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el adulterio del marido con escándalo público ó completo desamparo de la esposa ó teniendo y manteniendo concubina en el domicilio conyugal, son causas legítimas de la separación de la mujer y sus bienes de la persona y los bienes del marido.

La viuda portuguesa tiene derecho á la parte que se le hubiere señalado en el contrato de casamiento, y si no existiese nada previsto y careciese de medios de subsistencia, á alimentos sobre la herencia del finado. El marido no puede enajenar bienes inmuebles ni comparecer en juicio por cuestiones de propiedad ó posesión de esos muebles sin consentimiento de la mujer. Es lícito á los esposos estipular antes de la celebración del casamiento y dentro de los límites de la ley todo cuanto les parezca relativamente á sus bienes; por tanto, la comunidad de los presentes y los futuros, el régimen dotal, la separación completa de bienes ó la simple comunidad de los adquiridos. En los casamientos hechos con separación de bienes, la mujer dispone de ellos libremente, y el marido casado conforme á la costumbre del Reino puede disponer de los bienes muebles de la casa, pero si lo hiciera sin consentimiento de la mujer se descontará su importe de la parte que al marido corresponde en la totalidad de los bienes conyugales.

Por todo esto, y prescindiendo de otros muchos detalles, se puede advertir la acentuada tendencia del Código lusitano á fortalecer la capacidad administrativa y la autoridad de la mujer dentro del hogar, dejando al italiano que vaya delante en la sanción de garantías que importan sobre todo en lo que pudiéramos llamar vida exterior de la mujer. De todos modos, en la combinación del derecho italiano y el portugués viene á estar hoy por hoy la representación del mayor avance de los pueblos latinos en el particular que tratamos.

Para buscar tipos superiores, derecho más original y notas más acentuadas en el orden jurídico contemporáneo, hay que entrar en otro círculo. Costará trabajo creer esto. Generalmente se presume que los novísimos Códigos del Sur de
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América pecan de radicales en sentido progresivo; quizá autorízan esta presunción la juventud, los antecedentes políticos inmediatos, las condiciones geográficas y sociales, el valor y espíritu de la inmigración, el aire de la industria y otras circunstancias características de estos simpáticos pueblos, que parece que ya han encontrado su asiento. Pero, lo repito, todos esos Códigos civiles del 64 al 84 no sobrepasan (en la materia de que estoy tratando) á los Códigos análogos citados: frecuentemente quedan por bajo.

Por vía de ejemplo me fijaré en el de la república Argentina, que es de 1879, el más original bajo otros aspectos y de mayor importancia técnica y jurídica. Pocos pueblos como el platense para que allí tomaran raíz y cuerpo ciertas novedades en el orden del derecho. Sobre aquel Código han influido con la tradición jurídica y las costumbres españolas el trato con Norte América y la corriente inmigradora europea, nutrida principalmente por españoles, italianos y franceses, á quienes empuja el genio de la aventura y sostiene una poderosa energía provocada á cada instante por una naturaleza virgen e indomable. Pues bien, allí apenas se conocen atrevimientos en el orden jurídico: digo mal, en la esfera de los derechos de la mujer.

Jactanciosamente el Código argentino declara á la mujer soltera mayor de veintidós años «habilitada lo mismo que el varón, desde el día que comenzare la mayoría, para el ejercicio de todos los actos de la vida civil, sin depender de formalidad alguna ó autorización de padres, tutores ó jueces», y expresamente consiente la fianza de la mujer, pero luego niega á ésta capacidad para ser testigo en testamento, y no la permite ser tutora (á excepción de la abuela viuda), ni comparecer en juicio por sí ni por procurador sin licencia del marido, licencia que también es necesaria para que la mujer contrate, adquiera, enagene ó ceda sus bienes. Reconócesela la patria potestad al igual que al hombre, si bien su pleno ejercicio corresponde á éste durante el matrimonio; pero la viuda que contrae segundas nupcias tiene que pedir
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al juez que nombre tutor á sus hijos del primer matrimonio. Está consagrado el divorcio, pero éste sólo produce la separación personal de los esposos (nunca la ruptura del vínculo matrimonial) y en condiciones tales que la divorciada, para estar en juicio, necesita de la licencia del marido ó del juez. Y sólo son causas de divorcio, fuera de las señaladas por la Iglesia católica, (cuando se trate de católicos) el adulterio de la mujer ó el marido, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro y las ofensas físicas ó los malos tratamientos; de ninguna suerte el consentimiento mutuo. Consigna el Código el principio de que los esposos puedan hacer convenciones antes de casarse, pero añade que éstas habrán de ser sólo para designar los bienes que cada cónyuge aporta al matrimonio; para reservar á la mujer el derecho de administrar algún bien raíz de los que lleva al matrimonio ó adquiera después por título propio, para precisar las donaciones que el esposo hiciese á la esposa y para fijar las que los esposos se hagan de los bienes que dejaran á su fallecimiento. Todos los bienes y derechos que lleva al matrimonio la mujer ó adquiera después por legado, donación ó herencia, es dote, y el marido es el administrador de todos los bienes de la sociedad conyugal; pero necesitará autorización de la mujer para vender los inmuebles de ésta.

Como se ve, el legislador argentino no se ha aventurado mucho. Nuestra misma novísima legislación es relativamente más favorable, y eso que el Código español del año 1889 ha rectificado desfavorablemente para la mujer las leyes expansivas de 1870 sobre matrimonio y registro civil. Sin embargo, hoy por hoy en España la mujer casada puede administrar sus bienes parafernales y establecer en el contrato matrimonial las condiciones que guste respecto de los bienes, su goce, producto y administración. Disfruta de la patria potestad siendo viuda, y aun puede conservarla al contraer nuevo matrimonio, si el cónyuge anterior en su testamento hubiese previsto expresamente esto y dispuesto que la mujer en todo caso continuara ejerciendo potestad sobre sus hijos.
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Además garantiza á la viuda el usufructo de una parte de la herencia del esposo. Pero la ley española también excluye á la mujer de la tutela, del consejo de familia, de los actos civiles, de la comparecencia en juicio sin licencia del marido, y de la capacidad para contratar, vender, etc., sin esta misma licencia, del propio modo que establece la ley portuguesa.

Pero la legislación sajona (americana ó europea) ya adelanta bastante más, y esto es de superior gravedad si se considera el atraso en que hace poco se hallaba, aun después de los bills de 1857 y 1858 sobre divorcio, que inauguraron la era de la reforma y que fueron admirablemente secundados, así por los debates y la propaganda de la famosa Asociación para el fomento de las ciencias sociales, como por la gran información abierta por aquella época para establecer la situación legal y económica de la mujer (sobre todo de la mujer obrera) y los resultados de las leyes antes citadas.

Con efecto, por la ley de 1870 quedó investida la mujer casada del derecho de disponer libremente de lo que ganara en el ejercicio de una profesión ó comercio cualquiera. Además se le atribuyó el goce exclusivo de todos los bienes muebles que recibiera por herencia intestada, de las rentas de los muebles adquiridos por modo idéntico y de las sumas menores de 200 libras recibidas por donación ó legado. Luego vino la gran ley de 18 de Agosto de 1882, que capacitó á la mujer casada para adquirir, poseer y disponer por testamento ó de cualquier otro modo de todos los bienes muebles ó inmuebles como propiedad separada, del mismo modo que si no estuviese casada, y sin la intervención de ningún tutor. Asimismo podría obligarse por contrato hasta el límite de sus bienes separados, estar en justicia y ser perseguida ex-contractu ó ex-delicto, sin que fuese necesario asociarla el marido como demandante ó como defensor. Además, puede la mujer hacer préstamos á su marido, y si es comerciante, con independencia de éste, se halla sometida á las leves de quiebra. La mujer está obligada al sostenimiento de su marido y de sus hijos pobres.
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SANTA MARÍA DE LA ALMUDENA (1)

I

El último día del mes de Junio de 1598, entre nueve y diez de la mañana, pudieron ver los curiosos agolpados en las inmediaciones del Regio Alcázar, salir, por la puerta que daba al Campo del Moro, una comitiva bastante numerosa, compuesta de frailes montados en mulas manchegas, balles- teros en traje de marcha, lacayos con librea de la casa de Austria, un centenar de alabardas mandadas por familiares del Santo Oficio y algunos personajes de la corte, entre los cuales figuraban el gran Duque de Alba, ya anciano y acha- coso, el Nuncio de Su Santidad y Don García de Loaisa, que de limosnero del Rey, acababa de ser nombrado Arzobispo de Toledo.

En el centro de este grupo abigarrado se veía una silla de forma extraña, conducida en hombros de palafroneros; y en torno, cabalgando en pacíficos corceles, á Don Cristóbal de Mora, confidente del Rey, y á los médicos de Cámara, García de Oñate, Zamudio de Alfaro, Gómez de Sanabria y Juan de Vergara, este último en clase de cirujano. Dentro de aquella silla, que así podía ser cama como ataúd, iba acostado el Rey Don Felipe II, que hacia catorce años padecía de gota, más

(1) Del tomo II en preparación, de las crónicas del Madrid viejo.
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En Junio de 1886 se promulgó la ley de tutela de los niños, y por ella la mujer fué investida del derecho de tutela sobre sus hijos, bien sola, bien acompañada del tutor nombrado en testamento por el padre y marido. Del mismo modo la mujer tiene derecho á nombrar un tutor que vele con el padre y esposo sobreviviente por los intereses de sus hijos menores. Y la ley llega á autorizar la demanda que la esposa presenta, viviendo el marido, á la corte de chancillería para que ésta tome las medidas oportunas sobre la salud, educación e intereses comprometidos de sus hijos.

Esta ley, denunciada como un formidable ataque al poder paterno, fué vivamente combatida desde su presentación á principios de 1884.

Del propio año es otra ley en favor de la mujer y los hijos abandonados. Por su virtud, la mujer puede obligar judicialmente al marido á entregar, para sostenimiento de la familia, una suma que no exceda de dos libras esterlinas por semana.

Por último el legislador inglés ha entrado en el terreno de la libre investigación de la paternidad, y autoriza á la madre á que, con el auxilio de magistrado, pueda obtener del padre el reconocimiento de su hijo, con más alimentos regulados en cinco chelines por semana.

En cuanto á la legislación del divorcio, después de la campaña de lord Brougham y la reforma judicial de 1873 y 78, es bien sabido que ha sido hecho en vista de los intereses de la mujer, por lo cual no basta la mera circunstancia del adulterio del marido, sino que éste sea calificado, porque de otra suerte serían (dicen los ingleses) fáciles las emancipaciones del yugo conyugal por parte del hombre. La mujer divorciada recobra su apellido de familia y queda libre como si fuera soltera ó viuda. Además puede pretender una indemnización. Al lado del divorcio está la separación de cuerpos, determinada también por adulterio, abandono sin motivo por espacio de dos años, crueldad y delitos contra natura. La mujer, aun culpable, tiene derecho á alimentos, que revisten una extraordinaria importancia en el caso de ser ella la ino-
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cente. Separada goza de todos los derechos civiles, pero no compromete en nada y por nada al marido.

Para estimar la importancia de estas disposiciones (que sólo rigen en Inglaterra y en el principado de Gales) hay que relacionarlas con las demás ventajas obtenidas en aquel país en los últimos diez años en el terreno de la administración y del derecho político.

Así no se aventura mucho afirmando que la capacidad civil de la mujer inglesa ofrece hoy las condiciones de un desideratum para Europa. Las leyes danesas de 1880 y las suecas de fecha próxima, están inspiradas en el sentido de la británica de 1882, sin haber llegado á sus radicales afirmaciones. Aun en América no se ha ido mucho más allá, y si bien es cierto que las leyes protectoras del derecho femenino son en Nueva-York de 1838 al 60, en Massachuset de 1857, en el Canadá de 1859 y 65; la ley de Pensilvania análoga á la inglesa de 1882 es de 3 de Junio de 1887, las leyes sobre tutela y divorcio en Nueva York son de 1871, 1887 y 1888; las de Nueva York y Massachuset sobre capacidad de las mujeres, de 1884.

Y así las de otros Estados, aunque nadie pueda permitirse la especie de señalar la legislación civil de los Estados más progresivos de la gran República, como más avanzada y favorable, en términos generales, que la novísima legislación británica.

Me he complacido, señores, en registrar y exponer textos legales, aun corriendo el peligro de fatigaros, porque así creo dar claridad y fijeza á mis observaciones, excitando á mis oyentes á hacer por sí mismos la comparación de esos datos y á sacar fácilmente las conclusiones del contraste. Además un comentario es siempre discutible: un texto legal es un hecho y nada dice tanto en favor de la posibilidad de una medida, como el verla practicada.

En tal sentido la novísima reforma británica, que lleva ya cerca de 20 años de vida, es, (por su propia naturaleza, su éxito y las circunstancias del pueblo inglés tan respetuoso del
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home y tan lento para ciertas trasformaciones), un argumento extraordinario en favor de las aspiraciones femeninas. Eso puede ser... porque es.

¿Debe ser? Tampoco lo contestaré en este momento. No me intimida la sospecha de que exageréis mi timidez. Algo he debido meditar sobre la materia siquiera en el ejercicio de mi profesión y supuesta la frecuencia, en estos últimos años extraordinaria, de conflictos provocados por la inteligencia del concepto de bienes parafernales, por la extensión dada á la representación de la mujer por el marido en juicio y por la deficiencia de nuestras leyes en materia de divorcio, contrastando esto con las novísimas exigencias de lo que se llama el industrialismo y la mayor altura intelectual y la personalidad adquirida por la mujer española.

Pero aparte de que mis opiniones sobre algún punto no están ultimadas, creo que el discutir la materia no es empeño ligero ni de pasada; y sobre todo me parece impropio del momento, entre otras muchas razones, porque yo no persigo hoy otro fin que el de exponer los términos del problema y el estado de la cuestión, principalmente en el terreno de la práctica y de los hechos.

Si me he extendido del modo que advertiréis, débese al mal efecto que en mi ánimo produce la tendencia general á reducir el problema social que á todos nos preocupa á una cuestión económica; si se quiere á una cuestión jurídica que afecta principalmente al Estado bajo el punto de vista del orden público y al obrero y al fabricante ó empresario en el orden de las relaciones mercantiles.

Me explico bien por qué la casi totalidad de las gentes reducen de esta suerte el problema; pero por lo mismo, tengo particular empeño en distinguir las especies y en señalar las diversas y trascendentales cuestiones entrañadas en el problema social, y cuyo olvido ó cuya resolución indirecta y siempre deficientísima, bajo la preocupación del problema económico, dejará en pie, sino complica, grandes males que afectan á lo íntimo de la vida contemporánea.
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Llevo mi pretensión hasta el punto de recomendar á los laboriosos profesores del Fomento de las Artes, que mediten sobre esta materia y vean, en su superior juicio, si conviene ó no hacer objeto especial de sus próximas conferencias la cuestión, tal y como yo la considero, ó si poniéndose dentro de mi criterio, convendría tratar particularmente los diferentes aspectos del negocio, para esclarecer la inteligencia de la muchedumbre, producir convicciones y determinar actos conscientes y de consecuencia efectiva y provechosa en nuestro mundo político y social.

Con esta recomendación deseo despedirme esta noche del ilustrado concurso que me favorece con su presencia. Porque me interesa que sea esta la impresión que más recuerde de las que hayan podido producir mis pobres palabras.

Para ello tengo varias razones: la primera, mi convencimiento de que lejos de ser nuestro país poco á propósito para producir en él una opinión, pocos se le igualan en prontitud para formarla. Las dificultades están en otra parte. Por ejemplo, en el error de que son suficientes para producir esa opinión actos aislados, una propaganda interminable, un discurso más ó menos sonoro ó media docena de artículos periodísticos, más ó menos artificiosos y ligeros. Luego viene la facilidad con que se acogen las ideas y la rapidez con que se determinan las actitudes, de lo cual es resultado (entre otros quizá más graves) la inconstancia de las situaciones y la contradicción de la conducta que ahora por todas partes advertimos y en casi todos condenamos.

No; no basta una invocación, ni una protesta, ni una referencia, para producir convicciones. Es indispensable la labor constante, intencionada. De esto puede decirse lo que los ingleses afirman de que la energía no consiste en querer las cosas, sino en quererlas mucho y quererlas de todos modos y en todos instantes.

Además, yo tengo la seguridad de que en plazo brevísimo los problemas á que me he referido esta noche y de que he hablado con mayor ligereza otras veces desde esta misma cá-
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tedra, se impondrán á todos los espíritus y serán el tema de todas las conversaciones. Con esta convicción, me asalta el temor de los problemas y las tesis de moda, y me preocupa la inminencia de las afirmaciones de impresión, de las soluciones improvisadas, y de los proyectos de fantasía.

Preparémonos, pues, á resistir esta avalancha, y para ello nada como educar el espíritu en la serena contemplación de los pavorosos problemas que se van desenvolviendo ante nuestros ojos, con el auxilio del análisis profundo, la experiencia acreditada y la íntima persuasión de que así como la razón y la verdad se aman, con amor inextinguible, así los intereses de la vida humana coexisten, se conciertan y resuelven bajo una ley de fecunda y eterna armonía.

He dicho.

RAFAEL M. DE LABRA.
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UN EMBAJADOR DE MARRUECOS EN GRANADA

EL AÑO DE 1766

En un raro manuscrito unido á un curioso ejemplar de las Ceremonias que esta ciudad de Granada ha de observar y guardar en las ocasiones que se le ofrezcan, assi en su Sala Capitular como en las funciones públicas, etc.; anotado por su autor, el caballero veinticuatro, D. Juan de Morales Hondonero (libro impreso en Granada en 1752), hállase esta noticia:

«En el dia 4 de Diciembre de 1766, en cavildo estraordinario que mandó llamar el Sr. Corregidor Intendente, quien dió quenta como hacia noticia que el embajador de Marruecos, que en nombre de su emperador ha venido con embajada á nuestro Rey el Sr. Dn. Carlos 3.º, de quien no hai orden para festejarlo; mas atento á su representación ha parecido hazerle algún recivimiento y cortejo, el que pareciese su cortesania y política, y no aquel que se hiziese si nuestro monarca lo mandase ó recomendase. Y para ello se nombraron Comisarios, que lo fueron los Sres. D. Vicente de Alarcón y don Diego Viana, los que practicarán lo conveniente. Y de su llegada, y del recivimiento y cortejo que se le haga lo anotaré, para que en adelante conste.—Victoria. (1).»

Advertiremos, ante todo, que el manuscrito unido al Cere-

(1) El libro y manuscrito, se han adquirido recientemente por el Ayuntamiento para su archivo.
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monial, es una relación de los casos sucedidos en Granada desde 1752 hasta 1767, que de algún modo puedan tener conexión con el libro mencionado; que cada una de las noticias está firmada por el Sr. Morales Hondonero, que desempeñó el cargo de maestro de ceremonias en el Ayuntamiento hasta Octubre de 1766 en que falleció, y que desde esta fecha autoriza las anotaciones el veinticuatro D. Simón de Victoria Ahumada, que sustituyó á aquél en el cargo.

Compulsada la noticia en el Libro de Cabildos del referido año, resulta, en efecto, que el Intendente Corregidor dijo «que sin embargo de no tener orden de la Corte para que se le hagan (al Embajador marroquí) algunas demostraciones de obsequios (1), se tienen verídicas noticias de lo que en otras capitales y demás pueblos le han cortejado, y que ha sido del agrado del Rey nuestro señor»... El Ayuntamiento nombró á los caballeros Alarcón y Viana, para que, con el Corregidor, proporcionaran «alojamiento dezente á dicho Sr. embajador haciéndole alguna demostracion de fineza con arreglo á su prudencia y en la forma que lo graduase la ocasion, y mediante á que por esta Ciudad está dada licencia para que se haga una comedia de theatre, á esta ó á otra igual funcion que les parezca á dichos señores, dispongan la Compañía de cómicos, le conviden y lleven á ella al balcon de esta Ciudad una ó mas tardes que guste S. E., dando orden que para mayor dezencia de la Casa Theatre de Comedias, y por honor á esta Ciudad, se adorne é ilumine toda ella, y para el costo que por esta razon se le acrecienta á el arrendador, le den de aumento, sin que sirva de ejemplar, dos quartos mas de entrada y correspondiente subida de las tarjas, de forma que estándole dado precio á dicha comedia de bastidores el de ocho quartos, para este nuevo gasto ha de tomar de entrada el de diez, cuio aumento ha de continuar por los dias que precedan á la funcion y adorno que se dispusiere»...

(1) Como se verá después en el texto, hay contradicción entre la noticia de la falta de órdenes de la corte, con respecto á Granada y Sevilla.
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Para que visitaran al Embajador en nombre de la Ciudad, se nombraron caballeros Comisarios á otros dos veinticuatro del Ayuntamiento.

No pareció bastante al arrendador la subida de los dos cuartos por entrada, en equivalencia de los gastos que había de sufragar—aumento corriente para cuando se ponía en escena alguna comedia de bastidores, según se demuestra por varios acuerdos del Ayuntamiento, redactados en esta ó parecida forma: «La Ciudad acordó aumentar dos quartos por la entrada de cada persona para la comedia de théatro intitulada El México Brocario (Cabildo de 9 de Enero de 1767),—y así lo dijo á D. Diego Viana, que en sesión de 5 de Diciembre, dió cuenta de que había practicado algunas diligencias para el festejo del Sr. embaxador de Marruecos... con el arrendador de la Casa Theatre»... y que respondió éste «no poder costear la iluminazion y colgaduras que corresponde con los diez quartos de entrada que esta Ciudad le tiene concedido... ofreciendo esforzarse á la mas dezente disposizion, ampliándole cada entrada á razon de doze quartos y la proporcion de lo demás»...

El Ayuntamiento asintió á la proposición del empresario, pero en un cabildo posterior, un señor veinticuatro protestó, en nombre de los concurrentes á las comedias, de la subida de los precios de entrada y localidades, y se amonestó al arrendador.

Mientras tanto, según consta en el manuscrito de los señores Morales y Victoria, llegó á Granada el Embajador marroquí. He aquí como describe el recibimiento el Sr. de Victoria:

«En el dia 14 de Diciembre de 66, entró en esta Ciudad el embaxador de Marruecos llamado (aquí hay un claro en el manuscrito), acompañándole un ofizial general de Cavalleria de su nación y un sobrino suio, un oficial de Guardias españolas D. Pablo Asensio, dos relixiones de el órden del señor San Pedro de Alcántara que llaman de San Diego, y su comitiva de criados hasta quarenta personas; se les salió á