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preferente de proposiciones y debates en el seno de algunas Cámaras ó Legislaturas particulares como las de Massachusetts y Nueva-York.

En Inglaterra las cosas no han revestido tal aparato, pero no me atrevo á decir que realmente la causa femenina no haya obtenido allí avances más positivos que en la misma América. Se entiende en el terreno á que me voy refiriendo. Porque es lo cierto que en Inglaterra el movimiento comenzó, de un modo sensible y después de los trabajos críticos y de propaganda de Stuart Mill, hacia 1867: es decir, cuando se discutió y sobre todo cuando se trató de aplicar la reforma electoral de aquella fecha. Entonces el ilustre publicista, que era miembro del Parlamento, solicitó que la palabra hombre que figuraba en el bill de reforma fuese sustituida por la de persona, y si bien esta enmienda no triunfó, obtuvo 81 votos. Al propio tiempo se produjeron numerosas peticiones del derecho de sufragio por parte de las mujeres británicas. La petición de Manchester que llevaba 5.346 firmas, tenía por objeto que se las admitiese á votar en virtud del acta de 1867. Los tribunales rechazaron esta interpretación extensiva. Pero en alguna otra parte, por ejemplo en Birmingham, se arregló de otro modo y las mujeres votaron; con lo que basta para el quebrantamiento del principio de la exclusión del sexo bello y para augurar una resolución expansiva que ponga término á la irregularidad presente.

Después en el propio Parlamento inglés se han reiterado mociones en favor del derecho electoral de la mujer y conseguido triunfos muy señalados. En el primer sentido pueden señalarse la proposición de 1883 declarando que ninguna reforma sería satisfactoria mientras no reconociese el derecho á las mujeres: 116 votos la apoyaron contra 130. En 1884 otra vez se reprodujo la moción, que combatida por Gladstone en concepto de inoportuna (no de injusta) tuvo 135 votos contra 271. Últimamente en 1886 se planteó de nuevo la cuestión, sin resultado por el momento. En cambio en 1870 triunfó el
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principio de la representación femenina en los comités de educación y en la misma fecha y en 1888 fué concedido á la mujer el voto activo y pasivo en el orden de la Administración municipal; de modo que en las elecciones municipales de 1888 triunfaron en Londres cuatro señoras y una de ellas, Miss Rons pudo ser nombrada Alderman. Después se ha pensado en generalizar la reforma en Inglaterra y Escocia y á ello dedican principalmente sus esfuerzos dos sociedades al parecer rivales—la de las mujeres liberales y la de las mujeres conservadoras de no menos de 350.000 miembros cada una—que coinciden en este punto del derecho electoral, robustecidas por las demás sociedades de carácter más ó menos especial que persiguen en aquel país de opinión la reforma económica y jurídica á que he atendido antes y de que hablaré después.

Pero hay más. Nunca las leyes electorales inglesas negaron en absoluto el derecho electoral de la mujer como señora de tal ó cual privilegio de un burgo ó centro análogo. Así consta qué en las elecciones de 1565, una mujer votó los dos diputados que correspondían á Gatbou: en 1572 se repite el caso con los diputados de Allesbury. Y ahora gozan del privilegio electoral todas las mujeres de la isla de Mans. A lo que hay que agregar que en las Instrucciones anejas á la ley de 21 de Mayo de 1885 relativa al registro de electores se establece que «las personas con derecho á ser inscritas, en virtud del franquicio de burguesía, pueden ser hombres ó mujeres.»

Con estos precedentes bien puede decirse que en plazo no lejano el derecho electoral de la mujer será una cuestión resuelta en Inglaterra. No entrevéo el modo y las condiciones: pero el principio ya se destaca triunfante sobre todo por los éxitos verdaderamente excepcionales de la intervención de la mujer británica en los comités de instrucción y de beneficencia y aun de los resultados que va dando en los Consejos municipales. Además á esta obra contribuyen los ejemplos de otros pueblos europeos. En Suecia y Dinamarca la mujer des-
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de 1873 goza también de análogos privilegios ó derechos en el orden pedagógico y municipal. En la Lombardía y el Veneto las mujeres tenían antes el llamado voto administrativo, si eran propietarias, para el arreglo de los Municipios. Y ahora se trata de extenderlo á toda Italia.

En Croacia impera más ampliamente y desde 1882 al modo que en Inglaterra. Y si bien en Francia todas las tentativas hechas (las últimas de 1874 y 87) han fracasado en la Cámara popular, donde se ha sostenido el doble voto del casado y del viudo con hijos, sin embargo al fin triunfó en 1882 el derecho de la mujer comerciante á concurrir con su voto á la elección del tribunal de Comercio.

Para el fin que yo ahora persigo bástame la exposición sumaria—y aun así quizá un poco enojosa—que acabo de hacer de las realidades que en punto al derecho político del sexo débil se van produciendo y arraigando en la sociedad culta de estos últimos tiempos. No me parece ni oportuno ni fácil dentro de mis medios y supuestas mis dudas, formular en este instante un juicio sobre el problema. Me reduzco, pues, á señalar la existencia y la gravedad que le prestan los esfuerzos crecientes y apremiantes de los propagandistas como las medidas legislativas de los Gobiernos y las prácticas que van tomando arraigo y rectificando las viejas costumbres.

Por lo expuesto se puede comprender que dentro de las dificultades del reconocimiento de un particular derecho político al sexo bello la mayor consiste en la plena admisión de la mujer al desempeño de los cargos públicos; porque bien claro se ve que el voto pasivo, el derecho de contribuir por medio del sufragio á la formación de la ley—bien directa, bien indirectamente dentro del régimen representativo—no ofrece en sí mismo incompatibilidad con las condiciones propias del sexo femenino. Los reparos vienen cuando se considera la irregularidad de la situación de una dama en un Parlamento, esto no es obstáculo absolutamente insuperable, máxime ahora que las gentes se van preocupando tanto y tan
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justamente contra el abuso del poder parlamentario, el carácter tribunicio de las Asambleas numerosas y el derroche de palabra y de retórica en los Congresos de todas las razas. No aventuro nada anunciando que pronto se iniciará una poderosa reacción que deje más libre la plaza pública y haga más reducidos, modestos y eficaces los Parlamentos.

De otro lado, en teoría el derecho de la mujer a contribuir con su voto a la formación de la ley, no es más que la ampliación y complemento de su reconocida influencia en esta misma obra como causante de la costumbre, que es abundante fuente de legislación y sobre que algunos de los principales argumentos, que contra el reconocimiento de aquel derecho al sexo femenino son idénticos á los que se han venido oponiendo hasta poco hace al sufragio universal—es decir, al sufragio de todos los hombres, mayores de edad, hay que contar que en su apoyo tiene, primero, la circunstancia de que la presencia de la mujer en los comicios para el sólo efecto del voto ya no puede extrañar á nadie pues que nadie se opone á ella en otros actos quizá más aparatosos y complicados de la vida social y económica (por ejemplo, en el taller, en el teatro y en las sociedades pedagógicas y piadosas) y después, la razón potísima de que en ciertas materias (por ejemplo, en lo tocante á su vida particular y á ciertos intereses de la infancia y de la familia) la competencia femenina es no sólo evidentemente superior á la del hombre, sino que se hace sentir, por la sanción de la costumbre, de un modo incomparablemente más eficaz que la del sexo fuerte. En este orden, pues, los obstáculos provienen principalmente de la tradición y de las preocupaciones, más ó menos abonadas por los hábitos, los sentimientos y las circunstancias de las diferentes razas y civilizaciones.

Pero ya sucede otra cosa cuando se trata del desempeño de cargos activos, de aquellos que llevan aneja jurisdicción ó piden cierta diligencia y energía, que llamamos ordinariamente viriles. Confeso otra vez que no veo claro sobre este punto. Si hubiera de resolverse por impresiones, declaro que
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no es buena la que me causan hechos como el de que en Minneapolis (en los Estados Unidos de América) figure á la cabeza de la policía una señora (Miss Rice) que ha llevado después como auxiliares á 50; ó el de que dos damas corran con la dirección y jefatura de las estaciones de Evesley y Brinkbarn, en Northumberland. Como no me complace que dos americanas hayan obtenido el título de capitanes de barco y lo ejerzan en el puerto de Nueva-York y en el río Misisipi.

Pero no dejo de reconocer que las impresiones no reemplazan á los razonamientos y que en aquéllas entra por mucho el temperamento del individuo, el medio en que se vive, la educación y el estado en que las cosas se presentan y aparecen. Sería pretender demasiado afirmar que los gustos de ahora y de cierta parte de Europa han de durar siquiera lo que duraron los de la Edad Media. Es evidente la transformación que ante nuestra vista se ha operado en bien escaso tiempo en la vida de las mujeres, arrancadas á la ignorancia que se les recomendaba á principios del siglo como compañera de la virtud y gemela de la inocencia. Y no me costaría gran esfuerzo imaginar cambios y modos hasta ahora desconocidos del ejercicio de determinados derechos políticos y de la práctica de servicios que excusaran los principales inconvenientes con que hoy tropieza el desempeño de ciertos cargos por mujeres. Otros más fantasiosos ó más perspicuos que yo seguramente pueden entrever y describir situaciones originalísimas en cierto sentido que hagan posible para el sexo bello y débil ciertas empresas sin que resulten quebrantadas la finura, la delicadeza, y las condiciones todas físicas y morales que nos complacemos en atribuir á las dulces y encantadoras compañeras de nuestra vida y en cuyo desarrollo y esplendor ponemos una gran parte, cuando no la mayor del interés que nos inspiran.

Ved, pues, de nuevo abonada la reserva con que ha abordado este problema, que como también he advertido, adquiere una mayor gravedad así que se discute en el terreno del Derecho civil.
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tación de esta Cámara, con la brillantez y suficiencia de que carecemos.

En cambio, puede contar la Corporación por V. S. dignamente presidida, con el apoyo y concurso más firme y decididos de esta Sociedad.

CÁNDIDO GARCÍA.

Habana 19 de Septiembre de 1890.
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Ya reconocí que el Código de Napoleón no puede pasar por muy favorable á la mujer, contrastando buena parte de sus disposiciones con su alto valor y su sentido avanzado en lo tocante á la libertad civil. Pero así y todo aquel Código consagró adelantos tales como la emancipación de la mujer por razón de la edad; derogando la vieja tutela pérpetua; la habilitación de la mujer casada por el juez para comparecer en juicio á despecho del marido; el derecho de la mujer á concertar con su esposo el modo de administración y disfrute de los bienes aportados al matrimonio ó adquiridos dentro de éste; la disolución del matrimonio por divorcio determinado por adulterio, injuria, sevicia, ebriedad infamante y consentimiento mutuo y perseverante de los cónyuges demonstrativo de la imposibilidad de la vida común (bien que esto último fué abolido en 1816); el derecho de la viuda á la guarda de sus hijos menores; si bien acompañada de un consejo especial si el marido lo hubiese creído oportuno; la participación de la misma viuda en la herencia de su esposo y su derecho á heredarle completamente en defecto de ascendientes y descendientes; la abolición de los privilegios de primogenitura y masculinidad en las sucesiones testadas ó intestadas; la admisión de la mujer como testigo en las causas criminales; su capacidad para el ejercicio del comercio; la facultad de la misma de disponer de sus bienes aunque con ciertas condiciones; el derecho á desempeñar la tutela de sus descendientes: el de pedir y obtener judicialmente la separación de sus bienes de los del marido cuando el desorden de los negocios de éste da derecho á temer que los bienes del esposo no sean suficientes á responder á los derechos de la cónyuge; la facultad de administrar estos bienes ya separados sin permiso del marido.

Al lado, ó mejor dicho, después de estos indiscutibles progresos respecto de la legislación anterior, saturada del Derecho romano de la última época y del canónico del siglo XII, hay que poner lo que ha sido y continúa siendo materia de crítica, no ya sólo de los reformadores de los últimos tiempos,
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de los Congresos femeninos y de escritores y publicistas, como por ejemplo, Stuart Mill; Legouvé; Laboulaye; Morelli; Barclay; Malvina Frank; Mozzoni; Beauquier; Bogelot; Richery; Bajer; si que de hombres del derecho y especialistas como Mrs. Lesieur; Perier; Glasson; Gide; Gabba; Gide; Bishop; Brunalti; Laurence y otros hasta llegar al sabio belga Laurent (1).

En este orden (2) hay que señalar la negación del derecho de la mujer para comparecer por sí misma en Junio, aun cuando sea comerciante; su incapacidad (análoga a la del loco y la de los niños) para ser testigos en testamentos y actas auténticas; su imposibilidad para donar, enajenar inmuebles, gravarlos con hipotecas, contraer empréstitos, afianzar ó transigir sin aprobación del marido ó del juez; su exclusión de la patria potestad, de la tutela y del consejo de familia á no ser viuda de ascendientes; la preferencia del ascendiente

(1) Ya existe un verdadero arsenal de armas de todas clases en defensa de la mujer. Pueden citarse los siguientes libros:
G. Stuart Mill, «La sujeción de las mujeres», 1865.—Legouvé, «Historia moral de las mujeres», 1866.—Laboulaye, «Investigaciones sobre la condición civil y política de las mujeres desde los romanos á nuestros tiempos».—Salvatore Morelli, «La mujer y la ciencia».—La señorita Mozzoni, «De la reforma social».—Malvina Frank, «Mujeres y maridos».—Pisanelli, «Progresos del derecho civil en Italia».—Marcel Guay, «El régimen de la comunidad entre esposos en el nuevo Código portugués».—E. Ollivier, «El matrimonio en sus efectos respecto de los esposos, hijos y parientes».—Gesieur, «Estado y capacidad de la mujer casada».—Perier, «Capacidad de la mujer».—Gide, «De la condición privada de la mujer en el derecho antiguo y moderno».—Glasson, «El matrimonio civil y el divorcio»—Gabba, «Condición jurídica de las mujeres».—Sorant, «La mujer».—Bishop, «Condición legal de las mujeres casadas en los Estados Unidos según los Estatutos de los diferentes Estados; el derecho común y la equidad», 1973.—Schonler, «Relaciones domésticas del marido, mujer, padre é hijos, tutores y pupilos, dueños y sirvientes de los Estados Unidos», 1874.—Woolsey, «Sobre el divorcio».—Kenney, «Crítica de la ley inglesa y de los efectos del matrimonio sobre la propiedad y la capacidad de la mujer casada», 1879.—Macqueer, «Derecho y obligaciones del marido y mujer en Inglaterra», 1872.—Lawrence, «Historia de las leyes referentes á la propiedad de la mujer casada inglesa», 1884.—Hichmiller, «De la emancipación de la mujer».—Daïés, «Legislación comparada», 1877.—Laurent, «Anteproyecto de revisión del Código civil».—Colfavru, «Del matrimonio en Inglaterra y en los Estados Unidos», 1908.

(2) Debe leerse el bien escrito libro, de autor anónimo, titulado: «Essai sur la condition des femmes en Europe et en Amerique», 1 vol. Paris, 1883.
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paterno al ascendiente materno en la tutela de los ascendientes; la sumisión de la madre tutora que quiere volverse á casar al consejo de familia que decide si se le ha de conservar ó no la tutela, contrastando con el mantenimiento de la Patria potestad íntegra en el padre que contrae segundas nupcias; la pérdida del usufructo de los bienes de los hijos menores por parte de la viuda que se casa, al contrario de lo que se dispone respecto del viudo; la limitación del poder correcional de la madre que necesitará el concurso de los dos parientes más próximos del padre para castigar á sus hijos; la determinación de las relaciones de marido y mujer por medio de aquellas absolutas fórmulas de «el marido debe protección á su mujer y la mujer obediencia á su marido»—«la mujer está obligada á habitar con el marido y á seguirle donde éste juzgue conveniente residir, y el marido está obligado á recibirla y á proporcionarla todo lo que es preciso para las necesidades de la vida, según sus facultades y su estado»; y en fin todas las condiciones de aquel poder marital tan preconizado por la generalidad de los jurisconsultos franceses y del que decía el sabio Mr. Laurent, encargado hace diez ó doce años por el Gobierno belga para proponer la reforma del Código francés: que era «irreformable: porque el solo modo de corregir aquel poder, es abolirlo.»

Todavía desde otro punto de vista, el Código citado hace difícil la posición de la mujer. Por ejemplo, prohibiendo la investigación de la paternidad; negando todo derecho fuera de los alimentos, á los hijos adultéricos ó incestuosos; equiparando los derechos de la madre y del padre sobre los hijos naturales reconocidos; la omisión del abandono moral ó material de la familia entre las causas de la pérdida de la patria potestad.

Como es bien sabido, el Código napoleónico fué llevado á otras muchas naciones de Europa y aún rige en la Luisiana de los Estados Unidos de América. Además su influencia fué extraordinaria y decisiva en todo el mundo latino y aun en buena parte del germánico y el sajón durante toda la prime-
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ra mitad del siglo que corre; como que representa el primer periodo del movimiento codificador contemporáneo. A partir de 1860, se inicia una acentuada rectificación de aquel Código combinada con una tendencia á la aproximación de las instituciones civiles de diferentes pueblos cultos: paso previo para esa gran obra con que quizá se despida nuestro siglo ó que éste confie á los primeros años del próximo, y á que responden las insistentes recomendaciones de los juriconsultos y las tentativas de los grandes estadistas en favor de la codificación del Derecho internacional privado.

La rectificación y ampliación del Código francés y la tendencia de aproximación de que he hablado, están representadas en la historia del Derecho moderno por el Código civil italiano de 1865, el portugués de 1867, el argentino de 1869, los de México, Uruguay y Guatemala del 70 al 72, los Códigos de obligaciones de Alemania y de Suiza posteriores á 1880, la revisión de los estatutos de Massachuset, New-York, y Nueva Gersey del 79 al 83, los Códigos de Georgia y la Carolina del Norte de esta misma fecha, las actas sobre Derecho civil de Inglaterra de 1870 en adelante, y en fin, el novísimo Código español de 1889. Pues bien, uno de los puntos más salientes en toda esta considerable reforma, es el relativo á los derechos de la mujer; singularmente á la capacidad civil y al derecho de propiedad de la mujer casada.

Haré algunas citas. En el Código italiano que es en su casi totalidad, una reproducción del Código francés, ha desaparecido totalmente aquel artículo 214 que decía: «La mujer debe obediencia á su marido», sustituyéndole fórmulas tan respetuosas como la de «el marido es el jefe de la familia: la mujer sigue su condición civil, toma un apellido y está obligada á seguirle á cualquier parte donde aquel juzgue oportuno fijar su residencia»; «el marido tiene el deber de proteger á su esposa, de tenerla cerca de sí y de procurarla todo cuanto sea posible para las necesidades de la vida en proporción á sus recursos.» Quizá parezca muy absoluta la obligación impuesta á la mujer de seguir al marido, pero hay que rela-
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cionarla con el artículo 138 del mismo Código que sanciona indirectamente la resistencia de la esposa estableciendo que el marido podrá excusarse de alimentar á su mujer cuando ésta, habiéndose ausentado sin justa causa del domicilio conyugal, se niegue á volver á él. También la ley italiana consigna la necesidad de la autorización marital para que la mujer pueda donar, vender ó hipotecar inmuebles, contraer préstamos, ceder ó recobrar capitales, transigir litigios y comparecer en juicio; pero las excepciones que sanciona debilitan lo indecible hasta esta traba. En primer término se trata de donación, venta ó hipoteca sólo de inmuebles; en segundo término, el marido puede dar á su mujer una autorización general que la habilite para todo; en tercer lugar, la autorización marital de ningún modo es necesaria cuando la mujer es comerciante ó está legalmente separada de su marido por culpa de éste. Cierto que el matrimonio no se disuelve sino por muerte de uno de los cónyuges, pero está sancionada la separación personal de éstos, entre otros motivos, por causa de abandono voluntario, deshonor del marido por pena impuesta antes del matrimonio y desconocida de la esposa, y por adulterio del marido siempre que en el hecho «concurran circunstancias que constituyan una injuria grave para la mujer.» Además el cónyuge causante de la separación ó divorcio, pierde las ganancias dotales, cualquiera que sea el sexo de aquél.

La administración de la dote corresponde al marido, pero en el contrato matrimonial podrá establecerse que la mujer perciba para sus gastos personales una parte de las rentas y sólo podrá venderse ó hipotecarse aquélla cuando en el contrato se permita, ó el juez, en caso de necesidad ó utilidad evidente lo consienta, con acuerdo de ambos esposos. Además la mujer puede pedir que se intervenga y separe la dote cuando estuviese en peligro de perderse ó vayan mal los negocios del marido. Separada la dote, la mujer la administrará libremente. A la mujer corresponden el dominio, administración y disfrute de los parafernales. El marido administrará los
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bienes de la comunidad conyugal, pero no podrá, á no ser por título oneroso, enajenarlos ó hipotecarlos.

Asimismo la mujer italiana, puede afianzar y ser testigo y si bien no disfruta como la española de la patria potestad, en caso de viudez, ejerce la tutela de sus menores con las restricciones puestas por el padre, teniendo á su favor el derecho de solicitar de los Tribunales de Justicia, la modificación de estas reservas y aun la revocación del Consejo de tutela, puesto á su lado por voluntad del difunto. Tampoco la mujer en Italia es admitida libremente á la tutela y en el consejo de familia, pero sí cuando se trata de descendientes ó de hermanos.

El Código portugués no llega á tanto en lo general, y sobre todo, en lo que afecta al orden público. Quizá, empero, asegura más sus derechos en otra esfera. Con efecto, la mujer menor y mayor de edad, soltera, tiene los mismos derechos que el hombre fuera de no ser testigo en testamentos ni de afianzar (si no es comerciante), ni de ser procuradora en juicio sino en causa propia ó de sus ascendientes, descendientes y marido impedidos. También obliga á la mujer á seguir al marido, pero no cuando éste vaya á país extranjero. Por otra parte, la mujer lusitana necesita de autorización marital para publicar sus escritos, ser testamentaria, comparecer en juicio, adquirir ó enagenar bienes y contraer obligaciones. Y está excluida de la tutela y del consejo de familia. Pero en cambio, la madre portuguesa disfruta (con más ó menos reservas) de la patria potestad ejerciéndola ampliamente después de muerto el marido. «Las madres—dice el Código—que participan del poder paternal, deben ser oídas en todo lo que dice respecto á los intereses de los hijos, pero á los padres es á quienes especialmente compete durante el matrimonio, como jefe de la familia, dirigir, representar y defender á sus hijos menores tanto en juicio como fuera de él.» El marido, en el matrimonio conforme á la costumbre del Reino, necesita autorización de la mujer para aceptar ó repudiar una herencia. La sevicia y las injurias graves, lo mismo que