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«La tasacion de costas comprenderá únicamente el abono de derechos ó indemnizaciones que consistan en cantidades fijas e inalterables, por hallarse anticipadamente determinadas por las leyes, decretos, ó Reales órdenes; las indemnizaciones y derechos que no se hallen en este caso, corresponden á los gastos del juicio.»

Si se insiste en que, siendo fijos, desde el Real decreto de Aranjuez, los derechos de los peritos médicos, quedan comprendidos en las costas, y que á ellas se refiere el art. 47 del Código penal; diremos en primer lugar, que si mañana se le autoja al ministerio fijar los de los abogados, promotores fiscales y procuradores, también serán costas, y volveremos á las andadas; y en segundo lugar, que no lo entienden así los juríseconsultos. En el Febrero reformado por D. Florencio García Goyena, D. Joaquín Aguirre, D. Juan Manuel Montalvan, y D. José de Vicente Caravantes, á renglón seguido de las palabras de dicho artículo, se añade: «Se consideran, pues, como costas los derechos de arancel, el reintegro del papel sellado, y otros semejantes; y como gastos del juicio los honorarios de los abogados, promotores fiscales y otras personas ó corporaciones facultativas y otros gastos de la misma especie. Así se deduce de las anteriores disposiciones y se dispone expresamente en las reglas 52 y 53 de la ley provisional para la aplicación del Código.¹

Si el ministerio de Gracia y Justicia se hubiese atenido á lo que prescriben nuestras leyes sobre el derecho y libertad de los facultativos, para señalar ellos, por sí, sus honorarios en las asistencias á los enfermos y en las actuaciones periciales, no hubiera calificado de costas los honorarios de los facultativos, seguirían siendo, como son, gastos, y para su abono, deberá referirse á las reglas 53 y 54. El referirse á la 52, podrá tener la idea de que no estén sujetas á reduccion como los gastos.

Hay, además de esas dos leyes, ambas vigentes, la de Enjuiciamiento civil, sancionada en 5 de Octubre de 1845, cuyos artículos 78, 79, 80 y 81, vienen á confirmar lo mismo que el Real decreto del 22 de Mayo de 1846, y la ley provisional ya mencionada, en punto al modo de abonar los honorarios de los peritos facultativos.

El art. 78 de esa ley dice: «Los honorarios de los letrados, peritos y demás funcionarios no sujetos á aranceles, serán regulados por ellos mismos, en minuta firmada que presentarán, dictada que sea la reso-

¹ Obra citada, cuarta edición, tomo v, pág. 167.
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zacion, las vinculaciones, los censos perpétuos, van perdiéndose entre otros tantos recuerdos de nuestra historia.—No es nuestro objeto juzgar las disposiciones que decretaron su muerte, porque de un lado, no conduce á nuestro propósito y de otro, como están aún demasiado recientes, no es posible acercarse á ellas sin temor de perder, al contacto de pasiones no extinguidas, la imparcialidad del juicio.—Lo que importa consignar, es el resultado de estos hechos, y los nuevos principios que han traído al régimen de la propiedad.

Desde luego el más importante es el desarrollo de las atribuciones y de la supremacía del Estado.—No es esto decir que antes no fuera ya muy grande su poder; pero encontraba una resistencia en la organización vincular de la familia, en las diferentes corporaciones que gozaban de vida propia, y sobre todo en la independencia de la Iglesia, que aunque desde el siglo xv sujetá á las regalías, tenía todavía en sus riquezas, en su poder, en la multitud de sus corporaciones, elementos de independencia. Hoy desamortizada su riqueza, destruida la vinculación, vendidos los bienes de aquellas corporaciones civiles que acababan pero no cumplían las disposiciones reales que consideraban atentatorias á su derecho; el Estado reina solo sin rival, ostentando en sus manos el centro de la centralización.—Y esta idea que nosotros no apreciamos en toda su importancia, acostumbrados al gran desarrollo que tuvo siempre en Castilla, es, sin embargo, capital en las provincias forales.—Estas, durante largo tiempo, han luchado por conservar su independencia administrativa que al fin murió en Aragón bajo Felipe II, y bajo Felipe V en Cataluña, salvándose sólo algunos restos de las Provincias Vascongadas y Navarra, y todavía no se han resignado á esa absorción de la vida individual que nosotros contemplamos impasibles.—La organización del derecho de propiedad dentro de la familia, es todavía la de los primeros tiempos; el hombre es dueño de la facultad de testar y de disponer de sus bienes, y la conciencia de su derecho aumenta su fuerza individual, haciéndola mirar con mayor odiosidad la centralización y los derechos que sobre la propiedad se ha atribuido el Estado.

Y como consecuencia de este primer hecho, encontramos otro, y es la manera de regular hoy día la propiedad; manera que no solo existe en la esfera de la ley, sino que contagiando la opinión, tiene ya carta de naturaleza y se hace oír con harta frecuencia en cualquiera materia que se trate.

No es difícil señalar en la práctica y en los hechos materiales, lo
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lución en que se haya impuesto la condena; la cantidad, á que ascienda, se incluirá por el escribano en la tasación.»

En los demás artículos, se trata de los casos de desavenencia entre los que señalan sus honorarios y los que han de pagarlos, cuando les parecen excesivos, y se dispone á poca diferencia lo mismo que en el citado decreto sobre los aranceles judiciales y la ley provisional, para dirimir esas contiendas. En ningún artículo se habla de dirimirlas con sujeción á una tarifa legal para los que no están sujetos á ella.

¿Estaban los facultativos y peritos médicos sujetos á un arancel? No. Ni el decreto sobre los aranceles judiciales, ni la ley de Sanidad, ni la provisional para la aplicación del Código penal, ni la de Enjuiciamiento civil, como lo acabamos de ver, ni ninguna otra, les impone semejante sujeción.

En el reglamento para la exención del servicio de las armas, se señala la cantidad que han de percibir los facultativos, que reconocen á los mozos del reemplazo en los pueblos y en las diputaciones.

En la circular para las exhumaciones civiles se señalan también los derechos de los profesores que asisten á ellas. Fuera de esos casos particulares, y algún otro, si le hay, jamás están los derechos préviamente fijados por una tarifa; siempre son los mismos facultativos los que gradúan sus honorarios.

La única disposición ó acto del Gobierno, que, contra lo mandado por nuestras leyes, incluso las arancelarias, sujeta á los peritos médicos, en los casos judiciales, á una tarifa previamente establecida, es el Real decreto del 13 de Mayo de 1862. Pero no debiendo ser este decreto más que un reglamento desarrollador de las bases de la ley de Sanidad, como lo previene la misma en su art. 95, y estando reconocido en esa ley lo mismo que en todas las demás que tratan de esa materia, inclusa la que invoca el art. 30 del decreto en cuestión para el abono de los honorarios periciales, la facultad de graduarlos por sí mismos los peritos; el Real decreto de Aranjuez, en nuestro concepto, se extralimita, se pone en puñga con todas esas leyes, sujetando á los peritos facultativos á un arancel.

La discordancia en este punto es por lo tanto notoria entre lo dispuesto por la ley de Sanidad, y lo que debe ser su reglamento, y no mas que su reglamento.

No está menos patente la segunda discordancia. La ley de Sanidad quiere el abono de los honorarios y gastos de los peritos por el presupuesto extraordinario de Gracia y Justicia, para lo cual debe pedirse
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la cantidad competente, y lo establece de un modo absoluto, sin determinar ni excluir casos; al paso que el Real decreto de Aranjuez limita ese abono á los de insolvencia y absolución de costas y gastos por declaración de oficio.

Inútil es que se diga que la ley no lo expresa, pero que se sobreentiende; siendo claro que, si la parte condenada á costas y gastos es solvente, puede pagar, ella es la que debe hacerlo, y la que en efecto pagará á los peritos. El Gobierno, sólo debe abonar los derechos de esos, cuando no haya quien lo haga.

Eso es un error profundo. Si la ley lo entendiese así, lo entendería mal; no querría acabar con la injusticia que se ha venido cometiendo, desde tiempo inmemorial, con los peritos facultativos, y todas las promesas galanas del señor ministro se desvanecerían como el humo, en todos esos casos de condena y de solvencia.

No en todos los casos, en que han actuado peritos médicos, cirujanos y farmacéuticos, se han declarado los gastos y costas de oficio, ni han sido todos los condenados insolventes, y sin embargo, en la inmensa mayoría de esos casos, los peritos no han cobrado sus derechos. Prescindamos de todo lo que haya podido ocurrir para dar lugar á ese resultado; no queremos entrar en ese terreno repugnante y peligroso; pero lo cierto es que no se han cobrado esos derechos. Respondan por nosotros los centenares ó miles de profesores de todas clases, á quienes se deben los honorarios devengados en casos, en los que hubo parte condenada y esta tenía bienes con que pagar. El mismo señor ministro ha reconocido, en su preámbulo, la triste verdad de ese hecho escandaloso.

Cinco años hace que el que esto escribe está actuando con otro compañero constantemente en casos judiciales de envenenamiento y otros que exigen análisis químicas. Hemos reclamado los honorarios asentados al pie de nuestros documentos, á los señores jueces de primera instancia de Madrid, con los cuales nos entendemos oficialmente, en virtud de la Real orden de nuestro nombramiento, y de los avisos puestos por el Excmo. señor rector de la Universidad en la Gaceta del Gobierno. Los unos nos han contestado que las causas no radicaban en su juzgado; otros, que no estaban terminados los procesos; otros, que no tenían fondos, etc., etc. Lo cierto es, que fuera de uno ó dos casos, en los que los interesados han querido pagar con ó sin condena, en todos los demás, se nos está adeudando nuestros derechos y los gastos materiales; y hace cinco años que estamos trabajando (¡y qué trabajo!) y sirviendo
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á los tribunales de justicia, como tal vez no se han visto nunca servidos.

Hemos reclamado el fruto legitimo de nuestro improbo, repugnante y peligroso trabajo al ministerio de Gracia y Justicia hace ya más de tres años, y aunque tenemos de nuestra parte la razon y la justicia, lo terminantemente expresado en la Real orden del 10 de Mayo de 1853, en virtud de la cual funcionamos desde Octubre de 1858¹ el art. 93 de la ley de Sanidad, y un clarísimo dictamen del Consejo de Estado sobre que el ministro de Gracia y Justicia es el que debe abonar los derechos por servicios facultativos, cuando sean los jueces los que los dispongan; el ministerio no nos ha abonado todavía lo que nos debe, y está el asunto durmiendo en el Consejo de Estado, adonde ha vuelto, en nuestro concepto, sin necesidad, y donde es muy posible que permanezca sin resolver el negocio hasta la consumacion de los siglos; porque así se premia muchas veces en España al que trabaja con dignidad, independencia de carácter, y conciencia de sus deberes.

Entre más de cien casos que á estas horas llevamos despachados, algunos habrá con su correspondiente condenacion de parte y bienes para pagar. En cinco años, bien pueden haberse fallado definitivamente las causas criminales respectivas. Sin embargo, lo repetimos, no hemos cobrado, y solo Dios sabe si algún dia se nos abonarán honorarios tan legítima como penosamente devengados.

Eso demostrará al señor ministro de Gracia y Justicia, á quien sobradamente consta cuanto acabamos de exponer, que desentendiéndose del pago de los honorarios, cuando haya condenacion de parte á las costas y gastos, y aquella pueda pagar; creyendo que la ley de Sanidad da por supuesto, aunque no lo exprese, que en tales casos el abono no corre á cargo del capítulo correspondiente del presupuesto del ministerio de Gracia y Justicia; los facultativos puestos bajo la dependencia del poder judicial, como auxiliares de la justicia, no tendrán esa prenda segura y eficaz de que sus trabajos han de ser en todo caso recompensados; no podrán estar seguros de obtener la indicada remuneracion, si el Estado no se compromete á satisfacerlos tambien en esos casos; porque una experiencia de muchos años enseña que, siquiera se condene á una ó más partes á las costas y gastos, y los condenados tengan bienes con que abonarlos, los peritos científicos no cobran lo que les corresponde por sus servicios periciales.

¹ Motivos, que no son de este lugar, nos impidieron encargarnos de esa tarea hasta que el laboratorio quedó bajo nuestra direccion.
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Es uno de los graves males que la ley de Sanidad quiso cortar y que el Real decreto de Aranjuez no ha cortado, dejándolos en pie y haciendo ilusorias las esperanzas dadas por el preámbulo de ese decreto á los peritos facultativos.

Esa prenda segura y eficaz de ser recompensados en todo caso sus trabajos, podrian tenerla los profesores haciendo el Gobierno lo que dice el art. 95 de la ley de Sanidad, siendo siempre el ministerio de Gracia y Justicia el que abone en todo caso los honorarios de los peritos, sin perjuicio de que se los reembolse de las partes condenadas, cuando estas no sean insolventes. El Gobierno tendrá medios fáciles de reembolsarse, no dejará de cobrar ni un maravedí; mas los peritos seguirán como hasta ahora; no cobrarán nada, por lo méños en la mayoría de los casos, y en especial los que viven á cierta distancia del punto donde radiquen las causas.

Resulta, por lo tanto, que, ora porque el Real decreto de Aranjuez sujeta á los facultativos á un arancel que las leyes vigentes sobre honorarios no reconocen; ora porque limita á ciertos casos y condiciones el abono de los derechos devengados por servicios periciales, cuando la ley de Sanidad habla en términos absolutos; siempre queda dicho decreto en desarmonía con la ley de Sanidad; no es el desarrollo legítimo de las bases de esta; no le ha dado, como se supone en el preámbulo, su debido cumplimiento.

Pero prescindamos ya de esa cuestion, aunque importante y de interés vital para los médicos forenses y hasta para el mismo público. Veamos si el Gobierno, separándose de la letra y espíritu de nuestra legislacion vigente, en punto á honorarios de los facultativos, ha hecho algo en beneficio de estos; si les ha garantizado esa prenda segura y eficaz de que en todo caso serán recompensados sus trabajos, y si ha sabido armonizar los intereses de la clase médica con los de la sociedad.

No queremos ya discutir sobre si cobrarán ó no, en esos casos de que se desentiende el Estado, según el Real decreto de 13 de Mayo de 1862, los médicos forenses y peritos. Limitémonos á los de que se hace cargo el Ministerio, y veamos el sistema de abono ó pago á que ha dado la preferencia, teniéndole por el más justo y equitativo.

Parece ser que el Gobierno, ó los que le han aconsejado en este punto, no han sabido ó querido ver mas que dos sistemas; el de dotacion fija ó sueldo, y el de remuneracion por arancel. No han comprendido que hay otro, el verdaderamente legal, el propio de los facultativos, el más digno y ventajoso para ellos, al propio tiempo que el más acomodable
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al público, ó á los diversos sujetos que hayan de reclamar los auxilios de la ciencia; sistema de retribucion flotante, variable, dúctil, flexible y plegado siempre, en lo posible, al conjunto de bases ó circunstancias, sobre las cuales se apoyan, ó deben apoyarse los facultativos, al extender la minuta de sus derechos, ó al graduar por si mismos el valor de sus servicios, ya á los particulares, ya á los tribunales de justicia, ó autoridades administrativas que reclaman los auxilios de la ciencia.

Del último de esos tres sistemas no hace el señor ministro en su preámbulo la menor mención. El derecho que tiene todo profesor de graduar por sí mismo el valor de sus servicios científicos, igual al que tienen los letrados y completamente idéntico ó análogo al que tiene todo productor respecto de los productos de su industria, no le ha parecido sin duda digno de que se detuviera en él ni un momento, ni de concederle, no diremos ya los atributos de una realidad, sino ni las probabilidades de una hipótesis.

Como letrado que es S. E., se indignaría justamente de que se pretendiera sujetar sus escritos ó trabajos de bufete y actuaciones en los estrados á un arancel mezquino ó pródigo, como se hace con los servicios de los alguaciles y otros curiales; recordaría la antigua tasa, y dispuesto tal vez, como gobierno económico, á rechazarla respecto de los artículos de consumo, artefactos y alquileres de las casas, considerándola como un violento atentado á la propiedad y á la libertad de industria y comercio; diría que someter los productos de su ingenio y de su saber y los de su profesion á un arancel, á una tarifa legal, sería igualarlo, con desdoro y mengua de su facultad, á los artículos de consumo, á los artefactos y á los alquileres de las habitaciones, cuyo precio ó valor determinaba la tasa, en tiempos, en que el Gobierno se abrogaba esa facultad como un derecho ó prerrogativa del Estado.

Y sin embargo de que lo miraría como un desaguisado respecto de la abogacía, lo encuentra justo, natural, fuera de duda y discusion, tratándose de los servicios médicos. Para estos, á pesar de lo que declaran las leyes y sancionan las costumbres del país, las que en España son también leyes y á veces superiores á estas, como lo dice en cierta parte una obra notable que no desconocerá S. E., no ha sabido ver mas que ó dotación fija, ó cuentas sometidas á un arancel uniforme é inflexible determinado por el Gobierno.

Queremos suponer que el señor ministro de Gracia y Justicia no ha recordado que había otro sistema, el que respeta el derecho y libertad de los profesores en la evaluacion de sus servicios, y que su inconce-
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bible omision no significa en S. E. un deliberado propósito de negar esa libertad, ese derecho, esa igualdad ante la ley que deben tener todas las profesiones y todos los ciudadanos de un país; mucho méños habrá querido dar á entender que los servicios ó auxilios de los facultativos sean hoy dia de peor condicion economica que los articulos de consumo, los productos de la industria y los alquileres de las casas. Pero el hecho es que así resulta del dilema que se puso, y del extremo de ese dilema á que ha dado la preferencia.

Lo más notable es que, al parecer, le ha movido á ello un profundo sentimiento de justicia. Para S. E. el sistema de dotacion fija sería injusto, por lo desigual, atendidos la índole de los servicios de que se trata y su número infinitamente variable segun las circunstancias de cada localidad. El error, por lo tanto, del señor ministro, lo vicioso de su sistema predilecto, no es de corazon, es de cabeza; no es de sentimiento, es de raciocinio; no peca por falta de sed de justicia, peca por falta de nutricion de buenos principios, de ciencia práctica, de conocimiento del negocio.

El señor ministro no ha sabido ver diferencias, variedades infinitas, mas que en las circunstancias de localidad, y aun tan sólo en cuanto al número de actuaciones, y ha tenido la candidez de creer que un arancel inflexible, uniforme, igual para todas las fortunas, absoluto, realiza más la justicia y equidad que un sueldo fijo, imposible de acomodar, según S. E., sin injusticia, al número é índole de los servicios.

El más somero estudio de las obras de medicina legal que tratan de ese asunto tan difícil como delicado; el menor conocimiento histórico de los esfuerzos hechos para dar una cabal resolucion á ese problema, tan importante y trascendental para las clases facultativas como para la sociedad entera, le hubieran enseñado que el sistema absurdo, al cual ha dado la preferencia, tiene sobre sí el anatema de todos los inteligentes en la materia y de todos los verdaderos amigos de la justicia y equidad.

El valor de los servicios médicos no depende de una sola base, no se fija por un sólo concepto ó relacion; es un resultado complexo de una porcion de bases, una especie de diagonal de diferentes relaciones. Si se quiere que sea la expresion más genuina, como la más posible aproximada, de la justicia y equidad, basada en la equivalencia del valor del servicio y el de la cantidad con que se retribuye, es necesario atender á un tiempo ó simultáneamente á la poblacion en que se prestan los servicios; á las posibilidades ó bienes de aquellos á quienes se
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prestan; á la categoría académica de los facultativos, representante de más años de estudios y más capitales empleados para obtenerla; á la naturaleza ó índole de los auxilios; á su mérito intrínseco, científico y literario; á la hora, estacion y circunstancias naturales y sociales en que se dan; al tiempo empleado en ellos; á las distancias que hay que recorrer; á las dificultades que deben vencerse; á los riesgos y peligros que se corren al prestar los servicios; á la fama, reputación ó especialidad del que los presta; á la responsabilidad moral y legal que pesa sobre el profesor que asiste ó actúa; á los resultados, á la costumbre; y no sería difícil hallar algunas bases más, tan dignas de ser tomadas en consideracion, como todas y cada una de las expuestas.

El conjunto de esas circunstancias es infinitamente variable, y modifica natural, equitativa y justamente el valor de los servicios, ya elevando, ya bajando ese valor, según cual sea la combinacion de ese conjunto.

Cuando los facultativos extienden la minuta de sus derechos ó los asientan al pie de sus documentos, se atienen ó deben atenerse á ese conjunto de bases ó relaciones. Cuando las corporaciones científicas, ó las comisiones formadas por requerimiento judicial, tasan los honorarios de los facultativos, en los casos de litigio entre esos y sus clientes, ese conjunto de bases les sirve ó debe servirles de pauta y guía, como quieran interpretar fielmente las leyes y exigencias de la equidad y justicia commutativas.

¿Puede la tetánica, la férrea rigidez de un arancel uniforme, cristalizado por la frialdad, por el hielo de la ley, acomodarse á esa infinita variedad de conjuntos básicos? ¿Podrá jamás lisonjearse el Ministerio de que una forma absoluta, invariable, inflexible, igual para todos y para todos los casos respectivos, realice una vez siquiera las aspiraciones de la justicia y la equivalencia del cambio entre el servicio y su honorario, en medio de esa infinita variedad de combinaciones acaso y sin acaso nunca iguales?

Formar un arancel obligatorio para todos establecido sobre todas esas bases; querer dominar todas las contingencias y gradaciones, y tener en cuenta esa infinita variedad de combinacion, sería perderse insanaente en un dédalo inextricable de dificultades superiores á la inteligencia creada. No hay hilos de Ariadne para esos laberintos.

Prescindir de esas bases y de su variabilidad ilimitada; formar el arancel obligatorio de una manera uniforme, sin tener en cuenta todas las bases influyentes en el alza y baja del valor del servicio, es lo mas