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Revista de España (1891-11-01 00:00:00), página 399

cesario aplicar, concordándolo con el último del artículo 645.

No hay más diferencia entre lo que en el párrafo tercero se dispone y lo que se relaciona con el segundo, que veníamos examinando, que la de que en el uno puede el Tribunal sobreseer, aunque las partes acusadoras no lo pidan, y en los demás se entrega á la discreción de éstas la necesidad de abrir ó no el juicio oral y público.

Para considerar, por tanto, que el hecho no constituye delito y aplicar el art. 645 citado, es necesario que bajo ningún aspecto que se examine pueda sostenerse que el Código lo castiga. Así se deduce de la simple lectura de la ley de procedimientos, y así viene reconociéndose por la jurisprudencia, puesto que en más de una sentencia se ha consignado que cuando los hechos resultan de tal índole que puedan inducir á sospechar, siquiera sea como probabilidad remota, que en su desarrollo en el juicio oral pueda probarse que son constitutivos de delito, no procede el sobreseimiento libre fundado en el núm. 2.º del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento. Así lo ha expuesto el Tribunal Supremo en varias sentencias, y esto es lo que la Fiscalía opina y sostiene é importa al Ministerio fiscal no olvidarlo ni un solo instante, para aplicar ó pedir se aplique con rectitud y acierto el art. 646 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, concordándole con el párrafo segundo del 637.

Clara como queda presentada la cuestión, el Ministerio fiscal, con la prudencia y la discreción que es propia de su cargo, debe pedir que se entre en el juicio oral cuando el hecho tiene los caracteres distintivos del delito, y solicitar ó asentir al sobreseimiento cuando eso no sucede y el hecho á todas luces aparece inocente y lícito.

La segunda duda que me proponía ventilar respecto á los recursos procedentes contra los autos de sobreseimiento libre, es en la actualidad de fácil resolución; pues aun cuando al ponerse en vigor la ley hubiera debate en algunos casos un tanto excepcionales é importantes, las dificultades han sido
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Chindasvinto rey de los visigodos. Este príncipe ilustre, fundador de la monarquía española, venció á los moros en la celebrísima batalla de Covadonga, en la que pereció Alcama, caudillo musulmán que se había propuesto humillar á aquellos altivos y heroicos hombres que desde su niñez respiraron el puro ambiente de las montañas cantábricas, saturado de los dulces efluvios de libertad e independencia que exhalaban las venerandas cenizas de los valientes y denodados cántabros, que tan desesperada resistencia hicieron al primer emperador romano Octavio Augusto. Los sucesores de Pelayo, Alonso I el Católico, Fruela I, Alonso II el Casto, Ramiro I, Alonso III el Grande, Ordoño II el primer monarca de León, Ramiro II y Bermudo II el Gotoso, demostraron en sus belicosos reinados que no perdieron medio para proseguir la obra del hijo de Favila y los campos de Puente de Eume, Bureba, Lutos, Clavijo, Talavera, San Esteban de Gormaz, Simancas y Calatañazor, sembráronse de tumbas agarenas.

Era justo que el tercer Estado ó sea el pueblo, que tuvo gran parte en la reconquista del territorio español, tuviese participación en los asuntos de la nación, como así acaeció en el siglo XII; pero es necesario notemos, que si al pueblo les fueron concedidos fueros y franquicias no fué porque la corona comprendiese que así debía hacerlo, en recompensa de los servicios prestados á la causa nacional, sino con la mira egoísta de que sirviese de contrapeso el poder popular al de la nobleza, que ya se había hecho irresistible, amenazando continuamente al poder real. Así vemos que antes del siglo XII en Asturias, León y Castilla se celebraron los concilios ó asambleas de Oviedo, el año 909, ante el que abdicó la corona Alfonso III el Grande en su rebelde hijo García, segregando del reino la Galicia y Asturias, que constituyó en principados independientes para su segundo y tercer hijos, Ordoño y Fruela. El de León, el año 1020, durante el reinado de Alfonso V, en que se establecieron los «Buenos fueros de León», concesión que valió á Alfonso el epíteto de Noble;
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con el de la más ó menos directa responsabilidad criminal que pueda pesar sobre los procesados como autores, cómplices ó encubridores. De aquí el que se haya dirigido el razonamiento en algunos asuntos á demostrar que el procesado no ha incurrido en responsabilidad para sobreseer después, por considerar que no hay delito, por más que el Ministerio público hubiera pedido la apertura del juicio. Semejante declaración parece debe considerarse fuera de la legalidad, porque el estar una ó más personas exentas de responsabilidad criminal, supone generalmente un hecho definido y penado en el Código como delito, por más que los procesados puedan ser luego condenados ó absueltos por no haber concurrido á perpetrarlo, ó porque aun concurriendo, prueben haberlo hecho en condiciones y circunstancias que el Código declare bastantes para que la responsabilidad criminal desaparezca y no se exija. Para eso justamente están consignados en el Código los trece casos de responsabilidad que contiene el art. 8.º, pues en la mayor parte de ellos no es necesario meditar mucho para comprender que la exención no puede ni debe declararse en un sobreseimiento, porque exige pruebas y discusión que sólo en el juicio pueden tener lugar. Pero aun partiendo de la hipótesis de que la circunstancia eximente fuera clara y no pareciese absolutamente necesario entrar en el juicio, no podría dejar de abrirse si las partes acusadoras lo pidieran, apoyándose en el art. 645 de la Ley de Enjuiciamiento, que trata de un caso distinto.

Es tan evidente lo expuesto para el Fiscal que esto escribe, que cree que cuando no hay certeza clarísima y plena de que el hecho está fuera del cuadro de los que el Código define y pena como delito, es preciso abrir el juicio oral si el que sostiene la acción fiscal, ó la querella privada, lo demandan y piden.

Si se juzga esto exagerado, porque pueda haber hechos en que la exención de la responsabilidad sea notaria, preciso es no olvidar que esta objeción está contestada y resuelta en el párrafo tercero del art. 637 de la ley procesal, que es ne-
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cesario aplicar, concordándolo con el último del artículo 645.

No hay más diferencia entre lo que en el párrafo tercero se dispone y lo que se relaciona con el segundo, que veníamos examinando, que la de que en el uno puede el Tribunal sobreseer, aunque las partes acusadoras no lo pidan, y en los demás se entrega á la discreción de éstas la necesidad de abrir ó no el juicio oral y público.

Para considerar, por tanto, que el hecho no constituye delito y aplicar el art. 645 citado, es necesario que bajo ningún aspecto que se examine pueda sostenerse que el Código lo castiga. Así se deduce de la simple lectura de la ley de procedimientos, y así viene reconociéndose por la jurisprudencia, puesto que en más de una sentencia se ha consignado que cuando los hechos resultan de tal índole que puedan inducir á sospechar, siquiera sea como probabilidad remota, que en su desarrollo en el juicio oral pueda probarse que son constitutivos de delito, no procede el sobreseimiento libre fundado en el núm. 2.º del art. 637 de la Ley de Enjuiciamiento. Así lo ha expuesto el Tribunal Supremo en varias sentencias, y esto es lo que la Fiscalía opina y sostiene é importa al Ministerio fiscal no olvidarlo ni un solo instante, para aplicar ó pedir se aplique con rectitud y acierto el art. 646 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, concordándole con el párrafo segundo del 637.

Clara como queda presentada la cuestión, el Ministerio fiscal, con la prudencia y la discreción que es propia de su cargo, debe pedir que se entre en el juicio oral cuando el hecho tiene los caracteres distintivos del delito, y solicitar ó asentir al sobreseimiento cuando eso no sucede y el hecho á todas luces aparece inocente y lícito.

La segunda duda que me proponía ventilar respecto á los recursos procedentes contra los autos de sobreseimiento libre, es en la actualidad de fácil resolución; pues aun cuando al ponerse en vigor la ley hubiera debate en algunos casos un tanto excepcionales é importantes, las dificultades han sido
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repetidamente resueltas por la jurisprudencia, y á ella es necesario atenerse si no se han de promover recursos sin probabilidad de éxito.

Contra los expresados autos puede por tanto afirmarse, en tesis general, que con arreglo á la ley, cuyos preceptos en este punto son claros, procede el recurso de casación. Para justificar y autorizar esta opinión, basta consultar el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento. En este artículo se dispone que el recurso procede en todos los casos que enumera, y en el núm. 4.º comprende en absoluto los autos de sobreseimientos. La única excepción que en el último párrafo se establece, para todo lo dispuesto en los anteriores, es la de que las resoluciones sean definitivas, sin que se conceda contra ellas ningún otro recurso ordinario.

A términos tan sencillos están reducidos los preceptos del legislador, y por lo mismo nadie desconoce que los autos de sobreseimiento, menos los provisionales, que están realmente excluidos por el último párrafo del artículo y por la jurisprudencia porque no son definitivos, dan lugar al recurso de casación, pues todos terminan la cuestión objeto del proceso y hacen imposible continuarlo.

Esta es la regla de que debe partirse; pero habiendo indicado que hubo discusión al principio sobre ciertos casos, y siendo aún posible que todavía se presente alguno parecido, por más que no deba ser ya con tanta frecuencia, conviene recordar y exponer cómo ha resuelto la jurisprudencia los recursos que hasta ahora se han deducido.

Sucedió entonces que en ciertas diligencias ó procesos incoados para esclarecer un hecho que pudiera parecer juzgiable, no llegaba á declararse á persona alguna procesada, y en tal estado se dictaba auto de sobreseimiento libre, por no considerar el hecho constitutivo de delito. Incuestionable y claro debía resultar esto para el Juzgado y para la Audiencia cuando tal resolución adoptaban; pero ya el Ministerio fiscal, ya algún querellante particular, podrían abrigar otra convicción y creer el hecho penable; y de aquí el
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que se interpusieran recursos de casación. Tales fueron, sin duda, los hechos que dieron lugar á las cuestiones; pero la jurisprudencia, reconociendo que la situación era especialísima si el fallo había de ser de eficacia práctica, ha declarado que en casos semejantes no puede el recurso prosperar. El razonamiento que para establecerlo así se ha formulado se apoya principalmente en que, estimando el recurso, habría que anular el auto de sobreseimiento y sustituirle por el de apertura del juicio, que no se concibe sin procesados, y también en que el de terminación del sumario es firme y no procede contra él recurso de casación.

Sustancialmente esa es la doctrina proclamada por la jurisprudencia y que es necesario acatar. He aquí explicado por qué no es conveniente en la actualidad interponer recursos que con arreglo á esa doctrina se comprende que no han de prosperar, porque importa muy especialmente al crédito del Ministerio fiscal el demostrar, como procura con sus actos, que podrá equivocarse alguna vez, pero que cuando interpone recursos lo hace con la convicción profundísima de que con arreglo á la ley y á la jurisprudencia debe esperarse que tengan éxito cumplido.

A pesar de lo expuesto, se presumirá tal vez que en algún proceso, porque el Juez de instrucción y la Audiencia no aprecien los hechos con la exactitud debida, no dirijan el procedimiento contra persona alguna, dando lugar á que, por no ser entonces admisible la casación, quede sancionado por el auto de sobreseimiento que no era delito un hecho que realmente revista caracteres de tal. No ha de ser esto frecuente, pero si ocurre, la misión del Ministerio fiscal para evitarlo es sencilla. En cuanto observe que el hecho está definido claramente como delito, sobre lo cual debe meditar desapasionadamente antes de tomar resolución, le incumbe pedir, si no se ha acordado, el procesamiento del que juzgue ser responsable en algún modo del hecho que se persigue. Si lo solicita é insiste hasta conseguir una resolución final, no sólo cubre su responsabilidad, sino que contribuirá á que ningún
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otro pueda arrostrarla inconscientemente, puesto que sobre el hecho se ha llamado la atención para que sea con rectitud y detenimientopreciado.

Sin negar que los sobreseimientos por no ser los hechos constitutivos de delito merecen ser estudiados, por no bajar, por lo común, anualmente de 12.000, hay que advertir que de éstos debe deducirse, para que nadie se alarme, un número crecidísimo, que no representan más que desgracias repentinas y accidentes verdaderamente fortuitos en que no hubo delito ni intención siquiera de cometerlo. Para estos sucesos, y á fin de acreditarlos, se instruyen diligencias que, no sólo se sobresean, sino que hasta sería conveniente que no ocuparan á los Tribunales más tiempo que el preciso para lograr que con las menos molestias posibles resulte patentizado que ni había ni podía haber responsabilidad contra nadie. Por lo mismo que á esto ha de aspirarse, es oportuno en los casos contrarios, cuando el delito se vislumbra, no decaer ni dejar de utilizar los recursos legales para perseguirlo.

En último término, conviene no olvidar que los procesos sobreseídos pueden ser después examinados, y su examen comprobará la rectitud con que se ha obrado ó los descuidos en que haya podido incurrirse, y daría motivo para acordar cuanto corresponda, á fin de evitarlos en lo futuro, sin dejar por de pronto de corregirlos.

No creo deber decir más sobre los sobreseimientos; quizás lo que dejo escrito sea demasiado, tratándose de un punto en que la ley no da lugar á graves dudas, y contando, como es justo, con que los encargados de cumplirla han de arreglar su conducta á lo que la justicia y la prudencia aconsejan, para que las resoluciones que se adopten sean respetuosamente recibidas y acatadas.

MEMORIAS DE LOS FISCALES

Explican los Fiscales en sus Memorias los trabajos que les han ocupado en el año último, y lamentan, como en los años
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precedentes, la falta de personal que se nota en algunas Fiscalías para dar salida con regularidad á los procesos que se instruyen.

No lamentan menos, con especialidad los de las Audiencias de lo criminal, la carencia de personal administrativo que los ayude en los trabajos materiales. Estas indicaciones y la de que se les concedan dietas cuando funcionan fuera del punto de su residencia, como las tienen los Magistrados, constituyen una aspiración unánime del Ministerio público.

Mientras el personal de Abogados fiscales no se aumente, donde sea preciso, por no gravar el presupuesto, no reconocen otro medio de atender al servicio que el de ocupar constantemente á los Abogados sustitutos, por más que parezca debieran utilizarse sólo en los casos de ausencias, enfermedades y vacantes. Ya que la necesidad impone esta conducta, manifiestan que sería justo premiar de alguna manera eficaz los trabajos de los sustitutos, porque creen que ni los de éstos ni los de los Magistrados suplentes están bien recompensados; y aun presumen que puede haber algunos que los pres- ten muy útiles que se dude tengan compensación, si la ley adicional se aplicara sin tener en cuenta su espíritu y tendencia.

Acerca del juicio oral, los Fiscales no exponen haya ocu- rrido suceso alguno extraordinario, si bien se llama la atención sobre la facilidad con que los testigos se retraen en el juicio de sostener las declaraciones del sumario, lo cual pue- de producir fatales consecuencias. Esta observación la apli- can de igual modo á los juicios ante los Tribunales de dere- cho que ante el Jurado, y creen ciertos Fiscales que en el territorio en que funcionan es probable proceda de debilidad ó temor.

Sobre el Jurado y los veredictos que ha dictado nada se dice extraordinario; pero varios Fiscales han dejado de ha- cer observaciones sobre este punto porque las juzgan inne- sarias, en atención á que, cumpliendo el Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, han remitido al Ministerio la Memo-
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ria especial sobre esta institución, que les está mandado redactar, en el mes de Enero de cada año.

Los que de la cuestión se ocupan, afirman que, por lo común, aumenta la repugnancia de los Jurados á asistir á los juicios, y que los que concurren no escasean las gestiones para ser recusados. No deja algún funcionario de temer que los Jurados salgan en ocasiones de los pueblos con un juicio ya formado, y á evitar esto obedecerá, sin duda que en el año anterior y en el presente se hayan manifestado opiniones, aunque muy aisladas, proponiendo que los Jurados fueran de partido judicial distinto que el del procesado. No han patrocinado esta opinión los Fiscales de las Audiencias territoriales que han dado cuenta de ella, pero los que la profesan la sostendrán tal vez por entender que garantizan más la independencia del Jurado.

Se conviene casi generalmente en que el número de absolviciones, considerado en totalidad, no tiene proporciones alarmantes, por más que en casos particulares llaman notablemente la atención pública. Con tal imparcialidad aprecia los hechos el Ministerio público, que reconoce que en algunos veredictos absolutorios no puede atribuirse siempre única y exclusivamente la responsabilidad al jurado, sino que también hay que atribuirla en casos determinados á que las preguntas no se hayan presentado con la claridad, sencillez y orden necesarios, para que el sí ó el no con que ha de contestarse se pueda pronunciar con convicción y con acierto.

De todos modos, casi sin divergencia, opina el Ministerio fiscal que los delitos contra la propiedad vienen penándose por el Jurado con severidad; que se muestra en muchos casos bastante lenidad en los delitos contra las personas, y mayor en los que preocupan la atención de muchas gentes ó tienen alguna tendencia política.

Algo se indica respecto á que procuran cuantos pueden librarse de ser jurados, aspirando, primero, á que no se les comprenda en las listas; excusándose por enfermos, después; y tratando de que los recusen, por último; observándose, por
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esto, que alguna vez ocurra formen el Tribunal de hecho personas necesitadas. He aquí lo que en el orden práctico ha llamado más mi atención de lo expuesto por los Fiscales.

Respecto á los testigos ó Jurados que puedan aparecer cohibidos por debilidad ó por otras causas, no tengo que hacer más que repetir lo que al tratar de las absoluciónes he escrito. Toda la vigilancia del Ministerio fiscal y la severidad de los Tribunales, será poca para animar al débil y para amparar con prontitud al testigo ó jurado que pueda ver su propiedad ó su persona comprometida por declarar con verdad y votar con la más escrupulosa rectitud. Los que presiden los juicios tienen á su cargo la misión delicadísima de inspirar á unos y otros confianza, no consintiendo acto alguno que pueda contribuir á que se pierda. Para conseguirlo, y lograr que exista el orden más admirable en los debates, se necesita energía, armonizada siempre con el tacto y la prudencia.

Necesario es igualmente que las preguntas sean oportunas, porque es preciso dar á esto grandísima importancia; y piensa el que suscribe, como algunos de los Fiscales de las Audiencias, que de las preguntas depende en muchos casos la justicia del veredicto.

Para que el Jurado lo compongan los en realidad llamados á serlo, deben fijar su atención los Tribunales muy especialmente en los preceptos legales; si todos cuidan de que estos preceptos sean cumplidos, como se recomienda en el Real decreto de 24 de Septiembre de 1889, no habrá posibilidad de que al Jurado concurren personas que la ley excluya, porque habrán quedado segregadas de la lista que ha de servir de base para los sorteos por virtud de las excusas legítimas que hayan alegado ó han debido excluirse por ser considerados incompatibles ó sin capacidad legal.

Por apreciar como es justo cuanto los funcionarios del Ministerio fiscal han expuesto para mejorar el servicio, me he hecho cargo, aunque muy de corrida, de lo que en sus Memorias exponen, extractándolo y diciendo sobre lo más importante mi opinión.
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En cuanto á que les falten auxiliares de carácter administrativo para los trabajos materiales, estoy plenamente convencido de ello, porque los de las Audiencias de lo criminal no tienen ni un aspirante á sus órdenes, y con 475 pesetas que los más cobran para material, no ha de ser fácil que puedan montar ningún servicio.

Porque así lo he creído, he procurado librarles del trabajo de formar ciertos estados que la estadística hace innecesarios, y que ni los Fiscales tenían quien arreglara, ni esta Fiscalía quien los examinase y ordenase útilmente.

En la compilación de las disposiciones orgánicas de la administración de justicia en Ultramar, aprobada por Real decreto de 5 de Enero último, se impone á los Fiscales de aquellas Audiencias el deber de escribir Memorias idénticas á las de los Fiscales de la Península. Se han recibido ya algunas, pero como las que faltan no llegarán á tiempo de poder ser estudiadas antes de imprimirse esta Memoria, guardo por ahora silencio sobre todas. Esto no obstante, luego que las Memorias estén reunidas, serán examinadas con la debida detención y pondrá esta Fiscalía en conocimiento del señor Ministro de Ultramar cuanto contengan de interesante y útil.

EL PROCEDIMIENTO CIVIL.—URGENCIA DE SU REFORMA

Si es obligación del Ministerio fiscal dar cuenta á V. E. del estado de la administración de justicia en España, indicando las reformas que, á su juicio, sean más necesarias, natural es que, como ofrecí al principio de esta Exposición, trate ahora, aunque sea con brevedad, de la justicia civil, y por consecuencia de los pleitos.

Alta es la importancia de las leyes civiles, y por lo mismo, las del procedimiento no pueden dejar de tenerla muy especial y calificada. Son éstas, como es sabido, el instrumento y el medio de obtener pronta reparación y amparo cuando un derecho cualquiera se nos usurpa ó se nos niega