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contradiciendo, no solamente todas las leyes vigentes y doctrinas legales, sino los principios universales de derecho condensados con relación á este caso en la Ley 57 del Digesto, cuando dice: «sin autem venditor quidem sciebat domum ess et exustam...»

Dispone la Ley 23, tít. v, Partida 5.ª, que el vendedor debe entregar la cosa en el estado en que estaba al perfeccionarse el contrato; es doctrina inconcusa que si la venta tiene por objeto un conjunto á precio alzado, ha de entregarse todo el contenido y los adherentes. La Sala y el Juzgado opinan, no solo que puede recobrar por la violencia el vendedor lo que entregó, pero además que no está obligado á entregar todo el contenido y sus adherentes, puesto que absuelve al demandado, sin otra razón que la inexacta aseveración de que el demandante no ha probado que con el canal y sus márgenes adquiriera el agua, ó sea el contenido, ni el derecho á cobrar el cánón, ó sea el de percibir los frutos civiles de la cosa comprada.

Las Leyes 50 y 51, tít. v, Partida 5.ª, dicen que si uno vendiese una misma cosa á dos personas en distintos tiempos, será del que tomó posesión y pagó. La Sala, sin embargo, al absolver al Sr. Montalbán, comprador al Estado de un pedazo de las márgenes vendidas en 1864 al Sr. López, por este poseídas y pagadas, y al Estado que las enajena dos veces en distintos tiempos, pretende que la finca sea del que ni ha tomado posesión ni la adquirió primero, privando de ellas al que hasta las tiene inscritas en el Registro de la propiedad.

Vende la Administración en 1864 el canal libre de cargas y gravámenes; la sentencia, sin embargo, dice que estos son tales, que de hecho queda sin objeto el contrato y al mismo tiempo que son válidas las escrituras y no procede la rescisión; por donde resultaría que tampoco, según ella, procede la acción redhibitoria, ni siquiera la estimatoria, burlándose así las Leyes 63 y 65 del tít. v, Partida 5.ª, de tal forma, que ni siquiera daños y perjuicios habría de indemnizar el vendedor.
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Según las Leyes 20 y 28, tít. xiv, Partida 5.ª, el error de hecho, ya á cerca de la materia, ya sobre la sustancia de la cosa, anula el contrato; del fallo resulta que al enajenar la Administración trozos de canal, de que hablan las escrituras, solo transfirió una inútil é innecesaria servidumbre de artefacto, ya adquirida con los molinos; no podría ser mayor el error de hecho si prosperase esta opinión, y, sin embargo, la Sala declara, que no hay lugar á la nulidad. Lo mismo acontece tocante á la doctrina relativa á los vicios ocultos. (Leyes 63 y siguientes, tít. v, Partida 5.ª.)

Sean los que fueren los errores y equivocaciones de la Sala que prevalezcan, hay una cosa evidente, que se descubre hasta en los más pequeños accidentes; el dolo y mala fe de la Administración, la cual ha esperado á que estén pagados los plazos y en poder de extranjeros la finca, para detentarla y poner en duda los derechos, que transfirió, empleando el engaño con maquinaciones insidiosas y habiendo inducido al comprador á celebrar un contrato, que no hubiera celebrado, sino dijera que enajenaba un canal con sus márgenes. Halc hecho experimentar daño por ocultar circunstancias de la cosa, que la harían, si tamaño invención prevaleciese, no ya disminuir de valor, sino que la privarían de todo él, para después alegarlas el mismo vendedor en su pro; actos que constituirían una verdadera defraudación (1).

Siendo en tal supuesto tan manifiesto el dolo, y éste causa de nulidad, la Sala absuelve al que lo comete y declara válido el contrato, á que dió origen, infringiendo la Ley 7.ª, título xxxiii, Partida 7.ª, que considera el dolo causa de rescisión, y la 3.ª, tít. x, lib. 10 de la Nov. Rec., y la 21, tít. v, Partida 5.ª, según las cuales el dolo, como el error sobre la sustancia y sobre la cosa, anula el contrato, y además la Ley 12, tít. v, Partida 5.ª.

Gregorio López.

(Continuará.)

(1) Véanse los ejemplos de la Ley 57, tít. v, Partida 5.ª.
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CRÓNICA POLÍTICA INTERIOR

Madrid, 18 de Agosto de 1890.

La nota culminante de la quincena ha sido la reunión de la Junta central del censo, de cuyos acuerdos daremos después noticia. Es un hecho de trascendencia suma, que ha producido muy diversos efectos, unos de índole particular en el partido conservador y otros de carácter fundamental en lo tocante á las relaciones y coordinación de los poderes del Estado. Es la ventilada en la Junta del censo una cuestión doctrinal de tan extraordinaria importancia, que nos hace dudar, si habrá sido examinada con la reflexión y aplomo que las conclusiones adoptadas requerían.

En realidad, por la ley electoral ha quedado esencialmente modificada la Constitución, demostrándose con esto cuán inútil es poner cortapisas escritas en los artículos del Código fundamental y cómo no lo hay mejor que aquel, en el cual se infunde la vida completa de una nación. No imaginaron siquiera los inspiradores de esos artículos, que plantearan un problema de derecho público de tamaña importancia; ellos se preocuparon únicamente de buscar garantías á la libre emisión del voto, introduciendo un cambio en el organismo político, del cual no tenían cabal conciencia. Lo ocurrido
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con una estación de ensayos químicos y una escuela de lechería.

5.º El Instituto Agronómico de la Universidad Real de Gottingue, con laboratorio para la química agrícola, Instituto de veterinaria, estación de ensayo y jardines especiales.

6.º La Escuela Agronómica superior de Berlín, que contiene un Instituto mineralógico, un Instituto de geología agrícola, los Institutos técnicos de cultivo, zootécnico y botánico, los laboratorios de fisiología vegetal y animal, el de investigaciones para la industria azucarera, destilatoria y la féculogomosa, un magnífico museo de maquinaria agrícola, y colecciones completas de cráneos de animales domésticos y de plantas agrícolas.

7.º La Academia Real Agronómica de Poppelsdorf, que contiene un Instituto de geodesia agrícola, otro técnico de cultivo, con su granja modelo, su campo de ensayo, una Escuela de arboricultura y cultivo de legumbres, todo auxiliado de una gran biblioteca y una sala de máquinas, instrumentos y utensilios agrícolas.

8.º La Academia Real Forestal de Eberswald.

9.º La Escuela Real Veterinaria de Berlín.

10. La Academia Real Forestal de Munden.

11. La Escuela Real Veterinaria de Hannover.

Réstanos añadir, para que se comprenda toda la importancia que Alemania concede á esta clase de establecimientos de enseñanza superior, que durante el invierno de 1884-85 han asistido á sus clases 1.295 estudiantes, á los cuales dan en ellos la instrucción 179 profesores titulares y suplentes; y que el ministerio de Agricultura, dominios y bosques, concedió en dicho año subvenciones por valor de 971.780 marcos, sin contar 241.692 marcos otorgados á las escuelas de veterinaria.

A continuación de los establecimientos de enseñanza superior, vienen, en concepto de secundarias, las escuelas agronómicas. De estas se cuentan 16, repartidas por diversas ciudades, siendo las principales las de Hildesheim y de Bitburg.
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denota una vez más la desdichada manera de legislar en este país; por dar gusto á uno, por evitar discusiones, por no dar ocasión á votos particulares, se van alterando los artículos, añadiendo una palabra aquí, variando allá un concepto, según el capricho ó la mira especial de un diputado, resultando luego en vez de una ley orgánica y con finalidad determinada un confuso conjunto de diversos criterios de difícil é imposible aplicación.

No nos cansaremos de repetir una punzante preocupación que nos roe la conciencia y que nos inclina á la censura del partido gobernante, por su abominable táctica en la oposición. Si en vez de haberse dedicado á un obstruccionismo estéril de esa ley, que ahora resulta para ellos desconocida, y de haberla dejado pasar sin ningún género de exámen en el Senado, la hubieran discutido y puesto de relieve el alcance político de los que aparecían como pormenores, siendo fundamentales reformas, no les ocurriera hoy el grave percance mencionado.

Los que censuran al Sr. Silvela por haber convocado la Junta no han meditado sobre la trascendencia de ese nuevo organismo político, cuando tal hacen. ¿Qué otra cosa podía y debía hacer el ministro de la Gobernación? Puesto que se lo encuentra constituido por una ley sancionada por la Corona, ¿podía dejar de acatarlo y respetarlo? Prescindir de él valía tanto como empezar la gestión política del Gobierno con un golpe de Estado. Dicen que el Sr. Elduayen no ha venido á la reunión porque le ha disgustado que el leader eloquente del partido conservador haya convocado esa Junta; si esto fuera cierto, bien inmediata está la contestación que podría dárselle, diciendo que, si considera perjudiciales las facultades y atribuciones de ese especial organismo, pudo combatirlo, como era su deber, en el Senado, de cuya minoría era jefe en aquella tarde memorable en que, con asombro y extrañeza de todo el mundo, convocó á los conservadores de la Alta Cámara para que en masa renunciaran á la palabra, dejando pasar la ley sin discusión ninguna. Quizá eso
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retrasara unos días ó unos meses el advenimiento del Gobierno conservador, pero quizá también evitara á éste conflictos políticos, de cuya serie lo ocurrido ahora no es más que insignificante muestra.

Aunque resultara mala é impracticable la ley, los únicos que no tienen derecho á decirlo ni á quejarse son los conservadores, por haber preferido á mejorarla valerse de ella como instrumento de trasnochadas trastiendas políticas. El partido liberal tiene al menos la disculpa de que si resultan algunos detalles defectuosos, más que á su iniciativa se deben á la necesidad, que tuvo, de ir transigiendo para salvar el principio que ante todo habla de tener en cuenta. Es de lamentar que de tal manera se remendase y dislocara el magnífico proyecto del Sr. Moret, expresión del pensamiento del partido liberal, pero no tienen la menor parte en esto con su conducta los actuales gobernantes.

Negar que la ley electoral novísima tiene algunos defectos, que han de ofrecer dificultades prácticas, sería estar influído de fanática preocupación; hay pormenores, como el de la impresión de las listas y otros, que han de dar bastante que hacer y que pensar; pero después de todo, achaque es este de toda obra legislativa. No habrá ley más meditada y analizada que el Código penal, y es difícil encontrar ley más deficiente. La del sufragio, ténegalos ó no, es ley, y hay que cumplirla, y el Sr. Silvela ha obrado con un patriotismo y una corrección no bien estimados ahora, porque la pasión de unos y otros oscurece la vista de todos, al convocar la Junta del censo; no sólo porque cumplía un precepto legal, sino porque realizaba un acto de prudencia y discreción políticas de suma importancia. Para comprender esto no hay más que pensar en lo que habría sucedido si se hiciera lo contrario. Probablemente á estas horas habría ya formada una estruendosa coalición de todos los elementos liberales, y quién sabe si iniciado también un retraimiento peligrosísimo y perturbador.

Los conservadores, que censuran al Sr. Silvela, deben ser
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de aquellos que tienen estratificadas las ideas y vuelto hacia atrás el entendimiento, y creen que no han pasado años y sucesos, que impiden usar cierto género de procedimientos. Por desgracia para el perspicaz ministro de la Gobernación, son demasiados los corregigionarios, que no comprenden sus aspiraciones ni disciernen la diferencia de los tiempos, y aunque es habilísimo y de un carácter enérgico bien que en apariencia suave, presumimos que no pueda vencer en la lucha con los elementos de su partido, acostumbrados á los desplantes políticos y á las arbitrariedades concordantes con los caprichos é intereses del caciquismo.

Lo peor que puede ocurrirle es sucumbir á ellos, pues al cabo es una gran esperanza, y quedando prestigioso y entero, con sus procedimientos é ideas, siempre sería centro de atracción, que congregara dispersos restos de la tendencia verdaderamente conservadora del país, cuando llegue el próximo instante de la descomposición total del actual partido.

Deje á unos cuantos que tornen los ojos al Sr. Romero Robledo, recordando con fruición aquella facilidad para prescindir de las leyes en beneficio de los intereses de bandería; porque eso es cosa, que ya no puede volver y no volverá. A esos ya les ha dado con sutil ingenio una lección yendo al Círculo del partido y diciéndoles que no es pidiendo arbitrariedades como se triunfa en períodos de libertad, gobiernen ó no los amigos, sino trabajando con fervor é imitando á los liberales. Aconsejóles con discreción no exenta de ironía que, como éstos, procedan á usar el derecho, que la ley otorga á todos los ciudadanos, reclamando la inclusión y exclusión de las listas. Esto parece, que ha exasperado á algunos que esperaban triunfar por medios más expeditos, confiando poco de las simpatías de la opinión, pero es el único camino para que haya paz entre los partidos y en el país, debiéndole importar poco al Sr. Silvela que sus amigos le critiquen y sus adversarios por lo pronto no le hagan justicia.

Después de todo, la injusticia de los partidos es cosa de poca monta para un estadista que, cumpliendo su deber, hace
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un beneficio á su Patria, y al cabo, pasados los primeros nubarrones, se impone la opinión del país, cuando éste, despejado el horizonte, puede observar los hechos á la luz de su propio raciocinio y no por lo que le presenten apasionados comentaristas.

Es muy posible que por lo pronto, si persiste en esa conducta, le ocasione en su partido momentáneo oscurecimiento; pero como tiene méritos propios y sólo pueden prevalecer los procedimientos, que parece iniciar, no tardarán en sobreponerse con eficacia y prestigio, y aunque así no fuera, para hombre como él debe ser superior la propia satisfacción que las adulaciones e interesadas alabanzas de no muy generosos cofrades.

Es sensible, sin embargo, que este espíritu de exquisita legalidad que en las altas cuestiones inspira al Sr. Silvela, no lo aplique también á las menudencias diarias, satisfaceiendo menos que lo hace al caciquismo conservador con las continuas suspensiones de Ayuntamientos verificadas con mal disimulada arbitrariedad, y que al mismo tiempo no hiciera algo en pro de los deseos del país, no perturbando la Administración con las innumerables cesantías con que ocasiona verdaderas hecatombes en las familias y da lugar á terribles represalias para el día, en que entre á gobernar el partido liberal, que en este punto como en otros ha introducido laudables modificaciones en las antiguas costumbres políticas. Sería bueno que así como entiende que las leyes no son pantallas, donde los Gobiernos oculten todo género de arbitrariedades para servir á los amigos, comprendiera que el presupuesto no es un botín, que puede repartirse á los paniaguados entrando á saco en los servicios públicos.

***

Convocada, como hemos dicho, la Junta central del censo, y habiendo venido á Madrid, dando ejemplo de patriotis-
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mo, casi todos sus individuos ausentes, se constituyó en la forma siguiente:

De los quince vocales que según la ley componen dicha Junta, asistieron los Sres. Alonso Martínez, Sagasta, Castelar, Salmerón, Palanca, Cánovas, Martos, Gil Berges, Cárdenas (D. Francisco), Cervera y Valero y Soto.

Dejaron de concurrir los Sres. Ruiz Zorrilla, marqués de la Vega de Armijo, Elduayen y Montevirgen, á los cuales reemplazaron respectivamente los suplentes Sres. Silvela (D. Francisco), Núñez de Arce, marqués de Sardoal y Capdepón.

Después de insinuar el Sr. Silvela las cuestiones sobre las cuales había que resolver, el Sr. Castelar planteó una previa importantísima sobre las atribuciones y carácter de dicha Junta, de la manera que indica el relato, que de El Imparcial copiamos:

El Sr. Martos, inspirándose en un criterio ministerialísimo tan apasionado y excesivo, que los mismos amigos de la situación lo censuraban, dijo que la Junta debía limitarse á contestar á las preguntas del cuestionario leído por el señor Silvela.

Según el Sr. Martos, á esto quedaban reducidas las funciones de la Junta y fundó su teoría en todas las quintas esencias que le sugiriera su lamentable propósito de hacer la causa de los conservadores.

El Sr. Castelar elevó la discusión á una gran altura. Estimando que no se trataba tanto de los casos concretos que el Gobierno juzgara dudosos como de establecer para lo sucesivo, dejando jurisprudencia y costumbres sentadas, hasta dónde llegaban las facultades de la Junta central del censo, presentó á la consideración de los congregados el punto esencial y principalísimo, que era establecer las atribuciones y derechos que la ley concede á la Junta.

Recordó el orador republicano cómo había querido que tal cuestión se dilucidara en la primera y en la segunda sesión celebrada por los señores de la Junta, proponiendo una re-
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glamentación decretada por este mismo cuerpo con aquel mismo derecho con que dicta su reglamento el Congreso.

El Sr. Silvela contradijo al Sr. Castelar, manifestando que el Gobierno no usaría nunca en materias electorales del derecho concedido por la Constitución á los representantes del poder ejecutivo para dictar reglamentos encaminados á la mejor ejecución de las leyes.

El Sr. Silvela insistió mucho en que no debía dictarse un reglamento ni fijarse por escrito las facultades de la Junta del censo, toda vez que la ley no lo determinaba.

En éste como en todos los casos sucesivos, el Sr. Martos se puso al lado del Gobierno, apoyando las opiniones del señor Silvela con toda la elocuencia que le es propia.

El Sr. Castelar insistió en sus primeras manifestaciones demostrando la necesidad de que las facultades de la Junta central del censo quedaran definidas, y de que el Gobierno que hablaba de las atribuciones consultivas, recordase que también las tiene ejecutivas y aun penales. Hizo presente que la opinión pública había reunido, más que la convocatoria del Gobierno, á aquellos ilustres varones allí congregados, porque creía llegado el caso de que avanzándose en el camino del progreso político, se creara el poder electoral sobre bases sólidas y amplias.

La ley electoral española—dijo el Sr. Castelar—se parece mucho en su contextura interior al régimen suizo y americano. Así como estas dos Repúblicas separan el poder ejecutivo del poder legislativo, nuestra ley electoral suprime al poder ejecutivo de toda intervención, en tales términos que la palabra Gobierno y la palabra gobernador no salen por ninguno de los artículos.

Tres son las operaciones fundamentales del proceso electoral: censo, votación, escrutinio. Pues en ninguna de tales operaciones—añadió el Sr. Castelar—tiene intervención ninguna el poder ejecutivo. Las Juntas municipales tienen que dirigirse á las Juntas de distrito; las Juntas de distrito á las Juntas provinciales; las Juntas provinciales á la Junta cen-
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tral; pero el Gobierno—siquiera necesita saber oficialmente y en su calidad de Gobierno, cómo se ha constituido el Congreso.

El Sr. Castelar indicó que dentro de la amplitud de la ley electoral, debían concederse á la Junta central del censo todas las atribuciones que el cuerpo electoral tiene.

De suerte—decla además—que aquí pasa mucho de lo sucedido en los Estados generales; se los llamó para que votaran tributos y ellos votaron leyes arrogándose la soberanía que le tocaba por derecho.

Nos citais para consultarnos y os respondemos recordando nuestras facultades propias y el carácter directivo de las operaciones del censo, que nos compete.

Y la prueba de tal verdad está en que nosotros tenemos del poder ejecutivo aquella facultad de imponer multas y ciertas penas correccionales, además de dirigir y vigilar el censo, con lo que bien puede asegurarse que gozamos lo conocido en los antiguos tiempos con el nombre de puro y mixto imperio. Así toca y añade á la Junta del censo advertir, y no solo advertir, censurar al Gobierno cuando sustituye en las Juntas municipales ó provinciales, por medio de arbitrarias disposiciones, hechuras propias, á los encargados por ministerio de la ley de tal ministerio.

Insistió el Sr. Castelar en que si en las primeras reuniones celebradas por la Junta del censo se hubieran decidido y fijado, como él y el Sr. Salmerón proponían, las atribuciones de la Junta, no se daría el caso que ayer se dió de que un miembro del Gobierno presentara un cuestionario é interrogase á los representantes por derecho propio del cuerpo electoral.

Añadió que á la Junta no debe asistir los miembros del Gobierno, sino como entidades parlamentarias, cuyos derechos son iguales á los de los demás miembros de la Junta.

Y concluyó diciendo que declarase su absoluta autonomía y su independencia completa del cuerpo electoral.

El Sr. Cánovas del Castillo contestó al Sr. Castelar, afir-
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mando que había en el caso dos puntos de vista diferentes; las facultades directivas de la Junta en lo que se refiere á sus relaciones con las Juntas provinciales y municipales, y el carácter consultivo que principalmente constituye su modo de ser.

El Sr. Silvela abundó en las mismas ideas del presidente del Consejo, vigorizando su argumentación y añadiendo que el Gobierno no tenía el propósito de desconocer ni menoscabar las facultades de la Junta, sin olvidar por eso el art. 11 de las disposiciones transitorias de la ley electoral el carácter de Cuerpo consultivo.

Habló entonces el Sr. Martos y dijo que la Junta central del censo tenía sólo facultades directivas y consultivas, explicando cada una de las atribuciones que la ley le concede con un criterio, no ya conservador, sino reaccionario. Las opiniones emitidas por el Sr. Martos no sólo fueron favorables por completo á lo que había manifestado el Sr. Silvela y el Gobierno, sino que aún otorgaba al poder ejecutivo una intervención en las operaciones electorales que el mismo señor Cánovas habrá creído excesiva.

Dejóse oír entonces la voz del Sr. Salmerón, quien en términos enérgicos y vivos censuró la actitud del Sr. Martos, hizo patente su inconsecuencia y restableció la verdadera y pura doctrina liberal.

Claro está que el Sr. Salmerón opinó que la Junta central tenía facultades omnímodas dentro de la ley electoral, y que toda intervención del Gobierno sería abusiva y contraria á lo establecido por las Cortes.

Las manifestaciones del Sr. Salmerón coincidieron por completo con las del Sr. Castelar.

La intervención del Sr. Capdepón en el debate fué el principio de la parte más animada, y puede decirse que borrascosa de la reunión.

Después el Sr. Capdepón presentó el siguiente voto de censura, que dió ocasión á muy acalorado debate:

«La Junta central del censo ha visto con profundo disgus-