Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-01-27 00:00:00), página 27

los temores y dudas con que hayan podido dejarse ofuscar algunos por las prevenciones y desconfianzas que los enemigos de Cuba procuran sembrar en los ánimos de los individuos de esta heroica nación, con la idea mal disimulada de promover obstáculos á la libre accion de los altos poderes del Estado, y de que el noble propósito de realizar la reforma política que reclaman las provincias ultramarinas encuentre embarazos y tropiezos que la retarden indefinidamente.

Poco nos importa que los adversarios de la unidad nacional, que así calificamos á los empeñados en que se mantenga á Cuba y Puerto Rico bajo un régimen excepcional, opuesto á las justas aspiraciones de la mayoría de sus habitantes y al espíritu de la época que atraviesamos, nos oigan con desden y desagrado; poco nos importa, repetimos, que el natural deseo que nos mueve de que nuestro país alcance todos los beneficios que disfrutan los pueblos de la España peninsular se traduzca como un acto de disidencia, de profunda intención maquiavélica, según plugo estimarlo á ciertos correspondentes de algunos periódicos de esta corte, pues la animosidad que trasciende de su lenguaje apasionado revela desde luego la calumnia mal encubierto que los anima, y al paso que las armas venenosas que esta emplea, ya no hieren ni lastiman, á causa de lo embotadas que están por su continuo uso, nosotros nos hallamos curados de espanto, según se dice vulgarmente, tenemos muy limpia nuestra hoja de servicios y listas nuestras cuentas para liquidarlas con el Gobierno en el momento que se nos pidan, segurísimos de que no podrá tocarlas ni él que guiado de un sentimiento de hostilidad injustificable, se dedicara á examinarlas previendo y resuelto á ponerles reparo á todo trance.

En nuestro anterior artículo (1) demostramos hasta un grado de evidencia indisputable que habiéndose tenido y reputado por parte integrante de la monarquía las provincias ultramarinas, desde los primeros tiempos de la gloriosa conquista de América, fueron también regidas y gobernadas en ese concepto por las mismas leyes que se dictaron para la madre patria, siendo digno de observarse que el Código de Indias no era otra cosa que la legislación de Castilla, pues contiene una organización política y administrativa idéntica á la que existía en la Península, sin más variante que algunas disposiciones soberanas referentes á las personas y cosas propias y exclusivas de los países descubiertos. Por eso se advierte en el citado Código que la ley 43, tít. 2.º, lib. 2, promulgada por Felipe II, y confirmada por Felipe IV, previene que los del Consejo procreen reducir la forma y materia del gobierno de las Indias al estilo y orden con que son regidos y gobernados los reinos de Castilla y León en cuanto hubiere lugar y permita la diferencia de las tierras y naciones.

Guiado de ese mismo espíritu de igualdad el monarca más liberal, más recto é ilustrado, que á nuestro modo de ver ha tenido España, el magnífico Carlos III, en las Ordenanzas de Intendentes, que dictó para Nueva España, empezaba su obra de esta manera notable: «Movido del paternal amor que me merecen todos mis vasallos, aun los más distantes, y del vivo deseo con que desde mi exaltación al trono he procurado uniformar el gobierno de los grandes imperios que Dios me ha confiado, etc., etc.» Esa propia tendencia asimiladora tuvieron los reyes sucesores de Carlos III; idéntico espíritu prevaleció siempre en los gobiernos constitucionales que se establecieron en España desde 1810, en las Cortes de 1812 á 1814, en las de 1820 á 1823, en los Cuerpos colegisladores de 1834 á 1836, y por último Doña María Cristina de Borbón, reina regente gobernadora del reino, abrigaba igual pretensión cuando mandada jurar por ella la Constitución de 1812, por decreto de 13 de Agosto de 1836, á consecuencia de los escandalosos sucesos de la Granja, se convocaron Cortes Constituyentes para el examen y reforma de aquel Código y se estableció el sistema de elecciones que en las de Navarra, Provincias Vascongadas y de Ultramar debía seguirse: de manera que S. M. quisiera que Cuba y Puerto Rico tomaran parte en las deliberaciones de la Asamblea que había de reunirse para tratar de la organización política que debía darse al Estado.

Y ¿cómo es que á pesar de haber sido tan terminante la voluntad soberana en todos tiempos en equiparar las instituciones de los pueblos de América á los de la madre patria, se alteró ese orden de cosas en el año de 1837? ¿Qué poderoso motivo hubo para cerrar á los diputados de Cuba y Puerto Rico las puertas de la Asamblea, cuando esta admitió los poderes que habían presentado aquellos y aún llegaron á merecer su aprobación las elecciones verificadas en la segunda de esas islas? ¿Cómo sucedió que cuando ambas islas habían venido ejerciendo el derecho de representación en Cortes desde que lo tuvo España, se arrogaron la facultad de rehusarles su ejercicio las demás provincias del reino? ¿Cómo se explica que en circunstancias de encerrarse en su seno las nuevas Cortes Constituyentes á los hombres más liberales de la nación, y de estar al frente de la causa pública dirigiendo la política del Gobierno, los primeros campeones de la legalidad, Calatrava, Mondizabal, Argüelles y otras notabilidades parlamentarias