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tituir mejora en favor de uno de los hijos y acumularse con el tercio disponible, ú otras 300.000 por disposición testamentaria. Como además de esto, el hijo favorecido recibe un tercio de la parte legitimaria, excluida la reserva para mejora, se sigue que, en la hipótesis figurada cabe á ese heredero 700.000 pesetas y 100.000 á cada uno de los otros.

Cierto es que la codificación del derecho civil en España tropezaba con la imposibilidad de alcanzar la deseada unidad de legislación, que no podía obtenerse á costa de romper con tradiciones arraigadas y de tan diversa índole, en el derecho sucesorio, como eran las de las provincias forales y las sujetas á la legislación de Castilla. Cierto es por otro lado, que el legislador procuraba preparar de cierto modo esa unidad en el futuro, aproximando hasta cierto punto las varias legislaciones. Tenía para eso dos procedimientos á escoger, ó ambos á la vez: disminuir la libertad de testar de la legislación foral, ó aumentar la de la ley de Castilla. Prefirió exclusivamente este segundo, y prefirió bien. Los comentadores aplauden. Un distinguido jurisconsulto tan caracterizado en la escuela democrática, como el Sr. Pedregal (1) escribe: «En lo general son dignas de aplauso las reformas introducidas en el título 3.º que trata de las sucesiones...

»La reforma transcendental en materia de sucesiones es la que nos aproxima á las legislaciones forales, ampliando la porción de que pueden disponer los testadores que dejan herederos forzosos, é incluyendo en este número al viudo y al hijo natural, legalmente reconocido.»

El Sr. Pedregal observa aún que habría sido preferible reducir la tercera parte de la herencia obligatoriamente divisible por los hijos, á la cuarta parte, identificándose así en este principio la legislación general, con la de Cataluña. Si el eminente jurisconsulto, cuyas opiniones radicales son bien conocidas, abrigase las aprensiones tan comunes entre los jurisconsultos portugueses contra la libertad de testar, no ha-

(1) Estudio crítico.
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bría indicado semejante reforma, ni escrito los periodos que quedan transcriptos.

Otro comentador erudito, el Sr. Genovés y Benito, siguiendo las mismas tendencias del Sr. Pedregal, escribe lo siguiente: «Es indudable que las tendencias modernas aspiran á conseguir la mayor libertad de testar posible, y el proyecto de 1851, distaba mucho de esta aspiración. El nuevo Código ha optado por la cuota fija en la determinación de la legítima y, aunque tampoco se ha mostrado muy pródigo en lo de conceder libertades al testador, ha mermado algún tanto los derechos de los legitimarios, y concedido á aquéllos más amplias facultades para la disposición de sus bienes». Nótese aún que la legítima de los padres ó ascendientes, que heredan á falta de descendientes, fué reducida á la mitad de la herencia, por el artículo 809 del Código, cuando por la antigua legislación era de dos tercios.

Veamos ahora las disposiciones correspondientes del Código civil portugués. La legítima de los descendientes fué mantenida en dos tercios de los bienes de la herencia sin facultad de mejora y siempre con división establecida por la ley. Lo mismo continuó fijado para la legítima de los padres, á falta de descendientes, y solamente para la de los abuelos, bisabuelos, etc., fué reducida de los dos tercios á la mitad (1). Este insignificante favor á la libertad de testar, favor de rara aplicación, y sin influencia sensible en la economía social, fué el único concedido por el legislador portugués en tal sentido, modificando la antigua legislación, que siempre é inflexiblemente, marcaba la legítima de los herederos necesarios, cualesquiera que fuesen, en dos tercios. Pero lo peor fué que esa platónica concesión quedó más que compensada por las

(1) Código civil portugués, art. 1.784.—«Legitima é a porção de bens, de que o testador não pôde dispor, por ser applicada pela lei aos herdeiros em linha recta ascendente ou descendente.

§ único. «Esta porção consiste nas duas terças partes dos bens de testador, salva a disposição do artigo 1.787.»

Art. 1.787. «Se o testador só tiver, ao tempo da sua morte, outros ascendentes, que não sejam pai ou mãe, consistirá a legítima d'elles em metade dos bens da herança.»
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restricciones muy efectivas en la libertad del testador, como vamos á ver.

Por la antigua legislación portuguesa los hijos naturales legitimados concurrían con los legítimos á la sucesión paterna en familias de peones, y eran excluidos de ella en familias de hidalgos. No se podía sustentar hoy la distinción fundada en la diferencia de sangre noble ó plebeya. Parecía natural generalizar la regla de la concurrencia á la sucesión, que era la que se observaba en la mayor parte de las herencias; parecía consecuente, desde que los hijos legitimados se admitían á la herencia, que concurriesen por igual con los hijos legítimos, como prescribía la antigua ordenación del reino. No lo quisieron así los autores del Código, y se enredaron en limitaciones y restricciones, á costa de la parte disponible del testador. El artículo 1.785, estableció que los hijos legitimados que lo estaban al tiempo en que el testador contraíó matrimonio, del cual vino á tener hijos legítimos, recibiesen porción igual á la de éstos, menos un tercio; y que si fuesen legitimados después de contraído el matrimonio, su porción nunca excediese á la legítima de los otros menos un tercio, saliendo, no obstante, sólo del tercio disponible de la herencia.

Ingenuamente confesamos, salvo el respeto debido á los hombres eminentes que colaboraron en el Código, que no comprendemos bien la razón de la sutileza jurídica, que considera los legitimados como hijos, pero de naturaleza inferior ó sujetos á una especie de capitís minutio, con la supresión de un tercio en relación á la parte legitimaria de los hermanos. Pero lo que en verdad nos escandaliza, es que en la hipótesis de la legitimación posterior al matrimonio, ésta afecte á la ya tan menguada facultad de testar libremente sobre el tercio de la herencia reservado para legados ó mejoras á voluntad del testador.

No nos desvía del reparo, antes lo agraba la explicación del esclarecido comentador del Código civil portugués (1):

(1) Sr. Dias Ferreira, Código civil portugués, anotado.
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«Si el tercio no llega para formar á los hijos reconocidos una legítima igual, menos un tercio, á la que pertenece á los legítimos, entonces el tercio es distribuido entre ellos, cesando la proporción que se tomó, como base de las legítimas.

»En este caso el padre queda privado de la facultad de disponer del tercio, para atender á las legítimas de los hijos reconocidos, posición de la que no puede quejarse, porque la creó á sí mismo, salvo el caso de reconocimiento judicial.

»El individuo que reconoció alguien después de casado, se sujeta á que el acto de la legitimación represente la disposición irrevocable de su cuota disponible.»

Es exacto, y bien lo observa el Sr. Días Ferreira, que la prescripción aludida puede llegar á anular por completo la estrechísima facultad de testar libremente admitida como regla general. Lo que encontramos poco persuasivo es la crítica del distinguido jurisconsulto.

Aquella severidad contra el padre que, por haber reconocido un hijo, no puede quejarse de las consecuencias, no se nos figura aliciente para obedecer á los impulsos de la moral y del sentimiento de la paternidad; además no es aplicable, como el autor reconoce en el caso de haberse verificado judicialmente, y no por acto espontáneo, el reconocimiento. En todo caso, de ninguna manera justifica la privación de disponer de un átomo de la herencia, no sólo para beneficio de extraños ó legados de caridad, sino aun para mejorar la situación de algún hijo ó nieto más merecedor ó menos afortunado.

En lo que respecta á la herencia de los hijos ilegítimos, también no nos declaramos admiradores del Código civil español, puesto que la amplia facultad de la mejora atenúa en gran parte los efectos de disposiciones un tanto parecidas. Establece este Código en el art. 840, que dejando el testador hijos ó descendientes legítimos é hijos naturales legalmente reconocidos «tendrá cada uno de éstos derecho á la mitad de la cuota que corresponda á cada uno de los legítimos no mejorados, siempre que quepa dentro del tercio de libre dispo-
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sición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral. «La ley 1.ª, tít. 6.º, lib. 3.º del Fuero Real, establecía que en concurrencia con los hijos legítimos, sólo podían heredar el quinto los hijos de barragana. La ley 8.º, tít. 13, partida 6.ª, asignaba en igual forma, una dozaba parte de la herencia, á los hijos naturales. La ley 11.ª les daba derecho á heredar de la madre lo mismo que los legítimos. La ley 9.ª de Toro, 5.ª, tít. 20, lib. 10 de la Novísima Recopilación, sólo permitía en dicho caso dejar la madre á los hijos naturales el quinto de sus bienes».

El art. 841 del Código, determina que «cuando el testador no dejare hijos ó descendientes, pero sí ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos tendrán derecho á la mitad de la parte de herencia de libre disposición». Finalmente el art. 842, prescribe que «cuando el testador no dejare descendientes ni ascendientes legítimos, los hijos naturales reconocidos, tendrán derecho á la tercera parte de la herencia». Este artículo duplicó en la hipótesis el quifón de los hijos naturales, que por ley de 1.º de Mayo de 1835 se limitaba á la sexta parte de la herencia, en cuanto hubiese ascendientes ó colaterales legítimos dentro del cuarto grado. No tenemos por merecedoras de incondicional adhesión, las disposiciones de los tres citados artículos; y algo encontramos de nimio y arbitrario en tanta variedad de reglas para cada hipótesis, en la sucesión de los hijos reconocidos. Todavía es claro que las consecuencias de lo que se prescribe en el Código civil español, nunca pueden anular la facultad de disponer el testador de una considerable parte de la herencia. Y como semejante anulación nos parece inlcua, al contrario de la respetable pero poco fundada opinión del Sr. Días Ferreira, por eso tenemos las disposiciones, aunque discutibles, del Código español, por preferibles á las del Código portugués en la especie á que aludimos.

Otra innovación introducida por el Código español, nos parece exenta de reparos y digna de aplauso sin reserva, es la que se refiere á los derechos de viudedad. Esta es apro-
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piada á fortalecer los lazos de familia (1), é imitada dentro de ciertos limites de los fueros de Aragón. Una ley de las partidas atribuía la cuarta parte de los bienes del marido difunto á la viuda pobre. Las legislaciones forales eran y continuaron siendo más generosas. En Aragón todos los bienes dejados por el cónyuge muerto, pertenecen al que sobrevive, en usufructo, quedando á su cargo continuar y alimentar la familia unida. Los Sres. Pedregal y Genovés y Benito, están acordes en apreciar favorablemente, por el lado moral, la reforma introducida por el Código; ambos, no obstante, ponen algunos reparos por el lado económico, pensando que el encargo del usufructo puede ser funesto para el aprovechamiento de la propiedad inmueble. No compartiremos este recelo, y menos cuando el usufructo del viudo se limita á una porción de la herencia, y cuando los herederos pueden sustituir el encargo por la garantía de una renta vitalicia, de acuerdo con el usufructuario (2). Además el usufructo no es siempre, y menos en el caso de que se trata, origen de mala administración. En el antagonismo entre el interés y la moral, á esta cabe la preferencia, cuando del todo no se obtenga la armonía que la moderna economía social procura, apartándose de la preocupación excesivamente individualista de la vieja economía política.

(1) Código civil español.—Art. 884.—«El viudo ó viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, ó lo estuviera por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho á una cuota, en usufructo, igual á la que por legítima corresponda á cada uno de sus hijos ó descendientes legítimos no mejorados.
Si no quedare más que un solo hijo ó descendiente, el viudo ó viuda tendrá el usufructo del tercio destinado á mejora, conservando aquél la nuda propiedad, hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolidate en él el dominio.
Si estuvieran los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará al resultado del pleito.
Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón ó reconciliación, el sobreviviente conservará sus derechos.»
(2) Código civil español.—Art. 888.—«Los herederos podrán satisfacer al cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia ó los productos de determinados bienes, ó un capital en efectivo, procediendo de mutuo acuerdo, y en su defecto, por virtud de mandato judicial.»
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También no nos atrevemos á sustentar que se debiese adoptar en toda su extensión el principio de la ley aragonesa, á pesar de que somos admiradores de ella. Sería eso un cambio demasiado brusco en la situación anterior de la familia castellana. Si en una codificación se recomiendan perfeccionamientos del derecho anterior, no es fácil ni posible poner del todo aparte la tradición legal. Concordamos con la opinión del Sr. Cárdenas (1): «No siendo posible introducir hoy semejante costumbre allí donde no existe, ni por lo tanto mantener en el cónyuge sobreviviente todo el caudal del difunto, los autores del Código, que también en este punto deseaban acercarse al derecho foral, han limitado el usufructo de viudedad en cuanto era necesario para no impedir la división de los bienes relictos entre los herederos forzosos. Sería menester que el legislador pudiera dar á la familia castellana la organización tradicional que tiene la aragonesa, para extender el usufructo del cónyuge viudo á todo el caudal hereditario. Pero la ley de Castilla encerraba en este punto una grave injusticia, dejando al arbitrio del cónyuge pre-muerto la suerte del supérstite, en cuanto á los medios necesarios para su subsistencia; y á remediar este mal acude ahora el nuevo Código. Estas consideraciones bastan, en mi concepto, para responder á los que lamentan que no se hayan admitido en toda su extensión la viudedad aragonesa».

El Código civil portugués no admitió al cónyuge supérstite entre los herederos legítimos, y en el orden de sucesion ab intestato, lo dejó aun después de los hermanos y sobrinos (2). «Lo cierto es (dice el Sr. Díaz Ferreira), que tomándose por base de la sucesión legal la voluntad presumida del difunto, ya es mucho colocar al cónyuge después de los hermanos y sus descendientes.» Es mucho y es por demás.

(1) Introducción á los comentarios al Código civil.
(2) Código civil portugués, art. 2.003: «Na falta de descendentes, ascendentes, e irmãos descendentes d'estes, succederá o cónyuge sobrevivo, excepto achando-se judicialmente separado de pessoa e de bens por culpa sua.»
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La despreocupación del Código cuanto á la suerte de la viuda ó viudo, no sólo parte de falsas presunciones sobre el sentimiento natural, desde que existe la sociedad matrimonial, la cual puede ser y muchas veces es constituida con separación de bienes; sino revela que á los legisladores no mereció todo el debido cuidado la necesidad de fortalecer moral y materialmente los lazos familiares.

Si á esta especie se une las que arriba apuntamos en detrimento de la autoridad del padre de familia y de la libertad de testar, no podemos dejar de lamentar que el Código civil portugués no imprimiese en el derecho sucesorio condiciones propias á vigorizar la institución familiar. Y no se limita infelizmente esta crítica á los defectos apuntados en las reglas generales de la sucesión. Más severa ha de ser cuando consideremos la extinción de la antigua de la enositeusis (praso de livre nomeciação) en la cual existía, con gran extensión práctica, la libre disposición del dominio útil. De esta importantísima especialidad nos ocuparemos en el artículo siguiente, considerando también los deplorables efectos de las largas formalidades que impiden y enormes gastos que causan los inventarios judiciales, y del exagerado impuesto en la transmisión de bienes por venta ó cambio.

Es triste la confesión; pero la oxige la verdad. Al contrario de la legislación moderna española, que si no alcanzó un grado supremo de perfección, marcó progresos señalados en la constitución de la familia, la legislación portuguesa retrocedió y carece de nuevas y amplias reformas para que la familia en Portugal sea, como debe, célula de una sociedad vigorosa y robusta.

La disciplina en los ejércitos es la continuación de la disciplina en la familia y en la escuela. Así lo dijo un erudito escritor militar (1), prefaciando con la síntesis de un profundo pensador las minuciosas descripciones técnicas del estado

(1) Barón de Stoffels, antiguo agregado militar de Francia en Berlín.
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militar de Prusia, en que prevee los peligros que para su patria se convirtieron en desastres. Así es, y así se debía siempre tener presente, porque la disciplina social es una, aunque se manifieste con más ó menos apretados lazos en las diversas esferas de la actividad humana. Y sin espíritu de disciplina las naciones se arrastran en una existencia mórbida, anémica, donde las convulsiones sociales se hacen más peligrosas por tener carácter de neurosis y no exceso de calor y movimiento en la circulación sanguínea.

CONDE DE CASAL RIBEIRO.

(Continuará.)
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las razones eternas. Si uno de vuestros más ilustres compañeros ha creído notar en los caprichosos giros de la dialéctica de Duns Scoto, alguna remota analogía con las sutilezas de la crítica kantiana, esta observación, ingeniosa sin duda como de quien es (aunque no haya pasado sin protesta de los hermanos de hábito del Doctor Sutil), ha de entenderse tan sólo en cuanto á cierta semejanza de fisonomía, derivada del predominio del espíritu crítico en ambos filósofos, pues por lo demás, ni Scoto, ocupado en criticar menudamente la filosofía de Santo Tomás, emprendió nunca una crítica de la facultad de conocer; ni tal crítica era posible en las condiciones de la filosofía de su tiempo; ni su doctrina sobre la certeza parece diferir en cosa alguna de la que corría en las escuelas, por más que se aparte de la generalidad de los escolásticos en declarar verdades de fe algunas que ellos tenían por verdades científicas y demostrables; lo cual más bien induce á tenerle por místico que por escéptico, si bien en algunos pensadores católicos ambas tendencias han solidado darse la mano más de lo que conviniera ni á la religión, ni á la filosofía. El mismo nominalismo de Occam, que fué el verdadero disolvente de la Escolástica y la grande antinomia que surgió de su seno para devorarla, no implicaba en rigor una tesis escéptica, sino más bien una tesis sensualista, ó si se quiere positivista, pero de todos modos cerrada y dogmática; como lo indica la famosa fórmula scientia est de rebus singularibus.

Hay que desistir, por consiguiente, del empeño de buscar antecedentes del criticismo y del escépticismo, desde Sexto Empírico, hasta la época del Renacimiento. A lo sumo podrían encontrarse en algún libro árabe como el Theafot ó Destrucción de la Filosofía, compuesto por el persa Algacel ó Algazali, que sin saber de Enesidemo ni siquiera la existencia, coincidió con él en la crítica de la noción de causalidad, si bien con argumentos que más que los de Enesidemo recuerdan los de David Hume (1). Pero el escépticismo de Al-

(1) Vid. Schmoelders. Essai sor les écoles philosophiques chez les Arabes, 1842.
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EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

Y EL INSULTO A SUPERIOR

Con insistencia inusitada se ha ocupado la prensa de los artículos del nuevo Código referentes al mal trato de obra al superior y del procedimiento sumarísimo, estudiando la cuestión bajo el punto de vista del derecho constituido.

No saldremos nosotros del texto de la ley, pero dentro de los artículos 259 y siguientes del título VII, en verdad que puede hallarse fundamento para un curso completo de disciplina y derecho penal, á la vez que un semillero de dudas y contradicciones.

Hemos sido los primeros en aplaudir el nuevo Código de Justicia Militar, en cuanto al procedimiento se refiere, así como también en lo concerniente al recto criterio y espíritu que informan sus disposiciones; pero no puede menos de causarnos contrariedad la redacción de los artículos que nos ocupan. Cierto que urgía el restablecimiento de los sanos principios de la Ordenanza, debilitados por la legislación de 1884, pero no es menos exacto que si de aquel Código se decía que era un paisano con gorra de cuartel, por los preceptos que examinamos, podremos añadir que no se ha concluido de proveer á ese paisano de todas las prendas de vestuario necesarias al soldado.
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Y para evidenciar cuán grande diferencia existe entre aquellos preceptos de las Reales Ordenanzas y los hoy vigentes, bueno será que apuntemos, aunque ligeramente, las disposiciones de aquel sabio Código referentes á la cuestión que nos ocupa.

Según las Ordenanzas de Carlos III, incurría en la pena de muerte el súbdito militar que maltratase de obra á un oficial, lo insultase ó amenazase *poniendo mano* á cualquier arma ofensiva, de cualquier modo que fuera y aun cuando este acto tuviera origen en una reprensión ó maltrato del superior.

Asimismo se castigaba con la más grave pena al cabo ó soldado que maltratase de obra al sargento ó cabo de su compañía ó que *hicieren la acción de echar mano á las armas con este objeto*, sin que sirviera de causa modificativa el maltrato de parte del superior, pero se penaba hasta con la pena de suspensión de empleo á los oficiales que maltratasen á los sargentos ó los castigaran con palo ó espada aunque fuera sin vaina, prohibiéndoles de igual modo que en sus reprensiones emplearan para con dicha clase acción ó palabra en que pudieran ser injuriados.

Con arreglo al art. 23, tit. X, tratado VIII, todo súbdito militar, de cualquier calidad que fuera, que faltase al debido respeto á sus superiores, bien con razones descompuestas ó con insulto, amenaza ó obra, había de sufrir irremisiblemente la pena correspondiente á las circunstancias de la culpa y condición de las personas inobediente y ofendida.

Como podrá observarse, el rigorismo de las Ordenanzas alcanzaba por igual á todos lo súbditos militares, y sus preceptos eran garantía suficiente para la conservación de la disciplina y la subordinación.

Continuaron en vigor sus disposiciones hasta los años 1873 y 75, en que se modificó por decretos toda la legislación militar, y en el de 5 de Abril de este último año se sustituyó la pena de muerte por la de cadena perpetua respecto de determinados delitos de desobediencia, estableciendo para los