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dono de los juzgados por los jueces propietarios—reconoce la Academia que no son suyas: son las mismas que allá, por los años 1864 y 1865, se opusieron por eximios jurisconsultos á un proyecto de organización judicial que se presentó al Senado español y que tiene gran parecido con el que hoy patrocina el Ministerio de V. E. Estableciéanse en aquél los llamados Tribunales correccionales que habían de formarse con los jueces de tres partidos contiguos, y la innovación reclamó desde luego la atención general, pues en la época que aparecía no se había aceptado aún como verdad inconcusa la superioridad del Tribunal colegiado en relación con el juez único; tanto era así que acaso el principal deseo que movía á los conspicuos varones de la Comisión de Códigos para proponer la creación de dichos Tribunales, fué el de realizar un ensayo para que la opinión se cerciorara de las ventajas del Tribunal Colegiado. Así lo dijeron los autores del proyecto en la información pública que abrió la Comisión del Senado para escuchar el parecer de los doctos; así lo repitieron en las sesiones públicas de la Alta Cámara, y prueba plena de que sólo como aspiración implantaban los Tribunales que ellos mismos calificaban de ambulantes, está en la redacción del proyecto de ley, donde se dice que dichos Tribunales existirían «mientras no se estableciesen los Tribunales permanentes.»

Confirmase esta aserción con el respetable testimonio del Sr. Cárdenas, vocal de aquella comisión y redactor de la memoria histórica de sus trabajos, el cual afirma en ella que la Comisión consideraba superior al suyo el sistema de los Tribunales fijos, pero que por el momento no era precisa una organización tan costosa para plantear las reformas más esenciales y de mayor trascendencia en el procedimiento (pues hay que tener presente que estas modificaciones se hacían al objeto de plantear el juicio oral) «y así—añade—la Comisión renunció á lo mejor, que consideraba irrealizable, por no perder lo bueno que podía ser factible.»

No surgió entonces con la misma importancia que hoy el
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problema del tiempo que habían de necesitar los Tribunales; y es que en las condiciones de aquel proyecto, las dificultades de tiempo eran mucho más reducidas.

No había de conocer el Tribunal correccional de asunto civil ninguno, no era de su competencia el fallo de las causas por delitos graves—que continuaban siendo de la de las Audiencias—no se asesoraba del Tribunal del Jurado, cuyas diligencias de constitución y cuyo procedimiento son otras tantas rémoras que hoy entorpecerían la marcha de los de partido, y por último, el juez instructor del sumario era ponente en el Tribunal correccional, pues «si bien—como escribe el Sr. Cárdenas—habría sido conveniente encomendarlas (las ponencias) á jueces distintos, para esto habría sido necesario que los Tribunales correccionales hubiesen sido permanentes ó estuviesen reunidos más tiempo del que permitiría el cumplimiento de otras obligaciones; y así fué menester atribuir al mismo juez instructor la ponencia de las causas por él sustanciadas, puesto que sólo de este modo podría limitarse al tiempo necesario para fallarlas el de la ausencia de sus partidos de los otros jueces.»

Pero á pesar de que estas dificultades de tiempo quedaban salvadas en el proyecto, á pesar de que éste contenía otras medidas verdaderamente loables y de que sus líneas generales constituían un progreso sobre lo existente, el proyecto no prosperó. Interrumpida su discusión en el Senado, por los debates á que dieron motivo los sucesos de la noche de San Daniel, las alteraciones políticas subsiguientes impidieron al Gobierno y á la Cámara fijar su atención en temas que tanta mesura requieren para ser tratados, y á partir de entonces no volvió á pensarse en aquellos Tribunales, pues cuantas veces se ha tratado de ellos ha sido con el carácter de permanentes. Así se planearon por V. E. en la ley de 1870, así, al fin y al cabo, puede decirse que se crean en la ley adicional á la orgánica, con el nombre de Audiencia de lo criminal; así se trató de constituirlos en el proyecto de 1891 y así desearía la Academia que se implantase hoy. Si el presupuesto no lo consien-
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te, respetaremos los tristes designios de la suerte; pero en tal caso, séanos lícito dolernos de que la penuria del Tesoro obligue á destruir los Tribunales permanentes á que aspiraba la Comisión de Códigos en 1865—pues algo más que eso son las Audiencias provinciales—y á implantar los Tribunales de partido en condiciones tales que lo que hubiese sido un adelanto hace treinta años, constituiría hoy un sensible retroceso.

Con esto terminamos nuestro informe en lo relativo á la base 4.ª, mas antes consíentanos V. E. que llamemos su ilustrada atención hacia el trabajo improbo que ha de pesar sobre el único abogado fiscal que el proyecto asigna á cada Tribunal de partido. A poco que se recapacité sobre las atribuciones que se le confieren, se hace patente la necesidad de que sean compartidas por dos ó más funcionarios del Ministerio público.

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Consagrada la base 5.ª á la reorganización de la justicia municipal, la Academia encomia sin reservas el espíritu que la informa, tanto en cuanto procura robustecer la autoridad del Juez, prescribiendo para él, siempre que sea posible, la cualidad de Letrado con todas las circunstancias de aptitud moral y profesional requeridas para los demás Jueces, como en cuanto proporciona á las partes mayores garantías de acierto al crear para el ejercicio de la jurisdicción civil y penal una especie de escabinato bajo la forma de dos co-jueces que han de asistir al municipal en el fallo de todos los asuntos.

Ambas medidas son merecedoras de aplauso, y demuestran bien á las claras que ese Ministerio, ante la perspectiva de aquellas prolongadas ausencias de los Jueces de partido que ya hemos presagiado, ha sentido con mayor fuerza la necesidad de mejorar la justicia municipal en cuyo poder van á quedar durante largos periodos los distritos. Desgraciadamente, por lo que hace á las cualidades exigibles para Juez
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municipal, muy de temer es que sean muchos los pueblos en cuyo juzgado no pueda sentarse un Letrado, pues si á éste han de exigirsele, como el proyecto expresa, las circunstancias de aptitud moral que se requieren para los Jueces de instrucción, deberán ir incluidas en ellas las incompatibilidades; y difícilmente se encontrarán en los pueblos Letrados que no lleven en ellos muchos años de residencia, no estén casados allí ó no ejerzan alguna industria, comercio ó granjería. Y como sería utópico pensar que los abogados de una población habían de aceptar el nombramiento de Juez municipal para otra distinta, cuando tan escasos rendimientos deja el cargo, habrá que renunciar en gran parte de los pueblos á ese ideal de la independencia e ilustración del Juez, lo cual no obsta para que el principio se consigne como avanzada ó anuncio de mejores días.

No menos digno de loa es el propósito de V. E. de que los co-jueces hayan de ser designados entre los propietarios y capacidades del término respectivo, incluidos en la lista definitiva de Jurados; y el más fundado motivo de nuestro pláceme consiste en la exclusión que, al expresarse así V. E., parece hacer de los cabezas de familia sin carácter de capacidad ni bienes de fortuna. Realmente si los Tribunales municipales han de entender en algunos asuntos civiles, sería pernicioso que pudieran constituirlos quienes sólo son llamados al Tribunal del Jurado, por el hecho de ser mayores de treinta años y saber leer y escribir; ya es mucho que se les haya admitido en aquel organismo, y bueno es que se les cierre la entrada al Tribunal municipal, lo cual no ha de considerarse como una contradicción legal, pues el Jurado no conoce en España de asuntos civiles y en el Tribunal municipal, que ha de entender en litigios hasta de quinientas pesetas, daría resultados funestos la intervención de quienes carecen de toda posición social y están más fácilmente expuestos al cohecho y á la dádiva.

Una sola observación hemos de hacer—después de expresar que la Academia juzga acertadísima la ampliación de la
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cuantía de los juicios verbales—y es la que le inspira el propósito anunciado por ese Ministerio de establecer la única instancia para dichos juicios así como para los de faltas, no concediendo contra la sentencia del Tribunal municipal otro recurso sino el de nulidad ante las Audiencias territoriales. Nada opondríamos á este propósito si sólo se refiriese al juicio de faltas, y no se intentase ampliar los límites de éste, pero desde el momento en que además parece ser la tendencia del Gobierno de S. M. reducir á faltas muchos de los hoy considerados como delitos—y esto no significa censura de tal tendencia—resulta algo arriesgado encomendar el fallo decisorio de tales causas, á Tribunales que por las razones antes enunciadas van á ser completamente legos en la mayoría de las localidades; inconveniente que sube aún de punto considerando la facilidad con que las venganzas, los apasionamientos y las rencillas de localidad han de influir en los juicios civiles que ante tales Tribunales se sustancien si ellos han de fallarlos sin temor á la apelación. Cierto es que V. E. cuidará de establecer reglas para el recurso de responsabilidad y que desde luego anuncia el de nulidad para ante las Audiencias territoriales, pero al recurso de nulidad no es posible llevar la apreciación de los hechos ni de las pruebas, pues esto sería convertirlo en la segunda instancia que se quiere evitar, y por lo tanto á poco que los Tribunales municipales estudien la forma de sus sentencias para hacerlas invulnerables, el recurso resultará ficticio y el despotismo de campanario rey y señor de los pueblos pequeños.

No parece, pues, aceptable la única instancia ante los Tribunales municipales. Si subsistiera la actual organización judicial, podría conservarse la apelación ante el Juez de primera instancia, aunque limitando el derecho de apelar á determinados casos, ya que la sentencia emanaría de un Tribunal colegiado; pero este medio no es tampoco compatible con la instalación de los estudiados Tribunales de partido, pues sería aumentar una obligación más á los que tantas han de llenar. Así, pues, tampoco encuentra la Academia solución
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á esta dificultad si los Tribunales de partido se establecen en la forma propuesta por V. E., ya que no es conveniente ni económico sustanciar la segunda instancia de aquellos juicios en las Audiencias territoriales; y estas razones constituyen á pesar nuestro nuevos argumentos en contra del Tribunal periódico.

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No deteniéndonos en la base 6.ª, sino para exponer la opinión de la Academia, favorable á que la inspección de los Tribunales y sus funcionarios se ejerza por superiores jerárquicos á quienes se encomiende exclusivamente esta misión, relevándoles de toda otra,—único medio de que la inspección sea eficaz y activa,—pasaremos á la base 7.ª, relativa á las reformas de la ley de enjuiciamiento civil.

Degeneraría este dictamen en un casuismo censurable, si tanto al tratar ahora del procedimiento civil, como luego del criminal, fuera examinando y discutiendo punto por punto las modificaciones que en ambos podrían introducir. Esta consideración mueve á la Academia á concretarse á aquellas cuestiones de mayor interés que el estudio de ambos procedimientos suscita.

Omitese en el proyecto de V. E. toda declaración concreta respecto á si ha de subsistir la apelación de las sentencias civiles del Tribunal del partido, ó si por el contrario ha de establecerse la única instancia. Cuestión es ésta de la única instancia en lo civil, que ha sido objeto de los debates de la Academia durante todo el curso que termina (1), sin que en realidad el parecer de la Corporación se haya decidido resueltamente en favor ó en contra; pero no cabe negar que la oposición más tenaz al planteamiento de la única instancia arrancó durante toda la discusión del supuesto de que hubiera de conocer de aquélla el juez único. Planteada por V. E. la reforma de la ley orgánica en el sentido de la inmediata ins-

(1) La discusión de la Academia tuvo por base una Memoria del señor Molero Levenfeld (D. F.).
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talación del Tribunal colegiado de partido, aquel argumento cae por su base y los ataques á la única instancia tienen que atenuar grandemente su pujanza. Por eso, la Academia considera que la ocasión es propicia para depurar en el alambique de la práctica el principio abstracto de la única instancia en lo civil, mas como parecería aventurado y peligroso que medida tan radical afectase desde luego á los grandes intereses que á veces se ventilan en los pleitos—máxime cuando aún no se han aquilatado bien las ventajas del sistema—nuestro consejo no alcanza á más sino á que se establezca la única instancia para los juicios declarativos de menor cuantía, la cual tal vez pudiera ampliarse hasta la cantidad de 500 pesetas.

Otros asuntos hay por el contrario, para los cuales el Tribunal colegiado sería una rémora, y que por tanto, han de quedar encomendados á los Jueces en sus respectivos distritos. Tales son casi todos aquellos que no tienen carácter de juicio declarativo, y requieren una rapidez de tramitación y una continuidad de procedimiento, si difíciles de lograr con cualquier Tribunal colegiado, imposible de todo punto con el Tribunal planeado en las bases de ese Ministerio. Muchas de las diligencias del ab-intestato, principalmente las que se relacionan con las medidas de prevención; gran parte de los procedimientos de suspensión de pagos, quiebras y concursos; todo lo que se relaciona con el embargo y el aseguramiento de los bienes litigiosos; el juicio de desahucio; no pocos de los trámites de los interdictos, y muy principalmente cuantos se relacionan con el mal llamado juicio ejecutivo, debe seguir siendo de la competencia del juez único. Debieran también reservárseles la mayoría de los actos de jurisdicción voluntaria, en los cuales su intervención no tiene otro objeto que el de autorizarlos con su aquiescencia y dirigirlos con arreglo á la ley, si bien—dado el peligro de la suplencia por jueces legos—habrá que obrar prudentemente en la determinación de qué asuntos han de sustraerse á los Tribunales de partido, no perdiendo de vista que la ventaja
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de la rapidez que algunos de estos actos exigen, puede quedar destruída por el inconveniente de la incompetencia del Juez, que acaso defectuosamente los autorice. Se han de tener en cuenta, pues, ambas circunstancias, pudiendo establecerse una división de los actos de jurisdicción voluntaria en tres clases; una, formada con aquéllos de que necesariamente han de conocer los Tribunales de partido; otra, con los que han de ser de la competencia del Juez único, pero sin que pueda ser sustituido por el suplente, sino en el caso de que la suplencia haya de prorrogarse por período tan largo que produzca grave perjuicio el aplazamiento hasta el regreso del propietario; y la tercera, con los que cabe sean encomendados sin peligro á los mismos jueces suplentes.

Nos llevaría muy lejos entrar en el detalle de otras modificaciones que, aprovechando esta coyuntura, podrían introducirse en la ley de Enjuiciamiento civil, tales como convertir en derecho la obligación de personarse en juicio por medio de Procurador, reformar el recurso de casación y el procedimiento de las recusaciones, facilitando aquél y éstas, dar ciertas facultades á los jueces para impedir que su presencia sirva de escudo á la usura y el fraude bajo la forma del juicio convenido, marcar la tramitación que procede seguir en las reclamaciones de evicción y saneamiento, suprimir el acto de conciliación en los casos en que las partes no lo soliciten, dictar reglas para aliviar de trámites el procedimiento ejecutivo y otras no pocas innovaciones que la práctica y el progreso de la ciencia del derecho adjetivo vienen aconsejando hace tiempo.

También debiera pensarse en extraer, tanto de la ley de Enjuiciamiento civil como de la criminal, las disposiciones referentes á competencias, recusaciones, actuaciones en general, términos judiciales, emplazamientos, citaciones, notificaciones y costas, formando con tales reglas un acerbo común que podría incluirse en la ley orgánica ó en otra especial que al efecto se dictase, procurando la mayor similitud entre el procedimiento civil y el penal, salvo las ex-
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cepciones que la distinta naturaleza de uno y otro han de exigir indudablemente.

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En cuanto á la ley de Enjuiciamiento criminal, la principal reforma que la actualidad legal requiere es la refundición en un solo Código de la Ley de procedimiento de 1882 y de la del Jurado, introduciendo en ambas las modificaciones que V. E. mismo indica, y muy principalmente aquellas que tiendan á disminuir la competencia del Jurado, reduciéndole á los límites que la ley de 1870 le señalaba. Con esta reducción y con la derogación de la ley de 17 de Julio de 1876, y aun si posible fuera, con la conversión en falta de multitud de pequeños delitos de robo, hurto, lesiones, resistencia á la autoridad, etc., etc., que hoy exigen una tramitación costosísima y se castigan con penas excesivas, V. E. podría vanagloriarse de haber simplificado no poco la labor de la justicia con ventaja notoria para los intereses sociales.

Consignar en la ley que las funciones de Jurado son gratuitas—con lo cual las dietas revestirían sólo carácter de indemnización para determinados casos—; no abonar dicha indemnización ni á los empleados públicos ni á los que disfruten de cierta posición social; ampliar las incapacidades absolutas para ser Jurado á los ministros de cualquier culto, á los mayores de 70 años, á los mendigos y á los criados asalariados; imposibilitar para ser jurado en determinada causa á los Registradores, sustitutos fiscales, secretarios judiciales suplentes y otros funcionarios que hayan podido tener intervención en el hecho ó en sus consecuencias y á los cuales olvida la ley vigente; imponer determinada penalidad á los Jueces que omitiesen poner en conocimiento de la Audiencia territorial respectiva los individuos de las listas definitivas que se hallaran ó recayeren en cualquiera de los casos de incapacidad ó incompatibilidad absoluta; disminuir el número de jurados necesario para que pueda verificarse el sorteo, pudiendo abrirse el juicio siempre que existan 14 Jurados
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presentes y las partes adviertan que no se proponen recusar á ninguno; declarar costas del juicio el importe de las indemnizaciones de los Jurados; eliminar de la competencia de este Tribunal el conocimiento de las causas en que el defensor y los acusadores estén conformes en los hechos y en las circunstancias de su comisión y del delincuente, divergiendo sólo en la calificación legal; evitar las supérfluas preguntas al Jurado sobre las circunstancias de edad, nocturnidad, parentesco, reincidencia ó reiteración, lugar sagrado y Palacio de las Cortes ó del Jefe del Estado y otras análogas; prohibir la abstención de los Jurados, obligándoles á que voten, y conceder el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando se haya omitido ó quebrantado alguna formalidad en la constitución del Tribunal ó en su manera de funcionar, son reformas de detalles unas y esenciales otras que la Academia no vacila en aconsejar en la parte referente al Jurado.

Amparar la libertad individual contra posibles arbitrariedades judiciales, prescribiendo que en el auto de procesamiento se determine el delito que se imputa al procesado; poner á cubierto de querellas infundadas á las víctimas de una malevolencia, y evitar complicaciones en la tramitación, negando habilitación para querellarse como pobre en los delitos que puedan ser perseguidos de oficio, concediendo en cambio al denunciador el derecho de utilizar la pobreza si el Ministerio público desiste de la acusación ó el juzgador sobresee; ahorrar gastos en los dictámenes periciales, encomendándolos mientras posible sea á Corporaciones oficiales ó á los profesores de Institutos, Universidades ó Escuelas; autorizar la suspensión del juicio cuando no se presente un testigo ó documento de importancia, siendo motivo la negativa del Tribunal á acceder á esta solicitud, para interponer el recurso de quebrantamiento de forma; conceder al Tribunal el derecho de consultar al Fiscal del Supremo si estima procedente la continuación de la causa, en el caso de que sus delegados retiren la acusación ó no la formulen, estimando el Tribunal que existen motivos para mantenerla ó
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Por lo que respecta á los voces agudas, parece que la Academia se inclina á no marcar el acento en los infinitivos é imperativos de los verbos que concluyen en eir, oír y huir. Es verdad que no lo dice, siendo además una inconsecuencia tal excepción, que tan disuelto queda el diptongo en sonreír, desoir, concluir y huid, como en raíz, boil, baál y laúd; pero para nosotros no queda duda de que tal ha sido su criterio (1). En nuestra desautorizada opinión debe marcarse el acento en todos los casos citados y por ello consideramos excelente la regla formulada por el señor Rivodó, que dice así:

«Regla tercera. Cuando las combinaciones capaces de formar diptongo ó triptongo se disuelven, cargándose la pronunciación en la vocal débil, ésta deberá siempre acentuarse, aunque en algunos casos se contrarie lo preceptuado en las dos reglas anteriores.—En las combinaciones de entrambas vocales débiles, la u como menos débil que la i, se considera como fuerte para la aplicación de esta regla.» Las dos reglas anteriores á que se hace referencia dicen así: «Regla primera. Las dicciones terminadas en vocal ó en las consonantes n, s, no se acentúan cuando la pronunciación carga en la penúltima silaba. Y se acentúan cuando carga en cualquiera otra. —Regla segunda. Las dicciones terminadas en consonante, excepto n ó s, no se acentúan cuando la pronunciación carga en la última silaba. Y se acentúan cuando carga en cualquiera otra.» Tiene razón nuestro autor para escribir: «Imaginásenos que tarde ó temprano la Academia tendrá precisamente que adoptar nuestra fórmula, á otra que le equivalga.»

Hace después el señor Rivodó observaciones sobre el géne-

(1) Obsérvese también en la Academia vacilación en la ortografía de muchas palabras; en el Diccionario se hallan algunas, quizá sean simples erratas, escritas unas veces de un modo y otras de otro. Pero no podemos convencernos de que sea falta de corrección, aunque los correctores pagan siempre los vidrios rotos, todas las que vamos á citar, entresacadas del catálogo de voces de escritura dudosa que trae la Gramática (edición de 1885) y que aparecen en el Diccionario (concluido de imprimir en diciembre de 1884) con otra forma ortográfica: Alhageme, aljéhena, belhez, belorta licenal, berengena, cabial, caleidoscopio, cardialgia, conchavar, corbas (plumas), costrivo, chichisveo, estiva, estivar, estivón, exabrupto, galbanismo, genetílico, genuino, gesotreat, hedrar, helico, lexieón, obelo, orbayar, oxizacre, regitar, vademécum.