Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-05-12 00:00:00), página 7

cho las revoluciones pura y simplemente para variar la organización del poder político, descuidando lasciosamente las garantías debidas á la seguridad individual y al derecho de propiedad.

Así es que aquí nuestra seguridad individual y nuestra propiedad, no sólo carecen de la garantía del jurado y de tribunales inamovibles, y cuya jurisprudencia alcance á todos los agentes del poder ejecutivo cuando atropellen las personas ó las propiedades, sino que, por el contrario, hemos rodeado de tales precauciones los procedimientos contra los funcionarios públicos, y conservamos para tantos casos la fuerza atractiva de los tribunales militares, que bien podemos considerar que nuestros bienes y nuestras personas están garantizados, mas bien por las costumbres, que por la fuerza y eficacia de las leyes y de los tribunales encargados de su ejecución.

Para que se vea en este punto cuán poco conoce el señor ministro de la Gobernación el espíritu y la letra de la organización y de las leyes inglesas, basta decir que allí está reconocido hasta el derecho de resistencia á las arbitrariedades del poder. A este propósito decía de Lolme, hace ochenta años (1):

«La resistencia fue la que dio origen á la Carta Magna, aquel antiguo fundamento de la libertad de los ingleses, y los excesos de un poder establecido por la fuerza fueron también reprimidos por la fuerza. Por iguales medios logró el pueblo obtener en diversas ocasiones la confirmación de la misma carta, por la resistencia á un rey que se desentendió de sus empeños, ha sido colocado en el trono la familia que actualmente lo ocupa.

»Hay mas; este recurso que hasta entonces no había sido más que un acto de fuerza opuesto á otros del mismo género, fue reconocido en aquella época por la misma ley. Los Lores y los Comunes reunidos declararon solemnemente que el rey Jacobo II, habiendo intentado subvertir la constitución del reino y roto el contrato original entre la corona y el pueblo, y violado las leyes fundamentales y susentidas del reino, había abolido el gobierno, y por tanto el trono se hallaba vacante.

»Y para que estos principios, sancionados por la revolución, no viniesen á ser con el progreso del tiempo nuevos arcanos de Estado, apropiados exclusivamente por cierta clase de súbditos, y solo de ellos conocidos, la misma acta aseguraba á los ciudadanos el derecho de proferir públicamente quejas contra los abusos del gobierno y el de estar provistos de armas para su propia defensa. El juez Blackstone se expresa en los términos siguientes en sus comentarios á las leyes de Inglaterra. Para vindicar estos derechos violados ó atacados que sean, los súbditos ingleses están facultados, en primer lugar, para recurrir á la administración regular y libre curso de la justicia en los tribunales; en segundo, el derecho de petición al rey ó al parlamento para la reparación de agravios; y por último, el de usar y tener armas para su propia defensa y preservación.

»Finalmente, este derecho de oponer la fuerza á la violencia, de cualquier modo y forma y de cualquier parte que venga, está tan generalmente reconocido, que los tribunales de justicia han motivado algunas veces en él sus juicios. Referiré con este motivo un hecho que es notable en cierta manera. Hallándose fuera de su demarcación, un constable arrestó á una mujer llamada Ana Dikins; un tal Toole tomó la demanda por ella, y en el calor de la disputa mató al asistente del constable. Perseguido por asesinato, allegó en su defensa que la ilegalidad del arresto era una provocación suficiente para hacer escusable el homicidio, y lo hacía acreedor á la inmunidad clerical (benefit of clergy). El juzgado, establecida la cuestión de hecho, dejó de criminalidad á la decisión del tribunal, en virtud de un veredicto especial. La causa fue emplazada al tribunal del Banco del Rey, y consecuentemente á un tribunal ordinario por opinión de doce jueces. Hé aquí el parecer emitido por el gran justicia Hale al pronunciarse el fallo: «si cualquiera es preso por una autoridad ilegítima, es una suficiente provocación á todo el pueblo, por la compasión que el acto excita, mucho mas si el hecho se lleva á efecto bajo el pretexto de justicia, y cuando es invadida la libertad de un súbdito, se hace una provocación á todos los ingleses. Todo hombre debe estar interesado por la Carta Magna y por las leyes; y si cualquiera arresta á otro contra las leyes, es un infractor de la Carta Magna.» Después de algún debate, ocasionado principalmente por la circunstancia de apreciar que Toole ignoraba hallarse el constable fuera de su distrito, siete jueces votaron que el prevenido era culpable de homicidio simple, y admisible al beneficio de la inmunidad clerical.»

No por esto se entienda que de Lolme ni nosotros reconocemos la conveniencia de hacer uso de ese derecho de resistencia á que apelan los pueblos siempre en último extremo, y que nosotros juzgamos altamente peligroso mientras le quede á un pueblo aunque solo sea una sombra de discusión parlamentaria, una sombra de libertad de imprenta, una sombra de tribunales á donde acudir en queja, porque las revoluciones á mano armada perturban las sociedades, facilitan la dictadura, y casi siempre hacen pasar á las naciones por periodos dolorosos de insoportable despotismo militar. Así es que en el siglo XIX, teniendo, como tenemos, grandes facilidades de locomoción, que á la par que facilitan el cambio de los productos, son un medio poderoso para el cambio y propagación de las ideas, teniendo, como tenemos, una libertad de imprenta, mutilada y mezquina sí, pero que mutilada y todo nadie puede desconocer que tiene una grande acción; y conservando, aunque bastardado, un sistema parlamentario y otros medios de acción política, el camino mas corto para alcanzar la verdadera libertad no será nunca el de lanzarnos á la calle con las armas en la mano; sino, por el contrario, el de soportar con resignación las violencias que cometan gobiernos ambiciosos, soberbios y desatentados, y emplear contra ellos con firmeza y dignidad todos los recursos de resistencia pacífica que nos conceden las leyes. De este modo, por mas que momentáneamente se lastime la dignidad nacional, abofeteada y escupida por unos cuantos ministros, conseguiremos poco á poco que los mismos abusos del gobierno, ejercidos con las clases conservadoras, nos atraigan estas clases hasta el punto de que, peleado el miedo de la revolución, que ellos confunden creyendo que son excesos de la libertad, se conviertan en los mas firmes apoyos de esta misma libertad.

Se cree generalmente que el retraimiento de los partidos constitucionales mas avanzados, manteniéndoles apartados de la vida parlamentaria, les coloca en una actitud esencialmente revolucionaria, y este en nuestro concepto es un grave error. Precisamente la fuerza de esa actitud política consiste en que constituye una resistencia pacífica y pasiva, en que alejando los temores de revueltas y traslornos, aliena á todos los hombres conservadores para hacer igual resistencia pasiva á los abusos del poder. Porque los poderes arbitrarios tienen que vivir necesariamente á costa de grandes gastos y de cometer grandes injusticias, y los grandes gastos y las grandes injusticias tienen que pesar casi exclusivamente sobre las clases conservadoras. Estas sufren entonces todos los inconvenientes de la multiplicación de los impuestos, de las violaciones del derecho de

(1) La constitución inglesa comparada con los gobiernos republicanos y monárquicos de Europa. Traducción española. Madrid, 1847.