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cia de las Córtes, ansiosos los ministros de poner término á los inútiles sacrificios de sangre y dinero que la guerra de Santo Domingo está costando á la nacion, tienen la honra, debidamente autorizados por S. M., de proponer el siguiente proyecto de ley:

Artículo 1.º Queda derogado el decreto de 19 de Mayo de 1861, por el cual se declaró reincorporado á la Monarquía el territorio de la República dominicana.

Art. 2.º Se autoriza al Gobierno para dictar las medidas necesarias á la mejor ejecucion de esta ley, dando en su tiempo cuenta á las Córtes.

Madrid 7 de Enero de 1865.—El duque de Valencia.—Antonio Benavides,—Lorenzo Arrazola.—Fernando Fernandez de Córdoba.—Manuel García Barzanallana.—Francisco Armero.—Luis Gonzalez Bravo.—Antonio Alcalá Galiano.—Manuel de Seijas Lozano.

El Gobierno mismo confiesa en las palabras que dejamos subrayadas, que para no disgustar á los dominicanos sería necesario establecer en aquella isla un régimen gubernativo muy desempejante del de las demás provincias ultramarinas. Algo más lejos debía llegar la perspicacia del Gobierno, pues ya era ocasion de que comprendiese que el régimen que disgustó en Santo Domingo, disgusta también hace largo tiempo en las otras dos Antillas. Es muy doloroso que el Gobierno en la cuestion dominicana no se haya penetrado de la verdad sino por medio de los tristes argumentos de la fuerza de la sangre. Y lo más doloroso es, que según los términos del preámbulo á que hemos aludido, no es de esperar que el Ministerio actual vea claro en la cuestion de las Antillas.

La minoría de la comision nombrada en el Senado para contestar al discurso de la corona, ha presentado un voto particular en que respecto de las Antillas, se dice lo siguiente:

«Tambien confia este cuerpo que el Gobierno de V. M. presentará los proyectos de ley que mejoren la condicion de las provincias de Ultramar.

El Senado cree necesarias estas leyes, pero serán ociosas si el Gobierno no las ejecuta y hace cumplir con el respeto que merecen todas.»

Este voto particular ha sido emitido por dos personajes importantes del partido de la Union liberal. Bien pudo esta haber realizado en el poder lo que estando en él prometió y ahora echa de
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menos en la oposicion. La Union liberal prometió, aunque no cumplió. El Gabinete actual lejos de prometer, sólo considera dignas á las Antillas del régimen que ha producido en Santo Domingo conflictos cuya solución no ha podido encontrarse sino en el á todas luces deplorable proyecto de ley de que hemos dado cuenta á nuestros lectores.

Ayer publicó la Gaceta los nombramientos de setenta nuevos senadores, que dejamos anunciados en otra parte.

Enero 9 de 1865.
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REVISTA

HISPANO-AMERICANA,

POLÍTICA, CIENTÍFICA Y LITERARIA.

Tomo primero.

MADRID.
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, CERVANTES, 12 PRINCIPAL.
1864.
Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1864-01-01 00:00:00), página 30

POLITICA ULTRAMARINA.

LEYES ESPECIALES Y ASIMILACION CON LA METRÓPOLI.

Los que se ocupan de la reforma liberal que exige la política ultramarina, opinan unos porque dicha reforma se efectúe dotando á aquellas provincias de una legislacion especial, y otros, por el contrario, sostienen la conveniencia de su asimilacion á la Metrópoli; es decir, quieren que una misma constitucion y unas mismas leyes rijan en toda la Monarquía.

Por mi parte creo que convienen ambas cosas, la legislacion especial y la asimilacion; pero como esta opinion pudiera parecer á algunos que envolvía una contradiccion, me parece opportuno exponer sus fundamentos, y de este modo, examinar al mismo tiempo las ventajas e inconvenientes de los dos sistemas opuestos.

Pero antes de entrar en materia, séame lícito indicar que, como español y peninsular, me inclino naturalmente en favor de aquella política, que dejando desembarazada la accion de las provincias ultramarinas para su progresivo desarrollo, las mantenga, sin embargo, sólidamente unidas á la madre patria, no con los vínculos de la fuerza y la opresion, sino con los lazos de un interés reciproco, de la enérgica atraccion que nace entre dos pueblos por la comunidad de origen, de idioma, de religion, de costumbres, de historia y de aspiraciones para el porvenir. No extrañen por consiguiente los
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A NUESTROS SUSCRITORES.

Desde el presente mes de Enero tiene una parte en la propiedad de la Revista Hispano-Americana nuestro amigo el Sr. D. Félix de Bona, invitado para asociarse con ellos por los primitivos propietarios de nuestro periódico. Por acuerdo de la Redaccion ha pasado el Sr. Bona desde este número á compartir los trabajos de la direccion con el Sr. D. Antonio Angulo y Heredia, fundador de esta Revista. El Sr. Bona ha aceptado desde luego gustoso aquella invitacion y este acuerdo, porque una y otro lo ponen en mejores condiciones para seguir defendiendo en la prensa con la energetica e infatigable constancia que tiene acreditada, los derechos e intereses de las Antillas espanolas.

Nuestra Redaccion continua siendo la misma y en nada se alteraran por la modificacion ya indicada los propósitos de la Revista Hispano-Americana, ampliamente patentizados en las tres entregas que lleva publicadas. No necesitamos, pues, de nuevo programa ni nueva profesion de fe, pues continuaremos sosteniendo siempre nuestros principios radicalmente liberales, á cuya luz trataremos todas las cuestiones que se relacionen con la situacion actual de España y sus Antillas, y defenderemos los intereses y derechos de estas ultimas, objeto primordial de nuestra publicacion.

Sólo debemos advertir á nuestros lectores que nos proponemos ir introduciendo mejoras en nuestra Revista á medida que lo permita la suscripcion. Esperamos el apoyo de nuestros amigos de Cuba y Puerto-Rico, confiando en que pronto podrá ser quincenal nuestra publicacion, para que de este modo pueda ejercer más
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influjo en la opinión nuestra propaganda y queden satisfechos los naturales descos de los suscritores de Ultramar, que así recibirán una entrega de la Revista por cada correo de la madre patria. Bien sabemos que si una Revista quincenal puede llenar las justas exigencias de nuestros hermanos de América, no basta para sostener debidamente su causa en la Metrópoli, donde es indispensable la continua reclamación y la eterna protesta de un periódico diario para influir eficazmente sobre la opinión pública y llegar á conquistar del Gobierno y de los altos poderes del Estado reformas tan justas como necesarias. De nuestros amigos cubanos y puertorriqueños depende principalmente que podamos algún día completar en la práctica el pensamiento de nuestra Revista, estableciendo en Madrid un diario político destinado ante todo á circular en la Metrópoli y á remover poderosamente la opinión respecto á las necesidades y derechos de las provincias ultramarinas. A esta noble causa hemos consagrado todas nuestras fuerzas, y si hemos acudido á lo más urgente fundando una Revista que será pronto quincenal, esperamos que no faltarán allende el Atlántico buenos patriotas que nos ayuden á establecer en esta corte, de la manera más conveniente á nuestro patriótico objeto, un periódico diario que sea el más poderoso auxiliar y el mejor complemento posible de nuestra Revista.

Sabemos que muchos de nuestros hermanos de América se hallan muy desalentados y nada esperan de los gobiernos de la Metrópoli en favor de las Antillas. No les pedimos que esperen del Gobierno, sino que confíen, como lo hacemos nosotros, en que sus pueblicos esfuerzos, enérgicos y constantes, unidos á los nuestros, serán bastante poderosos para obligar al Gobierno con la fuerza incontenible de la opinión pública á hacernos plena justicia. La historia de O'Connell y de Cobden nos demuestran que los esfuerzos perseverantes y bien dirigidos en pró de una justa causa, acaban siempre por triunfar de todas las resistencias, arrancando á los gobiernos por las vías legales reformas y mejoras que no se hubieran obtenido por convulsiones revolucionarias. La liga inglesa en un solo año publicó más de 9 millones de opúsculos y folletos en defensa de su causa, cuyo triunfo consiguió después de años de continuo trabajo en que se gastaron millones de pesos.—La verdad es, y la dirémos aunque sea una verdad amarga, que hasta ahora los cubanos y puertorriqueños han trabajado muy poco en la Metrópoli para obtener la realización de sus justas aspiraciones. No han faltado algunos, es cierto, que hayan demostrado estar dispuestos á todo género de sacrificios; pero por regla general, el desaliento ha servido de pretexto para continuar en lamentable
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inercia y apático silencio. Es preciso reunirse, clamar y moverse, pues cuando un pueblo ansía conquistar derechos y garantías, no bastan los esfuerzos aislados de unos pocos, sino que es indispensable la cooperación universal de todos los que se sienten heridos por la injusticia y quieren de veras curar radicalmente sus heridas con el bálsamo regenerador de la libertad y del derecho.

LA REDACCION.

Por todo lo no firmado, El Secretario de la Redacción,
JULIO L. VIZCARRONDO.

El Director y Editor responsable,
ANTONIO ANGULO HEREDIA.
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ÍNDICE

DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN EL TOMO 1.

NOVIEMBRE.—DICIEMBRE, 1864.—ENERO, 1865.

ENTREGA 1.ª—10 de Noviembre de 1864.

Pág.
Introduccion, por la Redaccion..................................................... 5
Reforma politica en las Antillas: art. 1.º, por C. B. (Calisto Bernal). .... 12
Nuestra reclamacion más urgente, por A. Angulo Heredia................. 18
Consideraciones sobre la cuestion de Cuba, por un Propietario cubano... 22
Politica ultramarina: leyes especiales y asimilacion, por Felix de Bona.. 30
Willian Ellery Channing, su vida y sus obras: art. 1.º, por A. Angulo Heredia................................................................. 38
Lágrimas sobre el cadáver de Domingo Delmonte. Poesía, por C. de Arozarena................................................................. 49
Tipos y costumbres de Puerto Rico, por J. L. V................................ 51
Crónica literaria, por A. A. H..................................................... 61
Crónica politica exterior, por A. A. H.......................................... 73
Crónica politica interior, por C. de A........................................... 80
La opinion pública y las reformas en las Antillas, por Agüeinaba........ 88
Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1864-01-01 00:00:00), página 305

ADVERTENCIA.

El primer tomo de la Revista Hispano-americana que aquí concluye sólo, consta de unas 320 páginas á causa de haber comenzado con la entrega 4.* la publicacion quincenal de nuestro periódico y en una forma distinta mejor adecuada al cumplimiento de la principal mision que nos hemos impuesto.

ERRATAS IMPORTANTES.

    Pág.
    Línea
    Nice.
    Leáse.

    81
    16
    ni en el arrepentimiento,
    ni el arrepentimiento,

    81
    26
    principios y causas simpáticas
    principios y causas simpáticos

    82
    24
    y en las antecaslas
    en las antecaslas

    86
    19 y 20
    del partido
    del partido
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partidarios de las leyes especiales, completamente autonómicas, que yo no desee para Cuba, Puerto Rico y las demás provincias ultramarinas esa autonomía absoluta á que han llegado algunas de las colonias inglesas: soy, repito, peninsular, y no puedo desear la pérdida ó separación de provincias españolas: como un buen hermano no puede tampoco contrariar los sentimientos de familia hasta el punto de querer que sus hermanos se alejen de él y lleguen á considerarle como un extraño.

Hecha esta salvedad, para resolver si conviene más la política de leyes especiales que la de asimilacion, sería necesario resolver antes otra prévia, la de saber el sistema de gobierno que una y otra solucion estableciera. Legislacion especial puede llamarse y muchos la llaman así, la que rige hoy en aquellas provincias, y sin embargo, es una malisima forma de gobierno. Asimilacion habia en todos los llamados dominios de Indias cuando España estaba regida por el gobierno absoluto, y aquella asimilacion, léjos de favorecer la union con la madre patria, dió por resultado la separacion prematura, violenta y á mano armada, de todas las extensas provincias españolas del continente americano.

Bajo este punto de vista la especialidad ó la asimilacion no pueden dar lugar á dudas desde el momento en que cualquiera de ellas represente un régimen liberal y la otra un régimen opresor.

Descartemos, pues, este aspecto de la cuestion, y suponiendo que la asimilacion, lo mismo que la especialidad, se trate de constituir sobre bases ampliamente liberales, veamos si hay uno de ambos sistemas que sea preferible al otro.

El modelo más perfecto de legislacion especial es el del Canadá, próximo á constituirse como estado independiente á impulsos del mismo gobierno inglés que parece empujar de propósito aquella colonia á su más completa autonomía. El Canadá tiene por su constitucion una legislatura de eleccion popular, la cual discute y vota sus presupuestos de ingresos y gastos y ejerce allí las mismas funciones que la Cámara de los Comunes en Inglaterra, y un Consejo ó Cámara alta cuyos miembros son de nombramiento real.
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Estos Consejeros son vitalicios. El gobernador de las provincias unidas del alto y bajo Canadá es un verdadero Virey, tambien de nombramiento real, y el cual á su vez nombra los ministros que deben ser miembros de una y otra Cámara y la mitad del alto y la otra mitad del bajo Canadá. Los ministros son responsables como en las monarquías constitucionales, y se sostienen ó caen del poder segun tienen ó no mayoría en la Asamblea legislativa.

La base del gobierno municipal y provincial, ó sea de los Condados, es en ambas Canadás la parroquia. Los canadienses tienen libertad de imprenta, garantia del Habeas corpus, juicio por jurados en materia criminal, y todas las demás ventajas que son peculiares al gobierno inglés.

Las leyes hechas por la legislatura colonial, pueden ser revocadas por el Parlamento inglés dentro de los dos años primeros después de ser decretadas; pero pasados estos dos años quedan ya reconocidas como leyes permanentes e irrevocables, salvo la voluntad del mismo Parlamento canadiense.

En resumen, al Canadá sólo le falta que se le dé un monarca ó bien que se le permita elegir por sí mismo el gobernador para constituirse en Estado independiente.

Cuando la guerra de Crimea, el gobierno inglés pidió auxilio al Canadá y este se negó á conceder el número de hombres que se le pedían. Despues al empezar la guerra civil de los Estados Unidos, el Canadá pidió á su vez refuerzos militares á Inglaterra y el gobierno inglés se resistió á darlos, alegando los diarios de la Gran Bretaña que el Canadá era un pueblo libre y que debía proveer á su propia defensa.

De este modo de una y otra parte parece que hay empeño en la completa emancipacion del Canadá, la cual últimamente se ha indicado como una cosa corriente por el gobierno inglés. Tal es el modelo perfecto de la legislacion especial; pero si en seguida buscamos un modelo igualmente perfecto de la politica de asimilacion, con asombro nuestro encontrarémos que como modelo de asimilacion no podemos presentar otro mejor que el mismo Canadá,
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puesto que su legislacion especial es una copia de la inglesa y emana de la constitucion fundamental de Inglaterra.

En esta nacion la descentralizacion no sólo consiente que las diferentes provincias ó reinos que componen el imperio de la Gran Bretaña se rijan por leyes diferentes, sino que hasta en la organización de los condados, de los municipios y de las parroquias falta esa unidad que en las naciones de raza latina se ha considerado como la suma perfeccion del arte de gobernar. En la Gran Bretaña no sólo Irlanda y Escocia tienen instituciones diferentes de las de la Inglaterra propiamente dicha, sino que en el Principado de Gales existen leyes especiales. La municipalidad de Londres se diferencia en muchos puntos de una gran parte de las demás municipalidades y aun en las parroquias se observan costumbres y se obedece á leyes que no rigen en las demás.

La constitucion inglesa, así como la de sus instituciones locales, políticas, administrativas, económicas y judiciales, se compone de un conjunto de leyes, de prácticas y de tradiciones que varian mucho en cada localidad.

Existe sin embargo, la unidad politica representada en un monarca y un Parlamento comunes: existe tambien el reconocimiento de los derechos principales de los ciudadanos, tales como la libertad religiosa, la de imprenta, el derecho de reunion, el de peticion, el de ser juzgado por jueces naturales, el de votarse los impuestos y otros que son realmente comunes á todos los súbditos de la Gran Bretaña, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento y residencia.

En este concepto, el Canadá está completamente asimilado á su Metrópoli: es un pueblo constituido enteramente á la inglesa, es decir, con sus costumbres y leyes peculiares y propias.

Pero á la asimilacion del Canadá le falta una medida importante, le falta el derecho de enviar representantes al Parlamento de la Gran Bretaña, poder que unido al monarca es soberano y en el cual el Canadá carece de una representacion propia.

Fuera de las colonias inglesas, no conocemos ninguna provincia
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ultramarina que tenga una asimilacion tal con la Metrópoli que en realidad pueda considerársela como parte integrante y libre de su respectiva nacion.

Hecha esta exposicion de hechos, se ve que, dentro de las condiciones que necesita un pueblo para ser libre, si la Metrópoli reune esas condiciones y las reune tambien la colonia, resultan necesariamente especialidad y asimilacion, porque la descentralización administrativa, es una condicion indispensable para que haya verdadera libertad, y esa descentralización trae necesariamente y por consecuencia la autonomía provincial, municipal y parroquial, en todo lo relativo á la gestion de los intereses públicos de la provincia, del municipio y de la parroquia.

Y hé aquí explicada bien fácilmente la razon por la cual somos á la vez partidarios de la especialidad y la asimilacion. Nosotros queremos en las Antillas una legislacion especial parecida á la del Canadá que acabamos de bosquejar; pero reforzada con ciertos lazos que liguen á aquellas provincias con la Metrópoli. No nos parece justo ni conveniente que en la Península hagamos los gastos de administracion central, los de guerra y marina y el sacrificio de hombres necesario para garantir el orden y la paz en aquellas provincias, ni tampoco que sobre ellas recaiga la pesadumbre de esos gravámenes sin su expreso consentimiento. Para esto es preciso que á las Cortes de la Metrópoli vengan diputados ultramarinos, puesto que en ellas se discuten y votan los presupuestos generales, puesto que en ellas se discute y vota asimismo sobre la política internacional, se fijan las fuerzas de mar y tierra, se acuerdan los empréstitos y se adoptan muchas medidas de interés realmente general, á que todos debemos contribuir, que á todos nos interesan, y en las que todos debemos tener la correspondiente intervencion.

La asimilacion que nosotros deseamos, no significa que deba llevarse á las Antillas nuestro vicioso régimen municipal, con Alcaldes nombrados de Real órden, subordinados al poder ejecutivo para la rendicion de cuentas, para la administracion misma de los
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intereses municipales cuando tratan de realizar ciertas medidas puramente locales: nosotros no queremos para las Antillas esa intervencion funesta del poder ejecutivo por la cual tiene conferido el derecho de conceder ó negar hasta el permiso para la construccion de una fuente ú otra obra por el estilo que le pida una municipalidad de aldea. Nosotros no queremos tampoco llevar allí como ya se ha hecho, una legislacion igual y tan restrictiva como la peninsular, en punto á Bancos y Compañías mercantiles, en punto á enseñanza, en punto á la construccion y explotacion de los ferro-carriles y otras obras públicas, en punto á roturacion de tierras y en punto á otros muchos ramos que aquí pesan todos sobre el poder ejecutivo, quien los desempeña mal y ocasionando gastos muy superiores á los recursos con que pueden contar los pueblos.

Tampoco queremos una legislacion especial que constituya las provincias ultramarinas como si estuvieran declaradas en estado de sitio permanente: no queremos tampoco que sea allí un delito lo que en la Península es un deber cívico ó político. Porque es el mayor de los abusos que á un empleado público, á quien se obliga en la Península á prestar juramento de guardar y hacer guardar la constitucion política de la monarquía, cuando pase con un ascenso á cualquiera de las provincias ultramarinas, se le exija su cooperacion y apoyo para sostener un régimen diametralmente opuesto al sistema constitucional que en la Península ha jurado defender.

Es tambien absurdo y contrario al sentido comun, que un ciudadano revestido en la Metrópoli de un gran número de derechos civiles y políticos, en el mero hecho de pasar el mar pierda todos esos derechos, quedando en la condicion rebajada y humillante del vasallo de un monarca absoluto.

Y no menos chocante y peligroso es que los ministros de un monarca constitucional, responsables por sus actos ante las Cortes, ejerzan un poder omnímodo, discrecional y absoluto en provincias de la misma monarquía, porque esto equivale á la coexistencia de dos Estados uno dentro del otro.

En Inglaterra se comprendería esta diferencia porque allí, aún