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conocido celo de las personas que tienen una intervención inmediata y directa en el gobierno de este benéfico Establecimiento. Al Sr. Arias se debe también que 10.000 pesetas que estaban depositadas en la Caja, pasarán á los fondos de este Instituto de caridad, y de esperar es que algún día se resuelva el destino que se ha de dar al importante legado de 5.000.000 del Sr. Montañés, cantidad que está en el Banco desde hace 18 años y que puede servir para mejorar los servicios todos del Hospital de la calle de Atocha. Tiene este á su vez una bonita Capilla que ha sido últimamente restaurada y en su altar principal se venera á la Reina de los Cielos, bajo la Advocación que dá nombre al Establecimiento.

El actual Director de Beneficencia y Sanidad Don José María Jimeno de Lerma, presta la mayor atención á este Establecimiento, y no hay indicación que se le haga, ni pretensión justificada que se le exponga, que no obtenga de él el apoyo y favorable acogida que tan necesaria es para el mejoramiento de los servicios todos de la institución benéfica. A su vez es digno de mención especial el celoso Visitador Don Nicolás Escolar, Visitador de este como de todos los establecimientos de beneficencia, quien con gran interés y celo desempeña los cometidos de su delicado cargo, teniendo los albergados en el de Nuestra Señora del Carmen, un activo y competente protector.

De desear es que establecimientos de esta clase tan necesarios se aumenten y propaguen, pues en ellos la humanidad doliente y decrépita encuentra alivio y sosten, cumpliendo el Estado con uno de sus más altos fines, y contribuyendo de esta manera á la resolución del problema social.

CLEMENTE DOMINGO MAMBRILLA.
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LA JUSTICIA CIVIL

DE LOS TRIBUNALES MUNICIPALES

La idea que preside á la base 2.ª de crear Tribunales colegiados para entender en lo que se ha dado en llamar justicia municipal, es excelente, magnífica, solo aplausos merece.

La superioridad de los Tribunales colegiados sobre los unipersonales, es tan notoria, tan al alcance de todos, que no exige demostración.

¿Pero en el desarrollo de esa idea hubo igual suerte, tanto acierto como en su iniciación?

No ciertamente, á mi manera de ver.

Bien es verdad que la idea era tan grande que se hacía difícil, sino imposible, por razones de orden no jurídico, su planteamiento.

La justicia municipal venía de antiguo mal organizada, y ha sido siempre el punto más difícil de todas nuestras proyectadas reformas; aún no se ha dado, ni por las trazas se dará fácilmente, con la fórmula ansiada de la organización de la justicia municipal.

Esa justicia ha sido siempre muy chica para los jueces letrados, muy grande, monstruosa, gigante, para los jueces legos, para esos jueces imperitos, nombrados al caso y renovados bienalmente, en desagravio sin duda de esa desgraciada justicia municipal, tan maltrecha en manos de sus convencinos.

En la actual organización de la justicia municipal, están
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encarnados dos defectos capitales: la impericia de los jueces y la influencia perniciosa y malsana de la política menuda y local, en el nombramiento de los jueces y en las funciones de los mismos.

¿Cómo ha de administrar recta y sábiamente justicia (meta de todo organismo judicial) quien desconoce el derecho y por ende se siente influenciado por la pasión de la política, la más terrible de todas las pasiones?

Imposible de todo punto. ¿Y qué remedios se aplican en las bases del novísimo proyecto para corregir esos defectos?

Sustituir el Juez único municipal por un Tribunal llamado municipal, compuesto del Presidente, que por sus condiciones, nombramiento y funciones, no es otra cosa que el mismo actual Juez municipal, si bien con adjuntos ó sea con dos vocales, mayores de treinta años, elegidos mensualmente por sorteo en las épocas que se determine; uno de entre los primeros contribuyentes, y otro de entre los que hubiesen ejercido cargos de elección popular en los cuatro últimos años. «De esta suerte, dice el preámbulo, constituidos los Tribunales municipales de manera análoga al del jurado, por lo que á sus vocales se refiere, la justicia municipal, que es la que interesa á mayor número de ciudadanos, y entre estos á los menos favorecidos por la fortuna podrá inspirar general confianza, ya que en el tribunal podrán contrapesarse por su composición y renovación periódica las influencias locales que tratarán de preponderar.»

¿Hanse corregido con este proyecto de reorganización los dos defectos capitales que á la actual organización de la justicia municipal señalábamos poco há?

En pié quedan hoy, como ayer, aquellos defectos, acaso agravados con el nuevo proyecto.

Si imperito era, ó es mejor dicho, el actual Juez municipal, imperito es también, en las nuevas bases de reorganización, el presidente del Tribunal municipal é imperitos sus adjuntos ó vocales.

La impericia del Juez municipal de hoy no será subsanada
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ó corregida por esa creación del nuevo proyecto que se llama Tribunal municipal.

Ningún progreso supone por lo tanto, el Tribunal colegiado en la forma ideada por las nuevas bases de reorganización de la justicia municipal, porque, no el número, sino la calidad, constituye hoy el capital defecto de la actual organización.

Y el otro defecto antes apuntado ¿ha sido corregido con el nuevo proyecto?

El remedio consiste en adjuntar dos vocales, sorteados mensualmente, al Presidente del Tribunal, uno de entre los primeros contribuyentes y otro de entre los que hubiesen ejercido cargos de elección popular, en los cuatro últimos años, para contrapesar por este medio las influencias locales que tratasen de preponderar.

Es decir, que en este proyecto se reconoce la existencia de ese defecto, incompatible con toda idea de justicia, y se incurre en el error de pretender suavizarle oponiendo una influencia á otra influencia, una pasión á otra pasión, un mal á otro mal.

Es decir, que en el recinto augusta de la justicia, siquiera sea municipal, tan veneranda como cualesquiera otra, se van á disputar el predominio en las decisiones, no las razones de derecho, determinantes de los fallos, sino la fuerza de la política; no se numerarán los argumentos legales, sino las conveniencias de política local y casi autorizadas por la ley misma, creadora de ese nuevo palenque político jurídico, veremos pronto, llenos de asombro, como, la jurisprudencia municipal, varía cada mes, según los caprichos de la suerte, al designar los vocales adjuntos, y lo que en Agosto será justo, aparecerá injusto en el siguiente mes y en estos juegos de la inmoralidad político-local, surgirá la importancia gigantesca de un elemento, no sumado aun á los anteriores, el del Secretario del Juzgado, que siendo de ho ho el encargado de la tramitación de los juicios, y acaso lo sea de verificar los sorteos, vendrá á resultar árbitro de la justicia municipal, con
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solo retrasar ó adelantar un juicio para que le falle determinado Tribunal (lo que tiene sus precedentes en otro orden de Tribunales) ó con hacer un fácil escamoteo en el juego ó sorteo de vocales, si es que esto está también, como es probable á su alcance. ¿Esto es admisible?

No: para corregir el defecto de la pasión política del juzgador, no puede recurirse al sistema de oponer una pasión á otra pasión; no es aplicable á estos organismos el adagio vulgar de Similia Similibus, no. Lo vicioso, lo inmoral, lo conocidamente malo, extírpese, ampútese, arránquese de raíz, porque el mal no puede ser sino germen del mal.

¿Se reconoce como pernicioso el actual sistema, por la influencia insana de la política, en cuya atmósfera se amasan los funcionarios de este órden judicial?

Pues preciso es cortar de raíz este mal.

Dos medios existen para hacer desaparecer ese vicioso sistema; ó hacer una carrera de los Juzgados Municipales, siendo éstos el comienzo de la judicial, ó, si esto no fuese hoy posible (aunque siempre debe ser el ideal de una perfecta organización judicial) mermar de tal manera las atribuciones y competencia de los actuales Jueces municipales, que ni su impericia ni su pasión, pudiese perjudicar á la recta administración de justicia; la manera de llegar á este término, la expondré más adelante. Volvamos ahora al estudio de las bases de la administración de justicia municipal.

Decíamos que la reorganización de la justicia municipal que se propone, no corrige, sino que más bien ensancha los dos defectos capitales que hoy tiene nuestra justicia municipal.

Algo, acaso más grave, tenemos aún que añadir acerca de la reorganización proyectada. La competencia que á los Tribunales municipales confiere la base 7.ª préstale un favor perfectamente definido, de jurado.

Esa, al parecer insignificante base 7.ª del proyecto de reforma, implanta en nuestro organismo judicial, el jurado, no solo para las faltas, en materia penal, sino también en mate-
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ría civil en la cuantía que determina la base 19 de la reforma de la ley procesal.

Es decir, que en esa clase de juicios, pasaremos de la doble instancia que ahora existe ante Tribunales de derecho, á la única instancia ante el Jurado.

Y tóngase en cuenta que este jurado (aunque ni aún le ha sido reconocido oficialmente su verdadero nombre) es un jurado verdad, riguroso, sin atenuaciones de ninguna especie que vengan como á llevarle de la mano al punto culminante del proceso, para administrar justicia; es un jurado sin mezcla extraña de jueces de derecho que formen el proceso, sin fiscales que preparen la prueba y que informen, inspirados en el solo interés de la ley; es un jurado más crudo todavía (si se me permite la frase) un jurado que preside desde el primer folio la formación del proceso, sin ingenercia alguna de los hombres de derecho; jurado en fin que él sólo instruye el proceso, y él solo le falla. ¿Fué este el espíritu que presidió á la formación de las bases de la reforma judicial?

Séame licito dudarlo, porque no es verosímil, que esa institución, un día idoto de una escuela política, hoy desautorizada, muerta á sus propias manos, sin razón alguna de existencia, surja hoy, con nueva vida, de un proyecto de bases, para tomar asiento en el campo del derecho civil.

Por otra parte; ese jurado en el orden del derecho penal, vé ensanchada su esfera de acción, respecto á su congénere, el jurado en lo criminal, no solo porque su competencia se extiende al conocimiento del hecho, y del derecho, cosa verdaderamente inaudita, sino también porque aquel se limita á cierta clase de delitos, mientras que éste se extiende á todas las faltas sin distinción, y porque aquel se limita á fallar con una afirmación ó negativa, mientras que este interviene desde el primer momento, con independencia absoluta de los jueces de derecho, instruyendo los procesos á la vez que les falla.

Es, pues, un jurado más amplio, de mayor competencia, y por eso sin duda sus miembros son sorteados, no de entre la
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generalidad determinada por el art. 9 de la ley del jurado, sino precisamente de entre los primeros contribuyentes o exautoridades populares; es decir, que este jurado es menos democrático que aquel otro que ya teníamos para lo criminal.

Pero á pesar de esta selección, que en medio de todo es plausible, siquiera sea contradictoria al espíritu que preside en aquella ley, porque del mal debe tomarse siempre la cantidad mínima posible, á pesar de esto, ¿es viable esta base de reforma, que establece este jurado para conocer del hecho y del derecho y decidir de las faltas del libro tercero del Código penal en juicio oral y público y en única instancia de los juicios civiles hasta la cuantía de 1.000 pesetas?

Paréceme sumamente peligrosa esta innovación, cien veces más radical que la misma ley llamada del jurado.

Siquiera en esa ley, las atribuciones del jurado están limitadísimas; á parte de otras condiciones que limitan los efectos de su ignorancia en asuntos judiciales, tiene de bueno que, como su competencia se limita á condenar ó absolver á los reos procesados y sumariados por un Tribunal de derecho y acusados por un fiscal, también de derecho, su impericia, por regla general, puede conducirles á absolver á un criminal, rarísima vez á condenar á un inocente.

Compárense estos efectos con los que ha de producir el tribunal municipal de jueces legos, verdadero jurado para los juicios de faltas.

La impericia manifiesta no está contrapesada ó atenuada por la intervención de jueces de derecho; ellos forman la causa, ellos procesan, ellos ó el fiscal tan lego como ellos acusa y ellos fallan.

¿No es lógico temer, dada la exaltación de las pasiones de la política local, la formación de procesos, sin base alguna racional, más aún, sin la existencia del menor asomo de infracción de la ley penal?

Se objetará que contra los fallos de estos tribunales existirá el recurso de nulidad que establece la base 8.ª para ante la respectiva Audiencia.
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Hoy no vemos amenazada la literatura de análogos peligros; la crítica y la opinión vulgar buscan y disciernen el valor de las obras de poetas, novelistas y oradores, sin apasionamiento por estilos determinados, aplaudiendo en cada ingenio los aciertos que alcanza, según su peculiar manera; pero más bien se inclina la opinión y el gusto general á la sencillez, y á la sustancia y peso de la idea, con desvío, un tanto exagerado quizá, de las bellezas y valentías de la forma, y esto aleja la producción literaria de los extravíos pasados del mal gusto; pero en orden á la belleza plástica, al sentido artístico del pueblo y de las clases altas, que lo debieran doctrinar con sus modelos y enseñanzas, fuerza es reconocer que desde el siglo pasado el retroceso ha sido considerable, y que importaría mucho no cejar en los empeños, generosamente intentados por algunos, para contener la decadencia y para restituir á la vida industrias artísticas, que en este propio suelo florecieron con tan exquisito instinto de lo bello, de lo graciosso y de lo delicado. Asombra lo que alcanzaron en el orden de la ornamentación los primorosos artífices de armas y platería de Madrid, los olvidados artesanos de la cerámica blanca y policroma de la Moncloa y del Retiro, los tejedores de los tapices del Pardo y del Escorial, no menos primorosos hoy, pero demasiado contenidos en la constante reproducción de los propios modelos, los dibujantes de las verjas, herrajes y cantería de los sitios Reales, en donde más se dejaron sentir las influencias de la línea elegante de los artistas de Luis XV y de la Regencia.

La restauración intentada de la Moncloa, las escuelas de artes de San Juan de los Reyes, las tallas y hierros primorosos de San Francisco el Grande, han sido alientos con que ministros y próceres amantes de su patria y de sus glorias, con fé en las aptitudes del pueblo para la producción de lo bello en este orden secundario de la vida artística, pero de interés grande para su progreso y cultura, han querido emular el movimiento y la acción que realizaron en España los Borbones desde Felipe V á Carlos IV; sensible sería, en verdad, no
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¿Pero no es ilusorio absolutamente este recurso, contra las sentencias que recaigan en los juicios orales sobre faltas?

Si el juicio es oral y de impresión y á manera de lo que ocurre hoy, contra los hechos que se declaran probados, no cabe recurso, porque la prueba es oral, y de ella solo queda como base incolmovible, el criterio declarado solemnemente por el tribunal sentenciador. ¿No es verdad que es temible el abuso y que la pasión de campanario hallará en este procedimiento ancho campo donde ejercitar el mal á mansalva sin responsabilidad alguna? No son, pues, aceptables estas bases para la reorganización de la justicia municipal.

¿Cómo llegar si no á extirpar los defectos de su actual organización? Dos medios existen, decíamos atrás, para hacer desaparecer el actual vicioso sistema de la organización de la justicia municipal, ya que el propuesto en las nuevas bases, parecía inadmisible, por dejar en pié y muy agravados los vicios capitales del actual sistema.

De estos dos medios, uno decíamos que consistía en incorporar los juzgados municipales á la carrera judicial, siendo servidos por miembros de ésta, al ingreso en las mismas, lo que, aún dada la penuria de nuestro Tesoro, sería tal vez posible, agrupando juzgados municipales hasta donde lo consintiesen las necesidades judiciales y hasta donde lo exigiese la escasez de recursos, por ejemplo, formando un juzgado municipal con la agrupación de los que antes de la supresión, constituían un partido judicial, poco más ó menos.

Los gastos en poco ó en nada aumentarían, porque subsistiendo en una ó en otra forma, los actuales derechos de esta clase de jueces, y siendo, por otra parte, cargos de entrada de no muy alta retribución, acaso, en su mayor parte, los derechos de los nuevos Jueces se aproximassen mucho al mínimo del sueldo que el Estado señalase á estos funcionarios, supliéndose la diferencia, donde la hubiere, por manera análoga á la forma en que hoy se suplen, sin perjuicio del Estado, los derechos de los Registradores de la Propiedad en los pocos Registros que no cubren el mínimo de sueldo asignado á estos funcionarios por el Estado.
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De esta suerte, sin nombramientos bienales, sin sorteos, ni Presidentes, ni adjuntos, ¡con qué regularidad y acierto marcharía la justicia municipal, base de toda organización judicial!

Así constituida, ¡cuán fácil y exento de peligros el aumentar la cuantía litigiosa de los juicios civiles verbales, como se propone en la base 19 de las de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, y cuán fácil también rebajar de la categoría de delitos muchos hechos que en realidad solo son faltas, reforma del Código Penal!, ya hace mucho tiempo reclamada por la opinión científica y aun la pública, descartando á la par á las Audiencias de muchas causas pequeñas y reduciendo notablemente los gastos siempre crecidos de todo proceso criminal!

Parece como que esta reforma facilita el camino de otras, no menos importantes, siempre en discusión y nunca realizadas.

¿Pero es que no puede llegarse á este ideal de la ciencia orgánica-judicial?

¿Es que las grandes agrupaciones de términos municipales para un solo Tribunal, ofrecen inconvenientes serios, acaso de gastos, tal vez de la distancia resultante entre el administrador de justicia y sus administrados, que imposibilite en muchos casos su administración en atención á la exigua cuantía litigiosa, que entre viajes y gastos se consumiese con exceso?

Pues en ese caso, en obvición de gastos y para no separar la justicia de lo justiciable, existe un medio fácil, sencillísimo, al alcance de nuestra situación económica, análogo y armónico al actual procedimiento oral, y análogo y armónico al establecido por las bases de reforma de que me vengo ocupando para la justicia civil.

¿Cuál es ese medio?

Dejar subsistente la actual organización de los Juzgados municipales, constituida por el Juez, Fiscal y Secretarios, si bien procurando alterar las bases para el nombramiento de
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jueces y fiscales y sustituyendo su libre nombramiento bienal por algo parecido al ingreso en las Secretarías de dichos juzgados.

• La competencia de estos juzgados, á la manera que la de los juzgados de instrucción, limitárase á instruir los juicios verbales y de faltas, con las modificaciones que fuesen convenientes, en cuanto á su procedimiento, elevando los procesos, después de totalmente instruidos, al Juzgado de instrucción, ya descartado del fallo de los juicios civiles, para sentencia.

Por cualquiera de estos dos medios, bien agrupando juzgados, para dar lugar á un Juez de derecho, bien limitando la competencia de los actuales jueces municipales hasta el punto de quedar reducida á la mera instrucción de los procesos, desaparecerán los dos defectos capitales que hoy ahogan en su germen á la administración de la justicia municipal, defectos no corregidos con el nuevo proyecto de que me vengo ocupando.

Ciento que con este sistema damos la preferencia de un Tribunal unipersonal sobre otro colegiado.

¿Pero habrá alguien que ose invertir estos términos de preferencia?
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DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION
Y DEL PROCEDIMIENTO CIVIL

La creación de Tribunales colegiados para fallar los asuntos civiles en instancia única, es reforma hace tiempo reclamada por la ciencia jurídica y la constante práctica, que demuestran la imperfección de la doble instancia.

¿Quiere esto decir que esa idea alcanzó la perfección posible en su desarrollo, en su planteamiento?

No, á nuestro modestísimo juicio. Siendo como es excelente la idea que preside á esas trascendentales reformas, hallámoslas deficientes en su aplicación. Intentemos la demostración de nuestro aserto.

Bien puede decirse que el alma del sistema que se intenta implantar, está encerrada en la base 25, de las relativas á la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil; de su pensamiento capital surge la organización toda de los tribunales de justicia en materia civil.

En esa base, que apenas ocupa nueve renglones de la Gaceta, se encuentra el gérmen del nuevo procedimiento civil, con la organización consiguiente de Tribunales, la instancia única y el juicio oral y público, aunque ocultando su propio nombre, acaso por no herir demasiado las tradiciones judiciales, pero, con ó sin su propio nombre, ahí, en esa base, tiene su origen indiscutible; los demás artículos que le siguen constituyen el desarrollo lógico del principio en él establecido.

Estamos conformes, absolutamente conformes con el principio sentado en esa base, de que el procedimiento civil ordinario conste de dos periodos. ¿Pero cuáles han de ser estos dos periodos y cuáles sus límites y cuando, por lo tanto, ha de cesar la competencia del Juez instructor, comenzando la de la Audiencia ó Tribunal colegiado sentenciador?
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En definir exactamente esos dos periodos, y en determinar su limite y por lo tanto el momento oportuno y lógico en que ha de cesar la competencia de un Tribunal, para nacerla de otro, en esa diferencia, en ese limite, va envuelta precisamente la cuestión importantísima de si el juicio ha de ser oral ó escrito.

La base 25 establece dos periodos: el de instrucción, que se sustanciará ante el Juez competente y comprenderá la presentación de los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, y el periodo del juicio, que se tramitará ante la Audiencia y comprenderá desde la proposición de prueba, en su caso, y su práctica en el acto de la vista, siempre que fuere posible, hasta su terminación por sentencia; es decir, periodo expositivo y periodo contencioso propiamente dicho.

¿Obedece á alguna razón de derecho ó de gran conveniencia, ya que el procedimiento ha de ajustarse á los rigorismos de aquel y á las exigencias de esta, la división del procedimiento, de la sustanciación de un litigio, en dos periodos que precisamente han de ser los indicados en la trascrita base, ó es completamente arbitraria ó perjudicial dicha división?

En el segundo supuesto, ¿podría hacerse alguna división más técnica en los periodos del procedimiento civil, aplicando esa división á una tramitación algo distinta, habidas en consideración las razones técnicas y de conveniencia social?

La razón de la división del procedimiento, en los dos periodos proyectados, responde á la idea de crear el juicio oral ó público en asuntos civiles; no otro que este puede ser el motivo de esa división.

Arrancando la competencia del Juez instructor y naciendo ipso facto la de la Audiencia, en el momento mismo en que queda planteadá definitivamente la discusión, mediante los oportunos escritos, es factible la institución del juicio oral y público, llevando al acto de la vista la práctica de la prueba siempre que sea posible.

Pero el juicio oral y público, ¿sería viable en materia civil?