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clan, y hacerle, por consiguiente, más religioso. Por cierto que, cuando en 1820 se imprimió el informe, no se encuentra corrección alguna que haga referencia á esta cita de los libros sagrados, y continuaron, por consiguiente, sin el apoyo de los textos las máximas que el Claustro de Salamanca consignaba. Sin duda alguna habían cambiado los tiempos y ya no era tan indispensable como antes hacer la parte moral más religiosa.

Por lo demás, basta haber hojeado, aunque sea distraídamente, las obras fundamentales del jurisconsulto inglés para adquirir el convencimiento profundo de que el discurso preliminar es obra de un entusiasta y convencido benthamista. La felicidad pública, dice el comienzo del discurso, debe ser el objeto principal del legislador: la utilidad general, el principio de su razonamiento: conocer el bien de la sociedad, que le confía sus más precisos intereses, es la verdadera ciencia social, y en hallar los medios de realizarle consiste el arte de la legislación. Tales palabras están tomadas casi literalmente de los Principios de la moral y de la legislación, publicados en inglés en 1789, y que sirvieron de base á los Tratados de legislación civil y penal que en francés acababa de dar á la estampa el célebre Esteban Dumont. Toda la teoría que después se desarrolla sobre las sanciones física, moral, religiosa y política; la afirmación de que, á pesar de que todas cuatro constituyen la mecánica del corazón humano y determinan los actos de los hombres, el legislador no dispone por sí más que de la última, ó sea la política, es la exposición en resumen de todo el sistema de Bentham, y para manejarle con la gallardía y desembarazo que lo hace Núñez, es menester conocerle con toda profundidad; y para afirmar que le constituyen verdades tan evidentes que al intentar demostrarlas inferirla un agravio al legislador y á la Nación entera, se necesita un convencimiento tal que solo se encuentra entre los entusiastas benthamistas.

El plan, sin embargo, á pesar de ser exageradamente liberal, estaba muy lejos de preconizar lo que hoy llamamos la
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libertad de la Ciencia, problema mucho más moderno y entonces casi incomprensible. El Gobierno, la entidad social, había de imponer la uniformidad más severa en todos los ramos de la enseñanza. Su principal empeño, como su principal deber, era constituir un cuerpo de doctrina moral, religioso y político que tuviera por base el respeto á la Religión católica, á la Constitución y á la persona del Monarca. Este fondo de doctrina había de empezar á revelarse desde los catecismos y cartillas de las escuelas y continuar hasta todos los libros de texto. La libertad de enseñanza ejercida por persona que no tuviera una investidura oficial, se consideraba como peligrosa y debía prohibirse. Por una contradicción con los hechos y la realidad de la vida, que la candidez verdaderamente encantadora de aquellos tiempos puede explicar, se encargaba á los párrocos, como á todos los demás empleados, así eclesiásticos como civiles, el cuidado de mantener, propagar y extender el cuerpo de doctrina que tenía por base las ideas liberales tal como entonces se entendían, y sobre todo y ante todo la Constitución de 1812.

Sería verdaderamente curioso y no completamente inútil el examen del plan de enseñanza formado por el Claustro de la Universidad de Salamanca, y lo haría gustoso si no me apartara totalmente de mi objeto, que era únicamente demostrar cómo empezaban á arraigar en España, sobre todo en Salamanca, las ideas benthamistas y qué culto las profesaba el autor del discurso preliminar.

No hay para qué decir que el plan de enseñanza de 1813 no llegó á ser ley; el más corto de vista podía percibir en el horizonte la recia tormenta que amenazaba en días muy próximos al naciente régimen liberal, y no se ocultó ese pronóstico á los comisionados del Claustro salmantino.

Mas á la recaída en este sistema, en 1820, volvió á plantearse el problema de la enseñanza pública y renació el plan de la Universidad de Salamanca. Su Claustro, libre ya de los temores que le embargaban pudo, aprovechándose de algunos pliegos que ya tenía impresos, dar á la estampa el volumino-
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so folleto que, aunque impreso en Salamanca, recuerda las obras tipográficas de Ibarra del tiempo de Carlos III.

Pero no fué para Toribio Núñez sin quebranto y sin persecuciones el eclipse constitucional de 1814 á 1820. Sus pronunciadas ideas liberales, de todos conocidas, su adhesión decidida á la Constitución de 1812 y hasta el mismo discurso preliminar atrajo sobre su cabeza las iras absolutistas.

En 1815 el Rey confirió al Obispo de Tarazona, D. Jerónimo Castellón, y al Sr. D. Manuel Caballero del Pozo, Catedrático jubilado de prima, el encargo de girar una visita á la Universidad de Salamanca. Pidieron los visitadores la entrega de todos los papeles referentes al plan de estudios y la correspondencia habida entre el doctor Martel y los comisionados enviados á Madrid por el Claustro, y el resultado de la visita y depuraciones en ella practicadas fué la Real orden de 16 de Septiembre de 1816, por la cual S. M. dispuso «que no se permitira ni diese licencia para volver á la Universidad á ninguno de los sujetos que emigraron con los enemigos,» y que asimismo fuesen separados de dicha escuela D. Juan Justo Gómez, D. Miguel Martel y D. Toribio Núñez. En vano solicitó éste ser oído por la Chancillería; en vano hizo presente su situación precaria, porque tenía seis hijos, era sostén de su padre político retirado de los ejércitos nacionales, ciego y octogenario; en vano alegó que, no siendo Catedrático, carecía de la jubilación que debían disfrutar los doctores Martel y Gómez. Reiterado á la Universidad el cumplimiento estricto de la Real orden, se encargó de la Biblioteca á otro sujeto, y después, declarada vacante la plaza, se nombró Bibliotecario mayor en propiedad. Núñez consideró inútiles sus esfuerzos, y parece se retiró á la villa de Piedrahita á esperar mejores días.

No vinieron para él, como no vinieron para otros muchos, hasta 1820. En 13 de Junio de aquel año se ordenó fuesen reintegrados en sus puestos los doctores Gómez, Martel y Núñez y se les indemnizase los perjuicios sufridos. Con referencia á los primeros, se cumplió inmediatamente, pero respecto
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un gran capitán. Una vez abolidos los frailes, queda expuesto el error al desprecio universal. Mucho se escribe en Francia sobre esta materia; todo el mundo habla de ella, pero no consideran aún lo bastante maduro este gran negocio, y nadie se atreve á empezar, porque los devotos tienen todavía aquí crédito.»

Cuando Voltaire escribía esto, habían comenzado ya, sin embargo, por los jesuitas, que con arreglo á indicaciones anteriores del mismo Federico, debían abrir la marcha, por ser según su frase, los granaderos de la Iglesia, y los guardias de Corps del Papa. Atrevióse primero Pombal en Portugal, siguiéronle Choiseul en Francia, Aranda en España, Tanucci en Nápoles, Felino en Parma, y cúpoles á Carlos III y Moscino, la gloria de alcanzar su destrucción definitiva, dejando ya este último indicada en Roma, como amenaza, la de las otras órdenes religiosas, según puede verse en su despacho á Grimaldi, del 3 de Septiembre de 1772. Véase ahora la perfecta analogía que guarda con teso este diabólico plan, la siguiente importante carta del Conde de Aranda, al P. Isidro López (1), que existe inédita hasta hoy en el archivo de Loyola.

(1) El P. Isidro López trató familiarmente con el Conde de Aranda, por la mucha amistad que con la piadosa Condesa tenía, y aún pasó más de una temporada huésped en su casa, siendo Procurador general de la provincia de Castilla. Apreciábale Aranda en todo su valer, y temía por lo mismo, que su sagacidad y valimiento en la corte, descubriessen y aun desbaratasen la cantelosa trama que urdía contra los jesuitas, sus hermanos. Complicóse por esta razón en el famoso motín de Esquilache, improvisando un testigo falso, que aseguró haberle visto disfrazado entre los grupos de amotinados, y desterróscle con gran premura de Madrid, enviándole al colegio de Monforte. Y fué cosa rata, que mientras caía el rigor de los jueces sobre el Abate Hermoso, D. Miguel de la Gándara y el Marqués de Valdeflores, principales víctimas de aquel inicuo y ridículo proceso, imputándoseles como principal cargo una imaginaria complicidad con el P. López, se dejase libre al mismo P. Lopez en Monforte, sin tomarle siquiera declaración alguna. Prueba manifiesta de que el buen afecto personal que Aranda le tenía, quiso librarte de todo riesgo, limitándose tan sólo á tenerle lejos de la corte, donde no le estorbase sus manejos. El P. Isidro López fué hombre de mucha prudencia y virtud, y dio buena prueba de su amor á la vocación y su tranquilidad de conciencia, cuando llegó al siguiente año el decreto de expatriación de los jesuitas al colegio de Monforte. Hallábase el P. Lopez por casualidad ausente, e instándole varios amigos para que se ocultase y huyese, no lo permitió en manera alguna, sino que espontáneamente se presentó en el colegio, y reunióse á sus hermanos, para marchar con ellos al destierro. Murió santamente en Bolonia el 7 de Octubre de 1791.
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al tercero surgió la dificultad de que, estando ocupada la plaza de Bibliotecario mayor por nombramiento del Claustro, no podía darse posesión á Núñez, y fué preciso otra Real orden especial, que no se dictó hasta 1821. En ese año se le nombró Secretario del Gobierno político de Salamanca, que no admitió por considerar el puesto incompatible con el de Bibliotecario de la Universidad. Pero hasta bien entrado el año no se resolvió sobre la renuncia.

Luis Silvela.

(Se continuará.)
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PROYECTO DE LEY
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

EXPOSICION

La Ley hipotecaria de 8 de Febrero de 1861, determinó una época brillante en la historia de nuestra literatura jurídica, y fué ciertamente un monumento de primer orden levantado en el campo de nuestra legislación, que, además de que honrará para siempre la memoria de sus ilustres autores, merece en sus fundamentales principios religioso respeto de la generación presente.

No estuvo, sin embargo, libre de las deficiencias e imperfecciones que son compañeras obligadas de las obras de los hombres; pues bien pronto comenzaron á notarse las unas y las otras, luego que se puso en vigor, y de aquí el motivo de su reforma por la Ley de 21 de Diciembre de 1869.

Posteriormente ha sufrido otras reformas de menos importancia y algunas aclaraciones de sus preceptos, las cuales patentizan por manera indudable y segura que, no obstante sus grandes merecimientos y los relevantes servicios que ha prestado y sigue prestando á nuestras relaciones jurídico-civiles y al crédito territorial, cuando fué promulgada, no estaba exenta de errores, equivocaciones y faltas de más ó menos significación.

Esto no quiere decir que ya esté completamente purgada
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y limpia de imperfecciones y deficiencias; ni tampoco que con la reforma que se intenta por el proyecto que se acompaña adjuntamente, llegará á obtener la perfección á que humana-mente es posible aspirar.

Por el contrario, hay todavía en dicha Ley mucho que re-formar, no poco que introducir, bastante que eliminar, lo cual constituye el objeto del indicado proyecto; y si este llegara á ser ley, acaso esté próximo el día en que se descubran pun-tos negros en su horizonte, precursores de otra reforma de lo que hoy se respéte, y aún de lo mismo que hoy se establezca como bueno: Tal es la condición de las leyes humanas.

Por lo pronto, el nombre de «Hipotecaria» no cuadra per-fectamente á una ley que, compuesta de quince Títulos, en los cuales se tratan diversas materias relacionadas con el re-gistro de los bienes inmuebles y de los derechos reales, sólo el quinto se ocupa de las «Hipotecas», materia que, después de todo, tiene su lugar más apropiado en el Código civil, puesto que al fin la hipoteca no es ni más ni menos que un de-recho real como cualquiera otro; y por lo tanto, entre estos debe ocupar el sitio que le corresponda.

Pudo pasar el nombre de «Hipotecaria», que se dió á la ley cuya reforma se proyecta, en aquellos tiempos en que el pú-blico estaba acostumbrado á oír las voces de «Contaduría de Hipotecas,» de «Registro de Hipotecas;» pero cuando estas voces han sido relegadas al olvido, y el nombre de «Registro de la Propiedad» ha venido á sustituirlas; cuando la materia de este proyecto queda reducida á tratar solamente puntos referentes al Registro de la Propiedad, toda vez que el Título de las Hipotecas pasará á formar parte del Código civil, se-gún las disposiciones finales del mismo, no cabe, no puede ca-ber duda alguna en que el nombre de «Hipotecaria» debe ser relevado por el de «Registro de la Propiedad.»

La Ley vigente trata de los títulos sujetos á inscripción por separado de aquellos que pueden anotarse preventiva-mente, determinando formas y numeraciones de distinta cla-se para los asientos que se hacen en los libros respecto de di-
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chos títulos. Ningún beneficio práctico se obtiene con esta diversidad de asientos y de numeraciones, y lo único que se consigue es hacer más difícil el modo de llevar los Registros. Por esto se propone en el proyecto que puedan registrarse los documentos que comprendan actos ó contratos relacionados con los bienes inmuebles ó con los derechos reales en una misma forma, sin que por esto los documentos registrados varíen de naturaleza ni de valor jurídico, ni produzcan más efectos legales que los que vienen produciendo con arreglo á la vigente legislación. La reforma que se propone en esta materia no tiene otro fin más que el conseguir la sencillez y la claridad en el Registro, cuyas operaciones deben ser uniformes y metódicas, y deben separarse de todo aquello que pueda ser causa de confusión y de duda.

La reforma más importante que se intenta por este proyecto, además de otras que después se indicarán, es la relativa á los libros que deben llevarse en los Registros, y á la forma de hacer los asientos en los mismos.

El sistema de la inscripción adoptado por la ley de 8 de Febrero de 1861, y respetado por las reformas que posteriormente se hicieron en ella, como preferente al de la transcripción, en cuanto á la forma de hacer los asientos en los libros del Registro, deja mucho que desear, y ha resultado en la práctica con todos los inconvenientes que se la señalan en la exposición de motivos de aquella Ley, y sin ninguna de sus ventajas, ni siquiera el hacer menos voluminoso el archivo del Registro.

Seguramente fué necesario desplegar una gran suma de ingenio para inventar tanta clase de asientos y tanta circunstancia distinta para cada uno de ellos, para poder cumplir con las exigencias naturales del sistema adoptado. Lleva consigo dicho sistema una variación tan extraordinaria de asientos, y sobre todo de circunstancias, que si han de cumplirse de modo satisfactorio los deberes que en este punto impone la Ley á los Registradores, es necesario que pongan á contribución las tres potencias del alma, y que estas estén muy bien
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templadas. Este es el gran escollo en que tropiezan los oficiales de los Registros, y esto es la causa de que, en ciertas ocasiones en que hay exceso de trabajo aglomerado de pronto, no encuentren los Registradores personal competente de quien poderse valer, y tenga necesariamente que faltar al precepto que les obliga á despachar el registro de los documentos en plazo determinado.

Pero lo más grave del caso no está en que la Ley exija estas ó aquellas circunstancias para estos ó aquellos asientos. Lo más grave consiste en la declaración que hace la misma, como no tenía más remedio que hacerla, de que son nulas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones que carezcan de las circunstancias por ella establecidas.

No basta dedicar un Título de la Ley por completo á ocuparse de la rectificación de los asientos en que se cometan errores. Es preferible adoptar un sistema por el cual se eviten estos, ó por lo menos se reduzcan á un número insignificante, y en todo caso que sea fácil notarlos y rectificarlos.

Buenas prueba para la afirmación que antes se hace, nos dá la duda á que se refiere el art. 294 de la Ley de 21 de Diciembre de 1869.

El sistema de la transcripción adoptado por sí solo, ciertamente evita los inconvenientes inseparables del de la inscripción; pero no se consigue con él llevar la historia particular de los actos y contratos de que sea objeto cada finca, independientemente de la de las demás, á menos que se haga la transcripción del documento registrable en la hoja de cada finca, lo cual daría por resultado un Archivo demasiado voluminoso.

Por esto en el proyecto que subsigue se adopta un sistema mixto de transcripción y de inscripción; aquella para la esencia de los documentos, y esta para las fincas; con cuyo sistema entiende el que suscribe que se salvan todas las dificultades.

El sistema mixto, además de los libros auxiliares que hoy se llevan en los Registros, exige tres clases de libros prin
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paless: El libro Diario de operaciones, destinado á que se hagan en él los asientos de presentación; el libro Registro de documentos, en el cual se transcribirán los documentos en todo lo que sea esencial en ellos, y el libro Registro de fincas, en el cual se llevará la historia particular de cada finca, de una manera breve y sencilla.

Estos libros principales pueden ser lo mismo que los que hoy se usan en los Registros, sin más que variar los epígrafes y encasillados respecto de los que se destinan á Documentos y á Fincas.

Los asientos que se estiendan en estos libros serán iguales para todos los documentos comprensivos de actos y contratos que tengan relación con los bienes inmuebles y los derechos reales, sin más diferencias que las características de cada acto ó contrato que se registre.

Los actos y contratos registrados conservarán su propia naturaleza y valor jurídico, y solo producirán los efectos que por derecho correspondan á cada uno según su naturaleza, lo cual se apreciará legalmente por los Juzgados y Tribunales.

En armonía con la sencillez de éste sistema, se establece un procedimiento fácil para rectificar las equivocaciones que se cometan al extender los asientos en los libros; sin que se haga diferencia entre errores materiales y de concepto; con cuyo procedimiento se deja más latitud al Registrador en esta materia, sin que por esto haya que temer que el Registro deje de ser el reflejo verdadero de los actos y contratos registrados.

Es también objeto de una pequeña reforma la publicidad del Registro. Esta se seguirá obteniendo, como hasta ahora se obtiene, por medio de la manifestación de los asientos y de las certificaciones que espidan los Registradores; pero se suprimen las certificaciones en relación, con el fin de evitar extractos equivocados ó mal hechos de los asientos, por más de que podrán darse certificaciones de existir ó de no existir asientos de cualquiera especie sobre las fincas ó derechos.
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Se sustituye la forma de mandamiento en esta materia por la de comunicación, y podrá dirigirse esta al Registrador lo mismo por los Jueces que por las demás Autoridades que necesiten las certificaciones, con lo cual deja de perderse un tiempo que puede ser precioso en ciertos casos. Nada aventaja el prestigio de los Jueces con la forma del mandamiento establecida para que puedan pedir certificaciones del Registro; y en cambio, resulta deprimente para el Registrador, que al fin y al cabo es el Jefe de la oficina que las expide, y digno de iguales merecimientos.

Los derechos y los deberes de las Autoridades y del público en el Registro forman la materia del Título séptimo del proyecto adjunto, en el cual se ha reunido todo lo relativo á este extremo, que por su misma claridad no necesita más explicación.

Con el fin de igualar hasta cierto punto la consideración oficial y los derechos pasivos de la clase de Registradores de la Propiedad, que tantas pruebas viene dando de su aptitud, laboriosidad y honradez, con las demás clases de funcionarios de Estado, evitando al mismo tiempo en parte ese afán que hoy se nota en dicha clase por su traslación á otros Registros, con perjuicio del servicio público y de la marcha ordenada de sus oficinas, se eleva en este indicado proyecto su categoría personal, concediéndoles que, en casos raros por cierto, puedan obtener hasta la de Jefes de Administración civil de primera clase, sin que por esto se modifique la clasificación actual de los Registros. Además se han agrupado en varias secciones de un mismo Título todas las materias relacionadas con estos dignos funcionarios, las cuales, con pequeñas diferencias, se han tomado de la Ley hipotecaria vigente, en donde están diseminadas, como sucede con otras materias, constituyendo esto uno de los defectos de que la misma adolece. Se les concede asimismo derechos pasivos á sus viudas e hijos, y se les abona ocho años de servicios por razón de carrera, cuyas ventajas disfrutan otras clases de servidores del Estado, sin que haya motivo alguno que justifique la diferencia que hoy se nota.
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Cuatro novedades ó reformas se hacen en el adjunto proyecto, ya admitidas en la Ley hipotecaria para las provincias de Ultramar, relativas á las informaciones posesorías, á la eficacia de los libros de la antigua contaduría de Hipotecas, á la reconstitución de los asientos y libros inutilizados por incendio ó otro accidente y al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios.

Respecto de las informaciones posesorías, se establece que los asientos extendidos en los libros por consecuencia de ellas puedan convertirse en asientos de dominio á los veinte años de su fecha. Esta novedad, por supuesto, fué ya discutida y aprobada por el Senado, en el año de 1890, para incorporarla á la Ley hipotecaria de la Peninsula, por lo cual se admitió llanamente en la Ley de Ultramar.

De más importancia que la anterior, es la novedad que tiene por objeto dejar sin eficacia contra tercero, en un término fijo, los libros de la antigua Contaduría de Hipotecas. Estos libros contienen pocos asientos que tengan ya fuerza y valor; toda vez que, en el transcurso de treinta y un años que lleva de plantead la Ley hipotecaria, han pasado al Registro moderno casi todos los derechos y las fincas que fueron razonadas en ellos, y que pueden tener eficacia contra tercero. En cambio contienen multitud de gravámenes y derechos positivamente caducados, pero no cancelados de una manera expresa, que desprecian la propiedad sin motivo. Por esto, siguiendo el ejemplo dado por la Ley hipotecaria para las provincias de Ultramar, se propone que cuantos tengan inscrito en dichos libros algún derecho, lo trasladen á los libros nuevos, si quieren que el Estado obligue á los terceros á respetarlo.

Como antes queda indicado, forman también parte del adjunto proyecto las disposiciones que la experiencia ha aconsejado en cuanto á la reconstitución de los asientos y libros inutilizados por incendio ó otro accidente, las cuales, aunque ya hace bastante tiempo que fueron planteadas por medio de