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tas, no más culpable que los otros, pero sí totalmente desvalido, á pesar de las disposiciones bien terminantes de las Cortes y del celo de los Diputados de Cádiz.

Estos, causados de pedir en vano, acordaron hacer una manifestación, y en la sesión del 10 de Marzo de 1822 se presentaron vestidos de riguroso luto, y presintiendo la famosa cuarteta de Zorrilla en Don Juan Tenorio, que compensa la pérdida de la existencia con la suntuosidad de la sepultura, consiguieron que las Cortes acordasen que en memoria de las víctimas se levantase en Cádiz un sencillo monumento «que trasmitiese á la posteridad el cruel sacrificio de los gaditanos inmolados en aquel infausto dia.»

Bueno fué la sepultura, porque fué en lugar sagrado; pero no ciertamente suntuosa, porque el sencillo monumento que quiso erigir á su costa el Diputado por Cádiz D. Javier Istúriz, á lo cual se opuso Argüelles, reivindicando para la patria este tributo, es la modesta lápida que el Ayuntamiento gaditano colocó sobre la sepultura de sus convecinos en la iglesia de San Felipe.

El tercero de los Ensayos sobre la política de España consiste en una carta á la Nación portuguesa sobre la Constitución española de 1812 y sobre los defectos que en ella se hallan. El asunto es, por tanto, español, pues que trata de cosas de España, por más que se dirija á un pueblo vecino aunque comprendido en la Península ibérica; pero no es, en verdad, de política Española. No deja, sin embargo, de tener interés para nosotros, ni en su tiempo carecía de oportunidad.

Consumada en España la revolución liberal de 1820, seguido este ejemplo en el reino de Nápoles, que proclamó nuestra Constitución gaditana, imitó poco tiempo después el ejemplo el vecino reino de Portugal, y bien puede decirse que nuestro Código de 1812 estuvo en vigor en aquel país, pues el Gobierno provisional le juró; las Cortes extraordinarias se eligieron por el método y procedimiento de las españolas al grito unánime de una Constitución tan liberal ó más liberal que la de España, y las bases del proyecto constitucional se elaboraron teniendo como plantilla nuestro Código sagrado.
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A este momento crítico se refiere la carta de Bentham, que recomienda las ventajas de las Constituciones antiguas, y aconseja á los portugueses que adopten en conjunto y sin detenerse demasiado la española en 1812.

No podía esperarse que un hombre tan descontentadizo de las obras ajenas como pagado de las propias, dejase de señalar defectos en una obra que, á mi juicio, tenía tantos, aunque seguramente no sean los que yo pudiera notar los mismos que señala el jurisconsulto inglés. Cuatro y no más eran las excepciones que hace Bentham á la adopción en masa ó en conjunto de la obra veneranda de los legisladores de Cádiz.

El primer defecto que nota es el que llama de la inmutabilidad, que supone á los legisladores infalibles: imputación injusta é inexacta sin duda; y más en boca de Bentham, que se envanece de cierta precisión casi matemática, pues la inmutabilidad, según el autor confiesa, no alcanza á período más largo que el de nueve años, ni la infalibilidad de los legisladores á mayor tiempo. Pero aún es más injusto el filósofo inglés en lo relativo á esta excepción; pues no se refiere, como expresa, á que ningún cambio pueda introducirse en la legislación en nueve años, sino que, como dice el art. 375: «Hasta que hayan transcurrido ocho años completos desde que la Constitución se haya puesto en vigor en todas sus partes, no podrá proponerse ningún cambio, ninguna adición y ninguna reforma en ningún artículo de ella.»

La inmutabilidad por ocho años en asunto tan importante no parece en verdad exagerado; lo que sí parece exagerado, nocivo y á todas luces inconveniente, es que la ley fundamental de un país pueda variarse con demasiada frecuencia. La inutilidad práctica del precepto sí que es evidente, pues quizá no haya nación alguna que haya cambiado más á menudo que España sus Constituciones inmutables.

Los Diputados elegidos para una Asamblea no son elegibles para la siguiente, es otro de los defectos que en la Constitución española señala Bentham, y con sobrado motivo, pues
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es preferible la continuación en el desempeño de la función legislativa al cambio forzoso de representantes, aunque el principio de la reelección haya dado origen á la institución del Diputado crónico.

Llama Bentham reposo forzoso ó sueño á la época que, según los artículos 106 y 107, debían vacar las Cámaras, pues que no podían permanecer abiertas más que tres meses, ó lo más cuatro. Grave defecto ese tan prolongado sueño, pero quizá no lo sea menos la locuaz actividad de nuestros tiempos; bien es verdad que no es tan lamentable el tiempo que se emplea, sino el que se pierde en las discusiones de las Cortes.

Es el último defecto ó excepción que Bentham señala la renovación bienal de los Diputados. No indica claramente el tiempo que debiera durar el mandato electoral; pero evidentemente le parece demasiado largo el de dos años, pues asegura que el único motivo de establecerlo fué la existencia de territorio español en Ultramar, inconveniente grave del que se vió libre Portugal por la insurrección del Brasil. No me parece á mi largo, sino extremadamente angustioso el plazo, y más les parecerá á los electores honrados, afligidos como lo están ahora con demasiado repetidas elecciones políticas.

No tenía más defectos la Constitución del año 12, á juicio del fundador de la moderna escuela utilitaria. Algunos más y más graves debía tener, pues la portuguesa perfecta, como purgada de ellos, no subsistió más largo tiempo que la imperfecta de donde había salido, y es que las Constituciones no pueden juzgarse por el solo criterio científico, porque la experiencia dice con ejemplos elocuentes que las Constituciones como la del 12 en España, la de 1822 de Portugal y otras semejantes en épocas posteriores de ambos países, como son de papel, se las lleva el viento fácilmente.

Como asunto completamente independiente y no formando parte de los Ensayos sobre la política de España se encuentran las siete cartas dirigidas al Conde de Toreno sobre el proyecto de Código penal de 1821. Sin embargo, el asunto, y
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sobre todo el modo conque se desarrolla, está evidentemente relacionado con el estado político de nuestro país, al menos tanto como el mensaje sobre establecimiento de una Cámara alta y el exámen de la causa formada con motivo de los sucesos de 10 de Marzo en Cádiz.

Tanto en estas cartas al Conde de Toreno como en los Ensayos se nota el mismo defecto. Cuando Bentham quiere hablar como político, esto es, teniendo en cuenta los hechos y las circunstancias que pueden modificar los principios absolutos, manifiesta el más profundo desconocimiento del país para quien escribe, á pesar de haber sido objeto de sus trabajos la influencia que el lugar y el tiempo ejercen en derecho positivo y haber formulado reglas sobre el modo de trasplantar, según él dice, la legislación de un pueblo á otro diferente.

Recordaráse seguramente que en el curso de las sesiones de las célebres Cortes de Cádiz se designaron diversas Comisiones para la formación del Código civil, del penal ó criminal, de procedimientos y otras varias. Que en el estado en que la patria se encontraba en aquellas circunstancias no podrían producir resultado eficaz tales Comisiones no hay para qué decirlo: fué su nombramiento la expresión de un deseo fuertemente sentido y como un programa de las tareas legislativas que debían ocupar á las Cortes cuando tuvieran tiempo para ello.

Pero reunidas de nuevo en 1820 no faltó quien lo recordase, y en la sesión de 22 de Agosto de 1820, el Presidente, á quien entonces correspondía esta facultad, designó para constituir la Comisión del Código criminal á los Sres. D. Francisco Martínez Marina, D. José María Calatrava, D. José Manuel de Vadillo, D. Joaquín Rey, D. Andrés Crespo Cantolla, don Franciso Javier Caro, D. Lorenzo Rivera, D. Alvaro Flores Estrada y D. Miguel Vitorica.

Era la vez primera que sin precedente alguno, sin proyecto presentado por el Gobierno, sin trabajos preparatorios que merezcan la pena citarse, se intentaba la codificación del
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derecho penal, que había experimentado en cuanto á las ideas una transformación tan radical y profunda, que no puede compararse con ninguna otra rama de la legislación. Sin embargo de esto y de no ser los tiempos suficientemente tranquilos para la labor legislativa, en sesión de 21 de Abril de 1821 se dió lectura del proyecto de Código, seguramente no inferior á los existentes en su tiempo y quizá superior en algunos puntos de importancia al actual.

Proponía la Comisión que el Gobierno remitiese ejemplares impresos á las Universidades, Tribunales, Colegios de Abogados del Reino, para que en el término que mediase hasta el mes de Julio dirigiesen á la Comisión las observaciones que sobre el particular se les ocurriesen y que en la Gaceta se invitase á todos los literatos y personas instruidas á que hiciesen lo mismo, pues la Comisión, dice el anuncio, recibirla con placer y hasta con reconocimiento cuantas objeciones y advertencias se hiciesen ó remitieran, comprometiéndose á dar cuenta á las Cortes. En la segunda y tercera lectura del proyecto, que entonces se hacía en conciencia, á juzgar por lo que los Diarios de las Sesiones consignan, se invirtió el tiempo marcado para hacer observaciones, y á propuesta de Calatrava se amplió el plazo hasta el 15 de Agosto.

A la actividad verdaderamente-extraordinaria de las Cortes correspondieron las Corporaciones y los particulares: y en 31 de Octubre de 1821 la Comisión se hizo cargo de los informes emitidos por diez Tribunales, doce Universidades, ocho Colegios de Abogados y hasta diez particulares, siendo de notar que entre los informantes se encontraba la Asociación de farmacéuticos de Barcelona.

Desgraciadamente, estos informes se han perdido y sólo se conservan impresos los de las Corporaciones que acordaron darlos á la estampa. Trasladadas las Cortes á Sevilla en 1823 con motivo de la intervención francesa que entonces amenazaba, debieron llevar allí gran parte del archivo en el que dichos informes figuraban. Algunos, como el del Colegio de Abogados de Madrid, se sabe que obraba en poder de D. Mel-
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chor María de Arraya, salvado del pillaje que sufrieron varias oficinas del Gobierno en la época de la brusca desaparición del régimen constitucional. Sin duda que otros corrieron igual suerte y no tuvieron igual fortuna. Sin embargo, con motivo de haberse nombrado en 5 de Septiembre de 1836 por la Reina gobernadora una Comisión bajo la presidencia de D. Miguel Antonio Zumalacárregui, Ministro del Tribunal Supremo, encargada de revisar los trabajos hechos en diferentes épocas sobre los Códigos penal y de procedimientos criminales y proponer á las Cortes lo que juzgase oportuno, se averiguó que la mayor parte de los documentos relativos al Código penal de 1822 se hallaban en la secretaría de las Cortes. Así era en en efecto, y en el Ministerio de Gracia y Justicia existe un recibo firmado por el Secretario de la Comisión codificadora, D. Manuel de la Fuente Herrero, de los documentos que se le entregaban, entre los cuales figuraban los informes de varias Universidades, los de diferentes Colegios, Tribunales y particulares, aunque no todos los que informaron en 1821. Desde entonces desaparece todo rastro que pueda conducir al hallazgo de tales informes, ó al menos yo no he tenido la fortuna de dar con él.

Si las Cortes hubiesen accedido á la pretensión de algunos Diputados que solicitaban que se imprimiesen, no lamentaríamos hoy la pérdida de unos documentos que si algunos, como manifestó el Diputado por Salamanca, Martel, no eran dignos de fatigar las prensas, otros lo eran en alto grado y todos ellos revelaban las doctrinas penales de aquellos tiempos, la opinión de los doctos y los hombres prácticos sobre el derecho penal, y constituían un monumento casi único para juzgar del estado de la Nación en una época muy digna de estudio. Si todavía hay medio de recuperarlos, no sería tarea impropia del Ministro de Gracia y Justicia que lo intentase, y si se han perdido definitivamente, sería obra meritoria el solicitar de las Corporaciones y Tribunales que informaron, una copia del original si por acaso la conservan.

Cuando de esta manera pública y por la Gaceta se recla-
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de cuyo Cuerpo llegó á ser consultor. Fué subinspector del Cuerpo de Sanidad Militar y sirvió en el Ejército del Norte en la guerra civil. Más tarde fué inspector del antedicho Cuerpo, médico de Cámara del Regente del Reino, duque de la Victoria, académico y notable escritor profesional.

FRANCISCO FABRA Y SOLDEVILLA. Después de terminar una brillante carrera de Filosofía y Medicina; de viajar mucho y de aprender varios idiomas, fué nombrado médico militar en la época de la guerra de la Independencia. Fué vicepresidente de la Academia de Medicina y escribió acerca de esta facultad y de otras materias, especialmente militares.

JOSÉ MARÍA SANTUCHO. Viceconsultor del Cuerpo de Sanidad Militar. Escribió acerca de asuntos que con este Cuerpo se relacionaban.

JOSÉ MANUEL CAPDEVILA. Primer médico cirujano de la Guardia Real de Infantería, cirujano mayor honorario del Ejército y académico de la de Barcelona.

FRANCISCO BORRÁS. En 1765 fué nombrado cirujano del Regimiento de Alcántara, después consultor y cirujano mayor del Cuerpo de Granaderos. En 1782 pasó al sitio de Gibraltar, asistiendo en el campamento, y obtuvo título de cirujano honorario de Cámara. Escribió de Medicina.

ANTONIO HERANDEZ MOREJÓN. Este distinguido médico, filósofo e historiador de la Medicina, fué también médico militar en Mahón. Resentida su salud, se retiró á Soria, donde ejercía su profesión al estallar la guerra de la Independencia, y fué nombrado director de los Hospitales de aquella capital, y del de la cuarta división del Ejército del Centro.

En Cuenca, y cuando se hallaba enfermo de la fiebre tifoidea, que diezmaba el Ejército, cayó prisionero de los franceses, teniendo la suerte de curarse y poder evadirse.

Pasó al Reino de Valencia y se le encargó de prestar iguales servicios á los que había prestado en el Ejército del Centro.
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maba la cooperación de toda persona culta á la obra legislativa, el Sr. Conde de Toreno, uno de los Diputados más influyentes, creyó que podría llegar un nuevo elemento de cultura recabando la opinión del entonces celeberrimo jurisconsulto Jeremias Bentham, que tanto interés y cariño había manifestado á la Nación española en el mensaje que dirigió á las Cortes remitiendo alguna de sus obras por intermedio de D. José Joaquín de Mora, y que se leyó en la sesión de 20 de Octubre de 1820, haciendo mención en el acta de ese día después de tributar merecidos pero no escasos elogios á su autor.

Parece que el Conde de Toreno cultivó la amistad de uno de los más íntimos amigos de Bentham, John Bowring. A él se dirigió rogándole le entregase una carta, con la que le enviaba el proyecto impreso del Código penal, y le suplicaba dirigiese las observaciones que juzgase oportuno, pero siempre antes del 15 de Septiembre. Contestó Bentham no con una carta, sino con siete extensísimas, la primera en 25 de Abril y la última en 2 de Noviembre de 1821, es decir, que las observaciones de Bentham se recibieron cuando la Comisión se había hecho cargo y dado cuenta á las Cortes de los informes de los Colegios de Abogados, Tribunales, Universidades y particulares y poco antes de dar comienzo la discusión del Código. Esto y el estar dirigidas las cartas al Conde de Toreno como particular, puede explicar el que no se comprendiese á Bentham entre los informantes, y el tono general con que están escritas, nada lisonjero para la Comisión, justificar en cierto modo que no se hiciese mención en la discusión, y hasta la conducta del Conde de Toreno, que cuida Bentham de consignar en la nota final á los Ensayos sobre la política de España.

Como si la suerte se ensañara contra todo lo que hace relación al Código de 1822, las cartas originales de Bentham tampoco se encuentran entre los papeles del Conde, que obran en poder de su hijo, ni ha sido posible encontrarlas traducidas al español ni noticias acerca del aprecio que merecieron en España. Quedamos ó al menos quedo yo reducido al mero conocimiento del texto de las propias cartas.
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Ignoro lo que esperaría del jurisconsulto inglés el ilustre prócer elegido por el pueblo para representarle en la Cámara. Como no pecaba de inocente, bien pudo figurarse que no recibiría ni observación ni esclarecimiento ni auxilio que en el estado que tenía el asunto fuesen muy útiles y prácticos. El Conde de Toreno no podía ignorar que Bentham, que tenía la modesta aspiración de ser un legislador universal, había escrito una carta que fué entregada por D. Diego Colón al señor Canga Argüelles ofreciéndose á redactar todos los Códigos que la Nación española necesitase. No era maravilla que supiese que el señor Canga Argüelles le contestó en 20 de Febrero de 1821, colmándole de elogios, pero diciéndole que había entregado la misiva al Ministro de Gracia y Justicia, á quien «correspondía entender sobre el objeto de ella para que acordase con S. M. lo que estimase propio.» Preguntar, por consiguiente, á quién se creía capaz de redactar todos los Códigos, aunque no estuviese dotado de la soberbia vanidad del moderno propagador de la doctrina egoista, qué le parecía el elaborado por otros, era buscar seguramente una respuesta poco lisonjera, y lo que es peor, de poca utilidad.

Bentham, en efecto, en la primera de las cartas no habla casi nada del Código penal español; expresa únicamente que para consignar su parecer era indispensable fijar primero el criterio para juzgar, criterio que ninguno antes que él había encontrado, y que no podía ser otro que el mayor bien del mayor número; que con arreglo á ese criterio no podía dar una contestación concreta ni inmediata, pero que sería completa cuando hubiese concluido la gran obra á que estaba dedicado hacía muchos años, que abrazaba en conjunto toda la legislación, obra que debía dividirse en once secciones cuyos títulos y asuntos enumera.

No oculta Bentham el desencanto que le produjo no haber sido oficialmente consultado, cuando á su juicio tenía tantos títulos á la gratitud de la Nación española, y con este motivo se extiende largamente sobre el acuerdo de oír á las Universidades, Tribunales y Colegios de Abogados y demás jurispe-
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ritos, á los cuales considera como la clase más opuesta á los intereses públicos, puesto que el suyo estriba en la incertidumbre y oscuridad de la ley. Si Bentham hubiese sabido que iba á emitir juicio un Colegio de farmacéuticos, no hubiera podido menos de pensar que se había hallado el verdadero camino del acierto, puesto que es evidente que para acertar en cosas de ley los más incompetentes sin duda son los hombres de ley y mucho más dignos de ser escuchados los farmacéuticos en ejercicio. Pero ni en España se pensaba entonces de este modo, ni podía esperarse á que Bentham concluyese la gran obra en que estaba trabajando y que dejó casi sin empezar cuando la muerte le sorprendió á los ochenta y cuatro años. Mas con una modestia que contrasta con la amplitud del comienzo, ofrece al Conde, con la brevedad que permita la enfermedad de la vista que padecía, otras seis cartas en las que se ocuparía del peligro de castigar el libre examen de las leyes: de la falta en que se incurría al imponer silencio al voto nacional para la mejora de la Constitución: del antiguo y horrible sacrificio del número menor al mayor número: de las precauciones tomadas para excluir todas las ideas que no sean las de la Comisión de la Constitución; y finalmente, en una última carta, del homicidio y de la persecución consideradas como funciones de la Iglesia.

Con este programa, no demasiado claro, que Bentham no siguió con toda puntualidad, se comprende que intentaba hacer la crítica, no tanto del Código penal como de gran parte de la legislación política de España, como opuesta á toda idea liberal y como tiránica y opresora. Que en algún punto concreto Bentham podía tener razón, no hay para qué negarlo; pero para todo hombre sensato y honrado pensador y político, era indudable que el abuso de la libertad, la falta de buena disposición del Monarca, eran los oscollos en que había de zozobrar aquella débil barquilla por todas partes combatida, nunca segura, nunca tranquila, nunca en su asiento, y no la limitación á la libertad de imprenta, no la imposibilidad temporal de reformar la Constitución que, más que necesitada de
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reforma y mejoramiento, lo estaba de ser amada y arraigar en los corazones de todos.

No hay que poner en duda que en el Código penal del 22 se descubre un pensamiento político que Bentham censura con tanta acrimonia como falta de razón. Todo ataque á la Constitución, á la forma de gobierno, todo acto de subvertir el orden liberal establecido, era castigado con la mayor dureza: la pena de muerte era ordinariamente la establecida para tales delitos. Los legisladores veían en todos estos hechos un constante peligro para el objeto de sus amorosas ánslas, y como españoles y benthamistas, debieron pensar que en las reglas de la dinámica moral, al mayor peligro de la infracción de la ley debía oponerse el mayor mal consistente en la pena. Olvidaron seguramente que la ley y la sanción, para ser eficaces, necesitan una fuerza sin la cual representan sólo un buen deseo ó un consejo; que la fuerza no podía venir sino de la autoridad de quien con razón se desconfiaba, ó de la opinión y el prestigio moral que el Gobierno gozase, es decir, del arraigo del régimen liberal, y si ese faltaba, como podía suceder y sucedió, faltaba la fuerza, y la más dura pena era irrisoria. Qué lejos estaba Bentham de conocer ni sospechar siquiera el estado del país para el que se creía capaz de legislar, lo demuestra que, examinado el hecho de reprimirse con pena de muerte el acto de intentar modificar la forma de gobierno, y por consiguiente la monárquica y constitucional, expresa con la mayor sencillez que todos estos castigos son inútiles en un país en que el Gobierno no tiene por norte más que el bien del mayor número, porque en él, si se intentase una sedición, la gente se reiría del sedicioso. Aduce el ejemplo del Coronel Burr, que se sublevó con ánimo de proclamarse Emperador de México y los Estados Unidos. La intención no produjo en América más que risa, y en la época en que escribió la carta, Bentham asegura se encontraba Burr en Nueva York bueno, sano, libre y contento.

No sé si el ejemplo, caso de ser rigurosamente exacto, puede ser aplicable á ningún país en ninguna época de su