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no se ha sabido crear recursos legítimos para cubrirle sin afectar el general del Estado y el particular del ministerio de Gracia y Justicia, ó afectarle menos que ahora y de un modo más eficaz para su objeto; confiésese que no ha tenido el señor ministro, ó la convicción de que el Estado debe á la Nación ese servicio auxiliar de la administración de justicia para que esta pueda llenar su destino, y que la nación á su vez debe pagar lo que ese servicio reclame, ó que no ha tenido valor para sostener esa doctrina delante de las Cortes y el país; confiésese que no se ha querido dar importancia al ramo de médicos forenses, organizándole como cuerpo respetable y dándole categorías y derechos activos y pasivos como á los demás empleados del mismo ramo judicial y otros no más útiles y necesarios, temiendo los murmullos de gentes que todavía sueñan en gerarquías de facultades y destinos y preferencias aristocráticas tan inmotivadas como ridículas; confiésese, en fin, que, ya que no se ha podido resistir por más tiempo la creación de esos auxiliares de la justicia, todos los días, á todas horas y por todas partes reclamada á voz en cuello por las necesidades públicas, los que no estaban por esa creación, que no han comprendido ni comprenderán jamás, han hecho todo lo posible para que abortara como un engendro ridículo, enclenque y sin probabilidades, ya que no de existencia, de importancia y verdadera utilidad.

Pero preseíndamos ya también de si es preferible el sistema de honorarios ó derechos por arancel al de dotación fija, ó vice-versa; si es ó no retrogradar ó avanzar, pertenecer á siglos pasados ó al presente venirnos con tarifas, y veamos si, con ese arancel que nos ocupa, tendrán los médicosforenses esa prenda segura y eficaz de verse recompensados en todo caso, como lo afirma por dos veces en su preámbulo el señor Negrete.

Respecto de los casos en que haya parte condenada á costas y gastos y pueda aquella pagar, es ocioso que digamos nada mas de lo que antes hemos expuesto. Si aleccionado por la experiencia, toma el Gobierno disposiciones eficaces para que en esos casos no se haga ilusorio el abono de los honorarios de los peritos, empezando por no sujetarlos á arancel, como no los sujetan las reglas 53 y 54 de la ley provisional para la aplicación del Código penal, á que se refiere el art. 20 del decreto, y reservando el arancel para cuando haya de abonarlos el Estado, puede que sean en parte una verdad esos honorarios en la práctica. Lo dudamos, y nos alegraremos infinito de que nos equivoquemos.

En cuanto á los casos de insolvencia ó declaración de oficio de las
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causas que hayan dado lugar á los auxilios de la ciencia, en los cuales corre el abono á cargo del Estado, tenemos, no sólo dudas, sino certeza absoluta de que los médicos forenses no pueden contar con esa prenda segura y eficaz de verse recompensados en todo caso por sus trabajos que con tanta confianza les ha prometido el señor ministro.

Por de pronto las partidas señaladas son, por punto general, mequinas, indignas y de ningun modo proporcionadas al valor de los servicios. Cuando, á pesar de ello, hemos visto tanto afan por ser médico forense, no hemos podido evitar el apartar con pena los ojos de ese espectáculo verdaderamente triste y humillante para la clase. ¡Infelices! hemos exclamado, ¡qué mal debeis de estar cuando os arrojais así sobre esas piltrafas! El Gobierno debe de haber quedado sorprendido de que con tan poco cebo haya pescado tanto. Acaso se haya arrepentido ya de haber sido tan pródigo en su arancel. Eso es para tentar á una rebaja, y acaso acaso para volver al servicio gratis, ya que no á pedir alguna cuota de entrada.

Pero pasemos tambien por lo que ha señalado, sin murmurar. Tenríamos tanto que decir sobre ello, siguiendo partida por partida, que nos veríamos obligados á prolongar este escrito mucho más allá de lo que queremos y debemos.

¿Con qué habrá de pagar el Gobierno los honorarios devengados por los médicos forenses, en sus actuaciones periciales y arregladas conforme á su arancel? Con la cifra presupuestada por las Cortes. ¿Y á cuánto asciende esa cifra? Segun creemos á 480.000 reales, ó sean 24.000 duros. Hagámosla subir á 500.000 reales, para que sean más sencillos y redondos los cálculos.

¿Cuántos médicos forenses hay? Teniendo que haber uno por cada juzgado, y habiendo en España más de quinientos juzgados, serán más de quinientos médicos forenses; digamos quinientos, y supongamos que todos trabajan por igual; tocará á cada médico forense mil reales al año. ¡Soberbia canongía! Todo lo que en ciertas localidades trabajen más sus médicos forenses, eso se rebajará de aquella fabulosa cantidad á los de localidades en las que se trabaje menos, el indispensable prorrateo.

Añádase ahora que, sobre ser más de quinientos los médicos forenses, los alcaldes también tendrán médicos que hagan las veces de forenses, y cuando en las cabezas de partido no haya mas que uno, y los jueces necesiten dos ó más peritos, se nombrarán de entre los que no tienen Real nombramiento para ello. ¿A cuántos ascenderán esos nue-
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vos copartícipes de la gran flota? numera stellas, si potes... sic erit semen tuum.

Téngase además entendido que en los cuerpos de médicos forenses los derechos son colectivos, con lo cual va siendo rival de las diluciones homeopáticas la prenda segura y eficaz que ha garantido el señor ministro á los peritos.

Y no para todo aquí: el prorrateo se ha de hacer todavía más infinitesimal. Hay que destinar de ese fondo presupuestado los honorarios para los licenciados y doctores en farmacia, y para los catedráticos de las universidades que han de practicar las análisis químicas; el importe de los reactivos, y (aunque no hable de ello el arancel) de las vasijas, utensilios y aparatos que se necesiten y deterioren, ó por lo menos un tanto que represente el valor de ese desperfecto, el combustible (la ley de Sanidad lo manda), lo que es debido á los ayudantes y mozos de los laboratorios, porque no tienen obligacion de trabajar de balde, y los catedráticos no han de operar sin ellos; los gastos de preparaciones de las materias que se extraigan de los cadáveres, en casos de envenenamiento, como frascos, alcohol, lacre, cintas, etc., cajones, sellos de correo; los de las autopsias, siquiera el cadáver no esté en putrefaccion, más si lo está, para la limpieza de los que actúen, y los desinfectantes en caso de exhumaciones, si el cadáver no está reducido á esqueleto ó momia; siquiera para todo eso señale el arancel la enorme suma de quince reales de abono, con lo cual no hay ni para una maldita pastilla de jabon, un frasco de vinagre, un limón, ni un mal paño de manos con que secarse, amen de otros artículos que el bueno del autor ó autores de esa obra maestra no han tenido en cuenta, como si en sus días no hubiesen practicado una análisis química, hecho una autopsia jurídica, ni dirigido una exhumacion de igual índole.

Hay todavía qua añadir los gastos de viajes, los aumentos de servicios de noche, y algunos otros si que irán surgiendo en la práctica.

Si todo eso se ha de pagar con los 480.000 rs. que por ahora se han considerado suficientes, ¡qué prorata tan fraccionada les espera á los peritos! ¿A qué ascenderá lo que cobren al año? A una cantidad que desdenaría un mozo de cordel. ¿Es eso digno? ¿Y hay quien aspire á ser médico forense? Concebimos el servicio gratuito por amor á la ciencia, al arte, á la verdad, á la justicia, á la humanidad; pero no le concebimos por unos cuantos maravideses al año. Clase que así se degrada, es clase muerta. Nulla est redemptio.

Dirán algunos que si 480.000 reales repartidos á prorata entre más
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de quinientos médicos forenses y un número dos veces mayor, y acaso más de otros peritos, y los gastos materiales, la prorata debe ser una cantidad en la mayor parte infinita; los casos en que haya condenación de parte á costas y gastos, y esa parte pueda pagar, compensarán lo suficiente para hacer subir los honorarios, al año, á una cantidad análoga, por lo méños, al sueldo decente de algunos otros destinos. ¡Qué ilusión tan engañosa! La mayoría de las actuaciones, en los casos criminales, recae en personas pobres, desvalidas, insolventes, y aun cuando en otras, también en gran número, haya algo con que satisfacer las costas y gastos del juicio, antes esa flaca corriente no llegue á los peritos médicos, ya la habrá absorbido la seca arena curial. En otros muchos casos, las costas y gastos se declaran de oficio. La experiencia no tardará en dar un desengaño cruel á los médicos forenses, que hayan entrado en el ramo con el firme propósito de ejercer honorablemente sus funciones.

Hagamos otra clase de reflexiones relativas á esa cifra que se ha considerado suficiente por ahora, para retribuir por arancel los honorarios de los peritos en los casos de insolvencia y declaración de oficio de las causas criminales; y nos acabaremos de convencer del profundo abismo en que se ha precipitado el Gobierno, queriendo huir, con la pretendida sencillez de su medida, de una organización del servicio médico-forense amplia y costosa.

Sabemos los fondos con que cuenta el Gobierno. No queremos buscar estadísticas de servicios médico-forenses para saber su término medio al año. No las hay, y sería difícilísimo, por no decir imposible de todo punto el formarlas. La España Médica, periódico redactado por ilustrados jóvenes médico-forenses de Madrid, ha dado á luz algunos estados relativos á la capital del reino, y algún otro punto. Si hubieran tenido imitadores, podrían darnos esos importantes trabajos alguna luz para la cuestión actual, y á conocerlos el Gobierno, hubiera huido espantado de la idea estrambótica e irrealizable de un arancel.

Ya que no tengamos datos estadísticos para proceder a posteriori, aceptemos el a priori; hagamos hipótesis; supongamos, y supongamos lo más favorable al indicado fondo ó cifra, que se ha considerado suficiente, por ahora, para los casos de insolvencia ó declaración de oficio.

Supongamos que en cada uno de los quinientos juzgados de primera instancia de España (hay más, pero pongamos quinientos) se presta en esos casos UNA SOLA VEZ AL AÑO (es lo méños que podemos suponer), cada uno de los veinte y nueve servicios ó modificaciones de los mis-
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mos que figuran en el cuadro del arancel, dejando de comprender los cuatro últimos. No se dirá que es exagerada esta suposición.

Acaso en muchos juzgados no haya necesidad de análisis químicas, por ejemplo. La estadística de nuestro laboratorio en cinco años nos da sobre unos cuarenta casos al año. Con el Real decreto que nos ocupa, habrá más; porque hasta aquí, algunos jueces se retraían de esa clase de diligencias por falta de fondos. Habrá, además, las repeticiones en las universidades, y los casos de higiene pública.

Tampoco habrá en muchos juzgados otros servicios; en cambio las cuatro quintas partes de los demás servicios se repetirán más de diez y veinte veces en más de cuatrocientos juzgados, en especial en Madrid y en las grandes poblaciones, donde hay siempre más criminales, más agresiones, y más desgracias. Está, pues, perfectamente compensado lo uno por lo otro, y creemos que, si hay exageración en nuestra hipótesis, es en el minimum que hemos tomado por tipo.

Ahora bien; ¿se quiere saber á cuánto asciende la suma total de los derechos de esa sola vez que se preste al año, en casos de insolven- cia ó declaración de oficio, cada uno de los veinte y nueve servicios señalados en el arancel, en cada uno de los quinientos juzgados de España, tomando por tipo la partida de la columna tercera del cuadro que es la más inferior? Sépalo, sí, el señor ministro, partidario del arancel, de las medidas sencillas, y organizaciones poco costosas: as- ciende á

UN MILLÓN DE REALES.

Cuenta S. E. para pagar con 480,000; había, pues, un déficit de 520.000 rs.

Añadamos á eso que no incluimos, puesto que no figuran en la co- lumn tercera, los 60 rs. de los primeros diez días que dure una análi- sis, ni los 40 de los que pasan de diez, ni los valores de las consultas dadas por los médicos forenses en cuerpo, ni los gastos del material, ni los de viajes, ni la cuarta parte de aumento de los servicios de noche, todo lo cual bien importará algunos miles de reales. Tampoco inclui- mos los derechos de los facultativos no forenses que empleen los al- caldes y los jueces. ¿A cuánto ascenderán esos derechos? ¿Cuánto mayor no será el déficit? ¿Con qué le pagará el Gobierno? ¿Pedirá el año que viene á las Cortes lo que le falta?

Y cuenta que suponemos que, en cada uno de los juzgados no haya más al año que uno sólo de cada uno de los servicios indicados en el
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retractos como limitaciones del derecho de propiedad. En el terreno del derecho público, hallaremos la protección que olvida el derecho del propietario á emplear el fruto de su trabajo, y tiene sólo en cuenta el mal entendido interés de la fabricación nacional; bien conocidas son las trabas opuestas al crédito, en perjuicio de la propiedad y del derecho; y si penetramos en el terreno de la beneficencia pública y de la enseñanza, tal vez, aunque por distintas causas y principios hallaríamos las mismas consecuencias. Pero esto sería ya alejarnos de nuestro propósito, pues basta lo indicado para demostrar nuestra idea y fundar las observaciones que al frente de este número hicimos.

Tal es el estado de la propiedad en España. Salida de un antiguo régimen comunista, no ha perdido del todo su primitivo carácter; ha roto, es verdad, sus antiguas trabas, se ha consolidado el derecho del propietario; se han cerrado los abiertos límites de las heredades; se han destruido en gran parte los antiguos usos comunistas; se ha enseñado á buscar en el trabajo lo que antes se tenía en el privilegio; pero todavía la propiedad se encuentra bajo la influencia y el dominio del Estado, como si no pudiera existir hasta que recibiera esta suprema sanción. Las condiciones históricas han hecho que el poder central mire como una gracia que concede al propietario lo que era un derecho que este podía exigir, y en la importancia que aquél tiene á consecuencia también del periodo histórico que atravesamos, se funda ese derecho eminente que nada justifica. Por eso ocurre á menudo un fenómeno del cual no solemos darnos cuenta, y que sin embargo tiene su causa en lo que venimos diciendo, y es el de que en todas las leyes y en todas las cuestiones sociales, parece como que se prescinde de la propiedad, se la deja á un lado, y se mira sólo, eso que se llama utilidad pública, palabra que todo lo sanciona, sin que nada la sancione á ella misma, sin que haya nunca una voz para protestar en nombre del postergado derecho; por más que otras veces cuando conviene al caso, se eche mano del principio de orden y se condene y anatematice al que ataca á la propiedad. Para no abusar de las citas, nos limitaremos á recordar lo mucho que se ha declarado contra el régimen comunista de los pueblos, lo que se ha dicho acerca de las últimas manifestaciones á que se les atribuye este carácter, y el empeño consagrado ya en nuestra legislación de no desamortizar los aprovechamientos comunes de los pueblos. Esto nos hace pensar que en esta cuestión como en otras muchas, se condena por la forma y no se para la atención en el fondo de las cosas.