Revista hispano-americana (Madrid. 1864) (1865-03-12 00:00:00), página 32

Recordarán nuestros lectores que el Sr. Duque de la Torre dijo en el Senado, que siendo capitán general de la isla de Cuba, evacuando un informe que pidió á varios peninsulares respetables y muy dignos, fuéreron de opinión de que nuestras Antillas debían enviar aquí sus diputados á Cortes; y que el periódico La Isla de Cuba después y con conocimiento de ese discurso se atrevió á asegurar que «entre los innovadores no se encontraría seguramente el nombre de peninsular ninguno, residente en aquellas provincias». Pues bien, nosotros estamos debidamente autorizados por quien corresponde, no para ratificar lo dicho por el Sr. Duque, cosa que nadie ha puesto en duda ni se ha atrevido á negar, además del periódico citado, sino para decir los nombres de esos peninsulares respetables á que se refirió el antiguo capitán general de Cuba, y son los siguientes: el Sr. Brochero, general de ingenieros, el Sr. D. Miguel Suárez Vigil, secretario entonces del Gobierno superior civil y hoy magistrado de la Audiencia de la Habana, el Sr. Conde Armíndez de Toledo, intendentente entonces y ahora de la Habana y D. Isidoro Araujo de Lira, director entonces del Diario de la Marina de la misma ciudad, que durante el espacio de veinte años había estudiado en el periódico las cuestiones de aquel país.

También sabemos que entonces se formuló un proyecto de leyes especiales para aquellas provincias, en el que, además de los diputados á Cortes se proponía, entre otras cosas, que la autoridad superior de las islas perteneciera al orden civil; todo lo que fue remitido al Gobierno, manifestándosele que si no parecía completo ó acertado, se nombraría una comisión que en aquel país y con audiencia de sus naturales, estudiará y propusiera las que fueran más convenientes. Todo esto debe obrar en las oficinas de este Gobierno, y no sabemos si habrá sido comprendido en los estudios que dice el Sr. Ministro de Ultramar que está haciendo de las cuestiones de aquellos países. Se lo indicamos por si no lo sabe.

Parece que la cuestión de Santo Domingo ha entrado en una nueva faz. Según las últimas noticias y eu cartas que hemos visto, se dice que los insurrectos se han rebelado contra su jefe Polanco, lo han huido y hecho refugiar en Haití, enarbolando la bandera española en Santiago. Si esto es cierto, ¿qué hará el Gobierno? Estando todo el país por España, ¿persistirá en su proyecto de abandono? El apuro es grave.

El proyecto de la nueva ley de imprenta es digno de las ideas que imperan en las esferas del Gobierno. No hablaremos de la hipoteca de las imprentas en lugar de los depósitos; de la responsabilidad solitaria de autores, directores e impresores, en lugar de la de los actuales editores; ni de la sustitución de las eternas y costosas causas criminales del fuero común, en lugar de las actuales por medio del jurado, ni del catálogo de delitos en el que se comprenden hasta las abusiones, ni de otras muchas mejoras por el estilo; de lo que queremos hablar es de la distinción que se hace entre el delito consumado y el delito frustrado Delito consumado se llama á la publicación de dos ejemplares del impreso; mucho es, pero pase, y delito frustrado se llama y se castiga (no hay que asombrarse) al que pueda cometérselo en un impreso aun no publicado con sólo el hecho de llevar al gobernador civil y al juez de imprenta los dos ejemplares que previene la ley que se lleven antes de la publicación á cada uno de estos señores. De suerte, que se llama delito frustrado y se castiga como tal, al hecho forzoso de cumplir un precepto legal. Es decir que esta ley considera delinquente y le impone pena á aquel que la obedece y se presta voluntariamente á su cumplimiento. Y luego se dirán conservadores estos señores. Esto no se ha visto nunca, y por tanto no es un hecho conservado: esto como no visto nunca es un adelanto, un progreso, pero un progreso inaudito que hará perpetuo honor á sus autores. Ya sabíamos nosotros que la nueva ley de imprenta había de ser tan liberal, tan liberal..... como pudiera esperarse de los que la han confeccionado. Los conocemos. Ya se dice que han hecho las paces con ciertos pájaros de mal agüero; vendrá después la reforma del reglamento de los Cuerpos colegiados que ya se anuncia, etc., etc. Ya han tomado el impulso, no se detendrán en el camino. Sabemos á donde nos conducen.

La Libertad dice que el señor conde de San Luis no tiene la ambición vulgar de ser ministro,como gratuitamente le atribuyen algunos periódicos.

Dice bien la Libertad. A ser ministros aspiran todos, el vulgo; para lo que hacen, cualquiera es bueno. Lo malo es que no sabemos á qué aspirar los que valemos algo.

El que haya de juzgar á nuestro artículo por el que nos dedica La Isla de Cuba en su último número con intención de refutarlo, quedará tan enterado como aquel á quien dijeren que la noche es día. Baste decir que nos llamamos al Gobierno el mejor medio de defensa en las Antillas contra las pretensiones de los yankees. Lo de siempre: á falta de razón, meterlo á barato. No nos hacemos cargo de las otras apreciaciones que contiene dicho artículo, porque son ejusdem furoris: aguardamos el otro que nos ofrece, á ver si tiene algo atendible, aunque difícilmente podremos estar acordes. Miramos los asuntos de las Antillas bajo puntos de vista muy diferentes. Nosotros los miramos por el lado blanco; nuestro colega los mira por el lado negro.

Leemos en La Isla de Cuba:

«Los distinguidos cubanos señores marqués de Almenares y conde de la Fernandina, que tanto llaman la atención en esta corte por su agradable trato y su riqueza, obsequiaron el miércoles último con un banquete al señor presidente del Consejo de Ministros, al Sr. Ministro de Ultramar y á algunas otras personas notables.»

Nosotros hemos buscado al señor marqués en su puesto en el Senado y lo encontramos en el Senado y en su casa