Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-12 00:00:00), página 15

dicho en otra forma, en otros términos. Diga esta mañana, y contra esto no creo que pueda alegarse nada, que el real decretó de 19 de Abril de 1837, así como el artículo adicional de la ley fundamental del Estado, quieran decir en su espíritu y en su letra que las leyes hechas para la Península no regirán en el territorio de América, y que los derechos que concedían á los españoles peninsulares no serían los derechos de que gozaran los españoles americanos; pero ni el testo ni los comentarios se oponen á nada que se refiera á las atribuciones parlamentarias.

Ha explicado el señor ministro de Ultramar por qué se había dado el decreto de Abril que luego se llevó á la ley fundamental, diciendo que el motivo por el que no fueron admitidos en el Parlamento español los diputados de Ultramar fue porque no habiendo de dar aquellas Cortes leyes para las provincias ultramarinas, era inútil que vinieran aquí sus representantes. Esta creó que fue la observación de su señoría, observación que quería autorizar ciéndanos ese mismo decreto. Tengo el testo en la mano, y no sólo no dice nada de eso, sino que viene á apoyar la opinión que manifesté esta tarde. Digo así testualmente:

«Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado:
«No siendo posible aplicar la Constitución que se adopte para la Península á islas adyacentes á las provincias ultramarinas de América y Asia, serán estas regidas y administradas por leyes especiales análogas á su respectiva situación y circunstancias, y propias para hacer su felicidad: en su consecuencia no tomará asiento en las Cortes actuales diputados por las expresadas provincias.»

Véase pues cómo, con arreglo á la disposición que acabé de leer, estaba en mi derecho dicirme que en no recibir aquí esos diputados y en haberse consignado que las provincias de Ultramar se regirán por leyes especiales, mostraron aquellas Cortes su firme propósito de que no se aplicara á ellas la Constitución; pero no trataron de quitar ni mermar á las Cortes sus atribuciones en los asuntos de Ultramar.

Dijo el señor ministro que aquí, lo mismo que en los demás países constitucionales, los deberes de los Parlamentos respecto de las colonias era cierta intervención, una alta fiscalización que ejercían de una ó de otra manera, y cuyo objeto era sancionar o censurar al poder ejecutivo por la manera de administrar.

Esto lo hacen todos los Parlamentos; pero los Parlamentos tienen también el poder de legislar, y en prueba de esto cité, como ha citado ya el señor Posada, los billés de Inglaterra, y recordé lo que sucede en Holanda y en Francia, y no insistí más sobre esto, porque me pareció palmario.

Su señoría se lamentaba de que no se hubiesen hecho las leyes especiales en su tiempo y sazon, y de que se hubiera dejado esto al gobierno que ha tenido que proveer á la necesidad de una manera irregular y descosa, permitáseme la frase; y yo pregunté: ¿quién había de hacer esas leyes especiales? ¿El Parlamento con la Corona? ¿Sí ó no? Si no era el Parlamento, ¿dó- mosle tampoco á su señoría de que en el año 37 no se hubieran dado cuando menos las bases de esas leyes, para que el gobierno no se hubiera creído con el derecho de hacerlas? Lo que el gobierno ha hecho ha sido ir atendiendo á las necesidades, pero siempre respetando la prerrogativa parlamentaria, para lo que podemos llamar la legislación constituida de Ultramar. Vuelvo á repetir lo que decía esta tarde; aunque se declarara que el poder ejecutivo debía legislar para Ultramar, esta declaración ten- ta que proceder del poder legislativo: de consiguiente, sobre el hecho de haber legislado el poder ejecutivo veintitantos años con el consentimiento tácito del Parlamento, está la prerrogativa del Parlamento, de la cual puede usar siempre que lo deseé. ¿Qué se oponía á esto?

El señor PRESIDENTE: Señor Ulloa...

El señor ULLOA: Seré muy breve. Sabe su señoría que no acostumbro á abusar, pero quisiera que esta cuestión fundamen- tal quedara dilucidada.

El señor ministro de Ultramar me atribuyó un concepto equivocado. Entendió su señoría que decía, hablando de las provin- cias de Ultramar, que no se oían sus quejas. No fué eso lo que dije, sino que había carencia completa de derechos políticos, y que había alguna inseguridad en muchos derechos civiles. Esto no quita para que reconozca, y he sido el primero en confesarlo esta tarde, que la administración ha dado medidas para que no se deje de oír ninguna queja que quiera que pueda formular contra las autoridades. El derecho de queja y el contencioso-administrativo, proveen por completo esta necesidad. No he hablado de quejas, sino de la privación de los derechos políticos perpetua- mente y de la inseguridad de ciertos derechos civiles.

Pompiando las ventajas que gozan, los habitantes de la isla de Cuba principalmente, ha dicho el señor ministro de Ultramar que no pagan impuestos, que no hay contribución territorial ni industrial. No creo que las contribuciones que allí se pagan, y que son muchas, puedan pasar por excesivas; pero su señoría sabe que pagan por onerosas, por el método de exacción y por otros conceptos que han hecho que, á pesar de las dificultades que hay que vencer para llevar una variación tributaria á un país como la América, donde la propiedad no tiene las mismas condi- ciones que Europa, se haya aceptado por los gobiernos anterio- res, y creo que también por su señoría, la idea de hacer una evolución en el sistema contributivo.

Su señoría extrañaba que al hacer una comparación entre el régimen absoluto que había llevado á sus instituciones, y el régimen liberal que se había mostrado receloso, no hubiera teni- do presente la enorme diferencia entre unas y otras instituciones, y añadió que si no hubiéramos tenido que llevar más que la to- ga y la Inquisición, no hubiera habido inconveniente en lle- varlas.

Observará que la toga ha sido un gran elemento en América, ha sido el gran contrapeso del poder militar, y que la Inquisición en Lima y en México no se parecían á la de España: la historia de aquella Inquisición no es tan horrible y repulsiva como la de España; ¡pero no llevó el régimen absoluto algo mas que este á nuestras colonias! Les llevaron leyes protectoras y garantías para los derechos civiles, que todavía existen, y sobre las cuales han querido poner algunas autoridades del régimen constitucional. No fue, por consiguiente, solo la toga y la Inquisición lo que se llevó entonces allí, y aun esto se llevó mejorado.

El señor ministro de Ultramar, puectuado alguna vez en su discurso por la idea de que yo había hecho la oposición al gobierno, se defendía diciendo: nosotros caminamos con paralelismo, como ballestas voceros; nosotros seguimos el mismo camino; nosotros vamos por el mismo camino. Yo elecho mucho esto, y deseo que este gobierno continúe en este propósito, y que acepte los principios que nosotros hemos consignado varias veces en documentos tan solemnnes como los discursos de la Corona, á saber: que caminábamos en la administración de Ultramar á la assimilación posible entre aquel régimen y el nuestro.

Además sabe el señor ministro de Ultramar que no en balde pasa el tiempo, y que esta misma tarde observó que los pueblos no se miden por las agujas del reloj, sino por la serie de aconte- cimientos que tienen lugar en una época dada. Los aconteci- mientos que han tenido lugar desde que estuvo en el mando el gobierno bajo el cual servi yo la dirección de Ultramar, hasta el día, son de una magnitud tal, que compara la situación trau- mática que aquellos países tenían entonces respecto á ciertas cues- tiones con la que tienen hoy, puede decirse que han pasado algo más que años y algo más que lustros entre aquella época y esta. Esto se comprendió así por su nacer en el mundo, se com- prendió tanto, que era preciso llevar á cabo reformas de impor- tancia, que se decidió la creación del ministerio de Ultramar. En este punto yo no tengo que hacer más que repetir lo que di- jo el señor Posada Herrera, en otra ocasión: desde que voy sen- tarse entre nosotros al ministro de Ultramar, puedo decirse que el Parlamento entra de lleno en los asuntos de Ultramar.

Tengo que rectificar un error del señor ministro, respecto á la idea que me ha atribuido de haber pedido en el régimen pro- vincial el régimen autonómico. Soy enemigo del régimen auto- nómico en las colonias; soy partidario, como he dicho antes, de la assimilación. No pudo temer el régimen provincial; dijo que una de las reformas que debía estudiarse era la de saber si ha- bía provincias, y bajo qué condiciones, y de todas maneras sin que yo me decida por la afirmativa, digo que se puede admitir