Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-27 00:00:00), página 31

tos tiempos. Proclamemos la autonomía colonial, á que hoy hemos sido conducidos examinando una cuestión parcial; y á donde seremos conducidos siempre que estudie mos las cosas de allende los mares: tan mal viven y tan estrechamente identificadas todas las cuestiones están.

Yo bien sé, y no son pocos los que lo dicen, que estas opiniones son hijas de una general y decisiva, que pone al que esto escribe completamente dentro de la escuela liberal. Es innegable: mas por lo mismo y pues que tambien se dice que la libertad es uno de los fundamentos de la actual sociedad española, pido y reclamo que se hagan valer sus rayos allende el Océano. Si nuestros padres no hubieran derramado tanta sangre, que no quiero comparar ahora con la de los conquistadores de América, si nuestros hermanos no hubiesen sufrido tantos dolores para tronchar la planta maldita del absolutismo en nuestra patria, quizá enaudeceríamos. Pero no: ellos han combatido y sufrido y nosotros triunfado; y así en nuestro derecho estamos, en nuestro derecho sacratísimo e incontrastable para pedir que se arranque y arrancar con nuestras propias manos las raíces que aún puedan ocultar en nuestra tierra la opresión y la intolerancia que á España han castigado. Somos lógicos y pedimos lo que nos pertenece. ¡Qué callen los absolutistas! Si es el derecho, lo tenemos. Si es la fuerza, hemos triunfado. Vae victis! ¡Que callen los reaccionarios!

Y ahora bien: ¿lo conseguiremos? Lo que tanto hemos acariciado, lo que hemos visto tanto aquí en el cielo de nuestra imaginación, al fin llegará á ser una realidad?—Quizá amedrenté á algunos la nube que hoy empaña el horizonte de la política española. Quizá entristezcan las denegaciones ministeriales que sobre los asuntos de las colonias últimamente se han escuchado con asombro en el Palacio del Senado. Confiamos sin embargo: detrás de todo esto está la libertad. Vendrá si irresistiblemente vendrá; y hasta ese día no hemos de desistir, cansagrándola en tanto los latidos de nuestro corazón. Esperemos. ¡Galatea se animaba á los besos de Pigmalión!

RAFAEL M. DE LABRA.

MAS SOBRE EL ULTIMO DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE ULTRAMAR.

I.

El discurso del señor ministro de Ultramar en el Senado contra la proposición del Sr. D. Andrés Arango, que ya conocen nuestros lectores, contiene errores tan abultados y apreciaciones tan contrarias al espíritu y letra de la ley fundamental de la monarquía, que aún á riesgo de incurrir en alguna repetición no podemos dejar de volver á él, sin embargo de cuanto hemos dicho anteriormente para refutarlo.

El ministro se fundó en el decreto de las Cortes de 1837 para negar toda reforma política en las Antillas y justificar el absolutismo ministerial que allí impera. El decreto de aquellas Cortes lo conocen también nuestros lectores; pero es preciso recordarlo.

Dijeron las Cortes: que no siendo posible aplicar la Constitución que se adoptase para la Península á las provincias de América y Asia, estas serían regidas y administradas por leyes especiales análogas á su respectiva civilización y circunstancias, y propias para hacer su felicidad; y que en su consecuencia no podrían tomar parte en la formación de aquella Constitución los diputados por las expresadas provincias.

¿Qué ha deducido de aquí el señor ministro? Que para Ultramar se ha de legislar por medio de Reales decretos, con solo las restricciones y circunstancias que se imponga el mismo Gobierno.

La consecuencia es contraria á la premisa en su espíritu y su letra. El decreto de las Cortes dice que lo que no es posible aplicar á las provincias de América y Asia es la Constitución que se adopte para la Península, y que por tanto aquellas serán regidas por leyes especiales, es decir, por una Constitución especial; porque claro es que, no estando constituidas como las de la Península, deben ser constituidas de otra manera; y así es que lo único que se previno en ese decreto para su ejecución fué que, en consecuencia de aquella determinación, los diputados por las expresadas provincias no podían tomar parte en la formación de aquella Constitución (la de la Península). De suerte, que los diputados de las provincias ultramarinas no fueron excluidos sino de tomar parte en la formación de la Constitución de la Península que no había de regir á aquellas; pero de ninguna manera fueron excluidas de tomar parte en la formación de las leyes especiales y demás que hubieran de regirlas. Así es, que las provincias ultramarinas podían tachar de nulidad todas las leyes que se les han impuesto desde 1837 acá, sin la intervención de sus representantes, como dadas contra el precepto de la Constitución del Estado.

Esto es tan cierto, que el mismo ministro de Ultramar no se ha atrevido, y es bien seguro que no se atreverá á decir, que legislar por medio de Reales decretos para Ultramar, es una prevención de la Constitución, ni de ley, ni disposición de ninguna clase. Lo único que ha podido decir el señor ministro es que todos los Gobiernos desde 1837 hasta ahora han visto la cuestión de la misma manera; que nadie ha dicho que aquellas leyes especiales debían ser acordadas por las Cortes con el rey, y que siempre se ha legislado por medio de Reales decretos para aquellas provincias.

¿Se comprende ahora toda la inanidad del raciocinio del señor ministro? El legislar por medio de decretos para Ultramar, no es precepto constitucional ni legal; no es sino el hecho de que así han visto la cuestión los Gobiernos desde 1837 acá; no es sino que nadie ha dicho que debiera legislarse en otro modo, no es sino que siempre se ha legislado de esa manera. Y qué, señor ministro jurisconsulto, ¿el hecho es el derecho? ¿El abuso, la infracción de la ley fundamental se justifica porque haya durado 27 años, teniendo amordazados los labios de los que pudieran reclamar? Si todos los gobiernos han mirado así la cuestión, la han mirado mal: si siempre se ha legislado para aquellas provincias por medio de decretos, se ha legislado contra el precepto constitucional; y si nadie ha dicho que las leyes especiales para Ultramar debían ser acordadas por las Cortes con el rey, es porque no era necesario decirlo, estando dicho y prevenido por la Constitución