Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-12 00:00:00), página 34

rarse más capitales entre las que caen bajo su accion. En el segundo supuesto el Sr. ministro de Ultramar retardando indefinidamente el dia en que la condicion politica de nuestros hermanos de las Antillas ha de ser mejorada, y manifestándose como lo ha hecho, contrario á toda innovacion de presente, les ha eviado una amarga decepcion y habrá dado á los enemigos de la causa española en America un arma dura que poder esgrimir con fortuna, en las diatribas que lanzan diariamente contra ella. Porque es menester que lo digamos en voz alta y con la más plena convencion. Es ya llegado el dia de hacer en la situacion de Cuba y Puerto Rico las concesiones y reformas que reclaman la justicia, el espíritu de la época y la necesidad de afianzar de una manera indestructible los lazos que unen á dichas islas con la madre patria. No necesitamos para demostrar esta tesis, empezar por declarar que el régimen por el cual se gobernaban actualmente aquellas posesiones no es sino interino y transitorio, que la prescripción de la ley fundamental que decreta que las mismas se gobiernen por leyes especiales, no puede entenderse cual lo entiende el Sr. Seijas en el sentido de que hayan de estar indefinidamente privadas de las garantías emanadas de la Constitucion, de los beneficios de una organización fundada en una prudente libertad política, sino que envuelve el principio de que esas garantias y esa organización han de ser objeto de leyes peculiares acomodadas á su estado relativo de progreso y á sus necesidades sociales políticas y hasta topográficas; y que si razones hijas de circunstancias del momento impidieren en un tiempo ya lejano que así se declaren explícitamente, lo equitativo, lo procedente hoy, pasadas aquellas circunstancias y llegados otros tiempos, es dar este sentido á la prescripción expresada que, como es sabido, estampó por vez primera la Constitucion de 1837, de donde la copió íntegra la de 1845. Si. Las condiciones especiales de Cuba y Puerto Rico, ¡fós de aconsejar el aplazamiento en la materia, reclaman la entrada franca en el camino de su transformacion. No negaremos que en estos últimos años se han dado pasos avanzados en el sentido de su progreso administrativo. No desconocemos las importantes medidas que han llevado á varios ramos el orden y moralidad y destruido inverosímiles abusos. No olvidamos que el Gobierno superior, la administración municipal, la instrucción pública, la administración de justicia, la dirección de la Hacienda y Contabilidad han experimentado saludables reformas, ni que las disposiciones que crearan los consejos de administración, regularizaron la provision de empleos públicos y facilitaron á los naturales del pais el ingreso en las carreras civiles y militares, tienen aquel carácter en alto grado; pero imposible es desconocer que el viejo edificio levantado en la época en que la gobernacion de España obedecía á otros principios de derecho público, queda todavía en pie, y que sus restos forman impropio contraste con lo recién construido, dando al conjunto un aspecto de atraso insostenible. La aglomeracion, por ejemplo, en unas mismas manos de las funciones administrativas y militares, si se halla explicada aun respecto del mando superior por altas consideraciones de unidad de poder y seguridad del territorio, no tiene razón de ser aplicada á la administracion provincial y municipal. La falta de disposiciones que concreteen y reglamenten á la moderna las atribuciones y limiten la accion de estas autoridades sobre las personas y las cosas, es cada dia más visible. La concentracion en el Gobierno supremo con perjuicio de la rapidez, de la oportunidad y aun del acierto de las decisiones, de la direccion de servicios que por su índole esencialmente administrativa y su importancia principalmente local, deberia delegarse en aquellas autoridades superiores con el auxilio de sus corporaciones auxiliares, no responde á las reglas del buen sistema colonial en que coinciden en esta parte las demás naciones. El vacío de leyes que desarrollen las garantías individuales, que son el fruto más preciado de los adelantos modernos, no se puede apoyar en ninguna razón sólida; y sobre todo, la falta de intervención verdadera del pais en la confeccion de las disposiciones legales que regulan sus intereses más vitales, no puede sostenerse hoy que estos han tomado tal incremento y empuje, que reclaman todo el conocimiento y todo el acierto posible en su gestion. Tal mezcla de progreso y atraso, de concesion y aplazamiento, hace forzoso que el nivel regulador de un sistema armónico pase sin demora por encima de nuestro régimen ultramarino, porque si este pudo subsistir cuando el espíritu de mejora no lo había invadido, hoy conspiran contra él las fuerzas que ese espíritu engendra, y las aspiraciones que crea. Por otra parte, cuestiones economicas importantes están sobre el tapete reclamando desde hace años una solucion que tanto ha de afectar á la vida agricola y mercantil de nuestras dos Antillas. No necesitamos apuntarlas pues aunque en la discusion á que nos referimos no se hubieren enunciado; conocidas son de todos, así como la alta equidad y urgencia que su decision en determinado sentido encierra. Mas la complejidad de los derechos á que esta afecta es tal, que no sólo es improbable que la ley pueda resolverlas de una manera que los concilie todos, sin que todos también estén representados de un modo ó de otro en el seno de los poderes que han de dictar aquella, sino que es difícil que sin la iniciativa de los que careciendo de representacion, son hoy los perjudicados, salgan dichas cuestiones de su actual y perniciosa inmovilidad. Y sobre todas ellas hay una que es más que una cuestion economica una cuestion social. La cuestion de la esclavitud. Planteada en la gigantesca guerra que convuene los Estados Unidos, avanzando á pasos rapidos por mas que así no lo entienda el Sr. Seijas para quien las cosas no se han movido desde 1861 acá, la solución definitiva que se la dé, forzosamente ha de afectar de una manera honda á la existencia de la servidumbre en nuestras Antillas, obligando quizás al Gobierno español á dictar en la materia medidas radicales por grande que sea su deseo de mantener derechos creados á la sombra de la ley e intereses que por su entidad no pueden dejar de considerarse como nacionales. En este evento, la justicia, la politica, la conveniencia más clara aconsejan que el pais llamado á sufrir de una manera directa las consecuencias de la determinacion que se adopte, intervenga en ella por el órgano de una representacion eficaz y autorizada, si no ha de llevar consigo lo que se hiciere, el desacuerdo, la falta de fuerza moral y la odiosidad.

Bajo la presion de consideraciones tales y ante la perspectiva de tan grandes sucesos, la opinion á favor de la