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las plantillas, se eleva el descuento del 10 por 100 que ahora se pagaba al 20 para todos los empleados civiles y militares de la isla, así como para todos los individuos que disfrutan aquí ó allí sus haberes pasivos, con la diferencia de moneda de peso por escudo; quebranto sensible impuesto por la necesidad imperiosa de las economías, y explicable por los mayores sueldos que se disfrutan en Cuba ó pagan sus cajas.

Otra importante disposición del proyecto, tiene por fin autorizar al ministro de Ultramar para que, conociendo la necesidad de aliviar en lo posible al Tesoro de la isla de Cuba del pago de intereses correspondientes á las cantidades constituidas en cuenta corriente en el Banco de España con destino á la conversión de las deudas de dicha isla, y en tanto no pueda realizarse esta operación en condiciones favorables á aquel Tesoro, adopte las medidas convenientes para la colocación de los fondos en términos que, permaneciendo éstos siempre disponibles al objeto á que por la ley están destinados, rindan un producto superior, ó igual por lo menos, al interés que devengan los valores que representan.

Esta medida la consideramos plausible y beneficiosa para el Tesoro de Cuba; pero por eso mismo no será extraño que la impugnen algunas oposiciones, como lo fué la colocación de cinco millones de pesetas que el Estado tenía en cuenta corriente sin interés en el Banco de España y que ahora devengan en cuenta corriente, pero con interés en la «Trasatlántica Española» un 6 por 100 anual.

De todos modos, las iniciativas del Sr. Romero Robledo no pueden ser más halagüeñas para el Tesoro de Cuba, para el porvenir de aquella isla y para el nombre del partido conservador. Ellas revelan que el señor ministro de Ultramar quiere dejar huella perdurable de su paso por aquel ministerio, donde tantas inteligencias clarísimas se atrofiaron y tantos ánimos viriles desfallecieron.
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Dejando ahora á un lado las cuestiones económicas hablemos del problema social en su expresión menos humana, ya que la proximidad de las huelgas de Mayo y el movimiento de los anarquistas en toda Europa, parecen querer señalar con piedra negra el avance de las últimas clases sociales sobre todo lo que significa orden, autoridad, gobierno, dignidad de las naciones y defensa de lo que es común á todas las colectividades. Aunque entre nosotros no hay una organización anarquista según existe en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia y en los mismos Estados Unidos, no por eso nos hemos visto libres de algunos atentados inicuos, sacrilegos, como los cometidos en Cádiz, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao y en Lérida, que han producido algunas víctimas, han llevado el pánico á las gentes, han causado desperfectos en varios edificios y han hecho en fin fijar la atención del poder público para perseguir y castigar hechos horribles que apenas si concibe la imaginación más extrañada.

Madrid mismo, ha pasado algunas horas de angustia al saber que dos extranjeros, el francés Debachst y el portugués Ferreira, fueron detenidos por la policía en el instante de querer penetrar en el Congreso con dos petardos que, según luego se ha visto, no hubieran producido al estallar la horrible hecatombe que en un principio se creyó. Pero no porque en este singular proceso aparezca mezclado el nombre del ya famoso Felipe Muñoz, agente de conspiraciones republicanas, descubridor de depósitos de fusiles, desertor del ejército y hombre, según dicen las crónicas, de mucha, triste y accidental historia; no porque se exageró en demasía en los primeros momentos un hecho que sirve ahora á ciertos periódicos para hablar de comedias y emboscadas de la policía, acabándose en ésta de una manera verdaderamente lamentable; no porque se adviertan ciertas oscuridades y hasta ciertas notas cómicas en el origen y desenvolvimiento del delito elizmente abordado, debe tomarse á risa y á chacota lo que en el fondo denuncia una gran perversidad moral.
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Porque lo que resulta claro, es que había dos extranjeros, digámoslo en honra de los anarquistas españoles, que consciente ó inconscientemente, por retribución estipulada ó por abominable inclinación de su espíritu, prestabanse á depositar dos petardos en el local que ocupa el Congreso. Esto es lo que interesa saber: lo demás importa poco. Que Muñoz sea un canalla, que sostuviera inteligencias con la policía, que ésta se mostrase más ó menos fácil á las insinuaciones y servicios de aquél, que por sobra de inocencia ó por calculada malicia ó alta y generosa previsión otras autoridades se desvelaran y creyeran en peligros eminentes, todo eso, ni es nuevo ni dado el estado de alarma en que la opinión vive, debe censurarse. Cuando unos facinerosos amenazaban á Prim, éste y sus amigos se relajan; solo lloraron cuando cayó bajo el plomo homicida en la calle del Turco: entonces vieron la tragedia. Cuando pocos meses después fué arcabuceado en la calle del Arenal el coche en que iban el rey don Amadeo de Saboya y su noble y virtuosísima mujer doña María Victoria, las balas no hirieron á las rogias personas y los cortfeos de la revolución gritaban: ¡comedia! ¡comedia! Cuando más tarde, siendo presidente del Consejo, D. Manuel Ruiz Zorrilla le dispararon cuatro tiros en la calle de San Roque, de cuya acometida salió ileso, sus enemigos claman: ¡sainete! ¡sainete! Sin embargo, es un hecho que esos tres atentados y otros muchos que pudiéramos recordar, constituyen otros tantos delitos que solo cuando se realizan con todas sus terribles consecuencias llevan la execración al ánimo de las gentes. Si abortan, no falta quien los convierta en objeto de crítica menuda y de juicio apasionado. Pero nosotros no quisiéramos ver á los que hablan á mansalva, en la situación en que se encontraron D. Amadeo y la reina Victoria y su ministro entonces el Sr. Ruiz Zorrilla. Porque lo que es el susto, les había de durar mucho tiempo.
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A la vez que los anarquistas extranjeros daban estas muestras de su infame temeridad, el Ministerio público, dignamente representado por el ilustre fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, Sr. Conde y Luque, publicaba en la Gaceta una notabilísima circular que por la importancia que tiene vamos á reproducir íntegra. En este documento, profundamente pensado y gallardamente escrito, dictanse instrucciones y reglas de conducta para la persecución de los delitos cometidos por los anarquistas, bien con la colocación y disparo de petardos, bien con una propaganda que es contraria á las leyes, bien con el abuso del derecho de asociación ó reunión que también utilizan para sus fines. Nada se escapa en esta circular á la exquisita penetración del señor Conde y Luque. Las disposiciones del cap. 7.º, tít. 13, libro 2.º del Código penal, en sus relaciones con los artículos 561, 572 y 587, la jurisprudencia establecida en los años últimos por el Tribunal Supremo, y el modo admirable con que el digno Fiscal de S. M. señala á sus subordinados el camino que deben seguir, todo esto avalora el mérito de esas instrucciones, que no pueden ser más sanas, más discretas y más oportunas.

He aquí esta hermosa circular que ha merecido los elogios unánimes de la prensa:

«El Ministerio fiscal faltaría al más sagrado de sus deberes si no acudiera en defensa de la sociedad, combatida á la sazón por nuevo género de enemigos. Son éstos los que, habiendo escrito en su bandera la negación de todo gobierno, de toda disciplina y de toda propiedad, se asocian con creciente fanatismo para lograr fines imposibles por medio de las ruinas y la muerte. Las armas que esgrimen en lucha tan insensata son: la tiranía ejercida por sus directores sobre entendimientos enfermos; la irrespetuosa cuanto fácil explotación para sus miras de la pobreza; la proclama amenazadora; el petardo devastador, y, por último, el asesinato de personas para ellos desconocidas, pacíficas e inermes.

No es fácil imaginar delincuencia más monstruosa en el
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orden jurídico, ni peligro mayor para los ciudadanos, porque tiende á destruir lo que la razón y la historia han considerado absolutamente necesario para la vida de los pueblos; por lo cual el poder público, atento á la protesta de la sociedad alarmada, se preocupa hace tiempo de estos delitos, y procura extirparlos por medio de sus representantes, encargados de administrar la justicia preventiva y la criminal.

Al Ministerio público, poderoso auxiliar de ellas, corresponde buena parte en esta obra de defensa, hallándose principalmente encargado de perseguir, y sobre todo de calificar, esas transgresiones en momento oportuno ante los tribunales, para que éstos apliquen la pena correspondiente.

No se oculta á esta Fiscalía lo difícil de tal empresa. La triste fecundidad del mal para producir delitos es mayor que la previsión de los Códigos penales; debiéndose á esto que el de 1870 no diera formas precisas á los gravísimos en que voy ocupándome, casi desconocidos en aquella fecha. No se teme por eso que hayan de quedar impunes, ni mucho menos que sea preciso violentar la ley vigente para castigarlos.

Viniendo á lo más grave de este asunto, el disparo de petardos, bombas ó máquinas explosivas, por su naturaleza y efectos, se halla incluido entre los más graves delitos de que trata el cap. 7.º, tít. 13, libro 2.º del Código penal. Lo está desde luego en estas palabras: «y en general, de cualquier otro agente ó medio de destrucción tan poderoso como los expuestos», con que el art. 572 termina la enumeración que de los delitos de incendio y estragos hace el legislador; y en cuanto á la penalidad, de las palabras «incurrirán respectivamente en las penas de este capítulo», con que el referido artículo empieza, se deduce lógicamente que al disparo de petardos corresponde, en virtud de dicho respecto, la señalada en el artículo 561; porque igual á los delitos aquí penados, si no mayor, es el crimen de que voy hablando.

En efecto, aparte de otras circunstancias que concurren en el disparo de petardos al uso, es á saber: el total desprecio de los intereses más caros á los ciudadanos; lo frío y cruel
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de la alevosía; la falta absoluta de conciencia moral en el agente; la inquietud y aun el terror que produce en los habitantes de una población el ignorar el paraje en que pueden peligrar sus vidas; aparte de todo esto, repito, hay lo imposible de calcular en más ó en menos la magnitud del estrago y lo inevitable que éste resulta al consumarse el delito, debidas ambas cosas á la índole especial de ese instrumento de muerte; porque aglomerándose toda la potencia destructora del petardo en el instante de la explosión, no cabe ni aun la posibilidad de hacerla abortar en su principio ó dominarla en cualquier momento de su desarrollo, como ocurre en otros delitos de estrago. El incendio, por ejemplo, siquiera sea de un buque fuera del puerto, de un tren de viajeros en marcha, ó de un teatro lleno de gente, de que habla el Código penal, puede extinguirse apenas nacido ó después, antes que lo devore todo; pero en el disparo de petardos, el mal, por ser todo él instantáneo, resulta irremediable e imposible de calcular.

Por consecuencia, el estrago total proporcionado á la energía del medio destructor, lo indefinido en el exterminio de personas y de cosas, se hallan fatalmente en la intención del autor de estos atentados. Atendiendo, pues, á su elemento moral y psicológico, deberían calificarse de asesinatos; mas como el delito en cuestión no existe claramente definido, por la razón arriba apuntada, en el libro 2.º del Código penal, V. S., ajustándose al espíritu de la ley, deberá considerar el disparo de petardos incluido en el citado art. 572 y atribuirle la pena señalada en el 561, salvo el pedir la que corresponda, si otro delito más grave resultare de este hecho criminal.

Sirve de fundamento á esta doctrina el espíritu que informa dicho Código y la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, el cual, en sentencia fecha 15 de Diciembre de 1890, estimó comprendido en el art. 572, y por consiguiente reo de estrago, al que coloca un petardo de dinamita entre dos casas, produciendo al estallar grande alarma en los moradores y desperfectos, importantes de una á ocho pesetas, en los edificios, sin que por esto pueda el hecho calificarse de
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falta, porque el daño producido por incendio constituye siempre delito.

Respecto al elemento objetivo del que nos ocupa, como la circunstancia fortuita de no consumarse el hecho criminal, por causas ajenas á la voluntad del agente, no varía su naturaleza é intrínseca malicia, deberá aplicarse al delito de estragos frustrado la degradación en la pena correspondiente á la señalada al consumado en el citado art. 561. Apóyase esto también en la autoridad del Tribunal Supremo. Por sentencia de 27 de Noviembre de 1879 declaró que la persona sorprendida en la escalera de una casa ocultando bajo la capa un petardo de dinamita con la mecha encendida, que arrojó al suelo al ser perseguido por los agentes de la autoridad, es responsable del delito de estragos frustrado á que alude el art. 572, y no de la falta mencionada en el 587, la cual se refiere á los antiguos petardos, que carecen de importancia criminal.

Por lo que hace á la tentativa considerada en el disparo de petardos, discutiendo lógicamente, deberá aplicársele la pena inferior en dos grados á la que se atribuye en el artículo 561 á las transgresiones en él enumeradas; porque el elemento moral del delito es aquí el mismo que en el consumado y en el frustrado. Sin embargo, razones de equidad, fundadas en la deficiencia del Código relativamente á este delito, aconsejan que V. S., llegado el caso, proponga como pena de esta tentativa la rebaja correspondiente á la establecida en el párrafo primero del art. 564.

Para proceder de tal manera, hay además una razón potusima. En Diciembre del año próximo pasado, el fiscal de la Audiencia de Barcelona preparó recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia de la misma, que absolvió á Antonio Forcadell Cid, procesado por haber sido detenido á las once de la noche en una calle de dicha capital, ocupándosele tres granadas llenas de pólvora, dos con espoleta de 25 centímetros de largo, y la tercera con pistón. Fundábase dicho fiscal en que hecho tal debe calificarse de
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tentativa de estragos, conforme al art. 572, en relación con el 563, caso 2.º del Código penal; y habiendo esta Fiscalía mantenido el recurso ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, éste acaba de admitirlo, declarando por sentencia fecha 21 del corriente que el hecho de autos, ó sea la tenencia de petardos, con circunstancias que revelen propósito criminal, constituye tentativa de estragos, comprendida en el citado art. 572, relacionado con el núm. 1.º del 564 de la ley. Por consiguiente, de hoy más, doctrina legal es ésta, que V. S. debe aplicar en cuantos casos de esta índole presenten.

Además, contra tan graves delitos hay otro medio de defensa más eficaz sin duda, porque tiende á prevenirlos, llegando hasta su verdadero origen. No son individuos aislados sino sociedades secretamente organizadas, quienes mantienen ese foco de iniquidad y de extravíos; asociaciones á todas luces ilícitas, comprendidas en el art. 198 del Código penal, cuyos individuos incurren en la sanción señalada en el 199 y 200 de la misma ley.

La denuncia de tales delitos traerá consigo la disolución de estas asociaciones, con gran ventaja de la paz pública y provecho de los mismos delincuentes. Quizá muchos de esos asociados ignoran que el mero hecho de serlo los vuelve reos de delito, y de seguro muchos también se hallan inscritos en sus listas cediendo á criminales amenazas. Pues para unos y para otros sería medicina saludable, ó el escarmiento en cabeza ajena, ó el sufrir, en su caso, el castigo, relativamente leve, contenido en el ya citado artículo 200; porque con él se redimirían á poca costa de un estado de delincuencia habitual, evitándose acaso el sufrir más adelante las grandes expiaciones del Código penal. De acuerdo V. S. en este punto con la autoridad civil, principalmente encargada de la justicia preventiva y con toda la policía judicial, no será difícil lograr que se reduzca poco á poco las filas de estos delincuentes fanatizados, devolviéndolos sin gran violencia al seno de la ley y de la sociedad.
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Tampoco es el anterior razonamiento, en cuanto se refiere al art. 198 del Código, lucubración más ó menos acertada de esta Fiscalía, sino recta inteligencia de la ley, fundada en solemnes declaraciones del Tribunal Supremo. En efecto, habiendo sido condenados por la Audiencia de Ronda como autores del delito de asociación ilícita ciertos procesados, convencidos de ser miembros de una sociedad clandestina titulada Federación de Trabajadores, interpusieron recurso de casación, alegando haberse infringido artículos de la Constitución del Estado y del Código penal; y dicho Tribunal, en sentencia de 23 de Enero de 1884, declaró no haber lugar al recurso, fundando aquélla en elocuentes considerandos, el 3.º de los cuales dice así:

«Considerando que siendo principios fundamentales de la asociación titulada Federación de Trabajadores, de que los recurrentes formaban parte, la anarquía y el colectivismo, y proponiéndose emprender y sostener la lucha del trabajo contra el capital y de los trabajadores contra la burguesía, es indudable que dicha asociación, tanto por su objeto como por sus circunstancias, es contraria á la moral pública, contradiciendo, como contradice, el principio más fundamental del orden social, cual es el de la autoridad y la propiedad industrial».

Todavía puede irse más allá en el camino de la represión de estos delitos, y hasta ese término debe llegar la justicia social, si no ha de incurrir en contradicción y lamentable desequilibrio, aplicando el rigor de la ley penal á los pobres de espíritu, alucinados, mientras se muestre floja y tolerante con los poderosos; que tales son, para el caso, sus inteligentes alucinadores. Porque nada más demoledor y funesto que la inteligencia sin el freno de los principios morales; nada, por consiguiente, comparable al abuso que de su libertad legal hace la prensa llamada anarquista, á cuyo apasionado y sofístico magisterio débese en gran parte la conducta criminal de sus adoctrinados.

En el orden moral, tamaña perversión encuentra correcc-
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con que el desvergonzado clérigo suele matizar sus cartas.

El abate Galiani, italiano ingerto en francés, fué uno de los tipos que personificaron mejor el espíritu ligero y satírico cínico y perverso del siglo XVIII; fué un polichinela de mucho talento y erudición, que divirtió á la sociedad con sus chistes y su mimica, y la envenenó con sus máximas. Era, dice Marmontel, el arlequínillo más gracioso que produjo jamás la Italia; mas sobre las espaldas de aquel arlequín estaba la cabeza de Maquiavelo.

Este fué el primer candidato para confesor que encontró la duquesa de Villahermosa en casa de sus padres. Galiani no era sin embargo, sacerdote: era de aquellos abates gens á petit collet, como les llamaban entonces, ordenados sólo de diáconos, que disfrutaban prebendas de la Iglesia, al mismo tiempo que deshonraban con sus frivolidades y escándalos á la Santa Madre que les daba de comer.

Tras del abate Galiani vió la duquesa desfilar por el hotel Soyecourt al abate Malespina, recomendado á Villahermosa por el duque de Medinasidonia; al abate Terray, el hombre más odiado por aquel tiempo en Francia, y al cardenal de Bernis, el diplomático y florido poeta, cantor de la Pompadour, que llamó Voltaire Babet la Bouquetière.

Una negra trama que urdían entonces en silencio todas las Cortes y todos los diplomáticos fué causa de que conociera á estos dos últimos personajes la inocente duquesita, pobre niña de quince años, incapaz de sospechar entonces hasta dónde llega la iniquidad de ciertos hombres, y destinada, sin embargo, por sus virtudes á deshacer en parte, cuarenta años más tarde, la infuca intriga que aquellos fraguaban.

Era el abate Terray á la sazón ministro de Hacienda, y acabábale de suceder una aventura curiosa, que prueba la fama de sus latrocinios y lo cínico de su audacia. Había en París una calle de mala nota llamada Vide-Gousset, porque ningún transeunte la cruzaba después de anochecido sin riesgo de salir, por lo menos, con la bolsa aligerada. Una mañana amaneció borrado en la esquina el nombre Vide-
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tivo y pena adecuados en el anatema de la conciencia pública, de la cual ha sido eco, en fecha reciente, la terrible acusación lanzada contra esa prensa por un anarquista infortunado desde las gradas del patibulo. Pero también pueden incurrir fácilmente esos periódicos en la responsabilidad jurídica de que habla el art. 582 del Código, provocando directamente á la perpetración de esta clase de transgresiones, y para que se averigüe si tal provocación existe, y, llegado el caso, el delito no quede impune, invoco, y aun exijo, toda la actividad y vigilancia de V. S.

El criterio referente á esta penalidad lo estableció el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de Julio de 1885.

Sentada ya la doctrina, réstame sólo hacer á V. S. ligeras indicaciones acerca de su conducta en esta clase de procesos. El Ministerio fiscal, no sólo debe fijar oportunamente la noción clara y precisa de la responsabilidad del acusado, sino procurar también que el procedimiento criminal no se esterilice por omisiones, que si en la generalidad de los casos pueden hallar explicación en las muchas atenciones que pesan sobre los jueces instructores, no la tendrían nunca en materia tan grave como la presente.

Siendo las primeras diligencias tan decisivas para el éxito del procedimiento, recomiendo á V. S. que cuando teenga noticia de algún delito del género expresado, se constituya al lado del juez instructor, ó confiera, caso de impedimento legítimo, este cargo á uno de sus auxiliares, á fin de que la inspección del sumario la ejerza personalmente el Ministerio fiscal, contribuyendo así por medio de una acción directa y persistente á que se utilicen todos los medios de investigación y comprobación del delito, y se averigüe si de él se desprende ó no ramificaciones peligrosas que convenga perseguir.

Deberá asimismo V. S. darme cuenta por telégrafo de cuantos hechos de esta índole ocurran en el territorio de esa Audiencia, puntualizando las circunstancias más salientes, con el objeto de que este Centro le comunique las instrucciones oportunas. No es menos imperiosa para V. S., como llevo in-