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Art. 85. Los documentos registrados no producirán su efecto en cuanto á tercero sino desde la fecha de su registro.

Art. 86. Se entenderá por fecha del Registro, la del dia, hora y minutos en que el documento se presentó en el Registro, según el asiento del libro «Diario de operaciones.»

Art. 87. El registro de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por herencia y legado no perjudicará á tercero, si no hubieran trascurrido cinco años desde la fecha del mismo.

Exceptúanse los casos de herencia y legado cuando recaigan en herederos forzosos.

Art. 88. El dominio á cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en los asientos del libro «Registro de fincas,» aunque no esté consignado en el Registro por medio de un asiento separado y especial, producirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del documento respectivo, sin perjuicio de la obligación de registrar especialmente los referidos derechos.

Art. 89. El Registro no convalida los actos ó contratos que sean nulos con arreglo á las leyes. Tampoco altera ni modifica la naturaleza y valor legal de los actos ó contratos registrados, los cuales se apreciarán por los Juzgados y Tribunales con arreglo á derecho.

Art. 90. No obstante lo declarado en el párrafo 1.º del artículo anterior, los actos que se ejecuten ó contratos que se otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto á tercero, una vez registrados, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud del documento anterior no registrado ó de causa que no resulte claramente del Registro.

Solamente en virtud de un documento registrado podrá invalidarse, en perjuicio de tercero, otro documento posterior también registrado.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable á los expedientes posesorios registrados, hasta que la prescripción haya convalidado y asegurado el derecho á que los mismos se refieran.
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Art. 91. La prescripción que no requiera justo título, no perjudicará á tercero si no se halla registrada la posesión que ha de producirla.

Tampoco perjudicará á tercero la que requiera justo título, si éste no se halla registrado.

El término de la prescripción principiará á correr, en uno y otro caso, desde la fecha del Registro.

En cuanto al dueño legítimo del inmueble ó derecho que se esté prescribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo á la legislación común.

Art. 92. Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero que haya registrado los títulos ó documentos de sus respectivos derechos conforme á lo prevenido en la Ley de 21 de Diciembre de 1869 y en la presente.

Art. 93. Se exceptúan de la regla contenida en el artículo anterior:

1.º Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen á causas que consten explícitamente en el Registro.

2.º Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acreedores en los casos siguientes:
Cuando la segunda enajenación haya sido hecha por título gratuito.
Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.
En ambos casos no perjudicará á tercero la acción rescisoria que no se hubiere entablado dentro de un año, contado desde el día de la enajenación fraudulenta.

Art. 94. En consecuencia de lo dispuesto en el artículo 92, no se anularán ni rescindirán los actos ó contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito ó registrado su derecho, por ninguna de las causas siguientes:
1.ª Por revocación de donaciones en los casos permitidos por la ley, excepto el de no cumplir el donatario condiciones que aparezcan del Registro.
2.ª Por causas de retracto legal en la venta ó derecho de tanteo en la enfitéusis.
3.ª Por no haberse pagado todo ó parte del precio de la
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cosa vendida, si no consta en el Registro haberse aplazado el pago.

4.ª Por la doble venta de una misma cosa, cuando alguna de ellas no hubiera sido inscrita ó registrada.

5.ª Por causa de lesión en los casos 1.º y 2.º del artículo 1291 del Código civil.

6.ª Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con exclusión de las exceptuadas en el artículo anterior.

7.ª Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó fueros especiales concedan á determinadas personas para rescindir contratos en virtud de causas que no consten expresamente de la inscripción ó registro.

En todo caso en que la acción rescisoria ó resolutoria no se pueda dirigir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para la indemnización de daños y perjuicios por el que los hubiere causado.

Art. 95. Se entenderá enajenación á título gratuito en fraude de acreedores, en el caso 1.º, número 2.º del art. 93, no solamente la que se haga por donación ó cesión de derecho, sino también por cualquier enajenación, constitución ó renuncia de derecho real que haga el deudor en los plazo, respectivamente señalados por las leyes comunes, y las de comercio en su caso, para la revocación de las enajenaciones en fraude de acreedores, siempre que no haya mediado precio, su equivalente ó obligación preexistente y vencida.

Art. 96. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo anterior, y siempre que concurren las circunstancias que en él se determinan:

1.º Los censos, enfitéusis, servidumbres, usufructos y demás derechos reales constituidos por el deudor.

2.º Las constituciones dotales ó donaciones por razón de matrimonio á favor de la mujer, de hijos ó de extraños.

3.º Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas.

4.º Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguri-
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dad de deudas anteriormente contraídas sin esta garantía, y no vencidas, siempre que no se agraven por ella las condiciones de la obligación principal.

5.º Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie empresa ó tácitamente un derecho real.

Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos contratos, cuando el Notario no dé fe de su entrega, ó si, confesando los contrayentes haberse ésta verificado con anterioridad, no se justifique el hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso 3.º del presente artículo.

Art. 97. Se considerará el poseedor del inmueble ó derecho real cómplice en el fondo de su enajenación en el caso 2.º, número 2.º del artículo 98:

1.º Cuando se probare que le constaba el fin con que dicha enajenación se hiciera y que coadyuvo á ella como adquirente inmediato ó con cualquier otro carácter.

2.º Cuando hubiere adquirido su derecho, bien inmediatamente del deudor, bien de otro proceder posterior por la mitad ó menos de la mitad del justo precio.

3.º Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de suposición ó simulación en el contrato celebrado por el deudor, se probare que el poseedor tuvo noticia ó se aprovechó de ella.

TÍTULO QUINTO

De la publicidad del Registro.

Art. 98. Los registros de la propiedad serán públicos para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles ó derechos reales anotados, inscritos ó registrados en sus libros.

Art. 99. Los Registradores pondrán de manifiesto los Registros en la parte necesaria á las personas que tengan inte-
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rés en consultarlos, sin sacar los libros de la oficina y con las precauciones convenientes para asegurar su conservación.

Art. 100. Los Registradores expedirán certificaciones literales de toda clase de asientos existentes en los libros de la antigua Contaduría de hipotecas, en los del Registro creado por la ley de 8 de Febrero de 1861 y en los del establecido por esta ley, á instancia por escrito del que tenga interés en averiguar el estado de los bienes inmuebles ó derechos reales anotados, inscritos ó registrados, ó en virtud de comunicación oficial de cualquiera autoridad que la necesite en asuntos de que está conociendo.

Art. 101. Las solicitudes de los interesados y las comunicaciones de las autoridades en que se pide certificación de los asientos del Registro antiguo ó moderno, expresarán las noticias y antecedentes necesarios para que el Registrador conozca los bienes y personas de que se trate, y citarán los libros y folios en que estén extendidos los asientos que se deben certificar, siempre que esto fuere posible.

Art. 102. Los Registradores expedirán también certificaciones de existir ó no existir en los libros antes mencionados asientos de cualquiera especie sobre las fincas ó derechos que se describen en las solicitudes de los interesados ó en las comunicaciones de las autoridades, á partir desde la fecha que se fije en dichas solicitudes ó comunicaciones.

Art. 103. La libertad ó gravamen de los bienes inmuebles ó derechos reales, así como su dominio, sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación expedida por el Registrador de la propiedad correspondiente.

Art. 104. Cuando las certificaciones expedidas por los Registradores no fueren conformes con los asientos de su referencia, se estará á lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por ellas para exigir la indemnización correspondiente al que haya cometido la falta.

Art. 105. Los Registradores, previo examen de los libros, extenderán las certificaciones que se les pidieren, con sujeción á lo solicitado y á lo que del Registro resultare.
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Mora, proporcionándole, uno, nueva y amarga pena, dándole el otro á gustar, por vez primera, las más puras delicias que conoció en la vida. Fué el primero la muerte del Conde de Fuentes, acaecida á las tres de la madrugada del 14 de Mayo de 1776. Este triste suceso hizo á la Duquesa intimar algo con su madrastra doña Mariana de Silva, la cual, tan poco fiel á la memoria de su segundo marido, como lo había sido éste á la de su primera esposa, volvió á casarse por tercera vez en 1778 con el espléndido Duque de Arcos, D. Antonio Ponce de León, logrando también enterrarlo el 13 de Diciembre de 1780. Debe consignarse, sin embargo, en honor de la ilustre académica, viuda de tres maridos, que así durante sus terceras nupcias como durante su tercera viudez, miró y favoreció como á hijos propios á los dos menores, D. Juan y don Carlos, que en edad bien temprana dejó huérfanos el Conde de Fuentes. A poco de muerto éste, y cuando ya tenía Villahermosa, después de siete años de matrimonio, perdida casi la esperanza de dejar un heredero á su ilustre casa, dió á luz la Duquesa una niña, que se llamó Javiera por exigencias de su madre, y commutación del hábito ofrecido por ésta á San Francisco Javier años antes, y cuyo cumplimiento la prohibió Carlos III, por serle sospechosa esta devoción á un santo jesuita. Pombal fué más precavido, mandando borrar á tiempo del calendario á San Francisco Javier y á San Ignacio de Loyola.

Salió la Duquesa á Misa de parida con grande pompa y acompañamiento, según era entonces costumbre, y fué después aquel mismo dia al Menasterio de las Salesas Reales, para presentar la recién nacida á su hermana Sor María Luisa Pignatelli: acompañábanla en la misma carroza, la Duquesa de Béjar y doña Francisca de Sales Portocarrero, Condesa del Montijo, educandas las dos de las Salesas Reales. Desde su más tierna infancia era la Villahermosa grande amiga de esta extraña Condesa del Montijo, que no fué otra sino la procesada por la Inquisición en 1798, madre del célebre Tío Pedro del 17 de Marzo en Aranjuez, jefe más tarde de
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Art. 106. Cuando expidiere certificación de un asiento señalado, y este estuviere ya extinguido, el Registrador insertará á continuación copia literal del asiento en virtud del cual se haya verificado la extinción.

Art. 107. Cuando el Registrador dudare si está subsistente un asiento, por dudar también de la validez ó eficacia de la cancelación que á él se refiera, insertará á la letra ambos asientos en la certificación, expresando que lo hace así por haber dudado si dicha cancelación tenía todas las circunstancias necesarias para producir sus efectos legales, y los motivos de la duda.

Art. 108. Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan en el más breve término posible, pero sin que este exceda del correspondiente á cuatro días por cada finca á que la certificación se deba referir, á menos que hubiere alguna causa justa que lo impidiere, en cuyo caso las expedirán tan pronto como desaparezca esta causa.

TÍTULO SEXTO

De la dependencia, dirección e inspección del Registro

Art. 109. El Registro de la propiedad dependerá exclusivamente del Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 110. La dirección del Registro estará á cargo de la Dirección general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado, dependiente á su vez del mismo Ministerio.

El Reglamento determinará la plantilla del personal de la Dirección general de los Registros, y todo lo que tenga relación con este personal.

Art. 111. La inspección del Registro corresponde á la Dirección general de los Registros, y á los Presidentes de las Audiencias territoriales respectivas.
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Art. 112. Corresponde á la Dirección general de los Registros civil y de la propiedad:

1.º Despachar directamente con el Ministro de Gracia y Justicia todos los expedientes de su competencia, y proponer, ó adoptar por sí las disposiciones necesarias para asegurar en los Registros de la propiedad la observancia de esta ley y del Reglamento que se dicte para su ejecución.

2.º Instruir los expedientes que se formen para la provisión de los Registros vacantes, y para que se verifiquen las oposiciones, cuando esté próximo á su colocación el personal de aspirantes á Registros, como también los que tengan por la separación de los empleados en la Dirección general ó de los Registradores, proponiendo la resolución definitiva que en cada caso proceda con arreglo á las leyes.

3.º Resolver los recursos gubernativos que se propongán contra las calificaciones que de los documentos hagan los Registradores, y las dudas que se ofrezcan á dichos funcionarios acerca de la ejecución é inteligencia de esta ley, ó de los Reglamentos, on cuanto no exijan disposiciones de carácter general, que deben adoptarse por el Ministro de Gracia y Justicia.

4.º Formar y publicar los estados del movimiento de la propiedad, con arreglo á los datos que suministren los Registradores.

5.º Ejercer la alta inspección y vigilancia en todos los Registros del Reino, entendiéndose para ello con los Presidentes de las Audiencias territoriales respectivas, y aun con los Jueces de primera instancia ó con los municipales delegados para la inspección de los Registros, y con los mismos Registradores, cuando lo crea conveniente al mejor servicio.

Las demás atribuciones de la Dirección se fijarán por el Reglamento.

Art. 113. Los Presidentes de las Audiencias territoriales serán inspectores de los Registros de la propiedad de su territorio, y ejercerán inmediatamente las facultades que en tal concepto les corresponden por medio de los Jueces de primera
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instancia de los partidos respectivos, que serán para este efecto sus delegados.

En las poblaciones donde haya más de un Juzgado de primera instancia, ejercerá la delegación el Juez que el Presidente de la Audiencia territorial designe al objeto.

Si en la población en que está situado el Registro de la propiedad no hubiere Juzgado de primera instancia, el Presidente de la Audiencia podrá conferir la delegación al Juez municipal de la misma, si fuere Letrado, ó al Juez de primera instancia del partido á que corresponda dicha población.

Si la concede al Juez de primera instancia del partido, el Juez municipal; sea ó no letrado, se considerará delegado para dar posesión al que fuere nombrado Registrador y para autorizar la apertura de los libros nuevos del Registro.

Art. 114. Los Presidentes de las Audiencias territoriales ó sus delegados visitarán los Registros de la propiedad el día último de cada trimestre, extendiéndose acta expresiva del estado en que los encuentren.

Art. 115. Los Presidentes de las Audiencias territoriales podrán practicar por sí ó por medio de sus delegados, además de la visita ordinaria trimestral, las extraordinarias que juzguen convenientes, bien generales á todo el Registro, ó bien parciales á determinados libros del mismo.

Para las visitas extraordinarias podrá delegar el Presidente de la audiencia sus facultades, si lo creyere necesario, en un Magistrado de la Audiencia ó en un Juez de primera instancia, si el Delegado ordinario fuere un Juez municipal.

El Director general de los Registros podrá practicar por sí, ó por medio del Subdirector ó de alguno de los Oficiales ó Auxiliares de la Dirección, las visitas extraordinarias de los Registros que estime oportunas.

Art. 116. Los Delegados remitirán á los Presidentes de las Audiencias territoriales respectivas las notas expresadas en el art. 114, dentro de los tres días siguientes al en que termine la visita.

Art. 117. Los Presidentes de las Audiencias territoriales
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darán cada seis meses al Ministerio de Gracia y Justicia un parte circunstanciado del estado en que se hallaren los Registros sujetos á su inspección y autoridad.

Art. 118. Si los Presidentes de las Audiencias territoriales notaren alguna falta de formalidad por parte de los Registradores en el modo de llevar los registros, ó cualquiera infracción de la ley ó de los reglamentos para su ejecución, adoptarán las disposiciones necesarias para corregirlas, y en su caso, penarlas con arreglo á la misma ley.

Si la falta ó infracción notada pudiese ser calificada de delito, pondrán al culpable á disposición de los Tribunales.

Art. 119. Si los Presidentes de las Audiencias territoriales notaren que algún Registrador no hubiere prestado fianza, ó no hubiere depositado la cuarta parte de sus honorarios, conforme á lo dispuesto en el artículo 152, lo suspenderá en el acto.

Art. 120. Siempre que el Presidente de la Audiencia territorial suspenda á algun Registrador, nombrará otro que le reemplace interinamente, y dará cuenta justificada de los motivos que para ello hubiese tenido, al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 121. Los Registradores consultarán directamente con el Presidente de la Audiencia territorial respectiva, ó con el Juez de primera instancia, Delegado de aquél, cualquiera duda que se le ofrezca sobre la inteligencia y ejecución de esta ley, ó de los Reglamentos que se dicten para aplicarla.

Si consultado el Juez de primera instancia, dudare de la resolución que se debe adoptar, elevará la consulta con su informe al Presidente de la Audiencia territorial.

Si consultado el Presidente de la Audiencia territorial por el Juez de primera instancia, ó por el Registrador, tuviese la misma duda, elevará la consulta al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 122. Cuando el Registrador de la propiedad consultare con sus superiores jerárquicos alguna duda que le ofrezca la inteligencia y ejecución de esta ley ó de su Reglamento, en
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cuanto al registro de cualquier documento presentado en el libro «Diario de operaciones», lo hará constar por nota al margen del asiento de presentación del mismo documento; y este asiento seguirá produciendo su efecto, hasta que se le comunique al Registrador la resolución de su consulta, y en su consecuencia registre ó designe el registro del documento referido, lo cual verificará inmediatamente si hubiesen ya transcurrido sesenta días desde el siguiente al de la fecha del asiento de presentación.

TÍTULO SÉPTIMO

Derechos y deberes de las autoridades y del público en el Registro.

Art. 123. Las autoridades que representen al Estado, de cualquier orden que sean, pueden pedir el Registro de los documentos en que este tenga interés, valiéndose para ello del Ministro fiscal en la población en que esté establecido el Registro de la Propiedad correspondiente, el cual firmará el asiento de presentación.

Art. 124. Dichas autoridades pueden pedir también las certificaciones que necesiten del Registro, con motivo de los asuntos de que conozcan por razón de su cargo, dirigiendo una comunicación al Registrador por conducto del mismo representante del Ministerio fiscal, quien cuidará de presentarla en el Registro y de retirar la certificación en su día.

Art. 125. El Juez de primera instancia delegado para la inspección de cada Registro, y el Juez municipal respectivo, pueden pedir directamente por sí el registro de los documentos y las certificaciones del Registro en que tengan interés sus Juzgados por consecuencia de los asuntos de que conozcan.
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PROYECTO DE LEY DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

En el caso de que el Registro esté establecido en población distinta de la del Juzgado de primera instancia, se valdrá también del representante del Ministerio fiscal en la potestad del Registro, para pedir el registro de documentos y tener las certificaciones que necesite por consecuencia de mismos asuntos.

Art. 126. Las autoridades provinciales y municipales pueden pedir el registro de los documentos y la expedición de certificaciones del Registro en que tengan interés las provincias ó municipios que representen, valiéndose para ello del Alcalde presidente del Ayuntamiento de la población en cuya esté establecido el Registro de la Propiedad correspondiente ó de cualquiera otra persona de su confianza.

Art. 127. Toda persona, mayor de edad, puede pedir el registro de documentos, la expedición de certificaciones y manifestación de los libros del Registro, bien por sí en asuntos de su interés ó bien como representante legítimo ó mandatario de otra persona, sociedad ó corporación que tenga dicho interés.

Art. 128. Los presentantes de documentos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho á que se les devuelvan registrados en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la presentación, á menos que hubiere causa justa que impida, en cuyo caso se verificará la devolución tan pronto como esta desaparezca.

Art. 129. Si se suspendiere ó denegare el registro de documento, por entender el Registrador que contiene defecto subsanable ó insubsanable, podrá el interesado reclamar gubernativamente contra la calificación hecha por este, por ó por medio de poderado especial; sin perjuicio de acudir quiere, á los Tribunales de Justicia para ventilar y contener con los demás interesados acerca de la validez ó nulidad del documento ó de la obligación contenida en el mismo.

El funcionario que autorice un documento que fuere suspendido ó denegado en el Registro, puede reclamar tambièn gubernativamente para que se declare que está estendido ó arregló á la Ley y á los Reglamentos correspondientes.