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II

Todos eran problemas que liquidar á la proclamación feliz de Alfonso XII en Sagunto. El problema político interior sólo databa de los sesenta últimos años. Desde la primera tentativa que en las Cortes de Cádiz se hizo para sustituir el sistema absoluto de nuestra antigua monarquía á la francesa con el sistema representativo que en nuestro país mantenía tradiciones gloriosas de origen inmemorial, España había caído en una profunda perturbación. Era, en efecto, ardua tarea la de la conciliación de los intereses que el tiempo había arraigado con los intereses que venían á despertar las nuevas instituciones, y no habiéndose procedido en España por medio de la aterradora violencia con que en Francia se efectuó la revolución, nos vimos condenados á seguir una serie de movimientos isócronos entre el avance de las ideas adoptadas y la reacción de las antiguas y resistentes, que á vuelta de algunos periodos de pasajera lucidez, nos mantuvo durante los dos reinados de Fernando VII y de Isabel II, su hija, en el desasosiego perpetuo de una accidentada instabilidad.

Si el balance de nuestra situación política, social y económica interior era tan difícil al advenimiento de Alfonso XII al trono, más arduo se presentaba todavía el de nuestra política exterior, interrumpida por las razones que quedan bosquejadas durante más de dos siglos. ¿Debíamos reclamar inmediatamente puesto en la intervención de los intereses generales que asumen la importancia de problemas europeos? Ni nuestra situación geográfica, relegados á este extremo del continente, ni nuestra situación interior, que la Restauración encontró en completo naufragio, nos permitían aspirar á participaciones temerarias que el resto de Europa no nos hubiera consentido y que habrían afectado el ridículo carácter de simples quijotadas. Como base de su política exterior, la Res-
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tauración procedió al balance de nuestros dominios de posesión, de nuestras esferas naturales de influencia y de nuestras esferas obligatorias de protección, y La Epoca, periódico único internacional de España, en un artículo que publicó el 4 de Septiembre de 1876, formó un cuadro completo de lo que la aspiración nacional conceptuaba como verdadero poderio del imperio español, á semejanza del England Porrer en la Gran Bretaña.

Tal vez en el cuadro que publicó La Epoca hubo algún punto exagerado; que fué objeto de discusión entre periódicos de diversas lenguas, y acaso no fué prudente comprender en la enumeración del territorio que constituye la unidad nacional, reinos, provincias ó ciudades sobre las que España no ejerce plena soberanía. Con todo, allí se consignaba la expresión geográfica y política de nuestro permanente poderio de una manera bastante exacta, sin que se incurriera en otros errores que los de mera clasificación. La unidad nacional de España estaba representada por el territorio peninsular, más las islas adyacentes ó baleáricas. Portugal aparecía en la esfera de nuestra legítima influencia; Andorra en la de nuestro protectorado, y Gibraltar en la de una siempre suspirada vindicación. Como dominios ó posesiones de nuestra Corona aparecían: en Asia los Conventos y Colegios de los Santos Lugares de Jerusalén; en África, Ceuta, Vélez de la Gomera, Alhucemas, Melilla, las islas Chafarinas, las Canarias, Fernando Póo, Cabo de San Juan, Mosquitos, Corisco, Annobón y las Elobei; en América, las islas de Cuba y Puerto Rico con sus anexas de Pinos, Vieques, Culebra y la Mina, y en Oceanía las islas Filipinas, los archipiélagos de las Carolinas, Bisayas y Marianas, y por último las Palaos. La esfera de nuestra influencia no se limitaba á Portugal en la misma Península, sino á los Estados ó repúblicas hispano-americanas, ni la de nuestra protección á Andorra, enclavada en el Pirineo, sino al imperio de Marruecos, fiador de la seguridad de nuestra frontera por la costa vecina de África en uno y otro mar.
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Si fué ó no acertado aquel balance de nuestro poderío, el tiempo y los sucesos lo corroboran. Quince años han transcurrido desde la publicación de aquel artículo. España, desde entonces, no ha tenido que intervenir en ninguna cuestión exterior de las que cada día se arrojan sobre el estadio entre los Gabinetes de las grandes potencias respecto de los problemas que se relacionan con la seguridad de la paz general ó con los temores que despierta la sospecha siquiera de la proximidad de una guerra. Con Francia, nuestra vecina y dominadora de ayer; con Inglaterra, que siempre se arrojó una influencia preponderante en una parte de la Península; con Alemania que se ha puesto al frente de los intereses culminantes de Europa disfrutando la supremacía de poder y de influencia que sostiene el equilibrio de la política general; con Italia, cuya creciente importancia, desde que alcanzó su unidad, es innegable, y cuyos destinos en el Mediterráneo habrán de tener en lo sucesivo una fuerza predominante, nuestras relaciones, que adquieren cada día mayor solidez, autoridad y prestigio, casi se reducen á relaciones de vecindad ó de cortesía, á la reciprocidad de los intereses comerciales ó á la inteligencia, más tácita que efectiva, sobre los movimientos recónditos políticos ó sociales que son la amenaza universal del porvenir. Pero en las que sostenemos con Portugal, con Marruecos y con los diversos Estados de América, sin exceptuar los de la poderosa República de la Unión, nuestra influencia gira en términos más elevados, habiendo adquirido España desde el advenimiento de Alfonso XII al trono una importancia que en vano sería desconocer.

El único país con quien el choque de ciertos intereses tiene que ser más frecuente á causa de nuestra vecindad geográfica y de las tradiciones de la historia: es Francia, la cual de vez en cuando nos suscita cuestiones que hacen sugerir la idea de que de todo punto no parece prescrito de nuestras relaciones reciprocas aquel pasado, cuyo cuadro desde la muerte de Carlos II, en 1701, hasta el destroamiento de Isabel II, en 1868, á grandes rasgos quedó en bosquejo en otro lugar.
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No surgen entre los dos países motivos verdaderos de pendencias; mas suelen prestarse á la frecuencia de las comunicaciones diplomáticas ya la condición de la numerosa colonia española que puebla sus vastas provincias de la Argelia, ya las pretensiones peligrosas que á orillas del Sena se abrigan sobre los territorios á aquéllas cercanos del imperio marroquí, ya por último los derechos de soberanía que nos disputa sobre la costa de Guinea en un litigio que ni el tiempo, ni la razón acaban de sentenciar. La cordialidad de nuestro país, nuestros derechos de vecindad y la conveniencia que para aquella República resulta de tener del lado acá de su frontera del Pirineo una nación ó neutral ó amiga, no influyen siempre del modo y en la extensión que debieran, para que en toda clase de negociaciones prevalezcan constantemente entre los dos países soluciones ventajosas de concordia. Estas, al menos, eran siempre las ideas de Mr. Thiers, el gran estadista que Francia ha tenido durante este siglo. Repetidas veces expresó la convicción que abrigaba de que el primer amigo que importaba á Francia tener devoto y contento era España. Todas las demás relaciones de Francia con otros países las subordinaba Mr. Thiers á las nuestras, como confirmó sobre todo en su discurso á la Cámara de los diputados del 14 de Enero de 1837. Indudablemente los demás estadistas de la vecina República piensan lo mismo; pero sea obstinación del propio orgullo nacional, ó bien sirva de acicate para otros efectos en las diversas cuestiones que tenemos con Francia, y sobre todo, en las cuestiones comerciales que tanto interés tienen para una y otra nación, á veces se incurre en dilaciones como las que experimenta en la actualidad la solución de la negociación pendiente respecto á los territorios en disputa sobre la margen del río Muni, en África, que, como antes expresamos, revelan la subsistencia de ideas y sentimientos que la mutualidad de respetos y de intereses aconseja se desvanezcan de una vez y de todo punto entre los dos países vecinos. No son estas, repetimos, cuestiones propias para producir nunca un verdadero conflicto;
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pero mantienen en constante expectación los sentimientos, y por lo mismo que tantos intereses de otra montaña nos llaman cada día á franceses y españoles á la discusión de los derechos y de las ventajas respectivas que pueden sacarse en la mutua utilidad de relaciones razonadas de nuestra propia vecindad, habrá razón para esperar que en el pleito ordinario acerca de un territorio no extenso en la costa de Guinea, donde hasta los nombres geográficos, enteramente españoles, denuncian la legitimidad de nuestra primera dominación, se impongan en definitiva aquéllos temperamentos conciliadores de que tantas veces hicieron promesa solemne los periódicos más autorizados de París, como Le Temps y Le Siècle, antes de la última Junta de la Comisión internacional.

La síntesis de las negociaciones internacionales más importantes tratadas entre los Gabinetes de Madrid y París en los diez últimos años, desde que por el Gobierno de España se dispuso la publicación del Libro Rojo que las compendia, contiene algunos de los litigios sostenidos en ese tiempo entre las dos potencias, ya en el orden político, ya en el comercial y económico. Siempre se halla entre estos documentos alguna cuestión africana. El Libro Rojo de 1881 insertó la correspondencia diplomática que motivaron los famosos Sucesos de Saida, en la Argelia, y los no menos sensibles de Sfax en la Regencia de Túnez. La primera de estas cuestiones, todavía tuvo una segunda parte referente á indemnizaciones que trascendió al Libro Rojo de 1882. Claro es que estos asuntos quedaron zanjados satisfactoriamente, como todos los demás del mismo género en que España ha tenido que entenderse con la República vecina; pero no por eso los rozamientos se estirpan, y es lástima que al publicarse el Libro Rojo en 1891 la situación de las negociaciones que en París se siguen no haya permitido dar á conocer de una manera oficial el estado de la cuestión que se disputa sobre la costa de Guinea y en el territorio intermedio entre la colonia alemana de Camarones y la francesa de rio Gabón.

Lo que sí contiene el último Libro Rojo respecto á Francia
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es la denuncia del Tratado de Comercio de 6 de Febrero de 1882 que el Embajador de la República, Mr. Cambón hizo al Gobierno español con fecha de 17 de Enero último. Esta denuncia, que ha causado por parte de España la de los de igual clase con Alemania, Austria, Bélgica, la Gran Bretaña, Holanda, Suiza, Italia, Rusia, Suecia y Noruega, hará cambiar en lo sucesivo las condiciones del tráfico internacional en nuestro país, pues alterada la base y fundamento de nuestro comercio exterior, habrá que reconstruir un nuevo equilibrio sobre elementos igualmente nuevos que defendan y protejan los altos intereses de nuestra nación. Semejante contingencia, sin embargo, estaba prevista, y la ejecución era esperada á plazo fijo, habiendo llegado el término natural de los convenios estipulados, y debiendo modificarse en todos los países las condiciones del tráfico internacional, así por la nueva corriente de ideas económicas que de algunos años á esta parte prevalecen, como por la actitud de defensa en que otras naciones se han colocado.

JUAN PÉREZ DE GUZMAN.

(Concluirá.)
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CONFLICTO DE LOS PODERES PUBLICOS EN CHILE

La guerra civil que devora á aquella antes pacífica república, atrae naturalmente la atención de Europa y América: por eso creemos que nuestros lectores verán con agrado los antecedentes de este asunto.

En la mañana del 7 de Enero, los principales buques de la marina de guerra de Chile, que se encontraban anclados en Valparaíso, recibieron á bordo dos delegados de una fracción de la mayoría del Congreso y levaron anclas, sin órdenes del Poder ejecutivo. Antes de embarcarse habían dado al país un manifiesto.

El motivo de este pronunciamiento según dice Le Memorial diplomatique, de parte de una de las fuerzas organizadas de la nación, fenómeno sin precedente en la historia de Chile, fué el decreto de primero de Enero expedido por el presidente de la república, poniendo en vigor el presupuesto de gastos del Estado para el año 1891. Las Cámaras sostenían que sin la sanción de sus votos la promulgación y aplicación de este presupuesto eran ilegales.

No se trata como afirman algunos periódicos mal informados, del cobro de los impuestos, ni de la imposición de nuevas cargas, ni autorización legislativa; la ley autorizando la percepción de las contribuciones, fué regularmente votada
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por las Cámaras en Octubre. Se trata sencillamente de aplicar los ingresos del Tesoro, legítimamente percibidos, á las necesidades de los diferentes servicios de la administración pública, conforme á las disposiciones del presupuesto de gastos aprobado anualmente por las Cámaras casi sin modificaciones. Dos maneras de interpretar la constitución se ofrece á los chilenos. Unos sostienen que el Congreso tiene el derecho de hacer pasar por la aprobación ó desaprobación de este presupuesto su influencia á los acuerdos del Gobierno. La misma cuestión se presentó al final de la legislatura de 1885, con motivo de la ley, autorizando la cobranza de las contribuciones, pero en esta ocasión el Gobierno que contaba con la mayoría parlamentaria se negó á que la ley fuera aprobada, imponiendo silencio á una minoría obstruccionista.

Otros niegan al Congreso la facultad de hacer de la discusión de ciertas leyes un arma política contra el Gobierno. Estas leyes son las que han de ser sometidas periódicamente á la aprobación de las Cámaras y cuya promulgación pública en una fecha determinada es necesaria para la marcha regular de la administración pública. Estas ni pueden ni deben, según los partidarios de esa teoría, ser objeto de las luchas de los partidos políticos: la vida nacional depende de la continuidad de su aplicación.

En 1890 como en 1885, se hallaba Chile en vísperas de renovar los poderes públicos. La elección del nuevo presidente debía verificarse en el mes de Junio. Entonces, como ahora, la agitación política llegaba al colmo. Desgraciadamente había que temer á unos elementos peligrosos que no existían antes. El Gobierno no contaba con el apoyo de la mayoría del parlamento, que le censuraba el que se propusiera en las próximas elecciones intervenir en favor de un candidato que le era adicto. Esta oposición por parte de la mayoría dio por resultado el que tuviera que retirarse el candidato ministerial y la formación de un Gabinete bajo la condición ineludible siéne qua non de votar la ley en que se auto-
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rizaba el cobro de los impuestos. El Gobierno disidente de la mayoría; el presunto candidato oficial, declara públicamente que declina de una manera irrevocable toda candidatura; se forma un gabinete de conciliación en el mes de Agosto último; la Cámara vota la ley autorizando el cobro de los impuestos, y se trabaja para la presentación de una nueva ley electoral, propuesta por la oposición misma y llamada en opinión de todos, á garantir la sinceridad electoral.

Había concluido el término legal de las actuales Cámaras; su renovación se había fijado para el próximo Marzo. Las sesiones ordinarias habían concluido en el mes de Septiembre, pero como el presidente de la República había hecho una convocatoria extraordinaria, podían continuar funcionando.

Desgraciadamente, el gabinete de conciliación, que había contribuido á estos actos políticos y que tenía la noble misión de mantener la buena armonía entre los dos poderes hasta las elecciones del próximo mes de Marzo, dimitió en el mes de Octubre. Las causas que motivaron esta dimisión fueron objeto de diferentes apreciaciones, originando una encarnizada lucha entre los elementos gubernamentales y la mayoría parlamentaria: lo que se creyó que sería una paz absoluta, no fué otra cosa que una ligera tregua.

El presidente deseando conciliar los ánimos, propuso á los diferentes grupos de la mayoría el reunir una Asamblea general, representada de elementos proporcionales de todos los partidos, para que se fijara la candidatura de presidente de la República. Con esto creía el presidente dar un testimonio de imparcialidad en la cuestión electoral. La proposición no fué aceptada, y mientras unos se manifestaban dispuestos á continuar, otros querían presentar la dimisión.

Entonces se formó un nuevo Ministerio y usando de la facultad que le concede la Constitución, decretó el Presidente la clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso. Desde el 17 de Octubre los ataques contra el Gobierno continuaron por parte de la Comisión permanente ó conservadora que representaba al Congreso durante las vacaciones. Esta comi-
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sión compuesta de un escaso número de diputados y senadores, comenzó por invitar para que concurrieran á sus sesiones á todos los miembros de ambas Cámaras; les atribuía el derecho de tomar parte en sus deliberaciones, y de este modo acababa por constituir una especie de Asamblea nacional. Todos los actos de la administración eran fuertemente censurados. Esta actitud de las oposiciones parlamentarias se veía apoyada por una gran parte de la opinión pública y por una campaña de fuerte oposición de la prensa enemiga del gobierno.

Esto no parecía avenirse mucho con el respeto á la libertad, que hacía treinta años constituía las costumbres de aquel país. Ni la libertad de la prensa, ni la libertad de reunión fueron durante este período restringidas por el poder ejecutivo. En Diciembre, la comisión pide al presidente la convocatoria del Congreso para discutir un presupuesto de gastos, que estaba sometido al examen de la comisión de la Cámara.

El presidente se limita á contestar que la situación que le había decidido á determinar la clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso, no se había modificado, y que no creía haber llegado el momento en que debiera hacerse.

En este estado de agitación política llegó el día 1.º de Enero de 1891. Al siguiente, el presidente de la República dirigió al país un manifiesto, en el que hacía constar la actitud de oposición sistemática en que se había colocado la mayoría del parlamento, declinando sobre ella la responsabilidad de aquella situación irregular creada por no prestarse á aprobar el proyecto de ley concerniente á guerra y marina, proyectos presentados al Congreso en tiempo opportuno, después del mes de Agosto, y por su negativa para aprobar el presupuesto de gastos de 1891, sometido al dictamen de la comisión de Hacienda de la Cámara.

Recordaba que según la constitución los gobiernos representativos funcionan con separación e independencia de los poderes ejecutivos y legislativos y censuraba al Congreso por querer absorber el poder ejecutivo imponiendo ministros y
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pliación de lo que hoy se conserva del magnífico convento referido para convertirlo en Academia preparatoria militar, derribóse un pequeño claustro gótico que pertenecía al convento primitivo, y varias habitaciones de las que enlazaron éste con construcciones modernas. En uno de los muros más viejos, halláronse unos papeles manuscritos hechos un rollo, y otro doblado como una carta, metidos todos en un pequeño agujero practicado en el muro y tapado cuidadosamente. Por casualidad, los misteriosos papeles vinieron á mis manos antes que nadie los viera, y figúrese V.: mi sorpresa, cuando me hallé con una numerosa colección de poesías amatorias y una cédula escrita en lengua latina.

Como de las poesías trataré más despacio, diré á V., que la cédula, desgraciadamente, no dá la clave del enigma. La traducción del documento es como sigue: «En el nombre de Dios hijo, á ti carísimo hermano (....................) provincia bética de la orden de predicadores, Fray Cristóbal de Guzmán de la misma orden y de toda la provincia bética humilde Prior provincial, salud y santa consolación. Porque nuestro monasterio de esa ciudad de Córdoba tiene que tratar ciertos negocios en la curia romana, que profesa al dicho monasterio distinguido afecto. Os concedo licencia que me habéis pedido según las facultades que me tiene reservadas el procurador de la referida curia católica y papel por la virtud del Espíritu Santo, en cuya fe y fuerza impongo mi nombre y el sello de oficio y con mi sello secreto lo corroboro. Dado en nuestro convento de Santa Cruz de Granada de la misma, año del Señor mil quinientos........ Por cuanto Fray Pedro de Santo Observación desea visitar á sus consanguíneos que existen en Venecia, le concedo licencia, de la cual he dado cuenta en capítulo general.»—Hay un sello grande de lacre en que se representa á Santo Domingo y otro pequeño, en cuyo centro campea la cruz dominicana.

Ahora bien: ¿entre el documento anterior y las poesías amatorias puede haber alguna relación? ¿el autor ó coleccionador de los versos era Fray Pedro de Santo Observación?
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una política que son actos del presidente de la República. Y concluye declarando que siendo el único responsable, según la constitución, del uso que haga de la autoridad de que se encuentra investido, su conciencia le prohibía colocarse al lado del Congreso, que es irresponsable, y cuya mayoría se compone de grupos políticos heterogéneos.

Esta declaración presidencial fue seguida de decretos que, basados en razones de orden público y en la precisión de asegurar la continuidad de la vida nacional, pusieron en vigor el presupuesto de gastos y ordenaron el sostenimiento del ejército y la armada. Y a esto la mayoría parlamentaria ha respondido con el contramanifiesto y embarque de sus dos delegados en la flota sublevada. El presidente de la República ha sido acusado de estar fuera de la ley; por arrogarse facultades que la constitución atribuye a las Cámaras, y el pueblo ha sido invitado a unirse a la marina en un común esfuerzo para poner fin a un estado de cosas arbitrario y para restablecer el orden constitucional.

Fácil es comprender por la exposición imparcial que hemos hecho de los antecedentes del conflicto surgido entre el Gobierno y el Congreso de Chile que no se trata de uno de esos movimientos revolucionarios que acusan un estado de desorganización política o de desmoralización general de un pueblo sino de un accidente pasajero que se explica por la proximidad de la fecha de la renovación de los poderes públicos. Si la constitución de Chile hubiese previsto tal conflicto, hubiera sin duda proveído los medios para salir de este atolladero.

Los dos poderes hoy en discordia se originan de la soberanía nacional. El presidente de la República se nombra por delegados directos del sufragio popular y las cámaras son elegidas por este mismo sufragio. La constitución no concede al primero el derecho de disolver el Congreso ni á éste la facultad de declarar fuera de la ley al jefe del Estado.

La prudencia parecía, pues, que aconsejaba esperar las elecciones legislativas del mes de Marzo y la elección presi-