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de nuestro estudio. Las funciones económicas, la industria y el comercio, dejan de ser, con la constitución de los grandes imperios asiáticos, atribución exclusiva de la autoridad pública; pero todas las demás actividades del hombre viven bajo la estrecha férula del despotismo. En Grecia, no sólo los fenómenos económicos alcanzan mayor autonomía, sino que cobran vida propia e independiente la ciencia y el arte, humildes esclavas hasta entonces de la autoridad. No hay teoría en el orden filosófico que no se halle en germen en ese hermoso jardín de la sabiduría griega, ni genio artístico que no halle libre inspiración; y si Sócrates murió víctima de la razón de Estado, no pudo ésta fundarse en lo que era libre, ó sea en el cultivo de la ciencia, sino en ataques supuestos á la religión oficial y pretendidas ofensas á las costumbres públicas. Por otra parte, la autoridad política que en Oriente se ejerciera en provecho ante todo de un déspota ó de una casta, se ejerce en Grecia en bien de la colectividad ó del Estado; principio fecundo en consecuencias, fundamento de toda constitución política digna de tal nombre. Tales son, en mi sentir, los verdaderos progresos con que las repúblicas griegas contribuyeron á la obra de emancipación y de libertad.

En Roma, los principios que sirvieron de base á la autoridad política, fueron en el fondo los mismos que inspiraran las constituciones griegas. El mismo predominio absoluto del Estado, la misma absorción en el derecho público de la esfera privada; luchas parecidas entre patricios y plebeyos; antagonismos y choques iguales entre ricos y pobres. La libertad romana, como la libertad griega, consiste en la participación en el poder. En la familia el padre, y en el Estado la autoridad política, ejercen un poder absoluto. Al predominio de una clase ó de una facción, á las turbulencias sangrientas provocadas, ya para obtener la igualdad política, ya para disminuir la desigualdad económica, sucede el Imperio, ó sea el despótismo unipersonal. La libertad romana desaparece; el príncipe es superior á las leyes y dueño absoluto de vidas y de bienes. Su voluntad es incontrastable y tiene vigor de ley.
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La constitución imperial se asemeja, bajo ciertos aspectos, á la de los antiguos imperios de Oriente, y en tanto constituye un retroceso; pero este retroceso está más en la superficie que en el fondo. Los fenómenos políticos son en el orden social los que revisten menor carácter de generalidad: por cima del orden económico que corresponde á la nutrición, base fundamental de todo organismo, y origen, por tanto, del mayor número de relaciones humanas; del orden de las ideas ó de las creencias, que determina la dirección de la vida; del orden moral que nos da su verdadera forma; del orden jurídico propiamente dicho, que, implícita ó expresamente, procura la armonía de los diversos intereses, hallamos la organización política, atrayendo todas las miradas, por lo mismo que se halla sobrepuerta, y llenando la historia con sus variaciones, nacidas precisamente de su relativa inconsistencia y del mayor influjo que, por esto mismo, puede ejercer sobre ella la voluntad. Por eso sucede con frecuencia que á una constitución política propia de épocas de atraso corresponde un periodo de civilización floreciente. Así, el siglo de Luis XIV representa para Francia una época de desarrollo y de poderío. Así, bajo el ominoso reinado de los Tiberios y Caligulas se formaba el sentido jurídico y se desarrollaban las ideas de fraternidad y de justicia; y los mismos emperadores que por razones de Estado, propias de aquel régimen tiránico, decretaban la persecución de los cristianos: los Trajano, Marco Aurelio y Diocleciano, desmentían con sus actos como hombres y con sus ideas de moral y justicia, la tiranía misma en que el orden político ejercían. Los estoicos se encerraban en la libre y austera morada de su filosofía; su amor á la virtud y á la libertad eran incompatibles con el régimen corrompido y opresor del imperio. Los cristianos se ocultaban en las Catacumbas, y morían valerosa y noblemente en el suplicio. Y sin embargo, las ideas de los unos y las creencias de los otros eran las que iban á trasformar la humanidad. Es más: el tenaz perseguidor de los cristianos, el prefecto del pretorio, Ulpiano, inspira sus máximas en las de la misma religión que
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persigue como perturbadora del orden establecido, y su inmortal definición de la justicia y de los preceptos del derecho es una verdadera síntesis de lo más noble del estoicismo y de lo más puro de la moral cristiana.

Al modo que en el Oriente la autoridad política dejó de ser órgano general de la distribución y producción de la riqueza; así como en Grecia dejó de dominar al pensamiento científico y á la inspiración artística en Roma se llegó por primera vez á constituir como esfera separada, con reglas y leyes propias, el derecho privado en la familia y en la propiedad. El derecho quiritarlo, que en sus principios fué parte del derecho público y revistió un marcado carácter de exclusivismo, vino, mediante continuas trasformaciones, á fundirse en las reglas de justicia universal. Cada expansión territorial por parte de Roma determinaba un paso más en la constitución del derecho privado. La obra del pretor debía conducir á la unidad y á la justicia en el Derecho. La grandeza de Roma y sus conquistas prepararon el terreno. Las atenciones de orden político eran demasiadas para que el Estado pretendiera regular la esfera privada. De la comparación de las diversas legislaciones surgió el elemento primordial de todas ellas: la idea de justicia. El método mismo que conduce al hombre á la verdad y al bien, lleva á los pueblos al reinado de la razón y del derecho. Así como no hay ciencia de lo particular, siquiera sea lo particular su punto de partida, no hay verdadero Derecho humano en la historia sin el conocimiento, sin la comparación, sin la presencia de las reglas jurídicas que rigen á los distintos pueblos. Por esto el Espíritu de las leyes de Montesquieu es quizás el libro que ha influido más poderosamente en la constitución del Derecho moderno.

Pero si, en sus relaciones mutuas, los hombres pudieron regirse por los preceptos de un derecho definido por la razón y fundado en la naturalza misma, adaptado, por tanto, no sólo á las necesidades de aquella época, sino también en gran parte á las condiciones invariables de la humanidad, no su-
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cedió lo mismo en las relaciones del individuo con el Estado. Ante la autoridad política, el ciudadano carece de derecho. El Príncipe, en quien se personifican todos los poderes del Estado, es superior á toda ley, legibus solutus. Dominador de las conciencias, impone por medio de los más atroces suplicios la Religión del Estado; señor de vidas, proscribe y ejecuta, sin otra norma que su arbitrio; dueño de las propiedades, se apodera de ellas por medio de la confiscación. La idea de un derecho individual superior á toda soberanía humana no había nacido aún.

El predominio del Estado fué durante largos siglos condición de vida y de progreso. El hombre antiguo no conoció la ley de amor que debía trasformar el mundo. El pueblo más culto de la antigüedad, Atenas, sólo alcanzó, en una de las más altas inspiraciones de su genio singular, á levantar un templo á la Compasión. La libertad moderna se funda en el supuesto de que los sentimientos de cooperación y fraternidad superan al antagonismo y á las pasiones egoistas. En las sociedades antiguas, el sentimiento cristiano de la caridad era desconocido; la libertad individual hubiera sido la libertad de la violencia, la anarquía, en una palabra. Podrá la pasión del sectario negar lo evidente, como el insensato niega la luz del sol; pero es lo cierto que sin el cristianismo no hubiera sido posible la libertad; donde no reina la ley de amor predicada por Jesus, la libertad no existe.

El cristianismo: hé ahí realmente el eje central de la historia humana; lo que separa en absoluto la sociedad antigua de la sociedad nueva. Es cierto que las consecuencias de sus principios admirables no han recibido aún por completo la sanción positiva de las leyes y de los hechos; es cierto que los antagonismos y las violencias son todavía el pan cotidiano de la humanidad, y que apenas si nos hallamos en las primeras jornadas del camino que ha de conducirnos al reinado de Dios; pero el espíritu cristiano, que libertó la conciencia y alzó de la degradación al esclavo, penetra inadvertido y silencioso en las asambleas, engendra los heroísmos, di-
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funde en los corazones sentimientos de amor, inspira en las inteligencias ideas de justicia y de paz y prepara días venturosos á la humanidad en los siglos por venir.

No es por eso de extrañar que al desplomarse el imperio romano, inutilizadas por la opresión las instituciones municipales y provinciales que durante algún tiempo sirvieron de contrapeso á la autoridad sin límites, los pueblos acudieran en súplica de amparo y de consuelo al seno de la Iglesia; y que los mismos bárbaros, sobrecogidos de respeto al mirarla llena de inefable serenidad, inspiradora de inmortales esperanzas; confiada y fuerte, en medio de la desolación y de la ruina; alumbbrada por una luz de suavidad y esplendor sobrenaturales, hincasen ante ella la rodilla y templaran su fiereza en el acatamiento á sus autoridades y en el culto y la adoración de Cristo, representación viva de cuanto redime al hombre: el dominio de las pasiones, el horror á la violencia y el amor al prójimo.

Cuán alto es el ideal evangélico, nos lo dice esa lentitud con que penetra en nuestras almas. Los bárbaros lo adoraron sin comprenderlo, atraídos por el prestigio de lo santo y de lo misterioso. Durante largos siglos, la fe de los pueblos debía reflejar sus condiciones naturales; la religión se confunde con lo que es medio humano de expresarla, y sólo más tarde, precisamente cuando lucha contra el error y la adversidad, el espíritu cristiano adquiere nuevas alas, y muchos que parecían apartados se agrupan de nuevo en torno del Divino Maestro.

La autoridad política, durante el periodo de la Edad Media, se ve influida por estos dos elementos: la fuerza, que tiende á preponderar por las necesidades de la lucha; la religión, que ejerce una influencia poderosa y benéfica en la sociedad, que es el principal moderador de la violencia.

La guerra fué la condición habitual de los Estados en esa Edad de hierro. Como si no bastaran las costumbres belicosas de los primeros invasores, los piratas normandos y daneses por un lado, y los sarracenos por otro, fueron durante mucho
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tiempo un verdadero peligro. La guerra es escuela de valor y de lealtad; pero no lo es, ciertamente, de derecho. Los atropellos de todo género son su consecuencia, y el sentimiento de justicia desaparece. La Edad Media hubiera sido una época de atraso y de tiranía, si no hubieran mitigado los efectos de la violencia, las costumbres de independencia y libertad de los pueblos germánicos por una parte, y luego, y ante todo, la influencia decisiva de la Iglesia, valedora tenaz, y casi siempre victoriosa, del derecho de los humildes y de los oprimidos.

Rex eris si recte feceris. Este principio que informa la Constitución española del Concilio IV de Toledo, obra de la cristiana y sabia inspiración de San Isidoro (1), opera una transformación importantísima en los caracteres de toda autoridad. Ya no es la voluntad del príncipe árbitro de la justicia ó de la injusticia, ni su poder es absoluto. El rey lo es en tanto cumple rectamente su cometido. Si recte feceris, esto es, si go-bierna con arreglo á la justicia, si se atiene á un orden fundamental que no es dueño de alterar.

La autoridad política, después de la gran perturbación producida por la invasión sarracena y por la disolución del imperio de Carlo Magno, se subdivide con arreglo al régimen feudal; no se personifica ya en un centro único del que reciben sus poderes limitados las demás autoridades, sino que se convierte en función aneja al dominio de la tierra. La propiedad territorial confiere la soberanía, sólo limitada por la subordinación jerárquica del vasallaje. El reino es un patrimonio familiar, y los reyes reparten á voluntad entre sus hijos la autoridad política con la propiedad de ciudades y provincias.

Esta organización parece, á primera vista, poco favorable para el desarrollo de la libertad; pero su misma falta de cohesión hace posible el nacimiento espontáneo de la costumbre, esa forma verdaderamente fundamental del derecho. La

(1) El canon 75 de este Concilio componía admirablemente el concepto cristiano de la autoridad política.
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costumbre, como producto de la necesidad sentida un día y otro día, y del consentimiento de las partes interesadas sancionado por el tiempo, constituye el modelo de la formación jurídica, la ley que arraiga en las entrañas sociales, y que produce la estabilidad y el bienestar. Por eso, bajo esa superficie agitada por las pasiones y las luchas, la sociedad sigue segura marcha; los campos se cultivan, las artes se perfeccionan, y se aglomera la riqueza material y de experiencia que ha de servir para impulsar el progreso de la humanidad.

La Edad Media, con la organización jerárquica del vasallaje, con la acción preponderante de la Iglesia, con el nacimiento y desarrollo de sus instituciones comunales y de sus gremios é institutos religiosos y benéficos, fué una escuela de respeto, más también de libertad. La autoridad política salió de ella robustecida por la tradición y por el espíritu religioso; pero también la noble independencia de los pueblos había de encontrar sus tradiciones y sus precedentes en el espontáneo desenvolvimiento de las instituciones populares, en la representación del estado llano en las Asambleas (1), y en los dos grandes principios de derecho nacidos al calor de la libertad medieval: ningún impuesto puede exigirse sin el consentimiento de la Nación, ninguna ley es válida sin la aprobación y acuerdo de los representantes del país.

La riqueza y variedad de formas de organización y de vida, que constituye uno de los caracteres propios de la Edad Media, dificulta grandemente la obra de reducir á unidad los diversos elementos de su historia. Así, por ejemplo, en tanto que en Inglaterra la nobleza, aliada á los Municipios, funda lucha constante contra el Poder Real su tradicional libertad, en Francia y en España, el estado llano, representado por los Concejos, ayuda eficazmente á los Reyes á dominar aristocra-

(1) El Sr. Conde de Torreánaz, en su obra Los Consejos de la Corona, consigna el hecho de que las ciudades y villas de España tuvieron su representación en las Asambleas nacionales antes que en otros países, y lo atribuye á la supervivencia en nuestro país de las libertades del Municipio romano, á la menor intención del feudalismo y á la temprana importancia que les dió la intervención de sus milicias en las guerras.
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cias turbulentas y ambiciosas, y prepara la supremacía necesaria del poder monárquico.

Supremacía necesaria para impedir el desorden, resultado inevitable de la excesiva independencia de todos aquellos pequeños Estados, regidos por distintos usos y reglas, coexistentes en el Estado nacional de la Edad Media.

Era preciso que aquella autoridad dispersa, aquella serie de soberanías rivales en perpetua guerra, cedieran el puesto á una autoridad política fuerte y universalmente reconocida, capaz de producir, del caos de privilegios, restricciones y poderes de todo género, la solidaridad, la organización que las nuevas necesidades y el progreso de los tiempos exigían.

La transición de la Edad Media á la Edad Moderna se asemeja, en algo, á la constitución arriba descrita de los grandes imperios primitivos, formados por la unión, generalmente violenta, de las tribus y pequeñas agrupaciones antes independientes. Pues así como la unidad realizada por el despotismo antiguo, hizo posible que poblaciones antes entregadas á la depredación y á la guerra pudieran consagrarse al trabajo pacífico, verdadero origen de todo progreso social, y sustituyó al dominio inmediato y caprichoso del jefe de una reducida asociación reglas uniformes y estables, así también la preponderancia que al finalizar la Edad Media consiguen alcanzar los Reyes, produce, como consecuencias indeclinables, una mayor solidaridad entre las diversas partes del Estado, condición precisa de todo progreso social; la desaparición de las guerras privadas; la supresión de infinitas vejaciones y trabas impuestas por razón de las múltiples jurisdicciones y soberanías en que se dividían los Estados, y, en una palabra, cohesión social, unidad y vigor en la autoridad política, y, por esto mismo, mayor libertad de acción para la generalidad de los ciudadanos.

Cierto es que la reacción en favor del concepto pagano del Poder Real, iniciada y sostenida primero por los jurisconsultos, y luego, con la mayor tenacidad, por los teólogos y escritores protestantes, debía producir en todas partes y con
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mayor ó menor intensidad, la instauración del despotismo. Pero esta forma de gobierno, incompatible con el espíritu cristiano, condenada por la razón y por la historia, no podía prevalecer por mucho tiempo.

La Reforma protestante contribuyó poderosamente á esa perversión del concepto de autoridad, que tiene su representación más genuina en la persona de Luis XIV. Desconociendo la obra inmortal realizada por el cristianismo al distinguir el orden político del orden religioso; olvidando que sin esa distinción no hay libertad posible,'pues ni siquiera permanece libre el hombre en su conciencia, reunió los dos poderes en manos del príncipe temporal. Entonces obtuvo una autoridad indigna la máxima servil de que el súbdito tiene el deber de profesar la misma religión que su soberano, y Europa ofreció el espectáculo lamentable y singular de pueblos que, en un corto periodo de años, cambiaban varias veces de creencias religiosas por obediencia á las leyes del Estado. Entonces los príncipes, contra el espíritu del cristianismo, contra la opinión de sus más eximios doctores (1), imponen á la fuerza este ó el otro culto, y, por la revocación del edicto de Nantes, «Luis XIV arroja de Francia á 800.000 franceses, so pretexto de que no son bastante cristianos» (2).

La reacción en favor del absolutismo pagano alcanzó su apogeo en los siglos XVII y XVIII: en toda Europa los príncipes se creyeron desligados de deberes positivos para con los gobernados; las antiguas Asambleas representativas de los diversos órdenes del Estado cayeron en el olvido por todas partes, á excepción de Inglaterra. Nuestros Concilios de Toledo habían dicho que al Rey lo hace la ley, no su persona (3); Santo Tomás había afirmado que el derecho del Príncipe debe subordinarse á los intereses de la Nación (4). Massillón,

(1) V. Summa Theol. IIª IIª, quæst. X, art. VIII, y Suárez, Tract. de fid., disput. XVIII.
(2) R. P. Gratry, La moral y la ley de la historia.
(3) Regem etenim jura faciunt non persona. (Concilio VIII de Toledo.)
(4) Regnum non est propter regem, sed rex propter regnum. (Santo Tomás. De reg. principium, lib. III, cap. XI.)
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fuerte de los que me unen á vos, viene á añadir á mis sentimientos el placer de llenar, entregándome á ellos, los deberes que vuestra bondad me ha impuesto. Ni el tiempo ni la distancia podrán nunca hacarme olvidar al amigo á quien he prometido la más sincera adhesión. Por vuestra parte habeis ya hecho demasiado para no conservarme el beneficio de vuestra amistad. Mi salud se ha restablecido por completo, y me hallo al presente como antes de mi último ataque. Creo también que mi régimen actual vale más que el observado antes, y espero un efecto más seguro. Mucho os gustará saber que han levantado la exclusión á MM. Suard y Delisle. Helos ya declarados ortodoxos solemnemente (1).

Es chistoso que sea necesario dar pruebas de necesidad, para entrar en la compañía de los sabios. Así está, sin embargo, esta famosa máquina, de que ciertamente no quería Vaucanson haber sido el inventor. Habreis visto probablemente Los sistemas de Voltaire: en verdad que este hombre es un verdadero fénix: ya lo tenemos otra vez poeta, como si tuviese veinte años. La palabra Pirineos, que leo en vuestra carta, me hace temblar, viéndome ya tan cerca de ese cruel mes de Septiembre. No podrá ponderar bastante el dolor que me causa esta marcha... Nunca podría decidirme á ella, si no estuviese seguro de mi vuelta, que cumplirá mis promesas y llenará todas mis esperanzas. Podeis estar seguro de ello, como de la sinceridad de los sentimientos que os profesa y os conservará eternamente.—De Mora.»

Aquel funesto mes de Septiembre que hacía temblar á Mora, llegó para él demasiado pronto. A poco de escrita la anterior carta á Condorcet, un nuevo ataque de su enfermedad hubiera podido recordarle que se acercaba la muerte, si el

(1) Suard y Delisle fueron presentados á la Academia francesa cuando, gracias á las intrigas de D'Alembert, su secretario perpetuo, y de Voltairre, se hallaba ya esta ilustre corporación convertida en verdadero areópago de impíos e incrédulos. El Rey negóse á confirmar la elección de estos dos candidatos, fundándose en la pública fama de impiedad que ambos tenían; mas ellos, siguiendo la hipócrita táctica de los filósofos conjurados, hicieron falsa profesión de ortodoxia, y consiguieron que el débil Luis XV les levantase la exclusión. A esto alude, sin rebozo alguno, y hablando entre bastidores, la frase de Mora á Condorcet.
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con cristiana y varonil elocuencia, exponia ante Luis XV el verdadero concepto de la autoridad política, en los siguientes términos: «No es el Soberano, es la ley, señor, quien debe reinar sobre los pueblos; vos sois sólo el ministro y el primer depositario de esa ley; ella es la que debe regular el uso de la autoridad, y á ella se debe que la autoridad no sea un yugo para los súbditos, sino una regla que los dirija.» Todo fué inútil para aquellos Monarcas, que miraban á los pueblos como patrimonio propio, y que, en medio de la miseria general, dedicaban cuantiosas riquezas á satisfacer su vanidad y sus placeres.

La autoridad del Estado se convirtió, no en servidora de los intereses públicos, sino en instrumento del Poder Real, en sostén de un estado de cosas fundado en privilegios irritantes é injustificados. La igualdad ante el derecho, la justicia en el impuesto, la representación legítima de todos los intereses nacionales en los Consejos ó en las Asambleas legislativas, la libertad civil, la garantía política constituida por la separación natural, aunque no absoluta, de los Poderes del Estado ó órganos encargados de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, hé aquí lo que la sociedad reclamaba en la segunda mitad del siglo XVIII, y lo que, después de una revolución manchada en todas partes por mil excesos y extraviada por el error y las pasiones, habrá de alcanzar la humanidad en su constante ascensión á la libertad y á la justicia.

V.

He señalado en la primera parte de este discurso, como condición esencial del ejercicio legítimo de la autoridad en el Estado, su conformidad con los principios naturales de derecho. He procurado demostrar que existen, aunque en reducido número, leyes fundamentales de universal aplicación á toda sociedad humana, como por ejemplo: el derecho á la vida en tanto que su sacrificio no es necesario para la conservación de la colectividad; el derecho á gozar de toda libertad com-