Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-06-12 00:00:00), página 18

tas y responsabilidad de los directores, los indicados accionistas tienen el derecho de demandarles ante los tribunales, que son en último resultado á quien toca administrar justicia y garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos.

Así es que en Inglaterra no puede incurrirse procedimiento de oficio contra los funcionarios elegidos por las parroquias, sino que han de ser todos á instancia de parte; en cambio no se necesita autorización del gobierno para proceder cuando esta demanda se presenta y los hechos que la producen dan lugar á seguir un pleito civil ó un procedimiento criminal según los casos.

En las mismas leyes de Indias, y muy especialmente en las que tratan de la reducción de indios ó pueblos, y en las que organizan el régimen y gobierno de éstos, encontraremos bases bastantes para poder fundar el sistema con solo tener el cuidado de descargar las atribuciones judiciales y las esencialmente gubernativas que confieran á los ayuntamientos.

El primer efecto político de este sistema es la creación natural del cuerpo electoral. Los vecinos con voz y voto en el Concejo, son necesariamente contribuyentes á los gastos del mismo, y pagan en proporción á sus fincas si son propietarios, ó á las que habitan ó tienen alquiladas si son arrendatarios. Desaparece en seguida el vicioso sistema de los impuestos locales indirectos, que naturalmente se sustituyen por impuestos directos; en consecuencia, el cuerpo electoral queda de hecho formado; y ya se adopte la elección indirecta, ya la directa, el consejo parroquial viene á ser por este medio la base del poder político, sin ofrecer ningún inconveniente, puesto que despojado el poder central de su influencia en los intereses materiales y peculiares de cada localidad, es imposible que pueda ejercer ningún género de coacción electoral, y mucho menos traer al Parlamento mayorías numerosas y compactas de diputados disciplinados como un régimen, y en lo general personas de limitada capacidad y escasa influencia política.

La cuestión de razas tampoco ofrece en estos casos ningún género de inconvenientes, puesto que todos los vecinos tienen interés en que concurran al consejo, y contribuyan con su dinero á los gastos de utilidad común, cuantos tengan intereses en el distrito, sean blancos ó de color, porque el dinero no distingue de matices de piel, y es tan eficaz la onza de oro que entrega un vecino europeo ó descendiente de europeos, como la que sale del bolsillo de un originario del África. Sucede en estos casos lo mismo que en el ejemplo citado de las compañías mercantiles, en cuyas juntas de accionistas no se suele elegir para gerente al accionista que es marqués ó duque, sino al que se reconoce mas apto para desempeñar el cargo, aunque sea un modesto tendero: quedanse á la puerta las pretensiones nobiliarias y aristocráticas para dar sólo entrada á los intereses positivos de cada concurrente.

Sentada esta base, es necesario en seguida robustecer la autoridad judicial rodeándola de prestigio: es necesario dotar bien á los magistrados, darles la inamovilidad, hasta el punto de que no puedan ser separados sino en virtud de sentencia de un tribunal superior, que en Inglaterra es el mismo Par-

lamento; pero mientras se perfeccione nuestro sistema judicial, la creación de los consejos parroquiales puede sin embargo llevarse á cabo sin ningún género de inconvenientes.

La imprenta puede ser mas libre donde el Gobierno político está descargado de la administración de los intereses locales, que son precisamente los que mas trabajo imponen, y los que mas gastan á los gobiernos centralizadores, desprestigiándolos completamente en muy poco tiempo.

Del mismo modo, en todas las demás instituciones puramente políticas se simplifica la máquina gubernativa evitándose muchos inconvenientes.

Queremos ser breves, consignar sintéticamente nuestras opiniones en tan importante materia, ya que discrepamos un tanto de las que profesan algunos de nuestros amigos, y no obstante el asunto se presta á escribir volúmenes. Tenemos ocasiones de volver á tratarle, y en este concepto, y para concluir hoy, nos limitaremos á consignar que la base de los consejos parroquiales ó municipales, después de servir de apoyo al sistema municipal y al administrativo de la provincia, después de crear el cuerpo político electoral y de sentar los fundamentos de un sistema directo de impuestos, hace innecesarios los tribunales especiales que fallan sobre lo contencioso-administrativo, dejando los pocos asuntos de esta clase que puedan ocurrir al juicio y fallo de los tribunales ordinarios.

Poco importa en seguida que el Gobierno provincial sea mas ó menos autónomo en las cuestiones puramente políticas, si tiene una competencia absoluta en las que se refieren á los intereses económicos de la provincia. Adoptése para complementar el sistema legislativo-político que se quiera, ya se creen las asambleas legislativas coloniales, ó bien las provincias ultramarinas envíen sus diputados á las Cortes generales de la nación, el resultado será siempre bueno: habrá en este último caso especialidad y asimilación, porque la especialidad estará en la libertad local, en la autonomía, en la verdadera descentralización administrativa y la asimilación en la común nacionalidad, en la concurrencia de los diputados ultramarinos para la formación de las leyes generales del Estado.

Mas en el interin se resuelve sobre esta cuestión capital, hay derechos y garantías que lo mismo son necesarios en un país que en otro. Dese á las provincias ultramarinas la libertad de imprenta que aquí tengamos, guárdense las personas contra todo procedimiento, prisión ó destierro arbitrario, concedáseles el derecho de queja y de petición, y suceda lo que quiera podremos esperar con mas calma á que se haga el resto de la reforma política.

En otros artículos nos ocuparemos en refutar varias doctrinas del Sr. Ministro de Ultramar, espuertas con motivo de las discusiones que han motivado estas ligeras observaciones y de que hoy no podemos ocuparnos.

FÉLIX DE RUIA.