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No figura entre aquéllos, L'Economiste français, ni entre los escritores que mojan la pluma en la tinta del odio, Mr. Paul Leroy Beaulieu. Por eso un ilustre publicista que ocupa alto puesto en el ministerio de Hacienda, ha contestado á un artículo que aquel escritor acaba de publicar en la Revista citada, refutación tan vigorosa, tan clara y tan contundente que gustosos vamos á reproducir.

«Es sensible, dice nuestro compatriota, que el escritor francés, ya que no conozca el Libro rojo, no haya leído con cuidado los 47 despachos que contiene el Libro amarillo relativos á las accidentadas negociaciones para el concierto provisional con España. Si tal hubiese hecho, antes de arriesgar tan atrevidos é injustos juicios, habriase convencido de las vacilaciones y de los cambios del Gobierno vecino en el curso de las negociaciones, y también de los vivos deseos de llegar á un acuerdo, siquiera de corta duración, revelados por el Gobierno español, cuyas sucesivas concesiones á Francia llegaron hasta un límite que sus adversarios califican de excesiva humildad. ¡Y aun se le acusa de arrogancias!

Sólo con que el ilustrado ministro de Negocios Extranjeros de Francia hubiese guardado para España una parte de las consideraciones y de las promesas que para Bélgica y para Suiza ha tenido, según se desprende del Libro amarillo, el concierto habría sido fácil, y en pocas horas se hubiese cerrado. Pero, sin que juzguemos intenciones ajenas, los hechos y los números prueban bien que, si ha habido arrogancias, ciertamente no han salido de España, que conoce demasiado su situación para manifestar que no tiene orgullos ni desfallecimientos que no siente.

Tres argumentos añade el fecundo escritor á aquel erróneo juicio, y, por ser tan repetidos más allá del Pirineo, bien merecen que les dediquemos algunas líneas, por vía de rectificación, sin la esperanza de ser escuchados, siquiera tengamos la seguridad de ser leídos. Porque bien conocido es nuestro refrán: «No hay peor sordo...», y, en el caso presente, un equivocado concepto de la España actual cierra á cal y can-
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to los oidos del estimable profesor de Hacienda pública.

Suponen los franceses que nuestro Arancel nuevo es mucho más elevado que su tarifa, y el Sr. Leroy hasta lo supone prohibitivo. Al final del Libro rojo, en unos cuadros estadísticos muy elocuentes, se halla la refutación de este crasísimo error, ya rechazado en el texto del despacho núm. 33 del Libro amarillo. Aplicando al comercio actual entre España y Francia las respectivas tarifas máxima y mínima de los nuevos Aranceles, he aquí cual sería el resultado, esto es, qué cantidad pagamos por derechos y cuál tendríamos que abonar con los nuevos Aranceles:

    CONCEPTOS
    Derechos por el Arancel anterior.
    DERECHO POR LOS NUEVOS ARANCELES.
    DIFERENCIA EN MÁS POR LA TARIFA

    Pesetas.

    Máxima. Pesetas.
    Minima. Pesetas.
    Máxima. Pesetas.
    Minima. Pesetas.

    Exportación de España á Francia.
    18.007.220

    189.662.898
    97.506.806
    121.656.673
    79.499.586

    Importación de Francia á España
    15.362.912

    38.512.995
    31.086.670
    23.150.068
    16.278.758

¿Cuál es la tarifa más alta y más prohibitiva: la francesa, que recarga los productos españoles en 121 millones de pesetas, ó la española, que sólo aumentaría los derechos de los franceses en 23 millones?

Además, nótese que, según el tratado roto por la voluntad de Francia en 1.º del actual, los artículos españoles pagaban el 6,18 por 100 de su valor á su entrada en Aduana, y ahora pagarán el 47,56 por 100, según tarifa máxima. En cambio, los importados de Francia pagaban en España el 10,06 por 100, y ahora abonarán el 25,28 por 100, según tarifa máxima. De modo que Francia ha aumentado en 8 veces su tarifa máxima, y España tan sólo en 2 1/2 veces. ¿De qué parte están, si los hay, la prohibición, la intransigencia y el orgullo? Estos números no se pueden destruir con palabras ni con discursos.
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Segundo argumento.—La tarifa nueva para los vinos es la más baja de Europa; luego no se pueden quejar los españoles.—Podríamos devolver el argumento, diciendo lo mismo respecto de los artículos que á Francia interesan; pero preferimos examinarlo en sí mismo. Tiene dos aspectos: el relativo y el absoluto. Nuestros vinos hasta 15º pagaban 2 francos por hectolitro. Ahora pagarán 18,24 francos por la tarifa que nos aplican; esto es, el 91 por 100 más que antes. Tal es la medida de relación, cuya arrogancia no necesita otra glosa que la cifra misma.

Este salto brusco, violento, desconocido en la historia arancelaria, que castiga duramente un artículo de nuestra exportación representado por el 71,53 por 100 del total de ella, es completamente arbitrario y caprichoso. ¿Ha aumentado el valor de los vinos que exportamos desde 1887 á 1890? No. ¿Ha aumentado la cosecha de Francia durante ese período, y basta ya para las necesidades de su consumo y de su exportación? Tampoco. Pues si no tiene intereses propios que proteger (porque no es de suponer que quiera fomentar la producción de vinos artificiales), y no se ha alterado el valor de la mercancía, ¿qué razón ha tenido el Gobierno francés para aumentar, con ensanchamiento, el derecho de esos vinos, que constituyen una primera materia para el acreditado comercio de caldos de Francia? Todos conocemos la respuesta á esta pregunta; pero el señor Leroy Beaulieu la callará por justo y natural patriotismo: nosotros la omitimos por cortés prudencia.

Demostrado que no ha habido razón alguna para tan acentuada elevación de derechos, examinémoslos en sí mismos. Tratárase de vinos hechos, de vinos que, como el Jerez, ó el Montilla, ó el Benicarló, van directamente á la mesa y al consumo, y la comparación con los tipos arancelarios de otras naciones podría admitirse. El valor de estos vinos, no ya sólo los blancos y generosos, sino los rojos comunes que Francia exporta, alcanza un término medio de 225 á 250 francos el hectolitro en botellas, según la valoración oficial
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francesa. El derecho representa el 7,30 por 100 de la mercancía. Pero los modestos vinos españoles, que forman el más grueso contingente de los 7 millones de hectolitros que enviamos á Francia, apenas si cuestan á 18 y 20 pesetas el hectolitro, de modo que el nuevo derecho representa casi el 100 por 100 del valor de la mercancía. ¿Es justo, es razonable, es científico aplicar á tan distinta clase de vinos el mismo derecho? ¿Ni puede decirse, con seriedad, que un derecho abrumador de 100 por 100 es el más bajo de Europa? ¡Cuántas argucias para defender el error!

Tercer argumento.—España ha sacado de Francia, en diez años, 3.911 millones de pesetas por vinos, mientras que de Francia no ha venido á España más que por valor de 1.653 millones de francos en el mismo período. «Luego—ésta es la conclusión de nuestros adversarios—el concierto con Francia es más conveniente, es más necesario á España, y ya buscará los medios de hacernos concesiones para renunciar el tratado».

Parecerá, á cualquiera que no esté al corriente de estos asuntos, que Francia, por amor platónico á nuestro país, nos ha hecho la caridad de aceptar 65.651.000 hectolitros de vino en diez años, y nos ha regalado los 1.640 millones de pesetas que, á 25 francos por término medio, ha pagado por ellos.

Cansada ahora de esos enamoramientos, nos retira la pensión. Pues no hay nada de eso. En la apreciación del comercio internacional hay materia de estudio, no sólo en las cantidades y los valores, sino también, y muy principalmente, en la índole y calidad de los productos cambiados. Nuestro comercio con Francia se compone casi con exclusión de otros artículos, de vinos de coupage y de minerales, esto es, de materias primeras que alimentan las poderosas industrias y el copioso comercio de nuestra vecina; elementos de riqueza que, con sus capitales y su industriosa actividad, hace valer mucho comprándolos por poco, fuentes de prosperidad para la riqueza nacional de Francia.
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En cambio, las mercancías que en ella importamos son productos ya elaborados de los que pasan directamente al consumo, de esos que sirven sólo para extraer valores y no para producirlos, elementos que se pagan con el ahorro patrio. De modo que ambas corrientes, las de exportación de nuestras materias primeras y la de importación de sus productos elaborados, son ambas beneficiosas á Francia, porque las dos le proporcionan riqueza directa ó riqueza indirecta.

Si el señor Leroy Beaulieu, cuyo nombre es respetado allí donde hay amantes del saber financiero, pudiera algún día despojarse de sus desdichosos prejuicios contra España, reconocería que las relaciones con Francia, interesando á ambas, son más útiles para aquélla por efecto de la superioridad industrial, económica y mercantil que sería insigne puerilidad negarle.

Entonces vería el ilustre escritor que, gracias á los 1.640 millones de pesetas en vinos comprados á España, ha podido Francia consumir 30 millones anuales de hectolitros y exportar 2.400.000 hectolitros, que, contando al precio inferior de 150 francos los 25 millones de hectolitros exportados en los diez años, y á 60 francos los 300 millones consumidos en el país, resulta un ingreso para Francia de 21.600 millones de francos, en cuya suma no es exagerado suponer que los 1.640 millones de pesetas enviados á España se han convertido para Francia en 6.000 millones de francos.

Reflexionando sobre estos números, comprendería y confesaría imparcialmente el sabio profesor que los beneficios del tratado pueden ser mutuos, pero más inmediatamente y en mayor cantidad provechosos para Francia, y sólo desvaneciéndose las nubes de su injustificada prevención contra un país cuyo ahorro toma, hace años, el camino de los Pirineos, emplearía su indisputable competencia en aconsejar y en auxiliar la unión comercial, sincera y equitativa de ambas naciones, más que vecinas, hermanas.

Con esta política simpática y más útil que la política del aislamiento, precursora de la guerra económica, se evitaría
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que, en un porvenir no remoto, después de algunos años de naturales privaciones, que un pueblo tan resignado y tan sobrio como el español sufriría sin excesivo sacrificio, hallara Francia en sus mercados exteriores un competidor más, y no despreciable, que le disputaría, en compañía de importantísimos amigos, la escogida clientela, que hoy alimenta, sostiene y desarrolla las producciones agrícolas e industriales de la todavía próspera y poderosa Francia.

Parécenos que después de esta brillante y vigorosa impugnación de las ideas sostenidas por Mr. Paul Leroy de Beaulieu, nada hay que añadir. Con ello ha demostrado el distinguido Sr. Navarro Reverter, pues suyas son las observaciones que hemos transcrito, cuan á fondo conoce el estado económico y financiero de nuestro país, y con cuanta injusticia nos tratan los publicistas de allende los Pirineos.

* *

El proyecto de ley de clases pasivas de Ultramar, ha suscitado, como todo lo que tiende á realizar grandes economías, algunas protestas, y hasta ataques personales, al ministro que lo suscribe, y que éste rechazó con tanta dignidad como energía. Es verdaderamente curioso lo que ocurre. Los mismos periódicos que han venido censurando al digno señor ministro de Ultramar por la que llamaban «su intransigencia» se revuelven hoy, poco menos que furiosos contra él, porque, al ver que se respetan los dos principios esenciales en que su proyecto descansa, cede en lo demás, oyendo la voz del patriotismo, que á todos llama á la concordia, y los consejos de su dictamen, que no le pide sacrificio alguno de amor propio, como falsamente dicen varios colegas, aunque, si lo pidiese, de fijo que lo haría.

Alabanza sincera, no vituperio, merece tal proceder, natural en los hombres de Gobierno y en los espíritus superiores que luchan, no por menguadas satisfacciones personales,
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sino por algo que está sobre las pequeñeces de los partidos. Lo que llaman vencimiento del Sr. Romero Robledo, constituye precisamente su victoria. Y esto no lo decimos sin reflexionarlo: lo vamos á demostrar con textos vivos, con el preámbulo del proyecto de la ley y con períodos de los eloquentísimos discursos que han pronunciado los Sres. Azcárraga, ministro de Ultramar y presidente del Consejo.

¿Quién se atreverá á decir que el Sr. Romero Robledo no habló de respetar los hechos consumados, á más de los derechos legítimos, si justamente sobre ese concepto vital giró su obra, que no han querido entender sus detractores? ¿Cómo se atreven á decir que el presidente del Consejo inventó esas teorías é hizo tabla rasa del proyecto, sí, conforme en lo sustancial con Gobierno, mayoría y minoría, insinuó la fórmula de honrada transacción con la cual está conforme el Sr. Romero Robledo?

No es lícito, cuando surge un debate que acalora las pasiones; cuando se trata de realizar una economía considerable; cuando se cierra la puerta á abusos inveterados y á transgresiones de ley, levantar censuras sin motivo ni suponer afirmaciones que no se han hecho. Vamos á las pruebas, que así es como deben discutirse estos asuntos.

En el preámbulo del proyecto del Sr. Romero Robledo se dice textualmente lo que sigue:

«Al volver la vista al pasado, ó al fijarla en los hechos que se ostentan como derechos adquiridos, acude á la mente gran número de notorias contradicciones ó de grandes injusticias. No piensa eliminarlas el ministro que suscribe. Ellas revelan abusos, hoy irremediables, que, después de impedir su repetición, deben caer en el más completo olvido.»

¿No es esto reconocer los derechos adquiridos? ¿No es esto pasar sobre los hechos consumados? ¿Cuál es la contradicción de que se habla, con más ligereza que buena fe? Nosotros oponemos textos vivos á invenciones que no disculpa ni la sutileza de alguna frase aislada. Y como gustamos de ser serios, por eso hallamos inconcebible que personas formales
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forjen tantas historias como circulan sin parar mientes en la realidad de las cosas.

Aqui está la raíz de la contienda: vamos á su desenvolvimiento.

Planteado el debate en las Cortes, impugnaronle briosa-mente los señores general Ochando, Laserna, Orozco, Ruiz del Arbol y García Alix, contestando á todos, de una manera gallarda, el señor ministro de Ultramar que ha rayado en to-das estas discusiones á grandísima altura. El estudio compa-rativo que hizo de toda nuestra legislación desde 1886 á 1888; las pruebas irrefutables que ofreció á la Cámara, de los gran-des abusos que se habían tolerado y de las grandes injusticias que se habían cometido reconociendo pensiones por Ultramar, á personas que ni conocían aquellas provincias de vista, ni podían comprenderse en ninguna disposición legal; la admira-ble claridad con que expuso la verdadera teoría sobre lo que son derechos legítimos, derechos adquiridos y derechos otor-gados con la invocación de textos que nadie pudo rebatirle, todo esto satisfizo, como no podía menos de satisfacer, al dig-no señor Romero Robledo, y contento con triunfo tan solem-ne ni quiso abusar de su victoria ni sostenerse en un terreno verdaderamente inaccesible para su adversario.

Hombre de gobierno, pulsó los latidos de la opinión, vió que había elementos que pudieran explotar los vejámenes que siempre producen estas reparaciones legales, y se prestó á transigir cuando se convenció de que nadie se le quería im-poner. A esto respondió el magnífico debate en que para pre-parar una fórmula de transacción, hablaron los señores ge-neral Azcárraga, el propio ministro de Ultramar y el presi-dente del Consejo.

He aquí lo más interesante de sus discursos.

Decía el señor ministro de la Guerra:

•El respeto á los derechos de los que están en posesión de ellos, de los que están en sus casas retirados, creo que lo de-sean los señores de enfrente, como lo deseamos todos. En esto estamos de acuerdo.
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En la necesidad de que no siga la libertad con que hasta ahora se han concedido derechos pasivos, también me parece que estamos conformes; es decir, que los derechos que en lo sucesivo se otorguen se entienda que han de ser siempre sobre la base de que en la Península se cobre como en la Península y en Ultramar como en Ultramar. Queda un tercer punto, que es en el que acaso los señores que han hecho la oposición al proyecto no se hallan de acuerdo con el Gobierno y con la Comisión, cual es el respeto á las opciones de los que, hallándose sirviendo, pudieran todavía alcanzar ciertos derechos, porque se pide que á éstos se les siga aplicando las disposiciones vigentes para que puedan cobrar en la Península, ya el doble, ya el tercio, etc., de los haberes que se les declaren por sus servicios en Ultramar.

Muchas leyes se han hecho que se han aplicado desde el primer momento, sin tener en consideración el respeto á los derechos adquiridos en la forma en que ahora se pide.

Así, pues, creo que con un poco de buena voluntad todos, podremos entendernos perfectamente y aprobarse el proyecto con algunas otras ligeras modificaciones, que no creo que el Gobierno ni la Comisión tenga inconveniente en aceptar, porque no afectan á la esencia económica del proyecto.»

De cuyas declaraciones se deduce: que el señor general Azcárraga desea que se respeten los hechos que se consumaron, y que sólo para lo sucesivo rija la ley; es decir, que no tenga efecto retroactivo y que los retirados cobren en la Península como en la Península y en Ultramar como en Ultramar. Pues esa es una de las bases del proyecto que se discute y he aquí una victoria del Sr. Romero Robledo.

Habló éste enseguida para contestar al Sr. García Alix, y después de declarar que no se había invocado texto alguno contra los que él diera á conocer, ni se le había demostrado que hubiese lesión de intereses legítimos en su obra, hizo estas rotundas afirmaciones:

«Jamás consentiré, bajo la frase de derechos adquiridos, el goce en la Península de peso por escudo, porque entiendo
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económica de Alemania? Ya lo habéis visto, ya lo he dicho astes: política de odio, de terror y hasta de rencor contra la economía y contra el principio de libertad.

Allí el Estado es el que se eleva, el que sube, para dominar á los individuos; allí, los mismos partidarios de las doctrinas smitianas, como el ilustre Rau, conceden al Estado un predominio extraordinario, y todos los partidos, el conservador, el católico y el protestante, y hasta el antiguo Canciller y el nuevo Emperador, se declaran, sin ambajes ni rodeos, socialistas, para conquistar el apoyo de las muchedumbres, creyendo, sin duda, que por ese camino podrán dirigirlas, y llevarlas á la solución de los problemas planteados.

La reciente y famosa Conferencia de Berlín, que constituye un fracaso ruidoso, ha servido, para que inaugure su imperio Guillermo II. Este Emperador se manifiesta como un perfecto y acabado socialista. Bien lo demuestran los trabajos publicados, no hace mucho tiempo, por Luspeter, que fué, antes, su profesor, y es hoy, su consejero. Guillermo II, ha pretendido inaugurar su Imperio, imponiendo, las ideas socialistas, á los demás Estados, y, á este fin, convocó la conferencia de Berlín, y citó á las demás naciones: y esa conferencia de Berlín no ha tenido más alcance ni más importancia por que los Estados se han negado á discutir en ella todas las cuestiones verdaderamente sociales, las que se refieren á la organización del trabajo. ¿Y sabéis á lo que se ha limitado esa Conferencia? Pues á estudiar cuestiones jurídicas, como son las relacionadas con la protección que se debe á los menores de edad y á las mujeres que van á los talleres, á las fábricas y á las minas, que son cuestiones esencialmente jurídicas, porque, en realidad, al Estado corresponde proteger y amparar á esos seres que son menores y no tienen capacidad absoluta. ¿Cuál ha sido la cuestión social que se ha discutido? Una, que, después de todo, no tiene grande importancia: la celebración del domingo. ¿Y qué se ha conseguido en esa Conferencia? Que los demás Estados digan á Alemania, que los acuerdos allí tomados no obligarán á nada; que no signi-
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que, el afirmar que el derecho adquirido es el goce en la Península del peso por escudo, es coartar la libertad de los Gobiernos del porvenir, impidiéndoles medidas, instadas acaso por el estado de los Tesoros, ó más, tal vez, por el coste de la vida en aquellas posesiones de Ultramar y en la Península. ¿Quiere esto decir que no se respete, no como derecho adquirido, sino como HECHO CONSUMADO en muchos casos, este disfrute? No; yo no he venido aquí con tal espíritu de intransigencia. He leído en esa tribuna un proyecto de ley que cerraba la puerta á los que yo creo abusos realizados contra el texto expreso de las leyes; esto para el porvenir. Y, con relación al pasado, yo hacia una sola excepción, la más pequeña, la más tibia, que no abandono, á saber: que no era posible que por las cajas de Ultramar se pagase á los que no han prestado servicios personalmente en nuestras provincias de allende los mares. ¿Se puede pedir menos? Ni siquiera pido que se anule el derecho, ni que se anule el hecho; lo que sostengo es que las cajas de Ultramar no pueden pagar eso mientras yo sea ministro».

Lo que precede es exactamente lo mismo que el general Azcárraga deseaba, lo mismo que el Gobierno todo quería, y lo contrario de lo que escriben los periódicos que, de una cuestión resuelta por temperamentos de concordia, quieren hacer contienda de amor propio.

Por eso pudo el Sr. Cánovas, con admirable claridad, recoger esos conceptos al contestar al señor Laserna, y afirmar esta tesis:

•El señor ministro de Ultramar ha dicho: yo no puedo reconocer tales ó cuales derechos, porque un examen sincero y leal de la legislación me lo veda; pero están ahí hechos consumados, hechos consumados más ó menos excusables, sobre los cuales conviene que las Cámaras echen el velo de su aprobación definitiva. En efecto, si ha habido Tribunales, si ha habido Ministerios que han declarado tales ó cuales derechos, aunque esos derechos fueran disputables, como muchos de ellos entiendo yo mismo con toda lealtad que lo han