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que la llora perdida, tiene un valor tal, que aun en los días de corrupción y de decadencia no pueden borrar aquella sentencia propia de edades viriles y heroicas: _dulce et decorum est pro patria mori._

Enmudezcan á vista de tan sublimes enseñanzas y de tan fundados conceptos los que desprecian nuestros sentimientos más íntimos y los injustos detractores de nuestra querida cuanto infortunada patria.

_Que ni el trabajo ni la humanidad tienen linderos._ Cierto. Por eso afirmamos que estos sentimientos (los del amor á la patria) deben estar en armonía con el espíritu del Cristianismo, el cual nos enseña que todos los hombres son hermanos nuestros, cualesquiera que sea su origen y su idioma. «¡Abajo la patria! en tanto sirva á las ideas del pasado.» Tampoco exige el verdadero patriotismo un apego irracional á los usos de nuestra nación, ni mucho menos consiste en una ridícula necedad de conservar los abusos que se trasmiten de padres á hijos. El que no adquiere admirar sino lo que está acostumbrado á ver y poseer, dice Niemeyer, ahoga todo sentimiento liberal y acaso esta mezquindad de miras le impide salir de una posición incómoda y de disfrutar los variados goces de esta vida. Terminada esta larga digresión, veamos ahora cómo han pasado los hombres de Estado acerca de la sociedad que nos ocupa. El Ministro de Negocios Extranjeros de Francia Mr. Julio Favre, en su ya citada circular, dirigida á los agentes diplomáticos en el extranjero se expresaba así:

«_La asociación internacional de trabajadores_ es ciertamente una de las más peligrosas en que tienen que fijarse los gobiernos... Es natural y legítimo que los obreros traten de acercarse por la asociación, solo que en los diez años últimos la esfera de acción se ha extendido singularmente y sus ideas han tomado su carácter que da lugar á inquietudes. Como lo indica el título mismo de su asociación, los fundadores de _La Internacional_ han querido borrar y confundir las nacionalidades en su interés común superior. Es una sociedad de guerra y de odio que tiene por base el ateísmo y el comunismo;
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por objeto la destrucción del capital y el aniquilamiento de los que poseen por medio de la fuerza brutal del gran número, que aplastará todo cuanto intente resistirse....» «Esta es una situación grave, añade, que no permite á los gobiernos la indiferencia y la inercia. Serian culpables si, después de las enseñanzas que han salido á luz, asintiesen impasibles á la ruina de todas las reglas que mantienen la moralidad y la prosperidad de los pueblos.»

El Ministro de la Gobernación D. Práxedes Mateo Sagasta en su circular sobre orden público, de 16 de Enero del 72, decía: «Al calor de los principios proclamados por la revolución de Septiembre y al amparo de los derechos consignados en las instituciones por la misma creadas, vino á pedir carta de naturaleza legal entre nosotros la llamada Asociación internacional de trabajadores. Esta secta comunista, verdadera conspiración social contra todo lo existente, que, proclamándose así mismo como la más absoluta negación de Dios y del Estado, de la propiedad y de la familia, pretende elevar á la categoría de principios políticos sociales teorías, que, en toda sociedad organizada no pueden considerarse de otra manera que como la utopía filosofal del crimen; que declarando paladinamente la siniestra resolución de atacar por su base los fundamentos de las sociedades modernas, quiere volver á poner de nuevo en tela de juicio todos los paverosos problemas que la vida de la humanidad ha venido resolviendo lenta, penosa y experimentalmente e intenta lograr por el derecho de asociación la ejecución de sus propósitos de trastorno universal.»

Mr. Cochrane, miembro del Parlamento inglés, al interpelar al Gobierno acerca de la contestación que se había dado al Ministro de España sobre La Internacional se mostró partidario del sistema de persecución contra la célebre sociedad, á la que atacó duramente. El Diputado Sr. Jove y Hévia en la solemne discusión de que nos ocupamos en el anterior artículo, dijo que La Internacional es no solo una asociación disolvente y anárquica por sus fines, sino altamente peligrosa
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á los que se agrupaban alrededor de Jefferson, para formar en lugar del antiguo partido federalista, los nuevos partidos de republicanos y demócratas. Además los principales centros comerciales de la Unión contaban ya con Bancos locales que prestaban grandes y útiles servicios ¿á que, pues, crear un mecanismo cuyo poder financiero pudiera, entre las manos del gobierno, transformar el crédito en peligroso instrumento de corrupción? Por otra parte la Constitución no autorizaba al Congreso ni al poder ejecutivo para incorporar esta clase de establecimientos al Estado, á todo lo cual contestaba Hamilton diciendo que el Congreso estaba investido de tales poderes que bastaba no existir la prohibición en el código fundamental, para que cupiese dentro de sus atribuciones, tanto más cuanto que considerándose el Banco nacional como uno de los elementos más necesarios para la administración de la Hacienda pública, el Congreso tenía atribuciones para ello en el artículo de la Constitución que le otorgaba poderes para promulgar todas aquellas leyes que juzgase convenientes al bien de la nación.

El proyecto de Banco nacional fué al fin votado en Marzo de 1791. La ley concedía un privilegio de veinte años y un capital de diez millones de dollars. Los billetes reembolsables en oro y plata serían admitidos en todas las oficinas del Estado para pago de los impuestos. La misma ley determinaba las demás operaciones que podía realizar el «Banco de los Estados Unidos» y el importe de los préstamos que podía hacer al gobierno federal y á los de los demás Estados.

Este pensamiento tuvo un éxito felicísimo.

La emisión se verificó en Filadelfia, residencia del domicilio social, en Julio de aquel mismo año, y una hora después de abiertas las oficinas, las 25.000 acciones de 400 dollars cada una habían sido suscritas. Antes de que finalizase el año la prima era de 150 dollars por cada 50 desembolsados. El Consejo de administración se constituyó en Octubre, compuesto en su mayoría de federalistas amigos del Secretario del Tesoro y partidarios, más ó menos ardientes, pero partida-
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para el orden social y una amenaza perenne contra la seguridad del Estado.» Y el Sr. Ríos Rosas afirmó «que no era un peligro inminente, pero que lo era y muy grande para España y para Europa para el porvenir y como tal debía censurarla.»

A fuer de imparciales, diremos algo también de lo que en el mismo Congreso expusieron otros varios hombres políticos en defensa de la nombrada secta.

El señor D. Fernando Garrido, en la sesión del 17 de Octubre de 1871, expuso: «Que la verdadera riqueza de las naciones no está en proporción al capital, sino á la justicia de su distribución......» «Que las clases trabajadoras han llegado á su mayor edad.....» «Que la excelencia de ese gran embrión del porvenir, que se llama La Asociación internacional de trabajadores, prueba la capacidad de esta clase.....» «Que nadie se asusta de ella, ni declama contra ella, más que los que la convierten en una intriga política para alcanzar el poder y asegurarse en él, como salvadores de la sociedad.....» «Por último á los socialistas que no van á la iglesia ni á la taberna, como los obreros de más mérito, y mostraba sus esperanzas de que La Internacional llegará á regenerar al mundo.» En la sesión del 26 del mismo mes, el diputado señor don Gabriel Rodríguez manifestó: «Que el objeto de una asociación, considerada en su origen, nada tiene de censurable ni de inmoral. Que los obreros se reúnen para mejorar su suerte y defenderse de lo que creen tiranía del capital, por medio de la prensa, de la asociación y reunión pacífica, y que si persiguen sus doctrinas se entra en un camino que conduce á la muerte de la libertad.» El señor D. Francisco Salmerón y Alonso, en la misma sesión, añadía: «Rota la antigua gerarquía social, entrando todos á partir de iguales aspiraciones, se han roto también los vínculos, la solidaridad entre las clases sociales; y las unas buscan una organización para librar á las otras una batalla que sustituya á la organización gerárquica la organización democrática..... Había venido siendo la inspiradora y la causa esencial de todos los fenómenos la
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religión cristiana, inspirada en la fe: pues bien, este principio fundamental ha perdido su influencia. Ya no hay individuos ni gentes que crean con la fe de la Edad Media los principios fundamentales afirmados en nombre de Dios. Inclusos aquellos que ingenuamente dicen que los creen, no los tienen en la vida como norma de su conciencia..... ¿Qué extraño es, pues, que venga un anuncio de reorganización social, al ver que no quedan más que ruinas de la sociedad antigua..... La sociedad antigua la han demolido las clases medias; hoy quiere sacar los escombros el cuarto estado, que ha perdido, como las clases medias, la fe en lo trascendental y la ha sustituido con el sentimiento de lo inmanente..... Es cierto que hoy viene la Internacional á representar un nuevo principio; no es para mi el ideal de la nueva sociedad, porque yo creo que para eso es aún poco lo que representan los derechos individuales.» El diputado señor Lostau, en sesión del 6 de Noviembre del mismo año, exponía: «Que la Internacional se la quería condenar por meras suposiciones; recordó que esa asociación no había llevado á cabo ningún acto de violencia, ni nada parecido á las hogueras de inquisición, ni á la noche de San Bartolomé, y que, ni respecto á la seguridad de las personas ni respecto á la propiedad, había hecho lo que los constitucionales suprimiendo los diezmos, aboliendo los mayorazgos, derribando templos, matando frailes y quemando y saqueando los conventos en 1855.»

No nos habíamos propuesto extendernos tanto sobre este asunto, pero es de tal importancia y estuvo llamada la nueva sociedad á ejercer en lo sucesivo una influencia tan trascendental en la vida de los pueblos modernos, que nos ha parecido conveniente darla á conocer bajo todos sus aspectos, dejando bien consignadas sus doctrinas, las opiniones de sus partidarios más notables, el juicio de varios hombres de Estado acerca de ella, y en prueba de nuestra imparcialidad, hasta su defensa. Concluimos, pues, estos apuntes, pero no quisiéramos hacerlo sinconsignar también aquí algunas frases notables por más de un concepto que leímos hace algún tiempo en uno de los periód-
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dicos, órgano de las ideas de D. Manuel Ruiz Zorrilla, de aquel exministro y diputado que condenó con toda su alma todo lo que proclamaba la Internacional acerca de la Religión, de la propiedad y de la familia, pero que se opuso tenazmente á que el Congreso la declarase fuera de la ley. Impresionado ante el espectáculo que años anteriores presenciamos en las principales ciudades de España, inspirado sin duda por esa lógica que permite en ocasiones decir ó escribir lo que realmente se siente, aunque en verdad no se quisiera en manera alguna expresar, publicó el periódico á que aludimos un artículo titulado El Miedo, en que, entre otras cosas, leímos lo siguiente: «Y ese motivo íntimo (el del miedo) latente, universalmente hoy extendido, también para nosotros resulta claro; es el desequilibrio, la dislocación universal de las sociedades presentes. No se puede vivir en vano un siglo entero entregada la vida humana á la labor incesante de destrucción de una crítica siempre negativa... El criticismo filosófico y el régimen parlamentario, esos dos dioses del siglo xix son sencillamente dos piquetas demoledoras que puestas en perpetuo y ciego movimiento, después de haber arrasado hasta los cimientos del edificio antiguo, siguen hoy entregadas á su labor fatal, devorándose hasta á sí propios, no ya no edificando nada, pero mostrándose impotentes para retirar del solar los cascotes viejos de la obra demolida.»

Estas francas manifestaciones, las cuales están muy en armonía con las expuestas por nosotros en estos artículos, sentiríamos fuesen efecto de ese mismo miedo, y no de un sincero arrepentimiento, al ver que el peligro se acerca empujado por los aires de ese criticismo filosófico, que proclamando el más absoluto principio de la libertad, sin dique ni trabas, consiente la propagación de palabra y por escrito de las más absurdas y demoledoras doctrinas. Esos periódicos democráticos y las escuelas políticas y filosóficas que afirman haber puesto en peligro los principios constitutivos del orden social, esa creciente anarquía que reina hoy en las inteligencias, han venido á conceder una fuerza y un poder irresistible á La
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Internacional, proporcionándola las premisas que se derivan de sus doctrinas, que no son sino las consecuencias más lógicas é inflexibles de aquellos.

Sobre esta circunstancia tan grande llamamos la atención de los hombres pensadores, de los que se hallan constituidos en autoridad, y sobre todo de nuestros ilustrados lectores, á quienes pedimos nos dispensen si hemos abusado con exceso en estos artículos.

HILARIO GONZÁLEZ.
Capitán de Infantería.

(Se continuará.)
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DE LA AUTORIDAD POLÍTICA
EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA (1)

(Continuación)

VIII

El grado de libertad que los pueblos pueden alcanzar, sin peligro para el orden público y hasta para su propia existencia, es materia que debe apreciarse en consideración á las condiciones particulares de cada país. No constituyen los indicios más dignos de atención para este objeto las manifestaciones de individuos aislados, cualquiera que pueda ser su valor intelectual, sino los resultados efectivos de la cultura y el adelanto generales. Así vemos que en Rusia, país que contiene una inmensa población habituada á la obediencia pasiva, y cuya sola necesidad es la de vivir y morir en el hogar nativo y en la esperanza en Dios, existe un número de personas insignificante con relación á lo que es el imperio, pero activa e inquieta, y que en costumbres, en principios y en creencias se halla en oposición abierta con la inmensa mayoría de la población, que pugna por implantar la libertad política más exagerada. ¿Cabe dudar de que el establecimiento prematuro en Rusia del régimen de Suiza produciría una perturbación profunda, y tal vez la dicolución y ruina de aquel gran imperio? Los Estados necesitan una larga preparación para poder vivir la vida de la libertad. Esta ha de ser fruto

(1) Véanse los números 576, 577 y 578 de esta REVISTA.
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natural del progreso alcanzado por la difusión de las ideas, la disciplina y la paz, si no ha de ser funesta. Una libertad excesiva en las relaciones de la clase dominante con el poder público, determinó la ruina de la noble nación poáca. Un poder absoluto, una disciplina inflexible, ejercidas por una aristocracia previsora, dieron quince siglos de vida floreciente á la República veneciana.

No cumplen, por tanto, su misión las c'ases directoras cuando, sin considerar los riesgos, exigen libertades políticas y abandono por el poder público de funciones en países desprovistos de las aptitudes que requiere una vida política intensa y provechosa. Así vemos sociedades en las cuales los derechos políticos son tan sólo instrumento para escalar el poder, no verdaderas leyes de la vida social; y en las cuales los Gobiernos, á fin de evitar los males que ellos mismos produjeron, se ven en la precisión de dar incalificables ejemplos de desprecio á la moral y á las leyes.

Lo mismo puede decirse de una imprudente descentralización. No es posible olvidar á este respecto la viva descripción que hace Taine (1) de la anarquía que produjo en la administración francesa la excesiva libertad concedida á los municipios por la revolución. «Bajo la soberanía nominal del Estado, dice el célebre escritor francés, hubo en Francia cuarenta y cuatro mil soberanías de derecho y casi siempre de hecho... El Poder central les había entregado poderes de que nunca debe despojarse... Las consecuencias fueron desastrosas: anarquía universal, persistente e incurable, impotencia del Gobierno, violación de las leyes, aniquilamiento de las rentas, penuria del Tesoro, arbitrariedad de los fuertes, opresión de los débiles, asonadas en las calles, bandolerismo en los campos, dilapidaciones y concussion en la administración local, abandono de la vía pública y de todas las obras y fábricas de utilidad general, y por fin, la miseria y la ruina de los municipios.»

(1) Le Regime moderne, tomo I., págs. 125, 126, 137, 269 y 370.
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El exceso de incoherencia y desorganización trajo naturalmente á su contrario. y, por obra del admirable genio de Napoleón, vino á establecerse una administración centralizadora y autoritaria, que no realiza, seguramente, el ideal armónico de la organización perfecta, pero que ha sido escencialmente práctica y beneficiosa. El espíritu crítico de Taine encuentra fácilmente numerosos motivos de censura; pero no es posible desconocer las ventajas que ha reportado á la Nación francesa esa jerarquía administrativa inflexible, disciplinada, recta y previsora, que debe á su primer genio militar. El mismo Taine, después de amargos críticas á la omnipotencia del Estado, las rectifica en gran parte con estas palabras: En nuestros días la ingenercia de la administración es un bien; pues su preponderancia, en caso de renuncia, pasaría á otro poder, y éste, desde que pertenece á la mayoría numérica, no es sino una fuerza ciega y brutal cuyo ascendiente sin contrapeso alguno sería desastroso: con las inecacias de 1789 se verían reaparecer las violencias de la anarquía, usurpaciones y las ruinas de 1790, 1791 y 1792. Por lo menos la centralización autoritaria ofrece la ventaja de preservarnos de la autonomía democrática. En el estado actual de las instituciones y los espíritus, el primer régimen, por malo que sea, es nuestro último amparo contra la maleficencia más temible del segundo» (1).

Desde luego puede afirmarse que el progreso se realiza por la emancipación gradual de las actividades sociales de toda autoridad extraña; pero esta emancipación sólo es posible cuando estas actividades cumplen espontáneamente, en su mayor parte, las leyes naturales de su desenvolvimiento. ¿Por qué puede hoy la autoridad política abandonar casi por completo á la libre acción social el orden moral de nuestra vida? Sencillamente porque la sanción individual que constituye la conciencia del bien ó mal realizado, y la sanción social que consiste en la buena ó mala reputación, son bas-

(1) Le Régime moderne, tomo I, pág. 400.
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AUTORIDAD POLÍTICA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

tantos para producir un orden moral relativo, pero más perfecto del que resultaría si la autoridad impusiera por la fuerza lo que ya se cumple en su mayor parte por la libertad.

La vida social se desarrolla, además, durante siglos, y no siempre en sentido de progreso. Las perturbaciones á que está sujeta exigen muchas veces una desviación en el orden normal de las actividades políticas. Así, la exageración de un régimen fundado, por ejemplo, en el individualismo, puede hacer necesario que el Poder público asuma temporalmente, como condición de equilibrio y de buen orden, funciones extrañas á su concepto ideal.

En la sociedad contemporánea no está el peligro en las atribuciones de que disfruta la autoridad política, sino en el mal uso que de ellas pueda hacer. Hay países en que la administración pública, en vez de amparar y promover el desenvolvimiento de las iniciativas fecunda, las entorpece y mata. ¿Es que la Administración no debe establecer regla alguna para impedir el desorden y el abuso en el ejercicio de actividades que por su naturaleza entran con facilidad en conflicto, ni debe tenerlas en cuenta á los efectos del régimen fiscal? De ningún modo; pero sí, por ignorancia y ligereza, las reglas de protección son reglas de destrucción, y la contribución á los fines generales es sacrificio de esfuerzos y de industrias, en este caso el Estado que así procede, aunque en la forma sea libre, en el fondo es realmente un Estado injusto y tiránico.

La verdadera libertad está en el goce de los derechos civiles bajo el minimum de presión administrativa. La libertad política no es sino una garantía cuyo valor está en el uso que de ella se haga; y es posible que á orillas del Volga la iniciativa privada goce de más campo y libertad que bajo ciertos gobiernos democráticos del Occidente de Europa. Con una libertad política casi absoluta, puede coincidir, y coincide en realidad, el despotismo dañino y funesto de una mala administración.

No constituyen, por consiguiente, un verdadero adelanto
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los llamados derechos políticos, sino en países aptos y con cultura bastante para su ejercicio; el mejorar un ramo de la administración pública, el contribuir á la moralidad administrativa, constituyen un progreso cien veces más positivo. La plenitud de las funciones políticas sólo puede ejercerse con provecho por los pueblos que han alcanzado un grado superior de desarrollo intelectual y de bienestar.

Por el contrario, allí donde la organización de la vida social es escasa; donde la administración pública es deficiente en moralidad é inteligencia; donde el orden público no descansa sobre la base del desarrollo adecuado de los intereses, y donde falta por completo, en la gran mayoría, independencia y capacidad, el planteamiento de leyes políticas propias de pueblos más adelantados produce como efectos inevitables, por un lado, el de crear elementos de perturbación, y, por otro, el debilitar la autoridad política, impidiendo que se realicen las reformas de carácter íntimo y verdaderamente constitucional, en el sentido fisiológico de esta palabra, que reclama toda sociedad viciada y empobrecida.

Los sucesos que con tanta razón alarma en estos momentos á todos los hombres reflexivos, demuestran, no sólo la necesidad de fortalecer la autoridad pública, sino también lo infundado del principio según el que los abusos de la libertad los remedia la libertad misma. Todo derecho tiene su esfera de acción propia y legítima, que constituye su recto uso. Cuando en vez de usar se abusa del derecho con perjuicio del particular ó de la colectividad, deja de ser derecho para convertirse en delito. Es indudable que ciertos empleos de la actividad humana que, en su raíz, son de carácter puramente civil, se convierten, por su influencia en la vida del Estado, en verdaderos factores de carácter político, y en tanto, deben estar sujetos á las limitaciones que requiere en cada caso el cumplimiento de los fines esenciales de toda sociedad.

Justo es, sin embargo, declarar que la acción coactiva del Estado debe ejercerse en este punto con suma prudencia, si no se quiere caer en el extremo de lo arbitrario. Como re-