Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-05-12 00:00:00), página 26

materia, comienza reconociendo que el régimen y administración de nuestras Antillas deja mucho que desear; que hay mucho mas que hacer; que su régimen debe modificarse; que su administración es mala y debe mejorarse, y sobre todo, que hay allí pendientes cuestiones gravísimas que exigen pronta y acertada resolución en vista de los sucesos que por allá se precipitan.

En esto estamos todos conformes, pero ¿cuáles son los medios que se han de poner en práctica para conseguir los resultados que se apetecen? Aquí comienzan las divergencias y las dificultades. El Sr. Letona conoce desde luego que la primera y esencial cuestión es la de saber si los hijos de las Antillas son españoles iguales á todos los demás; si tienen y deben reconocerse tales derechos iguales; si las reformas, en fin, deben ser así políticas y administrativas, ó administrativas solamente, y si estas pueden bastar para satisfacer todos los intereses, todas las necesidades y todas las aspiraciones.

El Sr. Letona, como todos, y como no puede negarse, reconoce que los naturales de las Antillas son y tienen derechos iguales á todos los demás españoles; pero, como todos los adversarios de la reforma política, dice que no pueden ni deben ejercerse mientras haya esclavitud en aquellos dominios; argumento que se ha hecho siempre; que siempre se ha contestado virtuosamente, y que sin embargo se repite con tenaz insistencia, sin que sus autores se hagan cargo nunca de la contestación que se les ha dado.

Dice que el sistema liberal no puede ser aplicado sino sobre la base de un principio, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y que no pudiendo aplicarse este principio en nuestras Antillas, ningún sistema liberal es allí posible. Pero ¿no conoce el Sr. Letona que toda esa argumentación viene abajo con solo la manera de hacer la declaración de la ciudadanía? ¿Son aquí ciudadanos con iguales derechos todos los españoles? ¿Tienen todos iguales derechos políticos? No. Solamente los que posean tales ó ciertas condiciones: á esos son á los que se conceden derechos políticos, y los demás están privados de ellos. Pues bien: si se hace así lo mismo, será idéntico el resultado, y lo propio puede hacerse aquí que allá, y allá con razón más justificada.

No conocemos nación ninguna, antigua ni moderna, regida por instituciones liberales, en la que todos sus habitantes sean ciudadanos con absoluta igualdad de derechos. La misma Antigua tuvo esclavos; los tiempos, los han teñido hasta ahora los Estados Unidos, y aquella fue la nación más libre del mundo antiguo, y esta la más libre de la edad moderna. Los conquistadores de la edad media tenían instituciones liberales en medio de la servidumbre de los conquistados, y todas las instituciones liberales de hoy se fundan, no en la igualdad de derechos de todos, sino en la igualdad sólo de clases determinadas, y estas están muy lejos de comprenderlas á todas. De consiguiente no vemos por qué lo que se ha practicado siempre, y se practica hoy en todas partes, no pueda ser practicado en las Antillas españolas.

Nosotros, y con nosotros otros muchos, han contestado esto siempre á aquella argumentación, y no habiendo visto nunca que se haya replicado nada contra ella, nos parece que no debía repetirse el argumento cuya refutación no ha podido ser contestada. Por tanto, tenemos derecho á sentir que la institución de la servidumbre no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para conceder derechos políticos y para establecer el sistema más ampliamente liberal que pueda imaginarse, con respecto á los que la ley declare ciudadanos.

Con esto sólo queda destruida radicalmente toda la estructura del sistema que se propone en el folleto á que nos contracemos; por lo que no necesitábamos entrar en el examen de sus pormenores, puesto que, siendo todos accesorios de aquella idea ó apreciación principal, destruida ésta, quedan virtualmente destruidos los otros.

Sin embargo, contiene algunos que, aunque también erróneos y repetidos y gastados, son perjudiciales cabalmente por esa misma insistencia con que se inculcan. Uno de ellos es el de que baten las reformas administrativas sin las políticas. Esta teoría es la más fatal, porque tiene cierta apariencia de realidad. Se dice: ¿para qué quiere un pueblo derechos políticos? ¿Para ser bien gobernado y administrado? Pues bien; en siendo bien administrado y bien gobernado, no necesita derechos políticos. Este, que parece un gran argumento, no es más que un sofisma: decir esto equivaldría á decir esto otro: ¿para qué quiere un ciego ver? ¿Para dirigir sus pasos al punto donde quiera ir? Pues bien, en dándole un lazarillo que lo conduzca, no necesita de la vista. Pero ¿si el lazarillo lo conduce donde quiera y le convenga al lazarillo, y dondequiera lo convenga al ciego? Y si lo conduce una vez ¿lo conducirá siempre? ¿Marchará el hombre sin la vista, lo mismo que con ella?

Con esto se contesta á aquello: ¡son igualmente regulós los pueblos cuando gozan de derechos políticos, cuando intervienen en su gobierno y administración, y cuando son gobernados y administrados exclusivamente por otros! Concretando la cuestión, están todas nuestras Antillas. Mas de trescientos años han sido regidas exclusivamente por los gobernadores de la metrópoli; y ahí está el resultado. La administración es mala, según confesión contraria; se conoce, se indica, se señala lo que se debe hacer, no se hace; se ha hecho poco, poquísimo, y lo poco que se ha hecho, más bien que á mejorar, ha tendido, si no á empeorar, á complicar la situación de aquellas provincias. ¿Por qué? Porque esas mejoras han de partir y se han de hacer por quien no tiene ni interés directo, ni el tiempo, ni los conocimientos necesarios de las necesidades de aquellos pueblos, ni de los mejores medios de satisfacerlas.

La buena administración no puede ser sino la consecuencia de un buen gobierno, y un buen gobierno no puede ser sino la consecuencia de los derechos políticos, de la intervención de los administrados en su régimen y administración, y no podemos comprender qué linaje de peligro puede haber en permitir á los naturales de las Antillas, como á los demás españoles, que ayuden al gobierno con su intervención en el buen régimen y administración de aquellas posesiones.

El otro punto en que no estamos conformes con el Sr. Letona es el relativo á los medios de extinguir la trata.

La trata no será combatida nunca eficazmente, mientras haya en Cuba falta de brazos, y no se sustituyan los de los africanos con otros más convenientes, como los de la raza blanca. Todo lo que no sea esto, es inútil: no bastarán las leyes contra los intereses. Las medidas que propone el Sr. Letona no producirán sino reacciones inútiles, y la emancipación á día fijo, sin aquella sustitución, será siempre peligrosa.

Y por último, el otro punto esencial en que no estamos conformes con el Sr. Letona es el relativo á la instrucción pública, ó al principio de que parte para regularla, que es el de las facultades intelectuales de aquellos naturales, que se exageran para reprimirlas. Idea es esta que hemos visto emitida hace tiempo, que nunca la habíamos tomado por lo serio, que más bien nos parecía un pretexto que una razón; pero que después hemos visto repetida y aun tomada en cuenta para exclusiones injustas y represiones contraproducentes.

Un patriota eminente, diputado á Cortes en las constituciones de 1812 y en las de 1837, decía que los diputados americanos, con una sagacidad inteligente, obligaron á las Cortes de 1812 á trabajar en favor de la emancipación de aquel continente; y con esta creencia, no es difícil adivinar que esa fuera uno de los pretextos que sirvieron en 1837 para la exclusión de los diputados de nuestras Antillas, y que sirva hoy mismo para mantener esa exclusión, mucho más, cuando vemos al actual ministro de Ultramar hablar de la perspicacia de los americanos para someterse que debe procederse con ellos con cautela, y cuando vemos á hombres como el Sr. Letona fundarse en esa inteligencia ó perspicacia exagerada de los naturales de las Antillas para proponer se les dé una educación jesuítica, aunque sea con el riesgo de producir hipócritas.

Nosotros no vamos en todo esto sino una exageración que hace poco favor á unos, y que, favoreciendo demasiado á otros, pone por fundamento un elogio extremado para un castigo inmerecido. En las Antillas, como en todo el mundo, hay inteligencias más ó menos aventajadas: aquella raza no tiene mayores ni mejores cualidades que ninguna otra, ni mucho menos que aquella á la que debe su origen y sus cualidades, y pretender fundar en la exageración de estas una represión injusta, no es sino otra exageración y otra injusticia.