Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 386

concesión otorgada al Sr. Montalbán (1), y en la carta de pago de éste, que obra en autos, relativa á cantidades abonadas por un trozo de ese canal. Por cierto que ni siquiera se observan las formalidades que exigen las leyes administrativas para llevar á cabo esas enajenaciones.

La Sociedad, pues, estaba en la tenencia corporal definida en la Ley 1.ª, tit. xxx, Partida 3.ª, y en la civil ó por otorgamiento de derecho, conforme á la Ley 2.ª de los mismos título y Partida, puesto que se apoyaba en justo título, la compraventa, habiendo, por consiguiente, ganado dominio.

(1) «Resultando que por Real orden de 31 de Agosto del mismo año se desestimó el recurso de alzada, interpuesto por Sabater. Resultando que posteriormente acudió al Consejo de Estado, y que aquel alto Cuerpo, en sentencia de 30 de Enero último, confirmó el acuerdo de la Delegación de Hacienda autorizando la concesión solicitada por don José Montalbán, y declarando que la Sociedad de riegos no tenía derecho alguno á la propiedad de las aguas del canal, cuya sentencia fué comunicada de Real orden á la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, con fecha 17 de Febrero último. Considerando que concedida de Real orden la autorización para la construcción del expresado molino, lo procedente es, en concepto del que suscribe, el nombramiento de los peritos, uno por parte de la Hacienda, dueña del canal, y otro por el interesado, para la tasación y valoración del terreno que debe ocupar la presa del molino, y los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse los abonaría en este caso al Estado, previa la correspondiente tasación de los mismos.» (Resolución de 9 de Mayo de 1885.)

Para que el lector vea cómo desde el principio hasta el fin de este asunto se ha desfigurado la verdad, y cómo los hechos falsos han sido la base de las resoluciones, voy á copiar la del Consejo de Estado de 30 de Enero de 1885, la cual, no solo no dice como afirma esa resolución que la Sociedad no tuviera ese derecho, sino que si algo prejuzga al declarar que se trate de una cuestión de dominio, es el que reclamaba aquella, constituyendo una verdadera censura á la Administración, que lo usurpaba sin haber acudido á los Tribunales.

Dice así la citada R. O.:

«Visto el art. 253 de la Ley de aguas de 13 de Junio de 1879, según el cual compete á los Tribunales que ejercen la jurisdicción civil el conocimiento en las cuestiones relativas al dominio de las aguas públicas y al dominio de las privadas y de su posesión. Considerando:
1.º Que aun cuando D. Ignacio Sabater, á cuya instancia recayó la Real orden reclamada, tuviera la representación legítima de la Sociedad demandante, es lo cierto que la cuestión propuesta, tanto en la vía gubernativa, como en la contenciosa, versa sobre el dominio, en las aguas de que se trata, y bien corresponda este derecho al público, ó aun particular, sólo compete reconocer á los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, con arreglo al art. 253 de la ley de aguas. 2.º Que en su virtud no procede el juicio que se intenta promover con la presente demanda. La Sala, de conformidad en parte con el parecer del Fiscal de S. M.,