Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-12 00:00:00), página 2

Este artículo es la consecuencia y sirve de justificación al anterior. La ley constitutiva es la que señala cuáles han de ser los poderes supremos, y la que explica cómo han de constituirse, y la manera de proceder en el régimen o gobernación del Estado; esto es lo que falta con respecto a nuestras Antillas, y lo que es absolutamente necesario para que un pueblo sea regido de una manera regular y aceptable, y esto es lo que declara el art. 1.º, que comentamos. Hemos señalado el poder Real, porque es el que se acepta por el actual Gobierno, y por todos los adversarios de la reforma política en las Antillas; porque es uno de los sistemas adoptados y aceptables para las colonias, y porque consideramos que con él, debidamente reglamentado conforme a nuestras instituciones, pueden ser bien regidas aquellas provincias.

El que una colonia sea regida por la Corona, no significa que sea regida despóticamente, ó sin sujeción á ninguna regla, como lo están hoy nuestras Antillas; sino que lo será según el régimen adoptado en la metrópoli. Cuando la Corona es absoluta, como en Rusia, sus colonias, regidas por la Corona, lo son de la misma manera absoluta; pero cuando la Corona es constitucional en la metrópoli, las colonias regidas por la Corona lo son también constitucionalmente, y tienen su Constitución especial, como la tienen las de Inglaterra, Holanda, Dinamarca y demás países constitucionales de Europa.

Solo España, regida constitucionalmente, rige con sistema absoluto á sus Colonias. Esta es la excepción, el fenómeno: lo que proponemos es la regla común, el estado normal. La Corona no es absoluta en las provincias españolas de Europa, y no puede serlo en las provincias españolas de América.

Ahora, debiendo tener estas provincias una constitución, esta es la que ha de determinar si han de ser bien ó mal regidas, porque es la que ha de señalar la manera de regirlas, ya sea por la Corona, ó por el parlamento, ó como quiera que fuese. Esa constitución es el todo, según sean las disposiciones que contenga y la intervención que se dé en sus asuntos á aquellos á quienes va dirigida, y nosotros hemos preferido que el poder rector sea el de la Corona, no solo por situarnos en el terreno donde nos citan nuestros adversarios, sino porque ese poder, aunque colectivo, es menos numeroso y ardiente que el parlamentario, y más permanente y asequible á las reclamaciones. Por tanto, el régimen de la Corona, en este sentido, no creemos que pueda ser rechazado en principio ni por amigos, ni por adversarios. La manera de constituirlo es lo que puede ser objeto de controversia, y esta manera es la que hemos procurado adoptar á las necesidades de aquellas provincias, y á las instituciones de la metrópoli, que es el medio seguro de conciliarlo todo.

Se exige en este artículo la intervención de aquellos naturales en su régimen, porque esta es la base fundamental en que descansan nuestras instituciones de la metrópoli, á las que han de asimilarse aquellas, y porque es la única garantía eficaz de la buena gobernación de los pueblos; y esta misma razón sirve para justificar la última parte del artículo, que previene que dicha ley no puede ser variada ni modificada sin consentimiento de aquellos naturales. La Constitución de la metrópoli no puede ser variada ni modificada sin el consentimiento de los habitantes de la metrópoli por medio de sus representantes, y esta misma condición debe exigirse para la modificación ó variación de la ley constitutiva de las provincias ultramarinas españolas.

«Art. 2.º La organización política y administrativa de aquellas Islas será idéntica á la de la Península, con las modificaciones siguientes.»

Esta es la tendencia natural y legítima de todos los sistemas coloniales. Todos tienden á asimilar en todo lo posible el régimen de las colonias con el de la metrópoli. Todas las metrópolis llevan á sus colonias, con sus habitantes, sus usos, sus costumbres y sus leyes, con solo aquellas modificaciones que exige la distancia, la población, los intereses, las circunstancias y la manera de ser de las colonias; y aun en aquellas que gozan de un régimen autónomo, sus instituciones son una copia, mas ó menos fiel y exacta, pero siempre una copia de las instituciones de la metrópoli. El Canadá, que es la colonia que goza de una autonomía más estensa, no es sino una pequeña Inglaterra, con su cámara doble, su poder ejecutivo unipersonal, sus ministros responsables, su habeas corpus, y todas las demás leyes e instituciones de la Gran Bretaña. Y si esto se verifica con las colonias, con mucha mayor razón debe observarse con respecto á las Antillas españolas, que están declaradas y son unas verdaderas provincias españolas. Como tales, deben ser regidas y organizadas como las demás provincias de la monarquía, con solo las modificaciones que exijan sus circunstancias particulares, que es lo que previene el art. 2.º

«Art. 3.º Los Concejales de los Ayuntamientos serán de elección popular, en la manera que determinen los Consejos de Administración, de acuerdo con los capitanes generales.»

Esta es la verdadera cuestión que se presenta en el asunto de la reforma política de las Antillas españolas, y que dejamos de propósito irresoluta, no porque para nosotros sea siquiera difícil su solución, sino porque creemos que no debe ser resuelta áca por el Gobierno de la Metrópoli, sino allá por las autoridades populares de aquellas provincias. Pero no nos anticipemos.

Esta es la cuestión que se presenta por los adversarios de la reforma política, como la cuestión Aquiles, como la cuestión monstruo, ó como la cuestión de solución imposible. O adoptais un principio fijo, se nos dice, y entonces chocais con todas las tradiciones; ó adoptais dos principios contradictorios, y sois inconsecuentes con la lógica; y de todas maneras vais á introducir excitaciones y disturbios en aquellos hasta ahora sosiegados países. Este es el circulo férreo en que se nos quiere encerrar; pero en vano. Esta cuestión, como todas, se resuelve fácilmente con los principios de la ciencia, los razonamientos de la lógica y las exigencias de la conveniencia pública, apoyados en los datos irrefragables de la experiencia.

Esta cuestión puede resolverse desde luego con un principio fijo, cual es el de la unidad de raza, y entonces, lojos de chocar el legislador, se conformará con la conveniencia pública apoyada ó producida por una tradición diurna que debe respetarse, al menos cuando se trata de dar el primer paso; y resuelta así la cuestión teórica, la de la prá-