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encargando también á las de provincias que tampoco tomasen nada de su fábrica. (El Sr. D. Matías López pide la palabra.)

Esta es la verdad del asunto; y en prueba de ello, pongo la correspondencia, que traigo aquí, á disposición de los señores Senadores que quieran examinarla. De consiguiente, ¿qué perjuicio puede haber en el Ejército que no haya en las clases civiles? Se dice que los abusos que pueden cometerse. Yo supongo que los haya, aunque yo demostraré que no los hay. Pues si yo no tengo nada del Estado; si no recibo nada del Estado, más que la fuerza moral (y diré después con qué objeto la he pedido, no porque la necesite); si me sujeto á surtir sólo á los militares, eso tienen que agradecerme los tenderos de comestibles, porque yo, en lugar de suministrar sólo á los militares, podía extenderlo á todo el mundo, fuera paisano ó militar; español, ruso ó francés; cristiano ó judío. De consiguiente, repito que eso tiene que agradecerme el comercio, en lugar de atacarme por ello.

¿Y por qué se ha de combatir al elemento militar de esa asociación, y no se ha de combatir también por el Sr. D. Matías López á las demás asociaciones que existen y que viven al lado de ella, hasta tal punto que en muchas partes se halla establecida una expendeduría civil al lado de una militar? (Muy bien). De manera que si realmente hubiese abusos, como no se maneja un céntimo del Estado, como no se emplea un solo hombre del Estado, en nada se le perjudica; á no ser que se me llame á mí, porque cobro sueldo del Estado, y encima de las obligaciones que lleva anejas la Dirección, que procuro desempeñar bien y fielmente, se me quiera imponer la prohibición de servir á mis compañeros, de la misma manera que un empleado civil es agente de negocios á otra cosa, cuando lo tiene por conveniente.

Para probar que no existen esos escándalos que se suponen, voy á leer al Senado la cifra de los suministros y el número de personas á quienes se sirven los pedidos. En Madrid hay distribuidas á familias de militares, incluso la armada, donde está el Sr. Ministro de Marina y los cuerpos asimilados,
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8.365 papeletas, pudiendo asegurar al Senado que no se ha distribuido una sola tarjeta á personas que no hayan acreditado la condición de militares. Diariamente se distribuyen en Madrid, á domicilio la mayor parte, unos 11.000 kilogramos de pan. Señores, ¿puede haber muchos abusos en que 8.000 familias consuman 11.000 kilogramos de pan? (Muy bien.) En comestibles, el consumo es de unos 27.000 duros mensuales. Vea el Senado si puede haber escándalo en que 8.000 familias consuman mensualmente 27.000 duros, cifra que representa poco más de tres duros mensuales por familia. Es natural que el que tiene un derecho procure utilizarlo; y si de ese beneficio se aprovecharan no sólo los militares, sino los paisanos, evidente es que no habría esa proporción entre los suministros y las familias consumidoras.

Yo puedo asegurar al Senado que no hay tales abusos, porque soy el primero que procuro evitarlos, y con este objeto he dicho á todo el mundo que me denuncie los abusos que puedan cometerse. En efecto, han ido á mi casa y me han dicho: «en tal calle hemos visto distribuir pan sin tarjeta.» Inmediatamente me he embozado en mi capa, he ido á la calle que me indicaban, y he visto confirmado que del carro número 3 daban pan, sin exhibir la tarjeta, á una criada. Me he acercado al carrero, dándome á conocer, y le he preguntado por qué daba pan sin tarjeta. Su contestación fué clara y terminante: «Señor, me dijo, esa es la criada de D. Fulano de Tal, que vive en la calle de tal, número tantos, y hace dos meses que se la suministra el pan.» Tomados los correspondientes informes, resultó cierto en un todo lo que me había manifestado el carrero. Es evidente que sirviendo el carrero el pan á domicilio á las mismas casas diariamente, á los quince días conoce á todas las criadas y éstas no tienen necesidad de presentar las tarjetas.

Pocos días después recibí otro parte en el que se me anunciaba que habían visto á un carrero dar una cesta de pan á un paisano. Hice lo mismo; me fui allí y paré el carro. ¿Por qué has dado esa cesta de pan? le pregunté al carrero.—Se-
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ñor, porque ese es un expendedor,» me contestó. Al salir los carros, unos llevan el pan á domicilio y otros llevan las cestas para los carreristas; esto es, los que tienen contratado el servicio con algunas casas. Esto fué lo que sucedió con la denuncia de la calle de Argensola; el paisano á quien el carro daba la cesta de pan, es un portero de la misma calle que ejerce de carrerista. Naturalmente, cualquiera persona, y el mismo Sr. D. Matías López, que vé que un carrero dá una cesta de pan á un paisano, lo primero que supone es que hay abusos, hasta que se entera de lo que ocurre.

Pero aun suponiendo que hubiera abusos, ¿con qué derecho se puede atacar ese abuso, viviendo como viven las demás sociedades cooperativas, que no tienen limitación alguna? Además, para que estos abusos no tengan lugar, hay nombrados cuatro oficiales de Administración Militar que recorren diariamente todas las expendedurias y que dan parte, por escrito, de los que piden más de 3 kilogramos de pan y de cierta cantidad en artículos comestibles, por más que los artículos comestibles se llevan á domicilio, y de consiguiente, se sabe quién los pide.

En cuanto viene el parte, como se lleva un registro exacto del número de la tarjeta que tiene cada individuo, con su nombre y señas de la casa en que vive, el oficial encargado de la visita dice: «en la expendeduría tal, la tarjeta 5.000, por ejemplo, ha pedido 10 kilogramos de pan;» y enseguida mi secretario pasa un B. L. M. al poseedor de aquella tarjeta, manifestándole que habiendo pedido 10 kilogramos de pan en tal expendeduría, se sirva indicar si es ó no para su familia. Pues bien; un coronel de esta guarnición pidió 11 kilogramos de pan, y pareciendo exajerada la demanda, se le dirigió un B. L. M. en dicho sentido, y ese coronel contestó enseguida diciendo: «Si señor, desgraciadamente todo ese pan es para mi casa, porque se reúnen en mi casa catorce de familia, (Risas), y aprovecho esta ocasión para dar á usted las gracias por el servicio que nos está prestando.» El paisano que no sepa estos detalles, y que vea que se llevan á una sola persona
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11 kilogramos de pan, exclama: «¡qué abuso! ¡Eso es para toda la vecindad!» y como ve el Senado, se equivoca. Yo no negaré que pueda cometerse algún pequeño abuso, porque yo mismo, que tan rigoroso soy en el particular, quizá pudiera cometerlo. Si, por ejemplo, una persona de mi familia que no tuviera derecho á obtenerlo, me pidiese un día que le diera un pan u otro artículo, se lo facilitaría, lo confieso ingénicamente; no todos los días, no cometiendo un abuso, sino porque tuviera el capricho de verlo ó de comerlo. Pero eso, ¿qué implica, sobre todo, tratándose de 1.857 tiendas de comestibles que hay en Madrid? Repartamos los 27.000 duros que puede separar de ellas en este concepto la Administración Militar, y se verá como la pérdida que les toca á cada una de las mismas es insignificante.

Por todas estas razones, yo creía que no solamente no se me dirigirían ataques en este sentido, sino que todas las clases tendrían que agradecerme y agradecer al economato militar, si así puede llamarse, que hayan bajado los precios de muchos artículos, que se haya sostenido el del pan, y que en las mismas tiendas de comestibles se vean rótulos que dicen: «Géneros en competencia con la Administración Militar.» Entiendo, pues, que si todos los españoles pueden comer pan más barato y comprar otros géneros á menor precio, en virtud de las disposiciones adoptadas por la Administración Militar, siempre será preferible esta baratura á que construyan magníficas casas y logren cuantiosas riquezas media docena de personas á costa del consumidor. (Bien, bien.)

Si esto merece la censura del elemento civil. (Un señor Senador pronuncia palabras que no se oyen), he dicho mal, del elemento tendero (Risas), si algún perjuicio puede haber, como efectivamente ha de resultar al que no teniendo competencia para vender á los precios que quiera, se encuentre un precio moderador, por decirlo así, en otra institución que administre directamente; creo, que los beneficios que reporte el Estado, no el estado militar, sino el Estado en general, á
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pueblos así llamados), tupido por estúpido.—En el segundo grupo (Voces castizas ó derivaciones de ellas á las cuales se han agregado acepciones ó significaciones especiales, que no constan en el Diccionario): Abombarse por empezarse á corromper el agua, apiparse por hartarse (También se usa en Andalucía, y en Colombia, según Cuervo, Apunt. crit.), cogo-tazo por coscorrón (En Canarias y en Andalucía se dice más propiamente por pescozón), maguarse por frustrarse y chasquearse y el sustantivo magua) pila por fuente ó surtidor de agua, pitre por petímetre, sereta por espuerta, tolete por garrote corto, trompán por puñada.—En el tercero (Voces de origen desconocido): Niño bitongo por niño mimado.—Y por último, también recordamos haber oído: Rejálbido por blanquizco, comer pavo por quedarse sin bailar una mujer á pesar de sus descos, espuela de gallo por espolón de gallo, manilla por cuadernillo, punteros por manecillas del reloj.

Y, ya que estamos con las manos en la masa, indicaremos también, como simple curiosidad algunas voces y frases de las usadas en Canarias, que extractamos de incompletos apuntes necesitados aún de largo trabajo de comprobación y estudio.

Abanador. sust. masc. Aventador, en la 4.a acepción que le da el Diccionario.
Abanar. verbo act. Aventar, 1.a acep.
Acebiño. s. m. Especie indígena de acebo (Ilex Canariensis, Poir.)
Ageitudo, da. adj. Que tiene geito, Véase Geito.
Agilorio. s. m. Gazuza. El Diccionario trae ahilo con el mismo significado.
Agua. Como término de comparación en frases como: Había más gente que agua. En islas rodeadas por el inmenso Océano es natural este modo de exajerar la abundancia de gente ó de una cosa cualquiera.
Aire. s. m. Cierta parálisis ligera: Tiene un aire; le dió un aire. Es corriente también en Andalucía.
Ajumado, da. adj. Ébrio. En Colombia se dice juma por bo-
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consecuencia de lo que se está haciendo, bien vale la pena de que mermen algunos comercios de ultramarinos al por menor que puedan quebrar.

A pesar de tanto como se está hablando sobre las cuotas, sobre lo mucho que éstas importan y lo grave que sería para el Estado si dejaran de pagarse algunas, no hay más que ver las cifras que se satisfacen en Madrid por ese concepto, para comprender que ni las cuotas de contribución pueden ahogar á esos establecimientos, ni siquiera todas las tiendas de comestibles pagan contribución, puesto que hay dueño de tiendas de comestibles que teniendo tres, cuatro ó cinco, sólo paga por una. Las tiendas de comestibles, que pagan contribución al Estado en Madrid, son 789, las cuales satisfacen á razón de una cuota de 330 pesetas, importando un total de 260.000. Hay 185 abacerías que pagan á razón de 125 pesetas, y 104 tiendas de aceite y vinagre, que aun cuando está prohibido por la instrucción, algunas de las magníficas tiendas de ultramarinos que véis por ahí, están clasificadas únicamente como tiendas de aceite y vinagre y pagan 60 pesetas al año. De manera que me parece que los perjuicios que pudiesen resultar al Estado de que se cerrasen, por ejemplo, esas 104 tiendas, serían 6.240 pesetas; y desde luego, en hornos, en coches para campaña y en caballos, le ha dado mucho más al Estado la Administración Militar. No tengo más que decir.» (Muy bien, muy bien,—Muestras generales de aprobación.)

La agitación producida entre ciertas clases y que el anterior transcrito discurso tendía á combatir no era exclusiva de Madrid. En provincias ocurría lo mismo y entre las muchas exposiciones de los gremios perjudicados, recuerdo, principalmente, la de Zaragoza, dirigida al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros y en la que se afirmaba que el servicio de suministros militares voluntarios causaba notorios y considerables perjuicios á las clases mercantiles, las cuales iban en constante aumento por el calculado desarrollo y amplitud que les iba dando la Administración Militar, y que
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si el mal no se remediaba pronto y de un modo eficaz la tributación general del país sufriría quebranto por no poder continuar muchos de los individuos de los gremios recurrentes la explotación de su industria. Confesión de parte que no armoniza muy bien con las aseveraciones, para algunas personas con autoridad de cosa juzgada, de que siendo el Estado muy mal industrial y muy mal fabricante, debe contratar por razón de economía en el comercio e industria, el suministro de los artículos que necesita.

La citada exposición decía otras muchas cosas más, algunas muy atendibles, y entre ellas había un párrafo en que reconocía la exigüidad de los sueldos militares y la justicia y necesidad de su aumento. Pero quería que éste se pagase entre todos los españoles y no sólo por los revendedores de artículos de primera necesidad, sin duda para favorecer á las demás clases civiles que, á pasar las cosas como los recurrentes querían, seguirían pagando caro los comestibles, y, en compensación, sufrirían un aumento de tributos.

Una de las armas que se esgrimieron contra el servicio de suministros militares voluntarios, fué la de la contribución industrial ó mercantil; clamaban los gremios porque la industria oficial, así la llamaban, no estuviese sometida á iguales gravámenes que la privada, sin parar mientes en que, de pasar así las cosas, los más perjudicados eran los gremios mismos, porque una vez que las expendedurías y farmacias militares pagasen contribución, adquirirían, ipso facto, el derecho de vender sus artículos á toda clase de personas y restaban, por tanto, más parroquia al comercio civil.

Pero lo más curioso del caso fué que, el mismo Estado pór órgano de su Ministerio de Hacienda, hizo suya la causa de los gremios detallistas, y, tanto en Madrid como en Granada, en Vitoria y en otros puntos, conminó á los funcionarios administrativos para que matriculasen los establecimientos á su cargo en el padrón del subsidio industrial.

Inútil fué representar como el General Sajamanca lo hizo con el texto del Diccionario de la Academia en la mano, que
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industrial es el que vive de una industria, es decir, el que la saca una utilidad ó una renta con que cubra sus necesidades y superfluidades, é inútil fué agregar que no sacando la Administración utilidad alguna particular de las ventas que hacia, no podía considerársela como industrial en el sentido que á un boticario ó á un tendero de ultramarinos se le considera por el fisco.

Inútil fué también protexitar contra el embargo que en Madrid efectuó por si y ante sí la Delegación de Hacienda en una de las expendedurías militares, sin contar para nada con el Ministerio de la Guerra y la Dirección general de Administración Militar; como inútil fué también reclamar contra la orden de la Dirección general de contribuciones que pretendía agremiar con las civiles las expendedurías y boticas militares, sin duda para que las primeras echaran sobre las últimas la mayor cuota del cupo contributivo.

En vano se significó que todos los establecimientos de guerra se hallaban bajo el punto de vista del suministro en idénticas condiciones que las expendedurías y farmacias, y que si éstas debían, por tanto, contribuir, contribuir debían también la fábrica de armas de Toledo que efectúa ventas y trabajos particulares, los parques y maestranzas que surten á los Cuerpos militares, las fábricas, factorías, fundiciones, laboratorios y arsenales que segregan de la clientela de la industria civil, millares de parroquianos.

En vano se hizo notar que de obligarse al pago de contribución á los establecimientos fabriles y mercantiles de Guerra tendría que sentarse igual precedente para todos los del Estado y obligar á éste á que con su mano izquierda pagara á su derechacretidos tributos por las industrias que explota (minas, tabaco, sello, moneda, cría caballar), por las fincas que tuviese, por los servicios que monopolizase, por los ingresos ó rentas que obtuviese, por las obras públicas que realizase directamente, sistema que al Estado no le produciría un solo céntimo (porque se pagaria á sí mismo) y que, antes al contrario, lo que produciría sería pérdidas en vez de
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ingresos, porque encargado á la sazón el Banco de España del cobro de contribuciones y percibiendo un tanto por ciento por la prestación del servicio, el único que saldría beneficiado con la teoría de que el Estado se cobrase impuestos á sí mismo sería el Banco de España, que cobraría á la Administración pública cien millones de pesetas, por ejemplo, para no entregarle más que noventa y nueve, embolsándose á su costa el millón de diferencia.

Tampoco sirvió objetar que siendo el espíritu de la Ley de presupuestos que creó el servicio de suministros voluntarios favorecer á las clases militares, proporcionándoles con alguna economía los artículos de primera necesidad, se derogaba implícitamente la ley poniendo las expendedurías y farmacias militares en idénticas condiciones que las tiendas civiles, toda vez que si estaban sometidas á iguales gastos que éstas y tenían un mercado más reducido, no era posible que la tal soñada economía fuera fácil de ofrecer.

Manifestábase, en último término, que los beneficios que el Estado obtenía del sostenimiento de los suministros militares voluntarios (educación del Instituto administrativo-militar, ampliación de sus servicios por derecho de conquista, preparación para los aprovisionamientos de la guerra, adquisición de material y edificios gratis, etc.) compensaban superabundantemente en interés colectivo la pérdida de unas cuantas cuotas de contribución industrial de que la Hacienda civil se lamentaba.

Pero todas estas consideraciones razonadamente expuestas en R. O. que Guerra pasó á Hacienda no fueron óbice para que el segundo Ministerio resolviera también por Real orden de 29 de Diciembre de 1886 que las expendedurías y farmacias militares estaban obligadas al pago de la contribución correspondiente, en la forma y condiciones que las de los particulares.

En tal estado dejó el asunto General Salamanca al abandonar la Dirección, peroafortunadamente su sucesor el ya citado General Weyler no quiso dejar la cuestión en tal estado,
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y promoviendo nuevo expediente y consiguiendo que se viese en Consejo de Ministros, logró Real Decreto mediante el cual quedaron definitivamente exentos del pago de contribución, los establecimientos administrativo-militares (expendedurias y farmacias.)

Otro de los medios puestos en juego para dificultar, ya que no impedir los beneficiosos resultados de los suministros militares voluntarios, fué el de gestionar con éxito que las empresas de ferrocarriles se negaran al transporte, á mitad de tarifa general, de los víveres y artículos de la expendedurias y farmacias.

Habiéndose dado por el General Salamanca para que informase, la reclamación de las Compañías, lo hice así:

Excmo. Sr.: Extraña es, en verdad, la reclamación formulada por las Compañías de ferrocarriles, al pretender que no sean considerados para el pago del transporte como material de guerra los víveres y artículos que se emplean por la Administración militar en la alimentación y suministro del Ejército, y mucho más extraña, cuando recientes aún los recuerdos de la última guerra civil, en que tanto dejaron que desear las expresadas Compañías y tantos cargos quedaron pendientes en su contra y á favor del Estado, pudiera éste, á proceder con el rigorismo con que aparentan los recurrentes, causarles superiores perjuicios al nimio e insignificante que ahora lamentan, demostrando el poco interés que las instituciones militares les merecen y el exclusivo espíritu mercantil que les anima.

Afortunadamente, contra este poco interés y positivista espíritu, está claro y terminante el art. 219 del Reglamento de transportes vigente, el cual preceptúa que se considere como material de guerra, no sólo el de Administración y Sanidad militar, sino el de Hospitales y también las subsistencias y utensilios, y como á esto se agrega el argumento citado por los mismos recurrentes al trascribir el art. 16 del proyecto de Reglamento pendiente de aprobación, cuya párrafo 3.º considera asimismo como material de guerra los artículos y efect-
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tos de consumo general que formen parte de las existencias de cualquiera de los Establecimientos administrativo-militares, fijos ó móviles, permanentes ó accidentales, los elementos de cualquier especie para uso de las columnas de víveres y secciones de panificación, y en general todo lo que sea de la competencia exclusiva del Cuerpo administrativo del Ejército, en su consumo, fabricación, transporte ó suministro para los Cuerpos, para la Brigada de Obreros y para los Hospitales, que son subsistencias, que son efectos de consumo general para el Ejército, que forman parte de las existencias de los Establecimientos administrativo-militares y de las columnas de víveres y secciones de panificación militar en campaña, y cuyo transporte y suministro son de la exclusiva competencia de dicho Cuerpo administrativo del Ejército, son también, y no pueden menos de ser considerados en todas partes como material de guerra, y disfrutar, por consecuencia, de cuantas ventajas se hallen estipuladas para la traslación del mismo.

Así se ha entendido también hasta ahora en nuestro país, y es sensible que aparentando desconocer los textos legales y la jurisprudencia sentada, vengase á protestar ahora y á regatearle al Estado un beneficio que las Compañías otorgan graciosamente y diariamente por medio de tarifas especiales á cualquier particular, juzgándole sin duda con más derecho á ser servido con economía que al Estado mismo, del cual es de quien reciben, sin embargo, ilimitado apoyo y pingües subvenciones.

No habla esto muy en pró del agradecimiento de las Compañías, quienes parece debían en sus tarifas especiales hacer todavía un beneficio á los transportes del Estado, aun cuando no fuera más que atendiendo á la importancia de ellos y á la utilidad grande que les dejan; pero ya que sea ilusorio esperar esto de las expresadas Compañías en su totalidad (algunas ha hecho esta concesión) bueno es al menos que no se las consienta disminuir en un ápice la deducida ventaja que á favor del Estado se ha consignado en las leyes, y, en este sentido, me creo en el deber de informar á V. E., opinando:
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1.º Que deben seguir considerándose los víveres de cualquier clase que la Administración Militar transporte como material de guerra, sujetos solo al pago de un 50 por 100 de la tarifa general.

2.º Que cuando haya tarifas especiales á favor del comercio para el transporte de un determinado artículo ó para el goce de una determinada localidad, se obtenga de las Compañías igual tanto por ciento de bonificación sobre la tarifa reducida, y

3.º Que se proceda á ultimar una liquidación definitiva de los cargos que contra las Compañías de los ferrocarriles resultan, por el mal servicio y errónea ó interesada aplicación de tarifas, y que se les exija la responsabilidad inmediata de los mismos.

Esto es cuanto creo que procede contestar, en justicia, á la reclamación de las Compañías recurrentes.

NARCISO AMORÓS.

(Se continuará.)