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La Junta, dada la situación de las cosas, ha consultado con el Sr. Ruiz Zorrilla, é inspirados en su consejo están estos párrafos:

«No hay más que dos medios para conseguir la unión.
Aquellos que tengan confianza en la Monarquía deben agruparse en torno del Gobierno, y prescindiendo de diferencias personales y aun de las políticas, ayudarlo con todas sus fuerzas.
Los que creemos que la Monarquía, en diez y siete años de paz, ha provocado el conflicto en que nos vemos por imprevisión, por torpeza y por vicios incurables del régimen, debemos trabajar por la pronta proclamación de la República; porque teniendo corazón y recta conciencia no podemos, no debemos esperar impasibles á que los desaciertos de nuestros enemigos nos otorguen la victoria cuando ya está agotada la vida y la energía nacional y sea impotente todo Gobierno para reconstituir lo destruido.»

Sigue después la circular ponderando los beneficios de la unión sincera y espontánea entre los republicanos, pero sin disolver los Comités al crear otros nuevos y conservando en ellos el procedimiento de la política progresista.

Y termina recomendando, como regla inflexible de disciplina, «el mayor espíritu de tolerancia y de concordia con todos los republicanos, no consintiendo que se combata á ninguno, pero afirmando uno y otro día, por todos los medios, sus propios principios y procedimientos, para levantar la opinión del país y para que, en el momento de la acción, se pueda contar con el apoyo del partido y el triunfo de la República lo encuentre organizado y en disposición de solicitar el concurso, con el alto fin de consolidarla, no tan sólo de los republicanos, sino de todos los españoles.»

El manifiesto está fechado en Madrid á 19 de Abril de 1892, y lo firman los señores siguientes:

Santos de la Hoz.—Manuel de Llano y Persi.—Enrique Calvet.—José María Ezquierdo.—Juan Sol y Ortega.—Pablo Jiménez.—Ignacio Hidalgo Saavedra.—Miguel Mayoral.—Francisco Benito Nebreda.—Antonio Catena.—Mariano Vela.—Pablo Fernández Izquierdo.—Vicente Rodríguez.—Fernando Romero Gil Sanz.—José Castilla.

Diputados á Cortes: José Muro.—Eduardo Baselga.—Calixto Rodríguez.—Juan Gualberto Ballesteros.—José Marenco.—Francisco González Chermá.
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Secretarios: Rafael Ginard de la Rosa.—Eusebio Ruiz Chamorro.—José Zuazo».

A los seis años de la sublevación que acaudilló el brigadier Villacampa, con las protestas a posteriori del Sr. Salmerón y de los que con él «se vieron sorprendidos dolorosamente» por aquella criminal intentona, resultan los republicanos más desunidos que nunca. En lo único que están conformes es en recibir con ruido y bullanga al Sr. Salmerón. Realmente esto no exige más que molestias y sacrificios de amor propio. Y algo han de hacer para engañar al país.

***

Pero no era cosa de que á la vez que parecían más desunidos que nunca, olvidasen su posición en el Parlamento. Y ya que no tuvieron valor para acusar al Sr. Romero Robledo, porque esto les habría proporcionado una grandísima derrota, imaginaron ponerle en duro trance pidiéndole que llevara á las Cortes los balances de la Trasatlántica, la lista de los accionistas, las Memorias que publica cada año y los estatutos por que se rige; en suma, toda la contabilidad, para que se discutiera cuanto es impropio de la investigación parlamentaria, por el carácter secreto que asigna el Código de Comercio á estas compañías.

No fué el Sr. Muro, de cuyo talento tenemos tan alta idea, afortunado al defender esa proposición, ni tampoco el señor Azcárate, á cuya rectitud y alteza de juicio rendimos pleitesía. Nó: ni uno ni otro se colocan en lo justo, tal vez ni en lo racional.

Esto suministró ocasión al Sr. Romero Robledo para una brillante y fundada réplica, con justicia aplaudida por la mayoría:

«Pero el Sr. Azcárate, decía el ministro, hablando de los socios y volviendo sobre la idea del Sr. Muro, ha traído á este propósito la lectura de un artículo del Código penal; porque esto del Código penal parece que suena muy bien ó
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Llamad á altas horas de la noche á la puerta de una taberna ó colmado ó como se nombre.

Suponed que esté solo el establecimiento. Los mecheros á media luz, los camareros dormitando, el recinto silencioso...

Al momento cambiará todo.
Luz, animación, ruido.
Un mozo se acercará, y preguntará después de haberos servido:
—¿Quieren ustedes cantaor?
—Sí, que venga Fulano.
Y, Fulano, á los pocos instantes se presenta, soñoliento, mesándose hacia adelante el pelo por encima de las orejas con cierta coquetería, y trayendo debajo del brazo la indispensable guitarra.
He ahí al juglar. Viene á divertiros.
¡Y pensar que ese hombre es el encanto de media humanidad!...
Amigo íntimo del vicioso, sólo ama sinceramente al perdido, con quien alterna y á quien concede una honradez á su manera llena de heroismos. Porque él también es un héroe de sentimientos raros y extraordinarios.
Es el amante de la mujer públicamente despreciada, y esa mujer para él es todo un poema de ternuras y de grandezas, porque además de sacrificarlo todo, absolutamente todo, por él hay entre los dos no se qué misteriosos puntos de triste contacto.
Y, sin embargo, el cantaor tiene siempre una sonrisa en los labios, aunque en su mirada á veces tranquila, se nota un algo melancólico que brota quizás desde las profundidades de su alma.
Viste bien, es pulcro y decidido defensor y entusiasta aficionado del llamado espectáculo nacional. Se dice español de pura raza.
El sabe cuantos toros lleva matados ó muertos Lagartijo, Frascuelo, Guerrita y otros célebres maestros. Sabe bien la fecha de la cogida de Pepe-Hillo, conoce perfectamente la escuela de Montes, Romero y Cúchares; no olvida que Costi-
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que sienta bien en los labios de cierto género de oposiciones que hablaban de los que pudieran ser accionistas y se sentaran en la mayoría, estableciendo cierta incapacidad. ¿Dónde vamos á parar, Sr. Azcárate? ¿Es que su señoría, cuando aquí vota los sueldos de los catedráticos, tiene más abnegación que los demás? (Muy bien, en la mayoría.) ¿Es que su señoría, cuando trata de los privilegios de su carrera, ó de todas las cuestiones que se enlazan en su carrera, alguna vez se ha declarado espontáneamente incapacitado y ha abandonado su sitio? ¿O esa ley superior que su señoría invoca, de obligar á abstenerse á otros, no ha pesado jamás sobre su conciencia? ¿Qué se cree su señoría frente á los demás? ¿Qué quiere decir la lectura de ese artículo?

Por ventura, cuando aquí se han discutido las leyes del Banco de España, ¿se han declarado incapacitados los accionistas de esa Sociedad? Cuando se discuten las leyes de ferrocarriles, ¿se declaran incapacitados los que tienen acciones de esas empresas? Cuando se discute la contribución territorial, ¿se han considerado incapacitados los propietarios? (Muy bien, muy bien).

¿Es que quiere el Sr. Azcárate un Congreso de mendigos ó de gentes que vengan á vivir sobre el país? (Aplausos.) ¿O es que hay que buscar la independencia en aquella condición que consiste en vivir del presupuesto, en funciones retribuidas por el presupuesto y solamente en esas funciones? ¿O es que aquí sólo los catedráticos pueden honradamente cobrar sus sueldos y defender sus privilegios, y los propietarios, abogados, socios de todos los intereses de la producción nacional son seres infimos y degradados al lado de la altura donde se ostenta la personalidad tan levantada de aquel que invoca esas leyes superiores?

El Gobierno, el ministro de Ultramar no se han negado absolutamente á traer al Congreso nada de lo que al Gobierno pertenece, excepción hecha de las listas de accionistas, que no las traerá por las consideraciones que ha expuesto; pero fuera de lo que es su derecho, y cumpliendo su deber
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de respetar los derechos ajenos en forma distinta de la estipulada en el contrato, el Gobierno no hará nada. El Gobierno no hará cuanto esté á su alcance y cuanto le sugiera su celo para procurar el cumplimiento de los contratos públicos, y lo hará en la forma, en el modo, dentro de los medios y de las facultades que le imponen las leyes; y fuera de eso, respetuoso con la ley y respetuoso con el derecho, apenas tiene nada que hacer, porque el Gobierno no puede plegarse á exigencias de cierto género, meramente por dar satisfacción á cierto género de intereses. He dicho. (Muestras de aprobación en la mayoría).»

Ante tan cumplida refutación, añade La Epoca, no se comprende, y resulta hasta inexplicable, la cita del art. 412 del Código que hizo el Sr. Azcárate, quien de este modo vino á confundir al diputado con el funcionario público. Es preciso haberlo oído ó leerlo para darlo crédito. El Sr. Azcárate lamentaba que el ministro de Ultramar no hubiese remitido las listas de la Trasatlántica, porque, de haberlo hecho, se vería si existen diputados ó senadores que tomen ó hayan tomado parte en cualquiera votación sobre asuntos que interesen á aquella Compañía. El texto de dicho artículo, leído por el Sr. Azcárate, dice: «El funcionario público que directa ó indirectamente se interesare en cualquier clase de contrato ó operación en que deba intervenir por razón de su cargo, será castigado con las penas de inhabilitación temporal especial y multa del 10 al 50 por 100 del valor del interés que hubiera tomado en el negocio.» Y afirmaba el orador republicano que ya sabía que dicho artículo no podría aplicarse á un diputado por razón de su inviolabilidad, pero que el delito siempre es delito, aunque quede impune.

Acudimos al Diccionario de la Academia Española, y encontramos: «funcionario (de funcionar), m. Empleado público.» Consultamos después el Real decreto de 27 de Octubre de 1887, publicado en la Gaceta del 28 de Octubre del propio año, y hallamos:

«Art. 1.º Verificadas unas elecciones generales ó par-
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ciales de diputados á Cortes, todo funcionario público, sea ó no compatible, que fuera elegido diputado, etc.

Art. 8.º Todo diputado electo que fuese funcionario público al presentar su acta en el Congreso, etc.»

Textos que prueban hasta la evidencia, como dice muy bien La Epoca, que ni el idioma ni la ley confundieron hasta aquí dos cosas tan diversas como el diputado y el funcionario público. Ha sido preciso, para que aparezca siquiera una vez esa confusión, que el Sr. Azcárate se dejase llevar de la costumbre de citar el Código sin venir á cuenta, lo cual produjo la elocuente réplica del ministro de Ultramar.

***

Suelen ser los rumores que se extienden contra las grandes sociedades, como esos otros que se encaminan hacia las reputaciones dudosas. En el primer momento sorprenden, después fijan la atención, y por último revelan lo impensado, lo desconocido, lo inerible. Tal aconteció con la poderosa casa de Murrieta, cuando hace un año empezó el rum rum de que pérdidas cuantiosas en Buenos Aires habían debilitado su crédito. Negóse la noticia, pero á los dos meses vino la transformación de la Sociedad, que se convirtió en anónima. Un año más tarde la separación de los directores. Ahora la suspensión de pagos y la quiebra y la venta de grandes tesoros artísticos, fincas de recreo, etc., etc.

Los astilleros del Nervión surgieron entre raudales de oro. Los Martínez Rivas eran justamente tenidos por hábiles, ricos y concienzudos comerciantes. Su firma, como la de los Murrietas, se cotizaba á precio altísimo. La unión del señor Palmers avaloró los prestigios de la casa para levantar uno de los primeros astilleros del mundo. Todo le sonreía. El Estado mimaba la Sociedad, el público respetaba su nombre, y la industria de las construcciones navales parecía resucitar en la pintoresca margen del Nervión. De pronto Palmer se separa de Martínez Rivas; se entabla entre los dos lucha de-
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Mi convicción es que, no habiéndolos encontrado, está usted en el caso ya previsto, sin que haya podido impedirlo el Gobierno.

Tampoco ha podido tomar éste medidas referentes al estado de la Sociedad, porque hasta aquí, que deja usted de cumplirlo, estaba el contrato cumpliéndose.

Sin ningún motivo personal para ser benévolo, he deseado mucho, en bien de la marina y suyo, que saliese adelante, poniendo de mi parte cuanto ha consentido el cumplimiento estricto de mis deberes: no habiendo esperado gratitud, tampoco la echo ahora de menos.

En nuestro sentir, el Sr. Rivas ha equivocado el camino, y hace mal en pretender que la opinión se agite contra el Gobierno, cuando éste se halla en terreno firme, no ha escatimado ningún recurso, dentro de las leyes, á aquella empresa, y le dió facilidades para que se transformara en Sociedad anónima, para que obtuviera aplazamientos y para que pudiera desenvolverse en la última crisis que produjo la ruptura del Sr. Rivas con el señor Palmers.

La actitud del Gabinete es clara: la reveló el Sr. Cánovas, y la reflejan en sus impresiones algunos periódicos. Si la Sociedad de los Astilleros no reanuda sus trabajos, y no ofrece garantías para concluir los buques, el Gobierno declarará rescindido el contrato, y procederá á la incautación de edificios, utensilios, máquinas, barcos y cuantos bienes están afectos á la fianza que la Sociedad prestó al Estado, porque tiene para ello un derecho indiscutible. Y no pudiendo el Gobierno, por razones de interés público, suspender los trabajos de los Astilleros, se encargará de ellos la Administración, y enviará el personal técnico que juzgue conveniente, eligiéndolo entre los ingenieros navales que más pericia hayan demostrado en el ejercicio de su carrera. La nación no sufrirá ningún quebranto, porque con las sumas aún no satisfechas (según nuestras noticias 15.000.000 de pesetas), y con el valor de los bienes hipotecados, hay recursos suficientes para terminar las obras.

Claro está que habría sido más conveniente que la industria naval se hubiera desarrollado merced á los esfuerzos y á
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ni el Ministro de Marina tenían noticia ninguna de que se fueran á suspender los trabajos de los Astilleros del Nervión.

A usted consta, y al Ministro de Marina también, que han sido ustedes prevenidos oficiosamente y con la antelación necesaria. A usted le consta, pues, que esa afirmación del Ministro de Marina no es exacta, y que ustedes sabían lo que iba á ocurrir.

Ruego á usted que, en desagravio de la verdad y de la justicia, sólo de la verdad y de la justicia, lo haga constar así, para que la opinión no nos atribuya responsabilidades que exclusivamente alcanzan al Gobierno.

En cuanto á las causas que han motivado la suspensión de los trabajos, usted las conoce todas tan bien como yo; de ellas hemos hablado usted y yo, y ya en 20 de Diciembre reconocía usted la necesidad de atender al estado económico de los Astilleros, que es la única causa de la suspensión, y declaraba usted que era eso indispensable para sacar de un gran peligro los intereses del país.

Como lo formal y lo sincero es que cada cual reconozca y declare lo que sabe que es verdad, yo creo que no apelo en vano hoy al jefe del Gobierno y al caballero.—José Martínez Rivas.»

Tan extraño y audaz telegrama merecía contestación á propósito, y diósela, y muy cumplida, el Sr. Cánovas con el siguiente:

«El presidente del Consejo de Ministros á D. José Martínez Rivas, Bilbao:
Ha estado usted aquí poquísmo tiempo hace, sin procurar verme, y en su lugar vino el Sr. Martos á recomendarme confidencialmente la pronta devolución de los derechos de Aduanas, para evitarle á usted dificultades.
Recomendélo, y por los ministerios de Hacienda y Marina he sabido después que no les dejó usted tiempo material para resolver el asunto con arreglo á las disposiciones vigentes.
Ni por anuncio oficial ni por resolución definitiva debí tomar la indicación del Sr. Martos, y cuando éste me anunció luego la suspensión era ya conocida en Bilbao.
De nuestra última conversación confidencial resultó que no podría usted continuar los trabajos sin el concurso del capital que Palmers le rechusaba, ó el de otro socio en su lugar.
A mi pregunta sobre el plazo en que podría seguir solo, contestó usted con evasivas, de las cuales deduje que procuraría, como ha procurado en vano, buscar recursos por cualquier medio.
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Mi convicción es que, no habiéndolos encontrado, está usted en el caso ya previsto, sin que haya podido impedirlo el Gobierno.

Tampoco ha podido tomar éste medidas referentes al estado de la Sociedad, porque hasta aquí, que deja usted de cumplirlo, estaba el contrato cumpliéndose.

Sin ningún motivo personal para ser benévolo, he deseado mucho, en bien de la marina y suyo, que saliese adelante, poniendo de mi parte cuanto ha consentido el cumplimiento estricto de mis deberes: no habiendo esperado gratitud, tampoco la echo ahora de menos.*

En nuestro sentir, el Sr. Rivas ha equivocado el camino, y hace mal en pretender que la opinión se agite contra el Gobierno, cuando éste se halla en terreno firme, no ha escatimado ningún recurso, dentro de las leyes, á aquella empresa, y le dió facilidades para que se transformara en Sociedad anónima, para que obtuviera aplazamientos y para que pudiera desenvolverse en la última crisis que produjo la ruptura del Sr. Rivas con el señor Palmers.

La actitud del Gabinete es clara: la reveló el Sr. Cánovas, y la reflejan en sus impresiones algunos periódicos. Si la Sociedad de los Astilleros no reanuda sus trabajos, y no ofrece garantías para concluir los buques, el Gobierno declarará rescindido el contrato, y procederá á la incautación de edificios, utensilios, máquinas, barcos y cuantos bienes están afectos á la fianza que la Sociedad prestó al Estado, porque tiene para ello un derecho indiscutible. Y no pudiendo el Gobierno, por razones de interés público, suspender los trabajos de los Astilleros, se encargará de ellos la Administración, y enviará el personal técnico que juzgue conveniente, eligiéndolo entre los ingenieros navales que más pericia hayan demostrado en el ejercicio de su carrera. La nación no sufrirá ningún quebranto, porque con las sumas aún no satisfechas (según nuestras noticias 15.000.000 de pesetas), y con el valor de los bienes hipotecados, hay recursos suficientes para terminar las obras.

Claro está que habría sido más conveniente que la industria naval se hubiera desarrollado merced á los esfuerzos y á
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las iniciativas de la empresa naviera, y que pudieran los Gobiernos confiarle la construcción de buques de guerra; pero se contó para este fin con el presupuesto del Estado, y esto no podía prevalecer. Ahora se tocan las consecuencias.

De todos modos, la intervención moral del Gobierno ha comenzado con la custodia de todo lo que existe en los Astilleros, por fuerzas militares. El Estado aprovechará los elementos allí reunidos á fin de terminar los tres buques emperzados, y devolverá las fianzas afectas al contrato cuando no corran riesgo alguno los intereses de la nación. Estos son, según nuestros informes, los propósitos que el Gabinete abriga.

* * *

La próxima huelga de Mayo ha puesto, naturalmente, en actividad al Gobierno. No es que tema las violencias de los anarquistas, ni aun las manifestaciones exageradas del socialismo: es que no cumpliría su misión si no velara por el derecho de todos y no impidiera posibles trasgresiones de la ley.

Con el fin de que se cumpla escrupulosamente, el digno y celoso señor Ministro de la Gobernación, recomienda á las autoridades civiles, con el mayor encarecimiento, que tengan muy en cuenta las prevenciones siguientes:

«1.ª Procederán á verificar un escrupuloso examen de todas las Asociaciones constituidas en cada provincia, cualquiera que sea su objeto, y muy especialmente de las que se relacionen con las clases obreras, y resolverán la suspensión de las que no estén constituidas con arreglo á la ley de Asociaciones y en los términos que establecen los arts. 12 y 13 de la misma.

2.ª Revisarán todos los expedientes relativos á dichas Asociaciones para comprobar si se observan los preceptos legales, y particularmente los comprendidos en los arts. 4.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10 y 11 de la ley citada, e impondrán, en su caso, las multas que determina el último párrafo del art. 10 por la inobservancia de las formalidades prevenidas.
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3.ª Con arreglo á lo dispuesto en el art. 12 de la misma ley, dispondrán en los casos que lo consideren conveniente que delegados de su autoridad se personen oportunamente en los domicilios de las Asociaciones para inquirir si por los actos de las mismas, ó con ocasión ó bajo pretexto de su existencia, se infringe la ley ó se comete alguno de los delitos definidos en el Código penal.

4.º De igual modo han de cuidar de impedir que las Asociaciones se ocupen en objeto distinto del marcado taxativamente en sus respectivos reglamentos; y en el caso de que por sus acuerdos, por sus actos ó manifestaciones hubiere motivo fundado para presumir su existencia contraria á la moral pública, procederán á su inmediata suspensión en los términos y forma que establece el art. 12, teniendo al efecto en cuenta el concepto de la moral pública que se define en la sentencia del Tribunal Supremo fecha 28 de Enero de 1884, según la cual «la Asociación fundada en la anarquía y el colectivismo con el propósito de emprender y sostener la lucha del trabajo contra el capital y de los trabajadores contra la burguesía es contraria á la moral pública, pues contradice la autoridad y la propiedad industrial».

Sin perjuicio de la suspension, que habrá de dictarse por la autoridad judicial, procede también, como medida gubernativa, la aplicación del art. 22 de la ley provincial, para corregir las faltas á la moral pública.

5.ª Tan pronto como haya terminado la revisión de las Asociaciones constituidas para conseguir que todas ellas funcionen dentro de la legalidad existente, remitirán á dicho Ministerio una sucinta Memoria dando á conocer detalladamente la realización de un servicio que deben estimar, para estos efectos, de atención preferente y grande importancia.

6.ª Tendrán especial cuidado de que sus delegados que asistan á las reuniones públicas, con arreglo á lo preceptuado en el art. 4.º de la ley de 15 de Junio de 1880, observen con gran escrupulosidad lo que prescribe el art. 5.º de la misma ley, haciéndoles responsables de cualquier tolerancia, negligencia ó debilidad en este punto.

Para el mejor acierto en el servicio de que se trata, la designación de estos delegados debe recaer en funcionarios de reconocida competencia en derecho penal y de criterio bastante para distinguir la línea divisoria que separa lo ilícito de lo que no lo sea en los actos de la reunión.

7.ª Dada la naturaleza de la policía gubernativa y su marcado carácter de justicia preventiva en el ejercicio de muchas de sus funciones, los gobernadores mantendrán en esta materia perfecto acuerdo con la autoridad judicial y re-