Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-12 00:00:00), página 10

mar, yo no puedo decir á S. S. sino que han venido en las Cortes Constituyentes y en las de 1863 y 1864, en las que se nombró una comisión de Senadores y Diputados, cuyo dictamen había de discutirse luego.

En cuanto á nuestro argumento Aquiles, le tenemos por invulnerable, no creemos que tiene talón; el que es muy vulnerable es el de S. S.; porque si las Cortes de 1837 hubieran querido decir que las leyes de Ultramar habían de hacerse de un modo especial, así lo hubieran dicho.

El Sr. Ministro de ULTRAMAR: Dice S. S. que si no se han de discutir las cuentas ¿para qué vienen? Yo le diré á S. S. que vienen para lo que vienen las de la Península, que tampoco se discuten.

Respecto á las Cortes Constituyentes y á las de 1863, éso le prueba á S. S. que nunca han venido aquí esos presupuestos en épocas normales.

El Sr. FABÍE: El Sr. Mayo ha dicho que estas cuestiones nacen de la indicación hecha intencionalmente en la comisión de presupuestos por un Diputado de la oposición. Yo diré á S. S. que no hice esa indicación con ánimo de ponerme enfrente del Gobierno; sino porque creo que con ella haría un bien á mi país. Tal como la hice lo sostengo, y si los que la aceptaron no hacen lo mismo, esa no es cuestión mía.

El Sr. MAYO: Repito que la comisión lo que ha querido decir ha sido que se hiciera en este país lo que en otros que tienen importantes colonias.

Puesta á votación la proposición, y habiéndose pedido que fuera nominal, se verificó así, resultando desechada por 158 votos contra 97.

Discursos pronunciados por D. Augusto Ulloa, en el Congreso de los Diputados, en la sesión del día 26 de Mayo de 1865.

Senores diputados: si pudiera escoger el momento de dirigir la palabra al Congreso, no se la dirigiría seguramente en este, en que acaba de tener lugar un ardiente debate político con una votación empate; pero la necesidad me obliga á ello, y he de cumplir con mi deber, por más que la Cámara no esté en las mejores condiciones para darme.

No voy á pronunciar un discurso de oposición; voy á presentar algunas ligeras observaciones sobre uno de los puntos más importantes de que puede ocuparse el Congreso español, para ver si puedo recabar del digno y ilustrado señor ministro de Ultramar todas aquellas explicaciones que en su prudencia pueda y quiera darme, y que en el estado actual de las cosas juzgo indispensables.

Desde el principio de la legislatura me había propuesto preguntar al gobierno de S. M. cuál era su pensamiento respecto del gobierno y administración de las provincias ultramarinas. Asuntos de interés más ardiente, aunque no tan graves, por un lado, y la justa deferencia que tenía que observar con los señores ministros para que se estudiaran las soluciones que en mi concepto entrara esa administración, han sido causa de que no pude cumplir mi propósito hasta este momento. Hoy, sin embargo, en vez de provocar un debate especial que interrumpiese nuestras tareas de presupuestos, he aprovechado la circunstancia de discutirse el de la administración central del departamento del ramo para realizar mi pensamiento; y creo firmemente que si el señor ministro de Ultramar puede dar sobre los puntos de que voy á tratar explicaciones satisfactorias, el tiempo que ocupemos en ella no será estéril para los intereses públicos.

Décia días pasados el señor ministro de Hacienda, contestando á un discurso de mi amigo el señor Model, que la cuestión de Ultramar, mas que de esencia, era una cuestión de forma.

Si por esto entiende su señoría que el orden idóneo aconseja, antes de realizar una cosa, convenir en la manera de realizarla, estoy completamente de acuerdo con el señor ministro de Hacienda; pero si aquellas palabras envolvían la idea de que la cuestión de Ultramar se resolvería en tal ó cual sentido, según la forma que á la solución se dé, creo que su señoría estaba equivocado. Mi opinión es, que en el estado actual de las cosas, sea la Corona sola, sea la Corona con las Cortes, las llamadas á resolver las cuestiones de Ultramar, no puede hacerse esto sino en un sentido liberal, en un sentido de reforma, de verdadero progreso. Y no es esto decir, señores, que yo no dé gran importancia á la cuestión de forma, que lleva envuelta en el estado mismos que las prerrogativas del Parlamento, sino que, á decir verdad, no comprendo que esa cuestión exista, porque no he visto hasta ahora á nadie que sostenga con visos de fundamento que las Cortes no tienen un derecho perfecto, claro y terminante de ocuparse de los asuntos de Ultramar.

He hablado aquí, señores, una equivocación: se han confundido dos cosas distintas, el hecho y el derecho. Que el poder ejecutivo ha venido legislando sobre todos los ramos de la administración ultramarina desde 1857; que esto se ha hecho por los ministros de todos los partidos y con el asentimiento tácito de los legisladores, es un hecho innegable; pero de ese hecho no se puede deducir ningún derecho, y mucho menos un derecho contrario á la Constitución del Estado y á la organización de los poderes públicos en España.

El decreto de las Cortes de 19 de Abril de 1837, en virtud del cual no fueron admitidos en el Congreso los diputados de Ultramar; el artículo de la Constitución política de aquel año, repetido textualmente en las de 1845, en que se declaraba que las provincias de Ultramar se regirían por leyes especiales; los discursos que los diputados constituyentes pronunciaron con este motivo, y que pueden considerarse como comentarios á aquellas disposiciones, en nada afectan al derecho inquecuestionable de las Cortes. Aquellas disposiciones y comentarios no significan más que dos cosas: primera, que las leyes hechas para la Península no eran aplicables al territorio ultramarino; segunda, que las garantías y los derechos políticos que se consignaban en favor de españoles peninsulares, no eran aplicables á los españoles americanos en el modo y forma que establecía la Constitución del Estado.

Contra este derecho, señores, no conocíamos más que la existencia del hecho, y el hecho es que la Corona seguía legislando en materias de Ultramar, después de establecido el régimen representativo, de igual manera que lo hacía antes cuando resumía en el todos los poderes públicos. Ese hecho que parece anómalo, se explica, en mi concepto, por dos causas, por dos causas que yo no expondré en este momento, pero sobre las cuales haré algunas ligeras indicaciones.

En la primera, señores, la anormalidad política en que vivimos por aquellos tiempos, las constantes mudanzas de los ministros, la preocupación casi exclusiva en que nos tuvieron los asuntos de la guerra civil y luego nuestras disensiones intestinas.

La segunda, y más fundamental á mi juicio, fué otro de los motivos, y motivo poderoso para que esas atribuciones de las Cortes careyeran de hecho en desuso. Nosotros, que apenas discutíamos los presupuestos de España, ¿cómo habíamos de discutir los presupuestos de Ultramar? Sin embargo, las necesidades de aquellos países eran apremiantes, y el gobierno que se encontraba con ellas, no pudiendo resolverlas de la manera regular y parlamentaria que en mi concepto exigía el texto de la Constitución, las cubría de la mejor manera posible, en tanto que el Parlamento, conociendo tal vez que la reforma no se hacía así, las provincias de Ultramar no hubieran dado ningún paso en el camino del progreso, callaban y consentían las invasiones del ministerio.

He dicho antes que había antipatía el principio de la especialidad absoluta de la legislación colonial; y en efecto, pugna este principio tan abiertamente con nuestra historia, con el carácter de nuestra raza en los asuntos coloniales, y en mi concepto también con los intereses de la metrópoli y de las provincias lejanas, que el gobierno de S. M., siguiendo la tradición histórica, ha sido mucho más fuerte, infinitamente más fuerte que