Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-04-27 00:00:00), página 37

auxiliarán á los tribunales en la averiguación de los hechos, y se pondrá en claro tal y como es lo que allí ha sucedido.

Pero veamos, señores, qué medidas tomó el Gobierno para evitar la reproducción de los sucesos que tuvieron lugar en el día 8 de Abril, porque de aquí aparecerá más clara la responsabilidad que pesa sobre el Gobierno; pues si en lugar de adoptar todas aquellas precauciones que tenía el deber de tomar ha faltado á esta obligación, vendrémos á parar que no hubiera podido obrar de otra manera el que hubiera tenido el propósito de crear el conflicto; y como esto es materia de grave responsabilidad para el Gobierno, debo detenerme en exponer al Senado lo que debió hacerse, obrando con arreglo á lo que nuestra legislación dispone, pues hasta va marcando paso á paso lo que debe hacerse.

Voy á examinar nuestra legislación, tanto antigua como moderna, en lo que se refiere á hechos de esta naturaleza, para hacer ver que á todas estas disposiciones ha faltado el Gobierno; y principiaré por la pragmática de Carlos III, que he citado antes, y que se dió después del motín de Esquilache, y ruego el Senado fije su consideración en las reglas de justicia que brillan en ella, y que al compararlas con lo que ha ocurrido, no podrémos decir cuánto hemos adelantado, sino cuánto hemos retrocedido de do el tiempo de Carlos III. Por no molestar al Senado, no leeré más que la parte dispositiva, y principiaré por donde dice: «Declaro que el conocimiento de estas causas toca privadamente á los que ejercen jurisdicción ordinaria; inhíbo á otros cualesquiera jueces, sin excepción de alguno por privilegiado que sea; prohibo que puedan formar competencia en su razon, y quiero que presten todo su auxilio á las justicias ordinarias.»

Es decir, señores senadores, que en aquel tiempo, en un reino absoluto, en casos de tumulto y asonadas, en vez de arrancar á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de esas causas, y de nombrar seis fiscales como parece que aquí se ha hecho, se declaraba esa jurisdicción como la única que puede conocer de esos delitos, sucediendo hoy por el contrario, que con sólo que se hayan dirigido unos sibilidos ó haya habido una expresión más ó menos respetuosa, los ciudadanos han de ser juzgados por los tribunales militares; de manera que la garantía individual se respetaba más que hoy, lo cual no es seguramente culpa de las instituciones. Y sigue la pragmática: «Por cuanto la defensa de la tranquilidad pública es un interés y obligación natural común á todos mis vasallos, declaro asimismo que en tales circunstancias no puede valer fuero ni exención alguna, aunque sea la más privilegiada, y prohibo á todos indistintamente puedan alegarla; y aunque se proponga, mando á los jueces que no la admitan, y que procedan no obstante á la pacificación del bullicio y justa punición de los reos, de cualquier calidad y preeminencia que sean.»

Así hablaba Carlos III después de un motín más grave que lo que aquí ha tenido lugar, y no sacaba las cosas de su quicio. Dice después: «7. Luego que se adviertes bullicio ó resistencia popular de muchos á los magistrados para faltarles á la obediencia ó impedir la ejecución de las órdenes ó providencias generales de que son legítimos y necesarios ejecutores, el que presida la jurisdicción ordinaria, ó el que haga sus veces, hará publicar bando para que incontinenti se separen las gentes que hagan el bullicio, apercibiéndolas que serán castigadas con las penas establecidas por las leyes, las cuales se ejecutarán en sus personas y bienes irremisiblemente, en caso de no cumplir desde luego con lo que se les manda; declarando que serán tratados como reos y autores de bullicio todos los que se encuentren reunidos en número de diez personas.»

De manera que, según esta pragmática, se ha de publicar un bando mandando disolver los grupos, cosa que no se ha hecho en la ocasión presente. Y sigue después: «11. Las gentes de guerra se retirarán á sus respectivos cuarteles y pondrán sobre las armas, para mantener su respeto y prestar el auxilio que pidiere la justicia ordinaria al oficial que las tuviere á su mando.» De esta manera se respetaban las leyes en aquel reinado, robusteciendo la autoridad pública, no atropellando á los ciudadanos pacíficos é ínermes, y poniendo la fuerza armada á disposición de la justicia ordinaria. Hoy viene diciendo la pragmática:

«Todos los bulliciosos que obedecieren, retirándose pacíficamente al punto que se publique el bando, quedarán indultados, á excepción solamente de los que resultaren autores de bullicio ó connoción popular; pues en cuanto á estos, no ha de tener lugar indulto alguno.»

Y sigue en el párrafo 13: «Si los bulliciosos hiciesen resistencia á la justicia ó tropa destinada á su auxilio, impidiesen las prisiones, ó intentasen la libertad de los que se hubieren ya aprendido, se usará contra ellos de la fuerza hasta reducirlos á la debida obediencia de los magistrados, que nunca podrá permitir que se agraviada la autoridad y respeto que deben á la justicia.» Por manera que después de hacerse resistencia á la justicia, es cuando puede obligárseles por la fuerza á cesar en su resistencia, y una vez hecho esto, ya no hay motivo para emplear la fuerza; y yo probaré que aquí no se ha procedido en esa forma.

Después de esa pragmática viene la ley de 17 de Abril de 1821, ley excepcional, que se refiere exclusivamente á masas armadas, mandadas ó guiadas por jefes que habían erigido una bandera contraria á la ley fundamental del Estado.

Pues bien, aún en ese caso y refiriéndose como todos sabemos á los facciosos de aquella época, dispone que se publique un bando mandando disolver esas masas, y los que se retiren después de publicado el bando serán indultados de toda pena no siendo los principales autores de la conspiración, y esto con arreglo á esta ley calificada por muchos de excesivamente dura. ¿Y quién ha visto, señores, el bando publicado por nuestras autoridades? El primero que se ha visto ha sido tres días después de los sangrientos sucesos del lunes, cuando todo estaba tranquilo.

Pues vamos á ver si se ha cumplido con lo prescrito en el Código penal en su art. 481, que es de advertir se refiere á la rebelión y sedición, que son los delitos más graves que pueden cometerse contra la seguridad interior del Estado, y ya he demostrado que no ha habido esos delitos en los sucesos de que se trata, de modo que todavía es más favorable á mi propósito: dice, pues, ese artículo: «Luego que se manifieste la rebelión ó sedición, la autoridad gubernativa intimará hasta dos veces á los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimação el tiempo necesario para ello.»

Esto dice el párrafo 1.º, y viene después el 2.º dicen- do: «Si los sublevados no se retiren inmediatamente des- pues de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlos.»

Hasta aquí hay el precepto general; pero como el Cód-