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asegurados y vivan tranquilas al amparo de las instituciones judiciales.

TRABAJOS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN EL AÑO ÚLTIMO

Sin más que recorrer la estadística criminal del año anterior, se ve con claridad que las ocupaciones de los Tribunales en 1890 han sido casi iguales en importancia á las que fueron objeto de su atención en 1889.

Habrá mayor ó menor número de sumarios instruídos, más ó menos procesos terminados; pero no es esto lo más interesante que hay que apreciar. Lo que importa es saber cuántos son los juicios y procesos que se instruyeron y los que de ellos han quedado pendientes, porque de este modo resultará demostrado el mayor ó menor celo y actividad con que los Tribunales se han conducido.

Principiando por los Juzgados municipales, consta que los juicios de faltas celebrados ante ellos ascendieron á 63.667, terminando por el fallo de primera instancia 59.183, y por el de segunda, por haberse interpuesto apelación, 4.484. Si pudiera este trabajo repartirse proporcionalmente entre cada uno de los Jueces municipales de la Peninsula, no exigiría esfuerzo, ni demostraría casi que se prestaba un servicio extraordinario por lo pesado, y digno en tal concepto de especial mención; porque no debiendo bajar el número de Jueces municipales del de Ayuntamientos, el más reducido sería el de 9.300; y aun parándonos aquí y no tomando en cuenta los de aquellas poblaciones en que hay más de un Juez, sería evidente que cada Juez municipal conocería al año únicamente de siete juicios de faltas.

No es esto, sin embargo, lo exacto, porque hay Jueces municipales que viven constantemente ocupados, no sólo por las atenciones del Registro civil, que son diarias, sino por la de los juicios. Son estos Jueces los que ejercen sus cargos en
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grandes poblaciones, como Madrid, por ejemplo, en que los expresados juicios llegaron á 12.089; pero, en cambio, hay muchos Juzgados municipales en que apenas ocurrió un juicio por mes, puesto que son varias las Audiencias en que el número de los celebrados en un año ante todos los Jueces de su territorio no ha llegado á 200.

Lo que expongo es oportuno tenerlo muy en cuenta para que cuando se organice nuevamente este primer elemento de la Administración de justicia pueda procurarse que á los Jueces municipales, sin estar muy separados de los que á ellos tienen que acudir, se les den atribuciones para conocer de ciertos y determinados asuntos en un territorio más extenso que en el que hoy funcionan, exigiéndoles á la vez condiciones que ofrezcan convenientes garantías de independencia y aptitud.

Los Jueces de instrucción han intervenido en 73.612 sumarios incautados en 1890, quedando pendientes de éstos en 31 de Diciembre, 10.698. Son muy contados, pues no pasan de seis, los Juzgados en que se incoaron 1.000 surios, y sobre 150 en los que no llegaron á incoarse 100.

En las Audiencias han tenido lugar 13.639 juicios orales, terminando por sentencia condenatoria 9.116 y por absolutoria 4.523. Se han fallado, además, sin juicio oral, por conformidad de las partes con la acusación, 6.029.

Los juicios por jurados, promovidos en el año último, han llegado á 2.386, habiendo recaído sentencias condenatorias en 1.458 y absolvitorias en 502, sobreyéndose libremente, por falta de acusación, en 426.

Recursos de casación se prepararon 848 por infracción de ley, de los cuales sólo se interpusieron ante el Tribunal Supremo 582, de los que, aun cuando se admitieron 485, no prosperaron más que 87. Los restantes fueron denegados ó declarados desiertos.

En la forma se entablaron 125 recursos, admitiéndose 117 y siendo declarados con lugar únicamente 19.

Juzgo oportuno, antes de concluir esta rápida reseña,
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gida por Aboul-Mahomad, cadí de Sevilla, el cual negó la obediencia e impidió la entrada en la ciudad del Guadalquivir á Casin, príncipe de la familia Omaiya, que expulsado de Córdoba, iba á subyugar las pintorescas riberas del río ya mencionado. El cadí falto de ambición, no quiso asumir todos los poderes, y aprovechando la ocasión de que en Calatrava había un histrión llamado Khalaf, cuyo marcado parecido con el último califa Hischan II, había hecho creer á los partidarios de este desgraciado que aun subsistía su amado soberano, decidió á Aboul-Mahomad á llamarle para ocupar el trono de Sevilla, concluyendo con el efímero interregno ocupado por la República sevillana fundada por una sublevación militar.

En otro lugar he indicado que al enseñorearse los árabes de una gran parte de la Península, unos cuantos cristianos amantes de su independencia y libertad, retiráronse á las fragosas montañas asturianas, sirviéndoles de baluarte para repeler de la hidalga tierra española las medias lunas, cuyo despotismo no podían sufrir los descendientes de aquellos fieros celtíberos que hicieron frente al poder fenicio, cartaginés y romano; así es, que no es posible viajar por Asturias sin recordar la firmeza noble y virtuosa de un pequeño pueblo que supo salvar una grande nación, ensañando con la práctica que el espíritu fiero, el valor decidido y la voluntad enérgica, son suficientes para vencer y anonadar todos los esfuerzos de los conquistadores ambiciosos. Al subir las montañas de Verdavont y Ausena, al contemplar aquellos eternos monumentos de las glorias españolas, la imaginación se exalta, el corazón se entusiasma y no pueden nombrarse aquellos heroicos hombres, que contuvieron el ímpetu de todos los vencedores de España, objeto de la codicia de tantas naciones extranjeras, sin tributarles un recuerdo de venerable admiración. Al declararse en abierta oposición contra el poderoso Islam, los nobles patricios congregados en la cueva de Ausnea, eligieron por su rey á Don Pelayo, de la sangre real de los godos, puesto que era hijo de Favila conde de Cantabria y nieto de
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dejar consignado que en los juicios orales, ante los Tribunales de derecho, se han examinado 64.759 testigos, 2.423 médicos y 1.714 peritos, cuyas indemnizaciones han ascendido á 252.982 pesetas 25 céntimos las de los primeros, á 15.202,25 las de los segundos y á 8.122,20 las de los últimos.

En los juicios por jurados se han indemnizado 57.589 jurados, 17.200 testigos, 1.086 médicos y 599 peritos, importando sus indemnizaciones respectivamente 495.735 pesetas 97 céntimos, 72.468,02, 9.841,65 y 3.162.

Resumiendo, resulta: que entre jurados, testigos, profesores, médicos y peritos, han asistido á los juicios 145.370 personas, y que sus indemnizaciones han ascendido á 857.514 pesetas 34 céntimos.

Aparte de las causas terminadas en juicio oral ó por jurados, han concluido por sobreseimiento definitivo 15.257 y por provisional 20.259.

Necesario es fijarse en que, entre los datos que componen la primera cifra, el más importante es el en que se consigna que sólo por no ser el hecho constitutivo de delito han sido sobreseídos 13.864 procesos. Sobre este conjunto de datos, y muy principalmente sobre los que se refieren á los sumarios que puedan aparecer algún tanto retrasados, y á las absoluciónes y sobreseimientos, he de manifestar seguidamente mis impresiones.

LOS SUMARIOS.—LAS ABSOLUCIONES.—LOS SOBRESEIMIENTOS.

I

Creo oportuno llamar la atención de V. E. hacia los sumarios y causas pendientes que se sustancian por el procedimiento antiguo. No son muchas en número, y todas ellas proceden de delitos cometidos con anterioridad al 15 de Octubre
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con más celeridad seguramente, y aun cuando queden algunos un tanto detenidos, no será esto imputable á los funcionarios judiciales, ni á los de otro orden de que se hubiesen reclamado antecedentes ó noticias, sino á la imposibilidad absoluta que pueda haber en ocasiones de reunir los antecedentes y datos reclamados.

Sencillo es, sin duda, lo que expongo: pero esta Fiscalía da importancia á la celeridad de los procesos, dentro de la rectitud, por creer que la sociedad está interesada en que las penas se impongan pronto, porque surten mejor efecto cuando el delito no se ha olvidado, y porque entiende, además, que á los procesados no se los debe tener más tiempo del necesario pendientes de la amenaza de una acusación, pues la fuerza y los efectos de la acción reparadora de la justicia son tanto más eficaces cuanto más rápida y rectamente resultan aplicadas las leyes.

II

Si ocultara que me he fijado, como me fijé en el año anterior, en el número de sentencias absolutorias para compararlo con el de causas falladas, no expondría ciertamente la verdad, porque entonces tuve este dato muy presente, cual lo tengo ahora.

Las Audiencias han terminado sin celebrar el juicio oral, por haber aceptado las partes las conclusiones condenatorias del Fiscal, 6.029 causas, y han celebrado, además, 13.639 juicios orales, recayendo en ellos 9.116 sentencias condenatorias y 4.528 absolutorias.

Los juicios por jurados intentados han sido en el año último 2.386, habiéndose dictado sentencias condenatorias en 1.458 y absolutorias en 502, siendo sobreseídas por falta de acusación 426 causas; de modo que el Jurado llegó á fallar únicamente 1.960.

Tenemos pues, que en los Tribunales de derecho las ab-
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sin embargo, que cuando esa sea la causa del retraso, los Jueces no olviden el dirigir frecuentes recuerdos; y más preciso aún, que los exhortados no den lugar á ellos. Quien quiera que detenga la marcha regular y pronta de los procedimientos, no diré por contemplaciones é intencionadamente, porque esto sería digno de la más enérgica represión, sino simplemente por negligencia ó descuido, perturba notablemente el servicio, y es preciso velar para que ni uno solo deje de mostrarse afanoso y solicito en el cumplimiento de sus deberes.

Mientras las diligencias hayan de evacuarse en territorio español aunque las que deban tener lugar en Ultramar exijan más tiempo, los retrasos deben evitarse, porque á todos alcanza la Autoridad de los Tribunales y del Gobierno. Posibilidad hay para adoptar al efecto las medidas coercitivas que sean necesarias á fin de corregir y mover al que aparezca perezoso y apático.

De tal importancia es la actividad en la instrucción de los sumarios, que la ley de procedimientos, en su art. 324, ordena, que cuando no hubiere terminado al mes de haberse incoado, den parte los Jueces semanalmente al superior, de las causas que han impedido ó impiden su conclusión. Las Audiencias ó Tribunales que estos partes reciban tienen el deber, pues para eso se les remiten, de procurar que las dilaciones desaparezcan, y el de exigir que aun cuando no exista responsabilidad criminal, se impongan las correcciones disciplinarias que corresponda á los que muestren falta de actividad y de celo. Es evidente, en sentir de esta Fiscalla, que aun cuando el art. 325 de la ley procesal dice que sean responsables de todas las faltas los Jueces de instrucción y los municipales, lo son igualmente los funcionarios que los auxilian, y aun los que encontrándose en esfera más elevada, conocedores del retraso y de los motivos que lo ocasionan, no pres- ten la debida ayuda á los Jueces instructores, si por acaso la necesitan, para que llenen sus deberes con la prontitud que los altos intereses de la justicia demandan. Cumpliendo las obligaciones que la ley nos impone, los sumarios marcharán
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con más celeridad seguramente, y aun cuando queden algunos un tanto detenidos, no será esto imputable á los funcionarios judiciales, ni á los de otro orden de que se hubiesen reclamado antecedentes ó noticias, sino á la imposibilidad absoluta que pueda haber en ocasiones de reunir los antecedentes y datos reclamados.

Sencillo es, sin duda, lo que expongo: pero esta Fiscalía da importancia á la celeridad de los procesos, dentro de la rectitud, por creer que la sociedad está interesada en que las penas se impongan pronto, porque surten mejor efecto cuando el delito no se ha olvidado, y porque entiende, además, que á los procesados no se los debe tener más tiempo del necesario pendientes de la amenaza de una acusación, pues la fuerza y los efectos de la acción reparadora de la justicia son tanto más eficaces cuanto más rápida y rectamente resultan aplicadas las leyes.

II

Si ocultara que me he fijado, como me fijé en el año anterior, en el número de sentencias absolutorias para compararlo con el de causas falladas, no expondría ciertamente la verdad, porque entonces tuve este dato muy presente, cual lo tengo ahora.

Las Audiencias han terminado sin celebrar el juicio oral, por haber aceptado las partes las conclusiones condenatorias del Fiscal, 6.029 causas, y han celebrado, además, 13.639 juicios orales, recayendo en ellos 9.116 sentencias condenatorias y 4.528 absolutorias.

Los juicios por jurados intentados han sido en el año último 2.386, habiéndose dictado sentencias condenatorias en 1.458 y absolutorias en 502, siendo sobreseídas por falta de acusación 426 causas; de modo que el Jurado llegó á fallar únicamente 1.960.

Tenemos pues, que en los Tribunales de derecho las ab-
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soluciones representan un 23 por 100 de las causas falladas, y en las resueltas por el Jurado vienen á representar el 26 por 100. Suponiendo la justicia de unas y otras absoluciones, hay que buscarlas explicación racional y lógica. Puede ser ésta la de que, en la generalidad de los casos, en el juicio oral se destruyen completa y absolutamente las pruebas, más ó menos legales, consignadas en el sumario, que presentaban como culpables á determinadas personas. Estas pruebas debían existir necesariamente porque sin darlas por supuestas, más ó menos robustas, no tendría explicación que el Fiscal acusara y pidiera la apertura del juicio.

Si esto se reconoce, habrá que dar también por confirmado que en el sumario y en el juicio se reunieron datos que hubieran de resultar entre sí algún tanto contradictorios.

También pueden atribuirse las absoluciones á que el Fiscal formule conclusiones provisionales con pruebas no acabadas, esperando robustecerlas en el juicio oral, sin que después se consiga. Esto es natural y legal que ocurra en distintos casos, porque aun cuando el Ministerio fiscal esté como todos sujeto á incurrir en errores, no debe presumirse que acuse sin existir prueba alguna contra persona determinada, ni es de creer tampoco que los Tribunales sin algún fundamento racional la hubieran declarado procesada.

Hay todavía otra hipótesis que presentar, y es, la de que probado el hecho y la persona que lo ejecutó en el sumario, se justifiquen en el juicio oral circunstancias eximentes de responsabilidad criminal que el Tribunal y el Fiscal no puedan menos de apreciar, rectamente obrando. A móviles de esta clase es preciso atribuir las absoluciones, porque sería temerario establecer que todo procesado es culpable. Esto no obstante, y respetando la facultad que, así á los Tribunales como al Ministerio fiscal, concede la ley para apreciar en el juicio, según su conciencia, las pruebas practicadas y las razones expuestas, es conveniente que existan medios, sin dejar de respetar lo juzgado, de que las causas ó algunas de ellas sean examinadas y revisadas en interés de la justicia,
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á fin de adquirir la convicción plena del acierto con que se procedió, y para satisfacer también á los que pudieran discutir acerca de los actos judiciales, cuando son públicos y hasta ejecutorios.

Algo se relaciona con lo expuesto el precepto constitucional que impone al Gobierno el deber de cuidar de que en todo el Reino se administre pronta y cumplidamente la justicia. Para que este deber se llene, y para ayudar al Gobierno á cumplirlo, tiene el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal el derecho de pedir á todos los Juzgados y Tribunales las causas terminadas, con el objeto de ejercer la debida vigilancia, y promover, cuando sea necesario, las correcciones oportunas respecto á cualquiera falta que pudiera notarse.

Esta inspección utilísima é importante, sea quien quiera el que la promueva, para que resulte eficaz debiera tener su organización más especial en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Mas para esto sería preciso que la Secretaría tuviera una organización que correspondiera también á ese objeto; y hoy sabe V. E. que el personal de esta dependencia se compone de un Secretario con 3.000 pesetas, un Oficial con 2.500 y tres aspirantes. Con personal administrativo tan reducido ya se comprende que es posible hacer poco, pues no basta para sostener la correspondencia ordinaria y frecuente con el Gobierno y Autoridades que á la Fiscalía se dirigen y con todo el Ministerio fiscal de España y Ultramar.

De los Abogados fiscales no hago mención, porque con atender á los recursos en que por necesidad intervienen hacen bastante, y no es mucho el tiempo de que disponen. A pesar de esto, se dedican, por necesidad también, á llenar el servicio indicado y otros no menos importantes, desempeñándolos todos con extraordinario celo y acierto.

Aunque cuanto indico ha llamado más de una vez mi atención, no he hecho hasta el presente propuesta determinada, porque me detengo para indicar reformas que aumenten los gastos del personal. Si alguna vez hiciera propuesta á V. E. sobre esto, sería después de haber estudiado el medio
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de economizar en otra parte tanto ó más de lo que en la dependencia de que vengo ocupándome se aumentara el gasto.

Dejando este punto, que incidentalmente he tocado, y volviendo al fondo de la cuestión, he de hacer presente que la inspección, sin dejar de ser útil, no es hoy ni puede ser todo lo provechosa que debiera. Cuando se piden causas terminadas, se remiten sin demora, pero en ellas se examina únicamente el sumario, sin que del juicio oral pueda tenerse presente más que las actas, que son por demás diminutas y deficientes, para formar exacta opinión de lo que en él ha pasado. Siendo esto así no hay posibilidad de juzgar con exactitud si el Fiscal sostuvo, varió ó retiró las conclusiones con verdadero fundamento, y si el Tribunal apreció con recto criterio las pruebas practicadas y las razones expuestas. Esto basta para demostrar que no puede apreciarse si se han conducido con acierto los funcionarios judiciales que han intervenido en el procedimiento y lo han fallado, por más que tengan á su favor la presunción legal de haber obrado en justicia.

Sin convertir, pues, el juicio oral en escrito, porque esto sería absurdo sostenerlo, pudiera y debiera exigirse que las actas fueran algo más detenidas y explícitas de lo que son, y entonces la inspección podría ser más fructuosa y los actos de todos los funcionarios suficientemente conocidos para poderlos aplaudir ó censurar con fundamento.

Por regla general, como hoy se redactan las actas, sirven para poco, y en mi opinión la ley no quiere tanto canonismo, puesto que ordena conste en ellas sucintamente cuanto importante haya ocurrido.

Es de necesidad, por lo mismo, pensar en esto seriamente; porque aun cuando la publicidad es una excelente garantía, es bueno que quede algo que pueda servir para recordar cuanto conduzca á justificar en sus fundamentos los actos de los que ejercen funciones tan elevadas como la de administrar justicia.

El establecimiento de Secretarios taquígrafos, de que ya
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se trata en la Ley Orgánica, para los juicios orales, podría llenar en parte esta sensible deficiencia.

Indicaré, por último, para concluir lo que respecto á este punto me he propuesto decir, que se oyen ciertas quejas expresando el temor de que algunos testigos no expongan toda la verdad por hallarse cohibidos. Podrá esto suceder en ocasiones, pero es de esperar que este mal vaya corrigiéndose á medida que los que comparecen ante los Tribunales de derecho y ante el Jurado adquieran la convicción de que de la verdad de sus declaraciones dependen los fallos; y de la justicia con que éstos se dictan, aplicando rectamente la ley, es de la que ha de esperarse que la seguridad personal sea completa, que la honra de todos resulte defendida y que el derecho de propiedad aparezca real y sólidamente respetado. Los Tribunales tienen la misión y la obligación más estrecha de esforzarse en hacer entender cuanto queda expuesto á los que ante los mismos concurren, y la de prestar eficacísima protección á jurados y testigos, si por acaso la necesitasen, no consintiendo que en ninguna parte se los trastorne ni intimide; y sobre todo, cuidando de que en presencia del Tribunal no se pronuncie una palabra ni se advierta la menor demostración que turbe la solemnidad del acto ó que pueda contribuir á imponer á los testigos de cargo ó descargo ni aun á los mismos procesados. En tan augusto lugar todos están al amparo de la ley, y ésta es la llamada á juzgarlos y protegerlos, sin que directa ni indirectamente pueda consentirse que nadie influya sobre su conciencia.

III

Es conveniente y aun necesario decir algo acerca de los sobreseimientos, porque con ellos terminan, provisional ó definitivamente, un número de procesos mucho mayor que el que concluye con sentencias dictadas en los juicios orales
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ante los Tribunales de derecho y ante el Jurado. Si en los más de 35.000 procesos que por sobreseimiento terminan, se dejara al arbitrio de los Tribunales sentenciadores el que prescindieran de la acción acusatoria, aun cuando pudiera perseguirse un verdadero delito, sin que contra tal auto se diera recurso alguno, la impunidad podría tomar entonces un desarrollo temible, contra el cual sería indispensable y urgente prevenirse para contenerlo á todo trance.

Sin más que meditar sobre la anterior indicación, se comprenderá que la cuestión de los sobreseimientos merece que sobre ella se emitan algunas reflexiones y que se consideren á más reproducidas las instrucciones que sobre tan importante asunto, en diversas épocas, ha dado esta Fiscalía.

No es mi propósito; sin embargo, tratar en este momento con especialidad de los sobreseimientos provisionales, porque aun siendo muchos todos los años, los de esta clase no son autos que concluyen y cierran para siempre el juicio. Lejos de ser así, lo suspenden y aplazan para continuarlo cuando con nuevos datos pueda hacerse. Los sobreseimientos provisionales podrán por lo mismo demostrar, que por falta de buena policía ó porque los Jueces no recuerden con interés y constancia los procesos de semejante modo resueltos, siguen paralizados; pero como no quedan cerrados, es posible, aprovechando denuncias ó noticias posteriores, volver sobre ellos y aclarar y castigar los delitos que los motivaron.

Voy, por consecuencia, á tratar más concretamente de los sobreseimientos que tienen por base la declaración de que no son constitutivos de delito el hecho ó hechos que dieron origen al proceso. Los autos que tal declaración contienen son por todo extremo transcendentales é importantes, porque, una vez que adquieren firmeza y son ejecutorios, es innegable que sobre aquel hecho no puede entrarse después en discusión judicial, porque juzgado queda que era inocente y lícito; y sobre lo que reúne tales condiciones, ni puede ni debe intentarse procedimiento criminal alguno. Tienen, pues, estas resoluciones la propia fuerza, y producen idénti-