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tidos que desde aquella fecha ocuparon el poder, sin más diferencia que la del criterio más ó menos expansivo de cada ministro.

Habiéndose atribuido el Gobierno la facultad de conocer en última instancia de las elecciones municipales, no hay desde entonces Ayuntamiento seguro; los vencidos en la lucha electoral apelan al Gobierno, y éste resuelve cuando y como le acomoda, pues como él procedimiento es extralegal, no hay plazo para el fallo, resultando de esto, que los Municipios viven en constante interinidad; en el periodo de seis años han sido anuladas tres elecciones municipales de Sevilla, y ya se cuenta con fundamento para la cuarta anulación, pues el Ayuntamiento interino, que ha de presidir la elección futura ha incurrido al constituirse en la misma falta que sirvió para anular la anterior. Sobre tales bases se asienta la estabilidad de nuestros Municipios. Mas como es posible que alguno de éstos se vea libre de las garras del Gobierno porque nadie haya apelado de las resoluciones de la Comisión provincial, cuando ocurre un cambio político carece el nuevo Ministro del recurso de la anulación y se apela á otro medio, que es el de la suspensión.

El Ayuntamiento, como cualquier otra corporación, puede incurrir en falta por exceso ó por defecto, y llegados estos casos debe aplicarse un correctivo; la ley municipal lo ha previsto así y ha fijado las correcciones en armonía con las faltas, estableciendo grados, que empiezan en la amonestación y terminan en la suspensión; no fija bien la ley si esos grados han de emplearse sucesivamente utilizando el segundo cuando no ha surtido efecto el primero, aunque así parece deducirse del contexto de sus artículos; pero lo que no deja lugar á duda es lo que dispone el art. 189; dispónese en este precepto «que los Ayuntamientos pueden ser suspendidos »cuando cometiesen extralimitación grave con carácter político, acompañada con ciertas y determinadas circunstancias.» Las Gacetas están llenas de suspensiones de Ayuntamientos; examínense todas y apenas se encontrará una que
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se fundamente en el artículo citado; prescindiendo de alguna orden que imponía la pena de suspensión porque el Ayuntamiento no tenía el arca de tres llaves, como si tuvieran caudales que custodiar, recordamos que cuando algunos concejales han dicho en defensa propia que las faltas que habían cometido no eran de las taxativamente fijadas en el art. 189, el Consejo de Estado lo ha reconocido así, sin perjuicio de lo cual ha propuesto que se confirmara la suspensión.

Era de esperar que el empleo de estos recursos bastasen al poder ejecutivo para convertir las corporaciones populares en dóciles instrumentos electorales; pero no ha sido así, como la ley del sufragio dispone, que los Ayuntamientos suspendidos por medida gubernativa presidan las elecciones, el ministro de la Gobernación ha apelado á otros medios más expeditos y eficaces que á la vez le libran por el momento de la responsabilidad moral, que deja intacta á sus agentes en las provincias. Cual si obedecieran á una consigna, los gobernadores, interpretando á su gusto el art. 22 de la ley provincial, imponen multa sobre multa á los alcaldes por los más fútiles pretextos, hasta que estos funcionarios, imposibilitados de defenderse por tener que consignar el importe de la pena antes de apelar, dimiten el cargo y se prestan á hacer lo que de ellos se demanda.

Contra los Ayuntamientos, el recurso que se emplea es distinto; se envían contra ellos delegados, que á manera de los antiguos pesquisidores empiezan á examinar toda la gestión municipal, y después de reunir los antecedentes que les parecen más graves, envían los expedientes á los Tribunales de justicia para que éstos depuren si hay delito, y caso afirmativo, impongan la pena que corresponda. Malo, muy malo era el sistema anteriormente seguido, porque ni la ley autoriza al Gobierno para conocer de elecciones municipales, ni la corrección de las faltas se ha ajustado á los temperamentos que las mismas leyes prescriben; pero así y todo eran preferibles á los que practica el ministro de la Gobernación, porque las suspensiones gubernativas se limitaban á privar
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á los concejales del ejercicio de sus cargos por un tiempo limitado, sin causarles otros perjuicios, y á la vez el ministro que las acordaba se hacía responsable de actos que podían amenguar su consideración y prestigio; pero el moderno invento es gravoso, depresivo y humillante para los concejales y á la vez libra al ministro de toda responsabilidad, cualquiera que sea el fallo de los Tribunales de justicia. El primer sistema es el de la arrogancia; el segundo el de la hipocresía; el primero supone valor; el segundo astucia; el primero puede tener una explicación; el segundo merece una solemne reprobación, porque poner sub judice á los Ayuntamientos por motivos fútiles, es, á más de ilegal, inícuo, pues los concejales tienen por lo menos las mismas garantías que todo hombre honrado, y así como no es lícito perseguir á nadie sin exponerse á las consecuencias de una denuncia falsa ó de una querella calumniosa, así tampoco es permitido á las autoridades remitir á los Tribunales sino por causa de delito á los que están bajo su dependencia y amparo.

No negaremos que los Ayuntamientos pueden faltar á sus deberes por abuso de autoridad ó por negligencia en el ejercicio de sus funciones; la ley ha previsto estos casos y ha dispuesto la manera de corregir tales infracciones; verdad es que las faltas de los Ayuntamientos pueden ser ó meras infracciones reglamentarias ó verdaderos delitos, y que si bien las primeras se corrigen gubernativamente, los segundos deben ser castigados por los Tribunales; mas siendo esto indudable, sostengamos y afirmemos que aun en el caso de comisión de delitos, no es lícito remitirlos á los Tribunales sino después de la corrección administrativa y de apreciar que un hecho determinado tiene los caracteres de delito. Los Ayuntamientos son corporaciones oficiales y los concejales desempeñan funciones públicas, y cuando con ocasión del ejercicio de sus cargos cometen delitos, es indispensable que los superiores jerárquicos decidan préviamente que ha habido falta, que por su importancia ó naturaleza traspasa los límites de la competencia administrativa y llega á las fronteras del Có-
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digo penal. Tal vez se nos diga que todo esto queda cumplido cuando el gobernador, superior jerárquico de los Ayuntamientos, forma á éstos expedientes y los remite para su apreciación y fallo á los Tribunales; mas los que así discurren se olvidan de que las correcciones gubernativas no causan estado hasta que han sido aprobadas por el Gobierno, y si esto sucede tratándose de multas y de suspensiones, con mayor razón debe aplicarse esta doctrina para los delitos públicos. La misma ley municipal lo entiende así cuando dispone en su art. 191 que si hubiese lugar á destitución de los regidores, el Gobierno (no el gobernador) mandará pasar los antecedentes al Juzgado ó Tribunal competente.

Es, pues, para nosotros indudable que el procedimiento adoptado por los gobernadores no se ajusta á las prescripciones de la ley, y es además inícuo, porque los que como superiores jerárquicos de los Municipios debieran ser sus protectores y amparadores se convierten en sus perseguidores y verdugos.

A tal régimen están sometidos los Ayuntamientos en España; desde su elección quedan á merced del Gobierno, y en ella continúan hasta que terminan su misión, viviendo en constante interinidad y perpetua tutela. Lo extraño es que, á pesar de ser cierto cuanto decimos, haya aun hombres honrados que se presten á ejercer los cargos concejiles; menos deberes tenían los de la antigua curia romana, y fué necesaria apelar á medidas coercitivas para que no quedaran desertos los Municipios. Aunque todo esto era bien conocido de los autores de la ley del sufragio universal, creyeron, sin embargo, indispensable contar con esos organismos para establecer el derecho electoral; siendo nuevo el sistema que se establecía, era arriesgado fundarlo sobre institutos nuevos también, sin exponerse á un fracaso en el primer ensayo; de esta necesidad ha emanado la carga más grave para los Ayuntamientos, porque si en todo tiempo están sujetos á la arbitrariedad ministerial, que se ejerce para complacer las miras interesadas de los que desean vivir del procomún, en
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vísperas de elecciones se utilizan todos los recursos de que hemos hablado hasta que se les compromete á servir los deseos del Gobierno, que es lo que está pasando en estos momentos. Indigna leer en la prensa diaria los atropellos ejercidos por los gobernadores contra Alcaldes y concejales, atropellos que si en algunos casos han dado lugar á escenas bufas ó cómicas por la energía de las víctimas, en otros han llegado á lo trágico, causando la muerte de los atropellados.

No ha estado más acertado el Gobierno en sus relaciones con la Junta central del censo, demostrando con su conducta la falta de criterio en este asunto. Si el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de la Gobernación hubieran en tiempo oportuno estudiado atentamente la ley del sufragio universal, es seguro que hubieran procedido de manera muy distinta y se hubieran evitado esa serie de lamentables equivocaciones que constituyen sus relaciones con la Junta.

La ley electoral está basada en una legítima desconfianza del poder central; todo lo que las leyes anteriores encomendaban á los gobernadores y al ministro de la Gobernación, lo confía la nueva ley á la Junta del censo, y siendo esto así, la más vulgar prudencia aconsejaba al Gobierno apartarse en absoluto de toda ingénercia en aquella Corporación; asistir á las deliberaciones de la Junta y discutir y votar sus acuerdos, no podía hacerse sin contraer implicitamente el compromiso de cumplir lo que aquélla acordara, ó lo que es lo mismo, renunciando de antemano á preparar los que aquí se llaman resortes electorales; y la razón es bien sencilla. La ley ha puesto la formación, revisión y custodia del censo á cargo de la Junta central; las operaciones necesarias para todo esto se verifican por las Juntas municipales y provinciales; estos organismos se constituyen con el personal de los Ayuntamientos y Diputaciones populares, de donde se deduce que no es posible tocar á las Corporaciones populares sin que sus efectos se hagan sentir en las Juntas; así aunque el Gobierno es el encargado de aplicar las leyes municipal y provincial, pierde de hecho esta facultad, porque si usa de ella altera la
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composición de las Juntas, cosa que la central no puede consentir. Así hemos visto que la intervención del gobernador de Salamanca en las operaciones del censo motivó la derogación de los artículos 20 y 22 de la ley provincial, y la del gobernador de la Coruña la anulación del art. 28 de la misma ley. La presencia del Gobierno en dicha Junta sin el propósito de atenerse á la más estricta legalidad, era una insigne torpeza, que el Ministerio ha pagado perdiendo autoridad y teniendo al fin que abandonar su puesto, llevando como pesada carga la censura y reprobación de los liberales y la nota de despótico y arbitrario.

Para las facultades consultivas que tiene la Junta, tampoco era prudente la presencia de los miembros del Gabinete; los Ministros forman parte del Consejo de Estado y á ninguno se le ha ocurrido hasta ahora asistir á sus deliberaciones. Las dos personalidades de que han hecho uso en la Junta los Sres. Cánovas y Silvela, han servido sólo para poner de relieve, á más de la ignorancia de la ley, la predisposición á infringir sus preceptos.

Lo ocurrido con los Colegios especiales es de lo más peregrino que puede imaginarse. Pocos artículos de la Ley Electoral tuvieron una discusión tan amplia como el referente á ese extremo; varios fueron los oradores que impugnaron la creación de esos Colegios electorales, conviniendo todos en considerarlos como una superfetación y como un anacronismo dentro del principio que informaba la Ley de reforma electoral. El Sr. Garnica que llevaba la voz de la Comisión parlamentaria en este punto, explicó el sentido que tenían en la ley esos Colegios especiales y el motivo porque se les daba una representación, que no podía concederse á una reunión cualquiera de individuos. Cuando las agrupaciones, decía el Sr. Garnica, «no tengan ningún fin coordinado, análogo y armónico con el fin del Estado, sino un fin particular que no trascienda más que á los individuos asociados, pidan la representación, nosotros se la negaremos porque únicamente deben tenerla aquellos que realizan un fin político, porque
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para el Estado será la representación, y esto sólo puede nacer de los individuos que las constituyen, bien agrupándose en organizaciones homogéneas del Estado mismo... Dar voto á una reunión de 5.000 electores, ó del número que se fijase, por interés de clase, aunque no fuese ilícito, ó sin exigirles organización alguna, su subordinación á un fin universal y político sería la proposición más anárquica y demoledora que pudiera introducirse en el principio de la representación. Permitir que 5.000 electores, reunidos por un interés egoísta, muchas veces antagónico siempre divergente del interés del Estado, reunidos otras veces al azar por miras particulares, uno á uno en cualquier parte agrupados bajo la bandera de un hombre ó de una personalidad, vinieran á tener representación en el Congreso, sería la disolución del sistema parlamentario y del régimen representativo».

Cualquiera que sea la opinión que se tenga acerca de esta novedad introducida en la ley, lo cierto é indudable es, que en el Congreso se fijó con exactitud el significado de los Colegios especiales y las corporaciones á quienes la ley concedía el derecho de representación. El Sr. Garnica, definidor de esta parte del proyecto, sostenía con verdadera elocuencia, que una reunión abigarrada de 5.000 electores reclutados en diferentes puntos y asociados para un fin egoísta, no podían constituir un Colegio especial y obtener la representación política, sin que se barrenara la ley del Sufragio, y sin embargo hemos estado expuestos á ese peligro, gracias á las habilidades de los conservadores.

La ley electoral reconoció el derecho de formar distritos especiales á las Universidades, Sociedades económicas y Cámaras de Comercio, agrícolas é industriales, y como todo el mundo sabe el escaso número de socios que tienen esas Corporaciones, nadie creyó en que tuvieran representación especial en el Congreso: la misma ley había previsto el caso y en una de sus disposiciones transitorias ordenaba lo necesario para que los electores de esos institutos no quedaran privados de su derecho. Pero el Gobierno había dispuesto las cosas
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de otro modo. El 31 de Noviembre se publicó el censo general de electores y dos días después publicó la Gaceta un Real decreto creando las Cámaras agrícolas, que no tenían existencia de ninguna clase en España. Esta Real disposición es un documento verdaderamente notable. Después de un preámbulo como es de rúbrica en estos casos, el Gobierno fija las condiciones indispensables para reconocer carácter oficial á esas asociaciones. Tratándose de Cámaras agrícolas cualquiera sospecharía que lo menos que se pediría á los socios es que demostraran que eran propietarios de fincas rurales ó que se dedicaban á la agricultura, así como el Real decreto que creó las Cámaras de Comercio, exigió que los asociados entre otras condiciones, que eran comerciantes: más el partido conservador, que no se asusta de ninguna de las libertades cuando puede utilizarlas en su provecho, dió una prueba de su espíritu amplio y liberal disponiendo lo siguiente, «las asociaciones de carácter permanente que funden los ciudadanos españoles con el objeto de defender y fomentar los intereses de la Agricultura, etc., etc., tendrán el carácter de Cámaras agrícolas oficialmente organizadas, siempre que sus socios sean españoles y en Junta directiva tengan cierta y determinada composición.

Suponemos que no habrá tenido que discurrir mucho el ministro autor de ese Real decreto y que tampoco será una obra de Romanos asociar en Cámara agrícola un gran número de individuos que no necesitan más que probar que son españoles; así no es de extrañar que á los diez días de publicado ese decreto orgánico, las Cámaras agrícolas, en las que nadie había pensado hasta entonces, tuvieran existencia y aparecieran reconocidas oficialmente en la Gaceta; ¡era tan tentador eso de formar una Cámara y con ella un distrito para venir á las Cortes!

Pero el Gobierno, á quien principalmente interesaba montar esas nuevas máquinas electorales, no se contentó con ese fruto de su inventiva, sino que protector decidido de esos Colegios, no tuvo inconveniente en modificar la ley electoral
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para facilitar la ejecución de su obra. Los artículos 25 y 26 de la ley del Sufragio habían dispuesto, que para pasar del censo general á uno especial se acreditase 1.º, que se estaba incluido en aquél, 2.º que se pertenecía á una corporación especial para lo cual había que acompañar el título profesional, si se trataba de Universidades, ó el certificado de socio si se pretendía figurar en una Sociedad ó Cámara, y 3.º que la petición fuese individual; para que no quedase duda de la voluntad del elector. Pues bien, todas esas garantías desaparecieron como por encanto; el decreto creando las Cámaras agrícolas se publicó el 15 de Noviembre y el 16 apareció en la Gaceta una circular fijando las reglas necesarias para la formación del censo de los colegios especiales; en ellas se ordena: «que para acreditar el carácter de socio bastará que la respectiva Junta directiva, ó de gobierno, no ponga reparo» (ó lo que es lo mismo, que no se acredite esa cualidad) y que las peticiones á las Juntas pudieran hacerse, individual ó colectivamente.»

Traduzcan nuestros lectores estas disposiciones en la práctica y verán que si era sumamente sencillo formar una Cámara agrícola no exigiendo á sus socios condiciones de edad, vecindad, residencia, profesión, oficio, contribución ni riqueza, con alguna actividad y voluntad se les recogían las firmas y en menos días de los que tiene una semana, se montaban esas nuevas máquinas electorales en donde se fabricaban actas para muchos aspirantes á diputados.

Por fortuna, para los amantes de la nueva ley, este peligro se ha conjurado. La Junta central del Censo ha sostenido enérgicamente su competencia, y después de demostrar al Gobierno, que si él puede organizar Cámaras agrícolas aunque sea de la manera lamentable que lo ha hecho, el Censo especial de esas corporaciones está bajo la dirección de la Junta, por el capítulo 24 de la ley, así como lo está el general por el artículo 18 de la misma ley.

Si en vez de gastar el Gobierno sus energías en estas habilidades de Bajo Imperio se hubiera dedicado á mejorar la
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guido de una trepidación constante y regular, nos anunció que el San Agustín emprendía la marcha; mi compañero volviéndose trabajosamente para mirar á mi cama:
—¡Chico!—exclamó—ahora esto va de veras; estamos en marcha.

Sentí cierta desconocida emoción en momentos tan solemne, puesto que era el primer viaje que á tan lejanas tierras hacía; no contesté á lo dicho por X y seguí escuchando el trum trum de la hélice, que allá á gran profundidad batía las aguas.

De repente una inclinación mayor, y un crujido de toda la nave, con el golpearse de unas cuantas puertas de varios camarotes, nos avisaron que, dejando el puerto, entrábamos ya á la mar abierta; inmediatamente siguió otro balance superior, y hubimos de echar mano para no golpearnos contra el tabique, á la red, que sobre la litera había, y en la que colocáramos paraguas y bastones; el golpeteo de las puertas y el rodar de nuestras sombrereras, amén del retemblar del vapor, nos puso en guardia, sospechando que acaso hubiese mar de fondo, en cuyo caso era menester tomar las precauciones posibles para no ir de la litera al suelo; no habíamos concluido de decirnos esto, cuando un fortísimo balance de babor á estribor y de popa á proa, casi nos hizo saltar por encima del guarda-balance de la cama; las maletas rodaron como pelotas, nuestros zapatos recorrieron como centellas todo el camarote, los bastones y los paraguas, rebotando en la litera de mi compañero fueron á esconderse debajo de la mía, los golpazos de las puertas semejaron una descarga de fusilería y la voz de la señorita chilló, llamando á la camarera. Otra fúriosa cabezada del San Agustín nos puso casi verticales, y un tumbo fenomenal de costado, nos incrustó contra el tabique; la contradanza de sombrereras, maletas, zapatos y bastones siguió con más rapidez, y el batirse de las puertas llegó á simular el fuego graneado de una batalla campal; pero sobre todo este ruido y el de las cadenas del timón y el de la hélice, sentimos un golpe tremendo dado contra el tabique del
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situación general del país, cumpliendo con fidelidad las leyes que encontró vigentes, otra sería hoy su situación; las Naciones son agradecidas, y no olvidan á los Gobiernos que se afanan por su bienestar; aparte de esto, todavía existe en España una gloria que alcanzar, la que resultaría para un ministro de la Gobernación de perder unas elecciones generales. Hemos creído durante algún tiempo que el actual iba á merecer tan alto galardón; las circunstancias le eran favorables; dotado de gran inteligencia, con autoridad en su partido y con prestigio entre sus adversarios, habiendo pasado hace años por el ministerio de la Gobernación y apreciado el valor de las fuerzas naturales del país, y declarado ante la representación nacional que aceptaba la reforma electoral y que se proponía respetarla lealmente, el Sr. Silvela, repetimos, era el hombre llamado á iniciar en España una era constantemente anhelada y nunca cumplida, la de consultar el cuerpo electoral sin amaños, sin prejuicios y sin apelar á esa serie de arbitrariedades que son mengua y baldón de nuestras elecciones. Posible es que con tal sistema aplicado sinceramente hubiera perdido el Gobierno las elecciones, pero esto que sólo hubiera producido la descomposición de un partido que ya no tiene principios ni conducta propios, ni personal siquiera para ocupar los destinos públicos, habría contribuido grandemente á cerrar el periodo revolucionario y á consolidar la paz pública, lo que sería un título de gloria para todo el que se dedica á la gobernación de un Estado. Continuar por el camino emprendido, suspendiendo ó procesando Ayuntamientos, y empleando los gobernadores su autoridad en multar Alcaldes, encasillar á los candidatos y disponerse á ejercer toda clase de violencias, podrá prolongar algún tiempo la agonía del partido conservador, pero será á costa de la tranquilidad de la Nación, porque no lo dude el Gobierno, los pueblos, en su régimen interior, llegan hasta donde se proponen, como demuestra la historia de todos los países y comprueban los hechos ocurridos en nuestra patria en esta última centuria.