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tuvo vigor y observancia; en Castilla el Código de las Partidas no tuvo vigencia como único Código, como único cuerpo de leyes; y es que en Aragón la compilación no destruía nada, mientras que en Castilla el Código de las Partidas destruía el carácter privilegiado de su derecho. «En el reino de Castilla, dice Ripollés (1), los fueros municipales se sobreponen á los Códigos generales por mucho tiempo; en los demás reinos los fueros generales se sobreponen á los municipales siempre.»

Unidas las Coronas de Aragón y Cataluña, siguen cada una su evolución jurídica, cada una tiene sus leyes, cada una tiene su cuerpo legislador; para Cataluña legislan las Cortes de Cataluña; el mismo Rey legisla para Aragón, pero es con las Cortes aragonesas.

Esta manera de ser en el orden jurídico no sólo duró hasta el siglo xv, sino que, como hemos de ver, continuó después de la unión de las diversas nacionalidades. «A fines del siglo xv, dice el Sr. Durán y Bas, España estaba dividida, prescindiendo de Navarra, Estado también independiente, en dos grandes nacionalidades, la castellana y la aragonesa, que se unieron, sin fundirse, por el vínculo de la sucesión. Y al hacerlo los Estados que formaban la nacionalidad aragonesa, y lo propio sucedió más tarde con Navarra, cada uno aportó como patrimonio jurídico, á que no quiso renunciar, las instituciones políticas y administrativas, civiles y penales que poseía; todos las conservaron como propias, sin llevarlas á ser parte integrante de la legislación de Castilla, sin admitir tampoco las que eran elemento constitutivo de esta legislación, y, á excepción de Valencia, todos aquellos reinos siguieron sometidos á sus leyes civiles, cuando de sus instituciones políticas se vieron, andando el tiempo, sucesivamente despojados.

*Las provincias que no se rigen por la legislación de Castilla, no han recibido la suya á título de concesión, ni como

(1) Loco citato.
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derecho de excepción; con su legislación propia entraron á formar parte de la Monarquía española, y esa legislación tiene para ellas un origen tan independiente, tan engendrado en su propia autonomía, como la de las provincias que formaron antes del siglo xvi la antigua Corona de León y Castilla.»

Y este derecho, producto de la evolución social, compilado por el Rey D. Jaime I, es tan notable, que muchas de sus instituciones pasan como conquistas de los siglos modernos, sin duda por el desconocimiento de aquella legislación, grande como ninguna de su tiempo. El eminente jurisconsulto, gloria de nuestra patria, el Sr. D. Luis Franco y López, cita, entre otras, las siguientes instituciones compiladas en Aragón en el siglo xiii. El Consejo de familia (1); la prueba de las obligaciones por escrito: Nullum debitum probatur nisi per chartam publicam (2); la no admisión de la excepción non numeratæ pecunice (3); el principio tantum valet res in quantum vendi potest; el sistema de publicidad de las transmisiones de dominio (Cortes de Zaragoza 1442); la mayoría de edad, veinte años en Aragón; la creación de un alto tribunal cuyas decisiones formaran jurisprudencia y tuvieran fuerza de ley (4). Y después de demostrar que los principios de igualdad, libertad y fraternidad, imperaron siempre en Aragón, concluye con estos elocuentes párrafos:

«Y si no fuera porque tendría que salirme del objeto á que principalmente debo ceñirme en esta Memoria, podría hacer ver que en otras muchas materias, no menos importantes que las indicadas, se adelantaron nuestros antepasados á su época; y esto sin tener ejemplos que seguir, y con una originalidad verdaderamente asombrosa; hasta un punto que haría dudar de su certeza si no se hallasen consignadas sus sabias prescripciones en los acuerdos adoptados por las Cortes, comprendidos en las compilaciones oficiales.

(1) Fuero primero: de contractibus conjugum.
(2) Fuero cuarto: de fide instrumentorum.
(3) Observancia 24: de probat. fac. cum charta.
(4) Quod justitia Aragonum teneatur. Fuero segundo: de consultatio-nibus, etc.
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Los deberes morales en lenguaje jurídico son imperfectos porque legalmente no se pueden exigir. A nadie puede obligársele á que sea benéfico, á que no preste con usura, á que practique en suma, alguna de las obras de misericordia recomendadas á todo buen cristiano.

No hay más ley social que la defensiva; no hay más ley que la letra de la ley.

Después de cien teorías de temporada, de cien modas y de múltiples lucubraciones que no digo de verano por cortesía, no tenemos ni anterior ni posterior á D. Joaquín Francisco Pacheco, nada que en derecho penal se parezca á sus lecciones inmortales.

La pena es pena porque es dolor. Si no fuera dolor sería alivio; y llevando la teoría á sus últimas consecuencias no llevaríamos los delincuentes á la corrección sino al hospital, no á la Cárcel-Modelo sino á la farmacia.

Puede ser cruel la letra legal, ¿pero acaso hay un asesino que no lo sea? ¿se conoce en alguna parte un parricida ó un ladrón en cuadrilla compasivo y piadoso?

El espíritu de la ley no lleva más que á la impunidad. En el momento de cometer el delito puede ser que no sepan muchos lo que hacen; pero al imaginarlo, prepararlo y ejecutarlo, mientras es tentativa, mientras puede frustrarse ¿cómo dudar de la libertad y de la reflexión de quien delinque? Cuando todo se hace con la intención y la voluntad de matar, y todo se prepara y dispone para matar y está asegurada la muerte que se desea, el último instante de la ejecución es lo de menos.

El asesinato no es sencillamente la privación de la vida de un hombre, sino todo lo que se hace para lograrla. Y en todos los crímenes, su proceso mismo es lo que constituye la trasgresión del derecho por excelencia y la responsabilidad principal merecedora de castigo.

Mal por mal es la ley de la vengaza en Esquilo.
Y mal por mal es la ley de la justicia en Pacheco.
Pongámonos fuera de la ley hipotéticamente.
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•A no verlo en ellas, ¿podría creerse que en aquellos siglos, que miran algunos con desdénosa indiferencia, por reputarlos indignos de un detenido estudio, como si nadie hubiera que aprender en ellos, además de hallarse garantida la seguridad individual y la propiedad con los recursos de Manifestación y Firma, de una manera inmensamente más perfecta que lo estuvieron en aquélla y en épocas posteriores en las naciones más adelantadas, lo estuviesen en tanto grado las de los judíos y sarracenos, que se hallase severamente prohibida su persecución, declarada inviolable su propiedad, y circunscrita á límites muy estrechos la confiscación de sus bienes? ¿Podrá nadie persuadirse, á no verlo tan clara y expresamente consignado en las disposiciones forales, que en materias económicas y administrativas estuviesen tan adelantados nuestros mayores, que prohibieran las cofradías, hermandades, colegios, sociedades y conventículos de los menestrales, por conocer que, sobre la rémora que ocasionaban para el adelantamiento de las artes y de la industria, y la tendencia al monopolio, que era ordinariamente su principal objeto, producían los demás inconvenientes que han hecho necesaria la abolición de los gremios en el presente siglo; que hubiesen tenido desde muy antiguo aplicación práctica las teorías que son ordinariamente reputadas como hijas de la moderna economía política, hasta el punto de haberse autorizado la libre introducción de artículos extranjeros con insignificantes gravámenes, y de haberse ordenado poco después que los mercaderes, una vez salvada la frontera, no pudieran ser molestados por los agentes del Fisco; que tres siglos antes de la época á que me refiero, se hallase ya consignado en el Privilegio general el desestanco de la sal, autorizándose la compra de la que más se quisiera y la venta por los que tuviesen salinas; que todavía antes de esta época se hallase reconocida la unidad monetaria y restablecida posteriormente la de pesas y medidas; y que, prescinidiendo de otras prescripciones relativas á estas materias, se hallasen ya reconocidos desde el siglo XII los males que producía la amortiza-
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ción, ó sea la adquisición de bienes por las llamadas manos muertas, puesto que en el fuero de Jaca, dado por D. Sancho Ramírez, se prohibió á sus vecinos que vendiesen heredad á la Iglesia?

•En otro orden de materias, ¿no es cosa digna de admirarse que dos de las cosas que más constante y anhelosamente ha perseguido la generación actual, la libertad de imprenta y la casi completa autonomía Municipal, se hallasen sin violencia alguna admitidas en nuestro reino, la primera hasta los aciagos sucesos de 1592, y la segunda hasta principios del siglo xviii; y que en materia de enjuiciamiento estuviese autorizado el nombramiento de procurador apud acta, sin necesidad de instrumento, sino sólo en el caso de hallarse el reo ausente, y tuviera el Juez obligación de fundar las sentencias?• (1).

Este fué el caudal que el reino de Aragón aportó como dote cuando á fines del siglo xv se verificó la unión con Castilla; luego veremos cómo fué administrada esa dote, y el valor que en los momentos actuales tiene: veamos ahora lo que el reino Castilla creó en el periodo de su formación, y por tanto lo que aportó en el siglo xv al formar la nacionalidad española.

VII

LEÓN Y CASTILLA.—Si en los primeros tiempos de la Reconquista aparecen como una nacionalidad constituida los reinos de Asturias y León, siendo el Condado de Castilla un feudatario de aquéllos, poco tiempo transcurre sin que vayan uniéndose los pequeños reinos que conservaban en más ó menos grados su independencia.

No podía ser de otro modo, toda vez que el fin que perse-

(1) Franco y López, Memoria escrita con arreglo al Real decreto de 2 de Febrero de 1880.—Zaragoza, 1884.
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guían era uno mismo é idénticos los medios que empleaban para alcanzar aquel fin. Tanto Asturias como León, tanto Galicia como Castilla, luchaban por extender su territorio, por arrojar á los árabes, que junto con la fe les habían quitado su independencia, y en la enseña gloriosa de la Cruz se hallaban simbolizados los sentimientos de patria y religión; pero si es cierto que este fin era el mismo en Asturias y León, Galicia y Castilla, como idéntico era en Navarra y Aragón, en cambio las diferencias que observamos en Navarra, Cataluña y Aragón, en la constitución de los primitivos reinos, las diferencias que separan á estos reinos del antiguo imperio visigótico, no las encontramos en las regiones del Centro y Noroeste de España.

Los elementos sociales que informan la vida de los nuevos reinos de Castilla y de León, son idénticos; no los separa diferencia alguna, todos ellos son la continuación del Imperio visigótico; natural era, por tanto, que se unieran aquellos reinos que no se hallaban diferenciados por nada esencial ni accidental; natural era que aunaran sus fuerzas, aceptaran una sola dirección, aquellos que, partiendo de un mismo punto y teniendo un destino común, marchaban por idéntico camino.

Ya hemos visto que los elementos que informaban la vida social y política de los reinos de Asturias y León: la monarquía, el clero, la nobleza y el pueblo, con la reunión de estos brazos; en los Concilios, y más tarde en las Cortes; idénticos son los elementos sociales de Galicia, de Asturias, de León y de Castilla; las diferencias que separaban estas regiones eran pequeñas, en especial en los primeros siglos de la Reconquista, hasta que comenzó el régimen municipal, dando lugar á una variedad legislativa que, unida á la ya privilegiada legislación de la nobleza, dificultó grandemente la definitiva constitución de dichos reinos.

A la unidad política y jurídica poco tarda en suceder la variedad, el régimen foral, que es la característica del reino de Castilla. Comienza la nobleza por sobreponerse al clero y
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á recabar para sí privilegios y exenciones en tal número, que llegan á constituirse en poderes que, si no solos, por lo menos unidos, hacen frente á la corona y son una fuente continua de disturbios y la amenaza mayor á la restauración nacional. Los señoríos y los Feudos son dos auxiliares poderosos de la Reconquista, pero son á su vez los mayores enemigos de la corona, así como de la unidad jurídica, y es que efecto de la guerra y á medida que el territorio cristiano iba ensanchando, aumentaban los señoríos que, como recompensa de los auxilios prestados á la corona, concedía ésta, recayendo sucesivamente, merced á las vinculaciones y mayorazgos, en las mismas manos, surgiendo poderes independientes que ejercían jurisdicción civil y criminal, que imponían y cobraban tributos, que sin reconocer autoridad superior resolvían sus diferencias por las armas, se dirigían de unos á otros cual verdaderas potencias que formaban alianzas defensivas y ofensivas, y que finalmente podían negar su obediencia al Rey.

Así aparece uno de los elementos sociales con su legislación privilegiada y con un poder y ascendiente tan grande, que hace decir al Sr. Martínez Marina: (1) «¡cuán formidable se hizo á los reyes, á los súbditos, á los pueblos y á todas las condiciones de la república, especialmente en los siglos XIII, XIV y XV! Llegaron á encumbrarse á tan alto grado de poderío, que ya hacían sombra á la suprema autoridad de los reyes, los cuales, ó por ignorancia de las leyes, ó por mala política, ó por timidez y cobardía, los colmaron de exorbitantes privilegios, exenciones y heredamientos sin términos; y los príncipes en cierta manera abatidos, no podían desplegar su autoridad soberana sino con timidez y lentitud y á las veces sin efecto.»

Quebrantada la autoridad real, era lógico que la unidad de la legislación gótica desapareciera, quedando en su lugar esa variedad de legislación que caracteriza tan perfectamen-

(1) Ensayo histórico crítico.—Tomo I, pág. 209.
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te los reinos de Asturias, León y Castilla; el aspecto nobiliario lo encontramos sancionado en los Códigos, Fuero de los Fijosdalgo y Fuero Viejo de Castilla.

Pero al lado de este poder los Reyes buscaron un contrapeso; un aliado en el cual encontraron apoyo, no sólo para la guerra contra los árabes, sino también para poder acallar algo á la nobleza; este nuevo elemento social fué el estado llano, las municipalidades que, si nacidas como la nobleza por privilegios y exenciones de la legislación común, habían de sucumbir del mismo modo que la nobleza á manos de la corona, cuando ésta, después de buscar en la nobleza un auxiliar para concluir con las municipalidades, hubo á su vez de concluir con las prerrogativas de los nobles. Y es que la característica de los reinos de Castilla y León fué la disgregación en que vivieron sus elementos sociales, que no llegaron á formar un todo armónico, debido al carácter privilegiado, tanto de la nobleza y el clero, como de las municipalidades. «El Municipio, dice el Sr. Azcárate (1), no es la asociación natural que es anterior al Estado y que éste reconoce; es la asociación que constituye libremente por la voluntad arbitraria de sus miembros, los cuales arrancan su reconocimiento del Rey, Emperador ó señor, representantes entonces del Estado, atendiendo tan sólo á su propio interés y sin cuidarse del de los demás elementos de la vida local, resultando de aquí el carácter privilegiado, particular e independiente que tiene á la sazón el Municipio, tan conforme con el modo de ser de aquella época.»

El sistema foral comienza con los Reyes Alonso V de León y Sancho el de Castilla, los cuales, buscando un apoyo en los pueblos, van concediendo leyes especiales, ya á los que van conquistando, ya á los pueblos fronterizos, ya á aquellos á quienes quieren premiar su adhesión. A la manera romana, comienzan por ser concesiones del Monarca para luego convertirse en imposiciones de los pueblos á los Reyes. Ya desde

(1) Loco citato, pág. 35.
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el siglo XI, comenzando por el fuero de León, concedido á dicha ciudad por Alonso V, van los fueros municipales creciendo en número, bien extendiendo los ya concedidos á nuevas ciudades, ya dando fueros distintos á otras. El primer resultado que esto produce es tener una legislación privilegiada, la de los Municipios, frente á otra que igualmente es un privilegio, la de la nobleza, sin que encontremos una legislación general, algo que uniera todos estos elementos dispersos. Estos Municipios, que en sus comienzos quedaban reducidos á pequeños Estados, con su régimen y gobierno interior, con su libertad política y civil, pasan muy pronto á ser un nuevo elemento del Estado, conquistando su representación en las Cortes, en las que con la nobleza, el clero y el Rey forman los cuatro brazos del reino que intervienen en todas las funciones del Estado, acreciendo de este modo su importancia. Toda la historia del reino de Castilla la llenan las luchas del Rey y la nobleza, de ésta y los Municipios; y si alguna vez vemos que Reyes como Fernando el Santo llegan á imponer su poder y que los brazos del reino reconocen su autoridad, en cambio otras, como con Alfonso XI y Pedro II, la historia de sus reinados queda reducida á las revueltas de la nobleza, al predominio de los Guzmanes y Padiñas, y otras el poder real queda anulado, como sucedió con los reinados de los Enríquez III y IV.

No hay región alguna en nuestra Peninsula en la que los elementos se hallen tan disgregados, en que reine una anarquía semejante, y de aquí las tentativas de unificar lo que se hallaba tan disperso. Cuando Aragón estaba ya constituido como una nacionalidad fuerte y poderosa; cuando Aragón tenía un cuerpo de leyes de observancia general para todas las clases del Estado, Castilla, después de las grandes de Fernando III el Santo, tenía un Código que, no pudiendo hermanar los fueros municipales y nobiliarios, no pudiendo contener en una síntesis lo que era obra de la evolución social, buscaba la unidad en el Derecho romano, legislación á la que acudieron los Reyes y la Iglesia en demanda de auxilios para
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poder imponer su autoridad, destruyendo aquello que ellos mismos habían dado vida. Desde la aparición del Código de las Partidas se inicia ya en Castilla la tendencia al régimen unitario, absoluto, basado en los principios unitarios del Derecho Romano, tendencia que fué contenida por el excesivo poder de la nobleza, que llegó á su más alto desarrollo con la dinastía de los Trastamaras.

La distinta constitución que las Cortes tuvieron en Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña contribuyó igualmente á dificultar la definitiva constitución de Castilla, así como también á que el absolutismo de los Austrias pudiera concluir con las libertades de todas las regiones de la Península. Mientras en Castilla no hay época fija para la reunión de las Cortes, en Navarra deben reunirse éstas todos los años; esto aun en los tiempos del Emperador Carlos I; en Aragón su reunión es igualmente anual, consignándose en el Privilegio general «Que el Senyor Rey faga cort general de aragoneses en cada un año una vegada»; si bien el año 1307 se determinó que las reuniones fueran bienales; en Cataluña se convocaron anualmente, hasta que en tiempo de D. Jaime II su celebración fué trienal, período que fué fijado asimismo para las de Valencia «de tres anys en tres anys, lo es á saber en la festa de Aparici en lo mes de gener».

Respecto á las atribuciones de las Cortes y á la más importante de todas ellas, la potestad legislativa, mientras se discute mucho si las Cortes de Castilla tuvieran esta potestad, que no parece la gozaron, las de Aragón contaron siempre entre sus atribuciones la potestad legislativa, hasta el punto de no poder oponerse el Rey á las peticiones hechas por las Cortes, El Rey, de voluntad de las Cortes, estatuesce y ordena; fórmula que no se diferencia de la moderna, las Cortes han decretado y Nos sancionado: las de Navarra gozaban asimismo de la potestad legislativa, y es de notar á qué grado llegaba el amor á la libertad y el celo en la defensa de los fueros, qué carácter de generalidad tenían en Aragón y Navarra, que bastaba que un brazo se opusiera á la aproba-
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ción de la ley en Navarra, y en Aragón un solo individuo, para impedir que la proposición fuera ley.

En Cataluña las Cortes gozan igualmente la potestad legislativa, si bien no en tan alto grado como en Aragón y Navarra; y finalmente, en Valencia, si bien la facultad de dictar leyes residía en el Rey, éste no podía derogar, sin la concurrencia de las Cortes, los fueros hechos en ellas. En los interregnos parlamentarios, en Castilla, no se conoce la Diputación permanente de Navarra ni la de Aragón, que podía en circunstancias especiales convocar Cortes extraordinarias, institución conocida en Cataluña desde el siglo XIV, así como el Estamento y la Diputación del reino en Valencia. Por último, la distinta intervención del Estado llano en las Cortes de Castilla, Aragón, Navarra y Cataluña, hace que al entronizarse la Monarquía absoluta le sea fácil concluir con las Cortes de Castilla, antes que con las de las otras regiones de España.

Esta diferencia en las atribuciones de las Cortes hace que el derecho, mientras en Castilla aparece como producto de la voluntad del Príncipe, más que como resultado de la voluntad nacional; en Aragón, Navarra, Cataluña y Valencia, se ofrezca como un producto de la conciencia social, que, contrastado y aquilatado por el tiempo, pasa de la categoría de derecho no escrito, de derecho consuetudinario, á la de derecho escrito; el derecho de Castilla es un derecho privilegiado, un derecho foral; el derecho de las otras regiones de España tiene un carácter general, porque era la obra del pueblo, no la concesión más ó menos gratuita del Rey.

Así, pues, en Castilla siguió, no obstante el Código de las Partidas, la variedad legislativa más que en ninguna otra región de la Península, y al lado del fuero de los Fijosdalgo y el fuero Viejo de Castilla, tenemos los cuadernos municipales, las Partidas, el Ordenamiento de Alcalá, etc., etc., sin que las teorías unitarias del derecho romano y canónico, que invadían las aulas y el foro, pudieran concluir con tal anarquía.
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De esta manera el reino de Castilla que, si había absorbido en la unidad monárquica á Galicia, Asturias, León, Toledo, Extremadura, Murcia, Andalucía, etc., había, en cambio, conservado una variedad inmensa, llega al siglo xv, en que, por el enlace de los Reyes Católicos, quedan unidos por la Monarquía los antiguos reinos de España, excepción hecha de Navarra, que lo fué por la fuerza de las armas, y Portugal, que continúa formando una nacionalidad independiente. Ya desde los Reyes Católicos la tendencia á la unidad es cada vez más manifiesta; todavía habrá movimientos de retroceso; todavía encontraremos el deseo, siempre manifiesto, de volver á la independencia de las diversas nacionalidades; pero la unidad nacional había sido admirablemente preparada por Aragón, que con su gloriosa página, con su timbre, el más preclaro, llamado Compromiso de Caspe, abrió los brazos á Castilla, siendo desde entonces el baluarte en que se estrellaban los sentimientos exclusivistas de uno y otro lado de la Península.

Pero esta unión no destruyó lo que era propio de cada región: cada antiguo reino continuó teniendo sus leyes políticas y civiles, conservó su lengua, sus tradiciones, lo que era producto espontáneo de su vida. La obra de destrucción no puede achacarse á la unidad nacional; ésta conservó todo aquel glorioso legado de tradiciones; la obra de destrucción que alcanzó por igual á Castilla y Aragón, á Galicia y Cataluña, á Navarra y Valencia, en una palabra, á España toda, esa obra comenzó con la Monarquía absoluta de los Austrias, alcanzando su más alto desarrollo en el siglo actual, llamado, no sé si por ironía, el siglo de las libertades.

VIII

La unidad monárquica, que aparece en España con el Emperador Carlos V, marca una nueva fase en nuestra historia que, si bien es producto de la evolución de la Edad Me-