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cretario de Gracia y Justicia de todos los que se vayan presentando. Lo comunico á V. E. de Real orden para que lo haga á quien corresponda; en concepto de que S. M. prohibe que ninguna otra persona que las arriba designadas admita las declaraciones espontáneas de que se trata.

Dios guarde, etc.—San Lorenzo 25 de Septiembre de 1821.—Francisco Tadeo de Colomarde.»

A la vez que se publicaban documentos como el anterior, el llamado Consejo Supremo de la Cámara daba en la Gaceta una circular sobre el modo de proceder en las causas de los eclesiásticos que habían pertenecido á sociedades secretas ó cometido delitos políticos en la época liberal, circular que decía así: (1)

«Con motivo de las dudas ocurridas á varios Prelados eclesiásticos en la ejecución de lo prevenido en la circular de 20 de Marzo de este año, fijando reglas acerca del modo de proceder contra los eclesiásticos que hubiesen pertenecido á sociedades secretas, ó que se hayan hecho conocer por su impiedad y exaltación, consultó la Cámara á S. M. en 23 de Junio último cuanto le pareció conveniente; y enterado el Rey nuestro señor de esta consulta se sirvió mandar en Real orden de 12 de Julio siguiente, que dicho Supremo Tribunal volviese á consultar inmediatamente, proponiendo una medida general que, conciliando lo mandado en la circular de 20 de Marzo, con lo prevenido en la Real cédula de indulto de 1.º de Mayo, fije la suerte de los eclesiásticos; comprendiendo así bien en la misma las diferentes consultas que hacen los Ordinarios, para que de una vez puedan determinarse todas las dudas y evitar la multitud de recursos que se hacen de esta clase; á cuyo fin se le acompañaba todo.

Para proceder la Cámara en este asunto con el tino y circunspección que acostumbra en negocios de tanta gravedad y trascendencia, acordó pasar todo el expediente á sus fiscales, y con vista de lo que estos expusieron, consultó á

(1) Colección Legislativa, tomo IX, pag. 221.
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S. M. en 23 de Septiembre próximo pasado el modo más adecuado, y en los términos siguientes:

1.º Que los eclesiásticos, como todos los vasallos de S. M., están comprendidos en el Real decreto de indulto de 1.º de Mayo de este año, y los no esceptuados por las disposiciones del art.º 2.º del mismo, deben gozar de todos los beneficios dispensados en dicho Real decreto referentes á la relevación de las penas civiles tanto corporales como pecuniarias en que hayan podido incurrir por su conducta política é ideas manifestadas durante el pretendido gobierno de la constitución.

2.º Que en su consecuencia los que se hallen presos ó procesados por semejantes delitos podrán solicitar de los respectivos Tribunales, donde estén radicadas sus causas, se les declare por los mismos comprendidos en el referido indulto con arreglo á la Real orden de 13 de Junio último.

3.º Que sin embargo de esto, y por lo que previene el artículo 7.º del mismo decreto de 1.º de Mayo, no podrán alegar los eclesiásticos derechos para ser reintegrados en sus prebendas, parroquias ó beneficios; pues en este particular procederán los respectivos Diocesanos á lo que corresponda, con arreglo á los cánones y sus facultades ordinarias.

4.º Que en virtud de estas mismas facultades los Obispos y demás Prelados ordinarios quedan también expeditos para proceder contra dichos eclesiásticos por fuga de sus iglesias, ú otras de las causales que terminantemente previenen los cánones, é imponerles las penas canónicas en que hayan incurrido.

5.º Que cuando solo se dirija el procedimiento á privar á los eclesiásticos de sus prebendas ó beneficios, se podrá encargar á los Prelados ordinarios, excitando su celo, que procedan de oficio á la formación de causas, emplazando á los ausentes por edictos, sustanciándolas breve y sumariamente; y determinadas que sean las remitan á la Cámara para que, á consulta con S. M. se acuerde la providencia correspondiente, á fin de proceder en su caso á la provisión de prebendas y
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beneficios que resultaren vacantes y debieran proveerse.

6.º Que las rentas de las dignidades, prebendas y beneficios pertenecientes á estos eclesiásticos, bien se hallen embargadas por la jurisdicción eclesiástica ordinaria que conoce de sus causas, ó bien no lo esten y se recauden por los Cabildos ó por otra cualquiera autoridad, se retendrán á disposición de la Cámara á pesar de todas las Reales órdenes sobre secuestros y depósitos judiciales aplicados á la Caja de Amortización.

7.º Que sin perjuicio de cuanto viene prevenido, podrán los mismos Prelados ordinarios proceder en uso de su jurisdicción voluntaria, correccionalmente y por excesos sujetos á su jurisdicción, y que ninguna tendencia tengan con la conducta civil y política observada por los eclesiásticos, á la reclusión de estos en monasterios, conventos, casas de congregaciones ó oratorios como los de San Felipe Neri, Padres del Salvador y de la Visitación ó Misión, ó otros equivalentes de estrecha observancia, quedando salvo á los corregidos el recurso de protección en los casos que proceda.

8.º Que de los frutos y rentas que tengan percibidos tales eclesiásticos, ó les puedan corresponder por su residencia anterior mediante el atraso con que regularmente se perciben, se sufrague á su manutención con toda la decencia correspondiente á su estado, ya sea en las cárceles, si se procediese criminalmente contra ellos, ó ya en los conventos, monasterios, congregaciones ó cualesquiera otras casas de corrección indicadas en el artículo anterior.

9.º Que los Cabildos ó cualesquiera otros recaudadores ó administradores de dichas rentas lleven una exacta cuenta y razón de todo lo que por dicho respecto se contribuya á dichos eclesiásticos, y avisen á la Cámara con la debida justificación, si las rentas de estos no fuesen suficientes para su subsistencia, proponiendo los medios que estimen convenientes y expeditos, á fin de que pueda adoptarse el más á propósito para proporcionarles dicha subsistencia.

Por la resolución que S. M. ha tenido á bien tomar á esta
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consulta, se ha conformado con el parecer de la Cámara; y publicada en 4 de este mes, acordó su cumplimiento, á cuyo fin lo comunico á V., etc. Madrid 8 de Octubre de 1824.

Completaban estas vergonzosas y terroríficas disposiciones, las Reales órdenes del sangriento Ministro de la Guerra, General Aymerich, que produjeron el escándalo del Cuerpo diplomático apenas fueron publicadas. La primera de ellas, señalando las penas en que incurrían los que dieran gritos subversivos, los secretarios de sociedades secretas, y demás revolucionarios (á quienes se les sujetaban al juicio de comisiones ejecutivas, según disposiciones anteriores), dice así (1):

«Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de la exposición del Presidente de la Comisión ejecutiva militar de esta Corte y del dictámen del Auditor de Guerra, con que me la dirigió V. E. en 5 de Marzo del presente año, solicitando aquél que se haga una graduación de penas proporcionadas á la mayor ó menor gravedad de los delitos que comprende el art. 2.º de la Circular de 13 de Enero último, y enterado S. M. de ella, como igualmente de las dudas propuestas por la Comisión militar de Valencia con motivo de la causa formada contra Salvador Llorens, acusado de haber gritado muera el Rey; y no pudiendo su Real ánimo mirar con indiferencia el notorio y vergonzoso abuso que los revolucionarios hacen de su innata clemencia, en desdoro de su dignidad, con transcendental perjuicio del bien y tranquilidad de sus Reinos y escándalo de la Europa; violentando su natural sensibilidad en beneficio de tan caros objetos, tuvo á bien oír el dictamen de su Consejo Supremo de la Guerra en este asunto; y conformándose con su parecer, se ha servido Su Majestad resolver lo siguiente:

Artículo 1.º Que los que desde el día 1.º de Octubre del año próximo pasado se hayan declarado, y los que en lo sucesivo se declaren con armas ó con hechos de cualquiera clase enemigos de los legítimos derechos del Trono, ó parti-

(1) Coleccion Legislativa, tomo IX, pág. 224.
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darios de la Constitución publicada en Cádiz en el mes de Marzo de 1812, son declarados reos de lesa Majestad, y como tales sujetos á la pena de muerte.

Art. 2.º Los que desde la misma fecha hayan escrito ó escriban papeles ó pasquines dirigidos á aquellos fines, son igualmente comprendidos en la misma pena.

Art. 3.º Los que en parajes públicos hablen contra la Soberanía de S. M. ó en favor de la abolida Constitución, si sus conversaciones en público contra la Soberanía de S. M., y en favor de la abolida Constitución, no produjesen actos positivos, y fuesen efectos de una imaginación indiscretamente exaltada, quedan sujetos á la pena de cuatro á diez años de presidio con retención, según las circunstancias, las miras que en ellas se hubiesen propuesto, y la mayor ó menor transcendencia de su malicia.

Art. 4.º Los que seduzcan ó procuren seducir á otros con el objeto de formar alguna partida, si se probare que ha mediado algún acto positivo, como entrega de dinero, armas, municiones ó caballos, quedan declarados reos de lesa Majestad y sujetos á la pena de muerte; si no, á una extraordinaria.

Art. 5.º Los que promuevan alborotos que alteren la tranquilidad pública, cualquiera que sea su naturaleza ó el pretexto de que se valgan para ello, si el alboroto se dirigiese á trastornar el Gobierno de S. M. ó á obligarle á que condescienda en un acto contrario á su voluntad Soberana, se declaran reos de lesa Majestad, y como tales se les impondrán la pena de muerte; pero si el movimiento tuviese origen de causa imprevista, y no se dirija á tan punible objeto, se le impondrá la pena de presidio de dos ó cuatro años; y proporcionalmente á los cómplices y auxiliadores.

Art. 6.º No deberá servir de excepción la embriaguez para la imposición de la pena, probado que sea que el delincuente era consuetudinario en este exceso, y que les inducía á otros, así como no lo es para el soldado según la ordenanza general del ejército.
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«Continuando éste (el Rey) y su gobierno, ya sin aquella traba (la Constitución) en su sistema de reacción desatenta-da, mientras por el ministro de Gracia y Justicia se mandaba recluir en los conventos á los eclesiásticos de opiniones liberales, declarando vacantes sus beneficios, y se apretaba á las chancillerías, audiencias y juzgados por la pronta y breve terminación de las causas criminales, para evitar el grave mal de no hacer pronto y ejemplares castigos (y ya se sabe de qué naturaleza eran la mayor parte de las causas pendientes), por el ministerio de la Guerra se daban condecoraciones y premios á todos los militares que en el funesto y terrible 10 de Marzo de 1820 en Cádiz se habían cebado en la sangre del indefenso, engañado y descuidado pueblo, y se prorrogaba todavía el plazo para solicitar gracias y recompensas por servicios prestados para restituir al Rey la plenitud de su soberanía (1).

Era menester el contraste del premio y el castigo; y el dispensador de mercedes á los que habían acuchillado á un pueblo liberal engañado é inerme, era necesario que fuese pródigo de castigos para todo el que infriese la menor ofensa, de hecho ó de dicho, á todo lo que representara ó simbolizara el despotismo puro; y ciertamente en este punto sería bien difícil ir más allá de lo que fué el sanguinario ministro de la Guerra Aymerich en la Real orden que pasó al capitán general de Castilla la Nueva (9 de Octubre 1824). Por ella se condenaba á la pena de muerte, no ya solo á los que con armas, ó con hechos, ó con palabras, habladas ó escritas, promovieran alborotos ó movimientos contra la soberanía absoluta del Rey, sino en general á todos los francmasones ó comuneros como reos de lesa majestad divina y humana, con privación de todo fuero, y á todos los que profieran las voces de ¡Viva Riego! ¡Viva la Constitución! ¡Mueran los serviles! ¡Mueran los tiranos! ¡Viva la libertad!» (2), quedando la le-

(1) Reales órdenes de 11 á 15 de Octubre de 1824.
(2) Palabras textuales del art. 14 y último. Todos los artículos están redactados en el mismo espíritu. Tan atroz debió parecer esta Real
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beranos derechos en los memorables días 24 de Enero y 10 de Marzo de 1820, y de la horrorosa prisión que sufrieron, siendo muchos condenados á varias penas y último suplicio por los satélites del pretendido gobierno revolucionario; y queriendo S. M. darles un público testimonio del singular aprecio que le han merecido tan distinguidos servicios, conformándose con lo que sobre el particular le ha propuesto el Consejo supremo de la Guerra, á consecuencia de lo manifestado por la Junta de Clasificación, creada en Sevilla á este efecto, ha tenido á bien resolver:

1.º Que á todos los individuos militares, cuya relación nominal dirigió la misma Junta, se les expida por el Consejo las correspondientes Reales cédulas de Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando del mismo modo que los propone, y el escudo de distinción acordado en el Real decreto de 14 de Diciembre último.

2.º ……

6.º y último. Que todos los individuos que tengan la honra de llevar la referida cruz, juren ante la autoridad que se la coloque y entregue el diploma, que no han pertenecido ni pertenecen á ninguna secta ó sociedad de francmasones, comuneros ó cualquiera otra; constituyéndose después de hecho el juramento en la responsabilidad más estrecha, si en algún tiempo se descubriese, para sufrir el castigo de perjuicio con el señalado por las reales ordenanzas.

Madrid, 11 de Octubre de 1824.—Aymerich.»

Como el lector puede comprender, no podía darse mayor ensañamiento que el que revelan los anteriores documentos. Parece como que los ministros de Fernando VII se habían impuesto sobre sí la poco envidiosa tarea de exterminar á los francmasones españoles, propósito que aplaudía el Rey sin reserva alguna, y que ya inició desde el momento en que tiró al traste con la Constitución y se proclamó absoluto.

El historiador D. Modesto Lafuente, juzgando imparcialmente todos estos hechos y disposiciones oficiales, dice lo siguiente en el tomo V, pág. 468 de su Historia:
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«Continuando éste (el Rey) y su gobierno, ya sin aquella traba (la Constitución) en su sistema de reacción desatenta da, mientras por el ministro de Gracia y Justicia se mandaba recluir en los conventos á los eclesiásticos de opiniones liberales, declarando vacantes sus beneficios, y se apretaba á las chancillerías, audiencias y juzgados por la pronta y breve terminación de las causas criminales, para evitar el grave mal de no hacer pronto y ejemplares castigos (y ya se sabe de qué naturaleza eran la mayor parte de las causas pendientes), por el ministerio de la Guerra se daban condecoraciones y premios á todos los militares que en el funesto y terrible 10 de Marzo de 1820 en Cádiz se habían cebado en la sangre del indefenso, engañado y descuidado pueblo, y se prorrogaba todavía el plazo para solicitar gracias y recompensas por servicios prestados para restituir al Rey la plenitud de su soberanía (1).

Era menester el contraste del premio y el castigo; y el dispensador de mercedes á los que habían acuchillado á un pueblo liberal engañado é inerme, era necesario que fuese pródigo de castigos para todo el que infriese la menor ofensa, de hecho ó de dicho, á todo lo que representara ó simbolizara el despotismo puro; y ciertamente en este punto sería bien difícil ir más allá de lo que fué el sanguinario ministro de la Guerra Aymerich en la Real orden que pasó al capitán general de Castilla la Nueva (9 de Octubre 1824). Por ella se condenaba á la pena de muerte, no ya solo á los que con armas, ó con hechos, ó con palabras, habladas ó escritas, promovieran alborotos ó movimientos contra la soberanía absoluta del Rey, sino en general á todos los francmasones ó comuneros como reos de lesa majestad divina y humana, con privación de todo fuero, y á todos los que profieran las voces de ¡Viva Riego! ¡Viva la Constitución! ¡Mueran los serviles! ¡Mueran los tiranos! ¡Viva la libertad!» (2), quedando la le-

(1) Reales órdenes de 11 á 15 de Octubre de 1824.
(2) Palabras textuales del art. 14 y último. Todos los artículos están redactados en el mismo espíritu. Tan atroz debió parecer esta Real
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galidad y la fuerza de las pruebas, no á lo que determina el derecho, sino al prudente é imparcial criterio de las comisiones militares (1). Monstruosa disposición que imponía la última pena á faltas que apenas merecían el nombre de crímenes y que declaraba sujetos á más de cincuenta ó sesenta mil francmasones, comuneros é individuos de otras sociedades secretas si no se espontaneaban, es decir, si no se convertían en delatores de sí mismos y de sus compañeros.»

No dice Lafuente que los RR. obispos, no contentos con las órdenes y disposiciones publicadas suplicaron al Rey que pidiese á León II la gracia de que se dignase lanzar una severa excomunión contra los francmasones y liberales españoles, como en efecto Fernando VII lo solicitó y obtuvo del Pontífice, viéndolo este documento pontifical á comprometer más la suerte de los perseguidos, pues el Papa no se conformó con dar su desaprobación á las ideas liberales, sino que, reproduciendo todas las excomuniones y anatemas que sus antecesores habían lanzado contra el francmasonismo, añadió él por su parte mayores censuras y anatemas. Esta célebre Bula, que es citada en la historia por su destemplado lenguaje y justamente censurada aun por los mismos católicos dice así:

«León, Obispo, Servo de los Siervos de Dios.—Para perpétua memoria (2):

Los Romanos Pontífices á quienes Jesucristo nuestro divino Salvador ha encargado y dado el poder en la persona de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, de regir y apacentar su Grey, deben poner tanto mayor cuidado y vigilancia en apartar de ella los males que la amenazan, cuantos son estos más graves y más peligrosos. Pues los que están pues-

orden á los mismos autores de ella, que si bien se insertó en el Diario y se fijó en las esquinas y otros parajes públicos, no se puso en la Gaceta, como si se hubieran ellos mismos avergonzado de que se leyera en el periódico oficial, que al cabo como órgano del Gobierno circulaba por las naciones extranjeras.

(1) Como si dijésemos de los Consejos de guerra.
(2) Colección Legislativa, tomo XII, pág. 88.
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tos en el lugar más alto de la Iglesia deben ver de más lejos las asechanzas que los enemigos del nombre cristiano formen contra ella para destruirla enteramente (lo que jamás podrán conseguir con todos sus esfuerzos) y no solamente descubrirlas y manifestarlas á los Fieles para que se preserven de ellas, sino también usar de su autoridad para apartarlas y removerlas. Conociendo este grave cargo que tenían sobre sí los Romanos Pontífices, nuestros predecesores, velaron sin cesar como buenos Pastores, y con sus exhortaciones, doctrina y decretos, y dando la vida por sus ovejas, procuraron prohibir y destruir del todo las sectas que amenazaban el último exterminio de la Iglesia. Esta solicitud de la Silla Apostólica no solo vemos en los anales antiguos de la Iglesia, sino que la demuestran claramente las providencias que en nuestro tiempo y en el de nuestros padres han tomado los Romanos Pontífices, oponiéndose á las sectas clandestinas que los hombres malvados formaron contra Jesucristo. Pues luego que Clemente XII, nuestro predecesor, vió que la secta de los Liberi Muratori, ó de los francmasones, ó de cualquier otro modo que se llame, se hacía todos los días más fuerte y más firme, y teniendo pruebas ciertas, que no solamente era sospechosa, sino también del todo contraria y enemiga de la Iglesia católica, la condenó por su célebre Constitución que empieza In eminenti, publicada el 28 de Abril de 1738, cuyo tenor es como sigue:

(Aquí la Bula de Clemente XII).

Estas letras no parecieron bastantes á nuestro Predecesor Benedicto XIV, de gloriosa memoria. Pues muchas personas decían que la pena de excomunión pronunciada por las letras de Clemente, que hacía tiempo había muerto, había cesado por no haberlas confirmado expresamente Benedicto. Ciertamente era un absurdo pretender que las leyes de los Pontífices anteriores no tengan fuerza, y queden abrogadas, si los sucesores no las aprueban expresamente; y además constaba claramente que Benedicto había manifestado muchas veces que tenta por firme y válida la Constitución de
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construido sobre las ruinas de la libertad y de los fueros de la Península ibérica.

Al invadir los pueblos germanos á nuestra patria, trajeron su organización política eminentemente democrática y los españoles tan amantes de la independencia, no tardaron en adoptarla como nos lo prueba el no haber puesto resistencia á la nueva dominación, los que tan fieramente combatieron la cartaginesa y la romana. A las reuniones guerreras de los bárbaros, como los llamaban los romanos, degradados ya por la molicie y los placeres, sucedieron los concilios, asambleas puramente religiosas en un principio y después transformadas en políticas desde el concilio III de Toledo. Su organización aunque imperfecta, pues divididos en los dos brazos ó clases de nobleza y clero, dió gran autoridad á sus decisiones y sirvió como de norma en que se vaciaron instituciones políticas posteriores. Los concilios fueron entre los godos, lo que para los francos sus campos de Marte y Mayo, entre los lombardos sus Plaids de Pavía, y entre los anglo-sajones sus wittenagemat ó asambleas de los sabios, y su influencia en la marcha política del pueblo español, se reconoce fácilmente al hacer una sucinta enumeración de los principales. Estos son, el III de Toledo, ante el cual abjuró Recaredo I el arrianismo, abrazando la religión católica. El IV en tiempo de Sisenando, en que se acordó que en lo sucesivo la elección del rey fuese hecha por el clero y la nobleza, declarándose además, excluida del trono, á la familia de Suintila. El V, en que se confirmó la elección de Chintila al trono, hecha por el ejército contra lo dispuesto por el anterior, y se proclamó á la religión católica como única del estado. El VIII, en tiempo de Recesvinto, en que se acabó de unificar la legislación de la monarquía visigoda, obra iniciada por Eurico, con la compilación de las leyes germánicas en el código que lleva su nombre y seguida por el inmortal jurisconsulto Amniano y Leovigildo. Recaredo y Chindasvinto. Finalmente el XII, que confirmó la elección de Ervigio, y dictó leyes relativas á la gobernación del país.