ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 246

«exceptuando los casos de traición, felonía ó violación de la paz;» en el caso de Thorpe, los jueces exceptuaron los mismos delitos. Una declaración de los Lores de 18 de Abril de 1626, interpreta así el privilegio. «Consiste éste, dicen, en que ningún Lord del Parlamento, durante las sesiones, pueda ser preso, ni constringido de otra suerte, sin previa sentencia ó orden de la Cámara, á menos que sea por traición, ó felonía, ó por negarse á prestar garantía de paz; en idéntico sentido se expresaron los Comunes en 20 de Mayo de 1679.» (1). Cita en confirmación de esta doctrina constitucional, el mismo autor, el caso de Wilkes. A propósito de libelos publicados por este célebre folletista, ambas Cámaras resolvieron, en 1763, que «el privilegio del Parlamento no vale para los escritores ó editores de libelos sediciosos; ni debe permitirse que por virtud de aquél se detenga el curso ordinario de la justicia en la expedita y eficaz persecución de una ofensa odiosa y tan ocasionada á peligros reales» (2). La Comisión del privilegio, aceptando todos estos antecedentes, declaró también, ya en nuestros tiempos casi, que «desde aquella época se viene considerando como generalmente establecido, que tal privilegio (el de la inmunidad), no pueda invocarse contra las acusaciones penales» (3).

Por fin, para demostrar más y más los distingos perfectamente jurídicos del derecho parlamentario inglés, podrían citarse:

1.º El caso de Lord Cochrane (1815), detenido por criminal; el de O'Brien (1848), y otros.

2.º La distinción establecida por la ley de quiebras de 1849 y 1869, entre la justicia civil y criminal (4).

Y 3.º Los casos recientesísimos de Whalley (1874), y de Gray (5).

(1) Obra citada, pág. 120.
(2) Idem id., id.
(3) Idem id., pág. 121.
(4) May. Obra citada, pág. 122.
(5) Franqueville. Obra citada, vol. III, pág. 338.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 247

Según todo esto, es de rigor afirmar la casuística dominante en Inglaterra para aplicar el privilegio, así como que semejante privilegio, distinguiendo en su aplicación los casos civiles de los criminales, y limitándose á garantir la libertad personal del miembro del Parlamento, sin detener el proceso en los primeros, no puede servir para proteger con la capa de inmunidad á quienes fuera del ejercicio de su función parlamentaria delinquen, infringiendo muchas veces hasta una disposición penal, como luego diremos.

Conviene advertir, para la completa inteligencia del privilegio de inmunidad en Inglaterra, que hubo un tiempo en que se extendió á los servidores de los miembros del Parlamento y á los bienes de éstos; extensión que prácticamente quizá no existe hoy, y por último, que según la opinión más corriente, el privilegio de inmunidad proteje á los Lores y Comunes durante las sesiones del Parlamento 40 días antes de su apertura y 40 después de clausurado (1).

VI

Si ahora echamos una rápida ojeada al derecho constitucional contemporáneo escrito, por oposición al consuetudinario (el inglés), prescindiendo de antecedentes históricos y ateniéndonos á las disposiciones vigentes, puede afirmarse que casi todas las Constituciones y leyes constitucionales convienen en declarar de un modo expreso y solemne la inmunidad parlamentaria. La fórmula más universalmente aceptada establece, sobre poco más ó menos, lo siguiente:

«Ningún miembro del Parlamento (ó de las Cámaras, pues es general sean dos) puede ser procesado ni arrestado en materia criminal ó correccional mientras dure la legislatu-

(1) V. Blackstone, Comentarios.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 248

ra, sin la autorización previa de la Cámara á que pertenece, salvo el caso de flagrante delito».

Esta es la redacción del párrafo primero del art. 14 de la ley constitucional francesa de 16 de Julio de 1875, y tal es la forma aceptada por muchas otras constituciones. La ley francesa añade luego:

«La prisión ó persecución de un miembro de cualquiera de las dos Cámaras no podrá llevarse á efecto estando abiertas y mientras lo estén, si la Cámara á que pertenece así lo exige».

La Constitución belga, en su art. 45, dice casi literalmente lo mismo que la francesa, pero además dispone «que no podrá imponerse pena corporal alguna á ningún miembro de las Cámaras, sin la autorización de aquella á que el miembro pertenece».

La Constitución de Luxemburgo es en este punto idéntica á la belga.

El art. 31 de la Constitución alemana de 16 de Abril de 1871 está redactado por el estilo del citado de la ley francesa, salvo que declara de un modo explícito que es necesario la autorización del Reichstag para proceder á la prisión por deudas de cualquiera de sus miembros. Varía un tanto la redacción del art. 84, correspondiente á este asunto, en la Constitución prusiana de 1840. Así dice:

«Ningún miembro de la Cámara puede ser, durante la legislatura, perseguido ni detenido sino con la autorización de la Cámara de que forme parte, salvo el caso de ser cogido infraganti ó en el día siguiente de haber sido cometido el delito».

En el párrafo siguiente dispone lo mismo que la Constitución belga respecto á la imposición de penas corporales, y luego en el que sigue añade: «Ante la orden de la Cámara, toda persecución toda prisión preventiva ó civil se suspenderá mientras dura la legislatura».

La Constitución de Hungría dispone casi lo mismo que la ley francesa citada. La de Austria tiene mucha analogía con
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 249

la española. Otras tres Constituciones, las de Baviera, Sajonia y Estados Unidos, merecen especial mención ante las demás, porque separándose un tanto en la redacción de los artículos correspondientes á la inmunidad parlamentaria de las anteriormente citadas y de alguna más como la italiana y la española, quizá reflejan de un modo exacto lo que acaso sea el derecho vigente en Inglaterra.

He aquí lo que dispone la Constitución de Baviera, el artículo 26 del tit. VII:

«Ningún miembro de la Asamblea de los Estados podrá ser reducido á prisión, sin el consentimiento de la Cámara á que pertenece, salvo en el caso de flagrante delito», y no añade nada más.

A su vez la de Sajonia, en el art. 84, dice:

«Los miembros de los Estados generales, son tanto individual como colectivamente inviolables, mientras dura el Landtag. En su consecuencia, ninguno de ellos podrá ser reducido á prisión durante la legislatura, sin el asentimiento formal de la Cámara respectiva, salvo el caso de flagrante delito y por crimen castigado con pena afflictiva ó en virtud de un procedimiento sobre letras de cambio». En estas dos disposiciones, se notará el olvido en que se tiene lo referente al procesamiento y á la mera persecución judicial, y las excepciones que limitan la inmunidad, de suerte que no encubre ciertos delitos, tendiendo siempre como hemos visto en Inglaterra, á garantir principalmente la libertad personal, con el fin sin duda de que no se pueda privar al representante del país de asistir al Parlamento, á quien ante todo y sobre todo, según declaración del derecho parlamentario inglés, se debe. En este punto especial, aún es más explícita y más conforme con el espíritu de las costumbres políticas inglesas, la Constitución norte-americana. Según ésta «ningún senador ni representante podrá ser preso como no sea por los delitos de traición, felonía y rebelión, durante su asistencia á la Cámara, ni mientras vaya á ella ó regrese á sus hogares».
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 25

»copales ¡Lástima se malogre en la flor de su edad y hermosura tanta grandeza! (1).

»El Nuncio está con tercianas congojosas, y el marqués de Camarasa, con calenturas continuas.»—Y en otra carta da cuenta de la mejoría del Nuncio.—«El Nuncio está mejor, que unas tercianas le han apretado harto» (2).

A fin de no dejar sin recorrer ninguno de los periodos del siglo xvii, citaré, para terminar, un aviso inserto en las Noticias de Madrid, correspondiente al mes de Septiembre de 1690. «Con el desvelo, dosasosiego y susto que ocasionaron las enfermedades de la Reina y del Rey, juntándose el correr muchas tercianas, enfermaron muchas señoras de Palacio. Murió la Camarera mayor; murió después el Condestable etc., etc.»

Quizás se tache de monotona y causada tan larga lista de citas, defecto que habrá de reproducirse con frecuencia en el curso de estos estudios: no importa; así quedará demostrado que, cuanto en ellos se afirma no se refiere á hechos aislados y casuales, sino á un estado normal y permanente. Si las intermitentes causaban tales estragos en las altas clases de aquella sociedad, con recursos abundantes para combatir el mal, y preservativos eficaces para burlarlo, juzgue el lector cuáles habrían de ser los estragos en las clases humildes, habitando en barrios infectos, y hacinados en viviendas húmedas y sin ventilación. Entonces la higiene era desconocida, y el rico y opulento no se cuidaba, como hoy lo practica, al menos por egoísmo, de lo que pudiera acontecer á seres á quienes miraba como formados de otro barro más tosco y de un espíritu más bajo y grosero.

En la primera mitad del siglo xvii principió á generalizarse el uso de la quina como remedio contra las intermitentes. En 3 de Marzo de 1648 escribe el Padre Sebastián Gonzá-

(1) La marquesa de Liche pasaba por la más hermosa mujer de la Corte; y su marido, por el más feo de rostro, aunque de buen talie y de los más apuestos y elegantes.
(2) Barrionuevo, Avisos; 14 de Junio, 30 de Agosto, 1.º y 15 de Noviembre de 1656.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 250

Por lo especial de la redacción pudieran citarse los artículos 26 y 27 de la Constitución portuguesa, pero á fin de no prolongar demasiado estas citas y con ellas el presente estudio, me limitaré á copiar las disposiciones correspondientes de las Constituciones italiana y española, pues aparte de poder contarse ambas entre las que exageran más la inmunidad parlamentaria y de establecer la italiana cierto privilegio inexplicable en favor de los senadores en los dos países se abusa del privilegio, y en Italia, como advertía al comienzo del presente artículo, el asunto ha sido objeto de animadas controversias.

La redacción de los arts. 37 y 45 (1) está concebida en estos términos: «Ningún senador puede ser arrestado sino en virtud de orden del Senado, salvo en los casos de flagrante delito. Sólo el Senado es competente para juzgar los delitos imputados á sus miembros.» «Ningún diputado puede ser arrestado fuera de los casos de flagrante delito, mientras duren las sesiones, ni procesado criminalmente sin el previo consentimiento de la Cámara.»

Como se ve, advierte á este propósito Palma, es muy notable la diferencia del privilegio en los senadores y en los diputados. El Estatuto concede á los senadores el privilegio, salvo los casos de flagrante delito, de no ser arrestados ni procesados por delitos (reati), mientras para los diputados aquél solo tiene lugar en materia criminal: para éstos, durante la sesión, para aquéllos durante toda su vida y por añadidura han de ser juzgados por el Senado mismo.» Sólo con el objeto de mostrar la gran variedad legislativa respecto á las declaraciones constitucionales de inmunidad, cito lo referente al privilegio senatorial italiano. En sí mismos, no tienen defensa posible. Es una negación del Derecho, una violación expresa de las leyes que deben seguir un gobierno representativo. Así lo reconoce el citado Palma, y ni la aristocracia

(1) El art. 46 establece también el privilegio de inmunidad á favor de los diputados respecto á la prisión por deudas, pero violado éste por Mancini (1877) no tiene aplicación.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 251

inglesa, ni la legislación napoleónica llegaron á tal extremo.

Lo que tiene un mayor interés de actualidad y en cierto modo una importancia jurídica general, es la interpretación difícil, por lo torcidamente que á veces hemos hecho, del artículo 45, es decir, del artículo que trata de la inmunidad de los diputados. No es, en primer término, muy favorable la opinión de distinguidos tratadistas, como Palma y Casanova, á la disposición del artículo, y Minghetti procura restringir su aplicación de un modo notable, bien es verdad que un autor ya citado, Barzilai (1), en un folleto publicado especialmente sobre este asunto, declara que lo dispuesto en el artículo 45 no es un privilegio, sino una condición esencial del cargo, dada su función. Prueba de lo dificultoso de la interpretación por los abusos á que puede dar lugar, es que la misma Cámara italiana en 1870 nombró una comisión para «estudiar la inteligencia del art. 45 del Estatuto, y proponer á la Cámara la resolución de la más notable duda, y controversias promovidas acerca de la duración, extensión y efectos de la prerrogativa en él establecida.» El célebre Mancini redactó luminoso informe, muy favorable en verdad al privilegio; pero dejó sentado lo siguiente que deberá tenerse en cuenta en el Parlamento español harto más de lo que realmente se tiene. «Las garantías parlamentarias, dice Mancini, no son, ni pueden ser una amenaza contra la moralidad ó la libertad; son una especial protección de la independencia legislativa, un medio legítimo de tutela del derecho nacional, una libertad popular...» Sólo que, á pesar de las salvedades que el Sr. Mancini hacía, esas garantías suelen convertirse en patentes de corso que permiten el buen tráfico, sin temer á la legislación penal, á piratas verdaderos.

Mas dejando estas consideraciones aparte, las cuestiones referentes á la duración, extensión y efectos de la prerrogativa, no han tenido ni tienen en España una verdadera importancia práctica, porque aquí la inmunidad parlamentaria

(1) L'Articolo 45 dell Statuto (L' gererantizia dei diputato nei procedimento penali.)
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 252

ha sido interpretada de una manera amplísima; esto sin perjuicio de interpretarla alguna vez de un modo restrictivo.

VII

Nuestra Constitución de 1876 dispone en su art. 47 lo siguiente:

«Los senadores no podrán ser procesados ni arrestados sin previa resolución del Senado, sino cuando sean hallados infraganti, ó cuando no esté reunido el Senado; pero en todo caso se dará cuenta á este Cuerpo lo más pronto posible para que determine lo que corresponda. Tampoco podrán los diputados ser procesados ni arrestados durante las sesiones sin permiso del Congreso, á no ser hallados infraganti; pero en este caso y en el de ser procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las Cortes, se dará cuenta lo más pronto posible al Congreso para su conocimiento y resolución. El Tribunal Supremo conocerá de las causas criminales contra los senadores y diputados en los casos y en la forma que determina la ley.»

La redacción de este artículo, sin el aditamento del último punto, es decir, lo que se refiere á la creación de una como jurisdicción especial para entender en las causas criminales contra los representantes del país, está copiada literalmente de la Constitución de 1845 (art. 41) y difiere de la de las Constituciones de 1856 (art. 44) y de 1869 (art. 56). Por cierto que la redacción de este último es bastante más aceptable por lo concisa. El aditamento de la Constitución vigente no ha tenido hasta la fecha efecto práctico de ningún género. Y por más que un hombre político tan perspicaz como el Sr. Silvela lo lamente, no puede menos de reconocerse que más vale así. ¿A qué, en verdad, respondió tal innovación? ¿Al deseo de poner más alta y honrar más la representación parlamentaria? Pues de seguro que no se ha conseguido. En
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 253

primer lugar, hasta aquí habíamos vivido perfectamente sin tal privilegio, y además no es de ese modo como se puede conseguir elevar la representación parlamentaria; la elevación é importancia de ésta dependerá siempre de causas más intrínsecas y fundamentales. Una prueba de lo contrario que es al espíritu de nuestra legislación y aun á nuestro ideal político, que cada día, por fuerza irresistible de las cosas, se acerca más al del gobierno representativo, es que hasta la fecha, como el mismo Sr. Silvela advierte (1) aunque sea para lamentarlo, la ley que habría de fijar la forma bajo la cual el Tribunal Supremo debe conocer en las causas criminales contra los senadores y diputados, no se ha dictado, y lo que es más aún, las leyes procesales posteriores á la misma Constitución regulan la vida de los Tribunales en sus relaciones con los Cuerpos Colegisladores, cual si semejante precepto constitucional no existiese. Todo esto, repito, que algo indica. Bien es verdad, por otra parte, que aun cuando nuestros senadores y diputados se hayan propasado más de cuatro veces cometiendo algún delito, la gran corruptela parlamentaria no ha permitido se echase muy de menos la ley procesal reclamada por el art. 47 de la Constitución.

Y con esto llegamos al punto culminante del abuso parlamentario en cuanto á la inmunidad. No hay disculpa posible. La inmunidad parlamentaria, tenga el fundamento que quiera, no puede en manera alguna responder á la idea de declarar injusticiables á los representantes del país, que sean actores en cualquier delito penado por el Código. Antes, parece, que la condición de representante del país, impone una mayor responsabilidad y una más exquisita corrección jurídica. En efecto, si atendemos á las razones que se invocan para sostener como buena y necesaria la citada inmunidad, encontramos que ya se la considere como mera garantía, como prerrogativa ó como privilegio, no se defiende como un favor personal dispensado graciosamente al Senador ó al Diputado.

(1) Discurso citado.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 254

Un distinguido penalista, Faustin Helie, advierte que la inmunidad «no es un privilegio personal, sino sólo una garantía política dada á la función» (1). Otro, Borsari, dice también que «la inviolabilidad de la persona del diputado, se establece en interés de la cosa pública, á fin de que cualquiera imputación temeraria no venga á arrebatarle inopinadamente su puesto y á obligarle á entrar en una prisión... el consentimiento que de la Cámara se requiere es una protección, no un privilegio, y objetivamente no es un favor personal» (2). En el mismo sentido se expresan Minghetti, Palma, Casanova, y tal es, sin duda, el sentido recto y natural. Dado que la inmunidad exista, las razones que en su apoyo se exponen, son circunstanciales y del momento; pero ninguna deja entrever que la inmunidad, prepare y condicione la impunidad de los representantes, que al igual que los que no lo son, puedan delinquir. La inmunidad significará, en el mecanismo de los Gobiernos constitucionales, una desconfianza hacia el poder ejecutivo, y por el dominio que ejerce éste sobre el judicial, hacia el judicial también. A la verdad, en España, donde aun una intriga palaciega puede dar al traste con una situación política, el Parlamento necesita estar prevenido. La inmunidad significará, como quieren algunos, una condición necesaria de independencia de los representantes; acaso sea una razón que lo aconseja, lo de que éstos se deben antes que á nadie al Parlamento, y sólo al Parlamento corresponde decidir sobre cuanto á sus miembros se refiera; la inmunidad significará todo esto, pero lo que no puede en modo alguno significar es lo que en España significa; es decir, que los representantes del país son casi, casi sagrados, irresponsables e inviolables; pues siendo esto así, en vez de una excepción constitucional (la del monarca), por virtud de la cual, un hombre no es responsable ante ley alguna, ni tribunal alguno, tendremos tantos hombres irres-

(1) Instrucción criminal, II, 489.
(2) Azione penale, par. 336.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 255

ponsables como senadores y diputados, éstos y la mitad de aquéllos, mientras ocupan sus puestos, es decir, por un plazo más ó menos largo; la mitad de los senadores, á saber, los senadores vitalicios y los senadores por derecho propio, por toda su vida.

Y cuenta que no hay exageración en nuestro razonamiento. No ha mucho, discutiéndose la autorización pedida por el Gobierno al Senado para imponer una corrección disciplinaria al general Dabán, uno de los que intervinieron en el debate aducía la siguiente estadística, que proporciona muy preciosas enseñanzas. Desde 1887 hasta Abril de 1890, se remitieron al Congreso 255 suplicatorios. Tal cifra se descompone en esta forma (1):

    Dictámenes aprobados denegando el suplicatorio sin discusión.
    184

    Con discusión.
    2

    Dictámenes concediendo la autorización y que fueron aprobados sin discusión.
    12

    Con discusión.
    2

    Dictámenes concediendo autorización, pero no aprobados.
    9

    Dictámenes retirados.
    1

    Suplicatorios devueltos.
    2

    Suplicatorios que quedaron pendientes del nombramiento de comisión.
    7

    Quedaron pendientes de dictamen ó de discusión.
    72

    Pendientes de dictamen en la actualidad.
    5

Es más explícita la estadística que hace el Sr. Silvela en el discurso ya citado. Ciníéndose á los suplicatorios sobre los cuales recayó decisión, el Sr. Silvela dice: «De los datos que ofrece el archivo del Congreso á contar desde 1837, resultan 159 las autorizaciones solicitadas por los tribunales de justicia, y de ellas 23 concedidas, figurando entre las negadas cuantas se solicitaron por delitos de injuria, desacato á la Autoridad, delitos electorales, responsabilidad de los Gobernadores por detenciones arbitrarias, 64 por rebelión y sedición, 2 por asesinato, 2 por robo de caudales, 2 por defraudación á la Hacienda, 4 por daños causados por empresas industriales, y 2 por quebrantamiento de condena.»

(1) Diario de Sesiones.—Senado.—Sesión de 1.º de Abril de 1890.
Revista de España (1890-11-01 00:00:00), página 256

En las Cortes últimas, cuyas sesiones tiene en suspenso la Regente, no se ha modificado el criterio que en la estadística citada ha predominado. Se dirigieron al Congreso, desde 1886 hasta la fecha de la suspensión, 45 suplicatorios. En general, y dicho sea en honor de los representantes del país, los delitos por que se les persigue no son de esos que la sociedad considera intolerables; es decir, no son de los delitos llamados comunes; pero sin que éstos dominen, algunos suplicatorios llegaron á las Cortes señalando un delito de tal índole. En efecto, de los 45 suplicatorios, 32 pedían autorización por delitos cometidos por medio de la prensa; muchos de ellos por injurias á las autoridades. Esta cifra, en rigor exagerada, se explica teniendo en cuenta que ante la seguridad que hay de que el Congreso no conceda autorización para procesar á uno de sus miembros por un delito que, como el de imprenta, socialmente no deshonra, muchos autores de artículos perseguidos suelen acudir al expediente de que figure como tal autor un diputado á Cortes. La corrupción parlamentaria, como se ve, da lugar á eso, y con ello á un género de abusos reprobables. Fuera de estos 32 suplicatorios, se dirigieron al Congreso pidiendo autorización: 1 por lesiones leves; 1 por malversación de efectos públicos; 1 por delitos electorales; 1 por injuria y calumnia á una Sala de una Audiencia territorial; 1 por falsificación de documentos oficiales; 1 para proceder á la celebración de un juicio de faltas, y 1 por el delito que determina el art. 555 del Código penal (1). A pesar de figurar tanta variedad de delitos imputados á tal ó cual representante del país, el criterio del Congreso ha sido tan lato como siempre. Pocas veces se llegó á discutir un suplicatorio. Se discutió, es verdad, el referente al delito que

(1) El art. 555 del Código penal vigente dice á la letra: «Los que soliciten dádiva ó promesa para no tomar parte en una subasta pública y los que intentasen alejar de ella á los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas ó cualquier otro artificio, con el fin de alterar el precio del remate, serán castigados con una multa del 10 al 50 por 100 del valor de la cosa subastada, á no merecerla mayor por la amenaza ó otros medios que emplearen.»