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de su plano social. Procuraba la experiencia que nunca alcanzó satisfactoria; halló la escuela de que no se preocupaba. Durante algunos años, fué grande el ruido de publicidad que rodeó el falansterio ideal. Agrupábanse en torno de él, Muiron, Transon y Lechevallier, Lemoyne, Paget y madame Vigoureux, Victor Considerant, el activo propagandista y enérgico sucesor del maestro. Nada por constreñimiento, todo por atracción, era el principio fundamental del falansterrianismo; Reybaud resume perfectamente la teoría en estas palabras: «Emancipar y combinar las pasiones, asociar las facultades y los intereses, hacer prevalecer, en el mundo físico y en el moral, la simpatía sobre la repugnancia, hallar en el espectáculo del universo la vía analógica de nuestros destinos, tal era el plan; y en esta corta fórmula comprendía nada menos que la entera renovación del globo.

La maravillosa sagacidad del inventor haciendo girar la idea, permitía exponerlas bajo aspectos variadísimos, brillantes, originales, inesperados... Fourier contaba absolutamente con el trabajo atractivo y dábase á tratos para obtener la forma del problema. Lo que sobre esto escribió, hace honor á la imaginación del autor. Con gran dispendio de ingenio organizó los grupos industriales, apelando para la variedad en las labores, á la corta duración de cada una y á la emulación... Pero era todo un sueño. El trabajo, hijo del deber, no tiene en este mundo por móvil la atracción, sino la necesidad. El trabajo es penoso porque es continuo, porque es obligatorio.

Larga tarea sería seguir el espíritu innovador durante la primera mitad de este siglo, en sus transformaciones más ó menos ingeniosas. Babouf, Leroux y Cabet no excedieron á Saint Simon y Fourier, sino en la extravagancia. Coven en Inglaterra y Luis Blanc en Francia, fueron atletas demostrando los males de la concurrencia ilimitada, pero fallaron en la exposición y experiencia de sus planes. Nada valieron al inglés los ensayos de New-Lamark, New-Harmony y Ussiston; es sabido el flasco de las oficinas nacionales de París, en 1848; Proudhon, dialéctico poderoso, espíritu excéptico y
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los Oficiales del Ejército y sus asimilados. Y tóngase en cuenta que en la palabra «Oficiales» se comprende desde el alférez de las Academias militares, hasta el Capitán general de Ejército, inclusive, y que en el art. 86, segundo inciso, caso primero, sólo se reservan, por razón de la elevada categoría de los acusados, al conocimiento del Consejo Supremo de Guerra y Marina constituido en Sala de Justicia, las causas instruidas por los delitos que cometan los ministros de la Corona que pertenezcan al Ejército ó la Armada; los Capitanes generales de Ejército y Almirantes; los Presidentes, Consejeros y Fiscales que sean ó hayan sido del mismo Consejo, y los Inspectores generales de las armas e institutos. De suerte que los Oficiales no comprendidos en el art. 86 ya mencionado, deben ser sometidos al Consejo de guerra de Oficiales generales, cualquiera que sea la naturaleza del delito.

Presentemos el caso en que el hecho justiciable revista carácter común, y entonces, en cumplimiento de lo que se ordena en el artículo 139, ejercerá las funciones fiscales el teniente auditor del distrito, y si el acusado es de categoría superior á la de teniente coronel, aunque el funcionario del Cuerpo jurídico militar sea teniente auditor de primera, será acusado por un individuo del ejército, de empleo inferior al suyo, y como no es ese el espíritu del resto de la ley, se in- curre en lo que plausiblemente quiso evitar el art. 140.

Pero no es esta la única contradicción que en ambos artículos encontramos, porque si sólo se atiende á la índole del delito, los oficiales que cometan dos ó más, unos de naturaleza común y otros de índole militar, se verán acusados ante el Consejo que haya de juzgarlos por un individuo de categoría igual ó superior á la suya. No parece, sino que á más responsabilidad se concede mayor dignificación, porque dado el texto del art. 139, cualquiera deduciría que el oficial que se ve acusado de un delito común, pierde la consideración á que por su empleo es acreedor, y debe tenerse presente que el que un individuo se vea procesado por un delito, no quiere decir que sea autor del mismo, pues puede muy bien eviden-
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ciarse su irresponsabilidad en el curso del procedimiento, instruido precisamente para depurar el grado de delincuencia, su inocencia ó culpabilidad; y dado caso de que resulte autor del hecho punible, si la pena que se le impone no es de las que llevan consigo la separación definitiva del Ejército, ¿qué efecto producirá cuanto queda dicho, para el mantenimiento de la disciplina, en los que asistan á la celebración del Consejo y presencien, quizás por vez primera desde que existen ejércitos regulares, tal contrasentido? Tanto más, cuanto que en aquellos consejos de guerra encargados de fallar causas instruidas por delitos militares y comunes, no existe tal falta de lógica.

No por esto se crea que censuramos la reforma de la ley, en el sentido de que ejerzan funciones fiscales, los individuos del Cuerpo Jurídico del Ejército. Lejos de esto, es preferible, á pesar de los inconvenientes que quedan apuntados; porque si bien es verdad que en todos los oficiales existe un grado de ilustración suficiente para intervenir en los procesos con el carácter de acusadores, no es menos cierto que debe suponerse mejor aptitud en los individuos del Cuerpo Jurídico, como letrados que son, dedicados especialmente al estudio del derecho militar, y avezados á la interpretación de las leyes; porque no basta conocer determinadas disposiciones, es preciso saber los principios en que se fundan su razón de ser, el punto de donde emanan y el por qué de su existencia, y la ley debe otorgar á los reos el mayor número de garantías posibles, en cuanto á la apreciación de las acciones ú omisiones que dieron margen al procedimiento.

Pero, el aceptar la reforma y reconocer que se ha dado un paso gigantesco dentro del Derecho procesal, con la división de funciones; al considerar como necesaria la intervención en los procesos militares con el carácter de representantes de la ley, de los individuos del Cuerpo Jurídico Militar, y al parar mientes en el texto de los artículos tantas veces citados, no se crea que por mero capricho de censura, llamamos la atención acerca de sus contradictorias disposi-
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ciones. Porque si bien en otra ley de índole común significaría poco esa diferencia, tratándose de una ley militar, vemos en esas disposiciones algo de más trascendencia: el respeto que se debe á las altas jerarquías de la milicia, y sobre todo el acatamiento y consideración que debe cualquiera de los individuos del Ejército, al que le sea superior en grado.

¿No sería mucho más lógico, que á semejanza de lo que se dispone en el art. 140, en aquellas causas en que ha de aplicarse el Código ordinario, se designara para ejercer las funciones fiscales, á individuos del Cuerpo Jurídico de igual ó superior categoría á la del más caracterizado de los presuntos culpables? Y, ya que dada la actual organización del importante Cuerpo de justicia militar, en algunos casos sería difícil dar exacto cumplimiento á la reforma propuesta, sobre todo en las causas instruidas contra oficiales generales, podría subsanarse en parte, esa deficiencia de organización, nombrando con el carácter de fiscal á un auditor general de Ejército.

Entendemos que la reforma es necesaria. Ya se ha dado el primer paso de avance hacia el progreso marcado por la ciencia jurídica. Y cuando los Gobiernos dictan disposiciones tan útiles á la Patria y al Ejército como el nuevo Código de Justicia Militar; cuando en obras de tanta trascendencia escucha por doquiera los merecidos plácemes á que es acreedor el que con infatigable celo vela por el mantenimiento de la disciplina y la recta administración de justicia en la institución armada, debe esperarse con fundamento, que procurando, como lo ha hecho hasta aquí, por el bien de la milicia, dictará todas aquellas aclaraciones que son necesarias para la aplicación recta de la novísima ley militar, oyendo los ilustrados pareceres de las primeras autoridades de los distritos, y procurando que en el plazo más breve posible, se supriman los impedimentos que hoy existen para la rápida aplicación de la ley, toda vez que no hay ningún servicio que aventaje en importancia á la administración de justicia, ni tampoco otra que como ella, influya tanto en el sostenimiento de la disciplina.
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Las necesidades del Ejército han sufrido las mismas alteraciones que las costumbres de los pueblos: de aquí que la mayoría de las penas señaladas por las Reales Ordenanzas, resulten hoy inaplicables y en algunos casos arbitrarias, tales como las de cortar la mano, atravesar la lengua con un hierro candente, ser descuartizado, etc. Y desde el momento en que tales crueldades fueron rechazadas por los progresos de la civilización y la cultura, y tuvieron que reformarse, de la misma manera que se evidenció la necesidad de establecer un nuevo procedimiento y una distinta penalidad para las infracciones de la ley, ora porque el Código del año 1884 fuera débil en casos determinados, ora porque apreciara como delitos los hechos que el vigente conceptúa y pena como simples faltas, desde ese instante, queda abierto el camino á nuevas y más fáciles reformas. Y ese cambio de criterio que ha de ser forzoso en el legislador que no puede oponer sus disposiciones á la marcha de la ciencia y al espíritu público, si no se realiza cuando la moral y las costumbres lo reclaman puede dar lugar en la milicia á que desaparezca, siquiera sea de un modo pasajero, aquella interior satisfacción que tanto recomienda la Ordenanza.

Médite, pues, sobre cualquiera deficiencia que en el Código se observe, y trátese de subsanar en lo posible; que la aplicación de los preceptos del Código no sufran el más leve retraso; que en la rapidez de los procedimientos y en que éstos se practiquen por mano hábil, estriba las más de las veces el brillo de la disciplina.

Las reformas que el Senado propuso, que modificó el Congreso y más tarde la Comisión mixta nombrada por ambas Cámaras, requieren punto y aparte, y como tiene excepcional importancia, de ella haremos un detenido estudio en el número próximo.

RAFAEL DE PIQUER.

Madrid. Febrero, 1891.
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LA CUESTIÓN MAGNA

(CONCLUSIÓN) (1)

Los Códigos modernos, imbuidos en el espíritu de la revolución, tienden á la división continua de la propiedad. En el orden de las sucesiones, aplican lógicamente la exageración individualista que tanto ha quebrantado con la independencia de la familia su consideración y prestigio. Vano será pedir para la familia el espíritu de continuidad si en la organización de su patrimonio, respondiendo á ese fin familiar, no se buscan las garantías de su independencia, con la cual, y según la frase de Le Play, pueden guardarse en toda su integridad, bajo el techo de la casa paterna los hábitos del trabajo, los medios de prosperidad y el tesoro de enseñanzas útiles legado por los abuelos, para que sea la casa, conservándose en su unidad, como centro permanente de protección á que todos los miembros de la familia puedan acudir en los infortunios de la vida.

Valga como confirmación de lo dicho el caso de la Westfalia, que merced á costumbres que hacen posible la trasmisión íntegra en la familia, tanto de los pequeños como de los

(1) Véase el núm. 525 de la REVISTA DE ESPAÑA.
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grandes dominios, ha conservado una raza de paisanos verdaderamente admirable (1).

Hay que sustituir el principio de igualdad, según el cual el Estado es quien inviste á los hijos con participación igual en la herencia del padre, por el de libertad, que de á éste con la disposición de lo suyo aquella autoridad y prestigio que debe tener en la familia. Ya comienza á modificarse la legislación en sentido favorable no sólo á la asociación familiar sino á todo género de asociaciones libres. Responde á esta tendencia la formación de sindicatos de patronos, de obreros y mixtos, que son los que pueden prestar servicios más señalados.

La ley francesa de 1884 y la nuestra de 1887 reforman la legislación revolucionaria en sentido favorable á la asociación. Lo que falta entre nosotros es que se penetre el espíritu público de las ventajas de la asociación, no sólo instrumento de adelantos materiales, sino también de mejoramientos morales. La absorción de la vida entera por el Estado, en quien todos ponen su esperanza haciendo refluir toda actividad á la política, dificulta las iniciativas extrañas á ella, que de tanto provecho podían ser si pusiesen en movimiento nuevas fuerzas sociales por medio de las asociaciones libres. Sólo así se reduciría la acción del Estado á más racionales y estrechos límites. Ello serviría de gran ventaja para los pueblos y sólo iría en daño del interés de ciertos políticos de vuelo bajo que deben su notoriedad á lo eficaz de sus agencias para emplear á costa del Estado actividades ociosas, que no otro suele ser el título que presentan á la consideración pública ciertos políticos con vistas no á los grandes ni á los chicos problemas del Estado, sino al campanario de su pueblo.

De cuanto puede ser objeto de su atención, nada tanto la necesita como cuanto se refiere á favorecer el desarrollo de las fuerzas productoras de la nación. «Ni la organización del crédito agrícola, dice el Sr. Sanz Escartín, ni la asociación,

(1) C. Jannet, Le socialisme de l'Etat et la réforme sociale.
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ni las reformas en el derecho civil favorables á la propiedad rural, ni la aplicación de los procedimientos científicos, son bastantes para conjurar la amenaza de ruina total que se cierne sobre la agricultura europea. Y recordando los consejos del eminente Roscher y la protección para la agricultura nacional que obtuvieron en Alemania los Baucon Vezein y en Francia las sociedades agrícolas que tanto se agitan al presente solicitando nuevas medidas protectoras, piden que éstas defendan nuestra producción nacional contra la competencia de la industria extranjera, que, libre de las cargas que hacen tan triste la condición de la nuestra, logrará pronto en competencia tan desigual hacerse dueña de nuestros mercados».

De la obra del Sr. Sanz Escartín hizo ya en esta misma REVISTA singulares elogios el distinguido catedrático señor Piernas y Hurtado, celebrando lo acertadamente que expone y lo discretamente que trata varias cuestiones económicas, y mostrando sólo su disconformidad con respecto á la de reforma arancelaria. Por mi parte voto con el Sr. Sanz Escartín, pues pienso como él, sobre cuanto recomiendan de consumo justicia, conveniencia y patriotismo. Si no nos podemos poner de un salto, y cuando nos hayamos puesto podremos pensar de otro modo, en las ventajosísimas condiciones de nuestros competidores, ¿qué camino nos queda para salvar nuestra producción sino buscar la igualdad y el equilibrio por medio del impuesto arancelario? Por dicha ya cayó en completo descrédito la teoría económica que mirando á la relación de individuo á individuo y prescindiendo de la nación ateniase al principio del laisser faire, que hoy por donde quiera suscita movimientos de protesta.

Dentro del terreno económico se rechaza este principio, que si bien sirvió al desarrollo de la producción de la riqueza, compromete algo más esencial para el bienestar de los pueblos, cual es su equitativa distribución. En nación tan individualista como Inglaterra puede notar el sagaz Goschen que la opinión pública y las leyes positivas han significado
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que pasó el tiempo del laisser faire á los padres en la educación de sus hijos, á los patronos en la conducta de sus obreros, á los constructores de navíos y á los armadores en el trato de sus dependientes, á los propietarios urbanos en la administración de sus casas, á los propietarios rurales en la discusión de sus rentas con los colonos. Así pasamos del Estado liberal al Estado democrático. Era lógico. Convertido el Estado en una fuerza social, ¿á dónde han de volver la vista los pueblos víctimas de tan grave malestar? Es una reacción que está en la lógica de las cosas, mal que pese á la escuela individualista que la provocó.

Lo peor es—ya queda dicho—que el principio social no tenga otra representación que la del Estado, con lo que nos amenaza un nuevo mal: el de la reglamentación extremada y abusiva. Es verdad que la libertad por sí sola no basta; es verdad que entregados á ella vinimos á parar á esta anarquía, que cohonesta la intervención del Estado influido por el espíritu igualitario de la democracia, pero no obstante la libertad es necesaria; hay que guardar con ella cosa tan esencial como el principio de responsabilidad en el individuo. Triste cosa fuera que se anublase la conciencia individual (1).

No he de insistir en la gravedad de los daños que pueden seguirse de esa intervención del Estado sustituyendo, pongo por ejemplo, á los padres en el sagrado derecho de dar educación á sus hijos. ¡Ah! si en vez de individuos dispersos ante un Estado poderoso hubiese verdadera organización social, se reconocieran los fueros é inmunidades de la familia! (2).

(1) El Sr. D. Antonio Díaz de Rábago y Aguilar ha publicado recientemente un notable estudio sobre la institución americana el Homestead, muy apropiada á las necesidades de nuestras colonias, sociedades en formación donde predomina el interés social sobre el individual. «No es así conveniente, concluye, en las sociedades en que el progreso acentúa el sentimiento de la responsabilidad personal, y en que las leyes y la opinión tienden á favorecer al acreedor.» El objeto de esta sociedad es eximir de embargos la casa y tierras que llevan el nombre de homestead exemption laws. Entiendo que podría ser convenientísima á nuestras clases agricultoras, tan explotadas por la usura.

(2) Durán y Bas.
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El Estado amenaza llenarlo todo; en la organización política y administrativa ha impuesto su voluntad uniformadora; en la misma esfera del derecho civil aspira tenazmente á la ley común, siquiera encuentre la resistencia de aquel decreto que, no escrito en las leyes pero no menos arraigado en la naturaleza y carácter de las regiones, vive por la costumbre. ¡Ojalá prevalezca la tendencia científica actual tan favorable al desenvolvimiento de la vida orgánica en instituciones independientes del Estado! Si hubiese propiedad comunal allí donde reporta ventajas autorizadas por la tradición, municipio independiente con sus bienes de propios, familia con organización económica que respondiese á sus importantes fines, si además el espíritu público diese vida á las asociaciones libres principalmente encaminadas á reparar con su acción benéfica la malsana de los egoísmos á que encomendaba el progreso la Economía clásica, ciertamente que no habría por qué temer las campañas del socialismo.

Lo que ni por asomos tiene traza es oponerle las ya tan gastadas cantinelas de la escuela liberal individualista. Reconocida la influencia del principio social y asimismo la del principio individual, que nada gana con que aquél se desconozca, debe cumplirse esa obra de reorganización (1) que en tanto ha de tocar al orden político y al económico, íntimamente ligados.

Donde está la influencia hay que buscar los intereses que naturalmente se agrupan alrededor de la clase que dirige. Sólo juzgará el régimen de nuestro tiempo por su lado exterior, quien no mire á la clase que por medio de él influye, quien no analice el sentido en que desenvuelve esa influen-

(1) Oliveira Martins, uno de los más ilustres pensadores de la Península, resueltaente contrario á la democracia individualista, dice en uno de sus notables obras: «Restaurar á idea de autoridade abalada pel-o radicalismo, reconstituiu á idea de Estado sobre as bases definitivas da democracia; estabelecer e equação entre á libertade pessoal é á coheção ou solidariedade social, eis chã o pensamento mais ou menos definido nos seus varios aspectos, pensamento a que o porvir pertence, ou não haverá para á Europa outro futuro senão o de pavorosas revoluções.»
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cia. Lo ha sido todo, según la frase de Sieyes, el tercer estado; á su ascendiente político corresponde su acrecentamiento de riqueza; no por estos ni por aquellos abusos que no constituyen sistema hay que exigirle responsabilidades; pero si por haber favorecido las tendencias individualistas de la revolución, que brindó á esas clases con la destrucción de la propiedad colectiva. No impunemente se destruyó el principio armónico—que responde á exigencias de la naturaleza—en la organización de la propiedad se unió en sus intereses á los más bajos, al pueblo que comienza á agitarse.

Ante las exigencias de la movilización se desconocieron las ventajas de la estabilidad. Las libertades económicas trajeron consigo el aumento en las desigualdades sociales. La influencia de dos principios, lema de la revolución, libertad, igualdad, ha sido alternativa. En el orden económico predominó la libertad, en el político, la igualdad. Proclaman las Constituciones modernas los derechos imprescriptibles é inalienables del individuo; todos son llamados al ejercicio de la soberanía por medio del sufragio universal. Los condenados á la exagerada lucha por la existencia, sin otro regulador que la inflexible ley económica, los que en nombre del trabajo re niegan del capital y de la libertad que les favorece, creen llegada su hora.

No en vano le hablastéis de su soberanía. A la fórmula del tercer estado libertad, oponen la aspiración socialista. Donde no lo tienen (1), piden con insistencia el sufragio universal y son perfectamente lógicos. No lo son en cambio los partidarios del parlamentarismo. La política del tercer estado trajo la debilidad del poder; la del cuarto estado exige que recobre su fuerza. La conveniencia y el interés de los más no pueden estar representados por una oligarquía. Según se acreciente la influencia del pueblo el poder tendrá necesidad de mayor fuerza y se debilitará la del Parlamento. Sólo un Estado dueño de sí, fuerte, valeroso, no debilitado

(1) En Bélgica, v. gr.