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empresa tal será siempre una tentativa laudable, generosa y humanitaria que aun en la hipótesis de que no produzca el resultado apetecido, puede contribuir á que penetre en el espíritu de las gentes la idea de la solidaridad humana y el respeto á las creencias ajenas.

Estudiar los sistemas religiosos y filosóficos, especialmente los de la antigüedad y del Oriente, es otro de los fines de la Sociedad Teosófica, y por sí solo bastaría para justificar la existencia de ésta. Es un grave prejuicio de nuestros tiempos desear lo antiguo, menospreciar los conocimientos de los pueblos que nos han precedido, como si sólo en la época presente se hubiera revelado al hombre la verdad. Por fortuna este error, que aun está profundamente arraigado en el vulgo, va desapareciendo de la esfera científica, y las investigaciones históricas demuestran cada día de un modo más claro que no todo lo que encierran las civilizaciones antiguas está muerto, antes bien, encontramos en ella copioso raudal de ejemplos y enseñanzas.

La Sociedad Teosófica puede hacer mucho en este sentido y tiene en la India, alma mater de nuestra raza y de nuestra cultura, ancho campo para esplayar con fruto sus investigaciones.

Por lo que toca al tercero de los fines que se proponen los teósofos, ó sea estudiar las leyes desconocidas de la Naturaleza y los poderes psíquicos del hombre, creo que se impone una prudente reserva acerca de esto. Así como no podemos desde el punto de vista de nuestros actuales métodos y conocimientos científicos admitir con otro valor que el de meras hipótesis las afirmaciones de la Teosofía sobre las primeras razas, los estados de ultratumba, la ley del Karma y otras doctrinas que quedan indicadas, puesto que no poseemos datos irrecusables que las comprueben, no debemos tampoco dar extraordinaria importancia á esta investigación de leyes misteriosas y poderes desconocidos. Pero aun así, no es estéril ni despreciable este fin. Buscando la piedra filosofal y el elixir de larga vida echaron los alquimistas los cimientos de la Quí-
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mica. Tratando de descifrar por medio del horóscopo los misterios de lo porvenir y el destino de los hombres, conservaron los astrólogos la tradición de los estudios astronómicos. ¿Quién sabe si la Teosofía logrará por ese camino aclarar alguna de las muchas dudas que ofrece la Psicología contemporánea y explicar fenómenos como los del hipnotismo, en los cuales todo es confusión y obscuridad? Por lo pronto, bueno es que tengamos presente que nuestros conocimientos acerca de la naturaleza física y de los estados de conciencia son muy limitados e imperfectos y no nos permiten negar la posibilidad de que existan leyes naturales desconocidas y facultades del espíritu latentes.

Burnouf en el artículo de la Revista de dos Mundos, que antes cité, reconoce que la Sociedad teosófica no tiene espíritu de secta ni obedece á ningún fin interesado y que se ha propuesto un ideal moral muy puro, cual es el combatir el vicio y la ignorancia. Creo que la opinión del orientalista francés está plenamente justificada, y que por fantásticas y extravagantes que resulten algunas revelaciones de la Teosofía, no es una de tantas creencias vulgares una doctrina como ésta, informada en el amplio espíritu de tolerancia religiosa de que tan necesitados estamos aún, aunque el fanatismo no revista ya los caracteres de ferocidad que tuvo en pasados tiempos. Ni puede tampoco mirarse como cosa baladí y desprovista de importancia una asociación que como la Sociedad teosófica cuenta con tantos elementos de publicidad y de propaganda y que ha conseguido ya resultados positivos, comenzando á borrar la oposición entre las diversas confesiones religiosas que existen en la India y despertando allí el amor á la tradicionalia y á la literatura y la lengua nacional. Manifestación elocuente de este movimiento fué la reunión que celebraron en 1882 los delegados de las Sociedades teosóficas locales de la India, y á la cual asistieron individuos que profesaban distintas religiones: budistas, brahmanistas, cristianos, judíos, parsis y mahometanos, dándose el espectáculo nunca visto de que al ocupar la tribuna los oradores que comulga-
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de Cuba, Puerto Príncipe y Santa Clara se negaron á admitirlos, no se extrañará que se convirtieran en un molesto engorro así para la Hacienda como para el comercio y los consumidores. En el año de 1870 es cuando se presentaron los primeros tropiezos; advertido el comercio de Cuba de que los reembolsos se efectuaban con gran penuria y en muy pequeñas cantidades, aun destinando á ellos parte de los fondos allegados con las emisiones subsiguientes, se negó á admitir los billetes de Guerra por todo su valor, originando con tal conducta graves apuros y quebrantos para las clases dependientes del Estado, que percibían sus haberes en billetes de ese género.

En 1.º de Enero de 1870 aparecen ya estos billetes extraordinarios con una pérdida de 2 \( \frac{1}{4} \) por 100, de suerte que el Gobierno se vió obligado á declarar oficialmente depreciado el billete de Guerra y á ordenar en consecuencia que se satisfaciesen los sueldos de los empleados y militares con un tanto por ciento de aumento, que fué de un 20.

En Diciembre del mismo año quedó decididamente suspendida la amortización de billetes hasta que la restableció la ley de 7 de Julio de 1882, y claro es que la depreciación fué en aumento, causándose con ello enormes quebrantos al Tesoro, puesto que se hallaba en el deber de tomar por todo su valor una moneda que el público no admitía sino con un gran descuento.

Se trató de remediar esta contrariedad, que podía acarrear funestas consecuencias, y mientras algunos propusieron la emisión de títulos de deuda con interés, ya que de todos modos la amortización á la par del billete depreciado constituía una prima equivalente á ese interés, otros optaron porque se estableciese una forma de amortización en consonancia con el quebranto que el billete sufría en el mercado. Este último dictamen fué el que prevaleció; la ley de 7 de Julio creó la amortización por subasta pública, si bien señalando un plazo de treinta años para llevarla á cabo (lo cual descorazonó á los tenedores de billetes y retrajo más al público de admitir-
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ban en tan diversos cultos todos ellos hicieran protestas de tolerancia mutua y buena voluntad, en medio de los aplausos del auditorio.

¿Qué porvenir está reservado á la Teosofía? ¿Fracasará como tantas otras tentativas de reforma moral y filosófica que registra la historia? ¿Llegará á ejercer una positiva influencia en la cultura? Difícil es hacer predicción alguna sobre el particular, puesto que al presente no se vislumbra siquiera á qué lado se inclinará la victoria en la lucha de las creencias religiosas y de la metafísica espiritualista con las corrientes del positivismo y del materialismo. Pero aun en el caso más desfavorable para la Teosofía, no habrán sido completamente estériles los esfuerzos de sus propagadores, pues además de fomentar la afición al estudio de la literatura sánscrita y de la filosofía de los pueblos del Oriente, significará siempre este sistema una protesta contra el brutal egoísmo que aspira á erigirse en ley de las relaciones individuales y sociales y contra el grosero desdén hacia lo ideal y la torpe sumisión á los más bajos intereses que tan funestas consecuencias producen en las sociedades contemporáneas.

Con esto he terminado cuanto me proponía decir sobre la Teosofía, y sólo me resta daros gracias por la benévola atención con que me habéis favorecido.—He dicho.

E. GÓMEZ DE BAQUERO.
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LA CRISIS ECONÓMICA DE CUBA

REFORMA ARANCELARIA

(Continuación) (1)

LAS IMPORTACIONES DE LA PENÍNSULA EN CUBA.

Veamos ahora la legislación referente al segundo aspecto del cabotaje, ó sea á la importación de los productos y procedencias de la Península en esta Isla, objeto de la ley de relaciones comerciales de 20 de Julio de 1882, correlativa á la de 30 de Junio, cuyo principio fué objeto de las subsiguientes modificaciones que dejo relatadas.

La referida Ley de 20 de Julio, justo es confesarlo, fué debida al clamor irreflexivo de una parte de la opinión en nuestro país. Ya desde 1878, un hombre distinguido que consagraba á la difusión de sus errores en materia económica, un celo y laboriosidad que habrían hecho prodigios puestos al servicio de viables y eficaces soluciones, hizo del cabotaje la bandera, el ideal, el anhelo unánime de su partido. Electo diputado á Cortes en 1878, el Sr. Giraud llevó á la Peninsula ese criterio, como expresión del programa de su partido. Y aunque con harta sorpresa, los hombres competentes de la Península levantaron acta de la extraña aspiración que por

(1) Véanse los números 525 y 524 de esta REVISTA.
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voto y gestión de los colonos, tendía á reproducir el pacto colonial en sus efectos más nocivos. Cuando en 1882 el Gobierno, influido al mismo tiempo que por tan increíbles clamores, por la presión de los intereses que habían medido hábilmente toda la magnitud del monopolio que les brindaban los mismos que habían de sufrirlo y de padecerlo, presentó el proyecto de la citada Ley, tuvo buen cuidado, sin embargo, de adelantarse á las gravísimas objeciones que la justicia y el buen sentido habían de levantar contra el inexplicable restablecimiento de un régimen comercial condenado por la experiencia de los siglos y por la unánime voz de los tratadistas. Empezaba el Ministro por señalar, como principal objeto de su mismo proyecto de Ley, la supresión del derecho diferencial de bandera, el más inicuo de los gravámenes que tradicionalmente nos imponía el proteccionismo. Después de consignar sus vicios esenciales y sus graves inconvenientes, hacía constar que era un obstáculo insuperable para llegar á la desaparición de las represalias de que éramos víctimas y á provechosos tratados de comercio; «manteniendo en cierto modo á las Antillas fuera de la vida comercial moderna.» Fundamentaba luego la declaración de cabotaje, suponiendo que abiertos por la Ley de 30 de Junio á nuestros productos, con la excepción absoluta del tabaco, y la temporal del azúcar, el aguardiente, el cacao, el chocolate y el café, los puertos de la Península, lógico y natural era que en plazos iguales quedasen en los nuestros, libres de todo derecho, las importaciones de la madre Patria.—Extraña pretensión, en verdad, dentro del criterio reciprocista, porque éste hubiera exigido que no abriésemos nuestros puertos, sino en la medida en que se nos abrieran los de la Península.

Mas no se ocultaba al Ministro el gran peligro, el monopolio ruinosísimo que iba á resultar cuando, implantado el cabotaje, adeudasen O las procedencias nacionales y 30, 40, 100, etc., según la realidad de las cosas, ya que no, según los tipos nominales del Arancel, las extranjeras. Para salvar, sin duda sus intenciones, consignó desde luego esta declara-
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ción: «De desear sería que el actual orden de relaciones mercantiles en ambas Antillas se transformase, atendiendo únicamente á sus necesidades peculiares y propia conveniencia, según aconsejan principios científicos bien demostrados; pero el comercio internacional no se sujeta todavía á este criterio, sino al de compensación y reciprocidad garantidas por medio de tratados especiales. Con la presente Ley desaparecerán las dificultades que, como queda dicho, fueron obstáculos para la celebración de aquéllos, y será llegada la oportunidad de negociar los que tan imperiosamente reclama la prosperidad de las Antillas españolas. En la necesidad de no debilitar el presupuesto de ingresos, se mantienen los derechos arancelarios (sin perjuicio de las alteraciones que produzcan la rectificación periódica de las tablas de valores) correspondientes á la producción extranjera en bandera española, como intermedios y más adecuados á las circunstancias rentísticas de aquellas provincias.» Despréndese con toda claridad de lo transcrito, que el Gobierno, al proponer y hacer que se aprobase la Ley de relaciones comerciales, había adquirido solemnemente el compromiso de complementarla con dos medidas que nos habrían librado, gradualmente, de la crisis que hoy nos amenaza. 1.ª Rectificación periódica de las valoraciones que sirven de base á nuestro anacrónico Arancel, que computando los valores de las mercancías con sujeción á muy altos tipos, cuando es un hecho notorio la baja progresiva de los precios en el mercado universal, elevan de facto, en proporciones muy considerables, los referidos adeudos. 2.ª El no menos claro compromiso de negociar cuanto antes los tratados de comercio que se necesitasen, en defecto de un régimen arancelario «acomodado únicamente á nuestras necesidades peculiares y propia conveniencia.»—De no haberse cumplido uno ni otro compromiso, dimana en realidad la presente crisis.

Véase el artículo de la Ley y se reconocerá desde luego la exactitud de este juicio:

Por el art. 1.º se unificaban los derechos de importación
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establecidos en los aranceles de las islas de Cuba y Puerto Rico, quedando subsistentes como derechos únicos los de la tercera columna (procedencias extranjeras en bandera nacional) «sin perjuicio de las sucesivas alteraciones que produjese la rectificación periódica de las tablas de valores.»

Por el art. 2.º se disponía que la reforma de nuestros aranceles se verificase gradualmente en un período de diez años, rebajando los derechos marcados en las columnas primera y segunda (procedencia nacional en bandera nacional y procedencia nacional en bandera extranjera) y el exceso ó diferencia que mediaba entre los de las columnas tercera y cuarta (procedencia extranjera en bandera nacional y procedencia extranjera en bandera extranjera) conforme á la escala que á continuación se expresa:

    En 1.º de Julio de
    1882 el 5 por 100.

    1883 el 5 —

    1884 el 5 —

    1885 el 10 —

    1886 el 10 —

    1887 el 10 —

    1888 el 10 —

    1889 el 15 —

    1890 el 15 —

    1891 el 15 —

    100

Por el artículo 3.º se autorizaba al Gobierno para aplicar desde luego, los derechos de la tercera columna á los productos y procedencias de aquellas naciones que en debida forma otorgasen á los productos y procedencias de las Islas de Cuba y Puerto Rico, por lo menos, una rebaja equivalente en sus respectivos derechos ó recargos arancelarios.

Por el artículo 4.º, desde el día 1.º de Julio de 1891, el comercio y la navegación entre los puertos de la Península, Filipinas, Cuba y Puerto Rico serían de cabotaje, ó sea con franquicia de derechos para las mercancías, productos y procedencias de cualquiera de dichos puertos, y estarían su-
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jetos á las mismas reglas y prescripciones de Aduanas vigentes en la Península para el comercio y la navegación entre los puertos de ésta. Ya hemos visto que la declaratoria no comprende al tabaco y que ha venido á resultar casi ilusoria para los azúcares y aguardientes.

Por el artículo 5.º se declaraban sujetas sólo al pago del exceso que resultase entre los derechos de los respectivos Aranceles de las dos Antillas, las mercancías nacionales que se acreditase haberlos satisfecho en cualquiera de ellas.

Por el el artículo 6.º las mercancías extranjeras procedentes de la Península que se nacionalicen en las Antillas mediante el pago de derechos, pueden introducirse, en una u otra, sin más recargo que el de la diferencia de los respectivos Aranceles.

El artículo 7.º no impone á los buques que trafiquen entre la Península y las Antillas españolas, ó entre una u otra Antilla, más derechos de navegación y puerto, que los establecidos por el artículo 21 de la ley de presupuestos de la Península para 1878, salvo la diferencia del valor de la moneda.

En los años transcurridos desde que esta ley se promulgó, las modificaciones de que ha sido objeto el régimen por ella establecido, no han hecho más que precipitar la crisis que hoy se deplora. Pero consideradas en sí mismas, ellas han sido beneficiosas, como lo hubiera sido la ley misma de que proceden, si aquellas condiciones esenciales de que antes hice mérito se hubiesen cumplido; porque sus inconvenientes no nacen de lo esencial de sus preceptos, sino de su coexistencia con el Arancel prohibitivo que se aplica á las procedencias extranjeras.

La más importante de esas modificaciones, es la que resultó del convenio ó modus vivendi con los Estados Unidos de 13 de Febrero de 1884, y de las prórrogas del mismo, hasta quedar en vigor por tiempo indefinido. Precedióle la R. O. de 26 de Diciembre de 1883, derogando el art. 5.º del R. D. de 13 de Marzo de 1867 que sujetaba á la 4.ª columna las procedencias de los Estados Unidos en bandera española.
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Por virtud de dicho convenio quedó, en efecto, suprimida la cuarta columna del Arancel para los productos de los Estados Unidos, que entran desde entonces libres del recargo que constituye dicha columna, y sólo adeudan los derechos más moderados de la tercera; quedando suprimido, en justa reciprocidad, el recargo de 10 por 100 ad valorem que sufrían en los Estados Unidos nuestras exportaciones y las de Puerto Rico.

No convenía este orden de cosas al criterio que imperaba en nuestro Gobierno, ó bien se quiso compelir al de los Estados Unidos á celebrar un tratado más amplio y comprensivo, limitando el alcance del modus vivendi. Pero no bien se determinó por nuestro Gobierno que aquél no comprendiera las procedencias, sino los productos de los Estados Unidos, consignaron éstos una formal protesta reforzada por el presidente en su famosa proclama de 1886, que restableció el recargo sobre nuestras importaciones. Grande fué el clamor que se levantó en esta Isla contra la impopular resolución de nuestro Gobierno, del cual se obtuvo, con algún trabajo, que cediese, prorrogando por término indefinido el beneficioso convenio, e incluyendo las procedencias: con lo cual se aplacó el Presidente de los Estados Unidos, restableciéndose la anterior reciprocidad.

Los beneficios del modus vivendi no quedaron limitados á estos puntos. Porque las potencias que habían cuidado de incluir en sus respectivos tratados de comercio con nuestra Metrópoli preceptos que los hiciesen extensivos á las colonias, y la cláusula de estar á lo que alcanzase la más favorecida, reclamaron la concesión que iban á disfrutar los Estados Unidos; y desapareció, por tanto, para las principales naciones comerciales la cuarta columna, al desaparecer definitivamente para los Estados Unidos; empezando en 8 de Julio y 26 de Agosto de 1884 por Francia y Alemania.

Fuera de esta importante novedad, las demás que han ido modificando el estado de nuestras relaciones mercantiles con la madre Patria según dicha ley lo establecía, son de poca
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monta. Consignemos, sin embargo, las supresiones de recargos para algunos artículos de general consumo y la anticipación de rebajas para determinadas procedencias de la Península. Así se exceptuó definitivamente del recargo de 25 por 100, que desde 1879 gravaba con el carácter de impuesto ordinario, las importaciones, á todos los artículos de primera necesidad comprendidos en las partidas 20, 32, 36, 38, 46, 48 y 54 del Arancel; y se dictó luego la merced extraordinaria á la importación peninsular, contenida en el R. D. de 28 de Enero de 1886, reduciendo en un 15 por 100 los derechos que satisfacían á su entrada en esta Isla las harinas y trigos nacionales, sin perjuicio de las reducciones establecidas en la ley de relaciones mercantiles de 20 de Julio de 1882. Un beneficio de trascendencia indirecta para el régimen arancelario venía disfrutándose: el de pagar en billetes el 10 por 100 de los derechos. Por la ley de presupuestos de 1886 á 87 se redujeron los arancelarios en un 5 por 100 de la actual tarifa, en compensación del ya expresado beneficio de abonar el 10 por 100 en billetes, que se declaró suprimido.

Pero también desde entonces quedaron autorizados los Ayuntamientos para establecer el impuesto de consumos sobre los artículos de comer, beber y arder; el cual por las condiciones especiales de este país habría constituido, para muchos de esos artículos que se importan, un enorme recargo extra-arancelario. El movimiento unánime y resuelto de pública opinión libró al país de semejante azote, cuando por vano prurito de asimilación estuvo á punto de pasar al terreno de los hechos en 1888-89; siendo de notar que en algunas municipalidades se ensayó y se aprovecha, no muy legítimamente todavía. En el interin había llegado á su forma actual el derecho de consumo sobre las bebidas, que privándonos de uno de los mayores beneficios que podía traernos la libre importación de los productos de la Península—el de abaratar y facilitar nuestro consumo de vinos—ha fomentado además, en términos increíbles, la falsificación, bajo sus formas más escandalosas y nocivas.
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La situación arancelaria, por el constante vencimiento de nuevos plazos de la ley de relaciones comerciales, sin que se rectificasen las tablas de valores, ni se reformase el Arancel ni se hiciesen tratados de comercio, pues el concertado por los señores Forster y Albacete, según fué firmado por estos diplomáticos en 18 de Noviembre de 1884, no obtuvo las correspondientes ratificaciones en los Estados Unidos, quedando sin valor ni efecto—caso de imprevisión gubernamental, el de consentir que así pasase el tiempo hasta ahora, que apenas tiene precedentes en la historia de la legislación económica—ha llegado á hacerse intolerable, merced al vigente presupuesto, que lejos de establecer medidas encaminadas á conjurar tan grave crisis, la ha agravado grandemente.

Ya el presupuesto de 1887 á 88 había dado, por decirlo así, un gran paso en el mal camino, estableciendo un recargo de 50 por 100 sobre los derechos que adeudaban las partidas comprendidas en los artículos 535 y 536 del Arancel, entre los cuales figuran los petróleos crudos y refinados. Pero la ley actual ha puesto el sello á tantos errores estableciendo inopinadamente un recargo de 20 por 100 sobre los derechos de importación, y derogando además la compensación del 5 por 100 establecida por el artículo 4º de la ley de 1886 á 87: medida excepcional e inconcebible la del recargo que se ha hecho más dura al interpretársela en nuestras Aduanas, de acuerdo con instrucciones telegráficas del Ministerio, en el sentido de que se considere á la vez subsistente el recargo antiguo de un 25 por 100 que venían sufriendo todos los artículos comprendidos en el Arancel, á excepción de los de primera necesidad; y para los cuales el recargo significa, por lo tanto, un aumento fijo sobre los derechos, ascendente, en total, al 50 por 100. Y esto se ha hecho cuando tocaban á su término los plazos señalados por la ley de relaciones comerciales y quedaban las importaciones del extranjero sujetas á la condición casi prohibitiva que resulta de los altos tipos de la tercera, ó de cuarta columna de un Arancel basado todavía en las valoraciones que sirvieron para formarlo en 1870, y