Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-05-12 00:00:00), página 30

deracion, recordando que el artículo 12 del reglamento para la censura de periódicos de 1º de junio de 1834 no le permitía seguir con el conveniente desenfado la polémica.

Aquí en la Península hubiera bastado la templada contestación de El Siglo para terminar toda discusión, porque los periodistas verdaderamente españoles no consideramos digno, ni leal, atacar á un enemigo que carece de la libertad de acción necesaria para defendirse; pero los periódicos reactionarios de la Habana entienden estas cuestiones de otra manera, y procurando abroquelarse detrás del gobierno, que suponen defender, y seguros de la impunidad de sus ataques, no tuvieron reparo alguno en perseguir á El Siglo, juzgándole, no ya por lo que decía, sino por lo que callaba, é intrusándose así en el terreno siempre vedado de las intenciones. Y para que no se crea que exageramos, hágase un párrafo copiado textualmente de La Prensa:

«Pues séptimo El Siglo, tras de este vamos, tras de las intenciones; y así como en la cuestión religiosa hemos logrado saber lo que no teníamos averiguado, y hemos visto manifestarse sus intenciones respecto á la libertad de cultos, y solazarse con los artículos libre-católicos de la Aurora del Tumurí, y abrir ese portillo en el mar de la unidad religiosa en que felizmente ha vivido siempre España, y cuenta que esta es una de las bases fundamentales que todos los españoles estamos obligados á respetar, así queremos verle, y á ello le conjuramos, para que de una vez explique y fije el punto capital de nuestra nacionalidad.»

De forma que La Prensa se propone hostigar á El Siglo hasta obligarlo á que hiciere una profesión de fe, á que la ley no le obligaba ni puede obligarlo, puesto que la ley se limita á prohibir los escritos contra la unidad religiosa, contra los derechos y prerrogativas del trono y contra las instituciones fundamentales, pero de ninguna manera impone á los escritores la obligación de consagrar su pluma á la defensa de esos objetos, por muy altos y sagrados que los considere, y mucho menos les impone la obligación de hacer profesiones de fe por el estilo de las que se exigían en los ominosos tiempos de la Inquisición.

El Siglo sustuvo con entereza su dignidad, y cuando consiguió que La Prensa cediera en sus exigencias, publicó un artículo programa recordando que desde su fundación era un periódico español, que acababa á S. M. doña Isabel 2.a como reina constitucional de España, y que profesaba y profesa la religión católica apostólica romana. Así la quedó por ahora terminada esa singularísima polémica, en la que también ha tomado parte el Diario de la Marina, en apoyo de La Prensa, aunque más temblado en sus ataques; pero para nosotros queda una gran cuestión en pie: nosotros protestamos contra esos medios de coacción por medio de los cuales se trae al terreno del debate las intenciones de los escritores públicos; nosotros no podemos admitir que de este modo quede sancionada de hecho la peligrosísima doctrina que supone lícitas las investigaciones inquisitoriales, y que para ello cualquier periódico tenga derecho á penetrar en el sagrado de las conciencias y de las intenciones, cuando la ley de imprenta no da bastante libertad para la defensa.

Ni aquí, ni en la Habana, se puede exigir más de los ciudadanos que el respeto y la obediencia á las leyes; y mientras sus actos se ajusten á lo que estas leyes disponen, nadie debe llevar su osada al punto de competirle á obrar en un sentido que quizás no esté conforme con sus opiniones. Mas claro: sepa La Prensa de la Habana que si allí ó aquí hubiere quien no pro- tesare la religión católica, no considerará convenientes las instituciones fundamentales de la monarquía, ó no juzgará útil que tal ó cual provincia formara parte de la nacionalidad española, siempre que estas opiniones no se manifiesten con actos penados por la ley, nadie tiene el derecho de denunciarlas ni perseguirlas, y nadie tampoco tiene derecho á exigir á un periódico profesión de fé contraria á lo que sus redactores piensen ó pueden pensar dentro del fuero interno de su conciencia.

Dicho esto, acerca de la especie de censura que se ha empleado en la polémica, debemos hacernos cargo de una grave cuestión que con ella se ha suscitado.

Las opiniones absolutistas y contrarias á la libertad civil que La Prensa de la Habana ha sostenido, constituyen actos ostensibles y prohibidos por la ley, tanto en España como en la Habana; porque la libertad civil es un derecho de los españoles de ambos hemisferios, consignado en las leyes de Indias lo mismo que en la Novísima Recopilación y en la constitución de la monarquía española. En Cuba, como en España, existen tribunales á quienes está encomendada la protección de esa libertad, y si bien es cierto que la legislación especial de Ultramar revistió á los gobernadores superiores civiles de ciertas facultades para casos extraordinarios, también les sometió á juicios solemnes de residencia, en los que puede exigirseles la responsabilidad de todos sus actos. Hay mas: la libertad civil ha existido siempre en España para todos los hombres de condición libre, puesto que siempre han existido leyes protectoras de la seguridad individual que exigían ciertas formalidades para reducir un hombre á prisión, que establecían los tribunales competentes para juzgarles y la forma de los procedimientos; y esa libertad civil ha existido legalmente, con mucha mas estension en las provincias americanas, puesto que allí no llegó á establecerse el régimen feudal que aquí en la península tenía privados de libertad civil á todos los siervos de los señores.

Se conoce que los redactores de La Prensa no han estudiado como debieran el Código indiano. Por reales cédulas de 1530 y 1566 se declaró libres á los indios, y si posteriormente con la creación de las encomiendas, con el servicio de mitas y con las disposiciones reglamentarias para reducir las tribus de aquellos aborígenes á pueblos, se vino de hecho á limitar su libertad civil, esta libertad no por eso quedaba derogada, antes por el contrario, aquella legislación demuestra que el objeto de la ley, su verdadero espíritu, no era de ninguna manera privarles de la libertad sino en cuanto fuera necesario para favorecerles, ampararlas y acostumbrarlas á la civilización europea. Los mismos vireyes, á pesar de las inmensas facultades y preeminencias que estaban revestidos, debían respetar el poder judicial no sacando las causas de los tribunales á donde tocaren, y dejar pro- ceder á las audiencias en casos de justicia. No tenían veto en materias de justicia, y por tanto debían dejar al juez más anti- guo el cuidado de responder y prover, sin darle á entender su intención, á fin de que los jueces tuvieran libertad. (Leyes 36 y 37, Título 3.a, Libro 3.a, de la Recopilación de Indias.) En las materias de justicia debían tener nombrado asesor sin salario, á quien remitieran todas las causas de que debían conocer, sin que pudieran reservar otras para sí que las de mero gobierno y no las de jurisdicción contenciosa. (Ley 33, id. id.)

Las materias árduas debían consultarlas con los acuerdos y las graves con el consejo de Indias, antes de ejecutarlas. No les era lleno dar decretos sobre cosa juzgada, y si desterraban á la Península algunas personas, debían remitir las causas á la vez que los desterraban. Se hallaban sujetos á otras prescripciones que demuestran el profundo respeto que en lo antiguo merecía el poder civil, y entre ellas ta de que sus soldados no estaban exentos de la jurisdicción ordinaria, y la de que debían dejar ejercer á los alcaldes, darles audiencia y buen tratamiento, no soltar sus presos ni leer sus cartas.

Y si así se limitaba en lo antiguo la autoridad de los vireyes, ¿cuánto más limitada está hoy en que se ha separado el poder judicial del ejecutivo en las provincias ultramarinas?

Ahora bien; y volviendo á la cuestión principal de la polémica, queda demostrado con esta digresión que La Prensa, al combatir la libertad civil, ha faltado á la ley abiertamente; y si por esta fal- ta nosotros nos arrogáramos el derecho de poder contra ella to- do el rigor de la ley, ¿qué juicio formaría de nuestra conducta como periodistas y de nuestra manera de obrar como caballeros? Pues precisamente el juicio que los redactores de La Prensa for- marían de nuestra conducta es el mismo que formará el público imperial de la isla, respecto á El Siglo de la Habana. Y no ad- mitimos la objeción de que por su parte salían á la defensa de las más altas instituciones, que nadie atacaba, porque la libertad civil es en el orden social y político el primero de todos los de- rechos de los ciudadanos. Sin libertad civil no hay sociedad pos- sible, y atacar esta libertad por un periódico que se dice español, religioso y monárquico es desprestigiar la nacionalidad española; y si la religión pudiera desprestigiarse, desprestigiar la religión