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y hasta cierto punto Cataluña, Valencia y Mallorca. No cabiendo en nuestros cuadros la descripción minuciosa de todos esos fueros especiales, y por ser Aragón donde la libertad de testar es más amplia, tomamos de la magnífica obra del señor Cárdenas los períodos en que relata los orígenes del fuero aragonés en materia de sucesión.

•Eran menos en Aragón que en otras partes las restricciones, en interés de la familia, de la facultad de disponer de los bienes para después de la muerte. El antiguo fuero de Jaca, confirmado por el rey D. Alonso II en 1187, aunque de fecha muy anterior, y cuyas disposiciones fueron adoptadas en otros muchos lugares, aun de Castilla y Navarra, según se lee en su propio texto, declaraba que todo vecino de aquella ciudad podía ordenar lo que quisiera de sus heredades y bienes, tuviese ó no hijos, y que en el caso de que nada dispusiera, le sucederían sus parientes más cercanos, y en su defecto los pobres. La misma libertad de testar habían de tener los forasteros; mas en caso de que no la usaran, sólo heredarían sus parientes las dos terceras partes de la hacienda, invirtiéndose la restante en sufragios por su alma.

•Una legislación algo semejante hubo de regir también en otros lugares no poblados al fuero de Jaca, puesto que muchos diplomas de los siglos XI y XII dan testimonio de cierta libertad de testar en los padres.

•En Teruel y en Albarracín, que comprendían dos extensas comunidades de pueblos, regía el fuero de Sepúlveda, que señalaba á los hijos porción legítima. De modo que en Aragón, lo mismo que en Castilla, en los siglos XII y XIII había gran diversidad de leyes y costumbres en materia de sucesiones. Es de creer, sin embargo, que prevalecieran al fin de aquella época las que mandaban distribuir por igual entre los hijos la herencia paterna, cuando en el siglo XIV tanto los nobles e infanzones como los del estado llano solicitaron del rey la facultad de testar libremente.
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»Persistiendo al mismo tiempo la nobleza en el natural empeño de conservar su patrimonio, en el cual vela con razón uno de los más sólidos fundamentos de su influencia, y entendiéndolo que contribuían á quebrantarlo las desmembraciones á que estaba sujeto, por las herencias y sucesiones forzosas, los barones, mesnaderos, caballeros é infanzones, congregados en las Cortes de Aragón de 1307, para conservar en buen estado sus patrimonios, los cuales se destruían fácilmente cuando se dividían entre los hijos, pidieran á don Jaime II que les facultara para instituir por herederos á un solo hijo, entre varios, con la única condición de dar algo á los otros, según su voluntad. D. Jaime no podía denegar esta pretensión á una nobleza levantisca y tan poderosa, con los privilegios exorbitantes recién otorgados, y así vino á ser ley general del reino, en cuanto á los nobles, la libertad de testar entre los hijos.

»La libertad de testar en Aragón también trascendió muy pronto á las clases populares, dejando de ser privilegio de la aristocracia. En efecto, cuatro años después de otorgada á los nobles, los procuradores de las villas en las Cortes de Daroca de 1311, acudieron al mismo D. Jaime II en solicitud de igual franquicia, y el rey, tal vez con el propósito de aminar el valor de la concedida á la nobleza, otorgó la misma libertad de testar á los hombres de las villas y villares, con excepción de las Universidades de Teruel y Albarracín, que habían de conservar el fuero especial antes indicado. Entonces quedó establecido como fuero general en la legislación aragonesa la facultad de los padres para señalar á su arbitrio la legítima de los hijos, debiendo éstos conformarse con cualquier cosa que se les diera en tal concepto.»

En otras regiones, principalmente en Castilla, y no menos en Portugal, sirvió de contrablanza á la ley común de la partición, la institución vincular. Los mayorazgos se propagaron más cuando en los siglos XVII y XVIII ya correspondían menos á la importancia política y militar de las clases
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aristocráticas. No aceptamos en un todo las censuras fulminadas por los jurisconsultos desde la última mitad del siglo pasado contra los mayorazgos; pero encontramos algunas de ellas suficientes para justificar la gradual restricción que fueron sufriendo hasta la abolición. Contra ésta entendemos que sería impropio intentar cualquier especie de restauración. Dos grandes defectos había en los mayorazgos, suficientes para condenarlos en la opinión: eran la ceguera del acaso en la sucesión, estableciendo la primogenitura como regla, en vez del prudente arbitrio paterno, y más aún la inherente inalienabilidad, de donde venía, cuando la suerte o las condiciones personales no favorecían al poseedor, la ruina de él justamente por donde la ley había pretendido garantizarle independencia y fortuna. Los mayorazgos, en nuestro parecer, lejos de ser una institución análoga á la amplia facultad testamentaria, eran la antítesis de ella. El instituidor de un vínculo, usando de la facultad exagerada de proveer sobre su propiedad para todas las generaciones futuras, privaba precisamente á los sucesores de regular las condiciones de ese dominio para el tiempo y por el modo que regularmente cabe en la apreciación y previsión humana.

Por lo demás, la institución de los vínculos y de las sustituciones sin límite, antes de ser abolidas, bien habían demostrado en toda Europa latina su impotencia para conservar las antiguas casas de la hidalguía; en los últimos tiempos la aristocracia moderna y la burguesía rica poseían la mayor parte de los vínculos. Los que se conservaban en las antiguas casas linajudas eran en general modelos de abandono y descuido, testimonios de administración perdularia. Arthur Young decía que en entrando en tierras de un grand seigneur en Francia, había ya certeza de encontrarlas incultas; que, por ejemplo, el príncipe de Soubise y el duque de Bouillon eran los dos mayores propietarios de Francia, pero los únicos vestigios de grandeza que se observan en sus tierras eran los baldíos, los matorrales y los desiertos. De España no sería preciso citar nombres propios para aseverar lo
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mismo, y de Portugal también. En este último país ocurrió un hecho notable. En la época constitucional, va por treinta años, fué en la Cámara de los Pares donde se inició la legislación desvinculadora, que brevemente se convirtió en abolición radical. El más ardiente iniciador y propagandista de ese movimiento fué el representante de Vasco de Gama.

Entre las formas de dominio usadas en el antiguo régimen, tanto como los vínculos, ó más aún, la mano muerta se hizo blanco de la crítica más acerba y de la más implacable guerra demoledora por parte de la generación que antecedió á la nuestra. Había—no hay que dudarlo—exageración, abuso, vicio. Se imponían naturalmente limitaciones razonables. Pero el espíritu revolucionario no consintió reformas; imitador de los procesos de la revolución francesa, empuñó con rabia el machete destructor y no quiso dejar en el suelo la más tenue raíz del árbol secular. Más que las justas y atemperadas razones económicas basadas en el estudio de los hechos, imperaba el espíritu antireligioso, que, como la experiencia tiene demostrado, es cien veces más fanático que el de los más fanáticos campeones de las Cruzadas y de la Inquisición. Se expropió todo sin medida, sin término, sin compensación, sin equidad. Se lanzó al mercado, al desbarato á vil precio, la masa enorme de los bienes eclesiásticos convertidos en bienes nacionales, ó denominados así. Al monje sustituye el barón, como con gracia decía nuestro Gavrett, pintando á largos trazos este nuevo tipo de usurero enriquecido. Sufrió la justicia, sufrió la pobreza, sufrió la enseñanza popular largo tiempo por deficiencia, y si ésta hoy fué reparada á costa del Tesoro, no se puede decir que haya gran lucro en lo que respecta á la dirección y cuidado en la educación del pueblo. Sufrió también, y no poco, durante muchos años la agricultura. Aun hoy se encuentran á cada paso por las provincias ruinas de establecimientos agrícolas de los antiguos monjes (1), de esos monjes que, si no

(1) El autor escribió este período acabando de presenciar uno de
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siempre, y menos en los últimos tiempos, fueron perfectos observadores de las reglas de los instituidores, mal merecieron tantos apodos y ridiculos como los que lanzó sobre ellos el sectarismo moderno anticlerical y la júdica avidez de muchos que, por poco más valor que las lentejas de Esaú, adquirieron sus dominios.

No negamos que la mano muerta eclesiástica tuviese inconvenientes con la extensión y facilidad de expansión en que la heredamos del antiguo régimen. Ya en el siglo XVII Montesquieu escribía:

«Les familles particulières peuvent s'augmenter, il faut donc que leurs biens puissent ucoibre aussi. Le clergé est une famille qui ne doit point s'augmenter les biens doivent donc y être bornés. Bendez sacré et inviolable l'ancien et nécessaire domaine du clergé, qu'il soit fixe et éternel comme lui, mais laissez sortir de ses mains les nouveaux domaines.»

Nuestros legisladores entre 1830 y 1840 debían y podían, procurando el necesario acuerdo con la autoridad eclesiástica, reformar y reducir las comunidades religiosas, reformar y reducir la mano muerta existente. Pero llevados por las ideas radicales, sino por la pasión anticristiana, excedieron la medida de lo justo despojando á la Iglesia en globo, con perjuicio de la autoridad moral del sacerdocio, que no pide sueldo del presupuesto, ni le cuadra la dependencia del funcionalismo, con tal que pueda gozar en adecuados límites los derechos comunes á los poseedores del suelo. Ya ese gran perjuicio moral se añadió también en detrimento inmediato

*esos ejemplos, regresando de visitar el celebrado Monasterio de Piedra próximo á Albama de Aragón. Hay allí, sin hablar de las ruinas del gran templo, las ruinas de los grandes lagares y bodegas de los padres Bernardos, antiguos poseedores del Monasterio. Bastan ellas al mediamente conocedor de los procedimientos vinificadores recomendados por los enólogos modernos que los monjes blancos no ignoraban gran parte de esos procedimientos, incluyendo la diferencia del nivel entre el establecimiento del lagar á la superficie del suelo, y el del depósito subterráneo, comunicando por canalización metálica con las cubas y toneles para no desperdiciar ni enfriar el mosto en el transporte.
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en la cultura y en el progreso natural de la economía rural. No ampliamos aquí, en defensa de esta proposición, las citas de Balmes, que en otro lugar apuntamos, ni de otros escritores de la escuela católica. Reproducimos apenas un período de un economista moderno de gran nombradía, clásico en la peculiaridad rural, que escribió después de reunir en largos estudios e informes en Francia (1) sobre los resultados de la expropiación eclesiástica operada por la revolución francesa. Ese período puede reproducirse con aplicación á nuestra Península.

«Es error suponer que las objeciones contra la mano muerte no sufren excepciones. Al contrario, es de desear que bienes de cierta naturaleza escapen á la movilidad de la propiedad particular. Sin hablar de los monumentos, de las estatuas, de los cuadros, de las bibliotecas que no son, á decir verdad, sino depósitos entre las manos de las generaciones vivientes, pueden citar los bosques. Aquellos bosques del clero que han sido comprados por especuladores ya no existen. En los casos, por demás raros, en que han sido reemplazados por buenas praderas ó tierras laborables, debemos felicitarnos; pero sucede frecuentemente que sólo han sembrado monte malo ó arenal improductivo y se siente con amargura la ausencia. Aquellos que el Estado posee guardan más valor, pero están á cada momento amenazados de desaparecer á su vez.»

«Mismo por los bienes rurales, cuando una veintena, por ejemplo, del suelo cultivado, hubiese quedado fuera de nuestras mutaciones perpétuas, la agricultura hubiese ganado más que perdido. Se lamenta de que en la Francia falten buenos arrendadores, nadie duda que la ausencia de propiedades más ó menos incommutables contribuya á eso. La mayor parte de las tierras del clero estaban arrendadas, los arrendadores tenían excelentes contratos y se enriquecían tanto que cuando esas tierras fueron vendidas fueron ellos

(1) Leonce de Savergne, Économie rurale de la France.
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casi siempre los compradores. Esta circunstancia ciertamente contribuyó á alejar los capitales de la cultura, para llevarlos á la propiedad, uno de los vicios principales de nuestra economía rural. Casi todo lo que exige en la cultura, riqueza y perseverancia, nació á la sombra de los cláustros; nuestros principales víscerios han sido creados por las órdenes religiosas y han desmerecido al salir de sus manos; la horticultura les debe sus más dichosos tesoros, tanto en flores como en frutos; el ganado, por fin, ese elemento principal de toda prosperidad rural, ha encontrado en sus establos las condiciones necesarias á la conservación y al perfeccionamiento de las razas.»

En lo que respecta á la repartición de los bienes comunes de los pueblos, dejando privados de pastos para sus ganados á los pequeños agricultores, y encareciendo el coste de las matas para adobo de las tierras, fácil sería demostrar también con ejemplos prácticos, cuanto la exageración del principio individualista aplicado al goce del suelo, aumentando sin límites la área sujeta al dominio privado, ha dañado á la cultura, bajo pretexto de mejorarla, y obedeciendo en realidad, antes á la avidez de aumentar con insignificantes réditos los cofres locales, ó al espíritu de favoritismo propio á engrandecer la influencia de caciques. Los límites naturales que se imponen al desarrollo de nuestro trabajo, nos obligan á terminar la digresión sobre las excepciones y concretarnos ya al examen de la ley común sucesoria. Vamos rápidamente á verificar si las últimas reformas en Portugal y España, consignadas en los Códigos respectivos han satisfecho á las necesidades de la fuerte constitución de la familia, y á la conveniencia de no forzar la división del suelo, más allá de las naturales exigencias de una cultura apropiada. Estudiaremos, si por lo menos han significado un progreso y seguido una tendencia científica; ó si al contrario han obedecido á preconceptos jurídicos y teorías económicas desacreditadas por la observación imparcial de los hechos.

Bajo este punto de vista somos forzados á establecer una
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distinción profunda entre el Código civil español recientemente promulgado y el Código civil portugués vigente desde 1868; y hay que confesar que en esa distinción, la crítica favorece singularmente al primero, y no puede conceder igual elogio á la ley portuguesa.

Es claro, y no nos cansaremos de repetirlo, que, prefiriendo á las leyes restrictivas del testamento, la máxima posible libertad en la disposición de la herencia, no pretendemos destruir de una vez la tradición jurídica, y menos restaurar en el sentido absoluto la vieja prescripción de las doce tablas. Sabemos que la codificación no significa reforma radical en las instituciones jurídicas de un pueblo; ni tal reforma radical es compatible con la evolución natural del derecho positivo. Si la tradición es base segura, sin la cual el espíritu innovador corre peligro de precipitarse en transformaciones impracticables, por repugnantes á las costumbres arraigadas por los siglos, en lo que respecta al derecho civil ese principio es por tal forma evidente que obtiene el asentimiento universal, sin que la contesten los más audaces progresistas.

Tampoco entramos, por ser ajena á nuestro propósito, en la vieja cuestión de saber si es útil la codificación ó preferible el sistema de leyes sucesivas y especiales sobre cada ramo del derecho y sus subdivisiones. La Europa y la América latina ya decidieron el pleito en favor de la codificación; Alemania se prepara para adoptarla. Aunque se conserve recalcitrante Inglaterra, admitimos que un cuerpo de leyes civiles imprime á la jurisprudencia una nitidez y unidad de criterio, que mal se puede obtener con la comparación é interpretación de textos dispersos y casos juzgados. También no nos impresiona la objeción deducida de la supuesta inmovilidad ó cristalización del derecho porque la codificación, refiriéndose á una época determinada, y fijando un cierto estado jurídico, no prohibe ni impide las modificaciones que el tiempo demuestre convenientes; y cuando sean muchas y variadas vendrán á incorporarse en un nuevo Código reformado.
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Pero, si por un lado es cierto que la codificación consiste principalmente en la ordenación metódica del derecho existente, también lo es que por ocasión de ese trabajo técnico de jurisprudencia, esas leyes son revisadas, estudiadas en relación á las necesidades de actualidad, y muchas veces modificadas más ó menos profundamente en vista de esas necesidades, tales como las comprenden los que colaboran en la formación del nuevo cuerpo de derecho.

Así aconteció en lo que respecta al derecho sucesorio, tanto en Portugal como en España. La diferencia consiste en que en el Código civil español se introdujeron modificaciones ampliando la libertad de testar, añadiendo las ventajas del conyuge superviviente, y por consecuencia fortaleciendo la familia; y en Portugal al contrario la situación de la viuda ó viudo no fué aventajada, la facultad de testar en general, fué dejada en los mismos encogidos términos preexistentes; ciertas hipótesis, frecuentes en la práctica, fué restringida y anulada; y apenas se amplió por excepción en un caso de los más raros y destituidos de importancia. No contento aún con semejante tendencia en la legislación común, el Código coartó absolutamente la libertad de testar en una de las antiguas formas del dominio --el praso de livre nomeiação--forma en la cual se hallaba constituida gran masa de propiedad en las varias provincias, y la máxima parte de ella en la más fértil y poblada de Portugal--el Miño.. -He aquí lo que vamos á demostrar.

En primer lugar conviene observar que el nuevo Código civil español, en conformidad de lo dispuesto en el art. 5." de la ley de bases de 11 de Mayo de 1888, respetó el derecho foral en las provincias y territorios que por él se regían. Así fué que en Aragón se mantuvo la libertad de testar tan amplia que comprende la disposición de todos los bienes, con tal que á los hijos se reserve la legítima de los 5 ó 10 sueldos jaquezes; en Navarra todos los padres, menos los labriegos, continuaron disponiendo libremente de sus bienes, siempre que quede á salvo la legítima de los hijos, consistente en una
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Después que tal sentido se hizo universal en los apologistas de Oriente y de Occidente, la filosofía espiritualista de la antigüedad, ya platónica, ya aristotélica, comenzó á transformarse bajo la influencia cristiana, y haciendo estrecha alianza con la disciplina teológica, formó con ella un maravilloso organismo, cuya última y más completa manifestación fué la Escolástica del siglo décimo tercio. Los cuadros de la enciclopedia aristotélica fueron los mismos de la nueva filosofía, pero en su parte metafísica entraron importantísimos conceptos platónicos, y aun algunas ideas alejandrinas, derivadas principalmente del Pseudo Areopagita. Imposible es encontrar en tal organismo, esencialmente dogmático, resquicio alguno para la tesis escéptica. Los escolásticos, lo mismo que sus maestros de la antigüedad, dan por resuelto el problema crítico, y se abrazan, unos, al realismo de Platón; otros, los más, al conceptualismo peripatético. Afirman ó niegan los universales; son idealistas ó son nominalistas; se inclinan al mundo de las ideas ó al mundo de las formas; pero sobre el hecho mismo de la certeza del conocimiento no manifiestan duda ni vacilación alguna. Por los libros de San Agustín sabiase oscuramente de la existencia en otro tiempo de ciertos filósofos escépticos, llamados académicos, contra los cuales el Santo había defendido vigorosamente el testimonio de conciencia, con argumentos psicológicos bastante análogos al entimema de Descartes (1). En esta demostración descansaban los espíritus más audaces, aun los abiertamente heterodoxos, los Erígenas, Roscelinos y Abelardos, no menos que los grandes metafísicos de la Iglesia católica, los Anselmos, Tomases y Bucnaventuras. Mal podían dudar del entendimiento humano quienes tenían tan alta idea de él que le llamaban participación de la lumbre increada y espejo de

(1) Omnis qui se dubitantem intelligit, verum intelligit, et de hac re quam intelligit, certus est.—Non enim Academicorum argumentum formido dicentium: ¿Quid si fallerist? Si enim fallor, sum, nam qui non est, utique nec falli potest; ac per hoc sum, si fallor.—Si dubitat, cogitat: si dubitat, scit se nescire.
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robada de tierra en los montes comunes y 5 sueldos febles; y en Cataluña la totalidad de la legítima de los hijos siguió reducida á la cuarta parte de la herencia paterna (1). No hubo aquí alteraciones en la legislación anterior; las hubo, no obstante importantísimas en las provincias regidas por las leyes de las partidas y fuero juzgo, que constituyen la mayor parte de España. La parte legitimaria de la herencia, que era antes de cuatro quintos, fué reducida á dos tercios; y de estos dos tercios uno fué reservado para los padres poder mejorar á su albedrío el quinón de uno ó más de los herederos forzosos. Esta facultad es la libertad de testar cuanto á este tercio, limitada por la obligación de escoger dentro de los herederos necesarios aquél, ó aquellos cuyo quinón es aumentado. La tercera parte restante de la herencia quedó á la libre disposición del testador (2). Por la antigua legislación esta parte completamente disponible era apenas de un quinto; y la facultad de mejorar el quinón de uno ó más descendientes existía ya, pero en términos más limitados.

Para que bien se comprenda el alcance de la reforma introducida por el Código en favor de la libertad de testar, figuremos una herencia de 900.000 pesetas á dividir por tres hijos. La parte legitimaria de los dos tercios, corresponde á 600.000 pesetas; de éstas, no obstante, 300.000 pueden cons-

(1) Sres. Cárdenas. Introducción á los comentarios al Código civil.
(2) Código civil —Art. 806.—«Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley á determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos».
Art. 807. «Son herederos forzosos:
1.º Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos.
2.º A falta de los anteriores, los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hijos y descendientes legítimos.
3.º El viudo ó viuda, los hijos naturales legalmente reconocidos, y el padre ó madre de éstos en la forma y medida que establecen los artículos 834, 886, 886, 887, 840, 841, 842 y 846».
Art. 808. «Constituyen la legítima de los hijos y descendientes legítimos las dos terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre.
Sin embargo, podrán éstos disponer de una parte de las dos que forman la legítima, para aplicarla como mejora á sus hijos y descendientes legítimos.
La tercera parte restante será de libre disposición.»