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Ya que esto es imposible, daremos los párrafos más importantes del mismo.

Tema del discurso.

«Voy á recordaros ligeramente las alteraciones sufridas en nuestros días por la legislación penal de España, y la administración de justicia en lo criminal, su estado presente, las mejoras obtenidas, los defectos que subsisten de antiguo ó que se han desarrollado ahora, y las reformas que la experiencia y la ciencia demandan.

De todos los ramos del Derecho, el penal es el que ofrece más interés por sus caracteres esenciales; el que más puntos de contacto y de trabazón tiene con los demás, siendo de todos ellos complemento y sanción; el que, en cualquiera situación política y en cada uno de los momentos de la historia, tiene pendientes importantes cuestiones. En el Derecho penal es en donde más se ha hecho por los legisladores, por la administración, por los publicistas, y en donde hay siempre más qué hacer. En el mismo Derecho político, que por tanto tiempo ha sido la preocupación constante de las gentes, y tema fecundo de debates, y motivo de luchas enconadas y de prolongadas y fratricidas revoluciones, ha tenido siempre menor importancia y suscitado menos cuestiones lo relativo á la organización del poder público que la determinación de los derechos personales, más ó menos eficazmente amparados contra los procedimientos y los rigores de las leyes penales.

Mucho más que con la ley positiva ha sucedido con la de Enjuiciamiento y con la de organización de los tribunales. Las reformas se han sucedido en gran número y con mucha velocidad, siendo anuladas las unas por las otras, restablecidas, de nuevo derogadas y vueltas á poner en vigor. La prueba legal, la imposición de las penas según las reglas ordinarias de la crítica racional, el juicio oral, el escrito, la publicidad del procedimiento, la única instancia, la separación entre lo civil y lo criminal, los tribunales de partido, los correccionales, el Jurado, el sistema acusatorio, la inamoví-
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lidad judicial y otras varias importantes instituciones han aparecido y desaparecido muchas veces en nuestras leyes, en las que algunas han arraigado por fin definitivamente, otras están en ellas, por ahora, como ensayo cuyo éxito no se puede vaticinar, y otras no obtienen el lugar ó el desarrollo que debieran.

Y, entre tanto, hay verdadera ansia de nuevas reformas. Las propuestas por el Gobierno á las Cortes sobre el procedimiento y sobre la reorganización judicial, sin encontrar mucha oposición por lo que concierne á los principios y bases fundamentales, ya generalmente admitidos, tropezarán, como todas las jurídicas, con el obstáculo de la mucha variedad de los pareceres, inevitable en Asambleas en que los juristas abundan. Por la misma razón, la impaciencia estimula la iniciativa de los diputados y senadores para modificaciones parciales de los Códigos, que corren el peligro de ser enmendados y corregidos con más frecuencia de la que convendría para su estabilidad y prestigio.

En medio de ese movimiento constantemente rápido, y por los cambios de su dirección desordenado, se ve sin esfuerzo y fácilmente la magnitud y la solidez de muchos progresos realizados, y tampoco es difícil notar las incongruencias cometidas y los errores que piden enmienda».

Las dos legislaciones.

Después de una concienzuda investigación sobre lo que eran los jueces antiguos y lo que son los modernos, lo que era la antigua jurisprudencia y lo que es la de hoy, dice el señor Ministro:

«No son las diferencias injustas é ilógicas entre la manera de considerar á los jueces de derecho y á los de hecho las únicas ni las más notables que se encuentran en la legislación. Bien claro se ve desde luego que esas proceden de que el sistema de organización de los tribunales tiene por fundamento la desconfianza, respecto de los magistrados de profe.
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sión, y una confianza omnímoda por lo que se refiere á los llamados por sorteo á la función de juzgar por una sola vez. Por eso para los primeros se exigen con minuciosos rigores requisitos de inamovilidad y responsabilidad y se agotan los motivos de incompatibilidades, mientras en los segundos parecen garantías de acierto las condiciones contrarias. Pero entre los mismos jueces de derecho se había introducido una desigualdad de la que no podía haber defensa ni explicación satisfactoria. Nombrados para sus cargos mediante severas reglas de ingreso y de ascenso; separados de sus puestos en cuanto las circunstancias del nacimiento, del parentesco, de la propiedad, heredada ó adquirida por ellos mismos, ó por sus consanguíneos ó sus afines, puediesen dar el más pequeño pretexto para sospechar de su imparcialidad, eran sustituidos con frecuencia por suplentes, cuyos nombres no constan en ningún escalafón, que no están sujetos por el interés de conservación de una carrera laboriosamente ganada, y que acumula en sus personas, en la mayor parte de los casos, todas las circunstancias que para los funcionarios permanentes de la administración de justicia constituyen causas de incompatibilidad.

Las vacilaciones y retrocesos de la legislación y de las prácticas en lo relativo á la inamovilidad no han sido producto tanto del deseo que haya podido sentirse, sobre todo en épocas agitadas y revueltas, de ampliar las facultades discrecionales de los Gobiernos, como de los inconvenientes de conciliar la estabilidad de los jueces con una severa y segura responsabilidad. A nadie se le oculta que, en vez de ser un bien, sería el más grande de los males el juez inamovible que fuese al mismo tiempo irresponsable. Y como quien dice responsable dice amovible, débese entender que no tanto se halla establecida la cuestión entre la inamovilidad y la amovilidad como entre amovilidades de diferentes especies. Es funesta y vitanda la amovilidad que someta al encargado de administrar justicia á una arbitrariedad que, aun siendo regida de ordinario por el deseo del bien y del acierto, qui-
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zás no sea inaccesible en algún caso á la pasión política, ó á la presión de los intereses de la amistad ó del nepotismo; pero es salvadora y necesaria la facultad de separar de las funciones augustas del Ministerio judicial, sin contemplaciones ni dudas, á todos los indignos de ellas.

Las últimas reformas de Gracia y Justicia.—Las economías.

En otros importantes puntos de la organización judicial ha sido indispensable introducir reformas bajo la presión de las necesidades de la Hacienda pública, que reclamaban economías en los gastos. No era la ocasión propicia para los bellos planes que serían fáciles cuando se pudiera disponer de cuantiosos recursos pecuniarios. Antes se acabarían éstos, sin duda, que los objetos en que cabría emplearlos útilmente. Quien no encontrara límites para los gastos, podría organizar los tribunales de partido, dar más desarrollo al Ministerio fiscal, aumentar la policía judicial, conceder sueldos á los jueces municipales, convertir también en dotaciones fijas los derechos de arancel de los escribanos, separar los tribunales de lo civil de los que entendieran en lo criminal, fabricar un palacio de Justicia en cada capital de provincia, construir una cárcel celular en cada juzgado, sustituir los establecimientos penales hoy existentes con otros que satisficieran las aspiraciones de la ciencia, preparar lejanos sitios para la deportación, fundar colonias penitenciarias, dotar del servicio de médicos forenses y de laboratorios químicos todas las audiencias, llevar al presupuesto general del Estado las obligaciones de casas de corrección y de prisión preventiva que hoy pesan sobre los Ayuntamientos y las Diputaciones.

Pero, por ahora, no había que tratar sino de economías, prescindiendo de todo lo que con éstas no fuera compatible. Podía aspirarse á conciliarlas con reformas útiles. Dentro de los límites fijados por la ley y por el plan general del Gobierno, cabía intentar novedades, y no faltaba quien las pi-
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diera. Entre las indicadas se hallaba la supresión de una de las salas del Tribunal Supremo, repartiéndolo entre las dos restantes lo civil y lo criminal, y disminuyendo, si fuera preciso, el número de magistrados necesario para ciertos acuerdos, como el de la admisión de los recursos de casación. También podía aprovecharse la ocasión para reducir el número de categorías, dejando menos clases así de jueces como de magistrados. Haciendo igual la Audiencia de Madrid á las demás territoriales, y los juzgados de esta corte á los de las otras capitales, habría resultado una economía de consideración para lo porvenir, aunque, por el justo é imprescindible respeto á los derechos adquiridos, no hubiera sido por el pronto muy grande. Una nueva división territorial para los juzgados de primera instancia y de instrucción, que suprimiera un centener de ellos, habría dado recursos, con las otras economías, para dotar mejor á los restantes, é igualar al mismo tiempo los sueldos de los magistrados y jueces con los que rigen, por regla general, en la administración civil. Quizás se habrían podido establecer los tribunales de partido, suprimiendo todas las audiencias de lo criminal, y aun alguna ó algunas de las territoriales, con arreglo á las bases del proyecto de ley pendiente del examen del Senado para la reforma de la orgánica de los tribunales.

Aunque fuera tan amplia, que todo eso permitía, la autorización legislativa que me ha estado otorgada, me pareció que no debía utilizarla sino para acometer aquellas reformas que habían llegado á la madurez en la opinión pública y podían considerarse como resultado de los debates de las Cortes. Entre las necesarias, después de la ley, ocupaba el primer término la supresión, en ella expresamente exigida, de las audiencias de lo criminal no establecidas en capitales de provincia. Había llegado á ser unánime la opinión de que sobraban algunas; se habían hecho en años anteriores estériles esfuerzos para escoger las que hubieran de cesar; la resistencia de los intereses locales para la desaparición de algunos organismos judiciales en juicio comparativo no cedió
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sino ante la consideración niveladora de una medida general.

Las razones políticas que tiempos atrás habían aumentado, indudablemente con exceso, el número de las audiencias de lo criminal, lo han reducido ahora quizás más de lo necesario. Afirmo con mayor seguridad la extremada esplendidez de antes que la demasiada economía de ahora, porque el conocimiento oficial del estado de estos tribunales me había hecho saber que, aparte de toda razón financiera, muchos de ellos, por lo mezquino de su organización, sometida al choque de las pasiones de las pequeñas localidades en que estaban situados, carecían de las condiciones que para el necesario prestigio y la marcha regular de los tribunales son necesarias.

Si no por el texto de la ley, por lo manifestado en los debates parlamentarios sobre la misma, era también otra de las bases de antemano conocidas de la nueva reforma la ampliación del personal en las audiencias que subsistían, con el doble objeto de disminuir la necesidad de acudir al empleo de los suplentes y de atender al recargo de trabajo que la acumulación de los procesos en las capitales de provincia había de producir.

Después de la disminución de las audiencias de lo criminal, venía la de los juzgados de instrucción y de primera instancia. También los pareceres estaban conformes en pedirla como conveniente; unos exigiendo la desaparición de gran número, otros contentándose con menos. No es fácil improvisar una nueva división del territorio por la que resulten perfectamente distribuidos los negocios civiles y criminales, con las mayores garantías para la justicia y las menores molestias para los jueces y los interesados, quedando debidamente atendidas la importancia de las capitales, la densidad de población de los distritos, la facilidad de las comunicaciones y la abundancia ó escasez de los delitos y de los pleitos. Parecióme, por tanto, necesidad de la prudencia ser muy moderado en esta reforma, no decretando la supresión sino de pocos juzgados.
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Había que acudir también al remedio del mal en los de Madrid y Barcelona. Estaba planteadas en ellos la separación entre lo civil y lo criminal, como ensayo que había de extenderse á medida que hubiera medios para ello. Nadie pone en duda la conveniencia de esa separación, y sería ocioso exponer ahora las razones que la demuestran; pero ni podla continuar como se hallaba establecida, ni las circunstancias eran á propósito para arreglarla mejor.

El Ministerio Fiscal.

Imposible ha sido también pensar en la ampliación del Ministerio fiscal. Por una de esas faltas de lógica de que he notado ya algún ejemplo, y notaré todavía otros, al mismo tiempo que se proclamaban las excelencias del sistema acusatorio sobre el inquisitivo, se suprimían los promotores fiscales y se dejaba la iniciativa exclusiva en el comienzo y en la prosecución de los sumarios al juez de instrucción, excepto en los raros casos en que hay denuncia ó querella de los particulares.

La justicia municipal.

También ha de aguardarlos la justicia municipal: nuevo ejemplo de la falta de unidad y de lógica con que la historia de las reformas está hecha. Los mismos partidos políticos que han proclamado la descentralización y la autonomía de los Municipios, los han ido despojando, una por una, de casi todas sus atribuciones. Los dejaron sin los bienes de Propios, que eran una de sus mayores fuerzas. Quitaron á los alcaldes la jurisdicción en los juicios de conciliación y verbales por la Ley de Enjuiciamiento civil de 1855, y después la jurisdicción en materia penal por la de Enjuiciamiento criminal de 1872.

Se esforzaron más adelante por pasar al presupuesto general del Estado la instrucción primaria, después de hacer la misma traslación con los Institutos de segunda enseñanza.
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Cuando consigamos todos que se centralicen los servicios de las casas correccionales y de las cárceles, no quedará á los Ayuntamientos más que la dirección de su propia oficina, los cuidados y prerrogativas de la vigilancia y de la explotación de la vía pública, y la iniciativa y gestión de festejos municipales. Por lo que á la administración de justicia atañe, cualesquiera que fuesen las deficiencias de la que estuvo á cargo de los tenientes de alcalde, no puede decirse que la actual le sea superior, á pesar del refuerzo de los fiscales municipales. Por una inversión poco feliz de los términos, antes los promotores de los Juzgados de primera instancia eran auxiliares de los concejales jueces, y ahora los fiscales municipales son los únicos de que pueden valerse algunas veces los jueces de instrucción.

Deficiencias de organización.

Todavía me parece oportuno mencionar otra de las deficiencias de la actual organización judicial. El ingreso en ésta no se halla establecido de una manera satisfactoria. Las cualidades que deben concurrir en un juez de entrada son tales que, bajo ciertos puntos de vista, puede asegurarse que se necesitan para ese cargo mayores que para otros de superior categoría.

El magistrado de una Audiencia tiene siempre más fácilmente libros que consultar, y otros medios de ilustrarse; discute con sus compañeros, cuyas luces y experiencia le auxilian; falla después de formados los procesos, á los que los esfuerzos contradictorios de las partes en lo civil, y los de los abogados y fiscales en lo criminal, han aportado los elementos de juicio, y el planteamiento claro de las cuestiones.

Pero un juez de primera instancia y de instrucción, aislado en una localidad subalterna, sin libros, sin medios de consulta y de ilustración, sin experiencia propia, sin auxilios ajenos, sin más fuerzas que la teoría recién aprendida en las aulas universitarias, y apenas contrastada en unas oposiciones en que se ha juzgado de su mérito absoluto y de
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RECUERDOS DE UNA CAMPAÑA

Mejoremos la gestión, suele decirse ahora, sin meternos en exámenes doctrinales ni clasificaciones teóricas; recabemos funciones sin meternos á delinearlas ni á discutirlas.

¡Mejorar la gestión! ¡Recabar funciones!

Pero ¿bajo qué criterio se mejora? ¿Qué clase de funciones se han de recabar? ¿Vamos á pedir la asistencia espiritual de las tropas? ¿El mando de las baterías de artillería ó de los escuadrones de caballería?

Todo esto es ensanche de funciones y mejora de gestión; pero á nadie se le ocurre que sea justo ni conveniente el reclamarlo.

Luego antes de pedir mejoras y recabar funciones hay que hacer un deslinde entre lo que puede y debe correspondernos y lo que no se nos debe ni se nos puede conceder.

Hay que hacer un deslinde; es decir, hay que fijar una esfera de acción.

Hay que fijar nuestra esfera de acción; luego hay que definirse.

Y esta definición que tan admirablemente poseía Salamanca es precisamente la que les falta á los que, en evitación de discursos doctrinales y temerosos de que lleguen los perros, les dejan el campo de los principios y labran sólo el de un socorrido statu quo que disfrazan con el nombre de continuación de la obra de Salamanca.

¡Error insigne contra el cual debo protestar en nombre del fallecido! Nunca fué él partidario del statu quo, que le parecía soberanamente malo, según consta en todas sus declaraciones y escritos; nunca entendió tampoco que sus reformas de detalle bastaran al logro de la transformación que soñaba, y si las emprendió por primera medida fué, lo he dicho ya, para que su conjunto exigiera paulatinas reformas orgánicas que obedecían á un ideal preestablecido.

¿Cómo, pues, los que sueñan con la continuación de la confusa mezcla de funciones y ridículos fraccionamientos de escala á que esta confusión ha dado origen, pretenden tener propósitos de ampliar una gestión ó de recabar unas funcio-
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su mérito relativo, entre centenares de concurrentes, en vista de azarosa manifestación de su saber sobre algún punto que le ha tocado por sorteo en el inmenso campo de los estudios jurídicos, tiene que tomar la iniciativa para la formación de los procesos, para los autos de procesamiento y de prisión, que causan desde luego daños irreparables, y ha de aprovechar ó de perder los primeros momentos, que pueden ser decisivos, para el esclarecimiento de los hechos y para asegurar los fines de la justicia, arrostrando al mismo tiempo iguales responsabilidades en lo civil, en que resuelve algunas veces en última instancia. Otra dificultad nace de la cuantía de los sueldos: si son escasos, no corresponden á lo que conviene á la autoridad del juez; si crecidos, no guardan proporción con los de las clases inferiores de las otras carreras del Estado. Por todo eso, convendría que la judicial no comenzase por el ejercicio de juzgar y que se procurasen garantías á su buen desempeño por anteriores prácticas en otras funciones.

Jurisdicción y competencia de los tribunales.

Pasando ya de la organización de los tribunales al examen de lo relativo á la jurisdicción y competencia de los mismos y á los procedimientos, débese notar, en primer término, un fuerte movimiento de la opinión para que se disminuya la esfera de acción del Jurado y se descargue á las Audiencias de gran parte de los procesos en que ahora intervienen. El haber cambiado el primitivo criterio de la cuantía de las penas por el de la índole de los delitos para someter las causas al Jurado, aunque parezca más científico, ha producido el resultado, que todo el mundo encuentra deplorable, de que con alguna frecuencia se haya de armar y poner en movimiento la magna y complicada máquina del juicio oral y público ante los jueces de hecho, buscados y separados de sus habituales ocupaciones, y ante los jueces de derecho, para examinar pequeños excesos contra la propiedad, cuyo importe no llega al valor de una peseta, con abandono además de
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APERTURA DE LOS TRIBUNALES

las reglas establecidas para fijar el carácter y la competencia de la nueva institución judicial. Para solicitar que muchos de los asuntos examinados hoy y resueltos por las Audiencias lo sean por tribunales inferiores, además de las mismas consideraciones de la natural relativa competencia, se alega la necesidad de suavizar en ciertos casos la severidad de la ley penal, dando ó devolviendo la apreciación de faltas á hechos que castiga como delitos.

El juicio oral y público.

El juicio oral y público es reforma que no tiene impugnadores por ahora. Han enmudecido hasta los que observaban, en algún tiempo ó pudieran observar que los caracteres esenciales del proceso, que son el secreto del sumario y la publicidad de la prueba, y la ratificación de los testigos en el plenario, existen en la actualidad como existían antes, no habiendo más diferencia sino en que el secreto de la primera parte del procedimiento es menos riguroso, y la ratificación ó rectificación de los testigos más aparatoso y teatral. Pero si todos estamos conformes en reconocer la realización de una indudable mejora que ha disminuido la desplorable duración de los sumarios y preparado mayores garantías de ilustración y, por tanto, de acierto para las sentencias, conviene estar atentos á las indicaciones de la experiencia sobre los defectos que pudieran producirse en el nuevo método por la aparición de los abusos y corruptelas, prontos siempre para presentarse con el fin de eludir ó de explotar las consecuencias de cualquiera novedad legislativa. En el llamamiento de los testigos se advierten hechos dignos de consideración y remedio.

Los abogados, los acusadores particulares y los fiscales piden que sean citados los que presentan por listas, en las que es muy difícil que los tribunales decidan cuáles nombres están incluidos con bastante motivo y cuáles deben ser eliminados, pues sólo pueden obtener el conocimiento de esta
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distinta condición después que los testigos sean examinados en el juicio público».

Aquí sigue una notable estadística que el Sr. Cos-Gayón hace, teniendo en cuenta el número de los soldados y de los presidiarios que, con pretexto de ser testigos, logran salir del cuartel ó de la cárcel, utilizando el viaje en cosas ajenas al tribunal, y tal vez de carácter propio e íntimo.

Estadística de lo criminal.

«Nada hay más inexacto que las desviaciones de la verdad aritmética producidas por datos mal ordenados. Siendo la misión de la estadística reducir á números los hechos humanos, tiene su puesto entre las ciencias morales y políticas, pero emplea como único instrumento de su trabajo el que es propio de las naturales y exactas. El número fatal é inflexible es la ley del mundo físico, y del mundo moral lo es la libertad. Por eso los hechos humanos, regidos, ó más bien perturbados por ésta, no se realizan con aquella puntualidad, con aquella precisión admirable, con aquella exactitud asombrosa con que se producen las vibraciones del sonido, la difusión de la luz, los movimientos de los cuerpos en el espacio por la acción de su gravedad y todos los demás fenómenos físicos.

Tratándose de estadísticas de lo criminal, la primera deficiencia que en ellas debemos notar es que, no pudiéndose hacer la de los delitos que quedan impunes, porque se ignora su existencia, ó porque cualquiera causa impide su persecución, no cabe obtener tampoco la de todos los delitos que se cometen. Sólo es hacedero formar las de los procesos y las penas. De aquí resulta, entre otras cosas, la imposibilidad de saber, por medio de la estadística, si la criminalidad aumenta ó disminuye. Grandemente podría equivocarse quien dedujese del mayor número de procesos formados el aumento del de delitos cometidos, pues bien puede suceder que, por lo contrario, signifique sólo mayor represión, acompañada ó