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la idea de la igual dignidad de los sexos, al mismo tiempo que la de que al varón y á la mujer correspondían distintos oficios sociales.

Si esto no puede afirmarse de todas las épocas de la historia de Roma, puesto que, en los orígenes de la ciudad eterna, la familia patriarcal trajo necesariamente consigo la inferioridad de la mujer, es lo cierto que ningún pueblo de la antigüedad dignificó tanto como el romano á la mujer. La esfera propia de la mujer romana era la casa, su misión el régimen interior de la familia. Por eso, mientras en Grecia los nombres de las mujeres célebres son los nombres de las cortesanas, en Roma, durante su época de pureza, los nombres femeninos que conserva la historia son los nombres de virtuosas matronas. Lucrecia, Veturia y Volumnia, Cornelia la madre de los Gracos y tantas otras fueron objeto de respeto para el pueblo.

La condición de la mujer, siguiendo la marcha general de la evolución del derecho romano, sufre en Roma una transformación completa á partir de los primeros tiempos, en que estaba sometida á perpetua tutela, hasta los de Justiniano, en que su condición era análoga á la que tiene hoy en los países en que permanecen en vigor las reglas del derecho romano imperial, aunque modificadas por el derecho germánico y por elementos jurídicos indígenas.

La situación de la mujer romana en la familia era digna y elevada. La mujer al entrar en casa del marido decla: Ubi tu Gajus et ego Gaja dando á entender que su puesto estaba al lado de su marido. Como la griega, pero con más independencia, dirigía los trabajos domésticos. Después cuando la cultura helénica se puso de moda en Roma, la educación de la mujer, que en un principio había sido muy elemental, se perfeccionó; aprendió á cantar y á bailar, á hablar el griego y á conocer las obras de los literatos de Grecia y Roma.

En el matrimonio romano observamos una dualidad. Por una parte el matrimonio acompañado de la manus, forma en que la mujer entra como si fuera una hija (loco filiæ) en la
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potestad de su marido; por otra el matrimonio libre, en que continúa bajo la potestad de su padre ó siendo sui juris si lo era antes de casarse. Las formas mediante las cuales se adquiría la manus, revelan que el matrimonio en que existió esta potestad es el primitivo matrimonio de la familia patriarcal. La confarreatio, ritualidad sacerdotal y patricia no es otra cosa que la triple ceremonia que examinábamos al ocuparnos del matrimonio en los tiempos tradicionales. La coemptio es la compra de la mujer que antes de ser simulada y simbólica debió de ser real y verdadera. El usus revela también la idea de considerar á la mujer como una propiedad á que se aplica la usucapion. En los antiguos tiempos de Roma debió practicarse el rapto como lo indica al parecer la leyenda del robo de las Sabinas. Fustel de Coulanges opina que la coemptio y el usus se introdujeron para dar efectos civiles al matrimonio de los plebeyos que no podían usar la confarreatio, por ser una ceremonia patricia; pero más bien creemos, como queda indicado, que revelan la existencia de antiguas instituciones. De todas suertes la confarreatio debió ser la forma primitiva.

En el matrimonio libre no existía autoridad marital y el régimen de bienes era distinto que en el matrimonio con la manus. En este último todos los bienes que aportaba la mujer se hacían del marido. En el matrimonio libre aparece el régimen dotal, con la dote aportada por la mujer, y que en un principio venía á ser propiedad del marido. Luego se acostumbró á estipular por el que constituía la dote que, en caso de disolución del matrimonio, volvieran los bienes dotales al constituyente. En tiempo de Augusto se prohibe al marido enajenar la dote sin consentimiento de su mujer é hipotecarla en todo caso. El mismo fin tuvieron las cauciones rei uxoriae, garantías para la devolución de la dote en caso de divorcio, y las acciones rei uxoriae, acciones pretorias establecidas para ejercitar ese derecho. Justiniano introdujo la hipoteca legal á favor de la mujer. En tiempo de los emperadores cristianos las donaciones ante nupcias tomaron el carác-
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ter de contra-dote (αντιροσφων) que el esposo daba en compensación de la dote á su mujer. Cogliolo (1) ha dicho con razón que la evolución de la dote romana, partiendo de un estado de homogeneidad, llega á un estado de diferenciación completa, en tiempo de Justiniano.

Aunque existía la monogamia, el concubinato aparece en Roma, pero con un carácter especial. Es una unión legítima parecida según Niutta, al matrimonio morganático. No se podía tener más de una concubina, ni concubina y mujer al mismo tiempo. El concubinato y el matrimonio sólo se distinguían en el affectio maritatis (intención de contraer matrimonio) y en los efectos civiles. La mujer participaba de los honores del marido; la concubina ninguna parte tenía en ellos. La patria potestas romana se derivaba de las justas nupcias y no del concubinato. El concubinato servía frecuentemente para enlazarse con mujeres á quienes no era lícito tomar en matrimonio, como les ocurría á los senadores con respecto de las libertinas y las actrices.

En cuanto al divorcio, la facultad de divorciarse debió pertenecer sólo al marido en un principio (2) y solo por causas determinadas como el adulterio, el parto supuesto y el envenenamiento de los hijos. Fuera de estos casos se castigaba con pérdida de bienes (parte para la mujer, parte para el culto de Ceres). El hecho es que el divorcio desde muy antiguo estuvo consignado en las leyes romanas; pero la pureza de las costumbres hizo que no se apelara á este medio, y el caso tan citado de Carvilio Ruga, muestra cuan extraña, aun siendo legal, parecía la práctica del divorcio. En el matrimonio celebrado por la confarreatio tenía que mediar, para el divorcio, la disfarreatio, ceremonia religiosa para salir de la religión doméstica del marido. Reconocido á ambos cónyuges el derecho de divorciarse hasta por mútuo consentimiento, la corrupción de costumbres hizo que el abuso llegara

(1) Saggi sopra la evoluzione del Diritto privato, por Pietro Cogliolo. Roma 1885.
(2) Niutta.
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primitiva relación puramente fisiológica, período en que aparecen las primeras formas matrimoniales, caracterizadas por el predominio de uno de los dos elementos generadores. El primer período, de indistinción y de promiscuidad está caracterizado por el hetairismo; el segundo por la poliandria y la poligamia, con las instituciones que conjuntamente con ellas ofrecen las tribus antehistóricas. En ambos períodos el sujeto de derecho es la tribu-familia; el individuo solo como miembro de la tribu tiene derechos, hasta tanto que va verificándose un movimiento centrífugo de individualización en el derecho como en todas las esferas de la vida social. Por esto no cabe comparar los derechos de que disfruta el hombre con los que se reconocen á la mujer. Ni la vida, ni la propiedad, ni la autonomía son materia de derecho para los individuos y puede decirse que los derechos individuales no existen. Lo único que es posible contraponer es la condición respectiva en que viven los individuos de sexo diferente y como queda indicado, es muy varia, siendo lo más frecuente la inferioridad y la subordinación de la mujer, natural en épocas en que lo difícil de la lucha por la existencia impone el culto y la sobreestima de la fuerza.

V

LA FAMILIA PATRIARCAL

En los tiempos tradicionales tenemos ya una fuente histórica más explícita que las que poseemos para estudiar el período prehistórico. Es la tradición, de que ha tomado su nombre este período histórico, tradición que nos muestra en estos tiempos por lo menos en los pueblos ários y en algunos de los semitas una organización social característica: la familia patriarcal, que llega hasta los pueblos de la antigüedad conservando durante muchos siglos sus rasgos especiales.

La familia antigua se fundaba en una base religiosa, en la religión del hogar, en el culto de los antepasados.

Esta fase de las concepciones religiosas se explica según
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hasta el extremo de ser exacto el famoso dicho de Séneca, de que las damas romanas contaban los años, no por cónsules sino por maridos.

Los emperadores cristianos procuraron corregir este abuso, y Justiniano prohibió el divorcio por mútuo consentimiento, no siendo para entrar en un convento; pero la eficacia de estas disposiciones, que se estrellaban contra la inmoralidad reinante, fué en verdad bien escasa.

La sexus tutela ó tutela mulierum perpetua restringía extraordinariamente la capacidad civil de la mujer en cuanto al derecho de bienes y al derecho de obligaciones. Sin permiso del tutor no podía hacer testamento la mujer, ni enajenar las cosas mancipi, ni comparecer en juicio, ni constituir dote, ni adquirir por la in jure cessio, ni verificar casi ninguno de los actos civiles. No necesitaba autorización para enajenar las cosas nec mancipi, ni para dar á mútuo ni para recibir el pago de un crédito.

Esta tutela (1) que Cicerón explica en la oración pro Murrena,... propter infirmitaten consilia pero que, según la opinión corriente, se introdujo en favor de los agnados, para evitar que pudiendo la mujer disponer de sus bienes perjudicara á aquéllos en favor de otras personas; esta tutela existía sólo de nombre al final de la República. Mediante la coemptio fiduciae causa, la mujer se vendía á una persona de su confianza que la manumitia á continuación, quedando de tutor fiduciario, y como dice Cicerón en la misma oración pro Murrena la mujer dominaba al tutor. En tiempo de Augusto se eximió de la tutela á la mujer ingénua que tuviera tres hijos y á la libertina que tuviera cuatro y en tiempo de Claudio fué abolida totalmente la sexus tutela. Pero á medida que desaparece esta institución y que adquiere la mujer la facultad de contratar, se restringe su libertad prohibiéndola obligarse por otra persona. En la época de Augusto obligarse por su

(1) La razón en que fundaba Cicerón la sexus tutela no era admitida como cosa corriente entre los romanos. Gayo dice de ella en su Instituto magis est speciosa quam vera.
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marido y en la de Claudio, en el S. C. Veleyano, obligarse por otro cualquiera.

El derecho de sucesión de los últimos tiempos de Roma establece una absoluta igualdad para la herencia entre uno y otro sexo. La ley Voconia, que representa la vuelta á lo antiguo, á la familia patriarcal, en que la sucesión de los bienes va unida á la sucesión en los sacrificios funerarios y en que la mujer queda excluida de la herencia por lo tanto, prohibió á los ciudadanos de la primera clase (censo superior á 100.000 sextercios) instituir heredera á una mujer.

La mujer no tuvo en Roma participación en las funciones públicas. Sólo en los últimos tiempos se concedió la tutela de los hijos á la madre y á la abuela. Pero aunque la mujer no votara en los comicios ni desempeñara las magistraturas, no debía de ser ajena completamente á los asuntos públicos cuando en el siglo VII y con motivo de la ley Oppia las mujeres promovieron un tumulto en el Foro, de que ha quedado memoria. En los últimos tiempos de Roma, perdida la tradición de las antiguas matronas, la influencia de la mujer fué indirecta, pero muy poderosa en los negocios políticos, y los odios, las venganzas y las veloidades femeninas jugaron un papel importante en el desarrollo de los sucesos.

E. GÓMEZ DE BAQUERO.

(Continuará).
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EL DERECHO DE GENTES

Y

LA LEY DE LINCH EN LOS ESTADOS UNIDOS(1)

El 15 de Marzo de 1891, se supo en Europa, que la Nueva Orleans acababa de servir de teatro á un drama sangriento. Muchos italianos, cuya mayoría se había hecho naturalizar como americanos, habitaban aquella ciudad, donde se dedicaban á toda clase de trabajos. Diecinueve de ellos, oriundos de Sicilia, complicados en el asesinato de David Hennessy, jefe de policía, comparecieron ante el tribunal del jurado, siendo absueltos algunos de ellos. Respecto á otros, el jurado no se puso de acuerdo, y los magistrados debían suspender el fallo recaído sobre los mismos. Finalmente, algunos no comparecieron. De los diecinueve, once fueron arrancados á sus jueces naturales y sacrificados en su prisión por cierto número de hombres armados. A consecuencia de esta odiosa ejecución, se celebraron diversos meetings en las oficinas del Comercio, en la Bolsa de algodón, en la Bolsa de azúcar, en la Bolsa de fondos públicos, aprobándose altamente por todos la conducta de los ejecutores de los asesinatos.

Esta noticia sorprendió á la mayor parte de los franceses, persuadidos, bajo fé de algunos escritores, que el lynchamien-

(1) De la Revue des deux mondes.
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to había cesado de estar en moda. Pero á quienes verdaderamente sorprendió fué á los jurisconsultos, tanto más, contrariados en sus ideas cuanto que habían profundamente estudiado la legislación de los Estados Unidos y habían diferentes veces felicitado al pueblo americano por proteger tan completamente la libertad individual, los intereses legítimos de los reos, los derechos sagrados de la defensa. En efecto, los americanos importaron de Inglaterra el writ of habeas corpus, es decir, el privilegio del detenido á reclamar en todo tiempo su libertad, cuando pudiera establecer la ilegalidad de su detención, y este writ, generalmente concedido por los jueces de los estados particulares, podía serlo excepcionalmente por los jueces generales (1), ya que se alegara de una parte y otra la violación de la Constitución ó de los Tratados, ya que se tratase de un extranjero, y que se reivindicara en favor ó en contra suya los principios del derecho de gentes. Cuando se anuncia una muerte accidental ó violenta, un funcionario de la localidad, el coroner, acude inmediatamente al lugar del suceso, asistido de un jurado, quien después de la inspección del cuerpo y después de haber recogido los informes necesarios, hace constar, en forma de veredicto, las causas probables del suceso. Al principio de la información criminal se encuentra en los Estados Unidos el gran jurado, sala de investigación y de acusación, completamente independiente de toda magistratura, á partir desde el momento en que el presidente de la sala judicial le ha remitido el proceso, formado en varios Estados, por ejemplo, en el Vermout, en el Connecticut, en la Virginia, entre los hombres más estimados del país: institución ideada en Inglaterra para proteger á los ciudadanos contra las persecuciones injustas ó frívolas del poder real, mantenida en América, como lo ha explicado muy bien el ilustre jurisconsulto Story, para servir de barrera á las venganzas individuales y á las arbi-

(1) Véase las Actas del Congreso de 3 Marzo 1889, de 29 Agosto 1842 y de 15 Febrero 1867.
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trariedades populares: este jurado es el solo y único que por su voto aprobativo puede consagrar el acta de acusación indictment preparado por el prosecuting attorney (1). Más tarde, cuando el jurado se reúna, su veredicto no tendrá validez alguna, si no ha sido sancionado por todos sus miembros. En fin, y como si esta garantía no fuese suficiente, la ley permite al acusado en varios Estados (en Nueva York, por ejemplo), en el momento de pronunciarse el veredicto, de interpelar separadamente á cada uno de los jurados para asegurarse de que el veredicto colectivo está de acuerdo con el propio sentimiento individual.

Apreciando esta serie de instituciones titulares, el americano Webster los opone á la sencillez aparente de las leyes que rigen en los estados despóticos: «Nuestro sistema complejo, lleno de restricciones y cortapisas á los poderes legislativo, ejecutivo y judicial,—dice—constituye otras tantas salvaguardias para los derechos y los intereses individuales: aquel es libre y es defendido contra la injusticia».

¡Altivo lenguaje! Pero no es posible el conciliar las bellas teorías con prácticas salvajes.

El writ of habeas corpus es inútil á los detenidos, toda vez que éstos pueden ser colgados antes que hayan tenido tiempo de dirigir un escrito al juez competente; la institución del gran jurado merece toda clase de respetos, siempre que la fuerza bruta no suprima de un golpe el curso del proceso, la acusación y los acusados. Si se toma en consideración lo que dicen los periódicos americanos, uno de esos personajes á quienes la prensa interroga de cuando en cuando, con el fin de hacer conocer á la opinión pública de ambos mundos sus

(1) Existe todavía un procedimiento excepcional (information) exclusivamente aplicable según el derecho común á los consumm misde- meanos que se practica sin el concurso del gran jurado. Por otra parte, un pequeño número de Constituciones (ver la de la Indiana, artículo 7, y la de Illinois, art. 2) autorizan á las legislaturas de los estados particulares á suprimir el gran jurado. Se encontrarán interesantes detalles acerca de esta materia en la Republique américaine de Carlier, t. IV, p. 190 y siguientes.
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más recónditos secretos, sir E. J. Phelps, antiguo ministro de los Estados Unidos en Londres, expresóse el 10 de Abril en los términos siguientes: «El procedimiento seguido por los ciudadanos de Nueva Orleans contra la Mafia hállese justificado: cuando la justicia regular funciona mal, la ley de Linch abre al pueblo una vía de recurso legítimo». Este discurso en que en tan pocas palabras tantos conceptos encierra nos ha hecho reflexionar mucho y no hemos cesado de preguntarnos: ¿Qué cosa, pues, es esta ley superior á las leyes mismas?

I

Según la opinión más acreditada en Francia, John Lynch fué un irlandés que ejercía en el siglo xvii las funciones de chief justice en la Carolina del Sur. Como los tribunales ordinarios eran impotentes para reprimir todos los actos de bandolerismo y particularmente las devastaciones cometidas por los esclavos fugitivos, sus conciudadanos invistieronle lo mismo en materia civil que en materia criminal de un poder absoluto. Legislador y juez á un tiempo usó, según se dice, de su derecho soberano con un vigor extraordinario, haciendo ejecutar en el acto á los criminales cogidos en flagrante delito ó á aquellos cuya culpabilidad no era dudosa. Esta versión nos parece algo sospechosa. La Carolina del Sur, compuesta de elementos heterogéneos, tuvo durante los últimos cuarenta años del siglo xvii una existencia bastante agitada; á partir de 1671, importóse á esta provincia cierto número de negros procedentes de las islas Barbadas, que fueron tratados inhumana y duramente é intentaron más de una vez sacudir tan ominoso yugo; por la misma época, los colonos hallábanse en lucha abierta con los indios, «que ellos provocaron sin motivo, dicen los historiadores, con el fin de
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hacer prisioneros y venderlos como esclavos»; desde este momento en que estos mismos colonos cesaron de ser cómplices interesados de los piratas, les declararon una guerra sin piedad. Pero si la historia ha conservado el recuerdo preciso de los atentados cometidos por los piratas y las ejecuciones vengadoras prescriptas por los poderes públicos de la Carolina (1), si los nombres y los actos de Yeaman, de Colleton, de Seltz Soltul, de Ludwell, nos han sido fielmente transmitidos, Lynch no tiene defensa; ningún documento nos revela cuándo ni cómo dirigió él, la Administración de justicia penal. Sin embargo, Lossing persiste en creer, en su Encyclopédie populaire de l'histoire américaine, que este misterioso personaje fué un arrendatario carolino que vivía en la Carolina del Norte: no fué regularmente investido de las funciones judiciales; erigióse él mismo en gran juez en una época en que las leyes coloniales reprimían imperfectamente la mala conducta de los indios ó de los negros, y por lo tanto, no tuvo inconveniente en ejecutar en el momento á cuantos conceptuaba culpables. En fin, algunos autores pretenden que esta ley terrible se aplicaba en Irlanda en los tiempos más remotos, y que su denominación la tomaba, no de un colono de la Carolina, sino de un magistrado de una antigua población irlandesa (2).

La ley de Lynch, cualquiera que sea su origen, ha echado hondas raíces en el suelo americano. Este fenómeno histórico parece tanto menos aplicable, cuanto que contrasta con el respeto de que tanto blasona la raza anglo-sajona por la libertad de los individuos y la libertad de los acusados. Esto sorprende menos á los que reflexionan en el desarrollo progresivo de la gran República. Así, pues, cuando la célebre disposición de 1787 organizó los primeros territorios del Noroeste, que debían transformarse más tarde en cinco Estados importantes: el Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wis-

(1) Ver Carroll, History of South Carolina, t. I, p. 127.
(2) Antiguamente se designaba en Inglaterra á un impuesto análogo, bajo el nombre de Laidford law.
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cousin, aseguró sin duda por un texto formal el ejercicio de la libertad individual, el juicio por jurados en todos los asuntos criminales, el derecho á los acusados de rodearse de toda suerte de seguridades y prohibió á los jueces pronunciar penas inusitadas ó crueles, pero reservó la ejecución de estas medidas para el período en que los estados sucedieran á la organización provisional.

Entre tanto era necesario reformar la Administración de justicia y el Congreso no entendía tener facultades bastantes para legislar en materia de jurisdicciones; se limitaba por lo tanto á conferir á los gobernadores atribuciones vagas autorizándoles para crear townsships (Ayuntamientos) y Condados en las tierras libertadas de los indios, salvo modificaciones ulteriores por las legislaturas locales, á partir del momento en que la población de un distrito era lo bastante numerosa para elegir una cámara de representantes. Es fácil concebir que este período de vacilaciones fué extraordinariamente favorable al desarrollo de los lynchamientos. Una sociedad, aun en vías de formación, no puede prescindir de la justicia. Como ninguna suma había consignada, ni en el presupuesto federal ni en los presupuestos locales rudimentarios del North West Territory para pagar á los jueces, y que no había medios de constituir tribunales regulares, un cierto número de individuos viérone obligados á agruparse y se agruparon para defensa de sus personas y de sus propiedades. Esta costumbre propagóse necesariamente á medida que la República de los Estados Unidos se extendía hacia el Far-Weste en esas vastas y lejanas regiones, cuya población estaba tan diseminada é igualmente desprovista de gendarmería que de magistratura. Diversos ciudadanos en número respetable improvisáronse á la vez en jueces, gendarmes y verdugos. James Bryce explica en su American Consmou Wealth que las autoridades apenas instaladas experimentaban una economía importante á causa de administrar sus intereses por su propia mano en lugar de organizar una defensa regular y pública. Es esta una razón poderosa y particularmente decisiva