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en el más próspero reinado que ha conocido España desde el tiempo de los Reyes Católicos, á la munificencia soberana del gran Carlos III.

I

LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA

De suma gravedad y trascendencia son realmente los problemas que han determinado la saludable agitación que reina en el país, y de que se ha hecho intérprete la Cámara Oficial de Comercio. El primero de los puntos en que se basan las reclamaciones y protestas de la Asamblea, es la forma inusitada é inadmisible con que se pretende poner en planta el nuevo Arancel. Habiendo reclamado dicha Corporación que se le pasase en consulta el proyecto, aunque sólo fuera en cumplimiento de lo que previene el art. 3.º del R. D. orgánico de su constitución, el Gobierno no ha accedido á esta solicitud, recomendando á dicho Cuerpo que concrete las modificaciones que puedan afectar gravemente á los intereses que representa, á fin de que sean tenidas en cuenta antes de resolver. Esta respuesta ha causado hondo y legítimo disgusto; por lo cual, el primero de los acuerdos de la Asamblea se limita á revindicar un derecho que á todas luces le corresponde, y del cual no ha debido prescindirse.

Circunscrita la cuestión á estos términos, nada tendría que deliberar ni qué resolver la Real Sociedad, á juicio del informante. Sobrados medios de acción y de defensa tiene la Cámara, para que necesite ayuda de ninguna otra Corporación. Pero es que el derecho por ella reclamado, pertenece igualmente á esta Real Sociedad, como á otros Cuerpos, ante las sanas prácticas que han debido observarse. Entre sus secciones figura, desde tiempos relativamente remotos, una de Industria y de Comercio. Esta habría podido recomendar á la Sociedad Madre las bases de un concienzudo dictamen
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sobre el nuevo Arancel. Debemos unirnos, pues, á la reclamación de la Cámara para que no se prescinda, si á ello hubiere lugar todavía, de las Corporaciones llamadas á informar, por su carácter y por sus fines, en tan grave materia: y muy principalmente, de la Real Sociedad.

El tercero de los puntos que se determinan en el acuerdo de la Asamblea, refiérese ya á lo que pudiéramos llamar el fondo de la cuestión. Define su criterio en estos términos: «Mientras subsistan los artículos 2.º y 4.º de la Ley de 20 de Julio de 1882, no podrá establecerse reforma arancelaria en Cuba que, sin menoscabo de su producción y comercio, proporcione sólidos recursos al Tesoro.»

Este concepto es ciertísimo en el fondo; pero no puede aceptarse como fórmula cabal de las necesidades y aspiraciones del país, sino con una prudente salvedad, en cuanto á los términos finales del acuerdo.

Si en vez de «sólidos recursos» se dijese «cuantiosos é inmoderados recursos», no habría inconveniente en suscribir la proposición. No debe basarse, á juicio del que suscribe, nuestro régimen arancelario definitivo, en la supuesta necesidad de facilitar á los Gobiernos inmoderados recursos, sino aquellos que consienta una previsora y equitativa tributación. No debemos preocuparnos, sino dentro de estos límites razonables, con las exigencias del Fisco. Apreciar, de otra suerte, la cuestión comercial y arancelaria que tan justificada alarma ha causado en todo el país, sería perturbarla, desconociendo sus naturales términos. Importa sentar desde luego el principio de que la legislación aduanera no puede ser racional y equitativa, si tiene por objeto predominante ó forzoso el cubrir cargas y atenciones, que siendo improcedentes ó exageradas, conducen al absurdo de improcedentes y exageradísimas tarifas. El fin primario de la reforma de nuestros Aranceles no puede consistir, por más tiempo, en proporcionar al Tesoro los recursos que desde el período de la guerra se les exigen. Planteando el problema de otra suerte, flaquearían las pretensiones mismas que se aducen para que toda
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reforma arancelaria sea consultada, con la necesaria antelación, á las Corporaciones que representan las fuerzas vivas del país. Porque el Estado reclamará siempre el derecho de escogitar los medios más adecuados para asegurarse pingües rendimientos; y podrá citar, sin ir más lejos, el alza cuantiosísima obtenida, el mes último, en la recaudación de Aduanas y que asciende á $ 515.635,25, para demostrar que el sistema vigente, reforzado con el último recargo de 20 por 100 y la derogación del beneficio de un 5 por 100 de descuento, otorgado en la ley de Presupuestos de 1886-87 en lugar del pago de un 10 por 100 de los derechos en billetes del Banco, es el más eficaz para el enunciado fin de proporcionarse sólidos y cuantiosos recursos. Señalando condicional ó incondicionalmente como finalidad del Arancel el rendimiento de sólidos ingresos para el Fisco, en la forma y extensión que necesita y reclama dentro de la actual estructura de nuestros presupuestos, sería ilusorio prometerse reforma alguna que no envuelva menoscabezos más ó menos trascendentales para nuestra producción y comercio.

El presupuesto de gastos de Cuba asciende á 25.412.589,35 pesos. Para cubrir esta cifra y prever un sobrante que permita hacer frente, siquiera en teoría, á las oscilaciones de algunos impuestos indirectos cuyos productos no pueden calcularse jamás con fijeza, manténgase un sistema de ingresos que consta de los recursos fiscales siguientes:

    Contribuciones é impuestos
    $
    5.818.600

    Aduanas

    14.971.300

    Rentas Estancadas

    1.608.900

    Lotería

    3.104.026

    Bienes del Estado

    185.050

    Ingresos eventuales

    127.500

    $ 25.815.376

Con más, el impuesto industrial nuevamente establecido de 0'10 cts. y 0'05 cts. de peso por cada 100 kilogramos de azúcar blanca ó centrifuga, y de mascabado, concentrado ó
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mieles respectivamente; cuyo probable rendimiento no se ha incluido, por inexplicable inadvertencia, en el cálculo de los ingresos, y no debe bajar de $ 800.000, según afirma en un trabajo reciente, la misma Cámara Oficial de Comercio. El presupuesto es, por tanto, en realidad, de 26.655.376.

Adviértese á la simple vista que, en este plan ó sistema tributario, la renta de Aduanas es el cimiento del edificio. Representa por sí sola más del 55 % del total de los ingresos. Teniendo en cuenta que todos nuestros presupuestos se han saldado con déficit, puede apreciarse con exactitud la importancia capital de una renta tan saneada y segura, á pesar de las numerosas filtraciones que originan el contrabando y la defraudación. Si la reforma arancelaria ha de partir de este orden de cosas, tendremos que resignarnos á un arancel muy elevado. Y un arancel muy elevado, sea cual fuere el orden en que se combinen sus exacciones, no puede menos de causar, en cualquier caso, serios perjuicios á la producción y comercio de esta Isla. ¿Desaparecerán tales perjuicios porque se deroguen los art. 2.º y 4.º de la ley de 20 de Julio de 1882? La contestación es obvia. Se aminorarán en no pequeña escala; pero no desaparecerán, como necesitamos y tenemos derecho á reclamar.

II

EL CABOTAJE Y LA LEGISLACIÓN COMERCIAL DESDE 1882

La ley de relaciones comerciales y sus concordantes, de que no conviene prescindir, y cuya serie expondré á continuación, tuvo por objeto satisfacer el extraño clamor levantado en favor de lo que aquí se llamó cabotaje, fórmula política antes que económica, á la cual se opuso siempre la Real Sociedad, por considerarla impracticable y vacía. Propuesta y sustentada con empeño en la Metrópoli por los que se ilusionaban con tan vano artificio, no sorprendió, por un instan-
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te siquiera, á los hombres de Estado ni á los centros mercantiles é industriales de la Metrópoli. Comprendieron éstos todo el beneficio que podían reportar de la impaciencia y ofuscación de los que aquí clamaban; y declarando imposible, por una parte, lo que en el proyectado cabotaje era, al cabo, esencial, ó sea la unidad de los Aranceles, así como la libre introducción de nuestro tabaco y de nuestros azúcares y aguardientes, á cambio de la libre entrada de los productos y procedencias de la Península en esta Isla, aprestáronse desde luego á asegurar este último privilegio, sin darnos ni ofrecernos, en compensación, sino lo que únicamente podían concedernos, por no traerles perjuicio, sino ventajas. Desde aquel momento, debió haber pasado á la historia la malhadada concepción del cabotaje.

Comprendiendo desde luego la naturaleza del problema los hombres de positiva competencia, en cuyas luces ha procurado siempre inspirarse la Real Sociedad, fijaron los verdaderos términos de la cuestión, en los razonamientos que siguen: «Venga en buen hora la libertad para las importaciones de la Península. Así se satisfará un sentimiento de simpatía y de solidaridad al cual no queremos ni debemos oponernos, aunque por no consentirlo las circunstancias rentísticas de la Metrópoli no pueda ofrecernos una verdadera reciprocidad, desestancando el tabaco y renunciando á gravar con impuestos, como el transitorio y el llamado municipal, nuestros azúcares y nuestros aguardientes. Un país como el nuestro, predestinado al librecambio por sus condiciones esenciales, puesto que necesita exportar la casi totalidad de sus productos, é importar una porción muy crecida de sus más indispensables consumos, gana siempre con franquearse importaciones en términos de amplitud y baratura para el consumidor. Pero con esta concesión tienen que acompañarse otras en favor del comercio extranjero, á fin de no crear un monopolio á favor de las importaciones nacionales. Al desaparecer los derechos de la 1.ª y 2.ª columna del Arancel, es preciso que caigan y se transformen en puramente fiscales
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los de la 3.ª, desapareciendo la 4.ª, por absurda y anacrónica. De este modo impediremos que la diferencia entre el Arancel aplicable á la producción ó procedencia nacional, y el que grava á las extranjeras, ya muy considerable, se vuelva enorme e inconcebible, retrotrayéndonos á los tiempos del pacto colonial. Hoy esa diferencia es la que marcan las respectivas columnas. Entonces habrá llegado á ser la que medie entre 0 y los tipos de exacción nominal y real que subsistan. Y eso sería constituir un monopolio que destruiría nuestro comercio extranjero, dando lugar á que los productos de las naciones con quienes principalmente traficamos, desaparezcan de nuestro consumo ó tengan que pasar por la Península para venir á nuestros puertos, nacionalizándose artificiosamente y gravándose con un sobre precio en provecho exclusivo de los especuladores de la propia Península. Al profundo malestar que traería este orden de cosas, sólo concebible en el antiguo régimen, se unirán las justas represalias de esas naciones, entre las cuales figura el mercado principal de nuestros frutos: los Estados Unidos, que compran un año con otro la casi totalidad de nuestra exportación de azúcares y la parte considerablemente mayor de nuestra exportación de tabaco en rama y torcido. Venga en buen hora la libertad de comercio que se pretende establecer con la madre patria; pero no basada en el cabotaje, sino en una grande y previsora reducción de los derechos del arancel extranjero. Si no ha de venir así, que no venga, porque será un inmenso desastre y una suprema injusticia (1).

(1) En nombre de algunos de estos principios, rechazaba ya, con gran tino en 1878, el inolvidable amigo Zayas (D. José María) la ilusión del cabotaje, como peligrosísima para nuestro comercio. En los años siguientes, desarrolló sus admirables series periodísticas sobre todos estos problemas, hoy sancionadas por el cumplimiento de sus predicciones, el profundo economista Sr. Conte, que inauguró además con proféticos juicios en 1886, conferencias en que esta Sociedad aspiraba á generalizar tan importantes conocimientos. Los amigos Zayas (doctor D. Fr.) Reynoso, Ecay, Gonsé, Freyre de Andrade y otros, han hecho en distintas épocas trabajos aplicables á diversos aspectos de la presente crisis, como en altas esferas, desde 1880, los amigos Labra y Portuondo los realizaban ya brillantemente también.
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Los adversarios de la libertad de comercio no pensaban entonces de esta suerte. Oponían á nuestros justos clamores, que eran los de una gran parte del país, ciega resistencia. La cuestión era esencialmente política, y hasta patriótica para ellos. Lisonjeábanse además con estupendas ilusiones sobre la expansibilidad del consumo de azúcar en un país pobre como la Península, y vinícola, por añadidura; lo que es ya una razón para que no pueda ser gran consumidor de nuestro dulce, según observación comprobada por muchos economistas. A sus clamores cedió el Gobierno, sin embargo, con facilidad tanto mayor, cuanto que nada arriesgaba limitando el cabotaje, en cuanto á la introducción de nuestros frutos de la península, á lo que podía consentir el tradicional estanco del tabaco y el interés de las industrias locales; mientras por nuestra parte, dábamos todo lo que podíamos dar, procediendo desde luego á abrir nuestros puertos por reducciones graduales que habían de extenderse á un período de diez años, sin reclamar siquiera que simultáneamente se redujese, en igual proporción, la tercera columna de nuestro Arancel, desapareciendo desde luego la cuarta. Porque si esto último logróse en la práctica y en la realidad de las cosas poco después para muchas naciones, debióse á la acción un tanto brusca del gobierno americano, que aseguró para el modus vivendi de 1884, una interpretación muy lata y una prórroga indefinida, á las cuales se acogieron prontamente las naciones á cuyo favor se establecía, en los respectivos tratados de comercio, la cláusula de estar á lo que la más favorecida.

Pero, en el entretanto, lo que habían dado de sí la gestión y el empeño de las que pudiéramos llamar, con abstracción de la política propiamente dicha, nuestras escuelas económicas conservadoras, era el sistema de las leyes de 30 de Junio de 1882 y 20 de Julio de 1882, que se completaban entre sí, desenvolviendo un sistema de reciprocidad limitada y desigual, que aún está en vigor, y constituye nuestro estado de hecho y de derecho en materia comercial no circunscrito, como equivocadamente entienden algunos, á la tan repetida ley de 20
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de Julio. Combinadas entre sí, ellas constituían la expresión oficial del llamado cabotaje, tal como lo aceptaba, según acabó de expresar, la Metrópoli.

(a) Las importaciones antillanas en la Península.

La de 30 de Junio establecía, primero: que á partir del primer día de Julio de aquel año, el comercio desde los puertos de las provincias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas á los de la Península, quedaría sujeto, en cuanto al embarque y recepción de mercancías, á las mismas formalidades que las Ordenanzas de Aduanas establecieran para el comercio entre los puertos de las provincias peninsulares; segundo: que desde la misma fecha los productos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas se admitirían con libertad de derechos en la Península, á excepción del tabaco que quedaría sujeto á la legislación especial vigente: y del aguardiente, azúcar, cacao, chocolate y café que pagarían los derechos siguientes: aguardiente, producto y procedencia de Cuba y Puerto Rico, hectolitro 10 pesetas; cacao y chocolate, ídem ídem ídem, 100 kilos 25 pesetas; café, ídem ídem ídem, 20 pesetas; azúcar ídem ídem, superior al número 14 cubierto de la escala holandesa, sin otra comprobación que la del color que corresponde á dicha escala, hecha á su ingreso en las Aduanas, 100 kilos 12 pesetas; azúcar, ídem ídem, inferior al número anterior, comprobado en la misma forma, 100 kilos, 5 pesetas 50 céntimos. Cuando estos artículos fuesen producto y procediesen de Filipinas, sólo satisfarían la quinta parte de los derechos anteriormente mencionados. Por el artículo tercero se determinaba que los derechos fijados en el artículo anterior se irían reduciendo anualmente por décimas partes hasta 1.º de Julio de 1892, en que quedarían totalmente abolidos. Por último, el artículo 4.º determinaba qué los azúcares inferiores al número 14 cubierto de la escala holandesa, podrían introducirse en todas las Aduanas habilitadas de la Península para la introducción de géneros coloniales.
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LA CRISIS ECONÓMICA DE CUBA

La disposición octava del nuevo Arancel de la Península puesto en vigor por R. D. de 23 de Julio de 1882, confirmó las concesiones de la Ley antes citada, estableciendo una tarifa para la percepción de los derechos establecidos en el artículo 3.º, con la rebaja anual del 10 por 100.

Pero también se determinó la vigencia de los impuestos transitorio y municipal que pesan sobre los frutos á que se destinaba la, al parecer, importante franquicia, y que los grava en la forma siguiente:

El azúcar de todas clases, producto y procedencia de las provincias españolas de Ultramar, satisface el impuesto transitorio de 8 pesetas 80 céntimos por 100 kilos, fijado por el artículo 24 de la ley de presupuestos de la Península de 1878 á 79. También se exige el impuesto transitorio, conforme al artículo 18 de la Ley de presupuestos de 1876 á 77, al cacao, café y aguardiente de las mismas provincias, en la siguiente forma: cacao, por 100 kilogramos, 16 pesetas; café, por 100 kilogramos 27 ídem; aguardiente, por cada hectolitro, 3.75.

El impuesto municipal, conforme á lo dispuesto en el artículo 25 de la ley de presupuestos de 1878 á 79, con referencia al 43 de la de 11 de Julio de 1877, consistía y consiste en una cantidad igual al transitorio, para el azúcar, cacao y café de las provincias de Ultramar.

Por R. O. de 27 de Noviembre de 1882 se compensaron estos mal disimulados rigores con una modesta franquicia: la de que se despachasen por las Aduanas de la Península, con libertad de derechos, los mobiliarios usados procedentes de Ultramar.

Mas, por la Ley de Presupuestos para la Península de 25 de Julio de 1883 se amagó ya con un golpe de consideración la muy modesta franquicia que resultaba para nuestros azúcares de lo establecido por la citada ley de 30 de Junio de 1882, si se tiene en cuenta lo crecido de los impuestos transitorio y municipal; puesto que por su art. 5.º se autorizaba al Gobierno para resolver acerca del restablecimiento de los
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caracterizados por su circunspección y donde discretamente se recordaba la ineficacia de resistencias análogas puestas, todavía no hace veinte años á las pretensiones de la mujer para el ejercicio de la medicina. Después de obtener el título de abogado, pretendió de los tribunales que la admitiesen en estrados. No lo consintieron los magistrados, pero la pretensión se mantiene.

A mi juicio, esta es una victoria no lejana. La ley europea no podrá negar á la mujer (como ya no se lo niegan las leyes norte-americanas) el ejercicio de la abogacía. No hay para ello más razones que aquellas que refutó la pragmática de nuestro rey Carlos III, al habilitar á la mujer para el ejercicio de las artes y oficios reservados antes al hombre. Las costumbres resolverán la dificultad proveniente de la extrañeza que nos produciría la vista de una dama, defendiendo calurosamente derechos é intereses materiales, como cualquier otro abogado en la plataforma de nuestros Tribunales. Porque á esto, en suma, se reduce la dificultad, pues que nadie la ha visto nunca en que sea una mujer ó un hombre quien redacte los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica. Y que aquella extrañeza será vencida nos lo hace presumir el conocimiento de la manera de haber sido rectificada en algunos Estados de América, donde la mujer discute, administra, vota y aboga. En cuanto á los obstáculos que se oponen á que una señora ocupe una cátedra, francamente no se me ocurre que esto implique otra cosa que un argumento contra la cultura del público que no resistiera las explicaciones de la dama realizada por los respetos debidos al sexo y la suficiencia científica acreditada por la reputación ó el título académico.

Vese, pues, que sin ser la situación perfectamente satisfactoria, las cosas marchan en favor de los patrocinadores de la idea igualitaria y de la emancipación femenina en el orden económico. Del pedagógico apenas tengo que insistir, señalando progresos ya conocidos de todo el mundo. Por dicha en este punto, no vamos mal, ni mucho menos, en España.
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derechos arancelarios anteriores á la Ley de 6 de Julio de 1882, sobre los azúcares que no sean producto y procedencia de las provincias españolas de Ultramar, y sobre los que procedan de estas provincias, cuando directa ó indirectamente, fuesen conducidos en bandera extranjera.

La ley de 22 de Julio de 1884, impuesta por la angustiosa crisis de nuestra producción en aquel año, autorizó al Gobierno por el número 7.º de su artículo 1.º, para elevar los derechos arancelarios que pagaban á su entrada en la Península los azúcares extranjeros.

Por R. O. de 9 de Agosto de 1884 dictáronse varias disposiciones encaminadas á desvanecer las dudas que suscitaba en las Aduanas la aplicación de la Ley de 30 de Junio.

Y en el R. D. de 5 de Octubre de 1884 expedido en uso de la autorización concedida por la Ley de 22 de Julio, y bajo la presión de una crisis cada dia más profunda y más grave, dióse un paso de alguna importancia. Por el artículo 1.º determinábanse fuertes derechos para los azúcares extranjeros: 32 pesetas y 25 céntimos, cuando procediesen de naciones no convenidas y 30 pesetas 80 céntimos, en otro caso. Por el artículo 2.º, desde 15 de aquel mismo mes, los azúcares de Cuba y Puerto Rico conducidos directamente á la Península é Islas Baleares «en bandera nacional, quedarian exentos del derecho arancelario que con arreglo á la Ley de 30 de Junio de 1882 debían satisfacer» aunque rebañándose cada año un 10 por 100, hasta 1.º de Julio de 1892. Pero, por el artículo 3.º, estos mismos azúcares, importados en bandera extranjera pagarían, desde la misma fecha, por cada 100 kilos, el derecho de 8 pesetas 75 céntimos cuando no excediesen del número 14 de la escala holandesa, 17 pesetas 50 céntimos cuando fuesen superiores, todo con arreglo á lo dispuesto por las leyes de 21 de Julio de 1878 y 22 de Junio de 1880.

Por el artículo 4.º se disponía además que todos los azúcares comprendidos en los tres artículos anteriores, continuasen satisfaciendo, como hasta entonces, en las Aduanas, el im-