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viniera á robarle el tiempo. Fruto de este trabajo, que duró por espacio lo menos de cincuenta años, fueron sus libros más conocidos redactados por Dumont en francés y gran número de folletos y publicaciones varias en inglés. Estas, más que sus obras de mayor aliento y más fundamentales, fueron las que produjeron más inmediato resultado en Inglaterra.

Según consigna John Hill Burton, á ellas fué debida la reforma parlamentaria y municipal, la moderación en las penas, la adopción de un sistema penitenciario proponiéndose la reforma moral del delincuente, el mejoramiento en la organización del Jurado, la derogación de las leyes que excluían cierta clase de pruebas judiciales, la abolición de las disposiciones de exclusión de los católicos y otras muchas propuestas de enumerar y que hacen relación únicamente á la constitución de la vieja Inglaterra.

Esta clase de trabajos no se circunscribió á los asuntos puramente ingleses; el cosmopolitismo y el ardor entusiasta de Bentham los hizo extensivos á otros muchos países. Los negocios de España le preocuparon poderosamente, sobre todo desde el restablecimiento del régimen constitucional en 1820 hasta su desaparición en 1823, y á este interesante periodo pertenecen sus tres Ensayos sobre la política de España y las siete cartas dirigidas al Sr. Conde de Toreno acerca del Código penal de 1822, de todo lo cual, por referirse á nuestra patria, no podemos prescindir de dar cuenta en este discurso.

Es el asunto del primero de los Ensayos un mensaje ó carta dirigida á la nación española sobre la proposición de establecer una Cámara alta. Refiérese indudablemente al periodo de la segunda época constitucional, y si no engaña la fecha que se le atribuye en la edición inglesa de Bowring, es de los primeros tiempos, pues corresponde al año 1820.

Confieso humildemente que en la historia constitucional de mi país, no tengo noticia de que se haya presentado á las Cámaras proposición alguna ni proyecto de ley con tal objeto, y casi puedo asegurar sin gran temor de verme desmentido, que como problema puramente científico en la esfera de
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simple teoría, no se ha suscitado en España de una manera sería tal cuestión en la indicada época.

Puede ser que cuando el Estatuto Real sustituyó al régimen absoluto, cuando más tarde apareció la Constitución de 1837, cuando fué después modificada ó sustituida por la de 1845 y ésta por la de 1869 y por la actual se disputaran el triunfo con varia fortuna los partidarios de la Cámara única y los defensores de la representación nacional en dos Cámaras, ya se considerase tal división impuesta por la diferencia de los elementos que constituían cada Cuerpo colegislador, ya como un simple procedimiento útil para el más reposado y detenido ejercicio de la función legislativa.

Ciento es que al discutirse en Cádiz el proyecto de Constitución, cuyo art. 27 consignaba que las Cortes eran la reunión de todos los Diputados que representan la Nación nombrados por los ciudadanos, se cuestionó largamente si las Cortes debían constituirse según el método antiguo y tradicional de Castilla, Aragón y Cataluña, por brazos ó Estamentos, y no puede negarse que esta última forma implicaba el reconocimiento del principio de que la sucesión vinicular, el desempeño de ciertos cargos civiles ó dignidades eclesiásticas entraban como elementos del poder legislativo. Pero esta cuestión se trató en las Cortes más bien bajo su aspecto histórico y como simple procedimiento cuya bondad abonaba la tradición y como un compromiso contraído al convocarse las Cortes; pero entonces nadie puso en duda que la potestad legislativa debía residir íntegramente en el Monarca con las Cortes elegidas en virtud de la soberanía nacional, y nadie pensó ó manifestó al menos públicamente su pensamiento, de que podía crearse en España una Cámara que tuviese por origen el derecho hereditario, que no pudiera disolverse, es decir, algo parecido á la de los Lores de Inglaterra. Además, cuando esto discutían las Cortes era el final del año 1811, y Bentham era entonces poco conocido en España, y además parece que la fecha de la carta es lo menos posterior de nueve años.

Inauguróse la segunda época del régimen parlamentario
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al grito de viva la Constitución, se mantuvo con el lema de Constitución ó muerte y pereció en la isla gaditana á manos de una intervención extranjera, con la cooperación pasiva, si así puede decirse, de una gran parte del pueblo español, discutiendo leyes excepcionales contra quien atentara á la integridad del sagrado Código, como entonces se decía. Sólo por un escrúpulo de conciencia he investigado minuciosamente si en las Cortes de 1820 á 1823 intentó alguno alterar el respetado texto de 1812; de antemano creía que la respuesta debía ser negativa. Si la hubiera obtenido en sentido contrario, la verdad misma me hubiera parecido inverosímil. Ni aun en las postrimerías del régimen liberal, ya ocupada Madrid por el Duque de Angulema, se creyó cosa posible ni digna para los liberales ni para las Cortes alterar ni una coma en la Constitución gaditana, y no se encuentra, por tanto, reliquia ni rastro el más insignificante de la proposición de establecer una Cámara alta que diese origen á la carta de Bentham á la Nación española.

La carta, sin embargo, empieza con estas palabras: «Hombres de Madrid, miembros de las Cortes, pueblo español, si el anciano que os dirige la palabra es un extraño, si es desconocida su voz, escuchadla al menos con indulgencia. Si expone su parecer es porque se le ha pedido, si ofrece su consejo es porque á ello se le ha excitado.» Poco después añade: «Se me pide mi opinión como autoridad, como punto de apoyo, y la doy.» No puede, pues, ponerse en duda que la carta está dirigida á España entera y especialmente á los Diputados; que no lo escribió Bentham, por decirlo así, espontáneamente, que le excitó á ello quien gozaba de alguna autoridad ó algún prestigio en la dirección de los negocios públicos y en la deliberación de las Cortes. ¿Quién era esa persona? La pregunta es natural, casi ineludible, y, sin embargo, á los lectores de la carta, si lo hacen en la edición francesa de Bruselas, tal vez no se les ocurra, porque es más que probable que antes que de la misma se enteren del prefacio ó preámbulo histórico que precede á éste, como á cada uno de
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los demás ensayos. El autor anónimo del preámbulo, que bien pudiera ser Esteban Dumont, dice terminantemente y con la seguridad más pasmosa: «Se agitaba en España el problema de si era necesaria una Cámara alta, cuando un español distinguido, el Sr. Falgueira, dirigió á Bentham una carta en la que con insistencia le rogaba diese su opinión en este importante punto y echase en la balanza del pueblo, de la razón y de la justicia el peso de su nombre y de su pluma. Esta invitación de Falgueira es la que motivó el ensayo que sigue.»

De buena fe creía, como de seguro creerían los lectores del preámbulo llamado histórico, que en los años de 1820 á 1823 había en España un Sr. Falgueira, que era un hombre distinguido, y no dudé que cuando menos fuese Diputado. Pero cuando quise verificar la exactitud de la cita, me hallé que con este nombre no había habido habido en España en las dos elecciones verificadas durante esa época ningún Diputado, y que, caso de haber alguna persona de semejante apellido, nada autorizaba á considerarle como un personaje distinguido, y no continué mi investigación á tratar de convencerme de que no existió un Falgueira, aunque no fuese distinguido ni Diputado, porque cayó en mis manos un documento según el cual no cabía duda de que un tal D. Juan Bautista Falgueiras, aunque no Falgueira, era en efecto Diputado, desempeñaba las funciones como tal de Secretario de las Cortes, y era un personaje muy conocido, pero Diputado-Secretario de las Cortes extraordinarias portuguesas, convocadas á raíz de la revolución de 1820.

Si el nombre de Falgueiras me llevaba á Portugal, aún más me llevaba el asunto del mensaje de Bentham. Así como en España ni en la primera época constitucional se suscitó directa y resueltamente la cuestión si debían existir dos Cámaras, ni indirecta ni como de pasada en la segunda á que la carta se refiere, otra cosa muy distinta aconteció en el vecino reino. La Comisión de las Cortes extraordinarias encargada de formar unas bases de futura Constitución, llenó, en efecto, su cometido. Puestas á discusión, oradores notables; como
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José María Javier de Araujo, Trigoso y Pereira da Silva, sustentaron la conveniencia de dividir la representación nacional en dos Cámaras; Fernández Thomaz, Ferreira Borges, Ferreira Moura, y sobre todo el célebre Borges Carneiro, que tanta autoridad tenía en el país, apadrinaron la Cámara única. Puesto á votación el punto, prevaleció la opinión de los últimos, y por 59 votos contra 26 quedó aprobado el artículo estableciendo una sola Cámara, que no podía ser disuelta ni prorrogada. No hubiera sido, en verdad, nada extraño que en donde esta cuestión se agitó con tanto empeño, en que eran tan apreciadas las opiniones de Betham, cuyas obras enviadas á las Cortes portuguesas, como lo fueron á las de España, mandaron aquéllas que la Regencia las hiciese traducir y repartir, cosa que no se hizo en nuestra patria, algún Diputado preguntase al estadista inglés su opinión sobre la Cámara alta para aducirla como un argumento de autoridad. Posible es, pero tal conjetura no puede elevarse á la categoría de verdad probada sin examinar detenidamente los antecedentes portugueses, y sobre todo ante la afirmación del autor y ante la seguridad con que el traductor y editor de las obras afirma en el preámbulo histórico que «apenas llegada á Madrid la carta de Betham fué traducida al español; que algunos Diputados de los de mayor prestigio votaron su lectura solemne en sesión pública; que el trabajo de Bentham se leyó, en efecto, tan pronto como el orden de las sesiones lo permitió, en medio de los aplausos más desinteresados y más expresivos de la mayor parte, si acaso no era de todos los asistentes.» Piensa el autor del preámbulo histórico que «debió hacerse mención de la lectura en el acta de la sesión;» pero ni en la de las Cortes que se conservan ni en ninguna parte se menciona el hecho, como tampoco la proposición relativa al asunto. Confieso de buen grado que mayores investigaciones, más seguros datos son precisos para desmentir al propio autor del mensaje dirigido, no á la Nación portuguesa, sino á la española.

Por lo demás, la carta de Bentham, que no es muy exten-
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sa, presenta y resuelve la cuestión desde el limitado punto de vista si es conveniente ó no una alta Cámara en un todo semejante á la de los Lores, de idéntico hereditario origen, con parecidas atribuciones, y, por tanto, con iguales vicios, propios de su naturaleza y adquiridos por la práctica y por el medio ambiente en que tal institución se ha desarrollado. No es, pues, el examen del problema constitucional de la organización del poder legislativo en forma de Estamentos, como se planteó en España en 1811; no es tampoco el de si convenían dos Cámaras nacidas ambas de la elección, aunque con significación y elementos diferentes por las condiciones exigidas á los electores y á los elegibles, como se presentó en Portugal en 1820; no es tampoco el gran problema de si el Congreso representa el elemento popular y el Senado las Corporaciones ó los intereses y derechos asociados; para Bentham la dificultad propuesta se resolvía, como lo consignó al principio de su mensaje, con la simple enunciación de la dificultad misma que formula del siguiente modo: ¿A la Asamblea elegida por la mayoría de los ciudadanos y que la mayoría de éstos puede anular se agregará otra asamblea que por causa alguna podrá ser destruida y que no habrá elegido la mayoría de los ciudadanos? La cuestión, por consiguiente, aparece enunciada en términos tales, que no abraza más que uno de los extremos del problema constitucional; Cámara alta, no electiva, y por su origen indisoluble. Así, no es maravilla que los argumentos todos opuestos al establecimiento de esa institución sean, por decirlo así, ingleses contra la Cámara de los Lores. El que las Cortes portuguesas llaman enfáticamente el ilustre ciudadano del mundo, no habla á los hombres todos, no á los de España, como dice el sobrescrito, no á los de Portugal, como quizá pueda creerse, sino á los del Reino Unido de Inglaterra, Escocia e Irlanda. El mensaje de Bentham en el fondo es una carta del interior, sólo que tiene equivocadas las señas.

El segundo de los Ensayos sobre la política de España tomó como motivo, ó más bien como pretexto, la causa for-
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Militar del Ejércite y Armada, de la cual Memoria aún pudieran sacarse útiles materiales de consulta.

LORENZO SÁNCHEZ NUÑEZ. Médico consultor de los Reales Ejércitos y subdirector del Cuerpo de Sanidad Militar.

JOSÉ ANTONIO PIQUER. En la guerra de la Independencia fué consultor y primer médico de los Ejércitos. Sus biógrafos se lamentan de que, habiendo enfermado y no pudiendo desempeñar destino alguno, ni haber tenido tiempo de hacer ahorros con el producto de su profesión, se viera en el triste caso de vender su notable biblioteca para atender á su subsistencia; y siendo á la vez que médico uno de los más distinguidos literatos españoles, murió pobre y olvidado.

MAGÍN BERDÓS. Sirvió en Ultramar como médico militar, residiendo muchos años en América. Regresó á España en 1825 y fué incorporado al primer Regimiento ligero de línea, y después, en 1831, pasó al de Caballería de Borbón y en 1837 obtuvo un destino en la Guardia Real. Escribió sobre legislación sanitaria, aplicada al Ejército, una obrita en extremo útil, y un buen cuadro de exenciones del servicio militar.

CARLOS FRANCISCO AMELLER. Concluidos sus estudios fué nombrado cirujano de la Armada, en 1774, en la cual sirvió nueve años. Asistió á la jornada de Argel como ayudante del cirujano en jefe, y sirvió en los navíos San Julián, Diligente, Rita, San Carlos y San Nicolás. Fué médico de Cámara y obtuvo muchos honores y distinciones.

VICENTE LLOBET Y TOMÁS. Terminada su carrera, en 1811, fué nombrado médico del Hospital Militar de la quinta división del segundo Ejército en la guerra de la Independencia.

JOAQUIN FERNÁNDEZ Y LÓPEZ. Fué médico militar y escribió muy acertadamente acerca de el cólera morbo asiático, de la grippe y de Anatomía.

MANUEL CORDONIÚ. Médico del Ejército de Ultramar,
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mada por los sucesos acaecidos en Cádiz en 10 de Marzo de 1820.

La revolución española no registra entre sus páginas sangrientas y vergonzosas ninguna que la supere y difícilmente alguna que la iguale. Conocidos de todos son los diversos intentos del restablecimiento del régimen constitucional, abolido tan injusta como impolíticamente con la ciega reacción de 1814.

A principios del año 1820, unos 4.000 hombres tenían levantada la bandera de la insurrección en la ciudad de San Fernando. El poder central no sólo no había podido dominar á este puñado de hombres, sino que una columna compuesta de escasas fuerzas había recorrido una parte de la Andalucía baja proclamando en diversos puntos de ella la Constitución. El ejército real ocupaba, sin embargo, por completo la ciudad de Cádiz, y no es maravilla que al considerar esta situación extraña se pensase que la población civil de la plaza fraternizaba con los insurrectos de San Fernando, y que no eran enteramente hostiles las tropas mismas y quizá alguno de sus jefes. Mandaba el ejército gaditano el General Freire, algo sospechoso de inclinaciones á la Constitución; no así el General D. Juan María Villavicencio, á cuyas órdenes estaba la escuadra, pero era conocido por cierta lenidad y tolerancia, á que en época de revuelta y de exacerbación de las pasiones suele darse el alcance de aquiescencia, cuando no de simpatía. El rumor público en San Fernando y en Cádiz dió como cierta la proclamación de la Constitución en Galicia y como muy probable en Madrid. Estos rumores, no completamente inexactos, ocasionaron sin duda que ambos Generales se reuniesen en Cádiz. Sabido esto públicamente, la multitud atribuyó este encuentro, que pudo ser casual, al proyecto de proclamar inmediatamente la Constitución gaditana. La conducta de los dos jefes militares no pareció desmentir tal propósito, pues reunida numerosa concurrencia al pie de las casas donde se alojaban, prorrumpió en atronadores vivas á la Constitución, sin que ésta manifestación entonces criminal fuese re-
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primida. Alentadas las masas, pronto se buscó una tabla donde en gruesos caracteres se escribió el nombre, que en casi todas las ciudades de España lleva, al menos oficialmente, la mayor y más concurrida plaza de ellas, y con cuya denominación fué conocida durante la anterior época constitucional la de San Antonio de Cádiz. Cuando llegó la noche se iluminó casi por completo la ciudad en señal de júbilo, manifestación que tampoco se impidió. Es más, parece que el General Villavicencio, que se consideraba menos afecto á las ideas constitucionales, no se opuso á que una comisión de oficiales pasase á San Fernando á dar noticia de los sucesos, lo que motivó que de allí saliese otra comisión, que componían los Coronelos D. Felipe Arco Agüero, D. Miguel López Baños y el incomparable orador político D. Antonio Alcalá Galiano. Recibidos los comisionados de San Fernando por el pueblo con el natural agasajo, preparóse todo para la jura de la Constitución, señalada para aquella mañana.

De repente, sin previo aviso ni intimación de ninguna clase, desembocaron en la plaza que dentro de poco había de recuperar su augusta nombre, los batallones de Guías y de la Lealtad haciendo fuego, sembrando el espanto, la desolación y la muerte en aquella multitud inerme y confiada, y derramándose después la soldadesca desenfrenada y ebria por la ciudad, se complació en todo género de excesos de crueldad y de lascivia, que repitió al día siguiente.

Sin embargo, el 8 de Marzo se publicó el decreto en que el Rey manifestaba su propósito de cambiar su marcha política; el 6 del mismo mes la Gaceta extraordinaria daba á conocer la Real decisión de convocar á Cortes por el sistema antiguo, y el mismo 10 de Marzo de 1820 España, con tanto asombro como alegría, leía el manifiesto del Rey á la Nación española, que terminaba con la célebre y conocida frase marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional.

Convertida tan bruscamente en camino real la hasta entonces estrecha y peligrosa trocha, trocados los rebeldes en vencedores, no tuvo lugar en Cádiz una reacción sangrienta.
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por los acontecimientos del dia 10. En cambio, se empezó á instruir una ruidosa causa para conseguir el castigo de los que de un modo tan brutal, sangriento y arbitrario habían querido reprimir la popular impaciencia de entrar en la senda constitucional algunas horas antes que el Monarca.

El carácter militar de todos ó de la mayoría de los presuntos reos llevó á que se cometiese el conocimiento del asunto á la jurisdicción de Guerra, y á los procedimientos militares, y según ellos fué elegido como Fiscal instructor de la causa el Coronel D. Gaspar Hermosa.

No fué aquel proceso, que ocupó durante más de tres años la atención pública y aun las tareas de las Cortes, un modelo de celeridad. Ya en la sesión de 16 de Julio de 1820 se presentó por el diputado Sr. Solanot una moción para que se abreviasen los términos judiciales hasta lo que se creyese absolutamente indispensable á la defensa de los reos, proposición que quedó reducida á que por el Secretario de las Cortes se preguntase por el estado de la causa por dichos sucesos, cuyo pronto y ejemplar castigo estaba pidiendo, según el Diputado O'Dali, el cielo y la tierra. En otras muchas sesiones se formularon preguntas sobre la marcha del proceso, hasta que en la de 11 de Noviembre de 1821 acordaron las Cortes, contestando á una consulta del Comandante general de la plaza de Cádiz, el modo en que había de sustanciarse de una manera sumaria y breve.

Entre los incidentes de que es preciso hacer mención, y por cierto no el más importante, ha de contarse el que tuvo lugar en la sesión de 29 de Agosto de 1820, porque si no el más notable, es el único directamente pertinente á nuestro objeto. Era una de las veces en que los Diputados se habían quejado de la lentitud con que marchaban los procedimientos, proponiendo medios de remediarla, y á este propósito el Diputado por Cádiz, Sr. Vadillo, leyó un papel impreso en Sanlúcar de Barrameda pocos días antes, y que parecía firmado por el Coronel fiscal Gaspar Hermosa. Manifestaba éste que la causa se hallaba en sumario; que habían sido muchas las
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declaraciones que había tenido que tomar, ya de los presuntos rcos, ya de otras personas, y concluía el papel, que íntegro se inserta en el Diario de Sesiones, con estas palabras que se copian no por ser notables, sino por haber llamado la atención del irascible y severo Bentham, en cuyos escritos sobre España me estoy ocupando: «Recuerdo al público que el determinimiento en los procesos es un tributo que se debe á la justicia y como el precio á que se compra la seguridad de los ciudadanos; que las formas judiciales son el escudo de la libertad y la precipitación el mayor de los escollos de los juicios.» Estas y algunas otras palabras tan insignificantes como ellas fueron las únicas que llegaron á los oídos del jurisconsulto inglés y motivaron el segundo de los Ensayos sobre la situación política de España.

Parece que tratándose de acontecimientos de tanta resonancia y tanta significación como los de 10 de Marzo, lo primero que debía llamar poderosamente la atención para quien se preocupase del estado político de España y de su porvenir eran los sucesos mismos, sus causas, el estado de profunda perturbación que revelaban, el antagonismo extraño entre las tropas reales y las fuerzas liberales, que no autorizaban para augurar prósperos días de tranquilidad para el régimen constitucional. Lejos de esto, el jurisconsulto inglés arranca del insignificante papel del fiscal Hermosa las palabras copiadas, y examina friamente y en párrafos separados, como si se tratase de una tesis doctoral, si los términos judiciales son el tributo debido á la justicia; si son el precio á que el ciudadano compra su seguridad personal; si la precipitación es el escollo más perjudicial en las causas criminales, haciendo varias reflexiones sobre estos asuntos, muchas de una justicia evidente, algunas de oportunidad innegable, que los hechos posteriores confirmaron, pues aquella ruidosa causa, en que se escribieron más de 7.000 hojas y se procesó á más de 54 ciudadanos, concluyó al cabo de más de tres años sin dar más de si que llevar al suplicio, según dice D. Antonio Alcalá Galiano en sus Recuerdos de un anciano, á un pobre guarda de puer-