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privadas causas, sucesos muy excepcionales, vine por último á dar en mi situación presente. Algunos pensarán que he ganado, quizá opinen otros lo contrario; tened en todo caso por cierto, y es lo importante, que en mi apartamiento de la carrera con que todos aquí os honráis ó os queréis honra, ha habido mucho de fortuito é indeliberado. Mas ya que, sea como quiera, no ocupo este sitio á título de Abogado de profesión, que tantos de mis predecesores ostentaron, sabed también que no elegisteis un hombre en quien falte amor á vuestros especiales estudios. Lejos de eso, he contado siempre entre los deberes de mi carrera el de cultivar sin tregua aquellas ramas del Derecho que forman parte intrínseca de la ciencia general del Estado.

No hay entre ellas ninguna más interesante que el derecho penal bajo sus conceptos varios. Porque al Estado, en quien se encarna la ineludible necesidad que trae los hombres á vivir socialmente, ¿cuál asunto ha de importarle tanto cuanto su existencia misma, ahora y siempre? Ni el individuo, ¿qué otro bien ha de estimar preferible al de vivir gozando del orden social ó jurídico, donde se dilata su personalidad, acumulando fuerzas y recogiendo auxilios, sin las cuales y los cuales, intentaría en vano cumplir sus racionales fines? No arrancaría de tan lejos si la índole de este discurso no me obligase, ante todo, á afirmar que en la necesaria conservación del estado social realmente estriban, por divergentes que sin examen parezcan, todas las fundamentales teorías del derecho de castigar. La escuela positivista italiana tiene sobrada razón en considerar al derecho y al estado social inseparables, como lo son la gravedad y la materia (1), y hasta aquel principio de utilidad, tan escarnecido un día, pero que esmalta hoy sin escándalo no pocos libros modernos, sin duda quiso significar siempre, aunque en forma antipática, lo mismo que preferir á todo vínculo social. ¿Cómo entender rectamente que se tratase sólo de la utilidad de los individuos, discordes entre sí

(1) Véanse, entre otros, los Estudios de Antropología criminal, de Enrique Ferri.
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casi siempre, y más todavía con la utilidad común? Pero contemplemos con mayor atención lo que enseña la ciencia penal novísima.

Negado en mayor ó menor grado por ella el libre albedrio, admitida la hipótesis del criminal nato, y no reconociendo como delitos naturales, ó sean verdaderos, ni los políticos, ni los que violan el derecho social, todavía acepta sin escrúpulos la responsabilidad del hombre, con la imputabilidad tradicional de sus hechos, así como la legitimidad del castigo, ya que no por razones éticas, por la necesidad ó utilidad de conservar el vínculo que en mas ó menos numerosas colectividades mantiene junta á la humana especie. Ese necesario vínculo es claro que cabe sustentarlo también con solo apellidar deber moral al respeto estricto á las leyes del Estado, y justicia al cumplimiento de las condiciones que la vida en sociedad impone. Repárese, además, que ninguna escuela, por osados, peregrinos y extraños que sus principios parezcan, tiende de propósito á eliminar la ley de conservación como primera base del derecho penal. Por de contado á eso se reduce el sistema de la defensa, aunque en su recto sentido limite con exceso el vocablo la esfera de acción que para conservar requiere el orden social, lo cual no es maravilla, dado que ni siquiera aquél comprende la total definición del delito en nuestro Código. Bien hizo por tanto el insigne Romagnosi (1), que tan eruditamente expuso ese sistema al convenir en fin en que no se trataba de una defensa verdadera, sino de una especie de defensa.

Mientras tanto, es indudable que hasta con la teoría correccionalista en último término se aspira á la conservación de la sociedad. Porque el esencial error de dicha escuela se cifra en anteponer el derecho individual abstracto al derecho colectivo positivo, primordial de existencia, que por su naturaleza la sociedad posee. No soy yo de los que atribuyen al conjunto de los hombres fines distintos de los del individuo, antes bien sostuve un día que la sociedad está providencial ó

(1) G. D. Romagnosi. Genesi del Diritto penale.—Prato, 1842.
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naturalmente dispuesta para el hombre, primero que el hombre para servir á la sociedad. Sin renegar de eso ahora, parecíeme sofisma evidente la pretensión de que se afirme antes la realización completa del derecho en la sociedad que su subsistencia, pues faltando ella todo derecho individual claudicaría. La historia enseña, por el contrario, que con mayor ó menor imperfección vive este último siempre al amparo del Estado, principal órgano social, avecinándose con mas ó menos lentitud de dia en dia á su ideal concepto. A tan notoria verdad sumisa, reconoce la escuela correccionalista, por último que, cuando el fin del Estado y el de cualquier individuo resultan incompatibles, la preferencia hacia el primero es debida, por más que sólo la admita provisionalmente, persistiendo en la optimista idea de que no ha de haber permitido Dios la existencia de incorregibles criaturas. De aquí que según ella cese la dicha necesidad social, no bien reducido el delincuente á la impotencia, para preparar así su redención. Mas reducir á la impotencia un hombre hasta que se corrija, si no ha de corregirse nunca, sobre todo, ¿no constituye una pena? ¿Y ésta no la legítima también, cual vemos, para los correccionalistas el superior interés de la conservación social? Procediendo con rigurosa lógica, la teoría de la defensa debiera parar donde la correccionalista, contentándose con reducir el criminal á la impotencia. Pero, en fin, lo más llano y acertado es aceptar sin reservas el principio de la conservación, explíquese ó no al modo de los antropologistas italianos, cual una reacción del organismo social, contra quien atenta á sus condiciones de existencia. No ha de empecer tal principio á ningún positivo progreso que la filosofía penal ó la antropología introduzcan de verdad en la ciencia y las leyes. ¿Por ventura se dan casos en que quepa pretender la corrección de los criminales sin menguarle á la penalidad su eficacia? Hágase en hora buena. ¡Bástale á cualquier país con defenderse materialmente de los malvados, reduciéndoles á la imposibilidad de dañar? Pues albricias, señores; que la brutal venganza, como la explicación mística, por muy encon-
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La fábrica de jabón y legías se proyectó en los Docks, con objeto de obtener las segundas aprovechando las cenizas de los hornos del pan. En cuanto al jabón, se dió la preferencia al procedimiento Camuñas, que permitió, con un corto presupuesto de 1.000 pesetas, montar los aparatos suficientes para una producción diaria de ocho arrobas. Para factorías pequeñas, creí oportuno recomendar, en cambio, el sistema San Martín, que, con una máquina batidora de 25 pesetas de coste, permitía elaborar 15 kilogramos diarios de jabón.

Con ocasión de este proyecto de fábrica, relacionado muy íntimamente con el lavado y desinfección de ropas, de gran importancia durante la epidemia colérica que por entonces sobrevino, hube de estudiar también la aplicación de los filtros Chamberland.

Respecto á cocinas para los cuarteles, hospitales y campamentos, así como para intentar en ocasión oportuna el suministro de ranchos preparados á los cuerpos por cuenta de la Administración, hubo que hacer algunos estudios, de que conservo noticias y datos; pero cuya exposición fuera extraordinariamente larga, por lo que me limitaré á algunos párrafos de cierto informe sobre la cocina Becker, entonces muy recomendada y adoptada por el ejército alemán.

«La cocina Becker tiene cabida para 500 ó 600 raciones, y se usa en el ejército alemán hace más de un año. El principio en que se funda este aparato de vapor es la marmita noruega. Los recipientes que encierran los alimentos se hallan rodeados de un reservorio ó depósito de doble pared lleno de agua, á la que llega el vapor, y, cuando este líquido tiene la temperatura necesaria, se suspende el paso del vapor por medio de una cobertera que obtura herméticamente el tubo conductor, sin que por esto deje de continuar hirviendo el agua. Ofrece, además, de notable esta cocina, que puede cocerse cada alimento á la temperatura que necesite; así la carne á los 70°, las legumbres á la de 100° y 105°, conservando cada sustancia alimenticia su sapidez y valor nutritivo, pudiendo mezclarse después.
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trados motivos no son aspiraciones que deba admitir ya la legislación. Mas reconózcase, en cambio, que el mal nombre de la salus populi, por sus abusos desopinada en la historia, no constituye razón bastante para destruir una doctrina de hecho vigente en todas las naciones cultas. Sin disputa, pues, hay que rechazar por injusto cuanto deje de ser indispensable para la conservación del orden social, así como lo ha constituido y sucesivamente mejorado el tiempo en cada país. Mas, por su inverso modo, todo aquello que de verdad resulte imprescindible para tal objeto tégase por justo sin miedo á las temeridades de la especulación pura.

Si la doctrina que expongo debiera haberse reputado siempre incontrovertible, nunca ha habido para ello tan grave fundamento como ahora, por la natural y contagiosa alarma que causan los delitos directamente encaminados contra la sociedad en sí misma. Para definir éstos con exactitud, no sólo resultan deficientes las teorías antecitadas, sino que lo es asimismo la más generosa, la más simpática, la más conforme, sin duda, con las elevadas aspiraciones del espíritu humano. Hablo, es claro, de la que nos enseñaron Rossi y Pacheco. No cabe duda que oscurece el exacto concepto del delito en general eso de hacer en su definición necesario un trascendente elemento ético. Por dichosos días tengo yo aquellos en que, al decir moral, nadie entendía otra serie de principios con valor jurídico que la que encierra la doctrina cristiana, cual única e indiscutible reconocida, así en las legislaciones como en la conciencia de los hombres civilizados, salvo excepciones extravagantes con las cuales no capitulaba el derecho todavía. No acontece hoy ya otro tanto; más para proceder con la sinceridad debida, he de advertir que ni aún la propia moral cristiana, en su total sentido, cabe bien en la definición de los delitos que, por antonomasia, llamaré sociales. Los santos mandamientos, donde en sustancia está, prohiben hasta el simple deseo de los bienes ajenos, contradicción absoluta de los proyectos de los anarquistas y socialistas revolucionarios. Pero tampoco cabe olvidar que, en los
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Santos Padres y grandes doctores cristianos, frecuentísima-mente aparece la doctrina, jamás desmentida por la Iglesia, de que si á los pobres ni siquiera les es lícito desear ajenos bienes, los ricos carecen en cambio del derecho que ejercitan de usar y abusar egoístamente de su fortuna, porque han de reputarse depositarios de ella ó meros administradores antes que propietarios, en la acepción ordinaria, destinándola al general provecho, pues que no al individuo, sino á la comunidad humana, pertenecen las riquezas de la tierra. Harto veréis que en este sistema perfectísimo el deber y el derecho se compenetran fácil y pacíficamente; pero no hay que decir la destructora revolución que ocasionaría el trasladar conceptos tales á las legislaciones positivas, separando su sanción de la conciencia y llevándola á la ley civil ó penal. ¿Se necesita más para hacer patente el radical error de introducir por fuerza la violación de la moral en toda definición del delito? Preciso es aprobar, por tanto, el propósito de encerrarla en la esfera humana y racional.

De muchas, muchísimas tentativas de eso cabe hacer memoria; más á contentarme con alguna, por vía de ejemplo, prefiero la de cierto criminalista italiano, que menos que otros adolece de teóricos prejuicios y exageraciones sistemáticas. Por inútil dejo de nombrarle (1). Redujo á dos categorías este autor los delitos todos: una, la de los que ofenden el natural sentimiento de humanidad, ó lástima del hombre hacia las víctimas de cualquier atentado personal; otra la de aquellos en que el ofendido es el sentimiento de la probidad, ó respeto á lo ajeno, también á su juicio innato en el humano corazón. Más, buena ó mala, desde luego tropezó su teoría con el obstáculo de los delitos políticos, para el caso idénticos á los sociales; y un hombre que había comenzado por hacer constar la indulgencia que suelen los primeros obtener, para afirmarse en su opinión de que donde no hay agravio á la humanidad ni á la honradez, ningún delito cabe, acabó por ponderar, como si tal cosa, el riguroso deber en que todo Go-

(1) R. Garofalo, La Criminologie.—Paris, 1888.
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bierno se halla de castigar enérgicamente los atentados contra él, no sin añadir que cualquiera debilidad con sus autores constituye una falta enorme. Tamaña contradicción pretendió resolverla consintiendo al cabo en que no se llamasen delitos á secas, como la generalidad, sino con la adición de políticos, los atentados contra el orden público. Por cierto que entre estos últimos contaba las huelgas y coligaciones, que ya no lo son, y, de serlo, constituirían delitos sociales.

No concibo que pueda extraviarse más la dialéctica. Tan sólo quien á la extraña originalidadquiera reputarla ciencia, tratará con respeto tan burdo sofisma. Partiendo de él, con todo, intentó después muy en vano el referido criminalista contradecir los excelentes comentarios al Código penal francés de MM. Chaveau y Faustin Helie, donde se reconoce como delito, con y sin quebrantamiento moral, la violación del incontestable deber en que está el hombre de someterse á las leyes, que son la base de la sociedad. Á dicho parecer se ajusta el mío, pero añadiendo que, si no hay delitos puramente físicos ó objetivos, es decir, sin principio doctrinal violado, la violación del derecho por la inteligencia humana, ora en el orden individual, ora en el colectivo, engendra por sí sola delitos también. Hailos en los malos pensamientos, cuando con deliberación cierta se trasmiten y comunican, contagiando con ellos de intento á otras personas, y por de contado, sin necesidad de que tal ó cual pensamiento sea inmoral en la doctrina cristiana, y menos si tan solo se trata de la racionalista y laica. Dejando aparte la cuestión novísima de si el hombre es responsable por razón de su libre albedrío ó por razón de su personalidad, que aquí no es de esencia, el principio de conservación pide que se repute delito el intencionado propósito de destruir por medios intelectuales el orden jurídico, sinonimo, como es obvio, del social. Inútil parece observar, en tanto, que al decir el ilustre Pacheco que todo delito consiste en actos, entendió por tales cuantas cosas son susceptibles de imputación, considerando á la palabra acto, acto á la omisión misma. Y con efecto, es indudable que la palabra se imputa
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hasta como acción gravísima en el derecho positivo español, según veremos de aquí adelante.

No he de tratar de hecho y caso pensado esta noche, de cuantos delitos cabe cometer en discursos ó periódicos. Por solo momentos habré de discurrir acerca de ellos en general, á causa de la naturaleza idéntica de todos y de sus parecidas consecuencias. Procuraré, además, ir dejando á un lado aquellos de políticos calificados por el contexto de algunas amnistías, ya que no por nuestro Código. Otros, que no yo, confunden tales delitos con los sociales, y aun hay legislaciones que en unos propios artículos los definen y castigan. Mas hora es ya de que resuma mi intento, presentándolo, como quien dice, de cuerpo entero. En suma, no tan sólo excluyo del tema de este discurso todo delito que se cometa con diferente instrumento que la palabra, sino que tampoco hablaré de los de tal linaje expresamente cuando no tengan por fin la destrucción violenta del sistema social, en tantos siglos prehistóricos e históricos elaborado. Delitos son éstos que no atentan en sí mismos, y por directo modo, contra los individuos, salvo su conexión, tal vez forzosa, pero incidental, con otros comunes. Pero muy de propósito me he trazado esta noche tan angostos límites, y aun así recelo que sobre asunto.

Por lo demás, á nadie sorprenderá tras lo dicho que á otros deje abandonado el examen, cuando les convenga, de los atentados que, aunque perturbadores también del orden social, no sea en su conjunto y peculiar ser, sino en sus miembros, verbigracia, los homicidios, de cualquier grado, los incendios, las rebeliones ó sediciones y cuantos obedezcan á móviles no de índole antisocial precisamente. Sin necesidad de estimulo, se encarnizará al cabo con ellos la legislación de nuestro siglo, y todavía más la de los venideros, ya por causa del peligrosísimo mal ejemplo, ya por indignación contra el tremendo empleo de los nuevos instrumentos y artificios de destrucción con que los anarquistas ejecutan sus atentados. Señales de esto hay ya clarísimas. Pero en el interin, ¿qué problema jurídico han de entrañar proyectos tan sólo capaces de
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castigar un mal realizado, sin precaverlo en lo más mínimo, y mal idéntico después de todo en su realización, ya que no en sus medios, al que tradicionalmente prevén las legislaciones ordinarias? No hay dificultad alguna en que el hecho de hacer saltar, por ejemplo, ya con pólvora, ya con dinamita, escaleras ó puertas, se asimile al de incendiar un tren en marcha, que ya castiga nuestro Código. Todo lo más, cabrían escrúpulos respecto á la equidad de semejante asimilación en muchos casos. Por eso señores, por eso atribuyo yo mayor urgencia al estudio de los delitos de su especie en que por medio de la palabra se inurre, ó lo que vale lo mismo, al estudio de la inducción y la provocación, bastante más punibles, en mi concepto, que cuando se refieren á los delitos comunes, tratándose de delitos sociales.

Por cierta que repute esta opinión, comprendo que debo explicarla ampliamente; y confío desde luego en que nadie suponga que lo que he dicho, ó diga de aquí adelante, tenga por objeto poner límites á la libertad de discurrir. Porque tampoco hay ya quien desconozca que la libertad es el común instrumento con que obrar lo justo ó lo injusto indiferentemente; de donde nace que, cuando el pensamiento escoge lo injusto, y se exterioriza y de la potencia pasa al acto físico, tanto puede ocasionar beneficios, cuanto incurrir en delincuencia indisputable. La unanimidad con que esta verdad sencillísima se acepta hoy, no empece, sin embargo, para que la imputación y castigo de los meros delitos de la palabra produzca alarma con frecuencia, por lo menos entre los teóricos, más atentos al posible abuso por parte de los Tribunales ó los Gobiernos, que á la necesidad de que ninguna lesión grave del derecho, sea individual, sea social, quede impune. Para disminuir al presente esa alarma, bueno será, señores, que os recuerde la manera con que, sin escándalo de nadie, nuestro vigente Código considera el uso culpable de la palabra en delitos reputados comunes.

Y, aunque de paso, quiero, ante todo, mencionar los referentes á la injuria ó calumnia, ora hablada, ora escrita, en
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los cuales se reputa violado el derecho de las personas, sin que ninguna acción física ó material las hiera. ¿No es sabido por demás que la represión hasta impía de los referidos delitos siempre ha sido como un dogma entre los mayores amigos de la libertad de escribir y de hablar? De ahí proviene que nuestra definición de la injuria, en especial, apenas consentiría la existencia de la prensa periódica, si la pereza en unos, en otros el desdén, la falta de dinero en no pocos para sostener procesos, que rarísima vez tocan á pobres de solemnidad, no limitasen el largo alcance de las frases penables. De mi sé decir que nunca he conocido político que prácticamente aplique aquello de que la imprenta cura las heridas que causa, si por acaso se infieren al honor de persona allegada como esposa ó hija.

Pero entremos ya en los delitos de la palabra que conducen, ó pueden conducir á actos materiales. Una de las maneras de delinquir así es la inspiración, á tenor del art. 193 de nuestro Código, que principalmente hace responsables de las reuniones no pacíficas á quienes las inspiran, mediante impresos, discursos, lemas, banderas ó otros signos; por donde se ve que hasta en casos tan indeterminados se da el delito. Y bien mirado, ni aún le hace falta á ninguna inspiración ser directa, porque muy indirectamente cabe inspirar al próximo punibles acciones. Por igual manera está declarada imputable la seducción de tropa armada en ciertos casos, según reza el caso segundo del art. 187 del Código, castigándose al seductor nada menos que con cadena perpétua á muerte. Tan perjudicial se reputa allí la seducción, por más que palabra tal, con propiedad usada, denuncie sólo procedimientos intelectuales y de carácter blando. También produce entre nosotros delito la provocación por medio de la imprenta, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 182 y 183 del Código. Más de la provocación nada hablaré por de pronto, estimando imposible separar su sentido del de la inducción, la cual por el valor sumo que en nuestro vigente derecho alcanza, exige especialísimo examen.
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Notorio es que, en España, el hecho de inducir una persona á otra en cualquier delito se reputa idéntico á su material ejecución. Por repugnante y cruel que sea, verbigracia, el parricidio, coautor se estima á quien lo aconsejó, ó indujo al criminal, aunque no obre sino en secreto y de silla á silla, sin intervenir personalmente lo más mínimo. No sucede tal en Inglaterra, donde si á los que aconsejan ciertos delitos, no todos, tienen los asimismo por autores, nunca se les castiga con pena capital. Entretanto en Austria, donde se considera la participación mediante el consejo, como indirecta, impónesele á aquella menor castigo; que es lo propio que en Italia y Bélgica acontece, quedando en algún otro país al arbitrio del juez la disminución de pena de los inductores. No entra en distinción parecida el Código español, que ni aún siquiera se aviene á definir la inducción en los estrechos términos del art. 60 del francés, el cual únicamente la reputa punible cuando al par que de la palabra se echa mano de dádivas, promesas, abusos de autoridad y maquinaciones ó artificios culpables. Quedan, pues, fuera, con el asentimiento de los comentaristas Rossi, Chaveau, Faustin Helie y el malogrado profesor Boitard (1), el cual simple consejo y la invitación verbal.

Al clarísimo Pacheco, en quien vivía el derecho como en casa propia, causábale en verdad repugnancia que, de cualquier modo que fuese, un consejo bastara para igualar á quien meramente habla con quien procede al hecho sangriento. Tan sólo admitía, por tanto, que en todo rigor se equiparasen excepcionalmente ambas cosas, y eso por reverencia, tal vez, al Código. La consecuencia práctica de su doctrina asemejábase, en suma, á la de los citados Chaveau y Faustin Helie, es á saber, que el consejo, aunque de positivo haya determinado un hecho criminal, nunca debe igualarse con la ejecución, diferenciando profundamente además de la conver-

(1) Mr. P. Rossi, Traité de Droit pénal, Bruxelles, 1841.—MM. Chateau Adolphe et Faustin Helie, Théorie du Code Pénal, Paris, 1873.—Boivar, Leçons de Droit criminel, Paris, 1880.