Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-05-27 00:00:00), página 10

Cortes), y no tratándose ahora de la constitución de la Península, sino de la de las Antillas, es evidente que sus habitantes tienen derecho indisputable de intervenir por medio de sus diputados en la formación de esa ley constitutiva, y que no se puede ni se debe imponerles ninguna sin ese esencial requisito; y por último, aunque las leyes especiales de que habla el artículo 80 de la constitución debieran ser Reales Decretos, como quiere el Ministro de Ultramar, y aunque así lo hubiera determinado expresamente la ley fundamental, siempre son y serán competentes las Cortes para declarar y señalar la manera con que debe proceder el Ministerio en esos asuntos. De acuer- to que la competencia de las Cortes para regular esa atribución ministerial, aun cuando existiera de derecho, no puede ser objeto de duda.

De la otra si se ha hecho una verdadera cuestión para saber cómo han de ser esas leyes, o cómo ha de ser esa ley constitutiva. Vamos á examinarla.

Tres son los sistemas que se conocen para el régimen de las Colonias en los países regidos constitucionalmente: el de asimilación completa de la Colonia con la metrópoli: el de lo que se llama autonomía colonial, y aquel en que las Colonias son regidas por la corona. El primero es aquel en que la Colonia se rige por las mismas leyes que la metrópoli, en to- das las esferas, en la política, en la civil y en la admi- nistrativa. El segundo, aquel en que la Colonia se dá sus leyes en sus cámaras propias, ó asambleas le- gislativas coloniales, con más ó menos dependencia de los altos poderes de la metrópoli; y el tercero, aquel en que la Corona, por medio de sus Ministros, es la que rige á la Colonia, conforme á leyes estable- cidas de antemano.

El primero es el que ha practicado siempre Espa- ña hasta 1837, y últimamente Portugal; el segundo lo practica la Inglaterra, con éxito maravilloso en sus colonias mas pobladas y civilizadas; y el tercero es el que practica también Inglaterra, y todas las de- más potencias que se rigen constitucionalmente, con el resto de las colonias, y el que se dice que debe adoptarse para las Antillas españolas, y que es el que las rige actualmente.

Nosotros no entramos ahora en el examen de los dos primeros. Pudieramos probar, y lo prober- mos en tiempo oportuno, que con ambos pueden ser regidas nuestras Antillas, especialmente én el que adopta la Inglaterra para sus grandes colonias civili- zadas; pero no lo haremos, porque queremos sim- plificar los términos, y aceptar el debate en el terre- no en que lo acepta y lo propone el gobierno y los adversarios de la reforma política en nuestras An- tillas.

Se quiere un sistema análogo al que las rige ac- tualmente, y que el Ministro de Ultramar equipara, sin razón, al de las colonias inglesas que son regidas por la Corona: se quiere mantener la elimi- nación de los Diputados á Cortes de aquellas pro- vincias, por temor á las agitaciones y disturbios que allí puedan producir las elecciones populares. Sea pues. Esto último es lo que se teme; aquello lo que se desea: tal es la base sobre que el gobierno parece creer que debe edificarse, y por esto, y solo por esto, también lo aceptamos: ese terreno es el único que se señala como aceptable por nuestros adversarios, y á él descenderemos, convencidos de que una cau- se justa triunfa irremisiblemente, cualquiera que sea el terreno á donde sea llevado el debate.

Pudiendo pues del supuesto de que las Antillas españolas deben ser regidas por reales decretos, des- de luego se convendrá en que esto no significa, ni puede significar, que sean regidas por la voluntad caprichosa del Ministro ni del Ministerio, sin sujeción á ningun tramite ni fórmula, aunque sea simplemente de aquellos que hayan de servir para poner á los go- bernantes en la conveniente aptitud de desempe- ñar cumplidamente su cometido.

Esa ley que declare que las Antillas deben ser regidas por reales decretos, debe señalar al mismo tiempo al gobierno, si no la senda que debe seguir, las fórmulas que debe llenar para ilustrarse acerca de lo que haya de decidir; porque esas fórmulas, co- mo los trámites del juicio, son los que han de servir de garantía, no solo del acierto del que manda, sino de los derechos de los que obedecen; puesto que uno al menos de esos trámites ha de ser necesario e invariablemente el de dar siquiera audiencia á aque- llos sobre quienes se ha de legislar, para poder co- nocer y satisfacer sus necesidades, atender al fo- mento de sus intereses y asegurar la tranquilidad y el porvenir de aquellas provincias y su unión á la madre patria, resolviendo oportuna y acertadamente las graves y temerosas cuestiones que allí pendan y puedan suscitarse; en suma, gobernando y adminis- trando, y haciendo gobernar y administrar debida- mente las ricas y meritorias posesiones confiadas á su lealtad, á su saber y su custodia.

Esto es de absoluta necesidad, si se quiere un go- bierno serio y eficaz, y así es que las colonias ingle- sas, holandesas y demás extranjeras que son regi- das por la corona, si no tienen asambleas legislati- vas, tienen consejos coloniales que administran y que son consultados para legislar, y sus habitantes tienen derechos políticos, en virtud de los cuales gozan de libertad de imprensa, de asociación y de- más; se administran por sí mismos, y si no tienen voto en lo legislativo general, tienen voz en ello, y voz y voto en los asuntos peculiares propios y en la gerencia de sus intereses.

De consiguiente, el que una colonia sea regida por la corona, no significa ni puede significar de nin- guna manera que sus habitantes carezcan de dere- chos políticos, sometidos como siervos al arbitrio discrecional de un Ministro, sin sujeción á ninguna regla, trámite ni fórmula que les sirva de garantía, y sin ninguna especie de responsabilidad del gobier- no, como están ahora nuestras Antillas.

Deben por lo menos ser oídos: nos parece que no puede exigirse menos; y suponiendo que no sea mas que esto, ¿de qué medios ha de valerse el gobierno de la metrópoli para que esa audiencia sea prove- chosa y eficaz? Las Antillas españolas se hallan si- tuadas á 1,600 leguas de distancia, con un océano de por medio, con población heterogénea, compues- ta de razas diversas, con instituciones sociales dis- tintas y aun opuestas á las de la península, y por consiguiente con intereses y necesidades diferentes, casi del todo áca desconocidas. Por tanto, el gobier- no de la metrópoli, para conocer esas diferencias, que no puede ver y palpar por sí mismo, tiene que pedir informes, y no puede proceder sino con arre- glo á ellos; de suerte que, de la verdad, amplitud y