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determina el art. 555 del Código penal; pero al fin, á pesar de haber en el Congreso quien supo exponer con claridad la única doctrina aceptable, ó mejor aún, tolerable en el asunto, el supuesto primista no se vió precisado á responder al llamamiento de los tribunales de justicia. No lo permitió la Cámara.

Ahora bien, una modificación radical en este punto se impone. Dando por buena la inmunidad parlamentaria, porque la reclama hoy por hoy y acaso durante mucho tiempo, el espíritu de desconfianza que reina en las relaciones existentes entre los poderes del Estado, ó porque la exijan las condiciones debidas al Parlamento para obrar con independencia, la inmunidad debe circunscribirse á su objeto, y no sacarla de quicio para que venga á producir abusos verdaderamente censurables. Es preciso tener en cuenta aquel principio proclamado por el derecho inglés según el que «nunca este »privilegio podrá ser un obstáculo á la acción libre de la justicia». Para esto bastará que el Parlamento, como advierte muy oportunamente Minghetti (1), se limite á examinar si en la demanda de autorización para procesar ó arrestar á cualquiera de sus miembros aparecen móviles políticos, debiendo en el caso contrario, conceder siempre la autorización pedida. Salen las Cámaras por completo fuera de sus atribuciones, si además de estudiar lo que Minghetti indica, entran á examinar y á juzgar si hay en el caso de sus suplicatorios, motivos de otra índole, haciendo un papel y ejerciendo una función que sólo á los Tribunales corresponde. Persuadido el Parlamento, de que cuando se promueve un proceso contra un senador ó un diputado, no se obra por influencias de las llamadas políticas, con el propósito quizás de inutilizar al acusado ó de molestarle por venganza personal, de esas que con tanta facilidad se despiertan en la lucha de los partidos. No hay razón admisible que aconseje vaya la autorización solicitada por el Tribunal competente. Antes bien, si uno de los argu-

(1) Spartiti politici, pág. 32.
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mentos que se esgrimen para defender la inmunidad, consiste en que por virtud de ella se atiende á dar prestigio á las Cámaras; esta misma razón aconseja conceder siempre la autorización, en cuanto el prestigio queda á salvo, no permitiendo que por pasiones políticas bastardas se procese á un representante del país. Esto aparte de que nada puede ceder en desprestigio del Parlamento, tanto como suponer que por una tolerancia mal entendida, ó por cortesía bastante mal aplicada, vivan en su seno presuntos reos de delitos que muchos infelices acaso, purgan en presidio, por no gozar de absurdas inmunidades, por no haberse dedicado á diputados.

VIII

No se me ocultan las graves dificultades que á nuestro Parlamento se ofrecen, para inaugurar un sistema nuevo de interpretación del art. 47 de la Constitución vigente. En primer término, nos encontramos con la indicación muy humana del Sr. Silvela. Según este célebre parlamentario, una reforma en el criterio para conceder las autorizaciones solicitadas por los Tribunales de justicia, no podrá efectuarse «sin un común asentimiento, pues con cierta razón se resisten todos á hacer más irritante la desigualdad, no utilizando sino lo que han aprovechado ampliamente los que les precedieron». A la verdad, aun cuando aceptando como bueno el aserto del Sr. Silvela, nunca se podría cortar un abuso, puesto que al cortarlo siempre habría quien pretestase perjuicios que á otros no se les hubiesen ocasionado, no puede menos de reconocerse que en efecto ahí radica una gran dificultad. Pero preciso es declarar que eso no sería una dificultad insuperable. Podría vencerse mediante una leal inteligencia entre los jefes de los partidos que tienen asiento en el Parlamento.

La dificultad mayor reside, á mi ver, en el gravísimo peligro que, políticamente hablando, se podría correr, modifican-
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SOBRE EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO EN ESPAÑA

do las Cámaras su criterio amplísimo de derogar casi siempre toda autorización pedida por los tribunales. ¿No se caería, por cortar un mal, en otro mayor? Ante lo volubles que son nuestras mayorías parlamentarias, lo poco independientes que siempre resultan por estar compuestas de gente que no deben su puesto sino á una ilimitada benevolencia ministerial, no podría suceder que se pusiera la inmunidad por su aplicación razonada, según los casos, á merced del capricho de un ministro más ó menos vengativo é inmoral? A este propósito, el caso del general Dabán está lleno de enseñanza. Aparte lo excepcional de las circunstancias, de lo necesario que es en este país matar el militarismo, de las intenciones que acaso tenía el citado general, todo lo que hacía preciso imponer un correctivo ejemplar demostrando ante el país, cómo, poco á poco ciertos prestigios decaen cuando no tienen un fundamento real muy sólido; aparte digo de todo esto, lo cierto es que se demostró palmariamente, cómo la concesión de una autorización para procesar ó arrestar á un diputado ó senador puede estar á merced de una conveniencia ministerial. Si es absurdo que un general protestando, con investidura de senador, cometa faltas contra la disciplina militar, y queden sus actos sin correctivo, pues en buenos principios jurídicos no debe protegerle contra las leyes la inmunidad parlamentaria, también lo es que un ciudadano cualquiera por el mero hecho de ser diputado merced acaso á la intriga, ó bien á la benevolencia y apoyo de un ministro, puede ser acusado por robo de caudales, por asesinato, por injurias graves, por abuso de autoridad, y sin embargo, no responder ante los tribunales de justicia á fin de demostrar su inocencia, ó bien de sufrir la pena correspondiente al delito cometido. Pero, si eso no es absurdo, dadas las instituciones políticas que nos rigen, y sobre todo, dado cómo nos rigen esas instituciones, acaso sería un arma poderosa de desmoralización política en manos de un Ministerio reaccionario en sus procederes, la que le puede proporcionar un empleo calculado y hábil de la inmunidad parlamentaria.
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lez al Padre Peseyra. «Agradezco á V. R. las cortezas que me remitió, por dos veces, para las cuartanas.» En 7 de Abril y 21 del mismo, dice así: «Pedido me han unas cortezas de las que curan las cuartanas, que las que V. R. remitió tuvieron tan buen efecto, que con ellas se le quitaron á la persona para quien se pidieron, y á la vez que por mi medio se trajeron, me están matando por ellas. V. R. me haga la caridad de remitir más, si no le es de enfado, que los que las han pedido son personas de obligación; y me dice si se venden áhi en las boticas y qué cuestan, para que, cuando otros las pidan les encaminemos á donde las han de buscar, y también el nombre que tienen para que sepan lo que han de pedir.»... «Recibí las cortezas que agradezco á V. R., como es razón, y le suplico me avise á cómo cuestan, para que cuando me las pidan, pueda decir la costa que tienen á quien las hubiere menester; y qué nombre tienen en las boticas donde se venden para que no se yerre» (1).

Esto en cuanto á las tercianas, porque de otras enfermedades podría con razón decirse, que son las mismas que hoy padecen los habitantes de Madrid, y por eso me limito al contenido en tratados generales, y en especial á la obra, ya citada, del doctor Juanini. Uno de los capítulos ó secciones como él los llama, de aquel libro, trata de «¿Por qué siendo el pueblo de Madrid tan numeroso, hay tan pocos viejos; y en general, así hombres como mujeres lo son de mal color y muchos adolecen de flatos?

33.a ¿Cómo el aire salitroso de Madrid puede causar tantas enfermedades? ¿Y por qué la mayor parte de las corrupciones de los huesos son incurables?»

La causa á que el autor atribuye estas enfermedades, es el aire cargado de las emanaciones procedentes de la descomposición de las inmundicias que obstruían las calles y plazas; aire salitroso como el autor lo llama. «Y no se puede atribuir»—añade—«que el vivir poco dentro de Madrid se apor

(1) Cartas de los jesuitas, tomo VII, pág. 172.
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Por esto, quizá, se deba á un cierto buen sentido práctico (en parte no más) la latitud con que todos los Parlamentos se conducen al negar las autorizaciones solicitadas por los tribunales de justicia para proccsar á cualquiera de sus miembros, sean de la mayoría ó pertenezcan á las oposiciones. Figurémonos, sino, la odiosa injusticia que resultaría, si, como hoy suele suceder en la mayor parte de las cuestiones, que sin ser de partido se declaran cuestiones de Gabinete, se llegase también á declarar cuestion de Gabinete el conceder ó negar una autorización para procesar ó arrestar á un diputado ó á un senador. Realmente, teniendo en cuenta lo que la pasión política puede ó lo que á los representantes del país se les exige á nombre de la disciplina de partido, en rigor como justa compensación de los favores ministeriales, quizá la gran corruptela parlamentaria que reina en la aplicación de la inmunidad es el mal menor.

Sea de esto lo que quiera, semejante abuso en sí mismo, y las graves dificultades y peligros anotados para corregirle, demuestran la falsedad con que aquí se practica el régimen parlamentario, y denuncian la necesidad de una reforma radical en la política, reforma que no ha de consistir tan sólo en la mera modificación del mecanismo gubernamental, por más que mucho haya que hacer en tal esfera, sino en algo que siendo de más difícil determinación, será sin duda más eficaz también: como que la corrupción política no radica principalmente en la torpe dirección de la vida oficial del Estado y en lo imperfecto de las instituciones, sino en las malas costumbres, alentadas por la facilidad que las suertes de gobierno permiten á su desarrollo. Pero es cuestión ésta íntimamente ligada con el estudio de otros abusos, cuyo examen es necesario acometer, y que deben ser tratados por separado.

ADOLFO POSADA.
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CRÓNICA POLÍTICA INTERIOR

Madrid, 28 de Noviembre de 1890.

Uno de los fenómenos que más sorprenden á esa inteligente masa neutra que constituye gran fuerza social en nuestro país, y que ningún partido logra arrancarla á la suicida pasividad en que vive, es, sin duda alguna, la actitud que respecto al partido conservador observa el partido fusionista.

No hay en ella, digámoslo imparcialmente, nada que sea plausible; y es doloroso que en una nación de antiguo agitada por las discordias civiles que dejan funestísima herencia de odios, y por las luchas encendidas de la política que arrojan inmensa secreción de agravios, se hayan suspendido las buenas relaciones que entre los partidos existían, y que hicieron en parte prósperos y fecundos los días gloriosos de Alfonso XII y los primeros tiempos de la Regencia de doña María Cristina.

Allá en los albores de la Restauración, cuando habí aque reanudar la historia de nuestra patria, rota en Alcolea, deshonrada con el cantón cartagenero, puso el Sr. Cánovas del Castillo resolución decidida en pacificar no sólo el país, devorado por dos guerras aquende y allende el Océano, sino las parcialidades que aun sin reponerse de la sorpresa que les produjo el golpe de Sagunto, imaginaban absurdas reacciones para alentar criminales propósitos.
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Pero el ilustre estadista que fué alma de la Restauración, comprendió que las dolorosas enseñanzas del pasado exigían una trasformación radical en nuestros organismos y en nuestras costumbres públicas, y dejando á la monarquía restaurada todos los atributos, y todos los prestigios, y todos los derechos que forman la esencia de su ser y encarnan en sus tradiciones y la convierten en el instrumento de gobierno más feliz de un pueblo que aspira á su regeneración y á su antigua grandeza, pensó ante todo en prescindir de los moldes antiguos, ya mohosos y desacreditados, y establecer otros en que cupieran ampliamente las ideas modernas, los nuevos partidos que iban á crearse y los intereses respetabilísimos que habían de surgir de aquella fértil evolución de la vida nacional.

Por eso dejó á los grupos republicanos que se organizaran y que ejercitasen la propaganda pacífica de sus ideas, ya reuniéndose en Zaragoza á discutir una Constitución federal, ya predicando en Alcira la república conservadora, ya festejando en Barcelona aniversarios de luctuosa memoria. Por eso no puso dificultades al meeting que en el circo del Príncipe Alfonso celebró el partido constitucional para abrazarse á la Constitución de 1869, eminentemente democrática, tanto que hoy la admiten, con la sola excepción de tres artículos, bien que en ellos se consagra la forma monárquica, los que fuera de la ley viven. Por eso al reto audaz del señor Sagasta de que él se colocaría el primero entre las agrupaciones más avanzadas dentro del orden de cosas establecido, contestó el Sr. Cánovas con aquella frase que luego repitió tantas veces: «Daré por fracasada mi obra, si no logro constituir un partido que me herede en el poder». Por eso, en fin, el conservador, atento á la realidad, abrió las puertas de la legalidad á los que cerca ó lejos de ella acampaban, y mientras por un lado se atraía las potentes fuerzas que simpatizaban con el carlismo, por otro desarmaba á los revolucionarios más ó menos conscientes, otorgándoles concesiones inspiradas en un alto sentido liberal, respetando gran parte de
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la legislación del 70, entregando á ellos las bases del Código fundamental del 76, las de las leyes Provincial y de Ayuntamientos, la de reuniones, la que debía regular el ejercicio de la prensa, y otras que tan hermosa idea dan del espíritu conciliador y progresivo en que descansa la obra de la Restauración.

Ni paró aquí el Sr. Cánovas: hombre de su época, hijo de este siglo que desenvuelve en una constante evolución la serie infinita de sus adelantos, cuando comprendió que era llegada la hora de que el partido constitucional le reemplazara en el Gobierno, provocó una crisis para que el Rey pudiera llamar al Sr. Sagasta en 1881, y aconsejó á la Regencia que hiciera lo propio en 1886 cuando sobrevino la muerte de aquel monarca de perdurable recuerdo, de aquel insigne Alfonso XII, sobre cuyo cadáver, caliente aun, disputaban algunos hombres que luego fueron ministros del Rey niño, si debían ó no exigir por la violencia, lo que en su altísima previsión les brindaba con su leal consejo á la Augusta viuda, el jefe del gobierno conservador.

Estos antecedentes, que suelen olvidarse á menudo, traen aparejada la tesis que queremos demostrar, y es que entre la conducta de los fusionistas y la de los actuales gobernantes, hay diferencias de suma importancia; Los conservadores toleraron, bien que no sin protesta, que durante los años de 1881 y 82, se perturbara la administración general, se persiguiese á millares de ayuntamientos y á más de treinta diputaciones provinciales, se renovase casi todo el personal administrativo de la Península y de nuestras provincias ultramarinas, se descuidase la disciplina del ejército hasta producir la miserable intentona de Badajoz, seguida de los motines de La Seo, Santo Domingo de la Calzada y Cartagena, que tan profunda herida abrieron en el ánimo del rey Alfonso; que se realizase aquella expedición á Alemania, que tantos recebos engendró en la vecina república, y que concluyó con la asquerosa manifestación del populacho de París, y en suma, que pusieran en peligro, la autoridad, el buen nombre, el crédito y el ho-
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nor de España, á costa de tan inmensos sacrificios cimentados sobre una sociedad desquiciada por la anarquía.

¿Qué hizo ante semejantes errores el partido conservador? No se cruzó de brazos, porque eso hubiera sido pactar con la licencia; pero aconsejó, amonestó, encauzó la opinión, y sólo cuando se rompió en dos el partido constitucional, y la izquierda, con el Duque de la Torre á su frente, formó partido y los constitucionales, con el Sr. Sagasta á la cabeza, dieron aquel ejemplo insano de represalias y motines en las cortes y acaloradas polémicas en la prensa, se apercibieron para ir al poder; que no habían de ser ellos, los que habían fecundizado con su esfuerzo generoso los campos casi baldíos de la Restauración, hasta dejarlos con óptima cosecha, los que abandonaran la sociedad española á lo desconocido.

Volvieron, pues, los conservadores por breve espacio de tiempo, en condiciones difícilísimas, en ocasión en que las inundaciones de Murcia, los terremotos de Granada, la invasión colérica de Madrid, Zaragoza y toda la costa de Levante, parecía haber conjurado las iras del cielo contra nuestro país. Y ellos, los constitucionales, explotaron aquellas calamidades, agitaron la opinión, y llegaron á decir que el azote cruel que había arrebatado millares de vidas, era una invención del Gobierno. De esa suerte correspondían al leal concurso que en su desdichada dominación primera obtuvieron de los conservadores: sacudiendo el árbol, para que la fruta no madura aun, cayese, precipitaban los sucesos que llegaron á la postre tras una inmensa desgracia nacional.

No hay que recordar lo que sucedió entonces: las Cámaras del 84 se reunieron para dejar al que ya era partido fusinista, formado de retazos, legalizada la situación de la Hacienda. Después, nadie podrá decir que los caídos hostilizaron á los que acababan de obtener la confianza de la Corona. Ni su ciega insensatez para trastornar todo lo que encontraron sólidamente establecido; ni su pérvida malicia de la «sincidad electoral», que dió al traste con Ayuntamientos y Diputaciones que no dimitían; ni el cambio de jueces y Salas de
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Audiencia para que juzgaran á los alcaldes y concejales airadamente arrancados á la investidura del pueblo; ni el desorden que iban llevando á la Administración; ni la inmoralidad que iba tragándose los recursos del Tesoro, fueron causa suficiente para que el partido conservador negara su apoyo y benevolencia al fusionismo. Se habló de inteligencias secretas entre los jefes de una y otra parcialidad; se dijo que había un «pacto escrito», no sabemos á qué hora, allá en el alcázar donde el Rey entregó su último aliento; se comentaron visitas que los ministros del Sr. Sagasta hacían al señor Cánovas para marchar de acuerdo en asuntos del Estado; se creyó, en fin, que esos dos hombres públicos se habían puesto de acuerdo con la intención de reducir á la impotencia á los grupos que entre ellos se agitaban, y para establecer, con sus relaciones políticas, una firme garantía de solidaridad en todo aquello que condujese al bien de la Reina y del país.

Que tales designios abrigara el partido conservador, lo denuncia su patriótica actitud; pero que no los sentía el fusionismo, dicelo su arrogante y revolucionaria conducta de ahora, inaugurada en 1888. Desde el momento en que el señor Cánovas comprendió que no podía tolerarse más tiempo el proceder anárquico del Gobierno fusionista, porque aumentaba inconsideradamente los gastos públicos; divorciaba al ejército con reformas poco juiciosas; desatendía la Administración, para entregarla como feudo á los caciques; se olvidaba de que la inmoralidad exigía grandes y enérgicos remedios, y mientras llevaba á la legislación de nuestras posesiones ultramarinas peligrosísimas novedades, vivía aquí de los prestigios del trono y de las benevolencias de los republicanos; desde el momento en que todo eso se vió claro, y el Sr. Cánovas juzgó conveniente al interés público combatir una situación que á tales extremos nos conducía, empezó la guerra iniciu que tuvo su comienzo en Zaragoza y su término en Madrid.

Ya no fué posible hacer propaganda á los conservadores, ni defenderse de las asechanzas del poder. Los fusionistas
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escandalizaban en las Cortes; un día, alzándose contra la autoridad del Sr. Presidente; otro, cerrando una legislatura á capricho; otro, abriendo un interregno sin límite; otro, alargando una discusión militar meses y meses; otro, presentando tarde los presupuestos, para que no pudieran discutirse y dejar de ese modo sin legalizar la situación de la Hacienda: y entremezclaban tantas hipocresías tildando de demagogos á los conservadores, insultándoles en su más alta y querida representación, negándoles condiciones para gobernar con la corriente de los tiempos, ellos, que han enseñado educación política á los que pretenden aniquilarles bajo el peso de sus injusticias.

Digno remate de tan insólito proceder es la cruzada que el partido fusionista levantó contra el conservador desde que subió al poder. Había declarado éste en las Cámaras que aceptaría íntegramente las leyes que hallase votadas por las Cortes y sancionadas por la Corona: había noblemente reconocido también que admitida una legalidad política con el Jurado, las reformas militares, la ley de asociaciones y la del sufragio universal, las cuales cerraban el ciclo de las aspiraciones políticas del Sr. Sagasta se dedicaría principalmente á resolver los tres grandes problemas que hoy solicitan la atención de todos los estadistas de Europa y América: el económico, el financiero y el social. Y cuando en este sentido se trabaja, cuando se reúne la Comisión para la reforma de los aranceles y se proponen varias modificaciones; y el Sr. Cos Gayón prepara importantes proyectos y realiza economías y mejora el estado del Tesoro; y el Sr. Cánovas estudia el socialismo y los medios de contenerlo, á fin de hacer posible la armonía entre el trabajador y el patrono; y el señor Silvela comparte sus fecundas iniciativas entre organizar los servicios de su departamento y dictar disposiciones que ayuden en la práctica la ejecución difícil de la ley de sufragio; y el Sr. Beranger lleva á la Marina inteligentes esfuerzos que han de levantarla de la postración en que vive; y el señor Fabié se preocupa con los intrincados asuntos de Cuba,
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que tan extraños caracteres ofrecen; y el Sr. Azcárraga inaugura una serie de transformaciones en el ejército que son recibidas con general aplauso; cuando todo esto se ve y se toca, ocúrresele al Sr. Sagasta combatir con alientos de demagogo y desesperaciones de tribuno al partido conservador, llevando á la plazuela sus gárrulas censuras, y á la Junta central del censo las más insanas pasiones de partido.

Así contestan los fusionistas, á los cinco meses de oposición, á los que durante tres años fueron.—Dios nos perdone—casi cómplices de sus desaciertos á fuerza de ser benevolos y considerados.

* * *

Hemos citado á la Junta central, y esto nos obliga á detenernos en el examen de ese singular organismo, que cuanto más se discute menos se comprende. Creada por el art. 18 de la ley del sufragio, para dirigir e inspeccionar las operaciones del censo y contestar las consultas que se le dirigieran; con la sola atribución propia de imponer multas á los que falten á esa ley y dependan de aquella autoridad, y la obligación de dar cuenta al Congreso, de lo que en su sentir merezca que se le dé, hásé convertido de pronto en uno á modo de poder inviolable e irresponsable, en un club, en una especie de Convención, donde si no se ha presentado aún ningún Danton ni Robespierre auténtico, no ha faltado algún Marat de guardarropia.

Ello es que los republicanos de la Junta iniciando campañas contra los poderes constitucionales, y los fusionistas secundándolas con una falta de previsión que aun esperamos habrán de corregir, han hecho imposible no ya el funcionamiento regular de ese organismo, sino la presencia en él de los dos vocales que por ministerio de la ley debían concurrir á sus deliberaciones, y como consejeros de la Corona no debían, sin mengua de su dignidad, ir á donde se acataban votos de