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protección á la producción nacional, sino, lo que es lógica consecuencia, con la intervención en los pactos del trabajo. Partiendo del supuesto de que al Estado incumbe realizar todos los fines que no pueden cumplirse por la acción individual, y suponiendo ésta poco eficaz, concede á aquél intervención en la ciencia, en el arte, en la creación y distribución de la riqueza. Es un socialismo que se detiene ante las lógicas consecuencias de sus principios fundamentales. Confundiendo la economía, la moral y la idea jurídica, no llega á las consecuencias de los socialistas ni del colectivismo, concretándose á dar un concepto más amplio de las facultades del Estado que el reconocido por la escuela individualista (1).

Unas veces en los linderos de ésta, afirma el valor y la eficacia de la acción individual y pretende sólo robustecerlos por la interveñción del Estado; y otras, inclinándose más á las soluciones socialistas, niega á la libertad eficacia y poder para resolver las cuestiones sociales.

«Reconocido, dice un ilustre estadista español (2), el carácter orgánico del ser social, se llega necesariamente al concepto orgánico también de las funciones del Estado y á reconocerle atribuciones que pueden aparecer como negación de la libertad individual y que no son sino medios indirectos de respetar en la individualidad todas sus fuerzas propias y naturales, reconociéndole siempre como el origen de todo progreso y la base de todo aumento de valor social y humano.»

Exponiendo el sistema alemán de los seguros, entiende Luzzatti que tiene su teoría en el socialismo del Estado, que profesa el principio de la impotencia de la libertad para resolver los problemas sociales. «El socialismo, dice, es una

(1) Roscher, Brentano, Ely, Luzzatti, Laveleye y otros, han modificado en el indicado sentido las teorías de Lasalle y Marx.
(2) D. Francisco Silvela.—Discurso de contestación al de D. Gumersindo Azcárate en la recepción de éste en la Real Academia de Ciencias morales y políticas.
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utopía, pero las miserias humanas son una realidad. Falta averiguar si estas miserias que lentamente aminora el progreso, decrecen ó aumentan con la intervención del Estado. «La confianza, añade, de poder destruir el socialismo anárquico no carece de fundamento: éste no tiene más que promesas, mientras el socialismo del Estado da á los enfermos socorro, á los heridos y á las familias de los que fallecen indemnización, á los ancianos paz material y moral en los últimos días de su fatigada vida.»

No puede, sin embargo, desconocerse que la síntesis que intenta realizar esta idea se resuelve en una tendencia socialista, y que del concepto que del Estado da, de la facultad que le concede para resolver é intervenir las luchas entre el capital y el trabajo, las diferencias entre el interés del consumidor y del productor, se va lógicamente al colectivismo, rechazado por la misma escuela.

No es mi propósito examinar los principios fundamentales de ésta, ni juzgar su diferencia con la ortodoxa económica ni con las socialistas; sería labor larga, que me alejaría del tema que examino, y me limito, consignada la tendencia general de su doctrina, á decir que, sin negar la influencia que un ilustre socialista tuvo sobre el canciller Bismarck, y por tanto sobre la política alemana, la nueva tendencia es la que principalmente ha influido en Europa y la que ha inspirado la legislación protectora de las clases obreras.

Veamos ahora cómo plantea el punto concreto del seguro obligatorio.

En su exposición del sistema alemán, el autor antes citado se expresa en los siguientes términos (1): «El Estado debe integrar y dirigir las fuerzas sociales para asegurar á los obreros un mínimo de bienestar compatible con la debilidad de la naturaleza humana; al socialismo anárquico ó utopista es necesario oponer un socialismo del Estado práctico y prac-

(1) Congreso internacional de los accidentes del trabajo, celebrado en París el año 1889. Memoria presentada por Luigi Luzzatti.
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ticable...» «Los sentimientos caritativos, que hacen espontáneamente lo que la ley les obliga hoy á hacer, no podrán quejarse de que se les impone el bien, y la ley despertará en la conciencia de los negligentes los sentimientos morales que aún dormitan...» «La libertad, dando al egoísmo humano una fuerza tan eficaz al menos como la abnegación, divide la Nación en obreros dichosos y descontentos, división que prepara un peligro social. Solamente el seguro obligatorio puede dar un mínimo de protección social á todo el mundo, ayudando sobre todo á los seres más desvalidos. Es preciso no hacer pesar sobre los obreros inocentes las faltas de los contratistas egoístas. Quien trabaja debe encontrar en el trabajo mismo la seguridad de la vida, y el seguro obligatorio realiza esta condición esencial sin exceso de sacrificios ni gastos.»

Después, exponiendo las réplicas dadas á las objeciones hechas al sistema, dice: «La obligación no es la supresión de la libertad, sino el cumplimiento de un deber social, porque quien cumple su deber se conforma con la ley moral, de la cual la libertad es un elemento sustancial. La previsión y el seguro obligatorios restringen el campo de la caridad libre ó legal que supone la ausencia de la libertad del pobre. El seguro obligatorio es como la instrucción obligatoria, fortifica y ennoblece la dignidad y la libertad humanas. Para ejercer su libertad es necesario saber y poder, y el seguro obligatorio da el mínimo de bienestar que libra á los obreros y sus familias del yugo de la miseria.»

Por el concepto individual el seguro obligatorio no destruye á juicio de sus defensores la libertad, es, por el contrario, un medio de completarla, de dar al obrero condiciones de vida y ennoblecer su dignidad; y considerado por su aspecto social, viene á llenar el vacío que la revolución francesa, al destruir los antiguos organismos, ha dejado en la sociedad moderna. «Creyeron, dice un notable escritor español, los generosos iniciadores de la revolución económica, impresionados por la vista de los males producidos por el exceso de
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la intervención oficial, que con apartar en el orden de la producción y del cambio todo obstáculo, con proclamar la libertad del trabajo y la igualdad legal entre patronos y obreros, se había hecho todo lo necesario para que se estableciese la armonía de todas las clases sociales, y las hasta entonces desvalidas e ignorantes se elevaran en bienestar y en cultura al pleno desarrollo de todas sus facultades. No sucede así, empero, y una triste experiencia se ha encargado de probar que el principio de libertad, entendido como apartamiento absoluto del Estado de cuanto toca al orden económico y como abandono del individuo á sus propias fuerzas, es notoriamente insuficiente para fundar una organización social basada en la justicia y en la que todos puedan gozar de las ventajas de la civilización sin menoscabo de la personal y sin el temor constante del mañana» (1). Completa después su pensamiento con esta cita de Charles Secretan: «La revolución, cuyo jubileo secular celebran los franceses (se escribía esto en 1889), ha fundado la esclavitud bajo una forma nueva, aboliendo las corporaciones de artesanos, prohibiendo á los obreros convenir y concertarse en lo que atañe á sus intereses, y lanzando sobre la tierra al individuo sin recursos y sin garantías para que gane su vida sirviendo al que quiere emplearlo y por el modo que le sea impuesto.»

Es cierto que la revolución francesa destruyó los gremios y los antiguos institutos, en los que el obrero no encontraba ni más garantía para su trabajo, ni más recursos en su vejez, ni más alivio en sus tribulaciones y miserias que la obtenida en los presentes tiempos; es cierto que, afirmando esencialmente el principio de libertad, borró los antiguos organismos y estableció la ley común bajo cuyo imperio han ganado en bienestar material y moral las clases obreras; es cierto que, destruidos aquellos organismos, deben ser sustituidos por otros nuevos para que puedan realizarse y cumplirse mejor los fines sociales: pero si esto es exacto, tampoco puede des-

(1) Sanz y Escartín.—La cuestión económica.
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conocerse que la evolución social fundada sobre la libertad individual no ha terminado: niégase, y en los días presentes nótase cierto recrudecimiento en este punto, la libertad de comercio; no es completa la libertad profesional; acéptase aún ingerencias inmotivadas del Estado. La evolución iniciada ha de terminar, y en ella han de basarse los nuevos institutos y organismos sociales. Pretender que éstos se funden en la destrucción de la libertad individual y en la autoridad, es negar el evidente progreso que los principios de aquella revolución han realizado, es retroceder, es volver á la evolución que determinó el crecimiento del poder real, representación entonces del Estado, y que si pudo ser conveniente y civilizadora en cuanto creaba la unidad nacional la ley común y destruía privilegios, hoy no tendría explicación posible.

La característica de los nuevos organismos ha de ser la iniciativa individual; el fondo sobre que han de dibujarse, la libertad. La armonía, la síntesis en que se han de fundir la fecunda iniciativa del individuo y la determinación de mayores energías sociales por la suma organizada de fuerzas, creedlo, Sres. Académicos, será, no obstante la reacción que hoy se reserva, la creación de institutos libremente formados y cuyo derecho en toda su extensión se garantice por el poder central. La ingerencia de éste en los primeros instantes puede deslumbrar por su resultado, nacido de la eficacia que toda fuerza social organizada tiene al dirigirse á un objeto; pero un análisis detenido enseña que no aumenta sino que destruye, las energías sociales; que en vez de contribuir al progreso, lo retrasa, destruyendo lo que es su principal impulso.

No es posible negar que el seguro obligatorio, suponiéndolo constituido á expensas del obrero, ataca la libertad de éste. No es entonces su propio impulso, su voluntad, lo que determina la previsión; es una fuerza extraña que le arranca una parte de su jornal, que le impone el ahorro. La previsión es un deber moral, no una exigencia jurídica, y al individuo,
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no al Estado, incumbe su cumplimiento. Sólo al hombre toca examinar hasta qué punto, con qué condiciones y en qué forma debe realizarlo: las circunstancias de cada individuo, de cada familia, son diferentes: al que las conoce cumple apreciarlas: tal vez la privación de parte del jornal sea en ocasiones un mal más grave que la omisión del seguro. Es cierto que la imprevisión ocasiona la desgracia en muchas familias; que en un día no se educa ni se eleva el sentido moral de las clases obreras. Pero el mal no se aminora en la sociedad, ya que extinguirlo no sea dable, sino lentamente y por medio de la educación que da el transcurso del tiempo: lo que ha de examinarse es si los procedimientos que para la reforma y mejora se siguen, contrariarán en vez de fomentar el progreso. Sustituir el juicio del Estado al criterio del individuo en el cumplimiento de los deberes morales, es destruir la libertad y la responsabilidad humanas, restando de la personalidad aquello que es más noble y elevado: la determinación libre y responsable de las acciones para el cumplimiento del fin moral. Si ha de imponer el Estado el cumplimiento del deber moral del ahorro y la previsión, ¿por qué no los demás deberes morales? ¿Es ese el único que el hombre tiene? Y si refiriéndonos al de la previsión, toca al Estado hacerlo cumplir, ¿por qué se limita á los obreros cuyo jornal no excede de cierta cifra? ¿Por qué exigirlo únicamente al que vive de un trabajo material? ¿Es sólo en esta clase donde la desgracia puede venir por la imprevisión del jefe de la familia? ¿Cuál es la razón de la ingerencia del Estado? ¿Es el cumplimiento del deber moral? ¿No existe éste en todas las clases sociales? ¿Es la desgracia individual? ¿No es igualmente sensible la de la familia que, acostumbrada al bienestar, tal vez al lujo, se encuentra por los azares de la vida víctima de la ruina y sumida en la miseria? ¿Qué razón motiva la exclusión de unas clases de la tutela y protección del Estado? ¿Qué es lo que justifica la limitación? A tales contradicciones se llega cuando se abandona la lógica y se procede, no por principios, sino por impresiones, por sentimientos
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que serán loables por su aspecto benéfico, pero que llevan ciegamente á medidas contrarias al concepto y fines del Estado y nocivas para las mismas clases que se intenta proteger.

Ni aun la idea de que el Estado cumple realizar los fines á que no alcanza la acción individual justifica la intervención del Estado; porque no es imposible, por más que en el día no alcance el desarrollo apetecido, la organización libre del seguro.

Las asociaciones de obreros creadas en los Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, para resistir en el caso de huelga é imponerse al capital, patentizan la posible asociación libre de las clases populares que, si se han organizado para aquellos fines, podrán hacerlo también para librarse de los riesgos del trabajo; y respecto á la cuestión que examino, vemos que en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Francia y en otras Naciones, han nacido institutos de previsión para las clases jornaleras, debidos á la iniciativa individual, y si no alcanzan mayor desarrollo es en parte debido á la tendencia de buscar en la forma obligatoria solución al problema, tendencia que contraria é impide el fomento de las asociaciones libres. La intervención del poder público destruye la iniciativa privada, y la institución oficial se opone al fomento de la particular. Citaré en apoyo de esta afirmación lo ocurrido en Alemania. Existían allí cajas libres que realizaban el seguro: al establecer el seguro obligatorio, se quiso respetarlas y hacerlas compatibles con los institutos oficiales; pero la ley de 15 de Junio de 1883 tuvo que atacar y destruir en parte la libertad propia de toda institución nacida de la iniciativa individual. No obstante las reclamaciones de los que entendían, con Hirsch, que tales medidas conducirían á la destrucción de las instituciones libres, el temor á la competencia hizo que fuesen sacrificadas. Lo ocurrido con motivo de la asistencia médica y facultativa (1)

(1) Véase el estudio de Maurice Bellon.—Boletín ya citado, Enero de 1891.
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demuestra la tendencia á destruir la autonomía, tendencia que confirma el proyecto de ley de 22 de Noviembre de 1890. ¿Cómo no habia de paralizarse y destruirse la iniciativa individual, al ver afirmarse por los socialistas, que las cajas libres gozaban de un privilegio, y que era forzoso hacerlas entrar en el derecho común? ¡El privilegio era la libertad; y á la reglamentación del Estado se llamaba el derecho común! En Austria se observa el mismo fenómeno: también la ley de 28 de Diciembre de 1887 contiene preceptos que limitan la libertad de las cajas privadas. ¿Qué extraño es que, en vez de crecer, se aminore la fundación de institutos libres en los cuales se hubiera encontrado una solución al problema, menos rápida, pero ciertamente más eficaz y provechosa que la ofrecida por la intervención oficial?

Lo argumentos expuestos se creerán quizá aplicables al caso en que se imponen al obrero el seguro y el pago de la prima, como sucede con el de la vejez en Alemania; pero no cuando la prima se satisface por el contratista ó empresario, que es la fórmula aceptada para el del riesgo profesional. En tal supuesto, se dirá, no se impone al obrero obligación alguna, se le dispensa un beneficio.

Tal beneficio es ilusorio: el más perjudicado por la ingénuica del Estado en estas cuestiones es el trabajador, él es quien en último término, en una ú otra forma, satisface el premio del seguro; y como son innegables las ventajas de los institutos libres respecto á los gastos, el aumento de éstos pesa sobre los asegurados. Lo he indicado ya: el riesgo es uno de los datos que intervienen en la determinación del salario. Si el contratista sufre el riesgo, el salario disminuirá en la parte que la prima del seguro represente. Para evitarlo tal vez se llegue á la fijación del jornal, á la intervención del poder público en el pacto del trabajo, que, al dejar de fundarse en la libertad, perderá su propio y genuino carácter, renaciendo los males tan lamentados en el pasado siglo. Contrariadas las leyes naturales, se impondrán por el fraude y la simulación, y los riesgos de éstos serán un nuevo gra-
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ficando las Corporaciones, Sociedades é individuos que remuneran el trabajo.

La responsabilidad es la obligación de indemnizar el mal causado, y la obligación supone un hecho anterior derivado de la libertad humana. El que por acción ó omisión ilícitas causa un daño, tiene el deber, exigible en derecho, de remediar sus consecuencias (1).

No responde únicamente el hombre de los males nacidos de su imprevisión ó de su falta: le alcanza también la responsabilidad de los actos realizados por personas que están en su guarda ó que de él dependen, y de los daños causados por los seres irracionales y aun por las cosas de su propiedad. En tales casos, la presunción de derecho es la de que el mal se debe á falta de cuidado y esmero, la de que, por leve que sea, existe culpa; siendo más justo que sufra el daño quien, aunque sin intención contribuyó á él que la víctima inocente del siniestro. El principio jurídico es, pues, el mismo; la obligación nace, bien del propósito punible ó de la omisión censurable, determinante directo del mal, bien de la falta de vigilancia que indirectamente lo ocasiona. Esta es la teoría generalmente admitida, y que, siguiendo la tradición romana, inspira los preceptos de los Códigos civiles y penales modernos. Con mayor ó menor extensión respecto á la responsabilidad de los actos ejecutados por agentes ó delegados, la vemos regir en aquellas naciones que, como Dinamarca, Hungría, Noruega, Rusia y Suecia, aplicando el derecho romano, se consigna en los Códigos francés, belga é italiano; amplíase, más en la expresión que en el concepto, en otros como el de Portugal (2); al mismo principio obedece la determinación especial del daño ocasionado por la máquina de vapor, propuesta por Laurent al proyecto de reforma del Código belga (3); idea consignada en el Código civil español, en

(1) Código civil, art. 1.902.
(2) Artículo 2.898.
(3) Artículo 1.137.—Véase también la teoría sostenida por Laurent respecto á esta responsabilidad en la obra Principes de droit civil.
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vamen, que al menos en una gran parte sufrirá el trabajo.

Y respecto al patrono, ¿en qué razón de justicia ó equidad puede fundarse el obligarle á soportar el seguro? Arranca, como ya he dicho, del error jurídico de suponer que el patrono ha de prestar el caso fortuito en el pacto del trabajo; y la injusticia de este error se aumenta obligándole á satisfacer la responsabilidad en la forma especial del pago del seguro, lo que es una nueva violación de su derecho. La responsabilidad del caso fortuito, si fuese justa, obligaría á indemnizar el accidente ocurrido; pero presumir la existencia de la desgracia y suponerla en una proporción dada, exigiendo previamente una cantidad para responder de acontecimientos de dudosa realización, podrá defenderse con argumentos derivados del equivocado supuesto de favorecer á las clases menesterosas, jamás con razones de derecho y de justicia.

Dos peligros ofrece para el patrono: el aumento en el precio de producción si artificialmente se evita la baja del jornal y la intervención del Estado en el régimen de la industria.

Si el seguro no determina la baja del jornal, será un gravamen sobre la industria y una rémora á la producción. El Doctor Beumer, en el informe presentado á la Asamblea de la Asociación para la defensa de los intereses económicos de Westphalia en 12 de Abril de 1890, da la voz de alerta, indica la necesidad de reformas en las leyes de seguros y pregunta si es prudente gravar la industria con tan crecidos gastos, especialmente si se presenta una crisis económica.

La intervención del Estado supone la fiscalización, la tutela, la inspección, que el patrono ha de rechazar.

«Nosotros, dice M. Buselle, Ingeniero Presidente de la Unión industrial de Lyon (1), queremos quedar libres y realizar nuestros negocios. La nueva legislación proclama el reconocimiento de un derecho en favor de las víctimas de los

(1) Gouner, id., p. 281.