Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-07-27 00:00:00), página 7

los Monarcas en sus extravíos, embargando á sus consejeros y no dejándole hacer cosas que sea á gran daño del reino, declarando expresamente que los que así no lo cumpliesen farían traición conocida (Ley 28, tit. 13, Partida 2.") Por más absolutos que sean de hecho los Monarcas, las leyes han tenido siempre bastante pudor para no consagrarse en su letra el despotismo. La arbitrariedad jamás ha sido consagrada de una manera más explícita y detallada, como en el famoso decreto de 1828.

Ni aun entonces fué justificado: aún entonces fué rechazado por los mismos Fiscales y Consejeros Reales: hoy que han cesado las causas que tuvo el Rey para expedirlo, no tiene razón de ser, su existencia es cuando menos un anacronismo.

Y decimos cuando menos, porque hasta pueden contestarse las facultades que tuviera D. Fernando VII para expedirlo. Ni por las leyes del Fuero Juzgo, ni por las de Partida, ni por ninguna otra antigua ni moderna de España, han sido jamás sus Monarcas absolutos, como hemos visto. Las leyes de Partida, que son á las que se acogen los partidarios de ese sistema, declaran expresamente que el Rey que usare mal de su poderío, es tirano y su señorío, aunque haya sido adquirido por derecho, se hace torticero (Ley 10, tit. 1.", Partida 2.") Y si lo que se hace torticero, ó á tuerlo, se hace sin derecho, es evidente que el Rey no tenía derecho para revestir á nadie de unas facultades absolutas que él mismo no tenía por nuestras leyes. Y si no las tenía D. Fernando VII para expedir aquel decreto, mucho menos pueden tenerlas para sostenerlo los Ministros de una Reina constitucional, cuyas atribuciones están indeclinablemente marcadas por la ley fundamental del Estado; la cual en su artículo 80 no le confiere ninguna á la Corona con respecto á las provincias ultramarinas, hablando sólo de leyes que ya antes ha declarado ella misma que son las que hacen las Cortes con el Rey. Hoy, la Corona, en el estado normal, no tiene facultades para expatriar á nadie, por simples recelos que le inspire la conducta privada de un individuo, y es un contrasentido insostenible que haya en España autoridades subalternas que tengan más poder y facultades que la misma Reina de España.

De consiguiente, esas facultades omnímodas son injustas, ilegales, y además han cesado las causas que las motivaron, y los Ministros constitucionales no pueden sostener una disposición contraria al espíritu y letra de todas las leyes fundamentales antiguas y modernas de la monarquía.

En este concepto, nosotros hubiéramos podido proponer desde luego su desaparición absoluta, y sin embargo no lo hemos hecho, porque no se piense que podemos aspirar á debilitar la acción del Gobierno en los supremos trances de apuro. Sabemos que en los países bien constituidos, en ningún caso es necesaria la dictadura; pero éste aún no es un principio reconocido en España, y nos hemos atemperado á sus hábitos y opiniones, proponiendo al mismo tiempo que en el estado normal cesen las facultades omnímodas de los Capitanes generales, que éstos puedan recobrables en los trances supremos, como los de invasión ó rebelión armada, que son en los que se dice que pueden ser necesarios. En el estado normal, que imperen las leyes: cuando peligre la legalidad, la integridad del territorio, que sea omnipotente la autoridad militar. Nos parece que no se puede exigir más, ni conceder méños, para que quede completamente justificado este artículo.

Art. 14. «Los Capitanes generales mandan las fuerzas de la guarnición de las Islas, las fortalezas y demás puramente militar, con sujeción á lo dispuesto en la presente ley.»

En este artículo no se hace innovación ninguna: creemos que no necesitamos justificarlo.

Art. 15. «El Gobierno dará cuenta á las Cortes de toda determinación que tome respecto á la Isla.» Después de todo lo que hemos expuesto al comentar la atribución 19." de los Consejos de Administración, nada tenemos que añadir con respecto á este particular.

Art. 16. «Los Capitanes generales quedan encargados del cumplimiento de esta ley y de hacer cumplir todas las demás leyes y disposiciones que con arreglo á ella se dictaren, por quien corresponda, expidiendo al efecto las órdenes oportunas, para lo cual los Consejos de Administración les comunicarán todas las disposiciones que tomen con arreglo á sus facultades.»

Este es el complemento de las atribuciones que, á nuestro juicio, deben marcar el carácter y la posición á que deben ser elevados los Capitanes generales en aquellas provincias. Nosotros los hemos concebido allí como los verdaderos representantes del poder ejecutivo. Descubiertas las Américas cuando los Reyes en la metrópoli ejercían de hecho un poder absoluto, los Vireyes y Capitanes generales representaban y era lógico que representaran allá ese poder absoluto, aunque legalmente no lo tenían según las leyes de Indias. Acá no había división de poderes; no podía haberla allá. El de los Capitanes generales entonces, podía quizá ser ilimitado, aunque de hecho como el de los Reyes, ó á lo menos, no podía tener más limitación que la que le impusieron los Soberanos de la metrópoli.

Hoy han variado las leyes. La Corona no es absoluta, y no pueden serlo sus delegados. Hoy la metrópoli tiene una Constitución política, y ya que las Colonias no puedan ser regidas por la misma, deben serlo por otra análoga y que se funde en los