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aceptan, estipulan las condiciones generales, á que habrán de ajustar su decisión los árbitros.

Pero apenas enunciado el pensamiento, la experiencia ofrece dos maneras diversas de fijar las bases del arbitraje. La una consiste en fijar los textos ó convenios anteriores, cuya interpretación confía al Tribunal sentenciador. Según la otra, de mucho mayor alcance, se reconoce además el derecho de resolver la totalidad de la cuestión sin sujeción á compromisos ó á convenciones anteriores. La transcendencia de este procedimiento es tan grande, que, en mi sentir, él es el único que puede hacer fecundo el arbitraje. Basta recordar que en el caso del Alabama, sin la energía y decisión de los árbitros, declarándose facultados para fijar su competencia, el arbitraje hubiera venido á tierra.

De igual manera el Papa León XIII se creyó autorizado para dictar su notabilísima sentencia en el conflicto de las Carolinas, no sólo sin sujeción á texto legal alguno, sino antes bien, sentando por sí, con autoridad sancionada por el acierto, el principio de derecho internacional que en el porvenir justificara la ocupación de los territorios que se consideran aún libres, el señorío sobre ellos de los fuertes.

Pero todavía estas observaciones no agotan el fondo de la cuestión, porque el contenido de la idea es tan rico, que cuanto más se profundiza en él, mayores desarrollos ofrece.

Hasta ahora el arbitraje internacional sólo ha tenido lugar entre dos naciones, que someten sus diferencias á un árbitro ó á un Tribunal arbitral; pero no se ha dado el caso, ni

hace quince años, á propuesta de Mancini se aprobó la conclusión, reproducida después por él en el Parlamento italiano, según la cual, en los Tratados internacionales que se celebren, debe insertarse una cláusula comprometiéndose los respectivos países al arbitraje en los casos de discordia acerca de la interpretación y aplicación de los tratados. Esta proposición, que respondía á la individual opinión del escritor italiano acerca de las limitaciones del arbitraje, aunque de ser aceptada por todos los países marcaría una bien definida esfera en que moverse, es insuficiente para los muchos casos que pueden ser objeto de resolución arbitral, los cuales por su índole singular están fuera de las previsiones de las partes contratantes.—La conferencia celebrada en París en 1889 insiste en este mismo propósito.
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de un sistema constante de arbitraje, ni de una reunión de Estados, que adopten en principio y como regla de conducta ese sistema. Quizás el primer paso en este sentido le ha dado España en su tratado con la República del Ecuador, firmado en 23 Mayo de 1888, cuyo art. 1.º establece el arbitraje de una potencia amiga, sobre la interpretación del mismo ó sobre algún punto no previsto en él. En idéntico orden de ideas, el doctor Basth propuso en el Reichstag la introducción de la cláusula de arbitraje en todos los tratados de comercio, idea que ha tenido una grande aceptación entre los publicistas de Europa, y que parece destinada á una pronta é inmediata aplicación.

De mayor alcance aún es la proposición aceptada en 9 de Julio de 1873 por la Cámara de los Comunes, á propuesta de Mr. Henri Richard, para que por el Ministerio de Estado inglés se negociase con las potencias extranjeras la institución de un Tribunal arbitral permanente, encargado de decidir las diferencias internacionales (1), proposición semejante á la que pocos días después, en 24 de Noviembre, aceptaba, por iniciativa del signor Mancini, la Cámara de Diputados italiana. A su vez, Mr. Droz, en la conferencia parlamentaria reunida en Berna en Agosto último, preconizaba la misma idea, recomendando á los diputados allí reunidos la conveniencia de presentar simultáneamente, en 15 ó 20 Parlamentos, un proyecto que tendiese á resolver por un arreglo internacional las dificultades del presente y del porvenir.

Es indudable que la opinión se mueve hoy en este sentido, y que gracias á ella no sólo se dificulta cada día más la guerra, sino que los Gobiernos encuentran con frecuencia el medio de conjurar un conflicto.

No es posible, sin embargo, profundizar en este punto sin

(1) Mr. Richard ha sostenido en el Congreso de Colonia, en sesión de 18 de Agosto de 1881, la conveniencia de ir transformando en instituciones internacionales algunos tribunales y centros en la actualidad existentes, lo cual equivaldría á aproximarse á la realización del ensueño de Kamarowski sobre el Tribunal único internacional.
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encontrar inmediatamente dificultades casi insuperables en el estado actual de las naciones europeas, y aun, hasta cierto punto, de las amérigo-latinas. Saltan á la vista, apenas formulada esta idea, multitud de cuestiones, que suelen llamarse políticas, porque quizás no tienen nombre adecuado, pero con las cuales se quiere calificar todas aquellas que, por la vehemencia de las pasiones populares ó los intereses de los Gobiernos, nadie está dispuesto á someter á la resolución de nadie. Mr. Droz se apresuraba á indicar, aun cuando nada parecía reclamarlo, que la Suiza no podrá someter jamás al arbitraje de nadie la cuestión de su neutralidad, garantida hoy por la Europa entera. Lo mismo diría Bélgica, y no hay para qué citar la profunda y gravísima cuestión de la Alsacia y la Lorena. El mismo tratado de Berlín, que puso fin al conflicto entre Rusia y Turquía, encierra multitud de cuestiones que ninguna de las potencias interesadas consentiría en someter á un Tribunal arbitral (1).

Y sin embargo, la esfera en la cual puede y habrá de ejercerse seguramente este medio pacífico de resolver las cuestiones, se agranda cada día. Nadie renuncia al empleo de la fuerza: la paz armada se presenta como una amenaza cada día más inminente y cada año más cercana al conflicto; pero el sentido general de la humanidad y el miedo á las responsabilidades de una guerra europea van circunscribiendo el terreno del conflicto, ya que no puedan hacer desaparecer sus causas.

En este orden de ideas, la fórmula del arbitraje, adoptada

(1) Conocidas son las dificultades con que se ha tropezado, aun entre las Repúblicas sud-americanas, hasta para hacer eficaces las cláusulas convenidas en tratados, de lo cual fueron ejemplo las dos Repúblicas iniciadoras de la propaganda en favor del arbitraje, Colombia y Chile; siendo de tal índole algunas de las cuestiones pendientes, sobre todo entre las naciones europeas, que respecto á ellas obligan á pensar en la pesimista y fatídica afirmación de Wheaton y Serigny, de que no hay más política internacional, sino la que cada nación puede proporcionarse. Sin embargo, en los últimos años ha prosperado tanto en los pueblos americanos el principio del arbitraje, que si han fracasado el Congreso de Panamá y la última conferencia reunida en Washington en 2 de Octubre de 1890, ha sido por el interés mercantil y las pretensiones de hegemonía del país que los convocó.
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de una manera genérica, ya para una serie de cuestiones, como por ejemplo las comerciales; ya para la interpretación de los tratados, como España lo ha proclamado; ya en forma de tribunal permanente, atento á los sucesos de cada día, á fin de dirimir las cuestiones en su origen y antes que tomen mayores proporciones, la base futura del arbitraje internacional ha de ser cada día más extensa y más sólida. En lo pasado ha sido tan sólo ocasional; hoy se anuncia ya como sistemático: no es aventurado presumir que dentro de pocos años habrá pasado al estado de procedimiento jurídico universalmente adoptado. Pero estas ideas se completarán necesariamente al estudiar la transcendencia ó alcance del arbitraje.

ALCANCE

Considerando por el momento estas cuestiones desde el punto de vista de la acción y proporción del arbitraje, se viene á parar á los puntos de partida que acaban de indicarse en la sección anterior.

No hay pensador ni publicista alguno que se atreva á proclamar el arbitraje como medio único y definitivo en el orden de las relaciones internacionales. Para hacerlo sería preciso faltar á la sinceridad ó ofender al sentido común.

La fuerza tiene aún grandes misiones que cumplir en el mundo: quizás las tendrá siempre, como Proudhon pensaba. La guerra, como la tempestad en el mundo físico y como la epidemia en el orden fisiológico, es la resolución por medio de una crisis violenta, no sólo de errores, de faltas y aun de crímenes históricos, sino de conflictos nacidos de la lucha profunda, en que han de vivir necesariamente los factores que componen la vida social.

Si un día, que sólo la imaginación puede concebir, todos esos elementos sociales e individuales pudieran vivir en armonía imperturbable, ese día precederá muy cerca á aquel en que haya de terminar la existencia de la humanidad en este planeta. La atmósfera no se concibe sin las tempesta-
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des, la vida sin la enfermedad y la epidemia, el progreso sin la eliminación de los obstáculos que se oponen al triunfo del derecho. Pedir, pues, al procedimiento del arbitraje la supresión de estos conflictos, sería lo mismo que pedir á la higiene la supresión de la enfermedad y del contagio que llamamos epidemia. Y claro está que, como la petición sería excesiva, la decepción le seguiría de cerca. Harto hará el trabajo constante de los hombres de buena fe si logra desarrollar en los pueblos esa atmósfera de tolerancia y de sensatez, en la cual no pueden desarrollarse los apasionamientos de las masas, los egoísmos de los Gobiernos ó los cálculos y ambiciones de los poderosos.

De aquí que el alcance del arbitraje no pueda nunca pasar de ciertos límites. Martens lo reconoce así en estas lacónicas y elocuentes frases: «En todas las dificultades internacionales en que el elemento político ocupe el primer lugar, el arbitraje es inaplicable» (1).

Como complemento de esta idea podría quizás añadirse la siguiente: En toda cuestión donde el elemento jurídico predomine, el arbitraje es posible. Donde se trata de destruir el derecho existente ó de abrir paso á un nuevo derecho, el procedimiento jurídico es inútil; la fuerza sola puede resolver el conflicto.

Quizás estas reflexiones destruyan muchas ilusiones y parezcan alejar desmesuradamente la era de la paz universal; pero no autoriza la historia, ni podría admitir pensador alguno, que los procedimientos puedan hacer nunca otra cosa que mejorar la marcha de los sucesos, que apartar de ella obstáculos y dificultades, pero jamás alterar las condiciones

(1) Martens.—Tratado del Derecho internacional, tomo III, edición francesa de 1887, pág. 154.
Calvo, Fiore y casi todos los tratadistas de Derecho internacional establecen un límite, que jamás podrá tocar al arbitraje, y es aquel en que medie desmembración del territorio nacional, pues como ésta, ni la confusión de naciones, no pueden verificarse sino mediante consentimiento directo del pueblo respectivo, no puede, por consiguiente, dejarse al arbitrio de ningún extraño, sea cual fuere su autoridad.
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esenciales de la humanidad, las condiciones fundamentales de los seres, á cuyos actos se apliquen.

MODO DE HACER EFICAZ EL ARBITRAJE

Bien puede decirse de antemano que si esta cuestión se formulara en forma de pregunta, tendría una contestación negativa. Hasta ahora, cuantos Gobiernos y países han sometido al arbitraje sus diferencias, han respetado religiosamente la decisión de los árbitros. Duro y difícil le fué á Inglaterra someterse á los del Alabama, pero pagó escrupulosamente los tres millones de libras á que fué condenada. Si las naciones y los Gobiernos no tuvieron dentro de sí mismos y en la respuesta con palabras empeñadas, la fuerza moral y el resorte necesario para hacer eficaz el arbitraje, no habría medio de llevarlo á cabo. Más aún, no convendría que le hubiera; porque como el único medio sería la coerción, esto es, la fuerza, y el arbitraje representa puramente la supresión de ese medio, la contradicción que implican esos dos términos anula la posibilidad de acudir á toda sanción que no sea puramente moral.

Pero tal vez penetrando bien á fondo en la cuestión y mirándola bajo los aspectos que antes hemos desarrollado, pudiera encontrarse una sanción que, sin ser el empleo de la fuerza, revistiese otros caracteres que los puramente morales. Si la cláusula de arbitraje se introdujese por ejemplo en todos los tratados de comercio, á la manera que se ha introducido la del tratamiento de nación más favorecida, resultaría por necesidad un compromiso mutuo entre todas las naciones que hubieran adoptado ese principio, que haría imposible el que ninguna se apartase de lo ofrecido, so pena de ser inmediatamente excluida de esa comunión internacional, fuera de la cual no es dado vivir á ningún pueblo. Habría, pues, una coerción positiva y eficaz que nacería de la índole misma del arbitraje y que no sería, sin embargo, el llamamiento á la fuerza.
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Más difícil sería aplicar estas conclusiones al sistema propuesto por Mr. Richard, si por acaso prevaleciese y varias naciones suscribiesen á formar un comité permanente, al cual se refiriesen las cuestiones internacionales. Si llegado el caso del conflicto una nación entendía que aquella cuestión no caía bajo la jurisdicción del Tribunal, ó si la sentencia de éste no era respetada, habría un grau riesgo de que los otros países que habían concurrido á la formación del Tribunal, quisieran hacer efectivas sus decisiones por la fuerza, y así un procedimiento jurídico para conservar la paz, la comprometería de una manera definitiva. Cuando se piensa en que la antigua Dieta de Francfort, nacida para conservar la paz entre los Estados de Alemania, fué el foco que preparó la lucha entre Prusia y Austria, aparecen al espíritu razones suficientes para negarse, no sólo á la idea de coerción, sino á un procedimiento que llevarse implícitamente á ella.

Todas las anteriores consideraciones preparan conclusiones, que necesariamente han de concretarse y aparecer más definidas, cuando se determina la esfera de acción de un arbitraje, limitándole á las cuestiones que puedan surgir entre España, Portugal y los Estados ibero-americanos. Pero estas concreciones y determinaciones no alteran los principios generales que quedan establecidos y que hemos creído deber anteponer para que las conclusiones sean más seguras y más sólidas.

Importa ante todo consignar que entre España, Portugal y los Estados de la América latina, no existen hoy cuestiones políticas de ningún género, y no es probable que aparezcan en el porvenir. La índole y naturaleza de las que puedan surgir, han de ser siempre de aquellas en las cuales predomine el carácter jurídico, y que por lo tanto pueden resolverse por la decisión de árbitros. La idea, pues, de un arbitraje permanente y sistemático es una idea posible; y si no fuese una idea noble y generosa, sería todavía práctica y simpática. España puede decirlo con tanta más franqueza, y el que escribe estas líneas con tanto más derecho de demostrarlo, cuanto que lo ha puesto en práctica en ocasiones bien cercanas.
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Pero, por la índole natural de las cosas, este arbitraje permanente supone una agrupación de una parte entre España y Portugal, y de otra entre los Estados ibero-americanos. Las dos antiguas metrópolis de Europa se han de concordar y entender para una fórmula, que á su vez debe ser comunmente aceptada por todos aquellos Estados que de nuestra raza descienden y que hablan nuestro idioma. Esto supone una negociación diplomática primero y una convención después, y ambas han de hacerse por este natural camino y para llegar á aquel acuerdo entre las partes contratantes en Europa y en América.

¿Es esto práctico? ¿Es esto aceptable para los pueblos ibero-americanos? Planteada la cuestión, el tiempo se encargará de preparar la respuesta. Quizás á ningún Estado conviene formularla, quizás será preciso que, circunstancias que en este momento no pueden preverse, autoricen á España á tomar la iniciativa.

Pero sea de esto lo que quiera, la base de una inteligencia ha de ser siempre la libre voluntad y la completa convicción de todos los contratantes por los beneficios y las ventajas que les esperan.

Y conviene decirlo así, y formularlo con entera claridad, para que la transcendencia de estas ideas aparezca desde el primer momento á la vista de los estadistas americanos. Ellos, que hicieron abortar al Congreso de Panamá en 1881 y al convocado para Washington en el mismo año; ellos, que supieron dar á la conferencia pan-americana de 6 de Enero de 1882 un carácter completamente distinto del que se proponían los que la convocaron, deberán pensar si es llegado el momento de crear una inteligencia precursora de una acción entre todos aquellos Estados, que han de mirar siempre en la Península ibérica su más fiel amigo y su más desinteresado consejero.

Aprovechar la negociación de tratados para incluir en todos ellos una cláusula como la que figura en el tratado entre Chile y Colombia de 7 de Septiembre de 1880, ó como el fir-
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mado entre España y el Ecuador, será siempre buena política, á la cual suscribirán con gusto España y Portugal, pero no será la política que inspira el tema que se discute, ni la que realice el gran pensamiento jurídico que envuelve. El hecho solo del Congreso aquí reunido, tiene una significación tan superior á todo acto individual, que, cuanto en él se trate, ha de tener por necesidad la resonancia y transcendencia de una aproximación de nacionalidades separadas por el espacio y divorciadas por olvidados sucesos, pero aproximadas y deseosas de identificarse por su origen, por sus necesidades y por sus esperanzas.

Sólo entonces podría encontrarse una fórmula de hacer eficaz el arbitraje, fórmula no genérica ni extensiva á otros casos, sino peculiar y privativa de las relaciones entre la Península ibérica y los pueblos ibero-americanos. La sanción de este arbitraje estaría en la misma idea que la engendra y que le eleva á la categoría de estado jurídico entre ambos pueblos. Unida y congregada la América latina, sus representantes llevarían su voz, como los de España y Portugal llevarian las de antiguas metrópolis.

Una divergencia entre intereses tan altos y representaciones tan poderosas, no podrá probablemente llegar jamás á un rompimiento; pero si por desgracia llegase, si el arbitraje no pudiera realizarse en términos para todos igualmente aceptables, la masa de relaciones, la fuerza y el vigor de los lazos creados entre estas dos comunidades de pueblos, decidiría á sus Gobiernos á encontrar una fórmula de avenencia, que tal vez no hubiera sido posible hallar ni en todo caso fácil de hacer respetar, si se tratase de naciones aisladas, discutiendo entre sí cuestiones limitadas á sus propios intereses.

Todas las ideas, pues, se concretan y modifican al traerlas á este terreno, en el cual la contestación al tema se hace perfectamente clara y terminante. Es grande la conveniencia de llegar á establecer el procedimiento jurídico del arbitraje entre los estados de la Península ibérica y los ibero-americanos.
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Sus bases han de ser la creación de un tribunal permanente destinado á resolver cuantos conflictos existan ó puedan nacer entre ellos.

Su alcance, el más limitado.

Su garantía, la organización jurídica de los Estados ibero-americanos; de suerte que, formando un solo cuerpo, tengan una voz y una representación, á la cual responda la simpatía de España y Portugal, y por una apreciación igualmente valiosa de sus condiciones y de su fuerza.

SEGISMUNDO MORET Y PRENDERGAST
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pios que sirven de clave para solucionar las nuevas cuestiones y cuantas puedan presentarse, pero la aplicación de estas ideas á los problemas contemporáneos exige un grado de talento y una cultura superiores al patrimonio intelectual de la gran mayoría de los que estudian la ciencia del Derecho natural.

El ilustre profesor de la Central reconoce la valía e importancia de nuestros filósofos juristas y aquilata, con crítica imparcial, el mérito científico de gran número de ellos, curando diligentemente de indicarnos que los ilustrados bibliotecarios de la Vaticana, Laurenciana y Ambrosiana tienen elevado concepto de las obras de los mismos.

Filósofos y juristas extranjeros, y aunque en corto número, nacionales, proclaman el valor real y la importancia de nuestros pensadores de los siglos XVI y XVII y no obstante las obras de estos eximios escritores yacen olvidadas en nuestras bibliotecas carcomidas por el polvo y la polilla.

Más de una vez nos hemos preguntado la razón de tan extraño fenómeno y, prescindiendo de la ignorancia casi general en España de la hermosa lengua de Cicerón y Virgilio, creemos que puede encontrarse en la exageración y la falsedad del sistema racionalista, que proclama la autonomía de la razón humana y rechaza toda enseñanza en la que se conceda algo á la autoridad divina ó la humana.

Prueba de la verdad de esta apreciación es el juicio de Ahrens sobre nuestros publicistas del siglo XVI, el cual autor cree que en las obras de éstos se aducen pruebas ó demostraciones tomadas de las letras sagradas ó revelación divina, y se prescinde de las de razón. Esta opinión es seguida por muchos escritores españoles, que han bebido en los libros del filósofo krausista, los cuales escritores al combatir acerbamente el criterio de autoridad en la investigación científica se colocan en posición contradictoria con sus afirmaciones, porque creen, por su palabra, al jefe de la escuela, quien no leyó ciertamente las obras de nuestros pensadores.

Es error craso, á la par que grande injusticia, decir que
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formularla; incluir entre los fallos recurribles en casación los sobreseimientos provisionales; buscar una fórmula para que sin llegar al recurso por injusticia notoria se amplíen los casos de procedencia de la casación; dar atribuciones al Supremo para casar una sentencia por motivos distintos de los alegados por las partes, y hacer extensivos los efectos de la casación á los que no hayan recurrido aunque dichos efectos les perjudiquen, también son preceptos que atemperándolos á la práctica podrían servir de base á otros tantos artículos de la ley reformada.

Mucho preocupa también á la Academia el problema de la prisión preventiva. Problema es éste que en sus varios conceptos de económico, social, moral y jurídico debe llamar seriamente la atención del Gobierno, y ya que no pueda llegarse á un sistema absoluto de vigilancia preventiva que sustituya á la prisión provisional, cabe facilitar la libertad bajo fianza disminuyendo las cantidades que hoy se exigen á este efecto, y puede compelirse al trabajo á aquellos procesados que sean vagos, reincidentes ó quebrantadores de la prisión ó la condena. Al aumentar las facilidades de la libertad provisional, habría también que crear una penalidad para los que aprovechándose de ella eludiesen la persecución de la justicia, penalidad que pudiera incluirse en la Ley de enjuiciamiento como infracción de la misma.

Todos estos gérmenes de reforma que la Academia aporta á la obra de revisión del procedimiento penal han surgido de dificultades de la práctica y de lecciones de la experiencia, y al someterlos á la consideración del Ministerio de Gracia y Justicia espera ser escuchada por V. E. y secundada de fijo por otros elementos afines.

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Nada más, Excmo. Sr., ha de añadir la Academia de Jurisprudencia á este su dictamen. Lo prolíjo y complejo de las materias que nos han sido sometidas requerían aún mayor desarrollo; pero también reclaman mayor reposo y