Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-27 00:00:00), página 32

del Estado, que esa es la única manera de hacer leyes. Lo que nadie ha dicho, y estaba sólo reservado á S. S., decir, es que por leyes se debe entender Reales decretos. Eso lo ha dicho solo S. S.; pero su opinión no puede variar la ley; porque sobre S. S., muy por encima del dicho y la opinión del ministro, está el artículo terminante de la Constitución de la Monarquía que previene y declara que las leyes no son los Reales decretos, sino las que se hacen por las Cortes con el rey. S. S. como ministro, podrá decir y aun hacer lo contrario; pero será bajo su responsabilidad, y responsabilidad que hoy será nula; pero que se le exigiría por quienes corresponde, si esos interesados á quienes compete no estuvieran despojados de los medios legales de verificarlo.

No es cierto pues lo que ha dicho el Sr. ministro de Ultramar en pleno Senado, de que en virtud del decreto de las Cortes de 1837 se debe legislar para Ultramar por medio de Reales decretos: lo que dice el decreto expresado es que deben regirse por leyes especiales: lo que previene la Constitución es que las leyes se hagan por las Cortes con el rey: aquel decreto no excluye á los diputados ultramarinos, sino de tomar parte en la formación de la Constitución de la Península, que no ha de regir para sus provincias, y lo que se ha hecho y se hace desde 1837 es excluir á los diputados americanos de tomar parte en la formación de las leyes que hayan de regir á sus provincias, y legislar para ellas por medio de Reales decretos, con infracción de la Constitución del Estado.

Tal es el derecho, y tales son los hechos. Esto es lo que por ahora nos importa dejar consignado.

II.

La lógica del Sr. ministro de Ultramar con respecto á las provincias ultramarinas es tan sui generis que no podemos dejar de citar algunos ejemplos. Dijo S. S. contradiciéndose al régimen de las colonias extranjeras:

«Cierto es también que Holanda, á semejanza de Inglaterra, tampoco reconoce un principio absoluto en el régimen de sus colonias, y que va siempre aguardando al progreso y el desenvolvimiento de la civilización de cada país, el de su ilustración y el de sus condiciones, para ir ensanchando los grados de libertad, y conociendo su mayor intervención á ese mismo país en su propia administración, que es el fin á que todas las colonias se encaminan.»

Seguidamente dijo que la civilización de Cuba está á la altura de la nuestra. Y ya se sabe la consecuencia que saca S. S. de estas premisas; que á Cuba no se deben dar leyes especiales en virtud de las cuales intervenga en su propia administración, y llegue al fin á que todas las colonias se encaminan. Es decir que, siendo el desenvolvimiento de la civilización e ilustración la condición que sirve para ir ensanchando los grados de la libertad de las colonias, á la que esté tan adelantada como la Metrópoli, que es Cuba, no se le debe dar libertad ninguna sino regirla al arbitrio de los ministros y capitanejos generales. Así discurre un ministro de Ultramar y jurisconsulto. Nosotros nos cubrimos el rostro para ocultar los colores de la indignación y de la vergüenza.

III.

De todas las muchas cosas buenas que dijo el Sr. ministro de Ultramar en su discurso (si así puede llamarse) contra la proposición del Sr. Arango, sólo una no hemos podido comprender y es la siguiente: dijo S. S. que todos los partidos han comprendido de un mismo modo que las leyes especiales que han de regir á las provincias ultramarinas, deben ser Reales decretos, y añadió:

«Y esto es un hecho muy importante que revela que es una opinión unánime en nuestro país, una opinión arraigada en nuestros corazones, que es nuestro modo de ver, salvas las excepciones de algunas personas que como el Sr. Arango, con muy justos títulos por cierto, tienen otras aspiraciones y otros vínculos que los ligan, y que no nos ligan á nosotros.»

Es decir que así piensan todos en España, menos los que, como el Sr. Arango tienen y deben tener otras aspiraciones y están ligados con otros vínculos que no nos ligan á nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Los ministros solamente, ó todos los españoles peninsulares? Y cuáles son esos vínculos que ligan con justo título al Sr. Arango y á algunas personas, y que no ligan, á los ministros ni á los españoles peninsulares? ¿Son algunas personas ligadas como el Sr. Arango, ¿son acaso los españoles americanos? Y tratándose de una cuestión política, si los españoles americanos tienen aspiraciones con justo título, tienen derecho á ver realizadas esas aspiraciones, y teniendo derecho ó justo título para ello, el Gobierno está en el deber de acatar aquel derecho. ¿O es que el señor ministro cree que el Gobierno tiene derecho para negar lo que se reclama con justo título? Todo cabe en la lógica de S. S., ¿ó es que puede haber vínculos que no liguen lógicamente á todos los españoles de la Península y de las Antillas españolas? ¿Son todos igualmente españoles ó hay alguna diferencia? Sobre esto tenemos nuestras dudas, fundadas en que algún amigo y compañero del señor ministro de Ultramar cree que los españoles naturales de las Antillas españolas no son españoles. ¿Piensa lo mismo S. S.? Bueno fuera que se explicara más claramente sobre este punto; porque esa explicación, en el sentido de la opinión de el amigo aludido, bastaría para explicarlo todo.

Tomamos de La Iberia del 16 de Marzo esta importante protesta de la prensa á que se ha adherido la REVISTA HISPANO-AMERICANA.

MANIFESTACION DE LA PRENSA CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE IMPRENTA.

El proyecto de ley de imprenta presentado á los Cuerpos colegisladores por el actual ministerio, es la anulación completa de un derecho conquistado por la civilización, aceptado por todos los partidos políticos y escrito en todas las Constituciones desde que en España se inició como medio de gobierno el sistema representativo.

Los escritores públicos, sujetos casi siempre á leyes restrictivas, han podido hasta ahora, arrostrando toda