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ilustre Conde de Maistre, decía en sus célebres Veladas de San Petersburgo: «quisiera yo saber cuál sería la suerte del Espíritu de las Leyes, de Montesquieu, escrito en el latín de Suáres, y cuál hubiera sido la del tratado De lejibus, de Suáres, escrito con la pluma del publicista francés.»

No obstante ser superior, según Maistre, la obra del jesuita español al libro del enciclopedista, necesario es confesar que no hay entre los juristas patrios quien no haya leído el Espíritu de las Leyes, y que son muy escasos en número los que han estudiado el hermoso tratado De lejibus et Deo legislatore.

La juiciosa observación del elocuente escritor tradicionalista, es indicio de que pecan por exageración, y más aún por injusticia, los que niegan que nuestros filósofos juristas hayan ejercido influencia científica fuera de los límites de nuestra nación.

Quizá la opinión del escritor católico, por serlo, y devotísimo como Maistre, no tenga autoridad para los racionalistas; pero por fortuna á él se unen, en la defensa de la tesis que sostiene, escritores de las más opuestas ideas.

Mucho antes que el Conde de Maistre escribiera el juicio citado, había reconocido explícitamente el célebre Hubo Grocio, á quien equivocadamente se juzga fundador de la ciencia del Derecho natural, lo mucho que debía á nuestros escritores del siglo xvi. Verdaderamente el tratado «De jure pacis et bellis» del filósofo holandés, revela, por modo claro, que éste conocía perfectamente las profundas selecciones de jure bellé y de indis del domini Victoria.

El ilustre Federico Julio Stahl, profesor que fué de la Universidad de Berlín, en su Historia de la filosofía del Derecho (1), obra celebrada por católicos y racionalistas, concede valor científico á los tratados De Legibus, y De Rege et rejis instituciones de los jesuitas Suáres y Mariana respectivamente.

(1) Storia della Filosofia del Diritto de Federico Giulio Stahl, página 825. (Edición italiana).
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económico» (1). ¡Esto se escribía cuando apenas si se anunciaba la profunda transformación del mundo industrial que más arriba queda descrita!

A Italia corresponde la gloria de esta nueva dirección, no sólo por esos felices atisbos de Rossi y otros análogos de Romagnosi, sino porque en estos últimos trece años una pléyade de escritores, Gabba, Cimbali, Chironi, Polacco, Salvio-li, Cogliolo, Gianturco, Vadalà-Papale, Filomusi Guelfi, Fioretti, Cavagnari, Rinaldi, han venido á dar la razón á su compatriota Carle, según el cual, «así como el inglés llegó al gran concepto de la evolución que gobierna la naturaleza universal, y el alemán al del progreso, que más bien se desenvuelve en el mundo del espíritu, el ingenio italiano, por su parte, desde Dante y Maquiavelo, ha demostrado una tendencia irresistible á ser el filósofo de las cosas civiles y humanas, y ocuparse en la vida y la ciencia de los Estados; á estudiar, en suma, el proceso de la civilización en el seno de la sociedad humana». Y añade: «En sus doctrinas políticas y sociales, el ingenio italiano, análogamente, no va en busca de los extremos del individualismo y del socialismo, como le sucede á veces al genio francés, sino que hace especial estudio en conciliar constantemente el principio individual y el principio social» (2).

G. DE AZCÁRATE

(Concluirá).

(1) En sus Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société.
(2) La vida del derecho en sus relaciones con la vida social, pág. 366, traducida al castellano por los Sres. D. H. Giner de los Ríos y D. Germán Flórez Llamas.
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DICTAMEN

EMITIDO POR LA

REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

SOBRE LAS REFORMAS PROYECTADAS POR EL EXCMO. SEÑOR DON EUGENIO MONTERO RÍOS, MINISTRO DE GRACIA Y JUSTICIA (1).

Excmo. Señor:

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, correspondiendo gustosa á la deferente invitación de S. M. comunicada por V. E. en la R. O. de 23 de Marzo último, tiene el honor de exponer su opinión sincera y desapasionada sobre las reformas que, respecto á la organización de la Administración de Justicia y á los procedimientos judiciales han

(1) Habiendo solicitado el Sr. Montero Ríos que la Academia de Jurisprudencia emitiese su autorizada opinión acerca de las reformas por él proyectadas, el Sr. Cánovas del Castillo, Presidente entonces de aquella Corporación, designó una comisión compuesta de los señores Danvila (D. Manuel), Lastres, Gamazo (D. T.), Montejo y Rica y Llanos y Torriglia, para que formulasen dictamen.

Por ocupaciones urgentes renunciaron sus cargos los Sres. Danvila, Lastres y Montejo, siendo nombrados en su reemplazo los Sres. Cos-Gayón (D. Fernando), Pérez Oliva y Lorente (D. Luis María); y constituida así la Comisión, celebró diferentes reuniones, en la última de las cuales se encomendó al Sr. Llanos y Torriglia, la redacción del dictamen, que es el que hoy publicamos, aprobado por la Academia, en sesión pública celebrada al efecto el 21 de Junio de 1893 después de breve discusión, en la que intervinieron los Sres. Bores Romero, Careaga, Pérez Oliva y Maluquer.

Los Sres. Cos-Gayón y Gamazo no llegaron á firmar el dictamen, prefiriendo conservar íntegra su libertad de acción como diputados á Cortes, para tomar parte en los debates que sobre las reformas se estaban verificando aquellos días en las Cámaras.
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de ser sometidas al voto de las Cortes por el Ministerio que V. E. tan dignamente rige.

No procedería lealmente la Academia, si movida de irreflexivo amor á los principios absolutos de la ciencia al formular su juicio sobre los proyectos del Gobierno, aparentase desconocer la ineludible precisión de acomodar el ideal á lo relativo de la vida, contando con las estrecheces del Erario público y la presión de las circunstancias bajo las cuales se obra; pero faltaríamos, por el contrario, á los deberes que nuestra historia y nuestros estatutos nos imponen si resignándonos ante la fatalidad de las economías, fatalidad acerca de la cual no es esta la ocasión de discurrir, prescindíramos de consignar nuestro disentimiento en todo aquello que consideremos nocivo á los intereses de la justicia.

Que en las reformas algo hay recusable por ese concepto no se le ha ocultado ciertamente al preclaro juicio del ilustre jurisconsulto ante el cual informamos, puesto que al remitir á la Academia las bases de su reforma parecía querer coherenciar las deficiencias que en ella se pudieran advertir con la imperiosa necesidad «de la reducción de los gastos públicos á que legítimamente aspira la voluntad general del país.»

Y la Academia de Jurisprudencia que no tiene á su alcance los medios de comprobar el acierto ó desacuerdo con que la voluntad general demanda esa reducción, no puede en este terreno hacer otra cosa sino deplorar amargamente que el país no sólo no se encuentre con recursos ni energías bastantes para mejorar su deficiente administración de justicia, sino que se vea en el caso de regatear la dotación que hasta hoy consagraba al ejercicio de tan augusta magisterio. Un reputado tratadista alejado de nuestros tiempos y de nuestras miserias de ogaño (1), escribía hace ya medio siglo lo siguiente: «Como las funciones judiciales ni tienen ni pueden esperar lo que con propiedad llamamos gloria ó esplendor, no son de tal naturaleza que puedan desempeñarse gratuitamente;

(1) Macarel.—Derecho público.
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emplean todo el tiempo de aquellos que las sirven, han de consagrar éstos su vida entera al estudio, á la meditación y al cumplimiento de sus deberes; es preciso, pues, pagarlos bien, porque todo empleo que necesita ser pagado se envilece si la paga es muy pequeña.» Pues bien; esta aspiración de una justicia numerosa y bien retribuida que con aquel jurista extranjero han compartido siempre los jurisconsultos españoles, parece como que huye constantemente de nuestra administración pública; gran esfuerzo costó en los tres últimos decenios aumentar el número de tribunales, formar un personal idóneo, regularizar la tramitación de los asuntos, prestar garantías de respetabilidad y de prestigio á los representantes de la ley; lógico era esperar que este movimiento iniciado no se suspendiese, que los organismos creados se consolidasen ó si se reformaban fuese á impulsos de ese mismo deseo de progreso; que pudiera, en una palabra, la justicia ocupar en el solio de la paz la silla curul de que las guerras y las discordias la desposeyeron; y cuando todos los auspicios auguraban favorablemente á este desideratum, surgió de repente el problema económico y con él la dolorosa necesidad de las mermas en el presupuesto.

La Academia no discute este extremo; lo lamenta.

***

Entrando ahora á examinar detenidamente las bases de la reforma, cúmplemos declarar que la Academia se ha complacido muy de veras al encontrar en la primera de ellas el restablecimiento de aquella organización creada por la ley de 1870 y nunca implantada en realidad. Clave de esa organización son los Tribunales colegiados que aquella ley denominaba de partido y que rotundamente podemos afirmar constituyen una aspiración general: entendiéndolo así sin duda algún antecesor de V. E. planeó también un sistema del cual eran elemento integrante los susodichos Tribunales. Este consentimiento unánime de las escuelas, ó al menos de las militantes en España, evita á la Academia el encomio de las
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ventajas que el tribunal colegiado reporta, dándole condiciones sobradas para sustituir al juez único; y la desaparición ya consumada de las Audiencias de lo criminal no radicantes en capital de provincia, así como la intentada de las restantes del mismo orden, hacen más perentoria la necesidad del organismo expresado, si se ha de evitar el peligro de encomendar en la mayoría de los casos á la voluntad unipersonal y al criterio falible del Juez de primera instancia la hacienda de unos y la honra y la vida de otros.

Un punto, que siquiera parezca nimio detalle no deja de tener su importancia, entiende esta Academia que merecería llamar la atención de V. E. y de las Cortes: tal es la denominación con que ha de designarse á dichos tribunales. Llamóles la ley de 1870 Tribunales de partido, conservaron esa denominación en el proyecto de 1891 y con el mismo nombre aparecen hoy en los proyectos de V. E.; pero aún más que antes desde 1870 hasta el momento presente se ha venido considerando como partido judicial al territorio donde ejerce un juez su jurisdicción, los mapas geográficos designan como cabeza de partido á la capitalidad de esas pequeñas subdivisiones; cárceles de partido son las que ellas costean; las leyes todas, incluso las de administración han aceptado la palabra con esa significación y el uso vulgar sanciona de tal manera esta acepción del vocablo que, desde luego, puede presumirse que no pasará de grado en mucho tiempo por la antífologia que pretende imponérsele. Por el contrario, la palabra circunscripción se ha venido empleando hasta hoy en un sentido más amplio; la legislación electoral ha considerado á la circunscripción como un territorio de mayor importancia que los simples distritos, á los cuales han coincidido las más de las veces con los partidos judiciales; y hasta el manejo menos frecuente de la voz circunscripción la hace más susceptible de amoldarse á nuevas significaciones. Por todo esto, y habida cuenta además de que nuestro Diccionario de la Lengua exige para el partido una capitalidad en pueblo de importancia, capitalidad de que van á carecer las futuras acéfalas con aglo-
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meraciones de cuatro distritos judiciales, la Academia opina que podría conservarse la actual denominación de partido para cada uno de dichos cuatro distritos, adoptándose el nombre de Tribunales de circunscripción para los que ejerzan jurisdicción sobre los cuatro reunidos: esto sería además conforme con el concepto geométrico de circunscripción, toda vez que en geometría se define como circunscripción el resultado de una operación que consiste en encerrar una ó varias figuras dentro de otra más extensa á cuyos lados toquen los vértices de las comprendidas en ella.

* * *

Vendrá luego ocasión más adecuada para examinar despacio dichos tribunales y siguiendo ahora en un todo el orden de las bases que nos han sido remitidas por V. E., hemos de expresar nuestra conformidad con la supresión que en la segunda se anuncia de una de las tres Salas del Tribunal Supremo, supresión que arrastrará consigo la del superfluo trámite de admisión en la mayoría de los asuntos.

Idea es ésta que, no obstante los motivos que determinaron en su día la creación de la Sala de previo examen, viene abriéndose camino hace algún tiempo y acaso sea de todas las operaciones quirúrgicas intentadas, la que menos protestas ha levantado en el cuerpo judicial; mas no esta consideración (en la que sería preciso aquilatar para apreciarla bien los grados de egoísmo que entraban en su génesis), sino la de que ciertamente no ha de producir gran trastorno esta reforma, es la que inspira á la Academia al darle su beneplácito, como lo daría también si fuese extensiva á la reducción del número de magistrados necesario para conocer de determinados trámites, reducción que al propio tiempo serviría de ensayo para más trascendentales medidas.

Mucho menos rotunda, menos decidida, menos concreta se había presentado la opinión de la Academia en lo relativo al pase del Tribunal de lo Contencioso-administrativo á formar parte del Supremo de Justicia. Quizás contribuyera
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esta indecisión de la Academia á la falta de comprensión del alcance que pensaba dar V. E. á la reforma; mas como posteriormente se ha hecho público el propósito del Gobierno de prescindir por ahora de tal innovación, nuestro informe omite consideraciones sobre este extremo, que pudieran ser tachadas de extemporáneas.

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Ninguna observación de importancia cumplenos hacer en lo tocante á la organización, competencia y atribuciones de las Audiencias territoriales, materia de la base tercera, como no sea en sus relaciones con los Tribunales de partido que V. E. establece en la cuarta y que requieren detenida consideración, pues son, sin duda alguna, la novedad más interesante del proyecto.

Apellidámosles así, no porque los tales organismos sean en su fundamento creación de ahora, sino porque en la forma que se presentan, no ya en la práctica sino nisiquiera en la esfera científica—salvo algún intento de que luego hablaremos—, encuentra la Academia precedentes de esta innovación; lo cual no será óbice para que la recibamos con aplauso si la consideramos aceptable, pues al llevar la marca de fábrica de V. E., tiene ya recibido un bautizo científico que nadie fácilmente hubiera podido administrarle con mayor autoridad.

Dos caracteres distintivos se advierten en la constitución de estos tribunales de partido, pues así los denominaremos, aceptando la nomenclatura del proyecto: la periodicidad y la movilidad. Estudiémoslas por separado.

No es la movilidad de los Tribunales circunstancia que ceda en su desprestigio como se ha afirmado con notoria ligereza. No lo entiende así, y bien celosa es de la reputación de sus ministros, la Iglesia Romana, que da carácter judicial á la visita girada por el juez eclesiástico en determinadas épocas; no lo entienden así tampoco nuestras vigentes leyes de procedimientos, que prescriben para ciertos casos la tras-
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lación del Tribunal al sitio del suceso; y si repasamos la historia de nuestra patria, ningún Tribunal ha sido más respetado nunca que aquéllos presididos en persona por la Reina Católica en Madrid, en Sevilla, en Segovia, en Simancas, en casi todas las ciudades por donde pasaba, en todas las que residía algún tiempo. Ciento es que frente á este prestigio del regio Tribunal, al cual principalmente contribuía la autoridad y los talentos de la augusta señora, pudiera contraponerse la inconsideración que llegó á guardarse con los *alcaldes mayores entregadores del Concejo de la Mesta*, la cual se extremó de tal modo que los reyes D. Carlos y Doña Juana hubieron de acordar en Cortes de 1532 que se les dieren «posadas que no sean mesones» y que «ellos y sus ministros pudieran llevar las armas que quisieren, aunque estén vedadas»; disposiciones ambas que tal vez salvando los tiempos y las distancias sería preciso reproducir ahora; pero aparte de esto, que trae á la memoria las no muy edificantes escenas de la venta de Cervantes en que intervino el oidor Viedma, fuera exageración desmesurada suponer que el prestigio de un juez está ligado solamente á su estabilidad, máxime cuando ésta no le retiene todo el día en el Tribunal de justicia, sino que le deja vagar bastante para participar de los recreos del casino y de las expansiones de la gente moza.

Tampoco la periodicidad es deprimente para los Tribunales. Periódicas son las reuniones del Jurado, siquiera esta periodicidad que sólo afecta á la constitución del Tribunal no interrumpa la administración de justicia; y periódicas son también las reuniones de casi todos los Tribunales ingleses, desde el llamado Alto Tribunal que visita dos veces al año las siete circunscripciones en Inglaterra para fallar los asuntos civiles y cuatro para fallar los criminales, hasta el Tribunal Central de Londres que se reúne todos los meses y los Quarter Sessions que se constituyen cuatro veces al año en las capitales de los condados: y á nadie le ha ocurrido ciertamente que la periodicidad de estos organismos los desconceptúe en la conciencia pública.
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Mas si bien es cierto que ni el ser movibles, ni el ser periódicos, así aún la combinación de ambas cualidades son notas de desprestigio para los jueces, conviene no perder de vista en este orden de ideas que ni las condiciones de cultura y de comodidades de nuestros pueblos y nuestros medios de locomoción, ni nuestra historia, ni siquiera nuestro clima, que ora tuesta las llanuras de la Mancha y los cañaverales de Granada y Málaga, ora intercepta con nieve las montañas de Reinosa, de Asturias, de Guadarrama y de Sierra Morena, ora inunda las huertas de Murcia y de Valencia, haciendo intransitables los caminos, son elementos favorables á la implantación del Tribunal de partido periódico y ambulante.

Además, este género de Tribunales, formado con los jueces de cada cuatro circunscripciones, lleva consigo el abandono por estos funcionarios durante largo tiempo de sus respectivas demarcaciones que quedarán entregadas al Juez municipal; y como éste, asistido de dos co-jueces, tiene que fallar determinadas infracciones legales y ocuparse además por sí, durante la ausencia del de primera instancia (llamémosle así, aunque este nombre ha de desaparecer en buena lógica) de la instrucción de los sumarios, que no consienten interrupción ni dilaciones, se dará el caso frecuentísimo de que un suplente lego de juez municipal sea quien prevenga los ab-intestatos, decrete desahucios, mande lanzamientos, ordene ejecuciones, organice consejos de familia, y sea, en suma, el dispensador y el intérprete del derecho civil en la esfera de sus atribuciones.

Parece también deducirse del proyecto de V. E. que, al fin de evitar la prolongada ausencia de los jueces, se ha de tasar á éstos el tiempo que en cada reunión han de invertir y el que han de residir en cada distrito; pero esa previsión, nacida de un recelo justísimo, produce otro inconveniente grave. ¿Se prescribe el tiempo que ha de durar la reunión, y no se limita el que ha de residir el Tribunal en cada uno de los distritos? En ese caso, las causas y los pleitos del primer distrito se verán con holgura, las del segundo con despacio,
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las del tercero con apremios de tiempo, las del cuarto, si se ven, será con rapidez imprudente. ¿Se limita también el tiempo que el Tribunal ha de invertir en cada distrito? Pues entonces los jueces tendrán que optar por una de estas dos soluciones, á cual más sensibles: ó fallarán los asuntos todos del distrito á un compás que robará autoridad al fallo, ó despacharán solamente los que puedan, dejando los restantes para el trimestre próximo, quedando, mientras tanto, el preso en la cárcel, la cantidad adeudada devengando intereses y la propiedad invadida produciendo rentas al invasor: á no ser que se imponga al Tribunal la obligación de despachar todos los asuntos pendientes, y entonces ¡ay del que espere el último justicia! Se le escuchará con impaciencia y se le sentenciará sin meditación.

Y esta cuestión de tiempo es tan interesante, Sr. Ministro, cuanto que los Tribunales de partido, ora solos, ora con Jurado y con magistrados superiores, van á tener que conocer de los asuntos siguientes: 1.º De los asuntos civiles que determine la ley de Enjuiciamiento. 2.º De todas las causas criminales por delitos. 3.º De las recusaciones contra los jueces municipales del partido. 4.º De las competencias entre los mismos. 5.º De las denuncias y querellas (muy frecuentes, de fijo) contra los dichos jueces municipales. 6.º De la jurisdicción contencioso administrativa, los que residan en capital de provincia; y 7.º De algunos otros asuntos que, dada la incompetencia de los jueces municipales, será preciso encomendarles. Esta enumeración, calcada en la base 4.ª del proyecto de V. E., pone de manifiesto la excesiva labor que sobre tal institución se acumula y la imposibilidad de que en los diez ó doce días que á lo sumo puede detenerse el Tribunal en cada partido, se dé cima á tanto y tan variado cometido, sobre todo, si en uno de los partidos ha de fallarse, v. gr., una causa por delito grave que invierta varias sesiones del Jurado.

Gran parte de estas consideraciones—principalmente las que hacen referencia á lo antitético de este Tribunal de partido con nuestras costumbres y á los inconvenientes del aban-
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Stahl tiene grandísima autoridad en esta materia, porque no se puede encontrar un escritor que haya dedicado más tiempo que él al estudio de la misma y que la haya conocido con mayor perfección. Su importante obra es la única brújula que guía á los cultivadores de este ramo del saber, y los fallos que en ella se pronuncian podrán ser aceptados ó impugnados por los pensadores más ilustres, pero todos les conceden gran peso y autoridad.

Algun tiempo después de haber publicado el profesor alemán la Historia de la filosofía del Derecho, los ilustres filósofos Liberatore, Taparelli, Prisco, Costa Rosseti y el sabio alemán Teodoro Meyor escribieron sendos tratados de Derecho natural, formados, en su mayor parte, con materiales tomados de las obras de Victoria, Soto, Suares y Lugo.

La ocasión es propicia para defender las producciones de aquellos escritores de una censura que, aunque benigna, no deja de ser injusta. El Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo, verdadero monstruo de talento y de saber, á quien la antigua ciencia española debe en este último tercio de siglo lo que se pudiera llamar •su exhumación• fustiga á la juventud que estudia el Derecho natural en las obras de los referidos filósofos modernos por que éstos extrajeron lo mejor de sus libros de nuestros escritores de los siglos XVI y XVII (1).

Aunque los juicios y las opiniones del egregio profesor tienen para nosotros indiscutible autoridad, creemos que la censura no es justa, porque si bien es cierto que en las citadas obras de nuestros sabios se proponen y resuelven las cuestiones fundamentales y todas las de importancia de la indicada ciencia, no puede negarse que los asaltos del racionalismo contra la ciencia ortodoxa han sido causa de que se planteen problemas nuevos que no estudiaron estos ilustres pensadores. Es indudable que en las producciones científicas de nuestros antiguos escritores se encuentran los princi-

(1) La Ciencia Española (2.ª edición), pág. 4. Es esta una de las mejores obras que se han publicado en nuestra nación en este siglo.