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de que escuchándolo el defectuoso y viendo en esta especie de refractor, comprenda claramente el vicio que se trata de evitar y oiga á la vez el efecto bueno que se propone adquirir.

10. La moderada gimnasia del pulmón, lejos de perjudicar á los tiernos cantores, puede serles muy beneficiosa, sobre todo en los que hubiese tendencia á la debilidad; porque un ejercicio higiénico de los órganos respiratorios para cantar, hace que el pecho se desarrolle y los músculos que funcionan adquieran elasticidad y hasta los pulmones al dilatarse toman fuerza. Suponen algunos higienistas, que las pulmonías son poco frecuentes en los cantores.

11. Las voces todas tienen fisiológicamente unos registros que conocemos en general con el nombre de registro de pecho y de cabeza, porque al recorrer la extensión de los graves á los agudos hay que emplear un cambio en la posición de las cuerdas bocales inferiores á las superiores.

12. Llamamos registro de pecho, aquel cuyos sonidos parecen tener allí su resonancia y al ir ascendiendo cromáticamente, llegamos á un intervalo en que hay precisión de efectuar el pase, y la voz parece recibir entonces su apoyo y sonoridad en la cabeza.

13. En las notas agudas, es de un magnífico efecto esta emisión, porque toma la voz un carácter sumamente agradable, teniendo práctica para cerrar el registro de pecho con habilidad; favoreciendo mucho esto el poder usar sin esfuerzo las notas altas por adquirir un timbre pastoso y tan fácil, que pueden alcanzar sin molestia toda la extensión de que necesitan servirse los tiples agudos.

14. Es difícil hacerles comprender á los niños cómo deben valerse para adquirir esta emisión artísticamente, por la costumbre general que tienen casi todos de usar su tesitura ó extensión con el registro solo del pecho, sacando sus notas agudas, generalmente abiertas, que á más de ser de mal efecto, son expuestas al escroque, ó lo que es peor, al rompimiento de alguno de los vasitos capilares, y dañarse ó quedar afóni-
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todo se condujesen como los bárbaros del Norte; fueron humanos y tolerantes, pero con la fuga de los próceres godos hacia las montañas de Asturias, nuevos repartos de tierras tuvieron lugar.

Sigue la larguísima lucha de la reconquista. Coincide con el feudalismo europeo. No podían los hijos de Pelayo restaurar por sí solos la monarquía antigua con sus ademanes de representativa. En cada región los esfuerzos de los jefes, muchas veces aislados, van recobrando palmo á palmo, y fundando soberanía en las tierras tomadas á los moros. Fre- cuentemente luchan entre sí los cristianos; y aquí y allí se alian unos contra otros con los sectarios del Islam.

En la célebre cuestión trabada entre el Sr. Cárdenas y nuestro Herculano sobre si llegó ó no á establecerse en España el régimen feudal, no podemos dejar de atribuir al primero la mayor parte de razón. Hubo efectivamente feudalismo más mitigado en las provincias occidentales y meridionales, más acentuado en Cataluña y Valencia, y aun en Aragón y Navarra.

«La propiedad, pues (dice el Sr. Cárdenas), entre los visigodos, no tenía aun todos los signos característicos del feudalismo, pero encerraba como en incubación todos sus gérmenes. Procedía de la conquista, era el fundamento de muchos vínculos sociales, sufría algunas limitaciones en beneficio del Estado y de las clases privilegiadas, conservó las que el derecho romano establecía á favor de las familias, originaba ciertas obligaciones militares y confería alguna parte, aunque muy corta, de la potestad pública. Abandonada á su propio y natural desenvolvimiento, hubiera producido un régimen feudal tan rigoroso como el de Alemania, el de Inglaterra ó el de Francia. Pero una nueva conquista y la necesidad de recuperar lenta y laboriosamente la nacionalidad y el territorio, dieron lugar á un régimen, feudal en su esencia, puesto que no se conocía ni era quizá posible otra fórmula de organización social, pero bastardo en su forma.»

Los límites de este trabajo no soportan ni viene á nuestro
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intentó seguir minuciosamente los desenvolvimientos de las leyes que rigen la propiedad en los diversos Estados, en que se dividió la Península, cuya unidad quebrada por la invasión sarracena ya más no existió, sino en corto período de los reinados de la casa de Austria bajo el aspecto político, y aun hoy no existe para España bajo el aspecto de la legislación civil.

En Portugal, afirmada la independencia y la monarquía nacional bajo el fundador de la dinastía de Aviz se insta pronto por la necesidad de compilar las leyes del reino, y la tarea cometida sucesivamente á los jurisconsultos Juan Mendes y Ruy Fernandes llega á realizarse en 1446 en el reinado del nieto de D. Juan I, D. Alfonso V y regencia del Infante D. Pedro, publicándose las Ordenaciones alfonsinas. Para esta compilación se aprovecharon las leyes promulgadas desde D. Alfonso II, las resoluciones de las Cortes celebradas desde D. Alfonso IV, las concordatas de D. Diniz, D. Pedro y D. Juan, cuyo tenor en la mayor parte se transcribe. Fué no obstante fuente principal el derecho romano y el canónico, extrayéndose de uno y otro títulos enteros. Finalmente, algunas disposiciones se consignaron de las leyes de las partidas de Castilla; y también sirvieron de base costumbres nacionales, y hasta estilos particulares de ciudades y villas convertidas por la nueva reforma en leyes generales (1). A las Ordenaciones alfonsinas siguieron de cerca las manuelinas, y á éstas en el principio del siglo xvii, en tiempo de Felipe II, las filipinas que rigieron hasta la promulgación del Código civil.

En la magnífica obra del Sr. Cárdenas, á la cual tantas veces hemos aludido, se puede seguir paso á paso el desenvolvimiento y perfeccionamiento de la propiedad en los varios Estados nacidos de la reconquista e incorporados hoy en la monarquía española. En su origen «la propiedad se reor-

(1) Coello da Rocha: Ensayo sobre la historia del gobierno y de la legislación en Portugal.
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ganiza desde que comienza la reconquista ya por los condes á quienes con el gobierno se encomienda la población del territorio con la facultad de ocuparlo y de cederlo á quienes lo hubieran de cultivar, ya por señores (seniores) á quienes sin aquel título se confiere igual potestad, ya por las iglesias y monasterios, á quienes los reyes y los condes dan vastos terrenos y numerosos vasallos, y ya por presuras arbitrarias de toda clase de pobladores en los lugares incultos, con confirmación de la Corona ó sin ella. Al lado de estas nuevas propiedades subsistían las antiguas, que lograron salvarse del común naufragio; pero ¡cuánta diferencia entre ellas! Todos pueden hacerse propietarios: las tierras se reparten con mano pródiga ó están á disposición del primer ocupante, pero no todos sus poseedores tienen sobre las mismas igual derecho. El rey es dueño de la tierra conquistada, pero con diferentes clases de dominio. En el conjunto con exclusión de las propiedades antiguas es su dominio más bien potestativo que actual; en las villas, distritos ó heredades, dadas ó confirmadas á los vasallos, es un mero dominio directo, con más ó menos derechos, según los términos de la concesión; en las tierras cultivadas por la Corona y de su cuenta, es el dominio alodial pleno. El conde tenía en su condado análogos derechos, con la diferencia de ejercer por delegación los correspondientes al dominio potestativo de la Corona. El señor los tenía en su lugar idénticos á los del rey, aun sin esta diferencia. Los meros propietarios, los poseedores inmediatos de las tierras, tenían por lo tanto diferentes clases de dominio, según el origen de su propiedad y las condiciones con que hubiese sido establecida; y esta coparticipación en el disfrute de la tierra de las diferentes clases sociales, con variedad de derechos, y esta especie de identificación entre la condición de las tierras y la de las personas, era uno de los caracteres esenciales de la propiedad en aquel tiempo, no sólo en España sino en toda la Europa.»

Y desde entonces por una serie de modificaciones producidas por leyes nuevas y nuevos usos se llega en el más vas-
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to reino de las Españas, el de León y Castilla, en el siglo XIV, hasta la compilación de las leyes de las partidas. Evolución semejante se produce en los reinos de Navarra, de Aragón, de Mallorca, Valencia y en el principado de Cataluña. En éstos donde el régimen feudal radicó más que en el Centro y Sur de España, la propiedad individual toma aspecto diverso en puntos tan importantes como el derecho de sucesión y otros; se aparta del derecho romano de Justiniano, constituye más fuertemente la familia, amplía la facultad de testar y constituye los derechos de viudedad.

Ya es larga la reseña, y tiempo de cerrarla. La idea del derecho primordial, inherente á la naturaleza humana, cuanto al dominio individual del suelo desaparece ante la historia. Pero por otro lado surje otro derecho, otro fundamento no menos sólido y más positivo. La propiedad individual se funda y radica á medida que la civilización avanza. Desconocida en las sociedades primitivas, confusa en las que ocupan la era medieval, se define y fortalece en un estadio más elevado de la humanidad.

Aun así conserva mucho de la tradición; y prueba evidente del teorema es la dificultad de introducir fórmulas nuevas, donde la larga práctica de leyes y usos antiguos establecieron normas en lo tocante á la posesión y trasmisión del suelo. Ni por eso las leyes, que rigen el dominio y la transmisión por muerte su natural complemento, son inmutables; están, como todo, subordinadas á la regla del progreso. Necesidades que se van produciendo, á proporción que el estado social se aprecia á la luz consciente del saber humano; determinan modificaciones que tienden al perfeccionamiento, sin desprender la tradición. Así se producen las reformas verdaderas, que se firman en el pasado, para marchar al futuro, y no provienen de teorías abstractas pretendidamente filosóficas y realmente efímeras, por no tener en cuenta la evolución histórica de las sociedades. La propiedad es un derecho social. Radica é individualizarse con el progreso de la sociedad. El colectivismo como regla, encuéntrase en los principios, no en
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el estado avanzado de las civilizaciones. Puede convenir en una limitada porción en la era en que vivimos; no puede ser tipo genérico. Esto nos basta, por que basta siempre á la defensa de la verdad el análisis imparcial, y mal se basa ella en síntesis de fantasía.

Pero, si como tratamos de demostrar la propiedad individual íntimamente ligada á la estructura de la sociedad moderna, es un principio indestructible, no quiere eso decir que el principio tenga aplicaciones absolutas e incondicionales.

Para satisfacer á las exigencias democráticas de la sociedad moderna es preciso que la propiedad y las leyes que la rigen, teñgan en cuenta por lo menos tres condiciones esenciales:

1.ª Fortalecer la familia, institución natural y núcleo esencial del municipio y del Estado.

2.ª Adaptarse al mejor aprovechamiento del suelo, ó sea concentrando ó dividiendo el dominio, ó prestándose á la gran- de cultura, ó á la mediana, ó parcelaria según las circunstancias.

3.ª Promover la más equitativa distribución de los valores producidos por los agentes de la producción, no únicamente en favor de las clases superiores y medias, sino también del proletariado rural.

Vendría de molde aquí, si nos sobrase espacio y tiempo, disertar sobre los bienes del clero, y vicisitudes porque han pasado. Diremos poco sobre la materia; pero algo conviene expresar en confirmación de lo que venimos exponiendo.

Damos aun aquí la palabra al eminente historiador de la propiedad en España que tantas veces hemos citado, el señor Cárdenas: «Dada la paz al cristianismo, dejó la Iglesia de ser considerada como sociedad ilegal y obtuvo en su consecuencia el derecho de adquirir toda clase de bienes, así por donación ó testamento, como por los demás títulos reconocidos en la ley civil. Tras la libertad vino luego la protección, pues una vez reconocida la legitimidad y la conveniencia del patrimonio eclesiástico, todos los poderosos adictos al nuevo
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culto, contribuyen eficazmente á enriquecerlo. Constantino y los más de los emperadores, que le sucedieron, otorgaron á las iglesias pingües donaciones, y entre ellas las rentas de algunas ciudades. El Emperador Honorio dió á los obispos católicos los bienes que habían sido donados á ciertas congregaciones de los herejes donatistas de África.

Al mismo tiempo, los particulares legaban á cual más, por testamento, cuantiosos bienes á las iglesias de su devoción; y hasta la ley civil vino á favorecer especialmente su liberalidad, eximiendo del descuento de la cuarta falcidia las mandas que se dejaran á los templos.

No bastaron á contener el rápido aumento del patrimonio eclesiástico los feudos, que á costa de él otorgaron á sus vasallos Carlos Martel, Carlo Magno, Teodorico y Carlos el Calvo; ni produjeron efecto sensible en la cuantiosa dotación de la Iglesia las infeudaciones de diezmos y otros bienes que solían hacer los obispos á favor de caudillos y señores poderosos.

Ya Clemente V en el Concilio de Viena de 1311, providenciaba sobre las restituciones debidas; el Concilio de Constancia, en el siglo xv, reiteraba disposiciones semejantes y mandaba á los religiosos mendicantes vender inmuebles que poseían contra sus reglas; y el cardenal González de Mendoza negaba licencia para la fundación de nuevos monasterios, por motivo de la superabundancia de ellos.

Así fué que en España en las Cortes de Valladolid, Toledo, Segovia y Madrid en el siglo xvi, se reclamaba contra el excesivo aumento del patrimonio eclesiástico. Con los tiempos se extendieron esas repugnancias que tomaron mayor cuerpo en el siglo xviii; no sólo en el sentir de jurisperitos regalistas, sino en el de padres jesuitas como Juan Cabrera; y en el reinado de Carlos III bajo la influencia de Moniño y Campomanes se trataba de demostrar que en España poseía el clero la sexta parte de la riqueza inmueble total, y la tercera parte de la mueble y semoviente.

Por los mismos tiempos en Portugal, bajo el férreo yugo
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del marqués de Pombal, ministro famoso de D. José I, crece la reacción contra el poderio eclesiástico, en nombre del derecho divino, que se supone origen del poder real, y en hecho se traduce en la omnipotencia del valido. Se lleva la exageración cismontana hasta dispensar á los obispos de la consagración pontificia, doctrina que el Padre Antonio Pereira, sumiso siervo del marqués, insinúa como católica. Se renuevan entonces y se aumentan las restricciones de las antiguas leyes de desamortización contra la orden eclesiástica, limitándose la libertad de testar en legados píos, fundación de capillas y sufragios por el alma.

Es sin embargo, de nuestro siglo é infelizmente coetánea del régimen constitucional, tanto en España como en Portugal, la revolución radical, hija de las ideas enciclopedistas e inspirada en la imitación de los llamados principios inmortales de la revolución francesa. Ésta, excediendo toda la medida y temperamento admisible para poner coto á abusos, se convierte en expropiación de los bienes eclesiásticos y confiscó de los pertenecientes á las extinguidas órdenes monásticas.

Severo es el juicio que sobre tal iniciativa medida decretada por las Cortes de Cádiz de 1820 pronuncia el Sr. Cárdenas, considerándola bajo el punto de vista jurídico, y mostrando como para pretexto su justificación se resucitó el olvidado dominio eminente del soberano, doctrina exhumada de los tiempos de la barbarie para usos y aplicaciones facciosas por los regalistas del siglo XVIII.

Haciendo la crítica de la expoliación de los bienes de la Iglesia, escribe el insigne Balmes: «Acaece no pocas veces que una combinación fatal de circunstancias trae consigo una serie de sucesos, que por estar muy naturalmente encadenados, no dejan de ser funestos; y aun las mismas leyes, ó porque entrañen alguna porción de injusticia, ó porque estén dictadas con poca previsión, ó porque cambiadas las circunstancias no se acomoden, cual deben, á otras necesidades ofrecidas por la innovadora mano del tiempo, no dejan á veces
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de acarrear gravísimos males; tanto mayores y tanto más sensibles y chocantes, por proceder del mismo instrumento destinado á labrar la felicidad pública; resultando de aquí que una cosa puede tal vez ser muy natural y además muy conforme á las leyes, sin ser por esto provechosa, antes acarreando inconvenientes y aun males de considerable cuantía.

»Si con respecto á las riquezas del clero se hubieran verificado tan funestas coincidencias, escucharía de buena gana al filósofo que examinando con imparcialidad la materia, me dijese: «las riquezas del clero nacieron de causas muy naturales, se adquirieron por medios legítimos, contribuyendo á aumentarlas el gran bien que el clero hacia á la sociedad; pero de las mismas riquezas no reportó la sociedad beneficio; ellas fueron un verdadero mal.» Pero ¿es esto así? ¿es esto lo que enseña la historia?

A esta interrogación responde elocuentemente un autor contemporáneo, no sospechoso de clericalismo (1): «El clero

(1) D. Miguel López Martínez, El absentismo y el espíritu rural.—Madrid, 1890.—El acaso nos trajo á las manos este interesante libro, digno de ser leído atentamente por todos los propietarios rurales y por cuantos lidian en la industria agrícola, para esclarecerlos sobre sus deberes e intereses, y atraerlos á los gozos que los esperan en el desempeño serio de su misión. Sin concordar en todo con el autor, principalmente en varios puntos donde se nos figura un tanto complaciente con algunas teorías modernas, poco consentanas á la índole de la obra, nos felicitamos por la lectura tan instructiva como sabrosa del libro del Sr. Martínez, á quien no tenemos el gusto de conocer personalmente. Y aun así, este libro, recientemente publicado en la capital de España, apenas tuvo alguna fugitiva mención en la prensa periódica, mientras que Pequeñeces, del padre Coloma, se vendía por millares, y atraía los juicios críticos, en general harto benévolos, de escritores de primera fila. Pues ni por eso, (disculpese la audacia intransigente de nuestro humilde parecer) Pequeñeces quedó siendo más que una pequeña literatura en que escenas y caracteres finamente dibujados, como cuadros de Goya ó Teniers, alternan con caracteres y escenas pintadas á brocha gorda, como decoración de teatro ambulante; en que el sentido moral no halla satisfacción, por ser de todo en todo errado el blanco á que apunta, dejando en la sombra la principal perversion característica de la sociedad actual, el culto del oro; en que finalmente podrá conseguirse el escándalo, y éste redundar en ganancia del editor; pero sin resultar una sola conversión sincera á la sublime, caridosa y equitativa religión de Cristo, que no fué siempre infelizmente, y no fué de cierto en el libro del padre Coloma, tipo inspirador de los ministros del altar.
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por la verdad de la religión y por las virtudes que lo adornaban, llegó á ser señor de las conciencias. Sólo por la tolerancia pudo poseer tierra durante los tres primeros siglos de la Iglesia; pero la conversión de Constantino dió lugar á una gran reforma en este punto. El edicto de Milán fecha 313 legalizó la propiedad territorial de las corporaciones eclesiásticas, y otra edicto publicado en 321 autorizó á todos los súbditos á legar sus bienes á la Iglesia. Estas disposiciones contribuyeron eficazmente á que las adquisiciones eclesiásticas se aumentasen de un modo portentoso.

El espíritu rural se asoció al de la caridad, sobre todo en los primeros tiempos, y las labores agrícolas fueron cada día más estimadas.

La mayor parte de los terrenos poseídos por la Iglesia consistían en bosques y estaban incultos; pero los monjes, depositarios del saber, estudiaron con provecho las obras de los antiguos geopónicos, y esto y las inmunidades y privilegios afectos á la propiedad eclesiástica, fueron motivos para que en todas partes empezase en ella la reforma del cultivo.

Ungidos del Señor, fueron trabajadores y por consecuencia natural dejó de ser vil y humillante un trabajo ejecutado por manos que habían levantado delante del altar la Hostia Sagrada. Trabajar fué á causa de ello título legítimo de santiﬁcación para el hombre.»

Al sectarismo antireligioso, en fin, que desde la ﬁlosofía estrechamente negativa y excéptica del siglo xviii viene apretando el espíritu humano, privándolo de las grandes ideas y reduciéndolo al culto de los egoístas intereses que predominan en este triste ﬁn de siglo; á los que desconocen ó niegan el saludable y predominante inﬂujo de la Iglesia y del clero cristiano en la elaboración de la civilización moderna, responden las palabras del primero entre los grandes historiadores contemporáneos, primero sobre todo en la concepción de las grandes síntesis, que se forman y nacen del estudio serio de los siglos que nos precedieron.
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«A tout prendre, cette influence a été salutaire; non seulement elle a entretenu, fécondé le mouvement intellectuel en Europe; mais le système de doctrines et de préceptes, au nom desquels elle imprimait le mouvement, était très supérieur à tout ce que le monde ancien avait jamais connu. Il y avait à la fois mouvement et progrès. La situation de l'Eglise a de plus donné, au développement de l'esprit humain dans le monde moderne, une étendue, une variété qu'il n'avait point eues jusqu'alors.»

Los bienes de la Iglesia fueron, pues, no sólo en los tiempos recientes, sino en los precedentes siglos, objeto donde la ley civil procedió con rigor mayor, limitando el dominio y adquisición en la forma y en el uso, llegando asímismo á negarlo y á suprimirlo. Uno de los más funestos efectos de tales excesos fué la disminución de la independencia eclesiástica y la reducción del sacerdocio á la clase de funcionalismo asalariado. Condenando tales excesos, que tomaron por pretexto el bien del Estado, no precisamos para eso acudir á la doctrina del derecho innato y natural de la propiedad. Nos basta, como á Balmes, la convicción de que tales excesos, principalmente los recientes, no correspondieron á una verdadera conveniencia social, ni favorecieron el desenvolvimiento y buena división de la riqueza agrícola, pero sirvieron apenas de pábulo á la usura de la plutocracia moderna, y al tesoro público de ejemplo y norma de colosales despilfarros.

No alegamos los procedimientos tenidos con los bienes eclesiásticos como ejemplo á seguir; pero deducimos el reconocimiento del derecho del Estado á intervenir en las cuestiones del dominio. Los bienes individuales y familiares, como los de las corporaciones, tienen sanción jurídica en la ley, y á la ley compete ordenar su naturaleza y transmisión. El derecho y la razón deben presidir á la confección de la ley partiendo de la tradición, acatándola, pero mejorando también y reformando lo que exige mejoramiento y reforma, no sólo en garantía de los intereses de los poseedores del suelo, sino también en beneficio del proletariado y en homenaje