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tutor y gobernador del reino, reservándose doña María la guarda de su hijo, convocando Cortes en Valladolid para el 24 de Junio de 1295, convocatoria á que infructuosamente se opuso el infante.

El primero que levantó el estandarte de la rebelión fué el infante D. Juan, nacido para inquietar al reino con sus falsas y mudanzas.

Hijo de D. Alfonso el Sabio revolvió el país á favor del infante D. Sancho; en el conciliábulo de Valladolid firmó la destitución de su padre, con quien se reconcilió después pér-fidamente para merecer sus favores en los últimos momentos; empuñando las armas contra su hermano á quien intentó asesinar en las Cortes de Alfaro, debiendo la libertad y la vida á la intercesión de doña María Molina; aliado con el emperador de Marruecos después de asesinar al hijo de Guzmán el Bueno por no poderse apoderar traidoramente de la plaza de Tarifa, se refugió entre los moros. Sabedor de la muerte de su hermano, y apoyado por el rey de Granada, se proclamó rey de Badajoz y Sevilla.

Abandonado D. Juan por los granadinos, luego que estos consiguieron su objeto de saquear el país; rechazado de Badajoz, cuyas puertas se le cerraron, pero dueño de Coria y Alcántara, consiguió del rey D. Dionisio de Portugal le proclamase rey legítimo de Castilla; pero doña María apeló á la lealtad de los concejos castellanos, á quienes encomendó la guarda de la frontera portuguesa.

A los infantes segúlan en perversidad los magnates, que tantas perturbaciones ocasionaron al reino, comandándoles en primer lugar los Laras emparentados con la dinastía reinante, y que no sabían vivir sino mandando en los reyes ú hostilizándolos abiertamente, y á quienes D. Sancho, encomendó en sus últimos momentos la custodia de su hijo hasta que tuviese barbas, y á cuya custodia y defensa se comprometieron bajo juramento. Rivaless de estos de calificada nobleza y poderosa riqueza los Haros, renuevan muerto D. Sancho, sus pretensiones al señorío de Vizcaya, y con belicosa humil-
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dad—escribe Benavides—invaden el territorio castellano. A pesar de la enemiga entre Haros y Laras, estos que en cumplimiento del juramento prestado al rey difunto, y á las órdenes de doña María, habían salido á combatir aquellos, hacen causa común con sus adversarios, y se imponen á la reina, quien no tuvo mejor partido que transigir renunciando al señorío de Vizcaya, y mejorando á los rebeldes; pero excepto los Haros que permanecieron fieles, pronto los Laras vuelven á inquietar al reino en unión de los infantes y de los reyes de Granada, Aragón y Portugal. Habían vuelto para Castilla los tristes días de D. Enrique I, salvóla entonces las virtudes de doña Berenguela la Casta; su salvación debía venirle ahora de la nobleza de ánimo y las dotes de gobierno de doña María la Grande.

En el inseguro albergue de las ciudades crecía, y se desarrolló, merced á las necesidades sociales, el estado llano, personificado en el concejo. Sin antagonismos, diferencias ni luchas, en su nacimiento, progreso y apogeo, pueblan el territorio conquistado, fundan el lugar, la villa y la ciudad; crean las artes y oficios, cultivan la tierra, y, para defenderse de las algaradas de los moros, que talan la tierra; de los facinerosos, que merman sus haciendas; de los desmanes de los poderosos y de la tiranía del rey ó de sus ministros que pretendan exigir tributos indebidos, se alían entre sí, y unidos todos, apellidan Hermandad en sus momentos más críticos, y fuertes por su unión conquistan la libertad civil, arman hueste y envían sus procuradores á las Cortes para la defensa de sus fueros.

Revuelto el reino, vacilante el trono por las rebeldías de los infantes y nobles, buscó la reina doña María en el elemento popular su amparo y defensa, y ni una vez sola desmintió este su lealtad. Pronto siempre á acudir á las mayores necesidades, en 1295 la Hermandad de Valladolid congregó treinta y dos ciudades bajo el estandarte de León y Castilla, y fieles á su carta de constitución en que prestaron homenaje á D. Fernando IV, defendió el trono de este, no escaseó sus
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riquezas, votando cuantos servicios eran precisos para continuar aquella interminable guerra.

Reunieronse las Cortes con frecuencia, no solo para votar impuestos, sino porque estando en ellos representados los tres llamados brazos del reino, Iglesia, nobleza y pueblo, fueron siempre considerados por doña María como antemural contra las traiciones del tutor y de los magnates, convocándolos repetidas veces en diversos pueblos de la monarquía castellana, cinco veces en Valladolid, dos en Burgos, dos en Medina del Campo y una en Cuéllar.

Nieto del rey Sabio, D. Alonso de la Cerda, se intitulaba rey de Castilla. Sombra vana, apellido sin mando, escudo de ambiciosos y pretexto de rebeldes; invocando su bandera, formóse una confederación en que entraron el infante don Juan, D. Dionís de Portugal, los reyes de Granada, Navarra y Aragón; repartiéronse el reino; fué reconocido el de la Cerda; adjudicándose á D. Alonso, Castilla; al infante don Juan, León; al de Aragón, Murcia; recibiendo los demás á medida de su ambición su recompensa. De todas estas adversidades y peligros supo triunfar el imperturbable ánimo de doña María, y apelando á la hidalguía del pueblo castellano, confióle la custodia de sus hijos. Dejó en Valladolid al infante D. Pedro; en Guadalajara, á la infanta doña Isabel, y en Galicia, al infante D. Fernando. Reservóse la guarda del rey, allegó gente para abatir á los confederados, y después de hacer levantar al aragonés el cerco de Mayorga y de vencer á los parciales de D. Juan, en Paredes de Nava, atrajo á su partido al portugués, concertando el enlace de doña Constanza, hija de éste, con D. Fernando.

Recompensa de tantos desvelos fué la ingratitud del rey D. Fernando, desengaño que acabará el ánimo de su virtuosa madre más que todos los sinsabores sufridos en el período de la Regencia.

Convocadas Cortes en Medina del Campo por D. Fernando, ya mayor de edad, recebos los pueblos del valimiento de Lara y del infante D. Juan, que tenían supeditado al rey
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halagando sus pasiones, se negaron á concurrir si no asistía á ellas doña María, única garantía para los pueblos de justicia y desinterés; y en dichas Cortes, con consentimiento del rey, le fueron pedidas cuentas á la reina gobernadora de los gastos de su Regencia. Diólas la agravada señora cumplidas y exactas, demostrando que para sostener las cargas públicas, no bastando las rentas reales y los servicios votados por las Cortes, había consumido su patrimonio particular, reservándose solo un vaso de plata y comiendo en escudillas de barro.

En menguado concepto quedó el rey con el pueblo. Aumentada con creces la enemiga de este para los validos; honrada y vindicada doña María, quien se vengó de tanta iniquidad influyendo sobre los procuradores para que las Cortes votasen los servicios pedidos.

Después de un efímero reinado, monarca débil, ingrato con su madre, juguete de validos y esclavo de sus pasiones, murió D. Fernando IV el 7 de Septiembre de 1312, dejando por heredero un niño de un año y á Castilla entregada de nuevo á los azares y zozobras de una larga minoridad.

Nuevas perfidias por parte de príncipes y grandes señores afligieron al reino; nuevas abnegaciones y pruebas de capacidad por parte de doña María admiró Castilla, para remediar tantas desventuras e impedir las iniquidades y rebeldías de los bandos, que perturbaban el reposo público, ensangrentando el suelo castellano.

Amparo en todo tiempo de tres reyes, y honra de Castilla, según la justa calificación de Mariana, cargada de años, falta de salud, llena de congojas tan grandes, víctima de una enfermedad que le sobrevino en Valladolid, pasó doña María Molina á mejor vida, el 1 de Junio de 1322, dejando el sentimiento de su irreparable pérdida hasta en los corazones más enemigos, y el sublime concepto de su mérito á la posteridad y á la historia, que con justicia la apellidará siempre doña María la Grande.

A. M. y A.
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CRÓNICA POLÍTICA INTERIOR

Madrid, 12 de Octubre de 1890.

Mal que pesara á nuestro orgullo de profetas, si por acaso en nosotros hiciera mella el mal gusto de tenerlo, habríamos de confesar que nos hemos equivocado de medio á medio al negar asenso á las noticias, que circularon respecto al criterio de la Audiencia al interpretar la Ley electoral. A cambio de esta franqueza para declarar nuestra equivocación, confiamos que el lector imparcial y justo nos concederá, que no dejaba de haber poderosas razones para nuestra duda é incredulidad, porque, aun después de verlo, seguimos no creyéndolo; tal es de estupendo y maravilloso el caso. Bien quisieramos, por lo mismo, no darle publicidad, más no cumpliríamos nuestro deber, siquiera satisficiéramos un sentimiento de consideración no en todos tan arraigado.

Dos son las sentencias en que, más que interpretar, se deroga el artículo de la Ley, en el número anterior trascrito. Refiérese la primera al cuerpo de consumos, y dicen así los razonamientos, en qué se funda:

«Considerando que la denominación de cuerpo ó instituto armado empleada por la ley, supone además un conjunto orgánico regido por la Ordenanza militar, que de ningún modo
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cuadra á los individuos cuyo servicio especial consiste únicamente en velar porque no se defraude la renta de consumos;

Considerando que un cuerpo cuyos individuos no son filiados y pueden separarse de él voluntariamente, ni juran banderas, ni están sujetos á la Ordenanza militar, ni á la jurisdicción de Guerra por los delitos y faltas que cometan, sino á la civil, no puede ser reputado como semejante á un instituto armado, siendo necesario reconocerle un carácter esencialmente civil;

Considerando que para demostrar que el cuerpo de vigilancia de consumos y arbitrios municipales de esta corte es puramente civil, basta fijarse en su organización y nomenclatura de los funcionarios que lo componen, como es la de visitador general, tenientes visitadores, cabos y vigilantes del resguardo;

Y considerando que la circunstancia de que los individuos lleven armas para repeler las agresiones de que puedan ser objeto, no por esto puede decirse que merezcan la calificación de instituto armado, por la semejanza á las tropas de mar y tierra que requiere la ley, que dicha circunstancia no es más que un accidente de la organización externa,

Se confirma el acuerdo apelado de la Junta provincial del cuerpo electoral de Madrid de 16 de Septiembre último, por el que se declara que no procede la exclusión de las listas electorales de los 135 vigilantes de consumos, solicitada por D. Antonio Ramos Calderón, por no considerarse cuerpo armado, y se declaran de oficio las costas.»

Sin desconocer que son diversas las razones, que abonan la exclusión de los vigilantes de consumos á las relativas al cuerpo de orden público, como de lo que se trataba en este caso no era de discutir la justicia, conveniencia y fundamentos de la Ley, cosas todas que oportunamente apreció el legislador, no cabe duda que la resolución de la Audiencia al separarse del sentido y letra de la Ley electoral, deroga en parte el artículo á que se refiere, y en absoluto con las otras resoluciones conjuntas, y buena prueba de ello es que, apli-
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cadas estas sentencias queda sin objeto el párrafo tercero del artículo 1.º

No hay prueba más completa de una errónea interpretación, que el resultar de ella totalmente baldío é inútil el precepto interpretado.

Los razonamientos no se distinguen tampoco por su vigor lógico. Cabalmente porque no juran banderas, ni están sujetos á Ordenanzas, ni constituyen, en una palabra, parte integrante del ejército, es por lo que la Ley añadió el párrafo 3.º, pues si tal hubiera, en el 2.º habrían quedado comprendidos, y esto solo denota que la intención del legislador fué, como claramente se expresa, excluir á los que sin esos requisitos estuvieran en condiciones semejantes.

El Tribunal, además, ha escogido un punto de vista ajeno por completo al pensamiento del legislador. No excluyó éste á los militares solo por serlo, ni porque pertenecieran á determinado instituto, como lo demuestra el que en esa misma Ley se reconocen á los jefes toda clase de derechos, y el superior á todos de ser elegible y se limita la restricción al momento en que se hallen en las filas. La limitación se origina en otro orden de ideas que en nada afecta al derecho, que queda intacto; tal es todo lo relativo á la independencia del elector, sin la cual sería el voto, más que el ejercicio del derecho, su menoscabo y violación.

El legislador, al escribir tal precepto lo mismo para los militares que para los individuos de otros cuerpos armados, quiso evitar que un acto, por naturaleza espontáneo, pueda realizarse por obediencia, evitar el conflicto entre ésta y la libertad electoral del ciudadano y, por otra parte, prever contingencias muy posibles. Acerca de este punto ha sido siempre tan suspicaz el legislador, que en todas las leyes se prohíbe entrar al colegio electoral con bastones, ni siquiera paraguas. El lector puede imaginar, si cosa tan inocente como llevar un paraguas se considera capaz de cohibir la libérrima voluntad del elector y propensa á imposiciones y conflictos, lo que ocurrirá tratándose de cuerpos armados. Por
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cierto que será de ver en el de orden público, como se compagina en muchos casos, sin infracción de los reglamentos del cuerpo, el haber de ser desarmados sus individuos en razón á otros artículos, y el cumplimiento de los deberes verdaderamente militares que no podrán eludir.

No ha estado muy afortunada tampoco la Audiencia en el considerando segundo, el cual, en todo caso, carece de fuerza alguna, porque la simple denominación de los cargos no implicaría el carácter del instituto, pero además destruye el débil argumento con sus propias palabras, pues si el nombre, como pretende, hiciera la cosa, los que cita de teniente visitador y cabos, no pueden ser más militares.

Si el llevar armas, como inicia en el considerando tercero, no es más que un accidente de la organización externa, no hay más que permitir á los electores que vayan armados y á estos cuerpos que se presenten á votar en idéntica forma, y veremos qué resta del derecho político, que se les concede.

Otras razones de más peso podrían haberse aducido, no para interpretar ese párrafo que, clara y evidentemente excluye á los incluidos por la Audiencia, sino para criticarlo en lo tocante á los vigilantes de consumos; pero respecto á los guardias de orden público, ni aun podría discutirse siquiera la exclusión, puesto que se haya aceptado la de los soldados en filas, porque la semejanza es tal que no llega á la identidad por ser aun más poderosos los motivos de exclusión que para los individuos de tropa, pues al cabo no es tan fácil con éstos hacer cosas que, por la índole del instituto y de los servicios que han de prestar, pueden combinarse con estos.

Por lo demás, la resolución á ellos referente, dice así:

•Se revoca el acuerdo de la Junta provincial del censo, de 17 de Septiembre último; se declara que no procede la suspensión del voto por el concepto apelado de los guardias de orden público D. Félix de la Puente, y mil ciento once más de la lista presentada por D. Enrique Blanco, objeto del recurso, entendiéndose de oficio las costas causadas, y comu-
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por corto período, los habrá separado el efímero triunfo de las tendencias proteccionistas.

Y cuando pase esta que podríamos llamar moda de proteccionismo, desgraciada la nación que se empeñe en mantener altos aranceles y se niegue á tratar para rebajarlos. Su vida económica se hará imposible, y ejemplo anticipado de esta desgracia nos ofrece Italia, después de la ruptura de su tratado con Francia; hecho de grande enseñanza para los pueblos de segundo orden como España, á quienes las condiciones de la civilización moderna, permitirán tener libertad de comercio, pero no les han de permitir vivir aislados entre barreras, en ese soñado régimen de independiente proteccionismo. Italia ha tenido que humillarse ya ante Francia, pretendiendo la formación de un nuevo tratado. Lo mismo nos sucedería, seguramente, si imitáramos á Italia, como lo pretenden los proteccionistas.

Por eso yo entiendo que aunque deseáramos la terminación de los tratados, no deberíamos denunciarlos. Es casi seguro que serán denunciados por la otra parte contratante; aguardemos esa denuncia y quedaremos de este modo en mejor situación para negociar de nuevo, en el caso de que las circunstancias nos vuelvan á imponer los tratados, lo cual sucedería irremisiblemente, y muy pronto, si el Gobierno español, cediendo á la tendencia proteccionista, abandonara el cumplimiento de la base 5.ª y elevara las tarifas generales arancelarias, á partir de 1892.

He molestado ya mucho á la Comisión, y voy á concluir con una manifestación que creo necesaria.

Dije al principio que esta información es, en mi sentir, el último acto de la lucha que desde hace veinte años sostienen en España la libertad y el proteccionismo, pretendiendo éste destruir los efectos de la reforma del Sr. Figuerola; he dicho que en esta información la reunión de datos ha tenido poquísima importancia, porque todos los hechos que deben conocerse para resolver estas cuestiones, son ya perfectamente conocidos, por lo cual, creo que las resoluciones de la Comi-
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níquese lo resuelto, con devolución del expediente, al señor presidente de la Diputación, fijándose además el correspondiente edicto en la tablilla al efecto designada.»

De las habladurías, á que ha dado lugar interpretación tan extraña no hemos de hacernos eco, porque no entra en nuestra conducta el hacerlo y porque no las damos asenso, pues ni creemos que el Gobierno haya intentado hacer presión sobre los Tribunales mediante circulares que, por ser secretas, conocería ya todo el mundo, ni que menos los magistrados hubieran deferido á tales innovaciones, ni mucho menos mil otras cosas que se murmuran y hasta públicamente se indican. Más bien creemos que si algo, que no sea pura apreciación intelectual ha influido en las que nosotros consideramos erróneas resoluciones, será cierta instintiva antipatía ó resabios corporativos de índole parecida á la que según el cuento popular hacía prorrumpir en exclamaciones al inglés, pues al cabo se trata de instituciones añosas y de reformas muy nuevas, y por mucho que sea el afecto que se tengan, siempre hay alguna incompatibilidad entre los gustos e inclinaciones de los mozos y los viejos.

*

Es singular condición la de la gente política en este país, y triste suerte la nuestra, que nos obliga, mal que nos pese, á seguirla en sus derroteros, si hemos de expresar con verdad el estado y la opinión de aquélla. En su virtud, acontece ame-nudo que los sucesos de mayor monta y más trascendentales, pasan poco menos que desapercibidos, y los hechos más nimios son objeto de todos los comentarios y atención. Así ocurre que mientras se desarrollan, sin que nadie apenas lo note, los acontecimientos más influyentes en la vida del país, la disputa de dos personajes, la dimisión ó el disgusto de un funcionario atraen por completo la atención toda. Sin gran exageración podría asegurarse que en el poco tiempo
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que han gobernado los conservadores se han ejecutado más incorrectas administrativas de las que afectan á lo más interesante para la nación, que durante los cuatro años de Gobierno liberal, y nadie ha parado mientes en ello, fenómeno este algo extraño y no bien explicado, pues aunque un periódico importantísimo lo explica diciendo que durante el período liberal, por no haber cuestiones políticas, la opinión se fijaba en otras, dando lugar á campañas de moralidad y de otra índole, no son escasos los reparos que á semejante tesis pudieran oponerse. Mas dejando aparte la explicación de tan extraño fenómeno, como es un hecho de cuotidiana observación, lo señalamos como dato, que en parte corrobora el que motiva estas indicaciones. Sucede con esto algo semejante al prurito revolucionario de algunos, que se llaman demócratas, los cuales no lo sienten más vehemente que cuando gobiernan demócratas y cuando prosperan y triunfan la mayor parte de las ideas que propalan y ensalzan, convirtiéndose poco menos que en auxiliares de los mayores enemigos de ellos y de sus creencias. Rarezas son estas de la vida muy difíciles de comprender, pero no por eso menos efectivas y reales. Ya en otras ocasiones hemos señalado el caso extraño, cuando se combatía rudamente á Gobiernos liberales, y no sería mala ocasión esta de reminiscencias.

Lo constante del fenómeno hace pensar que la verdadera razón de él, aunque parezca fútil es el convencimiento de que no se ha de hacer caso á las protestas, así como en tiempos liberales lo contrario llega á ser hasta un estimulo para que las cosas más nimias se hagan grandes cuestiones administrativas.

Aun tocante á estos mismos conflictos de política menuda, que suelen tener también su trascendencia social, se les da preferencia en lo que afecta á las personas y muy escasa importancia en lo que tienen de problema.

Por si el juez de guardia llegó más ó menos pronto ó regateó un auto para registrar algunos domicilios el gobernador de Madrid se dice que le dirigió reproches tan duros, que
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el juez se creyó ofendido y desacatado produciéndose una escena tragicómica, un conflicto de autoridades y una cuestión de cierta trascendencia. Así como en el acto de la entrevista intentaron prenderse mutuamente gobernador y juez, después mutuamente se han denunciado. ¿Cómo se resolverá este conflicto personal? Esto es lo que principalmente preocupa, siendo lo que menos importa. Que dimita ó no el gobernador, que sea sustituido por este ó por el otro personaje, que tomen acuerdo ó dejen de tomarlo los jueces, que se preparen ó no combinaciones de magistrados con tal ó cual intención ó con ninguna, que el ministro de la Gobernación diga frases cáusticas y el de Gracia y Justicia adelante ó atrasé su viaje, todo ello debiera ser secundario. Hasta lo es quien tenga razón; es posible que la tengan los dos y no la tenga ninguno. Porque lo notable del caso es que se trata de dos personas incapaces de la menor descortesía, que, sin embargo, al encontrarse como autoridades, se han visto impulsados como por fuerza extraña á desconsiderarse. Algo, pues, debe haber en el fondo, independiente del carácter de las personas, que juega el principal papel en el asunto. Por lo pronto, choca el imperio y sencillez, con que el gobernador pedía autos, no muy conformes con las leyes y la Constitución, y que denotan costumbres é ideas poco respetuosas con los derechos y libertad de los ciudadanos. En parte se explica esto por las inclinaciones naturales del partido, que hoy gobierna, pero esto no es suficiente, pues aunque se admita, y ya es mucho admitir, que el gobernador ignorase el procedimiento, no es de creer que los funcionarios, que á su lado están, que tienen por oficio estas cosas, dejaran de saberlo. Más parece descubrirse alguna de esas tan frecuentes corruptelas, que anulan de hecho los derechos del ciudadano. Si bien se mira, en el conflicto pendiente se llegan á advertir muchas cosas que, despreocupadas las gentes de ellas, no las notan hasta que un ruido casual les llama la atención. Quien rehaga sus recuerdos caerá enseguida en la cuenta de que los registros domiciliarios son tan frecuentes, y de índole igual, como los