ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 455

¿Habrá alguien no siendo el litigante de oficio (que verá crecer y crecer sus raíces, hasta dominar el campo de la justicia) que se atreva á promover una demanda ante perspectiva tan risueña para un hombre honrado y formal?

Pero volvamos al pleito ya incoado y al litigante.

Terminado el primer período ó de instrucción, éste, mal que le pese, y ya que la justicia no solo no se acerca á él, sino que se aleja, tendrá él que acercarse á la justicia, porque si nó su causa es muerta y dirigirse á la capital de la provincia, y buscar otro letrado, (y es el segundo) porque el que comenzó el litigio tiene su residencia en la capital de su partido y sus asuntos no le permiten venir á defender un pleito, y ponerle en antecedentes al nuevo letrado, con las copias delos escritos y documentos allegados al pleito, y pasarán así algunos días, mientras el nuevo letrado se entera del asunto y del impulso que conviene darle y de la prueba que necesita practicar, y si no es de opinión contraria al primer letrado lo que es muy posible, traduciéndose esta divergencia de criterios, en nueva pérdida de tiempo, puede disentir en mucho ó en poco de su compañero, lo cual ya será muy frecuente, y le parecerá escasa ó ineficaz la prueba indicada por este al cliente, que necesita volver á su partido, consultar nuevamente á su antiguo abogado, buscar más antecedentes, suplicar á nuevos testigos que hagan el sacrificio de asistir al juicio oral etc., etc, y á todo esto, el periodo de proposición de prueba siempre corto, siempre escaso, siempre fugaz, trascurriendo, acaso espirando, antes de que el litigante ofrezca á su letrado todos los medios, todos los elementos utilizables en el importantísimo periodo probatorio.

¡No! Para llevar el desorden al procedimiento, para originar el caos, no es posible admitir esa base que paladinamente establece el juicio oral en materia civil.

Establézcase en buen hora la instancia única en lo civil, con todas las grandes ventajas que ha de reportar á la recta y pronta administración de justicia, con la consecuencia ne-
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 456

cesaría de tribunal colegiado y de quedar reducida la misión del Juez instructor á instruir ó á formar el pleito, no parte, sino todo, pero no se trastorne el procedimiento civil de tal suerte, que haga imposible la administración de justicia.

El medio es muy fácil, sencillísimo: dejor subsistente la prueba escrita, practicándola y escribiéndola en el juzgado, como actualmente se hace, en vez de proponerse y practicarse en la Audiencia, y en el acto de la vista entender la competencia del juzgado instructor, hasta la terminación de la instrucción del pleito, ó sea hasta después de terminada la práctica de la prueba, cesando en el acto mismo su competencia y naciendo á la vez la del tribunal colegiado, que no tendrá otra misión que fallar el pleito, después de recibido sin más trámite que los informes escritos ó orales de los letrados.

Hé aquí el medio sencillo de conciliar los intereses de todos, sin perder de vista los principios que la ciencia determina; hé aquí acercada la justicia á lo justiciable, mientras es preciso, mientras el litigante se apresta á la contienda, prepara elementos y los entrega todos en manos de su letrado, para que éste los dé forma-forense y los lleve á los infólios del proceso, y hé aquí, al mismo tiempo, separada la justicia de lo justiciable en el momento en que cesó la actividad toda del litigante, cesó su acción de acumular elementos de contienda, terminó la formación del proceso y solo falta el estudio detenido y el informe técnico de la resultancia de los autos, para que el tribunal, así preparado, y lejos, muy lejos de la atmósfera que rodea á los litigantes, y que en una ú otra forma llega hasta las gradas de la justicia, lejos, muy lejos del círculo de las relaciones de las partes, que ponen cerco decidido al juzgador, para que su fallo les sea favorable, cuanto más lejos mejor, falle, con la serenidad, con el estudio, con el apolo, con todas las garantías que la ciencia y la práctica aconsejan el proceso formado por el juez instructor.
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 457

De este modo la instancia única en lo civil, será un adelanto en nuestra ciencia jurídico-procesal; de otra manera, no rodeado de todas estas garantías, la instancia única, á pesar de todas sus indiscutibles excelencias, quedará muy pronto desacreditada por culpas extrañas á su institución y volveremos otra vez al sistema, aun no desechado de la doble instancia.
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 458

DEL TRIBUNAL QUE HA DE FALLAR EN INSTANCIA ÚNICA LOS ASUNTOS CIVILES

En las bases de la reorganización judicial, se establece que haya una Audiencia en cada capital de provincia, compuesta de salas de lo civil y de lo criminal, teniendo todas las Audiencias igual competencia y atribuciones, tanto en lo judicial como en lo gubernativo (base 5.a)

Estas Audiencias conocerán de los asuntos criminales como actualmente; y de los civiles, en la forma que determinarán las bases de la ley de Enjuiciamiento civil, ó sea en instancia única (y juicio oral).

Conocerán también estas Audiencias de los recursos de nulidad contra las resoluciones de los tribunales municipales.

Por fin triunfó definitivamente en las esferas oficiales la corriente, tiempo hace iniciada, de llevar toda la administración de justicia á cada provincia.

Esas Audiencias, creadas hace doce años con fines más modestos, mutiladas después, cercenadas luego, amenazadas de muerte recientemente por el proyecto de un ilustre jurisconsulto Ministro del ramo, son hoy las llamadas por el novísimo proyecto, no ya á subsistir, sino á suceder en todas sus actuales funciones á las cuasi seculares Audiencias territoriales.

El proyecto de esta especie de decapitación de las Audiencias territoriales ¿es viable? ¿Existen razones atendibles del orden jurídico-procesal y del orden económico, que aconsejen esta mutación de la organización judicial? ¿La justicia civil soportaría esta transformación tan honda en sus actuales organismos?
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 459

¡Aparte principios de escuela, ideales de partido é intereses locales y aun particulares!

Solo razones de un orden superior pueden tenerse en cuenta, tratándose de asuntos de tan honda trascendencia.

Ciertamente que no el nombre, no la designación de territorial ó de provincial, da á un Tribunal más importancia, mayores garantías de rectitud y de acierto.

No por ser territorial una Audiencia valdrá más, jurídicamente considerada, que si se denominase provincial; no por estar constituida en Burgos ó en Valladolid administrará mejor la justicia civil que si se constituyese en Santander ó en Palencia, no.

Desde este punto de vista mirada la cuestión, tanto monta que la ley cree Tribunales denominados de provincia, que territoriales, para la administración de la justicia civil.

Lo que si hace á la cosa, lo que afecta desde luego al fondo, lo que constituye esencialmente la diferencia de lo que hoy entendemos por Tribunal territorial y por Tribunal provincial, es su constitución, la diversa constitución de un Tribunal territorial tal cual hoy está constituido y de un Tribunal ó Audiencia provincial tal cual se nos ofrece en el novísimo proyecto de reorganización judicial.

El número de magistrados que hoy constituye una sala de lo civil de una Audiencia territorial, su categoría, su práctica constante en asuntos civiles, hasta el número de provincias á que su jurisdicción se extiende, su alejamiento para los efectos del fallo, del medio ambiente creado en derredor del periodo de instrucción del pleito, lejos del amigo, del pariente, del deudo, que con sus diversas insinuaciones van insensiblemente creando el perjuicio tan nocivo á la recta administración de la justicia, ¿no son, en lo humano, garantías bastantes para la recta administración de la justicia civil?

Compárese esta constitución con la de las Audiencias provinciales en lo que á los asuntos civiles se refiere.

El proyecto ofrece en cada capital de provincia una Au-
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 46

Estas observaciones, con las que ya pongo término á mi trabajo, quizá os parezcan sobrado menudas para un discurso de Academia, pero las disculparéis parando mientes en que así como la virtud en el hombre, según un profundo dicho de Pascal, no debe medirse por sus esfuerzos, sino por lo que de ordinario hace, así el sentimiento natural de la belleza y del gusto en un pueblo ó en las clases que le dirigen, no deben apreciarse por sus obras ó producciones extraordinarias, sino por los hábitos é impresiones de su vida usual y corriente.

FRANCISCO SILVELA.
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 460

diencia, compuesta de Sala de lo civil y de Sala de lo criminal.

Nada dice el proyecto del número de magistrados que han de componer las salas de lo civil de las Audiencias provinciales, pero es seguro, dada nuestra situación económica, que no excederá de tres; su categoría en las Audiencias de entrada, que son las más, será la que actualmente disfrutan los magistrados de Audiencia provincial, inferior á la de los de territorial; su práctica será menor y más reducida, por entenderse á menos extenso territorio, y no gozarán seguramente del aislamiento, con relación á sus administrados, por estar constituidos en la misma provincia.

¿No es palmaria y evidente, la inferioridad en todos los órdenes de la constitución, de las Audiencias provinciales, con relación á las territoriales?

¿No es evidente, evidentísimo, que, en lo humano, aquellos tribunales, mejor y en mejores condiciones constituidos, han de administrar justicia más recta y más sabiamente que aquellos cuya constitución sea notablemente inferior?

Esta es una de las verdades, tan al alcance de todos, tan palmaría, que no admite ni aun demostración; lo bueno es mejor que lo malo ó lo mediano porque sí, aunque sea una vulgaridad el decirlo de este modo, por no poderse decir de otro.

Luego, si las Audiencias territoriales están mejor constituidas que las de provincia, consérvense aquellas; (que nada es más fácil ni más lógico, aun con la instancia única en lo civil, como luego veremos) transformándolas, en cuanto á sus atribuciones ó competencia, en vez de crear organismos inferiores.

Pero antes de discurrir en este sentido, volvamos otra vez la vista á ese proyecto de creación de salas de lo civil en las Audiencias provinciales, para demostrar, no solo que su constitución es muy inferior á las de las territoriales, razón, por la cual, deben éstas subsistir, en vez de esa creación enquen-
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 461

cle, sino que la creación de esas salas de lo civil, será un imposible científico ó económico.

Es un imposible científico.

En efecto, tres magistrados para fallar definitivamente en asuntos civiles y en única instancia, francamente, ofrece pocas garantías de acierto, pocas probabilidades de éxito.

La ciencia lo rechaza, la ciencia lo condena, y funda su anatema contra sistema tal, en razones de orden histórico y del orden racional.

La historia y la tradición, hablan muy alto en contra de esa idea antes apuntada, y el mismo proyecto de bases es inconsecuente al respetar la actual constitución, ó mejor dicho el reintegrar en su reciente y anterior constitución, el más alto tribunal de la justicia civil.

La historia, hasta este mismo y actual momento, muéstranos las salas de lo civil (cuya sola misión es fallar, no en única, sino en segunda instancia, es decir revisar un fallo de un Tribunal inferior) compuestas de cinco magistrados, de superior categoría que la reconocida á las de las audiencias provinciales. ¿Por qué tantos magistrados para revisar un fallo? ¿Por qué tan alta categoría?

La historia, hasta este mismo y actual momento, muéstranos las salas de lo civil del más alto de los Tribunales civiles (cuya sola misión es anular las infracciones legales cometidas en sus fallos, por los tribunales inferiores) compuestas, cada sala de siete magistrados, de muy superior categoría que la reconocida á los de las actuales audiencias territoriales. ¿Por qué tantos magistrados para rectificar los yerros de tan respetables Tribunales como son sus inferiores? ¿Por qué tan alta y suprema categoría?

El proyecto, recientemente aún, y ya olvidado, del insigne jurisconsulto antes aludido, creaba, para fallar lo civil, Tribunales compuestos de tres jueces de categoría poco inferior á la de los actuales magistrados de las Audiencias provinciales, pero esos Tribunales fallaban solo en primera instancia; para la segunda conservaba la actual constitución de las salas
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 462

de lo civil de Audiencia territorial; para la casación, respetaba la actual organización del Tribunal Supremo. ¿Por qué tantos magistrados para fallar en segunda instancia y en casación? ¿Por qué tan alta y suprema categoría?

En cualquier otro orden al que tendamos nuestra vista allí donde se dibuje la constitución de un Tribunal, como el contencioso-administrativo, el de cuentas del Reino, los de la justicia militar en sus diversos organismos, en todos los órdenes, muestran la historia algo análogo á lo que hemos visto en los Tribunales organizados para la justicia civil; muestran Tribunales constituidos por muchos individuos investidos de las mas altas categorías, siempre que esos Tribunales tengan por misión rectificar ó enmendar yerros de Tribunales inferiores, ó sea que tengan la misión de juzgar en único grado.

¿Por qué tribunales de tanto número?
¿Por qué sus miembros son investidos de tan alta categoría?

¡Ah! La razón y la experiencia de consumo lo exigen así.

No es la Administración de justicia cosa llana que esté al alcance de cualquiera, ni puede llegar á la exencia de una cuestión litigiosa embotada en el farrago inmenso de un proceso sin detenido y prolíjo estudio, ni puede resolverse con acierto una cuestión jurídica sin un debate amplio y mesurado, en el que el pró y el contra se aquilaten exquisitamente ante el criterio de personas, no solo peritas, sino avanzadas en la difícil tarea de fallar, ni puede tampoco confiarse á reducido número de personas la misión delicadísima y augusta de administrar justicia, ya porque el exceso de trabajo lleva el desaliento y la inercia allí donde todo estímulo y toda actividad son necesarios, ya porque pocos votos ofrecen poca garantía de acierto, menos resistencia al favor ó á la influencia y son demasiado grandes los intereses confiados á la administración de justicia, para que pueda pensarse seriamente en cercenar el número de magistrados que ha de componer un Tribunal.

Por otra parte, ¿cómo se ha de pensar en dar un salto tan
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 463

grande en la organización de Tribunales, sin ir, por lo menos, con la prudencia que el vulgar sentir aconseja?

Hasta hoy, para garantir los derechos civiles, se consideró necesario que la justicia fuese administrada en dos instancias, la primera por un juez, y la segunda por cinco magistrados de superior categoría.

¿Cómo se ha de poder pasar hoy del sistema de la doble instancia al de instancia única, y de los cinco magistrados para fallar en apelación á tres de inferior categoría, para fallar en única instancia?

¿Tanto han variado las circunstancias, que aconsejan un cambio tan radical?

¿Tanto se ha progresado en nuestras costumbres jurídicas?

La prudencia más vulgar aconseja por lo menos que, ya que no se crea necesaria la doble instancia, si se establece una sola, esta debe por lo menos ofrecer tantas garantías de acierto como ofrecía la duplicidad de la instancia con sus tribunales de apelación, compuesto de cinco magistrados de Audiencia territorial.

No es, pues, evidente, por lo menos, pensar en que la instancia única ha de implantarse con tribunales dotados de tres solos magistrados, y hay que pensar en que la idea que preside á las bases de la reforma tenga «in mente» el proyecto, aun no manifestado, de crear esas salas de lo civil de Audiencias provinciales con igual número de magistrados que el que hoy componen las salas de las Territoriales.

De no ser así, de no constituir con tan racionales garantías las salas civiles proyectadas, difícil es que esos proyectos tengan realización.

Algo así como horror á lo desconocido, como el escalofrío de quien se siente amenazado de improviso en su existencia, como quien siente el miedo á la injusticia, el temor del despojo, del desorden, del caos, causará ese proyecto que nos ofrece un tribunal con dos votos contra uno, para decidir en única
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 464

instancia; sin apelación alguna, acerca de nuestros sacratísimos derechos civiles.

No. Eso es un imposible, y lo imposible no puede nunca encarnar en realidad.

Seguramente en el complemento de estas bases existirá la de constituir esas salas de lo civil de las audiencias provinciales con cinco magistrados.

Pero entonces, al dejar de ser ese proyecto un imposible jurídico, comienza á ser, y es toda su estensión, un imposible económico.

Con efecto: la creación de las salas de lo civil en cada Audiencia provincial con cinco magistrados, supone un aumento de gastos enormísimo, sobre el Ministerio de Gracia y Justicia, gasto que difícilmente puede soportar hoy nuestra Hacienda, cuya penuria fué causa de aquella reciente y dolorosísima mutilación del organismo judicial, de la supresión de tanto Juzgado, medida por todos deplorada todavía y que tantos trastornos ha traído á la administración de justicia.

Y una Hacienda tan exigente, que impone siquiera fuese por razones tan poderosas y atendibles, sacrificio tan inmenso en el organismo judicial, con el solo fin de economizar unas pesetas, ¿va á consentir hoy, cuando apenas ha transcurrido un año desde aquella mutilación, la creación de nuevos organismos, que gastarán muchos centenares de miles de pesetas?

¡Imposible! Pero más imposible todavía si se tiene en cuenta que la creación de esos Tribunales, de esas Salas (sea que se compongan de tres, ó sea que se compongan de cinco magistrados) sería una creación de mero lujo, una creación innecesaria, y por lo tanto un gasto supérfluo.

Aceptada la instancia única en lo civil, pero sin el juicio oral, y aceptado el procedimiento que indican las bases de la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, pero ampliando el periodo de instrucción de los pleitos, y por lo tanto la competencia de los Juzgados, hasta la terminación del periodo de prueba, aceptadas con estas modificaciones las bases de que
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 465

me ocupo, la creación de esas salas de lo civil en las Audiencias provinciales, es absolutamente innecesaria, más todavía, aparte de la dificultad económica, la creación de esos tribunales sería altamente perniciosa para la administración de justicia, porque existen ya tribunales más completamente organizados y por lo tanto más capaces de desempeñar la única misión que deben desempeñar los Tribunales de lo civil en la instancia única; fallar, porque la instrucción total de los procesos debe corresponder á los Jueces instructores.

Ya queda atrás suficientemente indicado: esos Tribunales cuya única misión debiera ser fallar los pleitos en única instancia, son las salas de lo civil de las Audiencias territoriales, tal cual hoy están constituidas y con la misma jurisdicción extensiva á todas las provincias de su actual territorio.

Estas mismas salas de las Audiencias territoriales resolverían también los recursos de nulidad que se entablasen contra los fallos recaídos en los juicios verbales, que siendo dados por jueces de instrucción ó por jueces municipales de derecho del territorio (mediante las agrupaciones municipales atrás indicadas) serían infinitamente inferiores á los que se interpusiesen contra los que diesen los tribunales municipales tal cual se propone en el novísimo proyecto.

Esta solución serviría también para prever la anarquía que en la jurisprudencia provincial (permitáseme la frase) sentarían los Tribunales de provincias proyectados, anarquía ya prevista con verdadera oportunidad, por el autor de las reformas, aplicándolas el único remedio posible indicado en la base 8.ª de las de organización judicial, pero paréce-me que mejor será atajar esa anarquía de este modo, que aplicar el remedio por eficaz que este fuese.

Es, pues, evidente la ventaja de los Tribunales territoriales sobre los provinciales en materia civil, tan evidente que la solución del problema orgánico-procesal civil pendiente, bien puede asegurarse que pende exclusivamente del siguiente facilísimo problema jurídico. ¿El juicio oral en lo civil, es
Revista de España (1894-09-01 00:00:00), página 466

un procedimiento superior ó inferior al procedimiento escrito?

Si lo primero, la creación de salas de lo civil en las Audiencias provinciales constituiría una necesidad jurídica, en atención al trabajo que cada pleito exigiría del Tribunal que entendiese en él.

Si lo segundo, sería total y absolutamente innecesaria la creación de esos tribunales provinciales, puesto que, instruyéndose el pleito ante el Juzgado hasta la terminación del período de prueba y reservando al Tribunal colegiado la sola misión de fallar, bastaba la sala de lo civil de las Audiencias territoriales ó las dos, donde actualmente hay dos, para fallar, con relativo descanso, todos los pleitos del territorio.

Demostrado queda en este trabajo la superioridad en asuntos civiles del procedimiento escrito sobre el oral.

Pero aunque la oralidad en los juicios civiles fuese algo superior al procedimiento escrito, la enorme diferencia de gastos que la implantación del juicio oral (con sus salas de lo civil en cada provincia) supone ¿permitiría á nuestro presupuesto el lujo de crear tantas decenas de Tribunales á ese solo objeto?...

Hé aquí la cuestión.

Pero si tan acentuadas é invasoras fuesen las corrientes, en pro del juicio oral en lo civil, si subyugados de momento por el influjo mágico de esa palabra, pretendido signo de progresos jurídicos, no bastando la razón serena á contener impetu tan grande, se implantase al fin tan peligrosa reforma en nuestras leyes orgánico-procesales civiles, y se implantase pobremeente, que no de otro modo podría ser, ó sea constituidas las salas civiles provinciales de tres solos magistrados, lo menos que exigiría el respeto que las razones expuestas merecen, lo menos que era necesario esperar, si no queríamos vivir sin administración de justicia, si al litigante había de ofrecer la sociedad una garantía racional de respeto á sus derechos, si el terror y el miedo de lo injusto y lo desconocido, no habían de apoderarse de todo justiciable, lo menos que