Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-05-27 00:00:00), página 6

meetings, todo lo pusieron en juego para vencer la resistencia tenaz de un deudor obcecado y lleno de las mas extravagantes ideas en materias de crédito público.

Si los certificados de cupones no tienen hoy mas formalidad, culpa es del gobierno que se negó á intervenirlos y á que se hiciera su comprobacion. El comité, en cuyo seno, y entre otros respetabilísimos nombres, figuraba el del Baron Lionel Rothschild, obró de completa buena fé, y se valió para el cange de cupones por certificados de uno de los establecimientos de crédito mas poderosos y respetables del mundo, del célebre London and County Bank, depositándose después los libros talonarios en el Banco de Inglaterra. Ni un solo certificado se emitió sin recoger el número correspondiente de cupones, y esto puede comprobarse á todas horas comparando los referidos libros talonarios con las carpetas de los documentos presentados á conversión, que existen en las oficinas de la comisión de nuestra Hacienda de Londres.

Los acreedores, es cierto, se desprendieron del único título que les constituía en acreedores del Estado, pero fué obedeciendo á un acto de fuerza mayor, contra el cual protestaron. Porque se despojo á uno con mas ó menos presion ó violencia del recibo que le diera su deudor, no por esto se anula la deuda entre gentes honradas, y con la entrega de los cupones tampoco quedó ipso facto cancelada y extinguida una obligación que se negaban á cancelar los acreedores recibiendo sólo el pago de la mitad.

En virtud de estas razones, los acreedores españoles reclamaron de la junta sindical de la Bolsa de Londres que, con arreglo al art. 57 del reglamento para el régimen de dicha Bolsa, se prohibiera la colocación de todos los valores, títulos, acciones, bonos, etc., que nuevamente emitiera el gobierno español, y desde este momento nos quedó cerrado aquel mercado. Inmediatamente se tomó el mismo acuerdo en las Bolsas de Paris, Francfort y Amsterdam.

Tan imperdonables errores complicaron extraordinariamente la situación de nuestra Hacienda. En vano el Sr. Bravo Murillo procuraba salir del conflicto, tratando de reducir los gastos y procurando poner orden en la administración. En su tiempo se hizo la ley de contabilidad, se empezó el sistema de publicidad de los presupuestos, cuentas del Estado y balanzas de Comercio. En aquellos trabajos se descubre al administrador haciendo y empieco de una casa particular, pero no al economista fiscal de elevadas miras, capaz de regenerar una Hacienda pública en estado de un constante déficit. Desesperado de sus infructuosos esfuerzos, el Sr. Bravo Murillo quiso regenerar nuestra riqueza pública por medio de numerosas concesiones de ferro-carriles; pero esas concesiones, hechas sin el concurso de las Cortes y en favor de determinadas personas, levantaron contra él una grande oposición. Entonces anunció atrevadamente en la Gaceta su propósito de cambiar radicalmente la Constitución del Estado, y una coalición formidable de todos los partidos le hizo perder la confianza de la Corona y le obligó á abandonar el poder. El Sr. Bravo Murillo cayó á impulsos de sus desaciertos en Hacienda, y muy particularmente en la cuestión de crédito público.

Uno de sus sucesores, el Sr. D. Alejandro Lloren- te, comprendiendo que no podría arbitrar recursos sin abrirse los mercados extranjeros, presentó á las Cortes un proyecto de ley en que pedía autorización para celebrar un arreglo con los tenedores de certificados de cupones ingleses; pero aquel ministerio era de transición, y demasiado débil para realizar semejante operación. Los partidos políticos tomaron de ella pretexto para atacarle vivamente, y desde entonces las ciegas pasiones de bandería convirtieron en arma de combate una cuestion de crédito público, sin cuya buena solución es imposible la prosperidad de nuestra Hacienda.

Vino el año 1854. A los varios gabinetes transitórios que habían dirigido el gobierno del Estado, había reemplazado un ministerio enérgico, según la expresión de la época, el del Conde de San Luis, que confió la cartera de Hacienda á un diputado progresista, el Sr. Domenech; pero la situación, preñada de dificultades, no consentía gobierno de partido conservador, y el Conde de San Luis, al principio con ciertas tendencias liberales, se precipitó en la política reaccionaria, impelido por las oposiciones y apurado por la cuestion de Hacienda, y la no menos grave relativa á la legalización de las concesiones de ferro-carriles. Una votación contraria en el Senado y el empréstito forzoso á que apeló para llenar el vacío de las arcas del Erario, provocaron la revolución de aquel año, que trajo al poder á los progresistas. La cuestion de crédito fué por consiguiente una de las principales causas de aquellos graves acontecimientos.

Durante los dos años de gobierno progresista, si bien no se hizo nada respecto á la cuestion de los certificados de cupones ingleses, la reputación de pru- reza en el manejo de los fondos públicos que gozaba aquel partido, sus leyes, regularizando y confirmando las concesiones de ferro-carriles, la de Bancos de circulación en todas las capitales y poblaciones de alguna importancia mercantil, la de sociedades de crédito, las de desamortización civil y eclesiástica, y sus proyectos de reforma arancelaria, si no sirvieron para abrirle el mercado inglés, le abrieron por lo menos el francés, y restableciendo la confianza, elevaron el precio de la deuda pública, bajaron el interés de la deuda flotante del Tesoro, atrajeron capitales para la constitución de grandes sociedades de crédito y despertaron el espíritu de empresa que mas tarde ha realizado la construcción de nuestras principales líneas de ferro-carriles.

Pero la contrarrevolución de 1856 paralizó de re- pente aquel movimiento; la desconfianza y el descrédito volvieron con el partido moderado; una crisis mercantil intensa, una gran carestía del trigo y la paralización de negocios producida por los temores que inspiraba una política reaccionaria, aumentaron los apuros del Tesoro hasta tal punto, que el señor Barzanallana, ministro á la sazon de Hacienda, ya fuera forzado por las circunstancias, ó bien por falta de pericia para realizar 266 millones efectivos, tuvo que dar 700 y tantos en títulos del 3 por 100 consolidado. Tal fue el resultado de la ruinosa operación que se ha hecho célebre en nuestra historia rentística bajo el nombre de Empréstito Mirés. Es decir, que cuando en la Bolsa se cotizaba el referido 3 por 100 á 59 y pico, el gobierno cedió 700 millones á 35'5, ó sea un 3'5 de diferencia.