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La sujeción de la mujer resultaba lógica dadas las ideas de los primitivos ários. En un principio no existía otra agrupación social que el clan familiar, que la familia; el Estado se encarnaba en ella y el patriarca reunía las atribuciones públicas á las funciones privadas y su poder, como todo poder único era exclusivo y absoluto.

En estas condiciones la mujer, no pudiendo llegar á obtener la autoridad, tenía que estar sometida y en una posición dependiente con relación al hombre. Tan estrecha era su subordinación, que, cuando llega á formarse un Estado distinto de la familia en los pueblos que conservaron la arcaica organización patriarcal, se estimaba que la mujer no estaba bajo la jurisdicción del Estado. No puede comparecer ante los tribunales, es pars familiae no pars reipublicae (1). De ello nos ofrece ejemplos la historia de Roma. Cuenta Tito Livio, que condenados á muerte con motivo de las Bacanales los que asistían á estas fiestas, como muchos de los culpables eran mujeres, se encontró el Senado con la dificultad de que la mujer no era justiciable por el Estado, sino por la familia y decidió entregarlas á sus padres y á sus maridos. «El marido —dice Catón el viejo—es juez de su mujer» y tan persistente es esta idea que se la encuentra todavía en la época del imperio, y Tacito nos cita el caso de una dama romana acusada de externe superstitionis (tal vez de profesar el cristianismo) que fué juzgada por su marido, en tiempo de Nerón.

Así como la mujer estaba privada de ejercer la autoridad familiar, se la excluía de la propiedad y de la sucesión hereditaria. En la mayor parte de las genealogías indias no aparecen las mujeres. La razón de estas exclusiones es la misma. La propiedad es de la familia y va unida á la obligación de sostener el culto de los muertos, de modo que la sucesión trasmite el culto al par que la propiedad. Sólo más adelante se empieza á mitigar este rigor, disponiéndose que la hija del que muere sin descendencia masculina se case con el ho-

(1) Hearn.—The Aryan Household.
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nes de pesetas están tan á disposición del Gobierno á todas horas donde se han puesto, como donde estaban. Quizá he dicho mucho, aunque mis deberes y altas consideraciones no me impiden decir lo que está en la conciencia de todo el mundo; mas, ¿por qué no lo he de decir, en último resultado? ¿Es una cuestión baladí para cualquier Gobierno, en ningún caso, frente á ninguna institución de crédito, en las circunstancias en que está planteadá y sirve de pretexto á la enemiga injusta y extranjera, la cantidad de la circulación fiduciaria en este país? ¿Es una cuestión baladí, digo, el acudir en un día, de repente al Banco de España á demandarle la entrega de todo lo que tiene allí el Ministro de Ultramar? No; la cuestión tenía, además del interés, esta otra ventaja.

Pero ¿es que esta es una cuestión que ha surgido yendo por esas deducciones del leguleyo, del jurista, de sofisma, definiendo las personalidades de una asociación, para hablar luego constantemente de personas privadas? ¿Esa es una cuestión que ha surgido súbita é inesperadamente en los propósitos del Gobierno y en los del Ministro de Ultramar? ¿No era el clamor, no era el cargo que más fuerte se venía haciendo á mi amigo y antecesor el haber colocado en cuenta corriente ese dinero que al Estado costaba intereses? Cuando yo he venido á esta cuestión, ¿no me he dirigido al Banco de España con una Real orden, pidiéndole algún interés por el dinero que tenía en su cuenta corriente? Y sucedió un fenómeno en el cual no fijásteis vuestra atención, sobre el cual os la voy á llamar hoy.

Discutíamos aquí un día una cuestión de Ultramar; tomó parte en ella el Sr. Vázquez Queipo, consejero del Banco de España, que siento no esté presente; y al discutirse la cuestión, en una gran parte de su discurso dijo que el Banco de España no pagaba interés por las cuentas corrientes; y los señores Senadores dirían: «¿Á qué viene esto?» Y yo lo sabía: está contestando á mi Real orden, porque, en efecto, aparecía aquí contestada la Real orden por el acuerdo del Consejo trasladada á mí, diciendo que el Banco no podía pagar in-
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tereses por las cuentas corrientes, que el saldo estaba allí, y que el Gobierno juzgaría si debía retirarlo.

Alogo este hecho únicamente como prueba de que desde el primer momento el Gobierno se preocupaba por no tener sin interés y sin producto ese dinero en el Banco de España.

Prueba muy lejana; hace ya de esto mucho tiempo; es un hecho comprobado por el testimonio de los consejeros del Banco, y por la comunicación del Banco que obra en el Ministerio de Ultramar.

Andaba el tiempo; seguía esa preocupación pesando sobre mi espíritu, y en un momento dado, una Compañía respetable (que es respetable toda Compañía que presta servicios públicos, y con la que el Estado ha contratado) acreedora del Estado por cantidad considerable, que podía hasta colocarla en mala situación, demandaba el pago de lo que se la debía; y entonces yo, preocupado por esa cuestión, ideé la cuenta corriente con interés, y no la cuenta corriente con cualquier interés, que era lo que yo le pedía al Banco, sino la cuenta corriente con el interés de 6 por 100, porque el 6 por 100 es lo que al Estado le cuestan todos los millones que tiene colocados en cuenta corriente en el Banco de España. Hice ese cambio, cumplí como Ministro con mi deber: frente á la Compañía, cumplí como un usurero despiadado. La impuse, la exigi; aceptó el pago del interés en lo que á mí me costaba, dejando el dinero, aparte de esto, en las mismas, mismísimas condiciones en que estaba á mi disposición, á disposición del Ministro de Ultramar, del Gobierno, para emplearlo en la conversión cuando el momento de la conversión llegara.

Señor Martínez del Campo, juzgador severo é imparcial, hombre que trae aquí los hábitos de examinar las cuestiones con el ejercicio de su inteligencia, y toma por profesión el desembrollar la madeja de los asuntos, el penetrar en las intenciones, el aplicar las leyes, ¿es esto algo que puede equipararse, como S. S. hacía ayer, con la deuda flotante que levantaba el gobernador general de la isla de Cuba con 7 por 100 de interés? Si no es eso, ¿por qué comparaba S. S.? Aque-
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llos eran pagos. ¿Esto es pago? Yo pregunto, ¿es esto pago?

Lo levantado por la deuda flotante está satisfaciendo créditos legítimos: la autoridad no puede recogerlos; son compensación de servicios anticipados; para el Tesoro está ya perdido. Pero si esto está ahí á disposición del Tesoro, lo mismo, lo mismísimo, en las mismas condiciones en que está el resto de esa cantidad en la cuenta del Banco de España, con más los intereses.

Mas la cuestión de los intereses que antes he dicho, ¿es cuestión de duda para alguien, ni puede serlo ante estos datos la moralidad del autor? ¿Es cuestión de duda ó de discusión el provecho del acto para los intereses públicos?

Esa cantidad, de cuya aplicación yo no he dispuesto (tengo la esperanza de que el Sr. Martínez del Campo ha de convenir conmigo en eso esta tarde), de cuya aplicación yo no he dispuesto, sino únicamente de su situación; esa cantidad queda íntegra, afecta á los fines del art. 14 de la ley de 1890, esperando que se haga la conversión para entregarla; pero al mismo tiempo esa cantidad rinde lo que al Tesoro de Cuba le cuesta; es decir, que esa cantidad no puesta en la cuenta corriente con la Compañía Trasatlántica y mantenida en la cuenta corriente con el Banco de España, costaba al Tesoro de Cuba 60.000 duros al año; y puesta en la cuenta corriente con la Trasatlántica en la forma que se ha hecho, esa cantidad no le cuesta nada al Tesoro de Cuba, y el provecho para los intereses públicos es indudable.

Hay más. Esa cantidad colocada en esa forma ha aplazado exigencias de créditos liquidados, ejecutorios, firmes, debidos, que hubiera sido necesario saldar con deuda flotante con interés, y entonces hubiérale costado al Tesoro de Cuba, el 6 por 100 que le costaba y sigue costándole el resto colocado en la cuenta corriente con el Banco de España, más el interés, cuando menos, de un 7 por 100 de la deuda flotante; es decir, que habiéndose hecho la operación resulta
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un beneficio de 60.000 duros, mientras que de no haberla hecho el perjuicio sería de 130.000 duros.

Esta es la verdad; esta es la conclusión lógica expresada en la forma más inflexible y rígida con que se expresan las verdades, por los números. ¿Qué queda? El interés público está garantizado; el dinero subsiste en las mismas condiciones en que estaba; el Tesoro de Cuba tiene una ganancia. ¿Qué queda? Queda escuetamente esta cuestión: ¿pudo o no el Ministro de Ultramar trasladar desde la cuenta corriente con el Banco de España á la cuenta corriente con la Compañía Transatlántica esa cantidad? No hablemos del provecho para los intereses públicos, que ese es indudable; no hablemos de la rectitud, que eso no lo discute nadie; aquí lo que discutimos, severos y escrupulosos, es la facultad, es la ley, es que eso no se ha podido hacer aunque diera esos beneficiosos resultados. ¿Es esta la cuestión? La cuestión no puede salir de estos términos, y para resolverla hay que preguntar ante todo: ¿en virtud de qué ley, de qué decreto, de qué Real orden, de qué costumbre, de qué tradición administrativa, el resultado de la negociación de los trescientos cuarenta y tantos mil billetes fué al Banco de España? Esta ha sido la primer pregunta que yo he hecho en otras discusiones y en otros sitios. ¿Qué se me ha contestado? No se ha podido determinar un precepto legal ni un decreto; malamente aplicada, se ha citado una disposición de una Real orden; no se ha podido citar una costumbre ni una tradición.

Pero yo vine aquí con ansiedad en la tarde de ayer, porque dije: ¿qué extraño es que los que me han combatido, lejos en estas materias, no conozcan quizá la ley? Les ha parecido mal; el interés político está en ello; han cumplido con su deber. Pero, ¡ah! esta tarde es otra cosa; esta tarde me encuentro con un impugnador, hombre de derecho, hombre que falla sobre la vida ó la muerte de los ciudadanos españoles; hombre que falla sobre lo tuyo y sobre lo mío; pero, ¡ah! ese, ese, de seguro que no me aplica antes que leyes,
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doctrinas; ni interpreta leyes de cualquier modo para un fin político; ese, tengo yo la confianza que va á ser en esta tar- de mi valedor, mi defensor, mi amigo.

¡Cuál fué mi desencanto cuando, en la tarde de ayer, el Sr. Martínez del Campo abordaba la cuestión de derecho! ¿Y sabéis lo que dijo en la cuestión de derecho? Pues dijo lo siguiente: ¿Cómo, se pregunta cuál es la ley que prohibe?

¿Pero es que el Sr. Martínez del Campo entiende que hay responsabilidad en actos no prohibidos por la ley? Es cuestión muy grave; más grave en labios de S. S. que en labios de cualquier otro.

¿Dónde vamos á parar si los que administran justicia entienden que basta que su conciencia ó su interés político puedan condenar un hecho para inventar una teoría y aplicarla á la condenación del acto?

Poco tiempo antes de la Restauración, el Gobierno de aquella época prestó por Real decreto á la Compañía del ferrocarril de Almansa á Valencia y Tarragona, para recomponer sus obras, un millón de pesetas reintegrable. Pues anticipos á liquidaciones desconocidas, á Compañías y Ayuntamientos; unas veces por ley y otras por Reales órdenes ó decretos, se han hecho tantos por los Gobiernos fusionistas, que es imposible meter la hoz; ¡tan poblado está el campo!

No importa añadir si debían más ó si debían menos; sino que, dada la paridad de casos, hablo de una cuenta corriente colocada en una Compañía á la que el Estado debe más: por consiguiente, eso no altera el problema. Lo que trato de demostrar es que el principio de que el Estado preste con interés á Compañías se ha practicado constantemente, unas veces por ley, como últimamente hizo el partido fusionista al ferrocarril de Zaragoza á Canfranc, dándole de anticipo sobre las certificaciones de trabajos el 66 por 100, hasta componer 10 millones que había de reintegrar en diez años, tratándose de una Compañía que todavía no había hecho nada. Conviene, pues, fijar las cosas: el principio de que el Gobier-
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no ha prestado por leyes, por decretos ó por Reales órdenes á Compañías, Ayuntamientos ó Corporaciones por liquidaciones futuras, á lo que resulte, es indudable y constante; y con ese hecho no puede combatirse la resolución del Ministro de Ultramar.

Pero hay más, Sres. Senadores. Ya se vé; vivimos tan de prisa y tan atareados con las cosas de la vida moderna, que no es fácil tener presente á todas horas lo que haya ocurrido en un período de tiempo, aunque sea tan reciente que podemos decir que ha ocurrido hoy.

Hace doce ó trece días un orador elocuenteísimo, uno de los hombres más importantes en el partido liberal, D. Gabriel Rodriguez, daba una conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil sobre la cuestión palpitante, sobre los cambios, y presentaba como recurso un empréstito para pagar al Banco, y un presupuesto con superávit. A seguida, como no podía dejar de atacar al Gobierno actual, estableció, en confirmación de su doctrina, este hecho: frente á ese Gobierno que crea esta situación con una ley para pedirle al Banco 150 millones de pesetas, el Gobierno revolucionario de 1869, el señor Figuerola, prestaba poderoso auxilio al Banco de España, para salir de apuros en un momento dado. Ese préstamo se hacía siendo el Sr. Sagasta Ministro. Me refirieron esto y he querido indagar: en efecto, me he encontrado con este hecho.

En aquella época, la unidad monetaria era el escudo. En Enero de 1869 tenía el Tesoro español en cuenta corriente en el Banco de España (y dicho se está que por entonces no había ley de Tesorerías, y no había argumentos para considerar al Banco, ni aun bajo ese modo indirecto, como dependencia del Tesoro, sino que era una sociedad aparte), 15.000 escudos; es decir, 150.000 reales. En Marzo del mismo año 1869 tenía 10 millones de escudos, y desorganizadas las rentas por las consecuencias naturales de un movimiento de aquella importancia. Resulta, pues, que el Tesoro español en el mes de Enero de 1869 tenía en el Banco 15.000 escudos; tenía 10 millones de escudos en el mes de Marzo de aquel
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año; y todos sabéis la situación económica de aquella época. Unanse estas cifras con la declaración hecha hace trece días por el Sr. D. Gabriel Rodríguez en una conferencia pública, y díganme los Sres. Senadores, digame el país si el principio de auxiliar á las Compañías que prestan servicio al público, que son como puntos avanzados de la defensa del Estado, es un principio desconocido y que no cabía en la mente de nadie prever, cuando todos los Gobiernos lo han practicado.

Quisiera que el Sr. Martínez del Campo y yo pudiéramos ponernos de acuerdo sobre lo que es la cuenta corriente, porque no está bien que un hombre tan competente en derecho como S. S., tenga (no digo que definir de una vez lo que entiende por cuenta corriente) el orgullo y la impiedad de no enseñar al que no sabe; y cuando yo le demando á S. S. enseñanza, parece que debía dármela. ¿Qué es la cuenta corriente? ¿Es préstamo? ¿Es depósito? ¿Qué es?

Porque aquí se empieza por la cuestión de si es préstamo ó no lo es. ¿Qué tiene que ver esto con aquéllo? Es cuenta corriente con interés. ¿Es que no existen las cuentas corrientes con interés? Pues, ¿y el Banco Hipotecario? ¿y el Banco de Castilla? ¡A qué hablar de esto! Después de todo, ¿no estoy viendo, con su austera figura, con sus respetables canas, no estoy viendo, digo, al Sr. Montero Ríos asentir á cuanto yo estoy diciendo, en el fondo de su conciencia? (Risas.) Y es porque yo soy adivino en esta parte, porque conozco á S. S., y sé que, atendida su competencia, tiene que estar dándome la razón en el fondo interno de su alma.

¿No hay cuenta corriente con interés? ¿No se llaman así: «Cuentas corrientes con interés?» ¿Esas cuentas corrientes no tienen más ó menos interés, según el plazo en que se ha de devolver la cantidad? ¿No devengan el \(1\frac{1}{2}\) por 100, el 1, ó mayor interés, según hayan de devolverse á la vista ó al plazo de tantos ó cuantos días, etc.? ¿Qué novedad es esta si cuando se habla de cuentas corrientes con interés, se obs-
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tinan en hablar de préstamo, de depósito, y decir que se dispuso del dinero, y que se gastó en otros fines? ¿Qué es eso?

Tengo el derecho de querer (no por examinar á S. S., sino por destruir su mala y sofística argumentación; sofisma impropio del que tan á fondo conoce las leyes), yo quisiera que se hablara claro, y que reconoceríamos si hay ó no cuenta corriente con interés.

Porque ¿qué espectáculo damos ante el país? Y vosotros que tenéis la costumbre de apelar al extranjero, ¿qué espectáculo damos ante el extranjero? ¡De qué manera se reirán de nosotros cuando vean que en las Cámaras nos ocupamos de discutir si existen ó no las cuentas corrientes, de si son esto ó lo otro! Combatir que se pueda ó no sacar esa cantidad de la cuenta corriente, discutir en ese terreno; pero querer negar la existencia de la cuenta corriente, con interés, torgiversar su sentido, alterar sus nombres, es disentir lo imposible; eso es pelear, alentado por la ceguera de las pasiones, sin examinar las razones que se alegan en el debate, ni la justicia que asiste al agredido.

Mas se dice: «es que la Compañía Trasatlántica habrá dispuesto de ese dinero, lo estará usando.» ¿Y qué? ¿Es que el Banco de España no está usando y puede usar el dinero de todas las cuentas corrientes? Todos los demás establecimientos, ¿no hacen lo mismo? ¡Para eso son las cuentas corrientes! ¿Cómo se había de pagar intereses por cuenta corriente, que es una invitación que se hace al que tiene su dinero ocioso, y que sin embargo no quiere desprenderse de la facultad de disponer de él á toda hora? ¿Cómo se habían de pagar los intereses, si por un cálculo de probabilidades humanas, en los negocios como en todas partes, no se supiera que ese movimiento de las cuentas corrientes deja siempre un factor fijo que facilita el poder disponer de una cantidad que no es suya; pero que sin embargo lo es, desde el momento en que cuando se le demande la apronta y la entrega? ¿Hay cuenta corriente? La cuenta corriente es un contrato que se parece, si SS. SS. quieren, al préstamo y al depósito.
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¿No se argumenta que el Gobierno ha dispuesto para un fin distinto del marcado por la ley de los cinco millones? Pues entonces, ¿por qué no se argumenta que el Gobierno viene disponiendo para fines distintos de los de la ley de los 12 millones del Banco? No lo entiendo; la operación es la misma; la única diferencia está en la mayor ventaja; la cuestión es la misma, las condiciones idénticas, el dinero existe en la misma forma; ¿dónde está la diferencia?

Si hay responsabilidad para el que dispuso un cambio de situación, ¿qué responsabilidad habrá para el que dispuso un cambio de aplicación? Si hay responsabilidad para el que obtiene ventajas para el Tesoro y conserva el capital, ¿qué responsabilidad habrá para el que gastó el capital, y ahora hay que atender á las obligaciones que quedaron en descubierto con otro que cuesta intereses, pagando dobles intereses, con perjuicio del Tesoro? ¡Ah, Sres. Senadores que combatís desde el campo monárquico al Gobierno! Meditadlo, debéis pensar á quién servís ó qué servís, fomentando y acalorando cierto género de ataques. Ahí os he presentado un pequeño caso. ¿Qué leyes, qué decretos, qué Reales órdenes daban esa holganza y ese desahogo á aquellos Ministros, que á mí me constituyen en responsable y casi casi en materia de acusación?

Yo me defenderé, como me he defendido, aparte del calor natural de aquel que se siente injustamente agredido, con la moderación del que mira por los altos intereses, que aun en nuestras luchas juegan su porvenir; pero no me pidáis, no me pida nadie lo que quizá no está en la naturaleza humana. Acaso habrá grandes excepciones. Yo no soy de madera de mártir ni de héroe; cuando la agresión venga, cuando exceda ciertos límites, me defenderé. Si para eso fuera preciso abandonar este puesto, le abandonaría. ¡Ojalá! Todo el mundo sabe que he venido aquí creyendo más hacer un sacrificio que dar satisfacción á ningún género de ambiciones.

Las gentes, juzgándome con otra medida y por otros sentimientos, dijeron que había sido modesto al venir á ocupar
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este departamento el que por espacio de tantos años había desempeñado el más codiciado en este género de Gobiernos. Yo he venido aquí á servir á mi país, enmendar y corregir abusos. He entrado con energía y decisión por ese camino, he hecho ya mucho y expondré en su día todo lo que he realizado. Si cuando moralizo, cuando introduzco economías en los gastos y arreglo los servicios, se me viene el ataque precisamente como en contraste irrisorio de la rectitud de mis actos y de mis propósitos; se me viene el ataque á mí, moralizador, de no defender los principios puros de la Administración, á mí que hago profundas y justas economías sin temor á la impopularidad que traen consigo, teniendo la pena, que es notorio en medio de esto (y lo digo para contestar á cierto género de reticencias), de tener á mis amigos más queridos, que me han ayudado y seguido durante seis años en lucha con los partidos organizados, sin posiciones ni esperanzas, y se me declara tan injusta guerra, vamos á la pelea.

Mía no será la responsabilidad, pero, ¡ah! no faltaré en mi sitio; tomaré también mi toga de fiscal, y aquí vendrán, quieran ó no quieran, á cotejar actos con actos, administración con administración, conducta con conducta, los Gobiernos que me han precedido. (En la mayoría: Muy bien; muy bien.)

¿Queréis la lucha? Yo no la he presentado. Me arrojáis el guante y soy prudente. ¿Insistís en la contienda? ¿Es que lo queréis? Esta tarde he levantado una pequeña punta del velo. ¿Insistís? Rasgaré el velo, y presentaré al desnudo lo que fué la Administración en Ultramar, examinada con el falso criterio que queréis aplicarme; lo que fué también la Administración en la Peninsula. Aquella Administración recibió denuncias de las primeras autoridades de la isla, que hoy recojo yo por primera vez y estoy traduciendo en medidas reparadoras para arrojar de allí la desmoralización y el fraude, que es el cargo que los enemigos de la Patria nos echan al rostro, y para cimentar sobre base sólida la moralidad de la Administración, que debe ser el fuerte escudo que la digni-