Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-07-27 00:00:00), página 6

convenciendo al mismo tiempo de que las facultades ilimitadas en los Capitanes generales, tan lejos de producir los efectos favorables que se apetecen, las hace odiosas y muy perjudiciales la arbitrariedad. Concédanse en buen hora para todos los asuntos del ramo militar porque efectivamente se necesitan más que nunca, atendido el estado de la tropa; pero en los de Justicia y Real Hacienda, déjense expeditas las funciones de las autoridades designadas por la ley, para evitar los excesos que siempre produce el mal uso de tales autorizaciones y con las que todo es desorden; entendiéndose esto sin perjuicio de que por los respectivos Ministerios se hagan de unánime acuerdo, y cada uno en su ramo, las prevenciones oportunas para casos extraordinarios, á fin de que bajo su responsabilidad contribuyan todos al grande objeto de la conservación del orden y tranquilidad pública; se administre pronta justicia, y se franquien y arbitren fondos cuando sea preciso para tan loables fines. Este es, en sentir del Consejo, el medio más sencillo y seguro de afianzar la paz y amor al Gobierno de V. M. en sus dominios de Ultramar; y por lo tanto, de conformidad con lo informado por la Contaduría y expuesto por vuestro Fiscal, que se acompaña, es de dictámen de que deben suspenderse los efectos de las órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra á los Gobernadores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas, concediéndoles facultades ilimitadas sobre todos los ramos de la administración pública, y declarar que éstas sólo sean y se entiendan para el ramo militar; limitándose en los demás á las que le están designadas por las leyes y ordenanzas de Intendentes; pues de lo contrario sería derogar estas disposiciones, y coartar las atribuciones del Ministerio á quien compete el conocimiento de asuntos de esta naturaleza, y por donde han debido resolverse. Y para evitar choques, siempre de mal ejemplo, pero en el día de funestas consecuencias, estima igualmente muy oportuno que V. M. se sirva mandar que en observancia del Real decreto de 2 de Noviembre del año pasado de 1818, se traten y confieran los asuntos de esta clase en Consejo de Ministros, á fin de informar las resoluciones y órdenes que se estimen convenientes para la conservación de dichas provincias, y que no haya allercados y competencias 'que de otro modo pueden ocurrir á tan larga distancia con exposición del bien público y del Estado; á cuyo objeto dirige con esta fecha igual consulta por el Ministerio de Real Hacienda. V. M. sin embargo, se servirá resolver lo que fuere de su real agrado. Madrid 20 de Abril de 1823.— El conde de Torre Muzquiz.— Don Ignacio Omulrrian.— Don Antonio Gamiz.—Don Joaquín de Mosquera.—Don Francisco Ibañez de Leiva.— Don Francisco Javier Caro.— Don Manuel María Junco.— Don Bruno Vallarino.— Don Manuel María Arbizu.— Don Manuel Jiménez Guazo.— Don Bartolomé Vasallo.*

La consulta no podía ser más atinada ni más sesuda; pero el Rey, firme en su voluntad y en su propósito, se desentendió de todo, y en 28 de Mayo de 1825 dió el famoso decreto de todos conocido, en virtud del cual revestía á los Capitanes generales de Cuba de «amplia e ilimitada autorización, de separar de esa Isla y enviar á esta Peninsula á las personas empleadas ó no empleadas, cualquiera que sea su destino, rango, clase ó condición, cuya permanencia en ella crea perjudicial, ó que le infunda recelo su conducta pública ó privada, con las demás facultades que por las Reales ordenanzas se conceden á los Gobernadores de plazas sitiadas.»

Nos basta copiar las palabras textuales de uno y otro documento para que se conozca, á primera vista, el triste y peligroso estado á que quedaban reducidos los habitantes de nuestras Antillas, pendientes en un todo de la voluntad discrecional, por no decir arbitraria, de un hombre solo. Ese decreto los redujo de una plumada á una verdadera servidumbre, y ese es el régimen que impera desde entonces en nuestras Antillas: es el que impera actualmente y ese el que desean que continúe los adversarios de la reforma política en aquellas regiones. Semejante situación no es legal en ningún punto del Orbe civilizado: fué condenada por los mismos consultores de un Rey absoluto, y ha sido sostenida por Ministros de un Rey constitucional en unas provincias, cuya civilización confiesan que es, cuando menos, igual á la de la metrópoli. La injusticia es evidente, reconocida y confesada; su continuación es imposible, al menos incompatible con la letra y espíritu de nuestras instituciones.

Cuando la expatriación y con ella el abandono de la familia y de los intereses, está pendiente de la voluntad de un hombre, sin sujeción á trámites ni juicios, y cuando esa voluntad puede justificarse por simples recibos que pueda infundir hasta la conducta privada de un individuo, en ese país no hay leyes, no hay instituciones, no hay legalidad, no hay más que una verdadera y completa servidumbre. Y servidumbre que nunca ha sido legal en ningún país de Europa, y mucho menos en España.

Los Reyes de España nunca han sido absolutos, nunca, en ninguna época, desde la primitiva. Siempre tuvieron Concilios y Cortes que limitaran su poder legislativo, y ni las mismas leyes políticas de las Partidas revistieron á los Reyes de un poder ilimitado, ó si los revistieron, al mismo tiempo dieron facultades á los pueblos para que pudieran contener á