Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-05-27 00:00:00), página 36

con el Rey, según terminantemente establece el artículo citado 12 de la constitución? ¿Dónde está el otro artículo constitucional que limite la fuerza ó ponga excepciones á lo prescrito en el 12?

Las provincias ultramarinas deben regirse por leyes especiales si, pero por Leyes, no por decretos del Rey ni por Real decretos de sus ministros que no son, que no pueden llamarse leyes sin faltar á la constitución. El señor Sejas invocaba en su apoyo que todos los gobiernos desde 1837 habían entendido por leyes especiales las Reales cédulas del monarca, como si la corrupción seguida durante un período mayor ó menor de años pudiera alterar el código fundamental, como si la práctica del abuso hubiera prescrito un derecho escrito y consignado nada menos que en la constitución del Estado.

¿Cuál es el tratado de derecho público en que el señor Sejas Lozano ha visto tan absurda y peligrosa doctrina?

Si las Cortes constituyentes de 1837 hubieran querido que las provincias ultramarinas fueran regidas por Reales decretos hubieran usado de esta palabra y no de la frase de leyes especiales.

Por otra parte, si la constitución vigente trae su origen de unas Cortes ordinarias, si aun no hace muchos meses ha sufrido una profunda reforma que cambia una de las más importantes bases del mismo Senado en que hablaba el señor Sejas, ¿dónde se apoya su señoría para afirmar que la constitución prohibe á las Cortes tratar de la cuestión ultramarina?

El artículo 80 dispone que se rijan por leyes especiales, y el 12 dice que las leyes se hacen por las Cortes con el Rey; luego el artículo 80, en lugar de prohibir que la cuestión se trate en las Cortes, exige precisamente que se ocupen de ella haciendo al efecto esas leyes especiales. Tal es el sentido recto, claro, indestructible del artículo 80.

Por otra parte, ¿en qué doctrina de derecho público constitucional ha visto el Sr. Sejas que el monarca que es irresponsable, y cuyos decretos no pueden ser obedecidos sin la reivindicación de un ministro responsable, pierda este carácter constitucional en grandes provincias que forman parte integrante del territorio?

Si la principal garantía en que descansa el referido sistema constitucional son la discusión en las Cortes de los presupuestos, el examen y aprobación de las cuentas, la limitación ó ampliación de las fuerzas de mar y tierra, la negociación de los empréstitos, y la residencia del poder legislativo en esas mismas Cortes con el Rey, ¿cómo puede suponer que existen esas garantías cuando al monarca se le concede la facultad de disponer de grandes presupuestos ultramarinos, mantener con ellos ejércitos, escuadras, pagar sueldos enormes, levantar empréstitos y legislar sobre extensos territorios por Reales decretos?

No, esta doctrina es contraria á todas las teorías del derecho público constitucional, porque falsa las bases principales del sistema representativo, porque coloca al monarca en condiciones de responsabilidad moral, cuando menos, que se oponen á la conservación íntegra de su inviolabilidad, inviolabilidad sin la cual no se conciben las monarquías constitucionales, sino las dictaduras ó las repúblicas. Además esa doctrina no se practica en ninguna parte, porque en todas las naciones constitucionales que tienen colonias, aun en aquellas donde se confiere al monarca su dirección, esta facultad está limitada por el deber de dar cuentas al parlamento ó á las cámaras, las cuales por este medio ejercen una vigilancia suprema y someten los actos del gobierno en las mismas á la ley común de la responsabilidad ministerial.

- Por estas razones queda en nuestro concepto demostrado que el Sr. Sejas ha olvidado las teorías del derecho público y el verdadero espíritu de la Constitución del Estado.»

Por desgracia del Sr. Ministro de Ultramar, el Sr. Moyano entiende la cuestión del mismo modo que nosotros, y á fin de conseguir el pase á su proposición, ocupó una buena parte de su discurso en refutar la extraña teoría del Sr. Sejas. El Sr. Presidente del Congreso, comprendiendo que la cuestión iba á tener cierta gravedad, creyó oportuno suspender la discusión á fin sin duda de que el gabinete resolviera lo que debía hacer. Y tan conveniente fué para el ministerio esta hábil suspensión, que sin duda alguna le evitó una crisis y tal vez su caída.

Por fin, después de largas conferencias en que el Sr. Sejas se obstinaba en sostener su doctrina, ó bien en retirarse, sus compañeros consiguieron que hiciera una explicación de sus palabras que envolvía una verdadera retractación. El Sr. Sejas además, á fin de que se comprendiera bien que no trataba de menoscabar las facultades legislativas del Congreso, pidió que la proposición se tomara en consideración para que se discutiera ampliamente.

De este modo se consiguió impedir una votación en que, tratándose de sostener los derechos legislativos del Congreso, hubiera dado el triunfo á la oposición con el apoyo de los diputados castellanos, y además estos diputados consiguieron por su parte que se diera el pase á una proposición de ley proteccionista, que en mi concepto es muy dudosa que de otro modo le hubiera obtenido.

Los partidarios de una reforma liberal en la política ultramarina ganamos así una cuestión importante. De hoy mas, y que esto sea bien sentado, ningún ministro, ningún funcionario público podrá llamar leyes especiales á las Reales cédulas que el gobierno expida para el gobierno y administración de las provincias ultramarinas.

II.

LA CUESTION DE HARINAS.

Las diferencias entre los derechos establecidos para la importación de harinas en Cuba y Puerto-Rico por el Real Decreto de 1.º de Abril último, y los que establece la proposición de ley del Sr. Moyano son como sigue:

    DERECHOS EN BARRIL DE 200 LIBRAS.
    Según el real decreto de 1.º de Abril.
    Según el proyecto de ley del señor Moyano.

    Escudos.
    Escudos.
    Escudos.
    Escudos.

    Harina nacional, procedente de puertos españoles, en bandera española.

    2
    1

    Harina nacional, procedente de puertos españoles, en bandera extranjera.

    4
    3

    Harina extranjera en bandera española.

    7
    9

    Idem idem en bandera extranjera.

    10
    10

De manera que los derechos diferenciales, según el señor Moyano, están en relación de 10, 9 y 3 por 1, mientras que según el real decreto, son de 5, 3 1/2 y 2 por 1.

Unas y otras proporciones, según recientemente ha expuesto en una Revista económica, son monstruosas, antieconómicas y bastantes para que continúen las represalias arancelarias de los Estados-Unidos contra los productos de la isla de Cuba; pero las del Sr. Moyano son mucho más duras, puesto que, por regla general, si la isla de Cuba ha de estar bien abastecida y alimentada de harinas, necesita por lo menos consumir 500,000 barriles de norte-americana, además de otros 500,000 de la Peninsular.

En este concepto, y aun en la hipótesis favorable de que el consumo de un millón de barriles se haga por partes iguales de todas procedencias, tendremos:

    Según el real decreto de 1.º de Abril.
    Según el proyecto de ley del Sr. Moyano.

    Escudos.
    Escudos.

    Derechos pagados por 250,000 barriles españoles en bandera nacional.

    500.000
    250.000

    Derechos de 250,000 barriles harina española, en bandera extranjera.

    1.000.000
    750.000

    Derechos de 250,000 barriles, harina extranjera, en bandera española.

    1.750.000
    2.230.000