el señor ministro de la Gobernación fuera lógico, deberá pretender que ningún ciudadano saliese á la calle sin acudir antes al juzgado, hacer allí una confesión general de los propósitos que pensara realizar en aquel día, y obtener el pase de esos inquisidores de nuevo cuño en que se convertirían nuestros jueces si pudiesen realizar todas sus voluntades los hombres reaccionarios que nos gobiernan.

El título 5.º trata de las personas responsables de los impresos. En él se declara (artículo 7.º) que para los efectos de la ley son solidariamente responsables del impreso el autor, el editor y el impresor del escrito, y si este fuere periódico lo será en vez del editor el director. Según el mismo artículo «la imprenta, sus enseres y efectos y los de la redacción en los periódicos quedarán especialmente afectos con preferencia á cualquiera otro acreedor, á las responsabilidades gubernativas ó judiciales que emanen de abusos en los impresos.» —Esto no necesita comentarios. ¡Qué lujo de responsabilidades y de responsabilidades solidarias! ¡Pobres impresores que sin comerlo ni beberlo podrán verse despojados de sus imprentas y reducidos á presidio ignominioso por un artículo que no han escrito ni tal vez han comprendido! ¡Pobres estantes y mesas y sillas de esta redacción en que escribo; pobres y queridos libros que me habéis acompañado desde el uno hasta el otro hemisferio, vosotros también estais expuestos, si llega á ser ley de imprenta lo que hoy sólo es proyecto, á ser triste presa de la crueldad del Sr. Gonzalez Brabo y víctimas inocentes del miedo que inspiran á un Gobierno reaccionario el aliento poderoso e incontrastable de la libertad!

El título 4.º trata de los delitos y en él se consigna por el artículo 10.º la inaudita, la peregrina, la incalificable teoría de los delitos frustrados que pueden cometerse por la prensa según el gran juristconsulto Sr. Gonzalez Brabo. Esto merece citarse textualmente. Si no llegara á publicarse (el impreso) y se hubiesen entregado (al gobernador y al juez de imprenta) los ejemplares de que trata el artículo 5.º y en ellos se cometiere alguno de los delitos que esta ley define y castiga, se considerará á los responsables como reos de delitos frustrados.—Se entiende que habrá publicación cuando se hubieren repartido dos ó más ejemplares.

Y luego se dirá que no progresá España, y habrá extranjeros (herejes y protestantes por supuesto) capaces de sostener que marchamos á la cola de la civilización moderna. Que vengan á preguntárselo á nuestros Ministerios moderados, á éstos Ministerios constituidos por los hombres de la suprema inteligencia.—Cosas hay en este proyecto de ley que crizarían los cabellos de cualquiera alemán ó inglés medianamente ilustrado, cosas tan increíbles como la nueva definición del delito frustrado, y otras prescripciones que ni siquiera indicamos porque el autor de estas líneas no sabe contener su pluma cuando se trata de violar la sagrada libertad de la conciencia.

Volvamos pues á nuestro delito frustrado y no tomemos tan á pecho el ultraje que á la civilización de España hace el proyecto de ley que comenzamos.

Hay delito frustrado según el artículo 3.º de nuestro Código penal, cuando el culpable, á pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su mal propósito por causas independientes de su voluntad.

¿En qué se parece á este el delito frustrado definido por el señor ministro de la Gobernación? ¿En qué cerebro sano cabe la idea de comparar al escritor que lleva su impreso al juez de imprenta cumpliendo con las disposiciones preventivas de la ley antes de publicar ni un solo ejemplar de su escrito con el criminal, por ejemplo, que dispara una pistola contra un hombre á quien por casualidad no hicie á pesar de salir el tiro y constar su propósito de asesinarle? Los delitos de imprenta—admitiendo por un momento estos delitos para nosotros incomprendibles—no existen ni pueden existir hasta que se ha publicado el impreso en que el delito se comete. ¿Qué refinamiento de odio á la prensa envuelve por tanto la idea nunca oída de que se incurra en un delito cumpliendo un precepto legal que obliga á llevar un impreso á determinadas autoridades antes