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descabellado que puede engendrar una fantasía loca, lo más injusto, lo más inicuo, lo más atentatorio contra la sociedad ó la diversidad de las fortunas, y lo más desventajoso, indigno y humillante para los facultativos. Por ínfimo que sea el tipo ó el minimum adoptado, siempre es gravoso para el pobre ó de recursos escasos, siempre irritatoriamente desigual entre fortunas de notables diferencias; entre las cuales establece una igualdad brutal que subleva las conciencias, escandaliza la moral, hiere la caridad, porque destroza el corazón de la justicia.

¿Quién puede tolerar, por ejemplo, que un reconocimiento se fije para Madrid en 20 rs., de un modo obligatorio para todos y de consiguiente pague lo mismo un jornalero, que no es proletario, que no es pobre de solemnidad, y un título de Castilla rico, un gran capitalista, un comerciante opulento, etc. etc.? El primero acaso y sin acaso tendrá que satisfacer ese derecho pericial, destinando á ello dos días de su jornal, ó lo que es lo mismo dos días de la subsistencia de su familia, al paso que para cualquiera de los demás 20 rs. serán como una gota de agua sacada de un gran lago que no altera sensiblemente el nivel de sus besos en la playa. ¿Es eso equitativo, es eso justo, es eso moral?

Pues, lo que decimos del reconocimiento y su tarifa es aplicable á todos los demás servicios tarifados, y lo que decimos respecto de la base de la riqueza, es también aplicable á todas las demás bases relacionadas con el valor de los auxilios.

Pero, si todos esos vicios abominables son inherentes á todo arancel uniforme ó poco variado, de reducida oscilación entre su minimum y su maximum, por lo pareo de las bases atendidas; el arancel que acompaña al real decreto del 13 de Mayo de 1862, es un prototipo de esos vicios. Una rápida ojeada bastará para ponerlo en evidencia.

Hay reconocimientos que se hacen en media hora, y quizá menos, sin gran fatiga corporal ni tension de espíritu, y los hay que reclaman todo lo contrario, y sin embargo se les señala en Madrid 20 rs. 45 en poblaciones de más de 30,000 almas y 10 en las de menor número.

Una certificación, que ocupa por lo comun una plana de una hoja de papel de oficio y versa sobre un hecho sencillamente expuesto, se iguala á todo reconocimiento.

Una declaración, que no es, que no debe ni puede ser jamás como la que da un simple testigo y que en ocasiones adquiere alta importancia, siendo más ó menos extensa, según los documentos y hechos de que tenga que hacerse cargo, siempre se fija en 30, 20, 15 rs., según las tres diferencias de población ya mencionadas.
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Un parte que debe ser siempre un oficio, se iguala á una cura de herida no penetrante, en 16, 12 ó 8 rs., sin atender á las diferencias de cuantía que pueden ofrecer ciertas curas de heridas, siquiera el arma que las haya producido no haya penetrado en una cavidad.

Los informes y consultas van barajados, como si no hubiese en no pocas ocasiones gran diferencia, ya en la estructura y trabajo científico y literario de esos documentos, ya en las formalidades y circunstancias de los casos que los motivan, y para todos se fija 60, 40, 30 reales, atendiendo tan solo á la base de la localidad, y aun de un modo groseramente dividida. Allí no se tiene en cuenta para nada, ni el saber, ni el talento, ni el ingenio desplegado en la redaccion del documento; se nivelan los malos con los buenos y los superiores, y para que ese desprecio de la parte espiritual y científica de esos escritos sea completo, hombres, que acaso se horrorizarian de que se los llamase materialistas, no han vacilado en adoptar, como razon única de mayor valor, el materialismo mas grosero; puesto que se han fijado en el espacio, en la mayor cantidad de papel que se emplee en el escrito, como si se tratara de la mecanica faena de escribientes ó copistas; y no contentos aún con ese ultraje irritante á la dignidad de la ciencia, á la consideracion del talento y al decoro de la clase facultativa, han rebajado la importancia y trascendencia de esos documentos, los más graves, los más influyentes, los más luminosos para la ilustracion de los jueces y tribunales, en las cuestiones difíciles y problemas intrincados, dando como posible que un informe y una consulta no ocupe mas que un solo folio de papel de oficio, cuando, en las mas de las ocasiones, por no decir en todas, ni espacio hay para extender el preámbulo que la ciencia recomienda, como una de las partes esenciales en la estructura de esa clase de documentos. Diríase, al ver esa incomprensible medida, que los que así han dispuesto esa tarifa no han redactado en su vida un informe, ó una consulta, á la altura de la ciencia y la gravedad del caso.

Para las grandes operaciones de cirujia se fijan 300, 160, 120 reales sin distincion de gravedad, y sin advertir que forzosamente ha de haber en esos casos más de un perito ó más de dos, ya para juntas previas, ya para la ejecucion de aquellas, entre los cuales se han de repartir por igual, por ser el honorario señalado colectivo, esa miseria humillante hasta para un cirujano sangrador.

Las operaciones cadavéricas se clasifican y gradúan por un tiempo fijo, antes ó despues de cuarenta y ocho horas, sin soñar siquiera en
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la multitud de circunstancias ó influencias atmosféricas, meteorológicas, estacionales, personales, de situacion y objetos que rodeen al cadáver, y que retardan ó aceleran la marcha de la putrefaccion, pudiendo saber, ya que les pareció justo establecer esa clasificacion, que es conveniente, que la ciencia les presentaba una base mas cabal, más propia, más justa y equitativa, á saber, las épocas de los fenómenos cadavéricos, con sus correspondientes periodos en los diferentes medios, donde se hubiese efectuado la descomposicion del cuerpo que se hubiese de inspeccionar. Así no se expondría al perito á ser méños remunerado en casos de putrefaccion más ó méños peligrosa para su vida, que en casos de cadáver fresco; por poco que las influencias internas y externas aceleren ó retarden la putridez antes ó despues de esas fatales cuarenta y ocho horas.

No se hace diferencia de las inspecciones exteriores del cadáver; de las que se reducen simplemente á hacer constar la realidad de la muerte y las que tienen además por objeto enterarse de todo lo que le rodea y puede tener relacion con las causales de esa muerte, además de su actitud, vestidos, periferia y abertura naturales, ya cuando se encuentra en la vía pública dentro ó fuera de poblado; ya cuando á domicilio propio ó ajeno, y es que los autores de esa funesta confusión, no sabian ó no quisieron saber que hay grandes y trascendentales diferencias entre las inspecciones cadavéricas clínicas y las jurídicas, por muchos é importantisimos conceptos, dando todo eso lugar no solo al empleo de tiempo más ó ménos considerablemente mayor, y á operaciones especiales, sobre todo si hay que reconocer rastros de sangre, pisadas ó impresiones de arma ó otros objetos en el suelo, arena, barro, nieve, etc., etc., con cuyos datos se resuelven muchas cuestiones relativas á la actitud del agresor y del ofendido, del número de agresores y otros hechos importantes, y se sigue mas fácilmente la pista al crimen y al criminal; sino que, además de ese mayor tiempo empleado y de la mayor sagacidad, celo y ciencia que hay que desplegar en tales casos y que no se tienen en cuenta; si esas inspecciones se hacen en despoblado, lejos de Madrid, en poblaciones pequeñas ó cerca de ellas; la retribucion será todavía menor ¡40 reales!

Se da valor á autopsias incompletas, declaradas nulas por la ciencia, rechazadas por la ley, reprobadas por la buena administracion de justicia, que busca en los peritos toda la luz posible, y dictámenes basados en la mas severa lógica y cabal apreciacion de todos los hechos que pueden estar relacionados con la muerte. Se da igualmente
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que venimos diciendo: basta dirigir una mirada en derredor y ver eso que se llama el dominio eminente del Estado figurando en todas partes, ya como resto de antiguas ideas, ya como manifestación de otras nuevas. Las minas, tesoro que la madre naturaleza, parece que guarda en su seno, para cuando sus hijos no encontremos bastante riqueza en su superficie, pertenecen al Estado, que aunque nada ó casi nada saca de este derecho, consigna en la ley un dominio supremo; igual suerte siguen los tesoros hallados y los restos de los naufragios, y hasta las herencias de los que mueren sin parientes en el décimo grado; que á todas partes llega este supremo dominio.

Y si esto puede explicarse por antiguos recuerdos y viejos precedentes, no sucede lo mismo con la propiedad intelectual, creación de nuestros días y en la cual ha sufrido gran violación el derecho de propiedad: porque ó no es tal propiedad como pretende Mr. Proudhon, y en ese caso no debe garantirse un solo día, ó es tan verdadera como cualquiera otra según Thiers y el emperador Napoleon y tantos otros, y entonces debe igualarse á ellas; pero nunca en ningún caso, hay derecho para esa legislación incomprendible que cuenta la propiedad intelectual por años como la concesión de un ferro-carril ó un canal. Y no es esto sólo, porque al lado de estas interpretaciones de la propiedad, hay otras más violentas, que no pueden justificarse y que abren todos los días la puerta, no sólo á abusos y á perjuicios, sino á ideas y á tendencias, que se presentan con pavorosa desnudez en los momentos de alarma. La propiedad está abierta para todo el que pretende encontrar un filón de minería ó de cualquiera otra cosa, y las heredades se ven invadidas y agujereadas en todos sentidos, por los que pretendiendo hallar una fortuna, suelen perder la suya, sin que el dueño pueda hacer otra cosa que presenciar impasible este comunismo que la ley le impone: la misma suerte corren los materiales que pueden ser útiles á las obras públicas, y los terrenos y edificios cuya ocupación fuera conveniente: y en fin, sobre todo esto se encuentra la ley de expropiación por causa de utilidad pública, que pone en manos del gobierno toda la propiedad, mediante indemnización, es cierto, pero como basta la declaración de utilidad, esta ley viene á ser una tentación para emprender cuantas obras parezcan más ó menos agradables.

Si de aquí volvemos la vista á la legislación civil, hallaremos proscrita la libertad de disponer de los bienes por testamento, que sin embargo conservan, sin que dé lugar á abusos, nuestras provincias forales: y en estas á nuestra vez podremos señalar la troncalidad y los
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valor y se califican de completas, autopsias de tres cavidades, legiti-
mando así el vicioso procedimiento de algunos cirujanos que se limitan
á eso y quizá méños, con grave detrimento de la administracion de
justicia. El simple reconocimiento de un esqueleto exhumado se paga
la mitad méños que el de un cadáver, y ora se encuentre este al es-
tado de momia, en cuyo caso es análogo al de esqueleto, ora en plena
putrefaccion ó más ó méños avanzada, y de consiguiente siendo más ó
méños peligrosa la autopsia, siempre es invariable por ese concepto la
tarifa.

Se habla de autopsias mas detenidas y estas se pagan mas; como si
pudiese aceptar la ley ni la buena práctica judicial, aun cuando la cienc-
cia tuviera la debilidad ó el desacuerdo de consentirlas, autopsias juri-
dicas que no sean siempre lo mas posible detenidas.

Se fija para las análisis químicas practicadas por un licenciado ó
doctor en farmacia 140, 120, 100 rs., según la localidad; sin adver-
tir si es para cada caso, en globo, ó para cada objeto que se haya de
analizar, lo cual establece una confusion injustísima, si se entiende lo
primero; porque hay casos en los que solo se presenta un objeto de
análisis sencilla, fácil, pronta e inofensiva ó de ningun peligro; al
paso que, en otros, hay uno ó muchos objetos de análisis entretenidas,
minuciosas, como en las de manchas de sangre; esperma ó otros hu-
mores por ejemplo, ó en los que sobre haber varios frascos de materias
sólidas y liquidas, se hallan estas en un estado de horrible putrefaccion,
las que reclaman análisis largas, penosas, repugnantes, llenas de pe-
ligros, tanto más cuanto que aquí no es lícito el empleo de sustancias
desinfectantes que alcancen esas materias. Casos hemos tenido nos-
otros de mas de veinte frascos, y los mas de ellos de materias proce-
dentes del cadáver y en estado de avanzada y peligrosa putridez.1
Casos en cambio ha habido en que hemos tenido que analizar unos
simples polvos inorgánicos. ¿Son esos casos iguales? Y sin embargo
el arancel los mide por una misma tarifa. No hace distincion de casos.

Si duran las operaciones analitico-químicas más de diez dias, desde el
segundo valen 20 reales méños cada dia, como, si por el mero hecho de

1 En nuestro laboratorio ha muerto un ayudante. Se cree que el Sr. Baeza
en él recibió también el golpe que le llevó á la tumba. Nuestro ayudante y sus-
tituto actual se envenenó un dia al hacer una carbonización, y nuestro mozo al
destapar un frasco, y el que esto escribe se ha resentido profundamente mas de
una vez en su salud.
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pasar de la decena, se trabajará menos en esos días, ó fuera de menos estimacion el trabajo; de suerte que trabajando once días, una análisis se pagará con 23 duros, al paso que durando diez días, valdrá 30. ¿Qué operador será tan bobo que ponga en cuenta los tres ó cuatro días que pasen de diez? ¿No le autoriza lo desacertado de la tarifa á la supresion de esos días en la cuenta? ¿Y quién estima sólo por días las operaciones? Antes hemos visto materialismo de espacio; aquí tenemos materialismo de tiempo.

Los médicos que asistan al acto tendrán en todas partes 20 reales, sin atender á si ha de ser una sola vez ó todos los días que duren las operaciones, y sin tener en cuenta el tiempo de esa asistencia en cada dia. Para unos todo lo vale el tiempo; para otros no vale nada.

Las análisis hechas por los catedráticos de medicina legal y quinto año de farmacia en las universidades, ya por primera intencion, según la expresion gráfica del decreto, ya después de otra análisis practicada por farmacéuticos y como caso de consulta para mayor esclarecimiento del hecho, se valúan en todas partes en 300 reales: aquí ni las tres diferencias de poblacion se han querido tener en cuenta; hubiera subido demasiado para los de la corte. Tampoco se ha querido apreciar la superior categoría de los peritos, base importantísima que de derecho aumenta el valor de los servicios, y en lugar de respetar ese derecho, se los hace de peor condicion que á los doctores y licenciados en farmacia; porque para estos los derechos son individuales, y para aquellos colectivos; hay que repartirlos entre los dos catedráticos, y además en ese honorario se incluye el valor de los informes y certificaciones (certificaciones que no darán jamás, porque ni la ciencia ni la ley las consienten en tales casos), sin parar mientes en el valor científico y literario de esos documentos, informes, ó consultas ó ampliaciones de estas, ni en la extension forzosa que han de tener en los casos de apelacion, y según los testimonios de más ó menos folios que les remitan los juzgados; como si la redaccion del documento no fuese, en sí, un trabajo digno de valor, y como si no tuviera siempre más valor é importancia que las mismas operaciones analiticas, en especial cuando, además de pedir á los peritos si hay sustancias venenosas, sangre, esperma, etc., en las materias remitidas, se les pide la resolucion de otros problemas para los cuales hay que hacer uso, no ya de habilidades físicas ó mecanicas, sino de la razon, de la filosofia, de todas las partes de la ciencia, necesarias para dilucidar debidamente esas cuestiones: otro materialismo repugnante que hasta en el siglo pasado hubiera sido
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mal visto. Por último, no se hace mención de los ayudantes y mozos que han de acompañar á los catedráticos en los trabajos de laboratorio. ¿Tendrán ellos que pagarles de esos 300 reales? ¿O bien, á pesar de sus hopalandas doctorales y magistrales, se verán obligados á lavar vasijas, á encender las hornillas y á desempeñar todo lo mecánico del oficio? ¡Qué respeto á los hombres de ciencia! ¡Es eso un tiro personal? ¿Se ha querido así recompensar moralmente á los catedráticos de medicina legal y toxicología, y sobre todo al de Madrid, que lleva cinco años de improbos y no satisfechos servicios á los tribunales de justicia? Por honra del Gobierno respondemos negándolo. Podrá haber habido malicia de parte de ciertos hombres; pero lo que aquí se hace más ostensible es la ignorancia del asunto, es el materialismo grosero de que se encuentran impregnados.

Los servicios de noche, que siempre se han reputado de doble valor, en igualdad de las demás circunstancias, sólo adquieren en el arancel una cuarta parte de aumento, y sin atender á las estaciones ni al buen ó mal tiempo de esas noches. Serían gollerías.

Cuando los forenses tengan que salir de la capital para desempeñar el servicio, se les abonarán 30 reales por cada medio dia, 40 por el dia entero. En cambio, correrá de su cuenta el gasto de la manutención y del carruaje ó caballería, que acaso subirá al doble; y como no se interprete el espíritu del artículo ó tarifa, los que no salgan de las capitales de partido, los que salgan de su pueblo no tendrán remuneración alguna por los viajes ó distancias.

En una palabra, es tal el desbarajuste, la falta de tacto y atinada combinación, el descuido de bases importantes y otras consideraciones indispensables para formar un cuadro de servicios con sus valores equivalentes, que por donde quiera que se examine ese arancel, que en mal hora ha concebido el Gobierno ó los que se lo han dado, se advierte su viciosa, su repugnante, su injustísima formación.

Y que no se dé pena el señor ministro por ello. Siquiera estuviese trabajando hasta el dia del juicio, le había de suceder lo propio, empeñándose en hacer un arancel uniforme.

Lo repetimos; arancel, tarifa legal ó obligatoria, en materia de honorarios de los facultativos, suena lo mismo que injusticia, iniquidad, y de consiguiente, inmoralidad.

Por eso en nuestros días no tiene partidario alguno en la ciencia y entre los amigos de la justicia una tarifa de servicios facultativos; ni para la asistencia al público doliente, ni para los tribunales y autori-
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dades administrativas. Es una práctica que se ha abandonado por lo funesta y absurda, tan contraria al interés de los profesores, como al de las personas que civil ó jurídicamente reclaman los auxilios de la ciencia.

Todavía está resonando en Europa la elocuente voz de Mr. Clau-sade, delegado por Guillac, en el Congreso de París, celebrado en 1846, á cuyo poderoso influjo esa sabia asamblea rechazó unánimemente el contacto frío de la ley, en punto á la graduación de los honorarios por los servicios médicos; no vaciló ni un momento en anatematizar las tarifas y aranceles, como injustas, inicuas é inmorales, vejatorias para el público, humillantes y desventajosas para los facultativos: manifestó lo mezquino, ridículo y digno de reforma que tiene en Francia la dotación de los servicios cuando funcionan los médicos en virtud de un requerimiento judicial, y se indignó de que se igualase en la legislación francesa á los peritos facultativos con los testigos ordinarios.

Cuando la administración de justicia en Francia se ponga al nivel de los buenos principios y del progreso social que triunfaron en aquel congreso médico, desaparecerá la vergonzosa tarifa del decreto de 48 de Junio de 1811, modificada por el de 7 de Abril de 1813 y la ordenanza de 28 de Noviembre de 1838, puesta verdaderamente en caricatura por una de las espirituales cartas sobre la práctica de la medicina legal, que acaba de publicar en el vecino reino el doctor Luis Penard.

El Gobierno español que, como lo hemos dicho en nuestro primer artículo, hubiera podido en esta parte de su decreto, como en todas, ponerse al frente del progreso y de la reforma más notable de Europa en punto á médicos forenses, siguiendo las desinteresadas inspiraciones de hombres que conocen este asunto más á fondo que los que han proyectado los artículos del decreto en cuestión y su arancel, ha renunciado voluntariamente, con detrimento de la gloria y bien de su país, á esa posición brillante; no se ha sabido separar de las prácticas rutinarias ni de ciertos consejeros áulicos que esterilizan y empéqueñecen todo cuanto cae en sus manos; y ha ido á buscar en la legislación francesa, ridiculizada por todos, propios y extraños en esa parte, un modelo de arancel, y gracias que ha tenido un arranque de sentido común, no adoptando al pie de la letra las mismas partidas que en los decretos citados se señalan para varios servicios periciales.

1 Consultada años atrás por el Gobierno la Facultad de medicina de Madrid, esta respondió negativamente acerca de la utilidad del arancel.
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La razon que ha tenido el Ministerio para dar la preferencia á ese sistema detestable sobre el de dotacion fija, ha sido lo injusto de esta, respecto de la diferencia que cada localidad ha de presentar en punto al número de actuaciones y la índole de éstas. ¡Como si la justicia en este asunto tan sólo dependiese del número de actuaciones y de su índole! ¡Como si no fuera más injusta, áun bajo ese punto de vista, según lo hemos demostrado, una tarifa legal! ¡Como si la diferencia del número de actuaciones ó del trabajo, que viene á ser lo mismo, no pudiese compensarse de un modo más aproximado á la equidad y la justicia con diferencias de dotacion! ¡Como si la índole de los servicios fuese un óbice para gozar de un sueldo proporcionado! ¡Como si un sueldo aceptado por los profesores, sabidas sus obligaciones, no alejase todas las razones que hay para rechazar un arancel uniforme y obligatorio!

¿No sucede lo propio con los jueces y demás empleados de toda administración? ¿Es igual el trabajo de los primeros en todos los partidos judiciales? ¿No son más ó menos numerosas las actuaciones, no son de índole diferente? ¿Y no subsana el Estado, en lo posible, esas diferencias con las de categorías de entrada, ascenso y término, y con la de sueldos? ¿Qué hay, qué puede haber en las actuaciones de los médicos forenses que no sea análogo ó casi igual á las de los jueces de primera instancia y otros empleados de la administracion pública? Pues ¿cómo tiene el Gobierno á sueldo fijo á esos jueces y empleados? ¿Cómo no ve que la dotacion-fija es injusta en el ramo judicial y otros ramos, por lo desigual, atendidos la índole de los servicios y su número infinitamente variable según las circunstancias de cada localidad?

Compare el señor ministro las monstruosas injusticias que se cometerán con su arancel, aunque no sea mas que respecto de la riqueza ó bienes de los que hayan de pagar las partidas señaladas en el mismo, con las que resultarian de un sueldo aceptado, siendo decente, por los funcionarios periciales, y vea si el sentido comun no basta para comprender claramente que ha dado la preferencia al sistema más injusto, más inicuo, más inmoral, y que si ha obrado así por un sentimiento de justicia y equidad, debe apresurarse cuanto antes á recoger ese arancel, darle por nulo, y arreglar la organizacion de los médicos forenses de otro modo, que es lo que al fin y al cabo tendrá que hacerse por la misma fuerza de las cosas.

Confíese francamente que no se ha querido señalar un sueldo á los médicos forenses, porque se ha temido un presupuesto considerable y