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to conveniente al jefe de una autocracia religiosa enfrente de la revolución contra el derecho divino de los reyes.

Firme con todo en sus propósitos, no abandonó Napoleón, después de coronarse Emperador, las ideas que acariciara mientras había sido primer cónsul. La siempre abortada alianza con Rusia ejercía en su espíritu una especie de obsesión jamás desechada, ni aun en medio de la guerra con este país, á la que logró finalmente dar forma tangible en las célebres conferencias de Tilsit, donde el astuto vencedor de Friedland desplegó todos los recursos de su genio para deslumbrar, como lo consiguió, la juvenil inexperiencia de Alejandro, abriendo ante su espíritu ilimitados horizontes de grandeza.

Seducido por las ofertas del gran tentador, mal aconsejado, además, el monarca ruso por sus imprudentes cortesanos, abandonó á su suerte al rey de Prusia, declaró la guerra á la Gran Bretaña y aceptó las proposiciones de su flamante aliada relativas á una nueva división de Europa.

¡Illusiones engañosas! Los prácticos resultados de tan ruidosas conferencias fueron nulos ó casi nulos. Esperaba el confiado Czar la posesión de Constantinopla y su omnipotente aliado le puso el veto. En vano el heredero de Pedro el Grande intentó lisonjear al heredero del imperio de Carlomagno, persuadiéndole á entregarle «las llaves de su casa». Napoleón se mantuvo inflexible, y según refiere su secretario barón de Meneval, le oyó exclamar un día poniendo la mano sobre el mapa de Europa: «Constantinopla, ¡jamás! es el imperio del mundo».

Rotas, pues, las negociaciones para llegar á honroso acuerdo sobre este punto capital, las relaciones se enfriaron hasta terminar trágicamente en 1812, principio del fin del Imperio, como dijo Talleyrand.

La desastrosa campaña de Rusia seguida de la igualmente desastrosa de 1813, no modificaron más que en parte las ideas de Napoleón, aferrado á las mismas con la tenacidad que le era propia. Todavía, á pesar de sus reveses, le ofreció Met-
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ternich temeroso de la política oriental del gobierno moscovita y poco dispuesto á cambiar la supremacía francesa por la rusa, la conservación de la frontera del Rhin amenazada por los aliados. Napoleón estuvo conforme en cuanto á la necesidad de arrojar Rusia hacia el Asia, pero confiando aún en su estrella no quiso reducir su ambición á los términos prudentes con que le brindaba el ministro austriaco, perdiéndose á sí mismo y con él á la Francia.

No se hicieron esperar las consecuencias de tal conducta. Austria hasta entonces acomodaticia é irresoluta, unió á los de la coalición sus ejércitos; Francia fué invadida, Napoleón destronado y restaurados los Borbones, en favor de los cuales, aunque no sin cierta resistencia, recabó Talleyrand el apoyo de Alejandro. Y tan completo fué este apoyo, que lejos de secundar el omnipotente autócrata las gestiones de Prusia para segregar del territorio francés las provincias de Alsacia y Lorena, puso como condición primera de la paz general la necesidad de hacer una Francia grande y poderosa.

No era todo pura generosidad de parte de Alejandro. El verdadero secreto de esta política le reveló algo después el conde Capo de Istria al barón de Stein: Consistía en favorecer la dinastía restaurada como el más firme aliado de Rusia en la cuestión de Oriente, clara prueba de que menos el desinterés que el egoísmo dictaba la conducta de la diplomacia moscovita.

Por su parte, dicho sea también en honor de la verdad, no obraban los Borbones de otro modo con respecto á su poderoso protector. La pretensión de Alejandro de anexionar la Polonia al imperio é indemnizar á Prusia con la Sajonia, motivó en el mismo Congreso de Viena la secreta alianza de Francia, Austria y Prusia, rota únicamente por la vuelta de Napoleón de la isla de Elba y el imperio de los cien días, pues parece designio de la providencia frustrar á cada paso los planes mejor combinados para toda alianza franco-rusa.

No prosperó tampoco más, una vez terminado el movimiento de la revolución en 1815, porque si bien Francia y
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Rusia obraron de acuerdo en la lucha del absolutismo contra el sistema constitucional, entraban también en la liga las Cortes de Berlín y de Viena, tan interesadas como ellas mismas en el triunfo de la reacción monárquica, á lo cual debe agregarse que en la cuestión greco-turca viéronse las primeras obligadas á sufrir la cooperación de Inglaterra receiosa de la acción aislada de las mismas en asunto de tanta trascendencia internacional.

La muerte de Luis XVIII, seguida al poco tiempo de la de Alejandro, hizo entrar en camino más viable la idea de la alianza nunca enteramente abandonada. Vencida la poderosa insurrección que inauguró el advenimiento al trono del emperador Nicolás, encargó éste á su embajador en París, Pozzo di Borgo, sondear las disposiciones del monarca francés acerca de una inteligencia entre ambos gobiernos, y satisfecho de su benévola actitud declaró inmediatamente la guerra á Turquía con profundo disgusto de Inglaterra y especialmente del Austria. Metternich protestó en vivos términos contra aquella guerra de conquista y la protesta hubiera tenido graves consecuencias á no haber contado Rusia con las simpatías de Carlos X, que fiel á lo acordado con el hábil representante del Czar, declaró á la faz de Europa que en el caso de mover Austria un solo regimiento contra Rusia, invadirían la Lombardía las tropas francesas.

Semejante actitud reveló entre Francia y Rusia, sino un interés común, un punto, al menos, de coincidencia. Combatía la primera el statu quo europeo, la segunda el statu quo oriental; una apetecía Bélgica, otra Constantinopla. Violaban las dos los tratados de 1815; ¿pero cuándo ha detenido á los fuertes el derecho de los débiles? Nicolás quedó en libertad para la campaña de 1829. Paskievitch conquistó en Asia, Erzerum; Diebitch batió en Europa los ejércitos del Sultán, franqueó audazmente los Balcanes y se apoderó de Andrinópolis, la segunda ciudad del imperio. Por desgracia todo lo había previsto Rusia, menos lo imprevisto. El doble tratado de Andrinópolis inutilizó sus victorias á pesar de la media-
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ción de Prusia, acusada sin razón de ser contraria á sus intereses, y paralizó la acción de Carlos X, dispuesto á vengar con las armas las vergüenzas de 1815 y distraer la opinión pública, preocupada de sus tendencias reaccionarias con las empresas exteriores de que los franceses gustan tanto.

Suspendidas las negociaciones con dicho motivo, se renovaron de allí á poco en momento no más propicio. Próximo el fin de la restauración, esto es, en 1830, pactó el ministro francés, conde Laferronays una secreta inteligencia con Pozzo di Borgo, por la que en el caso de suscitarse de nuevo la cuestión de Oriente, apoyaría Rusia á Francia en sus deseos de recobrar las fronteras del Rhin, negándose entre tanto á secundar las gestiones de Inglaterra contra la conquista de Argelia, comenzada meses antes de la caída de los Borbones.

¡Y dato curioso que prueba la grandeza de carácter del llamado no sin razón el apóstol de la reacción europea! Tanta importancia concedía á su buena inteligencia con Francia, que no vaciló para mantenerla en aconsejar á su aliado el escrupuloso respeto á la Carta, desgarrada en muchos puntos por el monarca francés. Los consejos, sin embargo, sirvieron de poco. Carlos estaba ciego, y cuando le adjuró Pozzo di Borgo á retirar las fatales ordenanzas, se limitó á responderle: No temáis; Polignac tuvo ayer una segunda revelación de la Virgen asegurando el buen éxito; palabras insensatas á las que se refiere, replicó el diplomático ruso: Cuando los ministros tienen esa clase de revelaciones, los reyes están perdidos.

Y no se equivocaba. Pero, puede imaginarse el dolor con que recibiría el emperador Nicolás la noticia de las jornadas de Julio que destronaron los Borbones representantes del derecho divino en Europa y echaban por tierra todos sus planes de engrandecimiento.

¿Fué inútil, con todo, la citada inteligencia á la libertad de los pueblos? Lejos de serlo produjo desde luego la emancipación de Grecia y preparó para días no lejanos la
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de servios y valacos, porque la misión inconsciente de la diplomacia consiste como la de cierto conocido personaje del gran poeta de Weymar, en sacar bien del mal y favorecer muchas veces sin quererlo la causa de la civilización y del progreso.

A. STOR.

(Se continuará).
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ESTUDIOS
SOBRE EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO EN ESPAÑA (1)

V.—LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

IV

Según queda expuesto, en la historia de nuestras Cortes es más fácil señalar antecedentes á la inmunidad parlamentaria, que á la inviolabilidad. En efecto, tocante á la prohibición de perseguir judicialmente á los Procuradores, ya en tiempos anteriores al establecimiento de la Monarquía absoluta se dictaron disposiciones muy interesantes. Conviene, sin embargo, no darles un valor excesivo, ni interpretarlas como si fueran verdaderos antecedentes históricos, tradicionales. En primer lugar, debe recordarse que dice la ley de Partida, respecto á la seguridad, que se garantiza á los mensajeros de los pueblos desde el día que salieren de sus casas para ir á la Corte hasta que lleguen á ella, y desde este punto hasta que hubiesen regresado á sus lugares (2); legislación ésta confirmada de un modo expreso para los Procuradores en Cortes por D. Alfonso XI, y en las Cortes de Madrid de 1329.

(1) Véanse los números 507, 509, 510, 511 y 512 de esta Revista.
(2) Leyes II y IV, tít. XVI, Partida II.
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Padre Luis de la Torre está muy de peligro con calentura maliciosa y tabardillo, hoy le dieron el Viático, por hacerle desvariar los crecimientos (1).

Enfermedades hay muchas de tabardillos y de tercianas maliciosas, con sudores sincopales, de que mueren muchos. A la condesa-duquesa de Olivares está dada la Extremaunción, el de Velada muy de peligro, el secretario Lezama dado el Viático, y el secretario D. Fernando de Contreras está también muy malo y está en tercera recaída.»—Y en 18 de Noviembre del siguiente año, se dice: «Murió en tres días el duque de Sesa, de unas tercianas con sudores sincopales. Pocos días antes había estado en casa con un padre, hablando con gran desengaño de todo lo de esta vida, con grandes propósitos de vivir muy ajustadamente para en lo de adelante» (2). Falta le hacía el arrepentimiento aunque tardío; pues á nadie mejor que al Mecenas de Lope de Vega le cuadra el proverbio del diablo que harto de carne se metió á fraile.

Y continúa la carta: «A la duquesa de Hijar está dada la Extremaunción, de la misma enfermedad. Estas calenturas han corrido este otoño con que han muerto muchos.»

Si se dejan las cartas de los jesuitas para tomar las de Barrionuevo, se tropieza con iguales lamentos sobre los extraños que las tercianas causaban en Madrid. En Enero de 1655, suspende el rey una montería, porque á su montero mayor, el marqués de Liche «lo había dado la cuartana» (3).

«El duque del Infantado está enfermo de tercianas dobles y otros mil achaques, y el de Pastrana con un ojo de un palmo, aguardando, como gato, llegue á dar en sus manos el ratón.

La marquesa de Liche está á la muerte con tercianas sin-

(1) Cartas de los jesuitas, tomo II, pág 148; Julio de 1637.—Idem, tomo III, pág. 261.—Idem, tom. VI, pág. 212; 18 de Diciembre de 1645.
(2) Cartas de los jesuitas, tomo VII, pág. 953.
(3) Cartas de los jesuitas, tomo VII, pág. 124; 10 de Septiembre de 1647.—Publicadas y anotadas por D. Pascual Gayangos en el Memorial histórico.
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Pero como se comprende, aun cuando para aquellos tiempos era señalada merced la concesión de una protección á las personas de los representantes de los pueblos, que, por virtud de penas severísimas impuestas á quienes les ofendiesen, encontraban una garantía contra los ataques de la enemistad particular, no puede considerarse eso como el origen directo de la inmunidad parlamentaria á que nos referimos. Mucho más si se atiende á que en los tiempos modernos, aquella seguridad personal, garantida á todos, es lo menos que al Estado se debe exigir. Un antecedente más directo de la moderna inmunidad lo encontramos en las disposiciones que hacen afirmar á Martinez Marine, que los Procuradores del Reino «desde que salían de sus pueblos hasta que, concluidas las Cortes, regresaban á ellos, á ninguno era lícito inquietarles, ni ofenderles, ni suscitarles pleitos ó litigios, ni demandarles en juicios» (1).

Y en efecto, el rey D. Pedro, en virtud de las Cortes de Valladolid de 1351, declaró, de conformidad con una de las peticiones, que «los que aquí vinieren á mi llamado á estas Cortes, que mando é tengan por bien que non sean demandados, nin presos fasta que sean tornados á sus casas, salvo por los mis derechos ó por maleficios ó contratos si algunos aquí ficieren en la mi corte» (2).

La razón de esta prerrogativa se daba por aquellos tiempos en otra petición de las mismas Cortes, cuando se dice que «algunos por malquerencia, é otros por hacer mal é daño á algunos de los Procuradores que aquí ser venidos que les facen acusaciones maliciosamente é les mueven pleitos aquí en la corte por los cohechos» (3). No debió, sin embargo, guardarse muy bien lo dispuesto en estas decisiones, cuando en las Cortes de Tordesillas de 1401 volvió á reproducirse análoga petición, disponiendo en su vista el rey Enrique III que

(1) Teoría de las Cortes, pág. 253.
(2) V. obra citada de Martínez Marine y Las Cortes de León y de Castilla, por D. M. Colmeiro, pág. 88 del volumen I.
(3) Obras citadas de Marine y de Colmeiro.
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SOBRE EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO EN ESPAÑA

los procuradores «no sean prendados por devda del Concejo; »mas si la devda fuere suya propia, que lo paguen ó envien procurador que no deva devda alguna», con lo cual se limitaba la inmunidad. Después de esta decisión se encuentran, como advierte el Sr. Colmeiro (1), las peticiones hechas en las Cortes de Valladolid el 1602, y en las de Madrid de 1607, y también la ley 5.ª, tit. VIII, lib. III, de la Novísima, que es la ley 10, tit. VII, lib. VI de la Recopilación, y en la cual se contenía lo dicho ya en las decisiones de las Cortes. Según esta ley, se disponía que «las nuestras Justicias de la nuestra corte no conozcan de las querellas y demandas que ante ellos diesen de los Procuradores, durante el tiempo de su procuración, hasta que fuesen tornados á sus tierras, ni sean apremiados á dar fladores, y si algunos hubieren dado sean sueltos; lo cual mandamos se guarde así, salvo por las nuestras Rentas, pechos y derechos, é por maleficios é contratos que en nuestra corte hicieren, después que á ella viniesen, ó si contra alguno hubiese sido antes dado sentencia en causa criminal».

Como se ve, en la historia de nuestras instituciones políticas, y hasta de nuestra legislación positiva, se encuentra algo que puede hacernos considerar la inmunidad parlamentaria, como cosa que tiene cierto arraigo y tradiciones. Pero aun en esto, me parece que es necesario no precipitarse. A mi modo de ver, el derecho constitucional que surge en Cádiz en 1812, es en su conjunto y en sus detalles, más una transformación radical del Estado, verificada merced á influencia que viene de afuera, que una resurrección tradicional, como según ya se dijo, pretendían los mismos legisladores. Indudablemente, no siendo esta inmunidad parlamentaria, una condición esencial de la organización jurídica de los poderes públicos (como lo es la inviolabilidad), la aceptación de la misma y su consagración en las Constituciones españolas, obedece á circunstancias especiales históricas que lo

(1) Obra citada, pág. 89.
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mismo se presentaron en aquellas épocas de lucha entre el poder real y las Cortes, que ya en nuestros tiempos de lucha también entre ese mismo poder real, ó el poder ejecutivo y los Parlamentos. Por eso no hacia falta inspirarse de una manera directa en la tradición, bastaba reflexionar acerca de la naturaleza de las instituciones constitucionales, sobre todo haciéndolo bajo el imperio de las ideas de Montesquieu tocante á la división de los poderes, y las que sugería el conocimiento superficial de la constitución inglesa, para que se ocurriese la implantación del privilegio que ahora estudiamos. Porque á la verdad, conforme en parte con una apreciación del Sr. Silvela (1), no es el problema de la inmunidad parlamentaria (hecha abstracción de la inviolabilidad), un problema fundamental político, sino más bien un problema de política circunstancial y del momento, hijo de las condiciones históricas especialísimas con que se produce el régimen representativo; pues así como la libertad absoluta de las opiniones y votos de los que forman el Cuerpo ó Asamblea legislativa, es un requisito esencial de la función que ejercen, el privilegio (que privilegio es) de la inmunidad en lo referente á la prohibición de perseguir judicialmente á los representantes del país, no puede conceptuarse como condición indispensable; antes bien, como advierte el Sr. Silvela «representa una aparente (no tan aparente quizás) contradicción en los principios generales y los fines del Estado y de los poderes públicos» (2).

Sin duda por esto mismo, no encontramos en el Derecho constitucional contemporáneo de los diferentes Estados europeos y americanos, aquella rara unanimidad que reina en lo tocante á lo fundamental de la inviolabilidad parlamentaria, y también porque la solución política en el problema de la inmunidad depende más de las circunstancias, y por tanto exige una más hábil adaptabilidad, da lugar en todas partes

(1) Discurso citado, publicado en la Revista de Legislación, el año 1890. Enero.
(2) Discurso citado.
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á mayores abusos. Ni podrá ser de otra suerte. Todo privilegio, aunque sea aplicable circunstancialmente, lleva al abuso con una facilidad grandísima. Necesitaríase un sentido político, práctico que sólo posee en cierta medida el pueblo inglés, para que el abuso no revistiese los caracteres que como vemos reviste en Italia, y sobre todo entre nosotros.

Veamos sino en que consiste realmente la inmunidad parlamentaria. Ya se ha indicado que en principio no significa esto, sino la prohibición de perseguir judicialmente á los miembros del Parlamento, mientras lo son, sin previa autorización del mismo. Es decir, en puridad, que en España cerca de nuevecientas personas están siempre en condiciones que pueden impedir la aplicación libre y natural de la ley. Más unos cuantos entre ellos (los senadores vitalicios y los senadores por derecho propio) pueden darse casi aires de sagrados é inviolables á la manera del monarca. Así entendido esto, es una gran anomalía, es la negación de la igualdad ante la ley, el desconocimiento de la responsabilidad personal, y en fin, la contradicción palmaria de la idea en que debe inspirarse un buen régimen representativo. Sin embargo, no debe procederse de ligero en el asunto. Una anomalía de esta naturaleza, tan grave y al parecer tan extraña, siquiera tiene una explicación. Además, es preciso considerarla desde diversos puntos de vista, para señalar aquellas desde las cuales la anomalía se justifique en parte. La causa histórica, por virtud de la que se proclama aquel privilegio en los preceptos constitucionales, ya lo he anotado y es conocida de todo el mundo. Nuestras antiguas Cortes la expresaban admirablemente al indicar que había quienes ya molestaban á los procuradores, quienes por obligarles á ceder en algunas pretensiones, los perseguían con pleitos y demandas de todo género. La historia del derecho parlamentario inglés, al considerar el privilegio que protege á los miembros del Parlamento, contra toda detención y persecución, como el más antiguo, y al procurar afirmarlo contra ciertas tendencias de los reyes, indica bien á las claras, que respondía á la necesidad de defenderse
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de las intrusiones que el poder real pretendía hacer en la esfera parlamentaria. Aun más, el carácter mismo, que actualmente reviste en las declaraciones constitucionales, la inmunidad demuestra: 1.º, que están hechas desconfiando del poder ejecutivo, el cual en la mayor parte de los países, domina al poder judicial; 2.º, que obedecen á la falsa idea, según la que, los funcionarios públicos, son de naturaleza política privilegiada; y 3.º, que acaso muchas veces obedécese al hacerlas, á la rutina y al precedente admitido sin discusión.

Mas antes de emitir juicio respecto de la inmunidad parlamentaria, para que veamos de un modo exacto cómo es, y cómo se ha entendido en la práctica, y á qué límites debiera estar reducida en todo caso, conviene echar una rapidísima ojeada al derecho constitucional de los demás países. Esta, además, nos servirá para fijar de mejor manera los términos de la cuestión en España.

V

Merece, entre todos, el primer lugar, el derecho parlamentario inglés. Y aquí, como en el caso de la inviolabilidad, puede decirse que el país que creó el sistema no ha resuelto tan de plano y con fórmulas definitivas, una cuestión que los parlamentarios del Continente suelen considerar como resuelta sin género de discusión posible. En efecto, este privilegio, como todos allí, tiene su fundamento en la costumbre, y no aparece aplicado en la práctica sino con graves distingos y con gran habilidad, de suerte que no cabe decir que sea dogma constitucional, ó mejor, cosa resuelta, el que un miembro del Parlamento pueda á mansalva reirse de los tribunales de justicia. En primer lugar, como advierte el señor Silvela, fundándose en la opinión de May (1), aún no es cosa

(1) Leggi privilegiata del Parlamento inglese (trad. ital.)
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enteramente resuelta las relaciones que sobre ese punto existen entre el Parlamento y los tribunales. Además, con gran sentido y con gran conocimiento de la realidad histórica, ambas Cámaras inglesas, protestando siempre en favor del respeto y mantenimiento del privilegio de inmunidad, como de todos los otros, no llevan las cosas á la exageración en los tiempos modernos. Se comprende que mientras fué un gran peligro para la independencia parlamentaria la ingerencia del poder real y de los jueces en los asuntos del Parlamento, por medio del arresto y de los litigios, procurase éste recabar el respeto al privilegio: al fin, el privilegio era la forma única con que el derecho mismo podía cumplirse. Pero cuando esas ingerencias no son tan de temer, cuando el Estado realice su fin y ejerza sus funciones, poniendo el derecho sobre todo, ya es más fácil restringir el privilegio y discernir en cada caso si es ocasión de proclamarle ó de no acordarse de él para nada. Por de pronto, es necesario tener en cuenta que la inmunidad no se ha asentado en Inglaterra sin ciertas cortapisas; con la crudeza y extensión con que lo está en las Constituciones italiana y española, nunca. Véase, sino, lo que á este propósito dice May. En primer lugar, por lo que toca á la justicia civil, se advierte en distintas ocasiones que «ninguna acción ó procedimiento podrán, en tiempo alguno, ser detenidos, impedidos ó diferidos, bajo prettexto de un privilegio parlamentario» (1). Teniendo en cuenta varios actos del Parlamento, May afirma que «los miembros del mismo pueden ser sometidos á un procedimiento cualquiera, siempre que se les respete su libertad personal» (2). Más adelante, y por lo que respecta al arresto penal, el citado Erskine May, dice: «El privilegio de la inmunidad del arresto se ha limitado siempre á los asuntos civiles; nunca se permitió que se opusiera á la administración de la justicia penal.» En el caso de Larke (1429), el privilegio se reclama

(1) Obra citada, pág. 116.
(2) Idem id., fd.