ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 207

existiendo otros que se refieran á las mismas fincas pendientes de inscripción firmo la presente en Alcázar de San Juan á 19 de Febrero de 1890.—Alfonso Carrión Vega.—Hay un sello que dice: «Registro de la Propiedad.—Alcázar de San Juan.» (1)

Los demandados, si mal no recuerdo, han traído á los autos, la Real orden de 8 de Enero de 1880, certificación de haberse hecho la limpia del canal en 1884, una comunicación del ingeniero jefe de la provincia al Juzgado, certificación de la carta de pago hecho por el Sr. Montalbán á la Hacienda por un pequeño trozo de las márgenes, una Real orden concediendo la construcción de un molino al Sr. Montalbán; solicitud de éste y expediente con la tasación de las márgenes que se le enajenan sin subasta, certificación de un remate de arriendo en 1862 y alguna otra Real orden; todos documentos de actos puramente administrativos, que por haberlos declarado la sentencia ineficaces, ni copio ni discuto.

También la Sociedad ha traído algunas Reales órdenes que por la misma razón omito.

No trascribo tampoco las declaraciones de los testigos, que consistían en decir que habían tenido por dueños del canal al Sr. López y á la Sociedad de riegos, á la cual han pagado casi todos el cánon de regadío.

También existe en los autos una declaración prestada en 20 de Noviembre de 1878 por el demandado Sr. Montalbán ante el juez de Alcázar en la cual, contestando á la pregunta si sabe que la citada Sociedad no tenía derecho para ceder las aguas del expresado canal, dijo: «Que ignoraba el derecho, que pueda tener dicha Sociedad para ceder las aguas, si bien sabe que compraron el canal y algunas fincas enclavadas en el mismo.

(1) He copiado la última certificación y no la primera, en la necesidad de ahorrar espacio para que se vea el absurdo que resulta, estando hoy inscrito á nombre de la Sociedad el canal, que la Administración detenta.
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 208

Sentencia del Juzgado.

En la villa y corte de Madrid á 18 de Marzo de 1889, etc.

1.º Considerando; que adquiridos por Ley desamortizadora los bienes del «Gran Prior» de que se trata, vendió en subasta los cinco molinos referidos con los trozos de canal medidos para cada molino como fuerza motriz, adjudicados á López Viñas; y éste aportó á la Sociedad demandante (1) no sólo lo que adquirió, si que la propiedad del canal y el cánón por razón del riego (2).

2.º Considerando; que la acción reivindicatoria entraña el dominio, y la Sociedad demandante no ha presentado título alguno para probar su pretensión (3) pues en la compraventa nadie adquiere más sino lo que compra y paga (4) y las escrituras, los boletines, tomas de posesión y todo lo relacionado con el objeto de la demanda, lejos de justificar ésta la repele sin dar lugar á duda racional, por que ni se expresa que se venda ni que se adjudique sino los molinos y trozos en casos determinados como fuerza motriz (5) ó medio de utilizar aquéllos, y el precio entregado y aportado á la Sociedad es

(1) Confiesa el juez que adquirió los cinco trozos de canal, midiéranse como se midieran; afirma que se midieron! como fuerza motriz, inexactitud comprobada, y dice luego que aportando la propiedad del canal que adquirió, lo hizo de lo que no adquirió. No cabe contradicción más palmaria en menos espacio.
(2) El cánón, que es fruto civil de los trozos de canal que adquirió, le parece también al juez un exceso de aportación. Hasta ahora se había creído que quien vende una casa enajena con ella los alquileres; pero habrá que modificar la creencia.
(3) Entonces, ¿en qué se funda para decir antes que adquirió los cinco trozos de canal que se reivindican?
(4) Es así que el demandante, si adquirió los trozos de canal, según confiesa el juez, fué por haberlos comprado y pagado; luego, ó no adquirió tales trozos, en cuyo caso ha errado en el considerando 1.º, ó los documentos referidos justifican la pretensión, que no es otra sino que se mantenga al demandante en la propiedad de esos trozos de canal, que adquirió.
(5) Quien entienda esto, y lo traduzca al castellano, merece más dilatada fama que el héroe griego cruzando el mitológico laberinto.
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 209

una consideración que desmiente también lo imaginado por esta (1); y resulta principal la propiedad del canal y el derecho al cánon de sus aguas y no lo vendido.

3.º Considerando; que las subastas y tomas de posesión enseñan además de los documentos, y como estos que si una vez se hubiera posesionado del canal el adjudicatorio ó sea López Viñas no se hubieran efectuado aquellas por contrarias á la razón y al derecho (2).

4.º Considerando; que ni un acto de posesión sin intervención del Estado (3) ni declaraciones de testigos que por cierto desconocen títulos de dominio, ni las tasaciones alegadas por la Sociedad le otorgan éste, ni decretos ni Reales órdenes é informes administrativos ajenos de otra parte á la cuestión de propiedad, han dejado de donegársela.

5.º Considerando; que el cobro por el Estado del cánon y custodia del canal y concesiones otorgadas, son el ejercicio legítimo del dominio (4) que le pertenece con exclusión de toda pretensión que se le oponga; y de aquí la legitimidad de la otorgada á Montalbán.

(1) ¿Qué tendrá que ver esto con la acción reivindicatoria? El raciocinio es de lo más singular, si raciocinio es. Desmiéntese la idea de la Sociedad, según la cual se cree dueña, porque le costó mucho el canal, que es á lo que se refieren tales alambicamientos y vaguedades; de suerte que si se le hubiera regalado, entonces tal vez fuera otro el criterio del juzgado. No cabe más embrollada confusión de errores en tan pocas palabras.

(2) Se necesita buena fé para hablar de razón y derecho al terminar período semejante. Admira la penetración sutil de la Sala que ha podido descifrar tal enigma y su generosidad al aceptarlo sin alteración, pues el único sentido que yo puedo sacarle es que si el Sr. López se hubiera posesionado, no se habrían verificado la posesión y la subasta. Si se posesionaba, ¿cómo no se hubiera verificado la posesión? Y si se había verificado, ¿cómo no la subasta? ¡Envidiable beatitud intelectual, que permite desconocer que las subastas preceden á la posesión!

(3) Sin intervención del Estado, dice, y dió la posesión el juez. ¿Que-rría el juzgado que asistiera la Reina al acto, con su Consejo de Ministros y las Cortes reunidas y convocadas al efecto?

(4) Pero si adquirió los trozos de canal el demandante, como ha dicho antes, el cobro por otro de sus frutos civiles, será una usurpación, ó cosa peor; la custodia del canal una intempestiva gestión de negocios y el otorgar concesiones un abuso como el que yo cometiera dando órdenes para sacar dinero del Banco, pero no ejercicio legítimo de ningún derecho.
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 21

bando por la de los empleados de todos los ramos de la administración pública, que contando con la protección del diputado, ya pueden burlarse á mausálva del público en general y de cada ciudadano en particular. Bien claramente mostraba esto último el mismo Sr. Azcárate, cuando con aquella noble franqueza y con aquella sinceridad que aterra á nuestros parlamentarios hábiles, decía en el mismo Congreso de Diputados: «Según el Código penal existe un delito de prevención é incurre en cierta pena, el funcionario público que acuerda ó aconseja una providencia injusta ó ilegal á sabiendas, ó por negligencia é ignorancia inexcusables. Siendo esto así, ¿no os sorprende oír que en un año, únicamente se ha castigado á 19 delincuentes de esa clase, lo cual equivale á decir que en la mayor parte de las provincias de España no hay ni un gobernador, ni un funcionario cualquiera que cometa una ilegalidad?»

Ahora bien, contra eso es imposible luchar, dentro de la legalidad al menos, y por ello, más que poner remedio al mal los pueblos tienden á explotarlo, y el agente más indicado para ayudar de algún modo esa tendencia es el diputado... como que él es quien puede influir en el ministro, para obtener la confirmación de las ilegalidades del funcionario y cubrirlas con una decisión inapelable, pues que inapelable es, cuando sólo queda el recurso á veces, de la jurisdicción contencioso-administrativa ó el de exigir (!!) la responsabilidad ministerial.

De ese modo puede explicarse también la notable decadencia de los Parlamentos, á la que en otro artículo hice ya referencia. Los pueblos, á la verdad, como se van acostumbrando á esperarlo todo de arriba, prefieren, á la larga, al diputado intrigante, sin principios, sin idea, hábil para explotar el presupuesto nacional, y gran dispensador de todo género de favores. De continuar las cosas por el camino que siguen, acaso llegará un momento en que pocas personas de cierta elevación de miras se decidan á ser diputados. Porque, realmente, hay ya ciertos distritos cuyos caciques exigen
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 210

6.º Considerando; que no hay motivo para intentar la nulidad ni la revisión de escrituras válidas y no puestas en duda; empero que solo otorgan el de derecho á la parte demandante que su mismo contenido expresa y que no tolera el propósito que esta persigue,

Fallo: Que debo absolver y absuelvo á D. José Montalbán y al abogado del Estado en representación de éste de la demanda contra ellos deducida por la Sociedad de riegos del Valle del Guadiana; y por lo mismo no haber lugar á declarar la nulidad de la concesión otorgada al Montalbán, sin expresa condenación de costas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo.—Manuel Calzas y Sainz.

Sentencia de la Sala 1.ª de la Audiencia de Madrid.

En la villa y corte de Madrid á 23 de Abril de 1890 en los autos, etc.

Aceptando la relación de hechos que contienen los resultandos de la sentencia dictada por el juez del mencionado distrito en 18 de Marzo del año próximo pasado á excepción del 6.º y 10.º de aquéllos el primero de éstos en lo que se refiere á la declaración del testigo D. Enrique Arévalo. Resultando además que apelada dicha sentencia por la parte demandante se admitió en ambos efectos el recurso de alzada que se ha tramitado ante la Sala con arreglo á las prescripciones de la Ley, siendo de observar en las actuaciones del Juzgado que há escritos fechas 14 y 18 de Octubre de 1887 y 28 de Setiembre de 1888 no recayeron las respectivas providencias hasta el 24 y 25 del precitado mes de Octubre del primero de dichos años y quince de igual mes del segundo, sin que aparezcan fuesen presentados dichos escritos con retraso atendidas sus fechas, ni que se diese cuenta de ellos antes de las en que recayeron las indicadas providencias, advirtiéndose además haberse omitido la presentación con
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 211

nota á otros escritos en que se interpusieron recursos de reforma y al en que se formuló el de alzada en la actualidad pendiente (1).—Vistos siendo magistrado ponente el señor D. Remigio Gil Muñoz.—Considerando respecto á lo que queda expresado á cerca de la tramitación que aparece no haber dado cuenta el actuario de los escritos allí enumerados en primer término dentro del que se fija por el art. 315 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que tampoco cumplió dicho actuario lo dispuesto en el párrafo primero del art. 250 de la propia Ley al omitir la nota de presentación á escritos de término.—Fallamos que debemos confirmar y confirmamos, con las costas de esta instancia á la parte apelante la expresa sentencia, por la cual se absuelve á D. José Montalbán y al abogado del Estado en representación de éste de la demanda contra ellos deducida por la Sociedad de riegos del Valle del Guadiana, declarándose no haber lugar á la nulidad de la concesión otorgada á Montalbán, sin expresa condena de costas de primera instancia del presente pleito, devuélvanse á su tiempo los autos al Juzgado con la oportuna certificación y orden á los efectos procedentes, y advertimos al actuario D. Luis Gutierrez que en lo sucesivo cuide de cumplir con toda exactitud lo dispuesto en los artículos 250 párrafo primero y 315 de la Ley de Enjuiciamiento civil.—Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos mandamos y firmamos.—Alejandro Peray.—Eustaquio Ruiz Hita.—Remigio Ruiz Muñoz.—Publicada el mismo día.

Errores de hecho.

El lector, que se haya fijado en las sentencias y relación trascritas, habrá advertido en las primeras una inexactitud fundamental en absoluta oposición con los documentos; noto-

(1) ¡Escrúpulos laudables y rigor severo, que pueden servir de lenitivo al condenado y compensar lo parco y conciso de los razonamientos dedicados al voluminoso e importantísimo pleito, que decide!
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 212

ría inexactitud, que es la base del fallo y que ahuyenta por completo de él la verdad, que en los autos resplandece. Las escrituras hablan de trozos de canal medidos y valuados, libres de cargas y gravámenes y con sus márgenes correspondientes; lo mismo el Boletín de Subastas; las tasaciones, ó sea el expediente con arreglo al cual se enajenaron las fincas, se refieren á trozos de canal minuciosamente descritos y valuados con sus aprovechamientos de aguas, usos, costumbres y servidumbres; la inscripción del Registro lo es del canal con sus márgenes, y el registrador certifica que no hay ninguna otra posterior sobre esa finca; los certificados del Ayuntamiento de Argamasilla se refieren á actos, en que como propietaria de ese canal interviene la Sociedad. Las sentencias en los considerandos 1.º y 2.º dicen que ésta adquirió los trozos de canal como fuerza motriz de los molinos. En ningún documento se habla de tal fuerza motriz, frase inventada. El concepto, que quiere expresarse y en el cual se pretende excusar el fallo, es de todo punto contrario á lo consignado taxativamente en los documentos y á la realidad, pues no solo no se dice que se enajena como fuerza motriz, sino que con toda claridad se determina el canal con sus márgenes y aprovechamientos de aguas. Pero no sólo tal inexactitud es una pura invención, contraria á la realidad, sino al buen sentido y al de los conceptos y palabras de los documentos. Además, en las tasaciones á cada molino, separadamente se le asigna un pequeño trozo de ese canal, ó sea el salto de agua que constituye su fuerza motriz, y es natural, pues á nadie se le ocurre comprar un molino, sin el agua, que mueva sus artefactos.

Por lo demás, ¿se explicará nadie qué cosa pueda ser una fuerza motriz con 9.000 varas de largo y seis pies de ancho con márgenes, árboles, vados y puentes? ¿Qué derecho real es ese de la fuerza motriz por ninguna ley previsto, ni por tratadista alguno definido?

Ese derecho real, que ni es posesión, ni propiedad, ni usufructo, ni uso, ni servidumbre, ni hipoteca, es simplemente
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 213

un error inconcebible. Aunque error, podría excusarse si se tratara de trozos de canal á la parte arriba del molino, pero nadie acertará á explicarse cómo puede ser utilizado cual fuerza motriz un trozo de canal aguas abajo del artefacto, á que se destina. Si con la frase fuerza motriz quiso expresarse una servidumbre, ¿de qué manera, sino corriendo las aguas hacia arriba podía constituirse lo que á tanta costa adquiría el comprador?

Inexactitud aun mayor es la de que el demandante no ha presentado título alguno para probar su propiedad. Si una escritura pública de compra-venta, si el expediente de subasta y los certificados del Registro no son documentos que prueben la propiedad de ese canal, cuya enajenación se consigna en ellos, aún sería muy discutible el aserto de los juzgadores como luego demostraré. Y eso se dice cuando están en los autos los documentos.

¿Qué sucedería si se tratara de otra clase de pruebas?

Gregorio López.

(Continuará).
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 214

ESTUDIOS
SOBRE EL RÉGIMEN PARLAMENTARIO EN ESPAÑA

V.—LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

I

Cuestión es esta de la inviolabilidad é inmunidad parlamentaria que ofrece graves dificultades, si ha de dilucidarse teniendo presentes las circunstancias históricas en que se produjo y produce el régimen de los Parlamentos. Es preciso tener en cuenta que en rigor, y sin atender á la complicada trama de ficciones en que descansa el sistema de Gobierno constitucional, sea monárquico ó sea republicano, parece como que, mediante las disposiciones en que se afirman aquella inviolabilidad y aquella inmunidad, un crecido número de personas en cada país, se colocan en condiciones y en situación verdaderamente privilegiadas. El mismo derecho parlamentario inglés, el derecho más puro, más tradicional, entre todos los derechos parlamentarios, comprende la inviolabilidad y la inmunidad de los lores y de los miembros de la Cámara baja, entre los privilegios del Parlamento, considerándolas como prerrogativas conquistadas en larga lucha histórica, como preeminencias que se disfrutan por causas realmente excepcionales. Ahora bien, ¿no riñe esta palabra de privilegio, y aun la de prerrogativa y la de preeminencia, con el sentido democrático á que en el fondo responde la
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 215

trabajosa evolución del régimen representativo? Acaso, en verdad, la contradicción no sea más que aparente. Quizá todo ello encuentre su aplicación, y lo que es más aún, su justificación en la historia; pero de todas suertes exige el asunto un detenido y atento examen.

Dados los principios fundamentales, puros, á que responde el ideal de un Gobierno representativo, puede afirmarse que debe existir una íntima y estrecha compenetración entre los gobernantes y los gobernados, compenetración ésta que, por otra parte, viene á destruir, en el concepto y en la práctica, la oposición abierta y radical que todas las instituciones políticas históricas, de carácter esencialmente personal y absoluto, suponen entre el soberano y el súbdito. Al denominar soberano á un rey, á un príncipe, en el sentido en que lo hacían los políticos del Renacimiento y de las monarquías puras, suponían al augustó, inviolable é irresponsable personaje que, por ley superior de la herencia ejercía el poder, como efectivamente soberano, es decir, no se reconocía poder en el Estado por encima de él. Al tratar como á soberano, los modernos doctrinarios, aun los que blasonan de demócratas, al monarca constitucional, considerándole, según la expresión de un gran orador parlamentario, nada menos que el Sr. Martos (1), como sagrado, inviolable é irresponsable siempre, porque siempre es rey (sic), no se alejan gran cosa de la idea absolutista, y aun late en el fondo de sus teorías acomodaticias y oportunistas, la creencia en aquella radical oposición ante soberano y subdito.

Por un fenómeno muy fácil de explicar en la psicología de los pueblos, esa consideración privilegiada del monarca, del soberano, trascendía, y sigue trascendiendo, á cuantos ejercen como funcionarios del Estado. Estos vienen á ser, no ya los depositarios del poder político, sino algo así como los propietarios del mismo, resultando por ello, en una situación

(1) Las palabras son originalmente de Ríos Rosas, pero el Sr. Martos las hacía suyas. (V. el Diario de Sesiones del Congreso, del 81 de Marzo de 1890.)
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 216

altamente ventajosa y produciéndose de tal suerte, una como excisión entre los elementos constitutivos del Estado, que mantiene viva en la práctica la indicada dualidad del soberano y el súbdito. Cada funcionario se procura en el Estado ventajas, garantías, que le pongan, bien á cubierto del Estado mismo, bien por encima de las leyes, ó mejor del derecho común social. La previa licencia para procesar á los funcionarios públicos, la existencia de jurisdicciones especiales para exigir responsabilidad á determinados servidores del Estado, la irresponsabilidad efectiva de los ministros, la jurisdicción contencioso-administrativa, y, sobre todo, en algunos países, por ejemplo España, la creencia profundamente arraigada en los empleados de todos los ramos de la administración, de que ocupan su puesto, no para servir al público, sino para servirse á sí mismos, de suerte que los ciudadanos deben depender de ellos y no al contrario, son otros tantos datos que prueban mi aserto. ¡Quién sabe si en el fondo, para muchos, no responden, en parte al menos, á idénticas ideas equivocadas las inmunidades parlamentarias! Aun cuando no fuese en sus principios, ni aun en la misma evolución histórica, en la manera con que tales inmunidades se hacen efectivas, bien puede creerse así.

Hoy todavía, á pesar de la Revolución francesa, y á pesar de la gran influencia ejercida por las instituciones de índole representativa en su idea, hay quien apenas concibe la posibilidad de que uno sea primer magistrado, ó mejor, jefe del Estado, en una nación, y á la vez ciudadano de la misma. No solo en las Monarquías, sino, por causa de la tradición monárquica, en las Repúblicas, la persona privada de semejante funcionario, adquiere un carácter esencialmente privilegiado. Un carácter análogo adquieren también los ministros y, en general, los gobernantes todos, y lo tienen, sin duda, los mismos representantes designados, expresa y voluntariamente por elección popular, para formar las grandes Asambleas parlamentarias. No nos hemos desprendido aun del antiguo régimen, sino en lo formal y exterior, en las palabras y
Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 217

en los razonamientos; las instituciones, en mucho de lo fundamental, necesitan organizarse, teniendo en cuenta ideas y situaciones verdaderamente pasadas. Es preciso considerar que en buena teoría jurídica de la representación política, el funcionario público, por serlo, no puede perder, no debe perder, su carácter indeleble de ciudadano; es un ciudadano como otro cualquiera, que en lugar de ejercer la profesión del comercio, del literato ó del sacerdote, ejerce la del político. Proporcionarle condiciones que le coloquen en situación privilegiada, por lo que respecta á sus relaciones de derecho con los demás ó con el Estado mismo, es negar los términos esenciales del régimen representativo. En medio de las contradicciones de la ficción constitucional, se comprende eso así, al reconocer, por una transacción histórica, que el rey no es responsable, siéndolo por los actos que no ejecuta, pero que en lo antiguo le correspondía ejecutar, los ministros; y esto, aunque tal responsabilidad resulte luego teórica, ilusoria.

Teniendo presentes estas indicaciones, necesario es que se investiguen, al tratar de revisar la teoría constitucional, que corre casi casi como dogmática de las inmunidades parlamentarias, si obedeceu á esas ideas contrarias al régimen representativo, ó bien si son compatibles con él, ó bien todavía si son producidas en la historia de un modo necesario para permitir el establecimiento de tal régimen gubernamental, debiendo, aun hoy, ser mantenidas para evitar mayores males. Todo aparte de señalar los grandes abusos á que, justifiquense ó no, están dando lugar en la práctica.

Y esta investigación que pretendo hacer, independiente de su necesidad, dado el plan que en estos Estudios sigo, tiene en el estado actual de la ciencia del Derecho constitucional importancia suma. Hoy, principalmente en los países como España é Italia, donde imperan las corruptelas parlamentarias, se presenta, con cierto carácter de exigencia, el examen de las condiciones en que las inmunidades se producen. Aparte de lo que entre nosotros ocurría no hace mucho tiem-