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Defienden algunos la apelación por la mayor idoneidad y competencia que suponen en estos Tribunales; pero si es cierto, ¿por qué perder el tiempo en que conozca y falle un Tribunal, que bien por su unipersonalidad, bien por otras causas, no inspira la suficiente confianza?

Como antes he dicho, si la sentencia apelada se revoca y se dicta otra más justa por esos jueces más exclarecidos ¿no hubiese sido cien veces preferible, que ellos hubiesen dictado la primera, en evitación de dilaciones y gastos? y si se confirma la del inferior ¿qué se ha buscado? ¿la mayor autoridad? pues que ese Tribunal superior la hubiese dictado desde el principio, ¿se busca la conformidad del litigante? pues esta ó no se obtendrá, ó se obtendría igualmente con la única instancia en Tribunal colegiado, porque el litigante que pierda no apelará cien veces porque la ley no le consienta más que una.

Un distinguido académico de la de Jurisprudencia, dice, defendiendo la apelación, que es derecho natural, y que «cuando la sentencia produce agravio, el derecho del agraviado, lejos de desvanecerse, subsiste íntegro, si bien desconocido por error ó malicia, y es de justicia sea satisfecho, para lo cual ha de ser oído, y de aquí que sea de Derecho Natural»; pero yo contestaría á esto: ¿Cuándo vá á cesar ese derecho? ¿Hay que establecer una serie indefinida de tribunales de apelación? ¿Quién declarará que ya no hay agravio? porque el litigante que pierda el pleito no es fácil que sea. Pues si solo se busca la conformidad de dos sentencias por el mayor número de jueces que del asunto conocieron, con el Tribunal colegiado queda garantida la única instancia, porque la autoridad de una sentencia no consiste en el hecho de una confirmación por otro Tribunal, sino que reside únicamente en el bien juzgar y en la conformidad con el derecho en vigor.

Queda demostrado que la única instancia se defiende por sí sola, y sobre todo que la primera instancia, tal como entre nosotros se halla establecida, es inútil cuando no perjudicial, y sin otorgar beneficios, causa dispendiosos gastos, y retrasa grandemente la sentencia apetecida.
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II

Pero suponiendo planteadá la única instancia, aún no bastaría ni sería suficiente para la rapidez que debe desearse en la solución de los conflictos de Derecho; faltaría para conseguirlo el establecimiento del juicio oral, que, planteado en lo criminal, no hay razón alguna para negarlo en lo civil, ni pueden pedirse menores garantías cuando se trata del honor ó la vida, que cuando se ocupa de la herencia ó el contrato.

No negaré que acaso dentro de la multiplicidad de relaciones de Derecho que en la vida se desarrollan, no haya algunas que para su respectiva demostración necesiten de ciertas garantías; por esto no trato de defender la aplicación á lo civil del procedimiento criminal en todos sus detalles; serán ligeras diferencias nacidas de la diversidad de casos, pero en lo esencial y lo general puede aplicarse con gran ventaja para la administración de justicia.

Eje y base de toda la argumentación contraria, es la índole de la prueba, y prescindiendo de que, á mi juicio, no hay fundamento serio para suponer que en lo criminal sean competentes los tribunales, apreciando las declaraciones de testigos y peritos en conciencia, y que formada su convicción moral no hayan padecido error en ella, y negar competencia para juzgar la prueba en materia civil, paso á ocuparme del examen de esta última.

En dos grupos puede dividirse la prueba en lo civil: documental y hablada, que en la actualidad queda reducida á escrita. La primera vá unida á los autos, y en ellos la encontrarán siempre los jueces que hayan de apreciarla; nada, pues, hay que decir. Quedan la confesión en juicio, el dictamen de peritos y las declaraciones de los testigos, toda vez
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que el reconocimiento judicial se practicará por el Tribunal que hubiese de conocer, ó por uno de sus miembros, caso de estimarlo suficiente.

No he de extenderme en largas consideraciones para demostrar las ventajas de que aquella prueba se practique ante el Tribunal y en juicio oral. Basta un sencillo paralelo.

Por el sistema actual los peritos emitirán su informe, bien oral, bien escrito, y en el primer caso á escritura se reducirá también, y yo quiero suponer, y no es poco en muchos casos, la imparcialidad de sus dictámenes. La confesión en juicio se hará ante el Juez, trascribiéndose textualmente, y de igual modo las declaraciones de los testigos. Establecido el juicio oral, los peritos podrían dictaminar por escrito y ampliar en el acto del juicio sus dictámenes, contestando á las preguntas del Tribunal y de las partes; la confesión se realizaría en el mismo acto, contestando también á todas las preguntas que el Tribunal estimase pertinentes, y que garantizarían mejor la defensa de la parte confesante, puesto que tendría para contrarrestar la influencia de la contraria, la hábil dirección de su Letrado, que le preguntaría para que el Tribunal escuchase su contestación; por último, igual suerte correría la prueba testifical.

En el actual procedimiento, el juez que en primera instancia conoce del asunto, solo en raras ocasiones puede formar juicio bastante exacto de la prueba hablada, por escucharla él mismo, pues el mayor número de estas declaraciones es sabido que la reciben los escribanos, y aun algún oficial de estos; otras el Juez de la localidad donde reside el declarante, y á quien se dirije exhorto al efecto, y por tanto, casi siempre el juez que entiende en el asunto, vè y estudia escritas las declaraciones, confesiones ó dictámenes, y en ningún caso las escuchará el Tribunal que en apelación conozca del pleito.

Las declaraciones, suponiéndolas fiel trasunto de lo declarado, irán con la falta de expresión de lo que se habla, y el Tribunal nunca podrá obtener esa convicción moral que se forma por múltiples indicios en muchos casos, y que hacen
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dos, á los cuales se les atribuiría el conocimiento en única instancia, con solo el recurso de casación ante el Supremo en los casos que la ley determinase, de muchos de los asuntos encomendados hoy á las Audiencias de lo criminal. Quedarian suprimidos los derechos en estos Tribunales, cuyos funcionarios pertenecerían al orden judicial, en sus escalas inferiores.

Se suprimirían también los llamados únicamente jueces de primera instancia, siendo reemplazados por la ampliación de atribuciones en los de instrucción. Los magistrados de los distintos tribunales ó salas que se establecieran para conocer en única instancia de los pleitos, tendrían todos igual categoría, salvo los de Madrid, que la gozarían superior, y para el ascenso á jueces de estos Tribunales, se prescribiría como indispensable el ejercicio por seis años á lo menos en los Tribunales Municipales ó en otras categorías inferiores.

Expuesto lo precedente, veamos cuál podría ser el nuevo procedimiento. Las demandas se presentarían á los Jueces instructores, y estos emplazarían al demandado, dándole traslado para contestar. En la demanda, á más de los puntos de hecho y los fundamentos de derecho y petición clara y terminante, se pediría el recibimiento á prueba si se estimaba oportuno, y se expresaría toda la que se deseaba practicar. Asimismo, el demandado al contestar, propondría toda la prueba que estimase pertinente. El juez aceptaría ó rechazaría la prueba propuesta; si la rechazaba, y la parte lo pedía en el acto de notificársele el auto, remitiría de oficio los autos al Tribunal que había de conocer del pleito, el cual en un plazo que no podría exceder de cinco días, resolvería sin ulterior recurso la pertinencia de la prueba.

Si el demandado formulaba reconvención, se daría traslado de ella al demandante, para que la contestase, y se le admitiría proponer nueva prueba, solo sobre ese punto.

Aprobada ya, se mandaría practicar, haciéndose por el Juez de oficio la petición de aquellos documentos que por su carácter oficial las partes no pudiesen adquirir.

Recibida toda la prueba documental y escrita, así como
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III

Rechazados los principales argumentos que á la única instancia y al juicio oral se oponen, veamos cuál sería el procedimiento.

No es posible formular en este estudio, proyecto de bases para una ley de enjuiciar; pretensión desmedida sería que no me permiten, ni mis conocimientos, ni mi escasa práctica, ni los estrechos límites de este trabajo.

No puedo entrar á examinar las distintas clases de juicios, para ver si encajan en el oral con más ó menos limitaciones; por eso al principio dije que el procedimiento no se había de entender por fuerza adaptable á todas las cuestiones de derecho que se suscitasen, sino que en algunos casos la ley había de establecer modificaciones ó restricciones, aunque procurando inspirarse siempre en la mayor oralidad posible, dando con esto una idea del espíritu que había de informar el nuevo procedimiento, y de que aunque no las planteara, no desconocía en absoluto las diferencias por su índole especial, de algunos asuntos con los generales.

Claro está que esta reforma de la única instancia y el juicio oral en lo civil, trae consigo aparejada la reforma en la ley orgánica. Por las razones antes expuestas, no he de entrar en detalles que á ella hagan relación, pues esto me traería á tener que tratar la división territorial, la organización de los nuevos Tribunales, su competencia para conocer de determinados asuntos, y otras múltiples cuestiones, que aun dando á este trabajo mucha mayor extensión, no podrán encontrar debido exámen.

Diré, sin embargo, para alguna inteligencia del sistema que defendido, que los actuales jueces ó Juzgados Municipales, deberían ser sustituidos por tribunales municipales colegia-
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dos, á los cuales se les atribuiría el conocimiento en única instancia, con solo el recurso de casación ante el Supremo en los casos que la ley determinase, de muchos de los asuntos encomendados hoy á las Audiencias de lo criminal. Quedarian suprimidos los derechos en estos Tribunales, cuyos funcionarios pertenecerían al orden judicial, en sus escalas inferiores.

Se suprimirían también los llamados únicamente jueces de primera instancia, siendo reemplazados por la ampliación de atribuciones en los de instrucción. Los magistrados de los distintos tribunales ó salas que se establecieran para conocer en única instancia de los pleitos, tendrían todos igual categoría, salvo los de Madrid, que la gozarían superior, y para el ascenso á jueces de estos Tribunales, se prescribiría como indispensable el ejercicio por seis años á lo menos en los Tribunales Municipales ó en otras categorías inferiores.

Expuesto lo precedente, veamos cuál podría ser el nuevo procedimiento. Las demandas se presentarían á los Jueces instructores, y estos emplazarían al demandado, dándole traslado para contestar. En la demanda, á más de los puntos de hecho y los fundamentos de derecho y petición clara y terminante, se pediría el recibimiento á prueba si se estimaba oportuno, y se expresaría toda la que se deseaba practicar. Asimismo, el demandado al contestar, propondría toda la prueba que estimase pertinente. El juez aceptaría ó rechazaría la prueba propuesta; si la rechazaba, y la parte lo pedía en el acto de notificársele el auto, remitiría de oficio los autos al Tribunal que había de conocer del pleito, el cual en un plazo que no podría exceder de cinco días, resolvería sin ulterior recurso la pertinencia de la prueba.

Si el demandado formulaba reconvención, se daría traslado de ella al demandante, para que la contestase, y se le admitiría proponer nueva prueba, solo sobre ese punto.

Aprobada ya, se mandaría practicar, haciéndose por el Juez de oficio la petición de aquellos documentos que por su carácter oficial las partes no pudiesen adquirir.

Recibida toda la prueba documental y escrita, así como
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los dictámenes de los peritos en su caso, el juez pasaría los autos á las partes, para que, sin razones ni fundamentos, formulasen un escrito con las conclusiones que, estimando á su juicio probables ante el Tribunal, pensasen defender en su informe oral.

Devueltos los autos al Juzgado con los escritos de conclusiones, este de oficio los remitiría al Tribunal. Este señalaría en el momento de recibir el pleito, día para el juicio, con arreglo al turno llevado en registro, que sería público, mandando citar para dicho día á las partes ó sus representantes, y á peritos y testigos, y entregando los autos al Magistrado ponente, hasta el día de la vista. Celebrada esta, el Tribunal dictaría sentencia, contra la cual solo procedería el recurso de casación, en los casos taxativamente marcados en la ley.

En el Tribunal Supremo se suprimiría el trámite de la admisión, y las salas respectivas conocerían desde luego del asunto, rechazándolo si lo creían inadmisible, ó fallando sobre el fondo si lo estimaban procedente. Aun dentro de este mismo recurso, se procuraría abreviar sus trámites.

En cuanto á los juicios universales, ó algún otro de índole especial, la ley procuraría abreviar su tramitación, utilizando todo lo posible las comparecencias y juntas de los interesados.

En los incidentes, sobre todo aquellos que suspendiesen el curso del pleito, solo se admitiría un escrito muy breve promoviéndolo, un plazo muy corto para que la otra parte se opusiera, y el juicio oral, procurando en aquel, los que necesitasen prueba, limitar el plazo para practicarla todo lo que su índole lo permitiese. Por último, los plazos que la ley señalase serían improrrogables.

Estas pudieran ser las líneas generales del nuevo procedimiento, en el cual, demostrado como queda ya que la probanza sería aún más terminante que la practicada hoy, tendría á más la ventaja de que la sentencia se obtendría en breve plazo, y que para el acierto del fallo, nada que fuese útil se habría suprimido, pues de los escritos de réplica y duplica, no
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creo se espere nada, toda vez que solo sirven para que cada parte insista en nuevo y más detallado escrito en sus respectivos puntos de vista.

Desearía puntualizar algo más el sistema, pero la extensión de lo ya escrito no me lo consiente, tanto más cuanto que deseo antes de terminar este trabajo, decir algo sobre la independencia del poder judicial.

IV

De todos es sabida la relación íntima de la política con la administración de justicia; todos conocen las complacencias á que muchas veces se vé obligado un juez si no quiere sufrir injustos retrasos en su carrera, y nadie ignora las vejaciones que soporta en alguna ocasión cuando viendo la exigencia de alguna monta, no ha querido doblegar á ella su conciencia y rectitud. Los mismos funcionarios dignísimos de nuestros tribunales, se quejan del número de recomendaciones que á ellos llegan, privándoles, ya que no se dejen seducir, de la serenidad de espíritu que necesita aquél que debe dar á cada uno su derecho, colocando siempre su dictamen en el fiel de la balanza. Se habla y se suspira porque la responsabilidad judicial no sea una ilusión, para que así pueda también establecerse la independencia de ese poder, pero no parece sino que la montaña es inaccesible cuando poco ó nada se ha hecho en la materia.

Yo sería partidario de que los jueces fueran no solo inamovibles sino fijos, es decir sin ascensos posibles, teniendo en cambio una remuneración tan crecida, que les permitiese una independencia absoluta por el bienestar que les proporcionase; remuneración que á semejanza de lo que se hace en Inglaterra fuese proporcionada á los rendimientos de un buen bu-
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fete de la localidad. Estos jueces serían electivos, con mandato limitado, y se elegirían entre los que reuniesen determinada edad y condiciones, que acreditasen su competencia.

El cuerpo electoral lo compondrían los propietarios grandes ó pequeños de la circunscripción donde fueren á desempeñar sus funciones, y su separación del cargo solo podría tener lugar mediante renuncia á causas debidamente acreditadas y juzgadas por Tribunal idóneo, elegido para aquel acto por los mismos electores que nombraron al juez. Además de esto, para ser proclamado juez, se necesitarían á lo menos las tres cuartas partes de los votos emitidos.

No creo que estos electores, que estaban siempre expuestos á ser juzgados por aquellos hombres en asuntos que tan directamente hablan de afectarles, cediesen en la emisión de sus votos á otros móviles que su propia confianza en las cualidades que adornasen á aquellos futuros juzgadores.

Considero que sería digno del cargo aquel á quien una mayoría tan numerosa estimara apto y depositara en él su confianza, y no creo por otra parte que aquel hombre que nada había de esperar de los poderes públicos, puesto que allí terminaba su carrera, que había llegado á la edad en que las ilusiones han muerto, y la esperanza queda reducida casi á la tranquilidad, y que al mismo tiempo disfrutaba de un sueldo que le permitía, no sólo el bienestar para él y su familia, sino probablemente el ahorro, y que mediante su buena conducta y rectitud podía aspirar á la reelección; no creo, repito, que este juez pudiese nunca prevaricar, ni ceder á otras influencias que las ordenadas por su recta conciencia; serían, ó mucho me engañó, de una perfecta imparcialidad, y en cambio ¡qué hermosa aproximación á la idea del pueblo, administrándose justicia á sí mismo!

Pero ésto es un ideal, ideal que no permite el estado económico de nuestro país, hoy por hoy, no acaso en mucho tiempo, por no poder pagar esas crecidas remuneraciones. Pero si esto no puede plantearse ¿no puede hacerse nada que se le aproxime? Yo creo que sí.
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Álgo podríamos acercarnos á la independencia de ese poder, si tuviese un jefe independiente de toda relación política. La idea no es mía, algo ha dicho sobre ella un distinguido jurisconsulto, D. Antonio Aguilar; yo la arrojo y la defiendo. La administración de justicia debiera estar regida por un Jefe que lo fuera de un poder independiente de los demás poderes.

A dicho cargo sólo podría llegarse después de los cincuenta y cinco años, habiendo ejercido por más de veinte la abogacía ó la magistratura, no teniendo una sola tacha en su carrera, y reuniendo alguna otra condición que la Ley previamente determinase.

Disfrutaría dicho cargo de sueldo superior al de un Ministro de la Corona, no tendría relación ninguna con éstos, regentaría toda la organización interna de la administración de justicia, conocería en única instancia ó en apelación de los juicios de responsabilidad de los funcionarios, según sus categorías, y propondría directamente á las Cortes las reformas necesarias.

El cargo sería electivo por cinco años prorrogables por otros cinco, mediante reelección. A la elección concurrirían los Magistrados, Fiscales ó Jueces que llevaran á lo menos diez años en la carrera, y comisiones de los Colegios de Abogados, que cada uno de sus individuos llevaran otros diez de ejercicio de la profesión. La responsabilidad le sería exigida en el momento en que cualquier ciudadano lo solicitase del Presidente del Tribunal Supremo.

Este, sin más trámite, y por ministerio de la Ley, convocaría al mismo cuerpo electoral que nombró al jefe, cuyo cuerpo votaría once individuos con determinadas condiciones, que constituidos en Tribunal juzgarían al delincuente é impondrían fuerte penalidad al denunciante si el hecho resultaba calumnioso. Todas las actuaciones de este Tribunal serían públicas.

El cargo á que me refiero, una vez ejercido, imposibilitaría para todo cargo político.

Y repitiendo la argumentación que antes hice ¿no parece
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con Grimaldi de que Montmorin le acusa: constan tan sólo la amistad e influencia que con el Príncipe de Asturias tenía, y el apoyo que prestó á los deseos y causa del Canónigo Pignatelli. Su cualidad de extranjero, y de extranjero en el poder, hizo siempre á Grimaldi odioso al pueblo de Madrid, y cuando el célebre motín de Esquilache, después que los amotinados invadieron y destrozaron la casa de éste, que era la muy conocida de las siete chimeneas, corrieron á la de su paisano Grimaldi para hacer lo mismo, sin necesidad de que les guiase Villahermosa. Júzguese si las iras que produjo en las turbas la noticia del desastre de Argel, de que realmente eran responsables Grimaldi y O'Reilly, no pudieron ser causa espontánea de aquellos nuevos excesos contra el antipático ministro italiano. Es, pues, más que probable, que algún gotilla chismoso, enemigo de Villahermosa, inspiró su nota al Conde de Montmorin, si no es que se la inspiraron á él mismo, los malos ojos con que debió mirar el apoyo prestado por el Duque á un hombre como el Canónigo Pignatelli, de carácter e ideas tan contrarias á la revolución. Porque ha de tenerse en cuenta que Montmorin era sujeto de perversas ideas y malas intenciones; considerado en su patria como traidor, así por los aristócratas, que eran los suyos, como por los revolucionarios á quienes se allegó después, por simpatías ó fatal cálculo, pertenecía, aun siendo ministro de Negocios extranjeros, al Club francmason de la Propaganda, que tenía por objeto, como dijimos antes, no sólo consolidar la revolución en Francia, sino hacerla estallar en los demás pueblos de Europa y derribar todos los gobiernos existentes. Presidía este Club el Abate Siéyes, y formaban parte de él Petión y Robespierre (1). Montmorin pagó sus yerros muriendo asesinado en la Abadía, en la horrible matanza del 2 de Septiembre.

Dos sucesos de grande importancia para la Duquesa de Villahermosa, vinieron durante este periodo de tiempo á sacarla al fin del retraimiento en que vivía desde la muerte de

(1) Deschamps.—Les Sociétés secrètes y la Société, t. II, cap. VI, pág. 139.
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que el hombre que en esas condiciones y á esa edad ocupase cargo tan augusta, habia de proceder con arreglo á la más estricta justicia, y que regulando los ascensos y recompensas habia de proporcionar á los jueces la confianza en su apoyo é imparcialidad, y por consiguiente la independencia para bien juzgar?

La exposición de todas estas cuestiones y puntos es vastísima; todo lo procesal y administrativo de nuestra justicia, tiene relación con esta materia y no he podido hacer otra cosa que apuntar las ideas, dibujar en líneas generalísimas lo que es mi pensamiento, y sostener que imponiéndose una gran reforma en nuestro enjuiciar, solo con las trascendentales que dejo apuntadas, se podrá á mi juicio borrar los vicios capitales de que hoy adolece nuestra administración de justicia.

Termino declarándome acérrimo partidario de la única instancia y el juicio oral en lo civil, y espero confiado en que los gobernantes, atraídos algún dia por las irradiaciones hermosas de ese faro que tanta luz ha de arrojar sobre la administración de justicia, se decidan á implantar la reforma que ha de acarrearles el aplauso unánime de la opinión y del país.

FRANCISCO MOLERO LEVENFELD.