Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-12 00:00:00), página 26

volver la vista atrás sobre lo que ocurrió, sobre lo que se dijo. Aquel período paso, y por coincidencia rara ó no rara, lo cierto es que después de aquellos sucesos, y mucho más cuando en el año 20 se volvió á restablecer aquella medida, se perdieron la mayor parte de nuestras provincias ultramarinas. No examino causas ni las determino; sólo voy á consignar hechos ocurridos.

En el año 20 se promulgó de nuevo la Constitución de 1812, y como vino con todas sus consecuencias fueron llamados también los Diputados de Ultramar. Pasó aquel período de la manera que todos sabemos: se restablecieron las instituciones liberales en España á virtud del decreto de la Reina Gobernadora; una revolución derribó el Estatuto Real que entonces regía, y fuéron convocadas las Cortes de 1837. Es notable, señores (y no debemos perder de vista), que aquellas Cortes pertenecían exclusivamente á un partido avanzado, á un partido al que no se tachará de miras retrógradas y de intenciones de talespecie. Pues bien: habiéndose convocado por el Gobierno á los Diputados de las provincias de Ultramar antes de formar la Constitución, después de una detenida discusión y en uso de las facultades que les concedía la Constitución de 1812 que se había reproducido y mandado observar en 9 de Abril de 1837, dieron un decreto cuyas principales palabras voy á tener la honra de leer al Senado.

Dijeron las Cortes: «que no siendo posible aplicar la Constitución que se adoptase para la Península á las provincias de América y Asia, estas serían regidas y administradas por leyes especiales análogas á su respectiva civilización y circunstancias, y propias para hacer su felicidad; y que en su consecuencia no podrían tomar parte en la formación de aquella Constitución los Diputados por las expresadas provincias.»

Vea el Senado con cuanta prevision y sabiduría aquellas Cortes in limine de ejercer el alto poder que se les había conferido, dijeron á los Diputados de Ultramar: «hasta aquí, dentro del Congreso, no.» Y la razón la dice el mismo decreto: ni era posible que las posesiones de Ultramar se rigiesen por la Constitución que aquellas Cortes iban á hacer para la Península, ni era posible tampoco que la ley fundamental ni otra de otro género pudiera aplicarse al mismo tiempo que en la Península en aquellas regiones que se hallan en tan distintas circunstancias.

Indudablemente, señores, el decreto de aquellas Cortes no será nunca bastante elogiado; pues supone que los que las compusieron habían estudiado detenidamente la historia de las colonias dependientes de las naciones de Europa y comprendido los sucesos verificados en ellas. Resolvíose pues el gran problema; y es menester decirlo y reconocerlo; en mi sentir, por ese decreto hemos conservado nuestras posesiones de Ultramar; pues sin él, no sé lo que hubiera pasado. Si ha de juzgarse este hecho por lo que en otras naciones ha sucedido, por las consecuencias que en sus colonias se han experimentado, es menester reconocer, vuelvo á repetir, que nuestras posesiones ultramarinas se salvaron merced al decreto que he tenido la honra de leer.

Se acordó la Constitución política del Estado, y la determinación que ya envolvía este decreto se consignó como artículo adicional de él; para que se viera siempre que es menester no olvidar ni aún las formas que allí se emplearon; para que se viera que no era parte constitutiva de la ley fundamental del Estado; para que se viera que era una parte que dejaba á sus altos poderes la gobernación y legislación de las provincias ultramarinas. Por esta razón se estableció, repito, por un decreto adicional «que las provincias ultramarinas serían regidas por leyes especiales».

Así continuaron las cosas, hasta que en 1845 se reformó esa Constitución; pero se conservó precisamente la disposición que acabé de enunciar, y esta es la ley que hoy nos rige, esta es la disposición vigente.

¿Y qué se ha entendido por leyes especiales que han de regir en Ultramar? Señores: este es un punto en que tampoco ha habido diferencia en las ideas de los diversos partidos que siendo Gobierno han regido el país. Todos han comprendido de la misma manera el artículo constitucional; todos lo han ejecutado del mismo modo. Y esto es un hecho muy importante que revela que es una opinión unánime en nuestro país, una opinión arraigada en nuestros corazones, que es nuestro modo de ver, salvas las excepciones de algunas personas como el Sr. Arango, con muy justos títulos por cierto, tienen otras aspiraciones y otros vínculos que los ligan, y que no nos ligan á nosotros. Pero repito que todos los Gobiernos, desde el año de 1837 hasta ahora, han visto la cuestión de la misma manera; nadie ha dicho que por esas leyes especiales á que he hecho referencia se entendía una administración acordada por las Cortes con el Rey; que esas leyes debían seguir los mismos cambios, los mismos trámites, las propias circunstancias y solemnidades que se requieren para las leyes comunes del país. Siempre se ha legislado por Reales decretos con las restricciones y circunstancias que el mismo Gobierno se ha impuesto en beneficio de aquellas provincias. De modo que esto no puede ser, ó no ha sido objeto de duda.

Si el Sr. Arango hubiese limitado su proposición á decir que se excite al Gobierno para que regle las provincias ultramarinas en esta útra forma (porque al Gobierno, y solamente al Gobierno toca la iniciativa, siendo este un principio reconocido universalmente, como demostraré dentro de pocos momentos), en este caso, señores, el Gobierno hubiera contestado al Sr. Arango con hechos, no nuevos, sino de nuestros antecesores, y hechos practicados con el propósito tradicional que de algún tiempo á esta parte se viene observando para adoptar un buen régimen de gobierno en las provincias ultramarinas. Pero no es esto como dije en un principio, lo que el Sr. Arango quiere; lo que S. S. desea es que por ese medio indirecto se venga hoy por esta Cámara á quebrantar el principio constitucional, el decreto dado por las Cortes de 1857, los principios que todos los Gobiernos han reconocido en este país de sacar de este círculo ardiente de las pasiones políticas las leyes que han de regir en las provincias ultramarinas.

¿Y á dónde ha encontrado S. S. este principio, medio ya indicado el otro día, porque se dijo por un Sr. Senador que si se reconocía que habían de discutirse aquí las leyes relativas á Ultramar, era indispensable que vinieran sus diputados á discutirlas? Vuelvo á decir: ¿de dónde se ha sacado este principio?