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negocios públicos; de manera que, no pudiéndolo hacer por sí, á causa de enfermedades ó de otro accidente, se valiera de una ó más personas de su satisfacción y de inteligencia, confiriéndoles la correspondiente autoridad para aquel objeto»; pero no añadian que Felipe debiera volver al trono, y se limitaban á relevarle de la obligación de mantener á los tutores nombrados, y facilitar con esto su gobierno con el carácter de Regente ó de Administrador.

La respuesta del Consejo de Castilla fué más resuelta, explícita y conforme con los deseos de la Reina y de sus auxiliares. Expresaba: «que según el actual sistema, y en observancia de las leyes, S. M. debía volver á ocupar el trono. Que no podía suceder Don Fernando sin nueva Renuncia, desnudándose con ella S. M. del dominio para transferirle al Infante, e cual no podía entrar en la posesión de los reinos si primero no era declarado y jurado Rey, y consiguientemente á esto quedando S. M. enajenado del dominio de la Corona y de la Administración de la Monarquía.» Paréceme indiscutible la última proposición del Consejo; mas la de que el Infante Don Fernando no pudiese suceder sin nueva renuncia, se me antoja en extremo sutil, una vez admitida, como lo estaba por el Consejo, la validez de aquel documento. ¡Cuán distinto hubiese aparecido todo si la renuncia de Felipe V, aunque lícita y libre, hubiese sido hecha en Cortes ó aprobada por ellas! ¿Por ventura no habían sido convocadas trece años hacia para modificar con su concurso la ley de sucesión á la Monarquía? El propio Consejo de Castilla, que tan poca memoria solía hacer de las Cortes, totalmente decaídas desde que la Reina Doña Mariana de Austria, durante la menor edad de Carlos II, les dió el último golpe pidiendo directamente á las ciudades que tenían voto la aquiescencia á la continuación del servicio de Millones, ese mismo Consejo de Castilla en la segunda exposición al Rey, de que pronto hablaremos, sienta resueltamente la opinión de que las Cortes debieron ser consultadas por Felipe V antes de renunciar, y de que la omisión de este requisito bastaba para invalidar el acto.
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Llama también la atención, que en ninguna de estas consultas ni sucesos figure una entidad política que durante el período austriaco desempeñó gran papel y tuvo influencia decisiva en los asuntos públicos, y que, si bien decaída, siguió figurando en los primeros tiempos del actual reinado. Aludo al Consejo de Estado, no suprimido en derecho en 1724, pero que de hecho quedara reducido á la nulidad bajo el despótico gobierno del Cardenal Alberoni.

Respuestas disconformes, como lo eran la de la Junta de teólogos y la del Consejo de Castilla, por más que en algunos puntos concordasen y se completaran, no eran á propósito para desvanecer las dudas perpétuas, aun en casos menos graves, del Rey Don Felipe. Una Real orden, comunicada por el Ministro Grimaldo al Consejo, pregunta con claridad: «Si entiende el Consejo que el Rey no puede ser Administrador y tener el gobierno de la Monarquía sin ser Rey propietario y sin tener el dominio de la Corona.» «Quiere también el Rey, añade Grimaldo, que se le diga si, según lo expuesto y prevenido en la Renuncia, se perjudica al Infante Don Fernando en no declararle desde luego Rey y jurarle sólo de Príncipe. Asimismo quiere que el Consejo diga si, gobernando el Rey con el título de Gobernador, sin el de Rey y sin tener el dominio de la Corona, podrá excluir á los tutores ya nombrados, ó elegir otros en su lugar, ó dar otra providencia.»

De este modo precisada la cuestión, la respuesta que da el Consejo de Castilla es notable. Quizás en derecho y ante la lógica no sea del todo correcta, pero era política y tenía en cuenta el interés nacional de evitar una minoridad, agravada con la imperfecta, anacrónica y peligrosa forma de gobierno de los cinco tutores, y la coexistencia de dos Gobiernos, uno en Madrid y otro en Balsain, que en el reinado anterior acababa de verse.

Al primer punto de los propuestos, el Consejo responde: «No siendo V. M. Rey propietario en la especie que hoy se trata, tampoco puede gobernar, administrar ni regentar la Monarquía, con carácter de Regente ni con otro título.» Al se-
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gundo punto, ó sea al relativo á si se perjudica al Infante Don Fernando en no declararle desde luego Rey y en jurarle solamente de Príncipe, el Consejo replica: «que es impracticable la Renuncia, por estar incapacitado Don Fernando, menor de edad, para su aceptación, no radicando, por lo tanto, en S. A. derecho en que poder ser perjudicado.» Bien se echa de ver que todo esto, aparte de la mezcla que ofrece del derecho público con el privado, es demasiadamente sutil y poco convincente. Adviértelo el Consejo y se apresura á añadir con valentía: «y últimamente, Señor, en lo respectivo de este punto, como en todos los demás que conducen al importantsimo fin de que V. M. reine, nunca pudiera haber dificultades que no las superara la suprema ley que intima el que prevalezca la salud pública de los reinos.»

Al tercer punto de la consulta de Grimaldo, sobre si, gobernando Felipe sin carácter de Rey, podrá excluir á los tutores ya nombrados ó elegir otros, la réplica del Consejo no nos parece mas clara, ni mucho mas fundada que las anteriores, pero inmediatamente añade con vehemencia: «V. M. está obligado, en justicia y conciencia, á entrar en el manejo del reino con el preciso carácter de Rey, deponiendo V. M. en el Consejo todos los escrúpulos en que, por ventura, el común enemigo procurara conturbar su real ánimo; siendo de sentir que, de cualquiera resolución, le deberá V. M. formar gravisimo, porque se apartará de la voluntad de Dios, que le puso el cetro en las manos, y faltará al reciproco contrato que, por el mismo hecho de jurarle Rey estos reinos, celebró con ellos, sin cuyo asenso y voluntad, comunicada en las Cortes, no pudo V. M., ni puede hacer acto que destruya semejante solemnidad.» Llega, pues, como vemos, á sostener el Consejo, que la renuncia de Felipe, para ser válida, necesitaba la aprobación de las Cortes, doctrina, en verdad, no muy común en aquel tiempo y propia de los modernos.

La conclusión de la consulta es perfectamente clara: «estos reinos, dice, están hoy sin Rey; los vasallos huérfanos, los tribunales suspensos, porque no tienen cabeza en cuyo nom-
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bre se puedan formar los despachos; y el perjuicio en la dilación es tan gravísimo, que apenas cabe en la explicación. «El remedio de todos estos daños consiste, solamente, en que V. M. resuelva: la necesidad insta por momentos; los españoles lo suspiran; la Europa lo aguarda con impaciencia; el Consejo ansiosamente lo pide, y solo resta que V. M. lo mande.»

La Junta de teólogos, á la que tambien se dirigiera Grimaldo para que ampliase ó explicase su primera respuesta, obedeció manifestando: «que tenía el Rey obligación grave, debajo de pecado mortal, de tomar el Gobierno ó Regencia del Reino: no habiendo considerado la Junta que en V. M. hay igual obligación á tomar la Corona, porque discurre gravísimos inconvenientes en que V. M. no entre en el Gobierno ó Regencia; los que discurre en volver á la Corona.» Respuesta, ciertamente, no muy clara cuanto á los términos; pero conforme con los antecedentes del caso. De todos modos, la opinión de los teólogos era mejor, á lo que se me alcanza, para una conciencia tan escrupulosa como la de Felipe, y la del Consejo era mejor para el bien público; y unos y otros estuvieron, en opinión mía, dentro de su papel y respondieron á lo que requerían las circunstancias y el interés nacional.

Mucho vaciló Felipe V. Comprendía la conveniencia de volver al trono, pero no se resolvía á ejecutarlo; las paces, aun no concluidas en Cambray, y la menor edad del Infante, pesaban mucho en su ánimo; las instancias de su esposa y de los altos dignatarios eran continuas y apremiantes. Su resolución no fué, en definitiva, la que quería el Consejo; tuvo también en cuenta, en alguna parte, la que proponían los teólogos, pero admitió la opinión de los últimos de que había cesado de obligarle el voto de 27 de Julio de 1720, y la del primero de que podía y debía volver á ocupar el trono. He aquí el texto del Real decreto en que Felipe V anunció la resolución á sus súbditos.

REAL DECRETO:

«Quedo enterado de cuanto el Consejo me representa por
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cias que pesan sobre nuestra sociedad moderna, para fotografiar la situación moral en que el mundo se encuentra y ocuparse de la asquerosa úlcera del suicidio, nos traza el siguiente cuadro: «Las doctrinas de muerte han producido ya su fruto; el mundo actual se abandona á inclinaciones que acaban de consumirle las fuerzas que le quedan. Las dos partes nobles de su alma están atacadas; está gangrenado su corazón y pervertida su inteligencia. De aquí viene el nuevo carácter del mal en nuestra época. Ha habido errores en todos los tiempos; pero desde que amaneció en el mundo el Evangelio, no se halla, sino en los siglos posteriores á la Reforma, que el error haya tenido apologistas entre unos hombres que siguen llamándose cristianos; que en el seno de las naciones católicas se hayan reconocido legalmente los derechos del error y que se haya glorificado el racionalismo, que es entre los errores el más monstruoso.

Los crímenes han sido calamidades de todos los tiempos; mas los crímenes sin remordimientos, la injusticia sin restitución, el escándalo sin expiación: mas la teoría del crimen, la apología del crimen, y el orgullo del crimen son triunfos que estaban reservados á la sociedad actual.»

Y un orador, célebre también y muy conocido de nuestros lectores, contestando no hace mucho tiempo en el Congreso al Sr. Pi y Margall, que acababa de llamar la atención de la Cámara sobre la inmoralidad que hoy se advierte en España y no obstante hacer valer el testimonio del Sr. Cánovas del Castillo que en la misma sesión afirmaba no haber comparación entre la inmoralidad del pueblo de Madrid, por ejemplo, donde va á parar lo peor de cada casa y la corrupción de París, Londres y San Petersburgo, decía: «Es cierto, señores Diputados, que en España y en el universo mundo, y donde quiera que haya hombres, ha habido, hay y habrá delitos, porque el hombre, después del pecado, nace inclinado al mal; pero en las épocas de mayor corrupción, no ya en la Era Cristiana, no ya desde que resplandece en el mundo la luz de la moral de Jesucristo, sino en los tiempos de la corrupción pugana,
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esta consulta y en la antecedente de 4 de Septiembre; y aunque Yo estaba en firme ánimo de no apartarme del retiro que había elegido, por ningún motivo que hubiese, haciéndome cargo de las eficaces instancias para que vuelva á tomar y encargarme del Gobierno de esta Monarquía como Rey natural y propietario de ella, insistiendo en que tengo rigurosa obligación de justicia y de conciencia á ello: He resuelto por lo que aprecio y estimo el dictamen del Consejo, sacrificarme al bien común de esta Monarquía por el mayor bien de sus vasallos y por la obligación que absolutamente reconoce el Consejo que tengo para ello, volviendo al Gobierno como tal Rey natural y propietario de ella y resérvandome, si Dios me diere vida, á dejar el Gobierno de estos reinos al Príncipe mi hijo cuando tenga la edad y capacidad suficiente y no haya graves inconvenientes que lo embarazaren: y me conformo en que se convoquen Cortes para jurar por Príncipe al Infante Don Fernando».

Prevaleció, como veís, Sres. Académicos, el dictamen del Consejo de Castilla, pero no en todas sus partes, pues Felipe V se reservaba el hacer nueva renuncia en el Infante Don Fernando, no para cuando alcanzara la mayor edad, que era, á mi juicio, lo que en rigor procedía, «sino para cuando tuviese la edad y capacidad suficiente y no hubiese además grandes inconvenientes que lo embarazasen.» Que fué, en verdad, todo aquel reinado, hasta la muerte de Felipe V en 6 de Julio de 1746, y fué también para aquel monarca lucha perpetua con su conciencia, y lucha asimismo perpetua, triste es decirlo, con su esposa Doña Isabel de Farnesio, á partir del día en que el Príncipe cumplió los catorce años.

Conforme á lo que en el anterior decreto se prevenía, fueron convocadas para Madrid, y para el 1.º de Noviembre de 1724, Cortes del Reino, con objeto de jurar Príncipe de Asturias á Don Fernando. Reunieronse, en efecto, en la iglesia de San Jerónimo el 25 de Noviembre, y procedióse á la jura: acto y fecha memorables, porque fué la vez primera que se vieron juntos todos los reinos y ciudades con voto en Cortes de
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España, figurando entre aquéllas Barcelona, Gerona, Valencia, Palma de Mallorca, al lado de Burgos, León y Toledo. En 2 de Diciembre quedaron disueltas las Cortes, sin llegar á tratar otros asuntos más que el de la Jura. ¡Cuán distinta hubiese sido la suerte de España si ese suceso de la reunión de unas Cortes verdaderamente nacionales acaeciera en 1474, al unirse bajo Fernando e Isabel las Coronas de Aragón y de Castilla!

V.

Ignorados hasta nuestros días los votos, cuyo texto en la primera parte de este Discurso he reproducido, y siendo sorprendente, tanto como misterioso, el hecho de la renuncia de Felipe V, no es extraño que algunos historiadores se equivoquen mucho al explicarlo. El inglés W. Coxe, que ha sido, por decirlo así, el texto casi único que durante medio siglo sirvió en España para dar á conocer el advenimiento de la Casa de Borbón, en el capítulo que en su volumen III dedica á examinar las causas de la renuncia, incurre en errores que, siquiera sea brevemente, precisa refutar, porque han logrado gran séquito.

No suele ser parcial el Archidiácono Coxe, con una sola excepción; cuando se trata de la religión católica ó de dignatarios de la Iglesia, como los Cardenales Pontocarrero y Arias. Descúbrese también ahora al escritor protestante, viéndole consignar como la primera de las causas de la Renuncia de que tratamos: «El carácter de Felipe, mezcla, añade, de superstición y de egoísmo, de indolencia y de ambición.» Mucho habría que decir acerca de esto, y me va faltando ya espacio para la réplica; diré solamente que en vez de superstición debe, en mi concepto, usarse de la palabra «austeridad», ó la de «ascetismo»; y que si bien Felipe V aparece indolente en algunos periodos de su reinado hasta llegar al año de 1725, ya he dicho que la publicación íntegra de su corres-
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pondencia le favorece mucho, y que para ser justo con él, el historiador necesita tomar en cuenta las largas y varias enfermedades que padeció.

Todavía menos admisible que la causa anterior es la que á continuación apunta Coxe, diciendo que aquel Rey creía que el testamento de Carlos II era injusto é ilegal. Puédese mantener resueltamente todo lo contrario. Opinión fué constante en el Gobierno y Corte de Versalles, en los de Madrid y en Felipe V, que las renuncias de las Infantas españolas, hechas al subir al trono de aquella nación, no eran válidas, pues el derecho á suceder no procedía de la sangre, ni de la herencia, ni del testamento, sino de la ley fundamental, que en Francia era la de los Sálios y en España las de Partida; y que, en todo caso, las renuncias no podían perjudicar en manera alguna, ni mermar en nada los derechos del sucesor. El propio D. Luis de Haro, Ministro de Felipe IV, al firmar en 1659 el Tratado de los Pirineos, expresaba: «que lo de renuncias era una pata rata». Conocía, á no dudarlo, Felipe V los libros del jurisconsulto de Strasburgo, Obrecht, del Regente de Santa Clara, Biscardi, de Fr. Benito Noriega, Obispo de la Zerra en Nápoles, y de otros jurisconsultos nacionales y extranjeros, los cuales, al comenzar el siglo XVIII, sostuvieron con los alemanes muy notable polémica jurídica acerca de aquel punto, y no podía menos de estar convencido del derecho con que ocupaba el trono de Carlos II; pero si algo fuese preciso para persuadírnos en tal materia, bastaría recordar la verdadera pasión de odio, bien correspondida en verdad, que profesó aquel monarca al que fué primeramente Archiduque Carlos y luego Emperador; el ansia con que en 1706, y arriesgando mucho, procuró cogerle prisionero en Barcelona; las guerras que en 1717 y 1733 sostuvo fuera de España, producto de aquella rivalidad, y cuanto perturbió la misma á Europa por espacio de cuarenta años, para comprender lo descaminado que va el Archidiácono Coxe al atribuir á Felipe V una opinión totalmente opuesta á la que profesó. Se ha dicho asimismo por otros autores, que el testamento de Carlos
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II fué supuesto, que no existió, y, por último, que había sido hecho en Versalles. Contra esta última opinión, en apariencia vulgar, juzgó preciso escribir todo un libro (sus célebres Memorias) el Ministro de Estado de Luis XIV, Marqués de Torcy. Entre los documentos procedentes del Archivo de Alcalá, en parte inéditos, de que me sirvo para este Discurso, figura uno que reproduczo en Apéndice (1), á saber: la Minuta del Secretario de la Cámara de Castilla D. Francisco Castejón, dirigida al Marqués de Mirabal, en la que aquel funcionario dice haber sido él quien redactara el testamento de Carlos II, el cual había sido llevado al Archivo de Simancas y se hallaba allí depositado.

Añade Coxe, que el Rey Don Felipe estaba convencido de que su renuncia al trono de Francia adolescía del vicio de nulidad. Bien puede creerse esto, porque desde el año de 1700, incurriendo el Gabinete de Versalles en error do perniciosas consecuencias, le reservó en instrumento público sus derechos á aquel trono, y porque Felipe V resistió más tarde la renuncia cuanto pudo, pretendiendo salvar los derechos de la naturaleza, como escribía á su abuelo; pero aunque firme y tenaz en lo que juzgaba su derecho, eso no quiere decir que en 1720, fecha del Voto, á la que debemos retrotraer el discurso, se propusiese renunciar á la Corona de España, por la que hiciera tantos sacrificios, solamente con el objeto de habilitarse para obtener la de Francia, muy incierta, como que la llevaba un jóven de quince años. Aparte de que, si estaba convencido Felipe V de la nulidad de su renuncia á la última, como opuesta á los derechos de la naturaleza, habrá que suponer, discurriendo con lógica, que no debía estarlo menos, y por igual motivo, de que no era válida la de su abuela María Teresa á suceder en el trono de España.

«Una fuerte predilección por su país natal» es otra de las causas á las que el historiador británico atribuye el acto de 10 de Enero. Tampoco puedo aceptar ese aserto sin restriccio-

(1) Apéndice núm. 2.
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nes. Mantuvo Felipe V con tenacidad sus derechos al trono de Francia, en caso de morir sin sucesión el joven Luis XV, con igual tesón al que mostró en el mismo caso el Duque de Orleans y al que hizo patente el Emperador Carlos VI, alterando la ley de sucesión en sus Estados á favor de su hija María Teresa; pero ya hemos visto que el primero de esos Príncipes había desde 1712 hecho voto de ser español; conocemos su carta al Papa, manifestando que en ninguna parte mejor que en España creía poder lograr su salvación, y estos datos convencen de que si, dado su carácter, no podía menos de resistir mucho el abandono de un derecho, perjudicando á sus sucesores, en cambio no hubo esa fuerte predilección á su país natal á que el citado escritor alude. Es cierto que el Duque de Saint-Simon, al narrar su embajada á España en 1722 y al trazar el cuadro de la Corte de Madrid, cuatro años después de aquella fecha, escribe de Felipe: «L’amour de la France lui sortait de partout,» á lo que Duclos añade: «il avait le cœur tout français»; mas nada tiene de extraño que, en ocasión en que se trataba de colocar á una hija en el trono francés, aquel Rey mostrase amor á su país natal. No es esto suficiente, en mi concepto, para borrar el recuerdo de 1710 y 1712, ni el de las frases, tan notables, de la carta al Papa, que reprodujo en otro lugar.

«Más de una vez, prosigue Coxe, tuvo Felipe la idea de dejar el trono. Durante los conflictos y las amarguras de la Guerra de Sucesión, estuvo tentado á abdicar á favor de su rival el Archiduque; pero su mujer, á quien amaba con pasión, y su Confesor, le disuadieron.» No necesitaba Coxe conocer la correspondencia íntegra de Felipe con su abuelo para evitar un aserto que en absoluto carece de fundamento; era suficiente la lectura de la misma correspondencia, extractada y publicada por Millot, con la cual Coxe compuso los dos primeros volúmenes de su obra citada.

La especie de que Felipe de Borbón estuvo alguna vez á punto de abdicar á favor del Archiduque, ni aun apoyada en las vacilaciones del Gabinete de Versalles, al negociar la paz,
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es admisible. No cabe duda en que el escritor inglés, al trazar aquel párrafo, acogió, sin acertar á precisarlos, rumores vagos, ni en que confundió fechas y sucesos. El proyecto de renuncia de Felipe al trono de España, no databa, como hemos visto, de la Guerra de Sucesión, sino de la guerra con Francia en 1719. Ni, por otra parte, necesitó abdicar en la primera de esas épocas para dejar de ser Rey; le bastaba acceder á las apremiantes instancias de su abuelo y del Gobierno de Versalles, que suspiraban por la paz; oír los consejos de Tessé en 1706, los de Noailles en 1710, eco el uno y el otro del Duque de Borgoña, de Mme. de Maintenon; puede decirse que del mismo Luis XIV. Felipe V no vaciló un momento, no pensó nunca en abdicar mientras duró la guerra; y esa firme resolución, secundada por el pueblo castellano, fué la que le valió el trono y la que constituye la gloria de su reinado.

«Halagaba á Felipe, prosigue Coxe, la idea de subir al trono de sus ascendientes, y con esa mira imaginó acallar los escrúpulos de su conciencia y evitar la oposición de las grandes potencias europeas, transfiriendo previamente la Corona de España á uno de los hijos de su primer matrimonio y renovando con esta ocasión las garantías para evitar la reunión de ambas Coronas en una misma cabeza». Esta opinión tiene muchos partidarios, es más verosímil que las anteriormente expuestas y precisa discutirla, siquiera sea con brevedad. Danle fuerza los preparativos de viaje á Paris, improvisados por los Reyes de España en las dos peligrosas enfermedades que padeció su sobrino Luis XV en 1725 y 1728; pero si bien Felipe V no era capaz, como hemos dicho, de renunciar á lo que juzgaba su derecho, basta considerar que el Voto, cuatro veces renovado, de desprenderse de la Corona, no es de ninguna de aquellas, sino de 1720, cuando aun vivían el Duque de Orleans y el Cardenal Dubois, y cuando las grandes potencias europeas se coligaban contra las pretensiones del Rey de España, para comprender que la causa verdadera de la renuncia no consistió en las aspiraciones del último al trono de Francia, sino en la disposición de su ánimo, quebrantado por las enfermedades, los escrúpulos y el ascetismo.