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Reunidos en esta capital con los Diputados y Senadores de la provincia, dominaron los temperamentos de intransigencia, sosteniendo sus diputados forales, que no han venido á luchar por unas pesetas más menos, sino á defender el derecho que tenía Navarra de que no se modifique la Ley-Pacto de 16 de Agosto de 1841 que en su artículo 25, dice así: «Navarra pagará además de los impuestos antes expresados, por única contribución directa 1.800.000 reales anuales. Se abonarán á su Diputación 300.000 reales de los expresados 1.800.000 por gastos de recaudación y quiebra que quedan á su cargo.»

La primera visita de los Diputados forales navarros ha sido para el Ministro de Hacienda, siendo acompañados por los representantes en Cortes de la provincia.

El vicepresidente de la Diputación provincial de Navarra dijo que, acudiendo respetuosa al llamamiento del gobierno, venía la Diputación á declarar públicamente que se consideraba sin facultades ni atribuciones para entrar en conciertos y negociaciones con el gobierno, pues habiendo jurado, delante de un crucifijo y poniendo la mano en los evangelios, guardar fiel y escrupulosamente las leyes y fueros de la provincia, se creía incapacitada para modificarlos, y, por el contrario, hacía ó reiteraba la más respetuosa protesta contra todo intento ó resolución de imponer á Navarra nuevos tributos.

Añadió que no decía esto porque fuera la situación económica de Navarra triste y desplorable, como lo es en efecto, sino que aun siendo muy próspera, se vería la Diputación obligada á hacer las propias afirmaciones y protestas, con lo cual pidió al ministro la venia para retirarse con sus compañeros, á fin de atender á las obligaciones de sus cargos, hoy desatendidas por haber acudido la Diputación íntegramente al llamamiento del gobierno.

El Ministro contestó:

«Que nada podía sorprenderle tanto, y seguramente nada sorprendería tanto al país como la declaración que acababa de hacer el vicepresidente de la Diputación de Navarra, por-
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porque las panaceas, los elixires de larga vida, lo que en lo humano es imposible no puede pedirse á la ciencia y sólo lo explota el charlatanismo.

Aun con tales limitaciones el progreso es algo real, algo positivo en esta esfera de la vida. Nadie puede poner en duda que la ciencia ha aliviado muchos males, conservado muchas vidas, aumentado el bienestar, no con frases abstractas, no con consuelos teóricos, sino con remedios prácticos. La ciencia emancipa el trabajo, organiza asilos, funda hospitales para los enfermos, crea instituciones filantrópicas de todas clases para educar niños desvalidos, abre horizontes á la actividad de las masas en las colonias, redime gran número de desgraciados de la ignorancia, de la degradación y de la miseria, azotes de toda sociedad humana, de que no están exentas las modernas, donde con el desarrollo de la gran industria, de la producción exagerada, del capital concentrado en escasas manos, surgen á cada paso pavorosos conflictos que ponen en duda la pretendida armonía de las leyes económicas.

¿Podrá evitar dichas deficiencias la equitativa distribución de los bienes humanos: cultura, bienestar y riqueza? ¿Será todo esto el fin útil y verdadero del progreso? Tal es á juicio de sociólogos y científicos la más viva aspiración de la época presente. Todo tiende por el momento al predominio de las civilizaciones industriales y á la organización social de los intereses. Es un gran paso en el progreso; mas no puede ocultarse á los espíritus previsores que si las civilizaciones de este tipo desempeñan una función importante, esencial si se quiere en el movimiento general de las sociedades modernas, no personifican cuando son exclusivas la integridad orgánica de las últimas ni mucho menos pueden pretenderlo en el porvenir.

Llevan en su seno el germen fatal de ciertas enfermedades sociales que á la larga corren las organizaciones de esta clase, las cuales sino malas por sí mismas, son en alto grado defectuosas por la forma que hoy afectan y han de serlo más en lo futuro. ¿A quién toca remediarlo?
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que si ésta, con quien según los más exagerados fueristas se consideran reunidas y concentradas las facultades del consejo de la provincia y de la comisión permanente de las Cortes de Navarra, no tiene atribuciones para discutir y otorgar un auxilio á los presupuestos generales del Estado, será preciso reconocer, y de hecho reconocen los diputados forales de Navarra, que el procedimiento especial y privilegiado de discutir y concertar los impuestos debe desaparecer por inútil e impracticable, siendo en este caso los que mayor herida causan á los fueros y tradiciones de Navarra los que parecen más celosos y obstinados en su defensa.

El gobierno entiende, añadió, que para llegar á un resultado satisfactorio en el concierto, no sería menester evocar ni plantear medida alguna de principios, pues así como las antiguas Cortes de Navarra modificaron sus auxilios al presupuesto general, según las circunstancias, nadie podría reclamar que, pidiendo la modificación de los auxilios presentes, se violara derecho ni privilegio alguno de los que los fueros consagran.»

Aconsejó, pues, el Sr. Gamazo á los diputados forales que meditasen sobre el alcance de su actitud, pues que no habiendo con quién contar respecto de las relaciones de la provincia de Navarra con el Estado nacional, dicha provincia quedaría en las condiciones de las demás del reino.

Apeló, por fin, á la memoria y á la lealtad de los presentes para que en todo tiempo constara que, del lado del gobierno, no se había promovido cuestión alguna que directa ni indirectamente menoscabara los fueros y franquicias de la provincia de Navarra; y que si esa cuestión se plantease más adelante, surgiría de la supuesta falta de personalidad que la Diputación foral ha alegado como impedimento para entrar en los conciertos á que ha sido invitada.

A estas consideraciones del ministro de Hacienda siguió un prolongado intervalo de silencio que rompió al fin uno de los diputados forales diciendo que dentro de la ley pactada del año 41 nada tenían que tratar acerca de contribuciones é
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impuestos, pues allí se resolvió de una manera definitiva lo que Navarra había de pagar, y que si esto no fuera bastante, las demostraciones que la provincia en masa les ha hecho, les aconsejarían no admitir discusión sobre los extremos á que la invitación se refiere, para evitar el peligro de que ni ellos ni sus familias pudieran vivir tranquilamente en Navarra.

Replicó el Sr. Gamazo que le parecía prematuro examinar si dentro de la misma ley del año 1841 era ó no posible modificar las cuotas con que Navarra contribuya al levantamiento de las cargas generales del Estado; pero que, aun suponiendo inmutable y eterna la base en que aquella hoy descansa, no podrían menos de reconocer los señores representantes de Navarra que las circunstancias á que esa base se aplicó han sido por los hechos profundamente modificados, de suerte que bien pudieran serlo las cifras, sin que el principio sufriera la menor alteración.

Repitió el ministro que no se proponía discutir cuestión alguna de derecho, ni por tanto examinar la teoría expuesta sobre la inalterabilidad de la ley de 1841, pero que había en ésta preceptos modificables á voluntad del gobierno, y que, sobre esos preceptos, cuando menos, sería posible la discusión, ya que las Cortes habían acordado en favor de Navarra la invitación que motivaba la conferencia.

Los diputados manifestaron que consideraban su misión terminada, y sólo les restaba saludar á S. M. la reina y al jefe del gobierno.

El ministro de Hacienda contestó que podían hacer lo que gustasen, y que el gobierno, declinando la responsabilidad de toda consecuencia de esa actitud, se reservaría proveer lo que considerase más justo y conveniente al interés de la nación.

Esta actitud de los diputados forales ha dado lugar á una amplia discusión en la prensa, y en ella se ha creído obligado á intervenir el Sr. D. Francisco Silvela, que ha publicado el siguiente artículo en el periódico «El Tiempo.»
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LA CUESTIÓN FORAL EN ESPAÑA.—Los textos legales, la jurisprudencia, los artículos y cláusulas de los contratos son de importancia grande, y á menudo decisiva en los pleitos; son, por lo común, letra inútil en la política cuando se trata de dirigir la opinión de un pueblo ó de ajustar relaciones de clases enteras ó de regiones considerables. Lo que entonces importa consultar con mayor atención e interpretar con cuidado más exquisito, son los sentimientos vivos, las pasiones calladas, pero no extintas, y los daños ó beneficios ciertos que se puedan esperar de respetarlas ó de herirlas.

Al interponer una demanda, importan mucho la razón y el derecho.

Al plantear una reforma, importan ante todo la oportunidad y la conveniencia.

El Gobierno ha olvidado estas sencillas y elementales verdades, desde que se propuso ejecutar sus programas reformistas, seducido por las facilidades pasadas, cuando tabajaba á su sabor en el sufragio universal, en el Jurado, en los derechos políticos, que desgraciadamente son carne muerta e insensible de nuestro cuerpo nacional; ha llegado á las fibras vivas, á los nervios doloridos del regionalismo, de los intereses económicos creados, del impuesto aceptado largos años como pacto; ha seguido trazando líneas y ajustando presupuestos, sin contar con otros factores que la legalidad y la aritmética.

Y cuando los cuerpos mutilados se resisten á la vivisección, y se revuelven y gritan y se defienden, se nos dice á los conservadores: «no hay que examinar nuestra conducta, ni analizar nuestra prudencia, ni tomar cuentas de los beneficios de nuestra reforma; el principio de autoridad está en peligro: ayudadnos.»

No; esa cuestión no puede plantearse así: es doloroso tener que abordarla ante manifestaciones de resistencia que amenazan de cerca traspasar los límites de la legalidad; pero es demasiado grave, y á la par urgente, para que cada cual no cumpla con su deber, exponiendo con toda sinceridad su opinión y su voto.
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En las circunstancias en que hoy se encuentra el país, todo cuanto represente ó signifique en el orden administrativo, en el político, en el jurídico ó en el económico, un ataque directo ó indirecto al régimen de relaciones entre el Gobierno central y las provincias forales, es una imprudencia perjudicial y costosa, á la que el partido conservador de ninguna suerte puede ni debe asociarse.

El partido conservador, desde la conclusión de la guerra, lo ha hecho así; si en alguna ocasión, por malas inteligencias, ha surgido algún ligero rozamiento, la solución ha sido siempre de concordia y de respeto al régimen establecido.

En el momento solemne de codificar la legislación civil española, los conservadores sostuvieron, contra el antiguo propósito de la unificación, el respeto á las legislaciones provinciales, y á ellos se debió la base que encierra el criterio antes apuntado, y que decía así:

«Las provincias y territorios en que subsisten derecho foral lo conservarán en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico.»

El Sr. Alonso Martínez, aunque contrariando sus conocidas opiniones personales, tuvo el discreto acuerdo de aceptar lealmente el principio y de acceder á las aclaraciones que los Diputados Sres. Landecho y Vadillo y algún otro reclamaron en el Congreso para que fuera efectivo el respeto al régimen existente, y prestó con tan prudente conducta uno de los muchos y buenos servicios que le debe el partido liberal.

La unidad de la legislación civil valía, sin embargo, bastante más que lo que hoy se exige á Navarra; pero los problemas políticos no se pueden olvidar al resolver las cuestiones jurídicas ni las económicas, y porque entonces no se olvidaron, hubo Código civil sin violencias y sin daños.

Quizá no piensan todos los conservadores como nosotros respecto del régimen foral; pero todos piensan lo mismo de la imprudencia insigne con que se procede al resolver cuanto á ese particular atañe.

El regionalismo es una fuerza anacrónica y mal dirigida
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en la mayor parte de las soluciones que le apasionan; pero es una fuerza, y en un país cuya enfermedad más peligrosa y alarmante es la anemia y el decaimiento de espíritu nacional, nosotros miramos al regionalismo y á sus manifestaciones con cariño y observamos con indulgencia hasta sus extravíos, cuando son sinceros.

Por otra parte, hay reconocer que los intentos de absorción de las diferencias administrativas y económicas del Gobierno central, más ó menos encubiertas con pretextos de mejoras de servicios y con igualdades de tributación, tropiezan con un gran obstáculo moral en las provincias lastimadas, y es la evidente inferioridad de nuestros organismos administrativos centrales.

Ellos aciertan á distribuir mejor sus cargas, á conservar á menos coste sus caminos, á recaudar más exactamente sus consumos, á reducir muchísimo su personal municipal y provincial; sus presupuestos locales, comparados con los de Castilla y Andalucía, son de una superioridad indiscutible, y esto nos obliga á respetar lo que no logramos imitar.

Pero la mayor de las injusticias, la más enorme de cuantas incongruencias se han cometido desde que hay Gobiernos parlamentarios, sería declarar que esa cuestión es peculiar del Ministro de Hacienda y que puede salvarse sacrificándole.

La cuestión es eminentemente política, y su responsabilidad de todo el Gobierno, y singularmente de su jefe.

Entre tanto, el partido conservador no puede, á pretexto de sostener el principio de autoridad, apoyar soluciones que contradicen su criterio, sus procedimientos políticos, sus tradiciones de prudencia y de mesura en tales materias, que le han impuesto sacrificios considerables, cuando gobernaba con otra fuerza y otros elementos que hoy faltan.

Nosotros estimaríamos funesta la absorción, la unificación, la igualdad sin consideraciones á antecedentes históricos y á estados posesorios, aun contando con el vigor de Gobiernos victoriosos, desahogados, potentes; intentar tales cosas hoy, es olvidar dónde y cómo vivimos, y pretender que
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los demás partidos sean cómplices ó encubridores de tales olvidos, es una temeridad más inconcebible todavía.*—FRANCISCO SILVELA.

Los comisionados navarros visitaron á S. M. la Reina, al Sr. Sagasta y otros hombres políticos, y corresponde ahora al Sr. Gamazo dar solución á este conflicto, anunciándose ya que tiene redactados los correspondientes decretos que ha de someter al Consejo de Ministros.

Seguramente que en las Cámaras se ha de tratar esta cuestión amplísimamente, pues los representantes navarros han de apoyar las pretensiones de sus paisanos.

*

Nuestras corporaciones provinciales y municipales son objeto muchas veces de disposiciones arbitrarias por parte de los gobiernos, y la prensa se ha ocupado en estos días de la arbitrariedad que reviste la suspensión de quince diputados provinciales de Málaga. El Diario de aquella capital ha escrito el siguiente artículo que merece conocerse y que reproducimos á continuación:

«El hecho imputado á esta Diputación, que, en sentir del ministro y de su mandarín en esta provincia, revestía los caracteres de delito, era débito á la Hacienda de 377.105 pesetas por descuento de haberes; y como quiera que esa deuda era consecuencia de resultas que empezaban en 1871, lo demostraron así con certificación los diputados suspensos, alegando en su defensa que esa deuda no podía ser nunca un delito, y que, caso que lo fuera, serían los responsables los ordenadores de pagos que desde aquella fecha se habían sucedido y no habían pagado; y que en el supuesto gratuito de que la responsabilidad alcanzara á los diputados, debía hacerse efectiva á todos ellos, no exceptuando caprichosamente á unos porque eran fusionistas y penando á los otros que tenían la honra de no serlo, y llegándose hasta nombrar interinos, tomándolos en concepto de alquilados, á muchos de los que habían sido ordenadores de pagos en la época en que la deuda se contrajo.