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Hissén II al penetrar en el templo, en los días de su mayor esplendor.

Sabemos que en el ánimo del actual arquitecto encargado de la restauración, está la completa del trozo más interior de esta nave central; pero nos parece poco: despeje por completo de tantos inútiles miembros arquitectónicos la parte del trascoro, que tanto interrumpen las naves principales; reduzca en algo el tamaño del descomunal coro, aunque para ello tenga que sacrificar algún asiento de la tan injustamente célebre sillería; rehaga las gallardas series de arquerías de las naves centrales de la primitiva Aljama, y así quedará siquiera más visible el efecto verdaderamente soñado del plan de los Abder-ramanes, ya que tengamos que respetar el crucero, cuya demolición sería la más radical pero conveniente medida.

La gran mezquita Aljama de Córdoba, es pues, el monumento que más inmediata y relativamente menos costosa restauración demanda, y de esperar es le sea concedida por los centros encargados de promover y arbitrar los recursos necesarios para ello.

Algo se viene haciendo desde años anteriores, pero todavía no ha llegado á acometerse un plan completo; y urge sobre todo evitar inmediatamente la ruina de trozos de riquísima ornamentación exterior, que todos los años caen pulverizándose, al influjo de las inclemencias atmosféricas.

También esperamos pronto ver rehabilitada en su primitivo ser la interesante Dar-as-sadaca de la gran mezquita Aljama cordobesa.

N. SENTENACH.
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ACCIDENTES DEL TRABAJO (1)

(CONCLUSIÓN)

El razonamiento será exacto siempre que en la dirección de los trabajos, en el empleo de los materiales, en las órdenes dadas se cometa una falta origen del siniestro. Se comprende que se extienda la responsabilidad á todos los casos en que más ó menos directamente, por imprevisión ó por descuido, se ocasione daño. Establézcase, como lo hizo la ley de Hungría (2), que el patrono esté obligado á tomar todas las medidas necesarias á fin de proteger la salud y la vida de los obreros, y hágasele responsable si no las adopta; exíjasele igualmente la responsabilidad, como establece el Código Portugués (3), por los accidentes que por culpa suya ó de sus agentes ocurran, ya procedan de hechos, ya de omisiones, si los primeros fuesen contrarios á los reglamentos generales ó á los particulares de las obras, industrias ó empresas, y las segundas exigidas por dichos reglamentos: lléguese á lo prescrito en el art. 1.º de la ley inglesa (4); pero

(1) Véase el núm. 543 de esta REVISTA.
(2) Fecha 18 de Mayo de 1872.
(3) Artículo 2.398.
(4) Artículo 1.º Cuando un obrero sufre un daño:
    1.º Por cualquier defecto de la forma del trabajo ó del material empleado.
    2.º Por negligencia de cualquiera de los encargados por el patrono de dirigir los trabajos.
    3.º Por causa de cualquier persona empleada en el establecimiento
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desde el momento en que no hay culpa leve ni levisima, si se trata de un verdadero caso fortuito, de un hecho de imposible previsión é inevitable, aunque previsto, ¿en qué se funda la responsabilidad? Existe la obligación de vigilar é inspeccionar los trabajos, en buen hora; pero si la obligación se cumple y no obstante sobreviene la desgracia, ¿cómo puede alegarse aquel deber para exigir la indemnización del daño debido al azar? No, la nueva teoría carece de fundamento. Dígase que el derecho se sacrifica á otras ideas.

Un sentimiento equivocado—porque las nuevas tendencias perjudican á las mismas clases á que intentan favorecer—en pro de los obreros, un deseo de aminorar sus males, de mejorar su condición, como si esto dependiese sólo de la voluntad del legislador y no fuese la labor constante del progreso, ha movido á los defensores de la teoría del riesgo profesional; pero al sostenerlo tengan la franqueza de Luzzatti, quien después de afirmar las ventajas del seguro libre sobre el forzoso, temiendo que la ineficacia de aquél hiciera germinar la duda en su espíritu, exclamaba: «Perezcan los principios; pero salvemos la vida de los hombres que trabajan.» ¡Ah! para tal objeto el sacrificio de los principios es estéril.

V

Lo observado respecto á la responsabilidad sucede con el seguro obligatorio. No busquéis principio de derecho en que fundarlo; la legislación que lo establece no nace de una teo-

y á cuyas órdenes estaba el obrero en el momento del accidente, habiendo ocurrido éste precisamente por cumplir el obrero las órdenes que haya recibido.
4.º Por causa de cualquier empleado en el establecimiento; y que obraba conforme á los reglamentos formulados por el patrono, ó cumpliendo órdenes de cualquier delegado del mismo.
5.º Por negligencia de cualquier empleado encargado de hacer señales ó de dirigir trenes ó máquinas en una vía férrea.
El obrero que ha sufrido este daño, ó si ha muerto, su causa-habiente tiene igual derecho á indemnización que una persona extraña.
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ría jurídica sino de una cuestión social; los mismos que lo defienden así lo reconocen; al querer establecerlo en Italia, M. Chimiri decla que era «una justa transacción entre los principios de derecho, basados en el concepto jurídico de la responsabilidad, y las necesidades sociales, creadas por la industria moderna;» reconocía que «se da preferencia á las consideraciones sociales sobre las jurídicas,» y añadía «que los nuevos fenómenos sociales obligan al derecho público, sujeto también á la evolución, á perder la rigidez de sus principios para adaptarse á las imperiosas y crecientes necesidades de la práctica.»

En realidad el seguro obligatorio nace de la idea de ser el patrono responsable del caso fortuito y del deseo de evitar la ineficacia de tal declaración.

En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ministro de Comercio é Industria de Francia el 28 de Junio de 1890, antes citado, se lee: «Después de establecer reglas nuevas, es necesario no retroceder delante de medidas que son inevitable consecuencia y sin las cuales la ley sería una vana declaración de principios. Después de reconocer á los obreros víctimas de accidentes el derecho á la indemnización, no basta reglamentar las compañías privadas de seguros contra los accidentes, ni aun organizar una institución del Estado en concurrencia con esas compañías, no basta facilitar el seguro por un conjunto de ingeniosas medidas; es necesario hacerlo obligatorio, tanto en interés de los patronos como en el de los obreros. Dejar á los patronos la libertad de no asegurar, sería, en efecto, falsear el principio de responsabilidad establecido en la ley.»

Forzoso es confesar el éxito obtenido por estas ideas. El seguro obligatorio se ha consignado en la legislación de algunos países y se observa en otros una marcada tendencia á su adopción. Lo vemos ya admitido y funcionando en Alemania y en Austria. En Alemania el gran desarrollo industrial, de actividad y de especulación, posterior á la indemnización obtenida en Francia, fué seguido, después de 1880,
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por la crisis, lógica consecuencia de haberse alterado artificialmente las condiciones económicas de aquel mercado. El malestar de las clases trabajadoras fué grande, sus quejas muchas; y el Príncipe de Bismarck creyó en la conveniencia de abandonar el camino de la iniciativa individual, que había empezado á mostrarse con la creación de bancos populares (1), sociedades de asistencia mutua y asociaciones profesionales.

No considerándose suficiente para el seguro las instituciones libremente organizadas, quiso imponerse el sentimiento de previsión. En 1881 se indicaba ya por el Emperador Guillermo I el propósito de intervenir en la cuestión obrera, y pronto tal idea tomó vida en la legislación positiva con las leyes de 1883, 84, 88 y 89, relativas al seguro para los casos de enfermedad, accidentes del trabajo y vejez, continuando después este plan de tutela del Estado las proposiciones presentadas al Congreso internacional de Berlín.

Viniendo al objeto que hoy estudio, se ve que la ley de 6 de Julio de 1884 descansa en tres principios: el seguro obligatorio, el pago de éste por los empresarios y la vigilancia del Estado.

En las industrias comprendidas en dicha ley y en aquellas á que se ha extendido por la de 28 de Mayo de 1885, es obligatorio el seguro para los obreros ó empleados cuyo salario es menor de 2.000 marcos (2). La indemnización por causa de accidente sólo se abona si por consecuencia del mismo se prolonga la incapacidad para el trabajo por más de trece semanas: si es por menos tiempo, se aplica el seguro de enfermedad (3); y sólo cuando éste no alcanza á los dos tercios del salario, se completa desde la quinta semana

(1) Se habían organizado ya en 1869 bajo los auspicios de Schulze-Delitzsch; puede verse acerca de estos institutos y los de Raiffeisen. Le crédit agricole en France et à l'étranger, por M. Louis Durand, 1891.
(2) Dos mil quinientas pesetas.
(3) En el seguro de enfermedad, si bien adelanta el seguro el contratista, se reintegra de los dos tercios reteniéndolos del salario del obrero.
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á cargo del seguro por accidente. Desde la semana décima-cuarta se abonan al obrero los gastos de curación y una pensión mientras dura la incapacidad, que varía según el grado de la misma y el salario y que no puede exceder de los dos tercios de éste aun en el caso de incapacidad completa. Si el accidente determina la muerte, bien en el acto, bien después de un período de enfermedad, la indemnización consiste en una suma igual á veinte días de jornal y una pensión para la viuda y los huérfanos que no ha de exceder del 60 por 100 del salario. Las asociaciones profesionales son las que realizan este sistema bajo la vigilancia de una Junta, compuesta de un Presidente y tres miembros vitalicios, nombrados por el Emperador, á propuesta del Consejo federal, y ocho miembros nombrados por cuatro años, cuatro por el Consejo federal, dos por las asociaciones profesionales y dos por los obreros. El Estado soporta las cargas del contratista respecto á los obreros de Correos, Telégrafos, Caminos de hierro y otros análogos.

En Austria la legislación común, que sólo imponía al empresario la responsabilidad del accidente si había falta probada, se ha modificado respecto á la gran industria (1) por la ley de 28 de Diciembre de 1887. Se funda también en el seguro obligatorio sobre la base de la mutualidad y del sistema regional, en vez del corporativo que domina más en Alemania y que sólo se admite por excepción y con autorización del Gobierno.

Los patronos tienen que abonar las primas del seguro, reintegrando los obreros un 10 por 100. El obrero herido recibe una pensión del 60 por 100 del salario durante cinco semanas ó el tiempo que dura la incapacidad. Si ésta no es completa, la pensión es menor. En caso de muerte, además de los gastos de entierro, se abona á la viuda y huérfanos una pensión, cuyo máximo es el 50 por 100 del salario.

Además de estos países, hay otros en que se notan ten-

(1) El decreto de 18 de Julio de 1883 fija las reglas para determinar los establecimientos que forman la gran industria.
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dencias más ó menos acentuadas á dar solución á la cuestión de los accidentes por medio del seguro, si bien en unos, como en Suiza, Italia, Suecia y Noruega, se quiere establecer el seguro obligatorio, y en otros, como en Francia, Hungría y Bélgica, se intenta el seguro oficial, ó al menos el auxilio del Estado, para el seguro libremente admitido por el obrero.

El art. 34 de la Constitución Suiza concede á la Confederación el derecho de establecer prescripciones uniformes sobre el trabajo de los menores en las fábricas, sobre la duración del trabajo de los adultos y sobre la protección que debe concederse á los obreros en las industrias malsanas y peligrosas; y no obstante el desarrollo dado á dicho artículo por la ley de 23 de Marzo de 1877, que en su artículo 5.º establece el principio de la responsabilidad de los patronos, y las leyes de 25 de Junio de 1881 y 26 de Abril de 1887, no se ha llegado todavía al seguro obligatorio; pero se ha aceptado en principio. En 1886 y 1887 el Consejo nacional invitó al Consejo federal á buscar el medio de establecer un seguro general y obligatorio de los obreros contra los accidentes. El Consejo federal, en consecuencia, propuso en 1889 adicionar la Constitución con un artículo (34 bis), concebido así: «La Confederación tiene el derecho de establecer por ley el seguro obligatorio contra los accidentes. Podrá también legislar en materia de seguros contra las enfermedades y hacer obligatoria para todos los obreros la adscripción á una caja de esta clase.» Pero este proyecto sufrió modificación, quedando redactado en la forma siguiente, que es la aceptada por el voto popular en 26 de Octubre de 1890: «La Confederación establecerá por ley el seguro contra las enfermedades y los accidentes, contando con las cajas de seguros existentes. Puede declarar la participación en estos seguros obligatorios en general ó por categorías determinadas de ciudadanos (1) para fundar una caja nacional para el seguro de los obreros contra los accidentes.»

(1) Boletín, Junio 90, p. 237, y Diciembre 90, p. 531.
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En Italia se realizó un convenio en 1883 entre el Gobierno y varios institutos de crédito y previsión, para fundar una caja nacional contra los accidentes del trabajo, caja que á los siete años de establecida contaba con 120.000 obreros asegurados (1). En el mismo año Berti, Ministro de Agricultura, presentó un proyecto de ley basado en el cambio de la prueba y en la responsabilidad de los patronos, proyecto que fué sustituido por otro presentado por Miceli (2) establecido el seguro obligatorio, cuya prima debía satisfacerse, nueve décimas por los patronos y un décimo por los obreros; pero el artículo relativo á este extremo (3) fué suprimido por la Cámara de Diputados, que en el seguro contra los accidentes impuso al patrono el total pago de la prima, idea que se conserva en el nuevo proyecto presentado por el Ministro Chimiri en 13 de Abril del año actual.

Creada en Suecia una Comisión en 1884 para estudiar el medio de prevenir é indemnizar los accidentes del trabajo, presentó varios proyectos: uno que llegó á ser ley (4), proponiendo minuciosas medidas preventivas, otro sobre el seguro obligatorio, y otro creando una caja pública para asegurar los accidentes del trabajo. El seguro para la enfermedad se dejaba á la iniciativa de los interesados, limitándose á ciertas medidas relativas á las compañías aseguradoras; se establecía el seguro obligatorio para la vejez á expensas de los interesados, aunque con algunas subvenciones locales y del Estado; y respecto á los accidentes, se proponia el seguro obligatorio pagado por los patronos, idea admitida en el proyecto de ley que acerca de este punto presentó el Gobierno en 12 de Marzo de 1889.

En Noruega existen algunas disposiciones especiales que imponen á los contratistas en ciertas industrias (minas, fe-

(1) Preámbulo del proyecto de ley de 13 Abril de 1891, sobre el seguro obligatorio.
(2) En 8 de Febrero de 1890.
(3) Artículo 9.º
(4) En 10 de Mayo de 1889.
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rrocarriles y otras) la obligación de dar pequeños socorros á las víctimas de accidentes del trabajo, y el Estado subvenciona cajas de auxilio en sus establecimientos; por regla general, los patronos no son responsables sino de los accidentes en que hay falta; pero la influencia de las nuevas ideas se ha demostrado en el proyecto de ley estableciendo el seguro obligatorio (1) y en los acuerdos del Congreso obrero reunido en Stokolmo en 1890, una de cuyas conclusiones fué la de los seguros con el concurso del Estado.

El seguro oficial lo vemos propuesto en Francia. Al proyecto presentado por M. Lolkroy en 1886, basado en la doctrina del riesgo profesional; al de M. Jules Roche (2), que establecía el seguro sobre la base de la mutualidad, ha seguido el firmado por M. Constans y por M. Rouvier (3), relativo á la creación de una caja nacional de retiros á los obreros, proyecto que faculta al obrero para declarar ante el Alcalde su propósito de no utilizar los beneficios de la ley, y que para los trabajadores cuyo salario sea menor de 3.000 francos crea el seguro oficial, reteniéndose la prima de 5 á 10 céntimos por día laborable del jornal del obrero, aumentándose con otra suma igual abonada por el patrono y completándose con 10 céntimos por día laborable que por cada obrero extranjero deben pagar los que los ocupen, y con entregas hechas por el Estado. Pero según con reiteración expresan los autores del proyecto, éste se basa en el principio de la libertad de aceptar ó no el seguro.

Como ejemplo de auxilio prestado por el Estado puede citarse Bélgica y Hungría.

En Bélgica existe el seguro particular, ya como consecuencia de la obligación impuesta en las concesiones mineras, ya por iniciativa de los empresarios; y la ley de 21 de Julio de 1890, debida al deseo expresado por el Rey con mo-

(1) Puede verse este proyecto en el Recueil de rapports sur les conditions du travail: Suede et Norvege.—París, 1890.
(2) Fecha 28 de Junio 1890.
(3) Fecha 6 de Junio del corriente año.
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ACCIDENTES DEL TRABAJO

La inspección debidamente organizada, á la vez que cumple su principal fin de vigilar por que se guarden los preceptos relativos á la seguridad é higiene, es un medio de determinar en cada caso concreto la responsabilidad, examinando los inspectores, á raíz de todo siniestro, sus circunstancias y causas, y es además un elemento de progreso por las propuestas de medidas preventivas, para las cuales da á los agentes indiscutible competencia el conocimiento práctico adquirido en el ejercicio de su cargo, que les permite apreciar los motivos más frecuentes de daños y los medios más adecuados de prevenirlos; propuestas de gran utilidad para corregir nocivos usos y costumbres peligrosas.

Reglamentar, pues, desde el punto de vista de la higiene y seguridad, el ejercicio de la industria; favorecer y estimular los trabajos privados y vigilar por el cumplimiento de la ley, son los deberes del Gobierno respecto á la prevención de los accidentes.

IV

Si en lo relativo á ser función propia del Estado garantir la seguridad, dictar leyes de policía é imponer á la industria medidas de precaución hay conformidad de opiniones, ó pequeña divergencia al menos, no sucede lo mismo respecto á la responsabilidad.

Los publicistas sostienen teorías contradictorias, y las naciones fundan la legislación positiva en opuestos principios. Libran ruda batalla los partidarios de la moderna teoría del riesgo profesional con los mantenedores de la antigua idea del derecho, que limita á los casos de negligencia ó culpa la responsabilidad de los patronos; permitáseme el uso de esta frase, que se encuentra ya en documentos oficiales (1), signi-

(1) Proyecto de ley de inválidos del trabajo, citado anteriormente.
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tivo de las fiestas del vigésimoquinto aniversario de su advenimiento al Trono, ha organizado una Sociedad de seguros contra los accidentes del trabajo, dotada por el Tesoro público con dos millones de francos; pero, como se expresa en la Carta del Rey, allí «no se trata de sustituirse á la iniciativa privada ni al espíritu de caridad; que será siempre más fecundo que todas las instituciones oficiales.» «Es, dice, un papel auxiliar, tal vez un estimulante eficaz, el que quisiera ver en la nueva caja.»

Hungría ha organizado el seguro en las minas é industrias que explota el Estado sobre la base de abonar los asegurados el precio del seguro, supliendo el Estado la mitad de las cantidades necesarias para las obligaciones en caso de insuficiencia y adelantando la otra mitad sin interés. Para los accidentes del trabajo existen sociedades especiales.

No puede, pues, desconocerse la tendencia moderna en pro del seguro obligatorio; y al ver la corriente de opinión formada en este sentido, al encontrar admitida la idea por capitalistas y fabricantes (1), deseosos de evitar litigios y de ofrecer á la vez seguridad y garantía á sus operarios, germinan en el espíritu la duda; pero si se medita acerca de las razones alegadas por sus defensores (2), se adquiere el convencimiento de que su base jurídica es deleznable, y de que como institución social, á cambio de resultados que cautivan por lo inmediatos, ofrece para el porvenir graves peligros.

El seguro es ciertamente el medio más eficaz de evitar, en el orden económico, las consecuencias del siniestro para el obrero y su familia; por él, la indemnización del riesgo se reparte entre varios, haciéndose menos sensible; por un pe-

(1) En el Congreso de industriales reunido en París en 1888, en el que estuvieron representados más de 25.000, se acordó casi por unanimidad; cinco votos sólo faltaron, aceptar el seguro obligatorio, si bien con dos condiciones: la participación de los obreros en el pago y la libertad en los patronos de elegir el instituto asegurador.

(2) La discusión sostenida en el Congreso internacional de Berna celebrado á fines de Septiembre último, demuestra que si bien se entiende por todos que el seguro es la solución más eficaz, se dividen las opiniones al determinar si ha de ser libre, obligatorio ó oficial.
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queño sacrificio adquiere el obrero la tranquilidad de que, si perece víctima de un siniestro, su viuda y sus hijos no tendrán que sumar al dolor de la viudez y la orfandad los trabajos de la miseria. El seguro es el ahorro para el día de la desgracia; pero ahorro que se centuplica por medio de la asociación y logra lo que la acción individual no alcanza. Podrá el ahorro, sobre todo si se facilita la colocación de pequeños capitales, ser un remedio contra la miseria en la vejez; pero no es eficaz contra un accidente incierto, posible en cada hora, ocurrido tal vez en la edad en que la previsión más grande no ha podido constituir una modesta fortuna. Pero aquí nace ya la cuestión. ¿Débe ser obligatorio para el obrero el seguro? ¿Debe el Estado imponer la formación de institutos ó sociedades aseguradoras, obligando á inscribirse en ellas á los trabajadores? Los gastos que el seguro ocasiona, ¿son de cuenta del obrero? ¿Lo son del propietario ó industrial? ¿Son, por último, gastos que deban figurar en el presupuesto del Estado? He aquí las principales cuestiones que con motivo del seguro se presentan, y en las que la lucha entre socialistas é individualistas se muestra más enconada y dura.

No nace, sin embargo, el movimiento moderno en pro del seguro obligatorio de la antigua escuela socialista, no; vencida ésta en la teoría, demostrados sus errores, ha sufrido una transformación, y el socialismo de cátedra, á que algunos quieren llamar escuela realista, ha venido á ocupar su lugar, abandonando antiguas y utópicas exageraciones, dando á sus doctrinas una forma más práctica, ha influido, especialmente en Alemania y Austria, en la moderna legislación relativa á las clases obreras.

Sepárase la nueva escuela de la socialista antigua y del colectivismo moderno, pretendiendo conservar el espíritu de libertad, la iniciativa individual y la propiedad privada; pero no acepta los principios de la escuela economista y da al Estado atribuciones que no le son propias, haciéndole intervenir en la vida económica de los pueblos, no sólo con la