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Estas correcciones sólo se impondrán por faltas comprendidas en los números 4.º y 5.º del artículo 173.

Art. 176. Son causas legítimas para la traslación forzosa de los Registradores:
1.ª No gozar de buen concepto en la población en que sirvan su cargo.
2.ª Mezclarse en asuntos políticos en el distrito de su cargo, salvo el ejercicio del derecho de sufragio.
3.ª Y cualesquiera otras circunstancias especiales y graves, ó consideraciones de orden público muy calificadas.

Art. 177. El expediente que en todo caso debe instruirse para decretar la remoción, suspensión, corrección disciplinaria ó traslación forzosa de los Registradores, se acomodará, según los casos, á los trámites que determinará el Reglamento que se dicte para la ejecución de esta ley.

SECCIÓN QUINTA

De los honorarios de los Registradores.

Art. 178. Los Registradores cobrarán los honorarios de los asientos que hagan en los libros, de las manifestaciones de éstos y de las certificaciones que expidan, con sujeción estricta al arancel que acompaña á esta ley.

Los actos ó diligencias que no tengan señalados honorarios en dicho arancel, no devengarán ningunos.

Art. 179. Los honorarios del Registrador se pagarán por aquel ó aquellos á cuyo favor se registre el documento y la finca ó derecho, á quien se haga la manifestación de libros, ó á cuya instancia se expida la certificación.

Si presentado un documento, se denegare ó suspendiere su registro, pagará el interesado y en su defecto el presentante los honorarios de la presentación y de la denegación ó suspensión.

Art. 180. Cuando fueren varios los que tuvieren la obliga-
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ción de pagar los honorarios del Registrador, podrá éste exigir el pago de cualquiera de ellos, y el que lo verifique tendrá derecho á reclamar de los demás la parte que por los mismos haya satisfecho.

En todo caso se podrá proceder á la exacción de dichos honorarios por la vía de apremio, pero nunca se detendrá ni negará el registro por falta de su pago.

Art. 181. Los asientos que se hagan en los índices y en cualesquiera libros auxiliares que lleven los Registradores, no devengarán honorarios.

Art. 182. Los interesados satisfarán, además de los honorarios, el importe del papel sellado que se necesite para extender las certificaciones que solicitan y las notas al pie de los documentos.

Art. 183. Al pie de todo asiento, certificación ó nota que haya devengado honorarios, expresará el Registrador su importe, citando el número del arancel que los señale y autorice.

Art. 184. Cuando por varias operaciones se aplique un solo número del arancel, bastará que se consignen los honorarios al pie del asiento ó nota principal, citando el correspondiente número del arancel, sin que sea preciso consignarlos en las demás operaciones cuyos honorarios están comprendidos en el mismo número.

Art. 185. Cuando en un recurso gubernativo se declare infundada la denegación ó suspensión del registro á que se refiera el recurso, ó de la finca ó derecho comprendido en el documento mismo, devolverá el Registrador al interesado los honorarios que hubiere cobrado por la nota de denegación ó suspensión.

Art. 186. Cuando se rectifique un asiento por equivocaciones de cualquiera especie cometidas en él por el Registrador, no devengará este honorarios por el asiento nuevo que extienda.

Art. 187. Si el Registrador que hubiere cometido la equivocación en el asiento que se rectifique no fuera el que por
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estar ejerciendo el cargo lo haya de rectificar; cobrará este del interesado la mitad de los honorarios que devengue por el nuevo asiento.

Art. 188. Los Registradores cobrarán las cantidades consignadas en los respectivos números del arancel atendido el valor de las fincas ó derechos impuestos sobre ellas, que sean objeto de los asientos que se extiendan ó de las certificaciones que se expidan.

Art. 189. Los Registradores se sujetarán estrictamente en la redacción de los asientos, notas y certificaciones, á las instrucciones y modelos que contendrá el Reglamento que se dicte para la ejecución de esta ley.

Art. 190. Los delegados examinarán cuidadosamente en las visitas si los asientos están redactados con arreglo á los modelos indicados en el artículo anterior, y consignarán en el acta las faltas que notaren de esta especie, á fin de que los Presidentes dispongan lo que proceda.

Art. 191. No podrá hacerse variación alguna en el arancel que acompaña á esta ley, sino por medio de otra ley.

TÍTULO NOVENO.

De la liberación de los gravámenes existentes.

Art. 192. Los que hubiesen inscrito ó registrado á su favor el dominio de bienes inmuebles ó derechos reales, podrán liberarlos en cuanto á tercero.

1.º De cualesquiera hipotecas legales ó derechos no inscritos ó registrados á que estuviesen ó pudieren estar afectos.

2.º De las cargas no inscritas ó registradas ni aseguradas con hipoteca inscrita ó registrada, procedentes de acciones resolutorias ó rescisorias que no pueden surtir efecto en cuanto á tercero sin su inscripción ó registro.

3.º De los derechos que si hubiesen sido registrados en los
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libros de la antigua Contaduría de hipotecas, no hubiese podido determinar el Registrador á cuyo cargo estén dichos libros los bienes á que afectan, por ser defectuosos los asientos.

4.º De todas las acciones rescisorias ó resolutorias que pudieran ejercitarse, con inclusión de las que tuvieren los que anteriormente hubieran registrado sus títulos relativos á las mismas fincas ó derechos.

Art. 193. Si los que pretendan la liberación tuviesen inscrito el dominio de los bienes inmuebles ó derechos reales en los libros de la antigua Contaduría de hipotecas, no se podrá dar curso á sus demandas si no trasladan previamente las inscripciones á los nuevos libros del Registro.

Art. 194. Para los efectos del número 1.º del art. 192, se tendrán por no inscritos ó registrados, además de los derechos que estén sin registrar en los antiguos ó los modernos libros, los que no habiendo sido inscritos ni sido objeto de reclamaciones judiciales en los treinta años anteriores á la vigencia de esta ley á favor de persona alguna, no lo estuvieren ya antes de aquel periodo á nombre de sus actuales poseedores.

Art. 195. Compete exclusivamente declarar la liberación al Juez de primera instancia del partido en que radiquen los bienes ó derechos reales á que la misma liberación se refiere.

Art. 196. Si se pretendiere liberar una finca situada en dos ó más partidos, será Juez competente el del partido en que esté la parte principal, debiendo considerarse ésta la que contenga la casa habitación del dueño, ó en su defecto, la casa labor, y si tampoco lo hubiere, la parte de mayor cabida.

Art. 197. En el caso de que la finca á que se refiere la liberación fuera un ferrocarril, canal u otra obra de igual ó parecida naturaleza que atraviese varios partidos, se considerará parte principal, para los efectos del artículo anterior, la en que esté situada la cabecera ó arranque de la obra.

Art. 198. Podrán ser también objeto del expediente de liberación, en la forma que dispone el artículo 192, las hipotecas generales establecidas por la legislación anterior que se hallen vigentes cuando empiece á regir esta ley y que se enumeran á continuación:
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1.º En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus maridos, por la dote y parafernales que les hayan sido entregados.

2.º En favor también de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus maridos, por las dotes y arras que éstos les hubiesen ofrecido.

3.º En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres, por los que tengan la cualidad de reservables.

4.º En favor de los hijos que están bajo la patria potestad, sobre los bienes de sus padres, por los de su propiedad que éstos usufructúen ó administren.

Los que tengan á su favor estas hipotecas generales no podrán exigir la constitución de hipoteca especial.

Art. 199. Las hipotecas expresadas en el artículo precedente, que existieren en el día que empiece á regir esta ley, subsistirán con arreglo á la legislación anterior mientras duren las obligaciones que garanticen, excepto en los siguientes casos:

1.º Cuando por la voluntad de las partes ó la del obligado se sustituyan con hipotecas especiales.

2.º Cuando siendo mayores de edad la mujer casada ó los hijos, presten su consentimiento para que la hipoteca legal se extinga, reduzca, subrogue ó posponga.

3.º Cuando las hipotecas legales dejen de tener efecto en cuanto á tercero, en virtud de providencia dictada en el juicio de liberación establecido en este título.

Art. 200. Los que en el día en que empiece á regir esta ley tuvieran gravados sus bienes con alguna hipoteca tácita de las comprendidas en el artículo 198, podrán exigir en cualquier tiempo, de la persona á cuyo favor tengan dicha obligación, que acepte en su lugar una hipoteca especial y expresa suficiente.

Si dicha persona se negara á aceptar la hipoteca ofrecida, ó si aceptando la oferta no hubiere conformidad entre los interesados sobre el importe de la obligación que haya de asegurarse, ó sobre la suficiencia de los bienes ofrecidos en ga-
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rantia, decidirá el Juez ó el Tribunal en la forma establecida para los incidentes en la ley de enjuiciamiento civil.

Art. 201. Lo dispuesto en los artículos que preceden no altera ni modifica la preferencia concedida por las leyes en los bienes que no sean inmuebles ni derechos reales impuestos sobre los mismos á las personas á cuyo favor se hayan constituido hipotecas legales.

Art. 202. Los Registradores de la propiedad serán los encargados de instruir los expedientes de liberación.

Art. 203. Podrá instruirse un solo expediente de liberación para todos los bienes comprendidos en el territorio de un Registro, siempre que dicho territorio corresponda á un partido.

Art. 204. Si el territorio de un Registro correspondiere á dos ó más partidos, se instruirá un expediente para cada uno de los en que radiquen bienes que se pretenda liberar.

Art. 205. La instrucción de los expedientes de liberación se sujetará á las reglas siguientes:

1.ª El interesado presentará al Registrador que corresponda un escrito para cada uno de los expedientes que deban instruirse.

2.ª En el escrito se describirán los bienes ó derechos reales cuya liberación se solicite, expresándose las cargas á que estén afectos y deban quedar subsistentes, no obstante la liberación, las hipotecas legales y derechos no inscritos, como también las acciones rescisorias ó resolutorias que pudieran ejercitarse contra los bienes, si los hubiere y fueren conocidos; los nombres de las personas interesadas en las expresadas hipotecas, derechos y acciones y sus domicilios, si se supieren; los nombres de la mujer é hijos del demandante, si los tuviere, determinando su edad, estado y domicilio, y los nombres de los que en los veinte años precedentes hubieren tenido, según el Registro, aquellos bienes ó derechos; y se pedirá que se señale el término de ciento ochenta días, ó para solicitar la constitución de una hipoteca especial en sustitución de la general, ó para ejercer los derechos y acciones que tuvieren las referidas personas ó cualesquiera otra, bajo apercibi-
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miento de que no haciéndolo dentro de dicho plazo se tendrán por extinguidas las expresadas hipotecas legales, derechos ó acciones, en cuanto á tercero que después adquiera dominio ó derecho real sobre cualesquiera de los bienes que se liberen.

3.º El Registrador certificará á continuación del mismo escrito la conformidad de su contenido con el resultado de los libros, si así fuere, ó las diferencias que hubiere.

Si las diferencias fueren esenciales, devolverá el escrito al interesado para que lo ratifique ó use de su derecho.

Si no fueren esenciales ó se ratificaren las de esta clase que hubieren resultado, acordará el Registrador que se practiquen las diligencias pedidas en el escrito de liberación, y dará cuenta al Juez de primera instancia del partido que corresponda.

4.º En el caso de pretenderse la liberación de una finca situada en el territorio de varios Registros, el Registrador que instruya el expediente oficiará á los de los demás territorios á fin de que libren la certificación prevenida en la regla precedente; cada una por la parte de finca que corresponda, para lo cual acompañará aquél copia sustancial de la demanda en lo que fuere necesario.

5.º Serán notificadas personalmente ó por cédulas, con sujeción á lo establecido para las notificaciones en la ley de Enjuiciamiento civil:

1.º La mujer e hijos del demandante, si los tiene, y si son de menor edad, sus tutores, ó en su defecto, el representante del Ministerio fiscal.

2.º Las personas, si existieren, ó sus representantes legítimos, que del escrito de liberación del Registro resulten interesadas en cualesquiera hipotecas legales, derechos accesorios que deban extinguirse por la liberación.

3.º Las personas, si existieren, que en los veinte años anteriores hubieren tenido, según el Registro, los dominios de los bienes ó derechos que se pretende liberar.

6.º Al notificarse á cada interesado la pretensión del demandante, se le entregará una cédula firmada por el Registrador, que exprese:
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1.º El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesión del actor.
2.º Los bienes descritos en la demanda de liberación.
3.º La designación de los que pretenda librar, si no fueron todos.
4.º La especie de hipoteca legal, derecho ó acción en que pueda estar interesado el notificado.
5.º Y el término de los ciento ochenta días para reclamar, y el Juzgado donde deba proponerse la reclamación.
7.º Las notificaciones se harán por el mismo Registrador con sujeción á lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil; si los notificados tienen su domicilio en el mismo pueblo del Registro.
Si lo tienen fuera de dicho pueblo, pero dentro del territorio del Registro, el Registrador pasará comunicación al Juez municipal que corresponda, á fin de que disponga que por el Secretario se practique la notificación. Si residen fuera del referido territorio, el Registrador lo manifestará al Juez de primera instancia del partido, á fin de que éste libre el exhorto que fuere necesario.
8.º Cuando la finca que se trate liberar estuviere hipotecada á favor de la Hacienda pública, se hará la notificación al Gobernador de la provincia respectiva ó al Jefe superior á quien corresponda el negocio que haya dado lugar á la hipoteca.
9.º La notificación á todos los demás que pudieren ser interesados se hará por edictos que se fijarán en los sitios de costumbre de los pueblos donde se halle establecido el Registro y donde estén situados los bienes á que se refiere la liberación, cuyos edictos se publicarán además en el Boletín Oficial de la provincia.
Los edictos prevenidos en el párrafo anterior expresarán:
1.º El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesión del actor.
2.º La relación de los bienes que éste pretenda liberar, indicando su situación, nombre, número, cabida y linderos, el
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bienes, empezaron á suspender los pagos. Dos meses después les llegó su turno á los Bancos de Nueva York, á los que siguieron los de otras ciudades del Este, declarándose incapacitados para recoger su papel. En seis meses la riqueza agraria perdió en el Estado de Nueva York más de cuarenta millones de dollars, y la mayor parte de las mercaderías sufrieron una depreciación de 30 por 100. Millares de braceros se encontraron sin empleo.

El presidente Van Buren convocó al Congreso y le envió un mensaje en el que se decía que el triste estado á que habían llegado los negocios era debido al espíritu de ambiciosa especulación á que se había entregado la mayor parte de la población, y á los hábitos de lujo y de dispendio fundados sobre fortunas imaginarias.

En este mensaje, como se ve, se limitaba el presidente á señalar las causas del mal, pero sin indicar remedio alguno para combatirlo, limitándose á proponer un nuevo sistema de Tesorería, con el cual los fondos del gobierno serían custodiados por la Administración pública en edificios adquiridos ó construidos al efecto en las ciudades más importantes de la Unión. Este sistema, ensayado en 1840, fué abolido en 1841, pero se adoptó de nuevo en 1846, quedando definitivamente establecido en dicho año.

Apesar de esta facilidad para crear Bancos y emitir papel sería erróneo pensar que en los Estados Unidos reinaba una libertad ilimitada en la materia; todos estos establecimientos tenían un carácter semioficial y estaban sujetos á las autoridades locales. Además, como cada uno de los Estados era libre de legislar sobre el asunto, la legislación llegó á ser tan varia, que mientras en unas regiones la independencia de las compañías no conocía límites, en otras la reglamentación sumamente complicada llegó á ser opresiva. Un gobernador de Pensilvania tuvo que oponer su veto á un proyecto de ley autorizando la creación de veinticinco Bancos con un capital de nueve millones de dollars, pero al año siguiente una mayoría de las dos terceras partes de votos autorizó la forma-
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título de su última adquisición y el nombre de su anterior propietario.

3.º Los gravámenes que tuvieren dichos bienes y hayan de quedar subsistentes no obstante declararse la liberación.

4.º Las hipotecas legales, derechos o acciones á que estuviere ó pudieren estar afectos los mismos bienes, según el escrito del actor, y hubiesen de quedar extinguidos por la liberación si no se reclaman.

5.º El término de los ciento ochenta días para deducir las reclamaciones en el Juzgado de primera instancia á que corresponda el Registro, con el apercibimiento correspondiente.

10. El término de los ciento ochenta días principiará á correr desde la fecha del Boletín Oficial en que se publique el edicto, siempre que antes se hubieren hecho todas las notificaciones prescritas en las reglas 7.ª y 8.ª Si no se hubieren hecho, comenzarán á correr los ciento ochenta días desde la última notificación que se verifique, para todos los interesados que tuvieren que hacer alguna reclamación.

11. Durante el término de los ciento ochenta días, el expediente de la liberación estará de manifiesto en la oficina del Registrador que le instruye, á fin de que puedan examinarlo todos lo que tengan en ello algún interés.

12. Concluido el término de ciento ochenta días y unidas al expediente todas las diligencias que acrediten las notificaciones y fijación de edictos y un ejemplar del Boletín Oficial en que los últimos se hayan publicado, el Registrador lo remitirá al Juez de primera instancia del partido que corresponda.

Art. 206. Las reclamaciones que se hubieren deducido en el referido Juzgado de primera instancia del partido á consecuencia de la demanda de liberación, no tendrán curso hasta que el Registrador remita el expediente, según lo prevenido en la regla anterior.

Art. 207. Antes de darse curso á las reclamaciones aludidas en el artículo anterior, podrán sustanciarse los incidentes sobre declaración de pobreza los relativos á que se libren co-
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pias ó testimonios de documentos públicos que hayan de servir de fundamento á dichas reclamaciones y cualesquiera otros de reconocida urgencia, á juicio del Juez de primera instancia del partido.

Art. 208. Si alguno solicitare la constitución de hipoteca especial, se dará traslado al actor, procediéndose en la forma establecida para la constitución de hipotecas legales en la legislación vigente.

Art. 209. Si fueren varios los que solicitaran tales hipotecas, se sustanciarán todas las reclamaciones en un solo juicio, y hasta que se solicite sentencia firme sobre ellas no se declararán liberados ningunos bienes.

Art. 210. Si se hubieren ejercitado algunos derechos y acciones que afecten á la totalidad de los bienes que se pretende liberar, se sustanciarán en un solo juicio.

Art. 211. Sólo regirá lo preceptuado en el artículo anterior cuando la sustanciación en un solo juicio fuere compatible con la naturaleza y objeto de las reclamaciones.

Art. 212. En el caso de que las acciones ejercitadas afecten solamente á determinados bienes, se sustanciarán separadamente.

Art. 213. Los trámites de los juicios que deban seguirse á consecuencia de las reclamaciones á que se refieren los dos artículos anteriores, serán los procedentes, según las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 214. Si no se hubiere hecho relamación alguna contra los bienes objeto de la liberación, ó los que tuvieren derecho á pedir la constitución de la hipoteca especial lo renunaren á respecto de dichos bienes, ó se hubieren terminado los juicios promovidos contra la totalidad de los mismos bienes, ó hubiere algunos de éstos á los cuales no afectasen las reclamaciones propuestas, el Juez de primera instancia del partido comunicará el expediente de liberación al Ministerio fiscal, á fin de que manifieste si se han guardado en el referido expediente las formalidades prevenidas en esta ley, determinando los bienes ó derechos que puedan ser librados.
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Art. 215. Si el Ministerio fiscal encontrase algunos defectos, se acordará que se subsanen, como también los que el Juzgado estimare que deben subsanarse; y verificado, se pronunciará la sentencia de liberación.

Art. 216. La sentencia de liberación expresará:

1.º El nombre, situación, número, cabida, linderos y pertenencia de cada una de las fincas que se liberen.

2.º La circunstancia de haberse dictado después de sustanciarse ó no otros juicios, indicándose cuáles hayan sido.

3.º La de haberse constituido hipoteca ó hipotecas especiales en seguridad de derechos que antes estuvieron garantizados con hipotecas legales ó gravámenes no inscritos, ó la de no haberse constituido tales hipotecas por renuncia de los interesados, ó por no haberse reclamado, ó por no haberlas.

4.º Los gravámenes á que quedan afectos los bienes no obstante la liberación.

5.º La de quedar libres dichos bienes de toda carga no inscrita ó registrada ó hipoteca legal en cuanto á tercero que después adquiera dominio ó derecho real en los mismos bienes.

La sentencia se hará notoria en los términos prevenidos en el primer párrafo de la regla 9.ª del artículo 205 de esta ley.

Art. 217. En los diez días siguientes á la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, pueden apelar de la sentencia de liberación para ante la Audiencia del territorio los que hubieren sido por ella perjudicados y acrediten que por fuerza mayor ó por otra causa les hubiere sido materialmente imposible reclamar su derecho en el término de los ciento ochenta días expresado en la regla 10 del citado artículo 205.

De la sentencia de la Audiencia podrá interponerse el recurso de casación que corresponda.

Si no se apelare en los diez días, ó se terminare ejecutoriamente la apelación que se hubiera interpuesto, confirmándose la sentencia de liberación, no podrá interponerse contra este recurso el juicio en perjuicio de tercero.