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Revista española (Madrid. 1862) (1862-07-30 00:00:00), página 9

Diciendo el art. 95 de la ley de Sanidad que un reglamento especial, que publicaria el Gobierno, estableceria la organización, deberes y atribuciones de los facultativos forenses, el ministerio de la Gobernacion se creyó por sí y ante sí llamado á formar ese reglamento que había de servir para otro ministerio. El ministro de la Gobernación nombró una comisión; el consejo de Sanidad se creyó á su vez con derecho á intervenir; y de ahí las dilaciones, entorpecimientos y peripecias que ha presentado ese negocio por espacio de siete años, dando eso lugar al influjo oficial y extraoficial tal vez de ciertos hombres fustegos que, para desgracia del país, en todo lo que atañe á la medicina, tienen la inconcebible manía de creerse poseídos de toda clase de saber teórico y práctico, desmintiendo á cada paso esa altanera e insensata pretension, los engendros raquíticos, de vuelo siempre rastrero, con que ponen en ridículo á los gobernantes, que se dejan engañar por la pseudo-ciencia de esos factotum.

Hemos oído decir que el proyecto presentado por la mayoría de la comisión no era aceptable. No le hemos visto, no hemos tenido ni una mínima parte en él. El que nosotros redactamos quedó como voto particular, y la comisión no le mandó al Gobierno, ni sabemos siquiera si le dijo que había ese voto particular, presentado por el catedrático de medicina legal y toxicología, de quien sabía aquel oficialmente que estaba encargado de redactar el proyecto por decisión de sus compañeros, y á quien nos parece que podía considerar algo inteligente en el asunto.

Sin embargo, comprendemos que no pudiese ser aceptable ese proyecto; porque los cuatro individuos que formaban la mayoría de la comisión, por recomendables que fueran bajo otros aspectos, no eran especialistas en el ramo. El uno era abogado, y eso basta y sobra para entender que no había de saber gran cosa de medicina legal y toxicología. El otro era farmacéutico, y á poca diferencia se había de hallar en igual caso de impericia. Los otros dos eran médicos que no han hecho nunca estudios especiales de dichas ciencias, y es ya un hecho fuera de toda duda que el médico, que se halla en ese caso, no es el más apto para el cabal desempeño de las actuaciones periciales, mucho menos aún para redactar reglamentos que hayan de servir de guía y pauta á los prácticos en el ramo.

No tenemos la pretension de que el voto particular fuese una obra perfecta, no nos ciega el amor propio hasta ese punto; pero si tenemos la convicción mas fundada de que, si el Gobierno la hubiese visto y
Revista española (Madrid. 1862) (1862-08-15 00:00:00), página 1

¡YA NO HAY DISTANCIAS!

CUADRO DE COSTUMBRES.

Lector ¿eres aficionado á viajar?
Si no me contestas con una pregunta, es señal de que no sabes lo que te he preguntado.
Para ponerte en camino de comprender el que vamos á andar en este cuadro, es preciso que me contestes preguntándome lo que yo entiendo por viajar. Si así lo hicieses, y quiero suponer que así lo has hecho, verás como yo te respondo, que viajar no es dejarse trasladar de un punto á otro.
Y si esta respuesta negativa no te parece digna de la pregunta, te daré otra más categórica y más llana. Te diré que el viaje y el transporte son dos cosas enteramente distintas, como lo son el alimento y el medicamento. El primero es una necesidad y un placer, y el segundo es una necesidad y un tormento. Pero de todos modos y aunque esto que digo sea una verdad, tampoco es mentira que los verdaderos viajes pertenecen ya á la historia, y que lo que ahora se usa es el

1. Este cuadro forma parte de los que ha escrito últimamente el Sr. Flores, para continuar su obra titulada Ayer, Hoy y Mañana, interrumpida como saben nuestros lectores desde 1853 en que apareció la primera parte ó sea el Ayer, retrato de la sociedad de 1850. Las dos ediciones que en poco tiempo se hicieron de aquel primer tomo están agotadas, y aquella parte se reimprimirá por lo mismo en Setiembre próximo publicándose á continuación el tomo segundo que contendrá el Hoy ó las costumbres de 1850, cuyo original está casi terminado gracias á la asiduidad con que el señor Flores se ha consagrado de nuevo á sus antiguas tareas literarias. Es probable que antes de terminar el año tenga el público completa esa obra que con tanta impaciencia desea.
Revista española (Madrid. 1862) (1862-08-15 00:00:00), página 10

DEL SERVICIO MÉDICO-FORENSE EN ESPAÑA.

Dejando ya á un lado lo que pudiera haber sido desde luego la organización de los médicos forenses; prescindiendo ya de todos los hechos é incidentes históricos que han ocurrido desde el 28 de Noviembre de 1855, en que fué sancionada la ley de Sanidad; á cuyo artículo 93 ha creído conformarse el ministerio de Gracia y Justicia, sometiendo á la aprobación de S. M. el proyecto de 13 de Mayo de este año, y que es hoy Real decreto y como reglamento organizador del servicio que nos ocupa; partamos en nuestras reflexiones de lo existente; tomemos, como punto de partida y objeto de nuestra bien intencionada crítica ese Real decreto de Aranjuez, y lo que se consigna en su preámbulo, en sus 35 artículos, incluso el transitorio, y en el arancel de los derechos que devengarán los médicos forenses y demás facultativos, cuando actúen, como auxiliares, en la administración de justicia.

Lo primero que salta á la vista, á la lectura de esas tres partes del Real decreto en cuestión, es su notoria desarmonía, su palpable discordancia, por lo méños entre el preámbulo y los artículos, y el arancel, y la no conformidad de todo con lo que está clara y terminantemente consignado por la ley de Sanidad.

La teoría del autor del decreto es una; la práctica es otra y diametralmente opuesta. La intención del Gobierno parece buena; pero la realización es casi tan lamentable como los mismos males que ha tratado de cortar.

En el primer párrafo del preámbulo, el ministerio se ve forzado á reconocer varios hechos de una verdad resplandeciente, á saber: Que los tribunales de justicia necesitan, en muchos casos, ilustrar su juicio

4 Véase el número 8 de la Revista.
Revista española (Madrid. 1862) (1862-08-15 00:00:00), página 11

con el dictámen de peritos, siendo los médicos los que más frecuentemente les prestan ese auxilio;—que el ejercicio de las facultades está declarado libre por la ley;—que en su consecuencia, á veces, se han encontrado los jueces sin la cooperación de los facultativos, en daño de la buena administración de justicia;—que, por punto general, la clase médica ha acudido celosa al llamamiento de los tribunales;—y por último que en ocasiones (y bien pudiera haber dicho casi en todas) han quedado sin la debida retribución trabajos difíciles muchas veces é importantes siempre.

En pocas líneas, pues, está perfectamente motivada la necesidad de organizar el servicio médico-forense.

En el segundo párrafo reconoce el señor ministro otra verdad; que con el propósito de cortar esos males, la ley de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855 ordenó ya la organización del servicio médico-forense; organización que ya no podía demorarse, desde que la ley de presupuestos para el año de 1862 había consignado una cifra, estimada como suficiente y destinada á ese servicio, sin perjuicio de que complete la obra el código de procedimientos en materia criminal, y la ley orgánica de tribunales in fieri.

El ministerio, pues, parece que, para organizar el servicio médico-forense, tenía á la vista lo prescrito por la ley de Sanidad, y que iba á hacerse el verdadero y genuino intérprete de la letra y espíritu de esa ley, como era de su deber; puesto que en un país gobernado constitucionalmente, nunca le ha sido lícito á ningún ministerio reglamentar nada que contrarie las bases de una ley, donde se le deje el encargo de dar su debido desarrollo á esas bases.

Sin embargo, desde la lectura del tercer párrafo, se ve ya claramente que el ministerio no se amolda estrictamente á esa ley; que se aparta de sus bases; que en lugar de conformarse á ellas, las interpreta mal y las destruye en globo y en todos sus detalles.

Para justificar su procedimiento, á nuestro modo de ver, contrario á la ley de las Constituyentes, se abroquela detrás de una sencillez que no existe; la que sería excelente si, sobre ser verdadera, fuese compatible con las exigencias de su objeto de suyo complicado, pareciéndole preferible á una organización innecesariamente amplia y costosa; y además de creer sencilla su medida, olvidándose lastimosamente de aquello tan sabido brevis esse laboro, obscurus fio; se muestra cándidamente persuadido de que los profesores puestos bajo la dependencia judicial, como auxiliares de la justicia, tendrán, con ese arreglo, una
Revista española (Madrid. 1862) (1862-08-15 00:00:00), página 12

prenda segura y eficaz de que sus trabajos profesionales han de ser en todo caso recompensados, como expresamente lo dispone la ley de Sanidad. ¿Y cuál es esa prenda? A renglón seguido lo dice el preámbulo, la preferencia que se ha dado al sistema de retribución por derechos de arancel, sobre el de dotación fija, fundándose en que esta sería injusta por lo desigual, atendida la índole de los servicios y su número infinitamente variable, según las circunstancias de cada localidad.

Los médicos forenses y los peritos químicos (clasificación un tanto extraña en nuestros días, como veremos en su lugar) pueden estar seguros, dice el ministerio, de obtener la indicada remuneración, porque correrá á cargo del capítulo correspondiente del presupuesto del ministerio de Gracia y Justicia, en los casos en que la parte condenada al pago de costas y gastos del juicio fuese insolvente, ó unas y otros se declaren de oficio.

A eso se reducen las altas consideraciones en virtud de las cuales se decidió el señor ministro de Gracia y Justicia, oídos los Consejos de Estado y Sanidad del reino, á someter á la aprobación de S. M. la sencilla medida, sobre la cual ha trabajado

más gente que sobre Roma,
con Borbon, por Carlos quinto.

Luego siguen 34 artículos que, en concepto del ministerio que se los ha hecho suyos, realizan el propósito de la ley de Sanidad, uno, transitorio que revalida los nombramientos anteriores de los facultativos forenses por Real orden y por último el arancel, á que tendrán que atenerse los peritos, al consignar sus honorarios al pie de sus documentos periciales.

Ahora bien; ¿hay armonía entre lo reconocido por el ministro autor del preámbulo en sus primeros párrafos y los restantes, y sobre todo los artículos y el arancel? ¿Es verdad lo que dice y promete desde el tercero y lo que consigna en ese arancel y esos artículos? ¿Es verdaderamente lo que se ha decretado un desarrollo legitimo de la ley de Sanidad vigente? ¿Está todo conforme con ella, como lo dice el artículo 1.º del Real decreto de Aranjuez?

No vacilamos en responder que no; que es todo lo contrario, y nada más fácil que demostrarlo.

La ley de 28 de Noviembre de 1855 quiere y dice terminantemente
Revista española (Madrid. 1862) (1862-08-15 00:00:00), página 13

que se organice ó forme una clase, un cuerpo de facultativos forenses y el Real decreto de 13 de Mayo de 1862 no organiza, no forma, no crea esa clase, ese cuerpo; se limita á nombrar médicos forenses, uno para cada juzgado de primera instancia y peritos químicos, ya un farmacéutico sólo ya dos catedráticos, el de medicina legal de las universidades, donde las haya, y el de quinto año de farmacia.

En lugar de crear un cuerpo, sin duda por afición á la sencillez, como preferible á una organización innecesariamente amplia y costosa, crea varios cuerpos, donde residan más de dos médicos forenses, de suerte que tendremos tantos cuerpos como ciudades donde haya más de dos juzgados, que no son pocas por cierto. Además harán las veces de forenses todos los demás facultativos ó quienes llame el juzgado para ello.

Primera y flagrante aberración ó desvío de lo mandado por la ley de Sanidad; primera y evidente prueba de la desarmonía y contradicción en que se pone á sí mismo el ministerio y su decreto, porque no ha hecho lo que ha dispuesto la ley; porque, en lugar de ser una medida sencilla, va á ser el mismo embrollo de siempre y que hasta aquí ha reinado si no es peor; y porque, reconociendo la libertad de la profesión, ataca esa libertad, por el mero hecho de obligar á los facultativos, no forenses, á que lo sean en casos dados, contra su voluntad.

La ley de Sanidad quiere que el Gobierno publique un reglamento especial estableciendo la organización, deberes y atribuciones de los facultativos forenses; y el Real decreto de Aranjuez es la publicación de un arreglo que no organiza nada, que no establece nada de lo determinado por la ley; hace más, confía á los médicos forenses ó á sus cuerpos á que formen un reglamento que ordene el régimen interior de estos cuerpos.

1 Art. 93 de la ley de Sanidad. Interin se realiza la formacion de la clase ó cuerpo de los facultativos forenses, etc.
2 Art. 2.º del decreto de 23 de Mayo. Con el nombre de médico forense habrá en cada juzgado de primera instancia un facultativo, etc.
3 Art. 19 del decreto.
4 Art. 24 de idem.
5 Art. 24 de idem.
6 Artículos 7.º, 8.º, 10, 15, 16 y 18. En todos estos artículos hay algo que se refiere á facultativos que no son forenses y á quienes se obliga á que lo sean, á falta ó ausencia de aquellos. Todo para mayor sencillez y conforme á lo dispuesto por la ley de Sanidad, que quiso acabar con ese barullo.
7 Art. 98 de la ley.
8 Art. 24 del decreto.
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La ley de Sanidad dispuso, como medida interina hasta la formación del indicado reglamento, que en las capitales de provincia, donde hubiese audiencia, se nombrase por los Gobernadores civiles, á propuesta de la junta provincial de Sanidad, una sección consultiva superior de facultativos forenses compuesta de profesores de medicina y una de farmacia, encargadas de los dictámenes, reconocimientos y análisis que, para mejor acierto en los fallos de justicia, necesiten las audiencias.

En otra parte dispone que se organice en cada capital de provincia un jurado médico con varios objetos que son de medicina legal, con arreglo á un reglamento que publicará el Gobierno oyendo al Consejo de Sanidad.

Sobre no haber hecho hasta ahora (que nosotros sepamos) nada de eso el Gobierno, en siete años que ha tenido para ello; sobre no haber hecho nombrar esas secciones consultivas interinas en las audiencias, ni esos jurados permanentes en las capitales de provincia; el decreto de Aranjuez no habla de esos cuerpos transitorios ó permanentes en ninguno de sus artículos, ni en el mismo 25, donde dice que los jueces y tribunales podrán, siempre que lo estimen oportuno, oír el dictámen, en asuntos médico-legales, de las reales academias de medicina y cirugía u otras corporaciones científicas legalmente establecidas; puesto que aquellas, las secciones consultivas y los jurados, no se han establecido ni legal ni ilegalmente, por lo menos en todas las capitales de provincia y donde hay audiencia; de consiguiente no se hable de ellas, no puede hablarse de ellas, porque sería ridículo referirse á corporaciones que no han existido ni existen.

Sin embargo, ya que no por el decreto en cuestion, sabemos por otro acto del Gobierno que, habiendo consultado el señor regente de la audiencia de Zaragoza (donde por lo visto se dió cumplimiento á la ley de Sanidad en punto á organizar la sección consultiva de medicina y cirugía y la de farmacia) si, después de la publicacion de dicho decreto, debían considerarse suprimidas dichas secciones, y si á los facultativos nombrados se les confirmaría en el cargo de médicos forenses, y á los farmacéuticos el de las análisis químico-judiciales; el Gobierno ha contestado que la sección quede incluida en las corporaciones de que habla el art. 25 del Real decreto de 13 de Mayo de 1862, y

1 Art. 93 de la ley.
2 Art. 80 de la misma.
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que los facultativos se atengan á las prescripciones del mencionado decreto.

Tenemos, pues, que las corporaciones consultivas que la ley de Sanidad dispuso que se organizaran en las capitales, donde hay audiencia, como una medida interina hasta la publicación del reglamento; después de publicado este, subsisten sin que él lo prevenga ni haga mención de ellas, donde las haya formado el buen celo de algún regente de audiencia, colocadas en la categoría de las academias y facultades, formando también parte de lo que se llama organización sencilla del servicio médico-forense.

Otro desvío de la ley; otra falsa interpretación de sus disposiciones; otra prueba palmaria de que, en lugar de la sencillez, viene el barullo, y en lugar de cortar los males que la ley de Sanidad se proponía hacer desaparecer por medio de un reglamento que desarrollara sus bases, no solo van á subsistir como antes, sino que es muy de temer que sean todavía más deplorables.

Buscad ahora en los artículos del Real decreto reglas que prescriban cómo se han de formar esas corporaciones, y esos cuerpos de médicos forenses; cómo se han de hacer sus nombramientos; cómo han de ejercer sus funciones respectivas, ya en cuerpo, ya cada uno de sus individuos; cómo se han de poner en relación con el Gobierno, las audiencias, los jueces y los médicos forenses, ya vaya el negocio pericial ó de gobierno interior de arriba á abajo, ya de abajo á arriba; cuándo y cómo se las ha de consultar y todo lo demás que corresponde y debe comprender una buena organización de un ramo cualquiera: vuestra tarea será vana. El arreglo ó Real decreto calla como un cartujo sobre todo eso, que habrá sido considerado como innecesariamente amplio y costoso. La sencillez de la medida es muda, y las audiencias y los juzgados tendrán que aprender cierta pantomima ó cierta dactilología para entender á ese sordo-mudo que ha salido de Aranjuez, después de haber pasado por tantas comisiones y consejos.

En el decreto que nos ocupa no se habla más que del modo cómo se han de nombrar los médicos forenses y cómo se han de formar sus cuerpos. El art. 23 previene que los aspirantes á esas plazas presentarán sus solicitudes, dirigidas á S. M., en el juzgado respectivo acompañando los documentos que acrediten su aptitud legal y profesional, y las circunstancias que les hagan ser preferidos á otros en nom-

1 Real orden de 5 de Julio de 1862.
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bramiento. El art. 24 dice que, instruido el oportuno expediente, el juez de primera instancia le remitirá al ministerio de Gracia y Justicia por conducto del regente de la audiencia del territorio, informando al mismo tiempo uno y otro acerca de las circunstancias de los aspirantes.

He aquí todo lo que organiza el decreto en cuestion, en punto al nombramiento de los médicos forenses.

En cuanto á los cuerpos, toda la organización está en el número. En pasando de dos ya está organizado el cuerpo; es una operación aritmética de las más sencillas; relativamente á las funciones interiores, cada uno se formará un reglamento que revisará el Gobierno.

¿Puede llamarse eso una organización? ¿Qué institución hay en el Estado, por informe que sea, que carezca tan á fondo de reglas, de medios plásticos capaces de dar una forma regular y metódica á su objeto?

¿Y qué son todas las disposiciones relativas al nombramiento de los facultativos, que sin ser forenses ni querer serlo, estarán obligados á servir á los tribunales, cuando estos los necesiten, sino una lastimosa sanción de la rutina, arbitrariedad y desorden que hasta aquí ha reino en punto á los nombramientos de esa clase de peritos; rutina, arbitrariedad y desorden que la ley de Sanidad quiso cortar de una vez en sus artículos 93, 94 y 95?

¿Cuán preferibles no eran, á pesar de su insuficiencia, las medidas transitorias ó interinas de la misma ley, medidas que esperaba mejorar con el reglamento encargado al Ministerio?

¿Y á qué datos se atenderán los jueces y los regentes para informar sobre la aptitud legal y profesional ó las circunstancias de los aspirantes? ¿Qué es lo que constituirá su preferencia para la elección? En todo lo que sea científico ¿qué entenderán los jueces y regentes? Si necesitan de peritos para sus fallos en todo lo que sea científico ¿no los necesitarán también para saber si los peritos son aptos y cuáles son los preferibles? Fuera de las circunstancias morales que directa ó indirectamente pueden constarles ¿qué dirán sobre el talento y saber de los aspirantes, si no los han tenido por más ó menos tiempo á su servicio, pudiéndolos juzgar por sus actuaciones periciales y por sus dictámenes científicos?

Si al menos los requisitos para ser médico forense los ayudasen en algo, esa parte del reglamento podría tenerse por alguna organización. Mas ¿qué hay en punto á las circunstancias que han de tener los aspirantes para ser nombrados? Basta ser español, mayor de veinticinco
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años, doctor ó licenciado en medicina y cirujía, haber ejercido con buena nota su profesion por dos años á lo menos; acreditar buena conducta moral y profesional y no tener ninguna de las tachas que inhabiliten para ser juez de paz.¹

Hé aquí todo lo que se pide para ser auxiliar, como perito médico, de los tribunales de justicia. Ninguna de esas circunstancias acredita, ni por sí sola, ni en conjunto, la aptitud científica para el servicio médico-forense, que es muy especial y demanda otros requisitos á más de esos.

Esas son las circunstancias vulgares que se piden para todo lo que es de conocimiento fácil y comun; para lo que no tiene grande importancia ni especialidad alguna. Quitad lo del grado de doctor ó licenciado, y las vereis exigidas para ser oficial de cualquiera oficina, escribiente ó portero.

El que haya aconsejado eso al Gobierno ignora ó afecta ignorar lo que es la medicina legal y su práctica; rebaja á la vez la importancia y trascendencia del servicio médico-forense y la administracion de justicia, y con ello los grandes intereses sociales que uno y otra están destinados á proteger y guardar.

No hay ningún servicio público, ninguna institucion del Estado, por poca especialidad que en sí tenga, en la que se exija tan comunes condiciones y circunstancias tan vulgares.

Para ser nombrado catedrático, además de todas esas circunstancias, se exige la rigurosa y pública oposicion, ú otros requisitos equivalentes, determinando el modo de llevar á cabo esas condiciones.

Para ser nombrado médico de baños, se exige y hace lo propio.

Para ser nombrado médico de los hospitales, otro tanto.

Para ingresar en el ramo de sanidad militar ó de la armada, sucede lo mismo.

Y sin embargo, los profesores que aspiran á esas plazas tambien son ó doctores ó licenciados; tambien pueden hacer constar por medio de su título que tienen aptitud legal y profesional, con las demás circunstancias comunes. A pesar de eso se les exige la oposicion, á menos que ciertos influjos ó otros accidentes, y eso aun no siempre, hagan que el Gobierno prescinda de lo que tiene la ley establecido, y los nombre de Real órden.

¹ Art. 8.º