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de sus derechos. Pero no sólo contribuye por estos conceptos, que sin duda son los fundamentales, á realizar el bien común, sino que está obligado además, según las épocas y países, á contribuir á este fin mediante el desempeño, con carácter temporal, de todas aquellas funciones que, evidentemente, solo pueden cumplirse por órgano del Gobierno.

En la actualidad, tal vez la única función que los Estados cumplen por completo, es la militar. La sociedad va convirtiéndose en un inmenso cuartel; las ciencias físico-químicas encuentran su aplicación más lucrativa en el descubrimiento de nuevos elementos de destrucción y de matanza; gran parte de la juventud consagra su vida á las armas; y una porción, cada vez más considerable, de lo que la sociedad produce á fuerza de trabajo y de desvelos, se invierte en instrumentos de combate y en sostener en pié de guerra los ejércitos. Este estado de cosas nos dá la medida de lo que dista nuestra civilización de corresponder á nuestro orgullo; sus resultados son de gran importancia y todos á cual más desastrosos.

La pérdida de riqueza ocasionada por el predominio del militarismo es tan patente, y ha sido demostrada tantas veces por medio de guarismos, que no hay para qué insistir sobre ello. Pero es justo consignar, que si fuera posible convertir las naciones de Europa al estado relativamente pacífico que viene á representar la Confederación Norte-Americana, la faz del mundo variaría por completo. Los miles de millones consagrados á sostener y dotar ejércitos se destinarían á crear y desenvolver industrias lucrativas; el dinero se ofrecería en abundancia para toda empresa provechosa; las condiciones del trabajo mejorarian con rapidez; serian innecesarias las contribuciones onerosísimas que mermán el salario y el producto, y, como resultado de todo, los bienes de este mundo se distribuirían naturalmente con mayor equidad.

Los sentimientos de violencia y de agresión, tan contrarios á la práctica de las virtudes morales y jurídicas, reciben hoy la alta sanción del Estado. El organismo cuya función es
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el Derecho, funda en la fuerza las relaciones internacionales. Nada de extraño tiene que el espectáculo de la justicia, hollada por los pueblos, engendre su menoscabo en el ánimo de los individuos, y que la ley de la fuerza, predominante en todo, haga necesarias por parte de la autoridad política la represión y la opresión.

En efecto, el resultado evidente de las situaciones de fuerza es la disminución de los sentimientos de humanidad y de justicia. El fin de toda actividad militar es crear elementos humanos ó puramente mecánicos de destrucción, tanto más perfectos cuanto más destruyen. ¿Qué será del derecho, si ni siquiera la piedad subsiste? En los pueblos civilizados, toda guerra es un mal incalculable, una regresión al estado de barbarie; y si es cierto que hay algo de noble y de laudable en la acción marcial, es precisamente la idea del deber llevada hasta la muerte, la defensa de la patria y de la justicia; esto es, todo lo que en el choque sangriento representa la razón, la ley moral, el derecho, factores de armonía y de paz, totalmente opuestos á la destrucción y á la violencia que constituyen los caracteres esenciales de la guerra.

Obscurecida la idea de justicia, disminuido el sentimiento de humanidad, es lógico que los hombres procuren alcanzar sus fines prescindiendo de sus deberes sociales, y que inteligencias incultas piensen que la fuerza destructora es el instrumento adecuado para que se realicen sus aspiraciones. De ahí para la autoridad política la necesidad de ejercer una eficaz vigilancia y de reprimir constantemente la acción antisocial. De ahí también esa nueva y odiosísima legislación de clases, que castiga con el presidio y la deshonra al homicida de clase humilde, y premia casi al homicida de clase superior; olvidando que hace doce siglos que el Fuero Juzgo estableció, para gloria de nuestra patria, la igualdad de todo hombre, señor ó siervo, ante la ley penal. El combate judicial, institución de una edad bárbara, vuelve á florecer en nuestros días con su sentido irracional y antijurídico, gracias á la preponderancia verdaderamente triste de la actividad bélica.
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El derecho individual cede su paso al poder del Estado, que dispone de todo hombre, y, realizando el sueño de Platón, lo amolda á su arbitrio para la acción guerrera; restringe el derecho legítimo de propiedad, substrayendo á todo ciudadano, por medio del impuesto, los frutos de su trabajo, y emplea en cañones ó explosivos lo que cada cual debiera destinar á desenvolver sus facultades y á precaverse de la indigencia en el porvenir.

Es, por tanto, el primero de los deberes de la autoridad política en los Estados modernos, contribuir á fundar en el Derecho las relaciones internacionales. Es cierto que esto parece hoy utópico, y quizá lo es, dados los sentimientos y las ideas reinantes; pero hubo una época en que no se concebía que cada individuo dejara de reparar violentamente y por sí mismo sus agravios; hubo una época en que no se concebía que cada familia pudiera abandonar á nadie el cuidado de la venganza, que tantos confunden aún con la justicia; hubo una época, y bien cercana de nosotros, en que Aragón y Navarra, León y Galicia, Castilla y Granada, no concebían que pudieran llegar á fundar entre sí una paz perpetua; y estas enseñanzas de la historia nos deben inspirar la consoladora esperanza de que no se detendrá en estos progresos parciales la obra del Derecho, sino que acabará por extender su dominio fecundo y salvador á todo el orbe civilizado.

Siempre á las declaraciones de guerra precede un periodo en que las pasiones lo dominan todo. La voz de la razón no obtiene sino el desprecio. Es que dominan con fuerza incontenible e inconsciente los impulsos que en otras épocas eran salvadores, porque constituían el verdadero procedimiento de adaptación á las circunstancias, pero que hoy, cuando doblega dirigir la razón, son por lo general insensatos. Esos impulsos, hondamente arraigados en la sociedad, se excitan con prontitud, y nada más fácil á las naturalezas irreflexivas y entusiastas que suscitar por todas partes el entusiasmo y la irreflexión. La sociedad se halla en tal caso como un hombre avasallado por las pasiones, y la razón serena y fría no se es-
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cucha siquiera. Algunas veces esta obra de efervescencia y de pasión resulta buena; pero así como Dios ha dado al hombre para guiarse en la vida la luz de la inteligencia, así la sociedad, que tiene por fin el cumplimiento de todos los fines individuales, debe guiarse por esas nobles virtudes que se llaman prudencia, moderación y justicia, y no por la fuerza ciega de estímulos pasajeros y muchas veces culpables.

No puede, sin embargo, condenarse en absoluto el empleo de la fuerza. Nada más noble, aunque haya quien, como Tolstoi, exagerando el principio cristiano de mansedumbre y de paz, sostenga lo contrario, que defender valerosamente la patria invadida y sacrificar en sus altares la propia existencia. Pero la mayor parte de las guerras podría evitarse, y es provocada por la ambición ó la codicia culpables de los representantes del Estado, ayudados eficazmente por el entusiasmo fácil é irreflexivo de las muchedumbres (1).

(1) En esta materia tengo el sentimiento de estar en desacuerdo con un escritor distinguido y de merecida reputación como tratadista de Derecho internacional. Dice así el Sr. Marqués de Olivart:

"Creemos que la guerra puede definirse el litigio entre las naciones que defienden sus derechos, en el cual es el juez la fuerza y sirve de sentencia la victoria. Los utopistas amigos de la paz perpetua y del arbitraje universal niegan pueda existir un derecho á la guerra, y no comprenden en el estado sensible y nervioso de sus cabezas, pueda jamás establecerse relación alguna entre el derecho y la guerra. Y no es que á ésta, por otra parte, le hayan faltado y le falten aún defensores que la sostengan contra los embates de los filántropos reclutados entre egoístas comerciantes que no pueden comprender jamás que sus negocios sean inmolidos ante el bien público en una lucha nacional en la que el Estado del que forman parte defiende su dignidad y su existencia: de tal misión se encargan los moralistas que ven en la historia algo más que manadas de seres humanos que engordan y se enflaquecen según las leyes ciegas e inmutables de una evolución eterna, sino que contemplan en las victorias la obra de la justicia divina, que á la corta ó á la larga castiga los pecados de las naciones, y los militares que observan por su parte que la guerra, elevando el sentimiento patriótico, uniendo en apretado haz á los ciudadanos para defensa y gloria de sus lares y sus dioses, eleva al nivel de los pueblos, fomenta la austeridad de las costumbres y procura el engrandecimiento de la patria; creyendo que todo esto bien vale la pena de que se pierdan unas cuantas vidas que al fin y al cabo devasta con menor gloria y en mayor número la abyecta molicie, resultado casi seguro de una paz corrompida y anémica. La guerra no es, como pintan los indianos enriquecidos en repugnantes tráficos y los apóstoles modernos de una paz predicada con el puñal y la dinamita, el derecho de la fuerza, sino que representa, por el contrario, la fuerza del derecho y su garantía y última defensa."

(Programa de Derecho internacional público por el Marqués de Olivart, Libro 2.º, págs. 17 y 18.)
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Otro deber importantísimo se impone hoy, en todas partes, al poder público. Sabido es que el despotismo monárquico primero, y luego el sentido abstracto y puramente individualista de la Revolución, destruyeron la libertad corporativa. El hombre necesita de la asociación, del concurso de los demás hombres para cumplir sus fines; de ahí la formación espontánea de organismos colectivos correspondientes á cada fin. Toda sociedad organizada y en cierto grado de desarrollo debe descomponerse en otras agrupaciones: religiosa, científica, industrial, benéfica, etc. Cuanto mayor es la organización espontánea de una sociedad, tanto mayor es su vitalidad y su permanencia. Una sociedad regida artificialmente en todas sus actividades, se disuelve fácilmente al más ligero choque. La historia está llena de ejemplos de esta verdad. En cambio, en sociedades natural y fuertemente organizadas, los cambios políticos no alteran en lo más mínimo la normalidad de la vida.

A mi juicio, yerran los que piensan que carece en absoluto de organización la sociedad contemporánea. Creo, por el contrario, que la cooperación social es mayor que nunca; pero esta cooperación es en cierto modo instintiva, no se manifiesta expresamente, ni encarna en organismos perfectos; actúa con irregularidad, y deja fuera de su órbita gran número de individuos y de actividades, que ejercen una acción perturbadora en el todo social. Es preciso que las fuerzas sociales se organicen de una manera expresa, si se ha de realizar el progreso de que la sociedad es susceptible. Los diversos órdenes de actividad deben estar regidos por una ley superior que armonice los esfuerzos y evite su pérdida en la lucha ó en la inopia. Estos órdenes de actividad, por medio de su representación genuina, darán al Estado del porvenir el fundamento político racional de que hoy carece, pues no puede merecer tal concepto el sufragio meramente individual y numérico, y descargarán al poder público de muchas de sus actuales atribuciones. Por esto, si hubo una época en que fué necesario destruir organizaciones fundadas en el privilegio y
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artificialmente regidas, y pudo creerse que el individualismo era el progreso, hoy la acción verdaderamente progresiva es la que tiende á reunir y organizar libremente á los hombres y á restaurar, con arreglo á los ideales modernos del Derecho, los organismos corporativos en que ha de fundarse, sobre sólidas bases, un orden de armonía entre todos los intereses legítimos.

La autoridad política debe prestar su apoyo á este movimiento necesario, ya por medio de una legislación que promueva las asociaciones, ya por la exención de derechos fiscales, ya por el otorgamiento de esos derechos políticos que hoy se conceden con torpe y pródiga mano á quienes son notoriamente incapaces de ejercerlos.

En tanto que esa organización libre y perfecta de las fuerzas sociales no se realiza, y seguramente no se realizará durante mucho tiempo, la autoridad política no puede desatender los deberes de asistencia y de tutela que un alto interés moral y político le impone. De ahí la necesidad de leyes y aun de instituciones que tengan por objeto resolver los conflictos de clases, inevitables en el régimen actual del capital y del trabajo. Sin olvidar nunca que el sujeto de toda actividad social es la sociedad misma, y por tanto, que á ella corresponde cumplir todos sus fines, la autoridad política digna de este nombre suplirá, en la medida de sus fuerzas, las deficiencias de la actual organización económica, impidiendo que el inevitable desamparo y la no menos inevitable injusticia que para muchos hombres resulta del actual estado de cosas, conduzcan al odio y á la rebelión.

Cada Estado debe fijar, atendiendo á sus particulares circunstancias, el grado y la forma de su cooperación á estos fines sociales, cooperación que puede considerarse comprendida en su misión primordial de realizar el derecho; pues á nadie se le puede negar sobre la faz de la tierra el derecho de vivir, mientras la afirmación de este derecho fundamental no suponga la negación del mismo en otro ser humano.

Por eso son altamente laudables los esfuerzos realizados
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por algunas naciones para suplir la falta de acción social adecuada, promoviendo y auxiliando, en caso de absoluta necesidad con los recursos del Erario, la creación de instituciones destinadas á proveer de alguna seguridad en la subsistencia y de algún auxilio en la enfermedad y en la vejez á las clases trabajadoras. No obstante, la primera de las condiciones á que debe someterse esta acción del Estado, es la de no ser opuesta, sino por el contrario, favorable al desarrollo de la libre iniciativa individual.

Lo mismo pudiéramos decir de esas limitaciones á la libertad aparente de ambas partes contratantes en el pacto del trabajo, exigidas con el fin de mantener la libertad verdadera del que carece de medios para hacer efectivos sus derechos. Toda la llamada legislación obrera responde á esta necesidad, y viene á remediar, en parte, la falta de un derecho civil adecuado á la importancia que hoy reviste el contrato de servicios.

En este mismo sentido de promover la acción de la autoridad política para el cumplimiento, cada vez más perfecto, del Derecho, se inspira Herbert Spencer al defender la administración gratuita de la justicia civil. Los argumentos con que defiende su tesis son irrefutables. «Una multitud de personas, dice Spencer, se ve en la necesidad de elegir entre soportar en silencio los perjuicios producidos por el dolo y la mala fe, ó arruinarse quizá si intenta obtener la reparación; y esto únicamente porque el Estado, á quien paga enormes impuestos, no se cuida de que se cumpla la justicia.» A la objeción de que los tribunales se verían abrumados por los pleitos, contesta con razón Herbert Spencer, que si la justicia fuera cierta y gratuita, no se violaría con tanta frecuencia, y que la inmensa mayoría de las infracciones en materia civil son consecuencia de su defectuosa administración y de la impunidad que gozan los infractores (1).

Por mi parte, creo exacto cuanto dice sobre este particu-

(1) Herbert Spencer, Justice, pág. 248.
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lar el célebre pensador inglés. Siendo como es la función esencial del Estado el cumplimiento del derecho, lo mismo debe prestar su protección al que se ve privado del suyo por el delito, que al que es desposeído por malas artes. Por otra parte, la prudente y segura represión de la temeridad y de la mala fe contribuiría mucho á que fuera menos difícil este cometido. Pero desgraciadamente, hoy por hoy, esta reforma es impracticable en casi todos los países. No sólo se opondrían á ello los interesados en el actual estado de cosas, no sólo los recursos del Tesoro público serían incapaces de soportar nuevas y onerosas cargas, sino que la vida actual de los Gobiernos, determinada en gran parte por la acción malsana de los diversos partidos políticos, no ofrece garantías suficientes ni aun aproximadas de que esa extensa é importantísima función judicial se había de ejercer con rectitud é imparcialidad. Es un hermoso y noble ideal que sólo podrá realizarse el día en que la organización interna de los Estados responda más á las exigencias de la justicia y á la legítima armonía de todos los intereses, y, sobre todo, cuanto desaparezca el estado de guerra latente que esteriliza tantos esfuerzos y distrae de su verdadero empleo tantos recursos.

Corresponde igualmente á la autoridad política, en nuestros días, una defensa eficaz del principio mismo sobre que descansa. Nunca, como en épocas de libertad, es tan necesario que la acción legítima del poder público sea respetada por todos. La primera condición para que un pueblo sea libre es el acatamiento á las leyes, la obediencia á las autoridades. De lo contrario, la libertad desaparece, porque ésta sólo puede subsistir donde se cumplen las condiciones que hacen posible el ejercicio armónico de los derechos naturales por parte de todos. La idea de libertad no significa para muchos sino el desligamiento de toda traba, la desaparición de todo obstáculo en el ejercicio de nuestras facultades. Cierto es que contiene este elemento: la emancipación de toda disciplina innecesaria ó injusta; pero no es el más importante, porque la libertad sólo sería el capricho y la pasión, si no reconociera que debe
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ESTUDIO HISTÓRICO DE LA MEDICINA

(SEGUNDA PARTE)

(Conclusión). (1)

JAIME MENÓS DE LLENA. Fué primer médico de los Ejércitos de S. M. en la expedición contra Argel. Escribió diferentes obras.

FRANCISCO PUIG. Cirujano mayor de los Ejércitos. Fué también vicepresidente, primer maestro del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Escribió varias obras, entre ellas un Tratado de las heridas por arma de fuego.

ANTONIO CORBELLA. Médico-cirujano de número de la Real Armada y ex-teniente protomédico de las provincias del Río de la Plata, Paraguay y Tucumán. Escribió una obra.

DIEGO VELASCO. Ayudante consultor del Ejército y maestro del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Fué autor de una obra de Operaciones.

FRANCISCO CANTVEL. Nació en Barcelona el 5 de Abril de 1721. Estudió la Medicina en la ciudad de Cervera, y á los veinte años de su edad pasó á Italia, incorporado al Ejército, asistiendo á todas las campañas que tuvieron lugar en aquellos Estados, obteniendo una plaza de segundo ayudante, ascendiendo muy en breve á primero. Asistió al ataque de Montalván, estando encargado del hospital de sangre, y siendo de edad de veintidós años fué nombrado cirujano mayor.

(1) Véase el número 574 de esta revista.
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estar sometida á leyes. Únicamente exige que estas leyes no sean mera imposición exterior, sino resultado de la adhesión voluntaria á las reglas fundadas en la naturaleza misma de la actividad humana, que constituyen el orden moral y el orden jurídico. Este es el aspecto positivo de la libertad. Es como su alimento propio, y sin el cual no puede producir resultados provechosos. El elemento negativo, por sí solo, conduce á la negación en todos los órdenes. En el orden religioso, no sólo rechaza la superstición, sino la idea luminosa y fecunda de causa suprema, de armonía definitiva, de Dios, en una palabra. En el orden moral, no se contenta con recabar la responsabilidad y la libre determinación, sino que, al destruir toda norma de conducta, cae miserablemente en la peor de las esclavitudes, en la esclavitud de la pasión y del vicio. Y en el orden político, conduce al desprecio de las leyes, al odio á la autoridad, y finalmente, á la glorificación de la anarquía.

Si el respeto á las leyes es la base de toda libertad verdadera, una de las primeras obligaciones del poder público consistirá en mantener estrictamente su autoridad. Nada más pernicioso para el orden social que el espectáculo de la autoridad escarnecida y rebajada, é incurren en grave responsabilidad los Gobiernos que consienten su desprestigio y su anulación. En todas las esferas regidas por el poder público deben cumplirse las reglas establecidas, y, en caso de infracción, aplicarse la sanción especial y adecuada que cada caso requiera; porque es más justo y conveniente inflicir una penalidad severa por una vez, que consentir un estado de rebelión funesto para la moralidad de los que lo promueven y denigrante para el Gobierno que lo tolera.

Mas no basta con castigar á los que vulneran abiertamente el derecho positivo, sino que es de toda justicia aplicar el rigor de la sanción penal á los que, por medio de la palabra oral ó escrita, realizan esa primera parte del acto punible que consiste en inducir y preparar los ánimos para la perpetración del delito. No hay quizá quien defienda hoy con ma-
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AUTORIDAD POLÍTICA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 401
yor energía la libertad individual, que el ya citado Heriberto Spencer, y sin embargo, al estudiar el derecho de expresar el pensamiento, afirma terminantemente que este derecho no comprende la libertad de servirse de la palabra para excitar á la comisión de delitos. Y es que sería faltar á toda lógica y á toda justicia imputar sólo al brazo lo que es principalmente obra del cerebro.

Con razón sobrada se ha afirmado que es harto más grave, en su relación con el hecho material, el acto de inducir á la comisión de un delito contra el orden público, que el dirigido á que se realice un delito común (1), puesto que, no sólo las consecuencias del primero se desarrollan con mayor amplitud, sino que el carácter criminal del delito se oculta en el primer caso bajo las apariencias de una aspiración política, y hasta con el falso velo del bien general, mientras que es muy raro que el autor material de un delito común desconozca el carácter criminal de su acción. Es justísimo, por tanto, y constituye un ineludible deber para toda autoridad política digna de este nombre, el castigar severamente la excitación directa ó indirecta al quebrantamiento de las leyes vigentes, ya se realice por órgano de la prensa, ya por medio de la palabra en juntas públicas, ó ya también por la acción organizada de emisarios encargados de promover la rebeldía.

No debe confundirse, en modo alguno, la excitación al quebrantamiento de las leyes con la propaganda que pueda realizarse para su reforma. Esta debe considerarse licita, y en todas las épocas ha sido posible, en mayor ó menor grado, para los espíritus cultivados y serenos; pero si esta libertad no ha de degenerar en licencia, es preciso que las autoridades cuiden de que la pasión no llegue hasta la injuria y la calumnia; de que no se funde en el falseamiento evidente de los hechos el ataque al orden legal establecido, y, por último, de

(1) Véase á este propósito el discurso acerca de los delitos sociales leído en la sesión inaugural de 1892-93 de la Real Academia de Jurisprudencia, por el Sr. Cánovas del Castillo.