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los molinos, costumbre tan racional, que la misma Administración, habiendo coinenzado únicamente por usurpar este fruto civil, empujada, más que por la codicia, por la lógica, acabó por apoderarse del canal.

Por las razones expuestas infringe también la regla de derecho sancionada por Sentencias del T. S. de 9 de Marzo de 1886, 21 de Abril de 1884 y contenida en el art. 1.281 del Código civil, pues ni se atiene á la letra del contrato, ni tampoco á la intención de los contratantes, y lo mismo respecto al art. 1.286 del Código civil, pues aunque las palabras pudieran ser admitidas en distintas acepciones, la Sala no las entiende conforme á la naturaleza del contrato, que, como queda dicho, era sobre bienes desamortizados, y, por consiguiente, ni podía arrancarse de la enajenación de un conjunto parte alguna de él, ni mucho menos servidumbres, ni censos, ni cargas de ninguna especie, en favor de la Administración. Todo lo dicho demuestra á su vez la infracción de la Ley 1.ª, tít. 1, lib. 10 de la Nov. Rec. (1), y Sentencias de 26 de Mayo de 1866, de 16 de Noviembre de 1870, 14 de Marzo de 1871, 15 do Enero de 1875 y 20 de Febrero de 1876, puesto que, atendidas las circunstancias en que se verificó el contrato, cuando era axiomático para todo el mundo que, al enajenar la Hacienda, enajenaba en absoluto y sin limitación, y hasta respondía de los vicios ocultos, que en favor de tercero pudieran tener las fincas; cuando, por otra parte, todos los hechos del pleito denotan que el comprador, al adquirir de los diversos rematantes los trozos de canal, lo hacía con el exclusivo objeto de aprovechar las aguas, y aun de acrecentar las que normalmente llevaba el canal, no resulta lógico que ni la Administración quisiera vender, ni el comprador adquirir, solamente esa fuerza motriz en algunos casos correspondiente á molinos totalmente en ruinas, como el titulado «Tejado», según consta en los documentos presentados.

(1) Ley 1.ª, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.: «Es tenido de cumplir aquello que se obligó y que se obliga por contrato.»
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Ha infringido también la Sala, al interpretar el contrato, la ya citada Ley 2.ª, tit. xxxiii, Part. 7.ª, cuando dice: «que si una cláusula es susceptible de dos sentidos, debe desecharse aquel que conduzca á un absurdo, y, por lo tanto, el principio universal de contradicción y las reglas del sentido común, pues absurdo es, y falto de buen sentido y opuesto al principio de contradicción, el supuesto en que se funda la Sentencia; porque, como queda demostrado, ésta declara que el comprador adquirió únicamente fuerza motriz, que solo podrá aprovecharse cambiando, por milagro jamás realizado, las leyes cosmológicas y naturales, haciendo que los ríos corran hacia arriba, y porque carece de sentido el que la fuerza, ni siquiera el agua, se mida por metros, y además, ni aun así se explica cómo por que haya adquirido la fuerza motriz el comprador, constando taxativamente que adquirió las márgenes, se le haya de privar de ellas, absolviendo al que las detenta y vende contra la voluntad del adquirente.

Pruebas.

Contradiciéndose la Sala en el considerando segundo de la Sentencia del Juzgado, que acepta, afirma que el demandante no ha presentado título alguno para probar su propiedad, cometiendo en el fallo, que sobre esa base se funda, las siguientes incomprensible infracciones:

1.ª Doctrina establecida por el T. S. y precepto legal vigente al dictar su Sentencia la Sala, contenido en el art. 1.218 del Código civil, según el cual los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho, que motiva su otorgamiento, y contra los contratantes en cuanto á las declaraciones que contienen, pues ella considera que no hace prueba escrituras públicas y documentos expedidos por los funcionarios con arreglo á los núms. 1.ª y 3.ª del art. 596 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y respecto á los cuales se han observado por completo las reglas establecidas en el art. 597 de la
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mismá. Que esas escrituras y documentos contienen el hecho de la enajenación del canal, que se revindica, y la declaración de que se vende al causante de la Sociedad, que demanda, con sus márgenes, servidumbres, aprovechamientos de aguas, usos y costumbres, solo puede negarlo quien de intento quiera faltar á la verdad ó haya dejado de leerlos.

Así mismo infringe los citados preceptos, no apreciando los documentos, que demuestran la legítima posesión, en que estaba el demandante cuando le fué usurpada por el demandado la finca, tales como las actas del Ayuntamiento de Argamasilla de 22 de Noviembre y 13 de Julio de 1875, las actas judiciales de posesión, sin que valga la excusa ininteligible, que en sus considerandos da la Sentencia, de que tales documentos no prueban la propiedad, puesto que para ello no han venido á los autos, porque hubiera bastado que como probatorios de la posesión los considerase para condenar á quien venía demandado como detentador, y que no ha estado ni está en legítima posesión. Invierte, pues, respecto á la prueba, en el error de derecho y en el de hecho determinados en el núm. 7.º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, infringe la Ley 114, tít. xviii, Part. 3.ª, según la cual hacen prueba plena las cartas firmadas por escribano público, de cuya autenticidad no hay duda, y á las cuales nadie ha puesto tachas de ninguna especie (Sentencia del T. S. de 12 de Marzo de 1867), y Sentencias de 26 de Enero de 1881, 16 de Junio de 1874, 16 de Marzo de 1888 y 15 de Febrero de 1882; según las cuales se infringe la citada Ley 114, cuando se deja de dar valor á un documento público; tanto más, cuanto que en este caso no cabe siquiera excusarse en que se han apreciado en conjunto las pruebas, puesto que sí en las escrituras consta terminantemente la enajenación del canal y sus márgenes, los demás documentos y las declaraciones de los testigos dentro de su esfera probatoria, corroboran, y aun fortalecen la cláusula, en que consta la enajenación.

Absolviendo la Sala al demandado, bajo el supuesto in-
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exacto de que no ha probado no se sabe qué clase de propiedad, contradice la doctrina y práctica establecidas, entre otras, por la Sentencia del T. S. de 20 de Noviembre de 1883, que declara que las pruebas del demandante han de ser afirmativas, como lo han sido, y las que presenten los demandados han de destruir las del actor, para que pueda dárselas preferencia. Consta, sin género alguno de duda, que el demandante presentó escrituras públicas, certificaciones del expediente de subasta, base del contrato, certificación del Registro de la Propiedad, afirmativas del derecho, que revindicaba; consta, así mismo, que los demandados no han presentado ni una sola prueba, no ya que pudiera destruir éstas, pero de ninguna clase, limitándose á traer las Reales órdenes sin ningún valor en derecho civil, que contradecían los de la Sociedad, certificación de un expediente de concesión de un molino al Sr. Montalbán, y otra de un funcionario que declara haber cobrado el cánon la Administración posteriormente á la detentación, contra la cual ha reclamado el demandante; cosas todas que nada tienen que ver con el derecho, que se controvierte, y que solo confirman, como al principio dije, el hecho de la detentación. Por haberse verificado esa concesión, haberse publicado esas Reales órdenes y haber ejercitado actos de señorío en propiedad ajena la Administración, es por lo que el demandante ha tenido que acudir á los Tribunales para que le mantengan en sus derechos y lancen al detentador; de suerte que esas, que solo pueden llamarse pruebas, por haberse hecho en el período probatorio, no lo son de ninguna manera, sino para patentizar más la usurpación; la sentencia, pues, debió limitarse, una vez hecha la prueba y averiguada la exajenación de los trozos del canal, á condenar al demandado, puesto que ni tachaba los documentos, ni los adolecía, ni presentaba alguno otro eficaz en derecho civil, que pudiera considerarse igual ó mejor.

No es posible formar idea de la clase de pruebas que la Sala necesita para condenar á un usurpador, pues hasta ahora no se conocen otras mejores que las escrituras públicas, los
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documentos fehacientes y judiciales demostrativos de la existencia de la enajenación y de la tradición de la cosa, y hasta para que no faltara ninguno, aunque eran innecesarias, las declaraciones de testigos; pero aunque todo esto no fuera, el supuesto de que parte la Sala de que el demandante tiene que probarlo todo, no se con qué pruebas divinas, puesto que humanas no falta ninguna, y el demandado no tiene que probar nada, ni siquiera la legitimidad de la posesión, que violando la Constitución se atribuye, es de todo punto erróneo, pues no solo al actor le bastaba con haber presentado la escritura pública ó el certificado del Registro, pero además, según la Ley 8.ª, tít. xiv, Part. 3.ª, no habría tenido necesidad siquiera de probar muchos de los hechos, que ha probado, por existir en favor de él la presunción de la Ley, en caso de no probarse en contrario.

Envolvié la negativa del demandado, entre otras afirmaciones, la de que era poseedor legítimo, y en vez de probarlo, ha confirmado la detención violenta, habiendo sido absuelto por usurpador, puesto que la misma sentencia afirma que las disposiciones administrativas son ineficaces, y son los únicos documentos del demandado.

Aunque la Ley de Enjuiciamiento haya modificado las Leyes 8.ª y 28, tít. xvi, Part. 3.ª; 2.ª y 5.ª, tít. xi, lib. 11 de la Nov. Rec., y la 40, tít. xvi, Part. 3.ª, no quiere decir que el juzgador deje de infringirlas, cuando, como en el caso presente, prescinde de las declaraciones unánimes de 15 testigos que afirman un hecho, la posesión en que ha estado el demandante; lo cual bastaba para que, no habiendo presentado el demandado ni sentencia, ni auto, ni documento alguno civil, que justifique, ni siquiera excuse, la usurpación que sostiene y ratifica, hubiera sido condenado independientemente de las declaraciones referentes á los derechos ventilados en el pleito, que errónea ó acertadamente quisieran hacer, pues, cualesquiera que estos sean, y como quiera que se estimen ó ignoren en la Sentencia, lo que de ella resulta claro es que se absuelve á un usurpador, demandado por el poseedor legi-
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timo y por quien de buena fe y con títulos se considera dueño de la finca usurpada. Injusticia que resulta principalmente de los errores, en que ha incurrido la Sala acerca de la manera como han de hacerse las pruebas, y sobre el valor específico de cada una de ellas.

Violación de la Ley Hipotecaria.

Hasta ahora he partido de la hipótesis, pues solo haciendo muchas puede ni siquiera ser objeto de discusión tan extraña sentencia de que el demandante fuera el primitivo comprador; pero, como el lector habrá comprendido al referirme varias veces á un certificado del Registro de la Propiedad, el demandante es tercer adquirente de finca inscrita como libre y sin ninguna de las servidumbres ó desmembraciones de dominio, que la Sentencia ha ideado para fundar el fallo; esto es de toda evidencia, y ha debido verlo la Sala, si ha leído el certificado referido.

La Sentencia analizada, aunque parezca inverosímil, es el único hecho, que derecho no hay ninguno, que contravenga esta doctrina, pues por ella queda absuelto el dotentador, poseedor, ó si se quiere hasta legítimo dueño, ya que en lo tocante á los principios de la Ley Hipotecaria es lo mismo, de una finca, que la Sociedad demandante adquirió del primitivo comprador, el cual la tenía inscrita sin ninguna de esas limitaciones y como propiedad exclusivamente suya en el Registro de la Propiedad.

No explicarla el caso, por demasiado sencillo, si no existiera la Sentencia, porque es claro que si el canal está inscrito á nombre de la Sociedad, si en esa inscripción no se consigna la existencia de servidumbre ninguna, ni desmembración del dominio, con relación á la Ley Hipotecaria, es como si no existiesen, aunque efectivamente tuviera la Administración títulos, que no tiene, que las demostrase; pero hay más; bastaría un análisis legal de esa inscripción y un me-
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diano conocimiento de la referida Ley, para demostrar, sin contradicción posible, que el Estado enajenó el canal y que su dominio absoluto lo adquirió el causante de la Sociedad y después ésta:

1.º Por que según la resolución de la Dirección general de los Registros de 24 de Setiembre de 1877 en relación con el art. 11 de la Ley, el Estado somete sus bienes desde que autoriza su inscripción a las obligaciones de la Ley Hipotecaria, y se sujeta al derecho civil, como todos los ciudadanos.

2.º Conforme al núm. 6.º del art. 2.º de dicha Ley, y en cumplimiento del art. 14 del R. D. de 11 de Noviembre de 1864, concordante con la anterior disposición y vigente, habían de inscribirse necesariamente los bienes inmuebles ó derechos reales poseídos por el Estado y que debieran enajenarse con arreglo á las Leyes de desamortización, y esta inscripción no debía hacerse, sino hasta que llegara el caso de su venta ó redención á favor de los particulares.

3.º Conforme á lo dispuesto en el art. 16 del citado R. D., era de necesidad absoluta para que el causante de la Sociedad hubiera inscripto, como inscribió, el título traslativo del dominio de los molinos y el canal, que previamente se hubiera hecho la inscripción preceptuada en el citado art. 14.

4.º Si después de enajenado ese canal, aunque no sea eso lo que la Administración pretende, se hubiera rescindido ó anulado la venta ó adquirido sobre él algún derecho, con arreglo al art. 24 del citado R. D., se hubiera anotado previamente y después inscripto.

5.º Por lo tanto, el hecho solamente de que aparezca inscripto en el Registro á nombre de persona determinada, prueba que el Estado enajenó ese canal. Pero hay más: la circunstancia de que, como es costumbre en tales casos, la inscripción hecha á favor del adquirente sea una traslación literal de la que hizo el Estado, demuestra que éste transfirió en la escritura todos los derechos, que sobre el canal tenía, y la de no haber inscripto después ninguno, denota claramente
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que por actos posteriores no ha llegado á adquirir ningún otro.

6.º Si el registrador no podía inscribir el título de la traslación de dominio que el Estado hacía al comprador, tampoco lo hubiera hecho después del de la Sociedad, si hubiera habido otro mejor que el del primitivo comprador, respecto á la propiedad del canal, y, por lo tanto, la Sociedad demandante, después de haber inscripto su título de dominio, entraba en el goce de todos los derechos y privilegios legales establecidos por la Ley Hipotecaria. La Sala, pues, aunque no hubiera presentado el demandante sino el certificado del Registro y los títulos inscriptos, puesto que no se adolecían los presentados, cualquiera que hubiera sido el derecho, que demostrase la Administración, mucho más no demostrando ninguno, debió condenar á ésta á que dejase libre y desembarazada la finca objeto de la inscripción, y, no habiéndolo hecho, ha violado manifiestamente los arts. 23 y 27 de la Ley Hipotecaria, según los cuales los títulos que no estén inscriptos en el Registro no podrán perjudicar á tercero, y claro está que mucho menos los actos de despojo, que no se excusan siquiera en título alguno. Que la Sociedad demandante es tercero, se advierte con solo ver que quien intervino en el contrato inscripto fué D. Isidoro López.

Podría hasta sostenerse con arreglo al art. 34, que, aunque se hubiera anulado ó resuelto después el derecho de este señor, una vez inscripto el contrato no hubiera podido invalidarse; pero como la Sentencia lo declara válido, no hay para qué insistir sobre esto. Según el art. 36, ni siquiera las acciones reseisorias y resolutorias se dan contra tercero que haya inscripto. La sentencia, pues, es abiertamente ilegal, aunque solo se mire á los derechos reconocidos al tercer adquirente por la Ley Hipotecaria.

Mas, aunque hubiera presentado la Administración algún documento eficaz en derecho, ó se consideren tales esas disposiciones administrativas, origen de la detención, desde el punto en que de dichos documentos no se ha tomado razón
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en el Registro, siendo su objeto hacer efectivo el supuesto derecho en perjuicio de tercero, no solo no procedía la absolución, que ésta no se la explicará nadie, pero ni siquiera podía haberlos admitido el Juzgado con arreglo al art. 396 de la mencionada Ley Hipotecaria. Es doctrina jurídica esta, que vengo exponiendo tan clara e incontrovertible, que para apoyarla solo citaré tres decisiones del T. S.: una de 1.º de Julio de 1888, en la cual se declara terminantemente que la falta de inscripción de un título produce su ineficacia en juicio respecto á terceras personas; otra es de 3 de Diciembre de 1887, y en ella se establece que á tenor de los arts. 2.º, 13, 23, 25 y 27 de la Ley Hipotecaria, los títulos, en que se constituyan ó reconozcan derechos reales, han de inscribirse en el Registro de la Propiedad, debiendo las servidumbres constar especialmente en las inscripciones del predio dominante y del predio sirviente, sin cuyo requisito no perjudican á tercero. Y á propósito de esto indicaré que estas razones son una prueba más del error cometido por la Sala, cuando supone que la Administración demandada, y por ella absuelta, pudiera alegar siquiera ni servidumbres, ni desmembraciones del dominio, pues claro es que, si existiesen inscriptas, habían de estar en el predio dominante ó sirviente, si por tal quisiera considerar ese canal de fuerza motriz, que para cometer tal injusticia se ha inventado. Es la tercera sentencia que quiero mencionar, la de 9 de Febrero de 1888, en la cual, por cierto, se formula una doctrina en todos sus extremos aplicable al caso que analizo; en ella se dice que la cesión y compra son títulos traslativos de dominio, axioma, después de todo, y que sólo á la Sala 1.ª de la Audiencia de Madrid le parece discutible y aun errónea, puesto que, como se ha visto, no considera probado el dominio de una finca por la escritura de compraventa de ella; dice también que los pleitos deben fallarse según lo alegado y probado, cosa que dudo mucho haya tenido presente la Sala; pero dejando esto aparte y refiriéndome á ella con relación á la Ley Hipotecaria, declara una cosa, después de todo evidente, y es, que los títulos no inscriptos
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no pueden perjudicar á terceros adquirentes; que no ya los actos arbitrarios de la Administración, pero ni siquiera los contratos; pueden perjudicar á quien ni siquiera ha intervenido en ellos, y que las servidumbres no inscriptas, aunque fueran ciertas, no pueden establecerse en perjuicio del tercer adquirente con arreglo al art. 27 de la Ley. Igual doctrina que esta Sentencia declaran la de 22 de Diciembre de 1884 y 16 del mismo mes de 1889.

Sentencia ineficaz.

Lo es la que examino, por no resolver ninguno de los extremos del pleito. No podrá además ejecutarse, porque un Tribunal puede hacer que prevalezcan injusticias, pero no que lo absurdo tenga realidad. En virtud de ellas, ¿qué derechos inscribirá, por ejemplo, el registrador? Declarándose válidos los títulos, hoy inscriptos á nombre de la Sociedad, ¿cómo cancelará aquél la inscripción para sustituirla con otra, á nombre del Estado? ¿Qué será lo que inscriba, aunque con el mejor deseo lo pretenda? No habrá nadie capaz de contestar estas preguntas. Además, ¿cómo dará el salto mortal ese funcionario desde la inscripción de títulos válidos á la de una usurpación sin título alguno, aunque lo empuje y ampare una sentencia? Esta es título cuando lo es, mas no cuando nada resuelve y es en sí misma contradictoria.

Ahora yo pregunto: al ejecutarse la sentencia, ¿a quién se otorgan esas márgenes? ¿A la Administración? En este caso, sobre la incongruencia de conceder más de lo pedido, sobre la falsedad que resultaría de negar cosa taxativamente expresada en la escritura, subsisten las razones expuestas anteriormente. ¿A la Sociedad? Entonces, ¿cómo se ha absuelto á la Administración demandada por haberlas enajenado y roto? Aunque le reconozca algún derecho sobre ellas, ¿cuál es y con qué límites? De la sentencia no resulta nada
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mero de personas aseguradas en 1888 fué de 63.053, figurando un capital de 282,3 millones de marcos. De esta suma la Banca de seguros alemanes, de Gotha, operó por 33,3; la Germania, de Stettin, por 26,6; la Compañía de Seguros, de Leipzig, por 25,3, y la Sociedad general de seguros, de Carlsruhe, por 20,7.

Estas cinco sociedades, que son seguramente las principales de Alemania, aseguraron por 129,4 millones, ó sea el 45'87 por 100 del importe de los negocios realizados por todas.

El número de personas aseguradas en 1888 ascendía á 785.475.

La Compañía de Gotha tiene un capital asegurado de 529 millones; la Germania 320; la de Stuttgart 265; la de Leipzig 260, y la de Carlsruhe 210.

La suma pagada á los herederos en el año citado fué de 44,4 millones de marcos.

Como se ve, Alemania es un país próspero, y el secreto de esta prosperidad no es otro que la honradez y la inteligencia de los administradores de la Hacienda nacional.

Contribuyen no menos á este feliz resultado, una tributación nada onerosa, un crédito fácil, sostenido por cerca de 4.000 Bancos, algunos de los cuales, como el de Colonia, operó por 2.792 1/2 millones de marcos en el año 1887; trasportes por ferrocarril baratísimos, en una extensión de 40.963 kilómetros, sin contar las líneas industriales, que alcanzan una superficie de 1.693 kilómetros, y que si bien no están todas ellas abiertas al servicio público, facilitan por modo extraordinario el movimiento comercial; Gobiernos fuertes, ilustrados y progresivos, que se preocupan seriamente de armonizar los intereses materiales con las necesidades de un pueblo laborioso que sabe, por medio de un trabajo inteligente y asiduo, triunfar del clima y del suelo, bien poco generoso por cierto.

No sabemos, ni es fácil calcular, lo que el porvenir tendrá reservado á esta gran nación; pero mientras llega el día de la prueba, Alemania sabe sostenerse digna y respetada con