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que aclare estas contrapuestas dudas; si, como se desprende de la absolución, puede la Administración enajenar siempre y como quiera esas márgenes, como sin ellas no puede haber canal, ni, por consiguiente, la inventada fuerza motriz, no solo se priva á la Sociedad del canal que compró, de las aguas y de las márgenes, sino también de los molinos, pues pudiendo vender aquéllas, sin tener para nada en cuenta los derechos de la Sociedad, quien se los compre puede hacer del canal y del agua lo que le plazca, sin consideración á aquéllos.

Veamos qué resuelve ó si resuelve algo. Se trata de un juicio declarativo en que eran precisas terminantes declaraciones en el fallo:

1.º Sobre la posesión legítima, en que se hallaba la Sociedad, y sobre el valor civil de los actos violentos mediante los cuales detentó la Administración. La Sentencia, en un considerando, dice, que dichos actos y disposiciones anteriores son ineficaces, pero como absuelve al detentador, que no ha presentado otros títulos, ó deja de resolver el punto, ó en el fallo admite que la usurpación sea título civil mejor que las escrituras y la posesión legítima, contradiciéndose á sí misma.

2.º Habiase pedido en la demanda una declaración acerca del derecho á disfrutar las aguas de ese canal, y á este punto parece referirse la sentencia, aunque tampoco resuelve acerca de lo pedido, y concede más de lo litigado, pues, reconociendo, por un lado, que el demandante adquirió el canal como fuerza motriz sin limitación ninguna, como derecho preferente y, sobre todo, como derecho suficiente, á que esas aguas sirvieran para poner en movimiento los artefactos, absuelve, sin embargo, á la Administración, que viene demandada por haber otorgado concesiones para que otros distrajgan y empleen en el mismo servicio esas aguas; la absuelve; además, contradiciendo su misma declaración, de que adquirió el canal como fuerza motriz, cuando se ha probado, con declaraciones del mismo demandado, que éste distrae esas aguas para riego, con lo cual quedan sin fuerza motriz tres
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de los cinco molinos, para los cuales compró esa supuesta fuerza la Sociedad. Ahora bien, ¿cómo se ejecutará acerca de este extremo la Sentencia? ¿Permitiendo que disponga la Administración, como hasta ahora y según implica la absolución, sin limitaciones, de las aguas, ó sea de la fuerza motriz? Esto es imposible, porque no siendo los molinos objeto del litigio, el que á la sazón sea dueño de ellos se opondrá. Si no es posible la sentencia absolutoria, sobre injusta, es inútil, por impracticable, por lo que á este punto atañe.

3.º Se ha pedido también una declaración y, sobre todo, ha versado sobre ella casi todo el averiguamiento ó prueba hechos en el pleito, acerca de la propiedad del canal, de sus cajeros y márgenes, y tampoco sobre esto resuelve la Sentencia, pues el que adquiriera el agua ó el canal, según impropriamente dice la Sala, como fuerza motriz, no implica que se le desconozca ó reconozca el derecho sobre las márgenes. Acerca de este punto se advierte una gran anomalía, pues mientras el demandante pedía al juzgador que se le reivindicasen esas márgenes, de que había sido despojado, el demandado solo pedía que se declarase que aquél no tenía derecho al uso del canal y de sus aguas, pero no pidió nada respecto á las márgenes; no obstante lo cual, habiéndolas usurpado y vendido, la Sala lo absuelve, así como al comprador de esas márgenes indebidamente enajenadas.

Que por estas, que el respeto obliga á llamar deficiencias, se han infringido las leyes y constante jurisprudencia, apenas hay que demostrarlo.

La Sentencia del T. S. de 18 de Abril de 1887, en su considerando tercero, declara que las sentencias deben ser claras y precisas, y no siéndolo infringen la jurisprudencia establecida en 22 de Abril de 1869, 5 de Diciembre de 1874 y la Ley 16, tit. II, Part. 3.ª Bien se ha visto que la de la Sala 1.ª que examino, ni es clara, ni precisa, ni ha resuelto las principales cuestiones objeto del pleito, incurriendo también en la infracción apreciada por el T. S. en Sentencia de 21 de Abril de 1887.
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Ha infringido también la Ley 16, tít. XXII, Part. 3.ª (1), la cual dispone que la sentencia debe ajustarse, no solo á la cosa sobre la cual contienen las partes, sino al averiguamiento ó prueba que es hecho (Sentencias de 18 de Noviembre, y 31 de Diciembre de 1885); es decir, que ha de recaer sobre todo lo que hayan discutido las partes y fuera objeto de las pruebas. Así lo ha entendido el T. S. en Sentencia de 27 de Abril de 1888, que consideraba infringida la antedicha Ley 16 y el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por sentencia, que había dejado de resolver parte de lo probado, y la de 18 de Mayo de 1888, casó otra del inferior por no haber resuelto la cuestión litigiosa en los términos, en que fué planteadas.

Asimismo ha infringido la Sala la doctrina legal al absolver al demandado, cuando consta que el demandante cumplió su obligación y probó su derecho. (Sentencias del T. S. de 14 de Julio y 29 de Octubre de 1884.)

Habiendo dictado la Sala 1.ª de la Audiencia de Madrid su sentencia por sospechas, y éstas infundadas e inexcusables, y no por hechos justificados de manera cumplida, ha infringido la Ley y la jurisprudencia, según la Sentencia del T. S. de 12 de Mayo de 1875; por cierto que no es la primera vez que tal hace aquélla, pues en 7 de Marzo el T. S. casó una sentencia suya muy semejante á la que analizo, por haber infringido la Ley 114, tít. XVIII, Part. 3.ª, al fundar el fallo en conjeturas más ó menos probables, que no deben prevalecer ante la realidad de los hechos acreditados por documentos. Bien es verdad que en el caso actual ni á conjetaura llega el fundamento del fallo, puesto que es una antijurídica invención el afirmar que se enajenó el canal como fuerza motriz.

Por no haber congruencia entre lo litigado y sentenciado, ha infringido además dicha sentencia la jurisprudencia esta-

(1) Ley 16, tít. xxii, Part. 8.ª: «Afinadamente debe catar el juzgador que cosa es aquella sobre que contienen las partes ante él en juicio; é otro sí, en que manera facén la demanda; é sobre todo que averiguamiento ó que prueba es fecha sobre ella, etc.»
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blecida en Sentencias del T. S. de 15 de Junio de 1877, de 22 de Setiembre de 1881, de 2 de Julio de 1885, de 12 y 20 de Diciembre de 1888 y mil más.

Pero no es lo peor que la Sala, prescindiendo de datos ciertos, como en la sentencia casada en 9 de Enero de 1888, haya juzgado por presunciones falibles, ó mejor dicho, por insostenibles invenciones, que no pueden constituir el fundamento sólido de una resolución judicial, ni que contenga tantos errores e injusticias, sino que en vez de resolver las cuestiones planteadas, es manantial fecundísimo de nuevos litigios por no haber hecho declaraciones concretas.

Bien se yo que es costumbre seguida la de aceptar los resultandos y considerandos del inferior sin copiarlos siquiera, cómoda y censurable práctica, que evita hasta el trabajo de leer la sentencia apelada, fiándose de lo que haya hecho el Juzgado; pero el que se haga muchas veces no quita á tal costumbre su carácter peligroso en asuntos de tamaña importancia jurídica y económica como este. Nadie creerá que á cinco hombres eminentes, de gran entendimiento, versadísimos en el Derecho, no se les ocurra algo nuevo acerca de tantas y tan graves cuestiones, aunque sea en el sentido y la dirección de la sentencia, que confirman. Siquiera en la forma literaria parece que habla de surgir, de inteligencias distintas, alguna diferencia, sobre todo, si en la resolución apelada escasea la sintaxis tanto como en esta, de que se trata. Por lo menos yo hago á la Sala la justicia de creer que si la ha confirmado con las costas, no la ha confirmado con la sintaxis y la prosodia.

La de la Sala, que examino, no solo infringe el art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil, por que ni es clara, ni precisa, ni congruente, ni hace las declaraciones exigidas; ni decide todos los puntos litigiosos, que hayan sido objeto del debate, pero además no se acomoda bien con el espíritu ni la letra del art. 372, pues ni se consignau mediante resultandos los hechos, ni mediante considerandos los puntos de derecho, limitándose á aceptar los del Juzgado. Aun pudiera permitir-
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se al juez que omitiese tal precepto legal, pues al cabo en la Audiencia habían de examinarse los hechos y los derechos de las partes; pero que un Tribunal, compuesto de hombres venerables por su edad y que han de ser ilustres por su saber, desfiera humildemente á la opinión de un juez, sin expresar la suya, aunque sea idéntica, es cosa que no contribuye mucho al prestigio de la justicia, ni de la Ley.

Resumen.

De la sentencia analizada, se desprenden las siguientes conclusiones:

1.ª Una escencial inexactitud, fundamento del fallo, al afirmar, contra toda realidad, contra el buen sentido, contra el espíritu de las leyes desamortizadoras, que se midió el canal como fuerza motriz. Las escrituras, el certificado del Registro y el expediente de subasta, dicen todo lo contrario.

2.ª Del fallo resulta que la usurpación puede ser título legítimo de dominio, pues se absuelve á quien no ha presentado otro eficaz que el hecho brutal de interrumpir por la fuerza la posesión legítima.

3.ª Las escrituras, en que se consigna la compra de una finca, no constituyen prueba del dominio, ni por dicho contrato se transfiere, puesto que constando en autos, absuelve al demandado que no ha presentado documento alguno eficaz, so prettexto de que no ha probado el demandante su pretensión, que era reivindicar la cosa objeto del contrato.

4.ª Tampoco prueban, según el Tribunal, el hecho de la posesión, actas confrontadas de Ayuntamientos, actas judiciales de posesión, declaraciones unánimes de testigos, disposiciones administrativas, que la reconocen, puesto que por falta de prueba en el poseedor absuelve al detentador y perturbador de la posesión.

5.ª A los veinte años de cumplido un contrato, de verificada la tradición y de estar en posesión de la cosa el com-
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prador, pueden examinarse los documentos e interpretarse con excusa de una acción reivindicatoria, interpuesta contra usurpador, y, por consiguiente, mediante actos de violencia; se pueden retrotraer los plazos legales, invalidar los efectos del cumplimiento y perfección de los contratos, y colocarse el vendedor en el momento de la convención, puesto que el no considerar probado el derecho del demandante, lo funda la Sala en la interpretación, sea ó no caprichosa, de la cláusula del contrato.

6.a Es válido, á juicio de aquélla, un contrato sin objeto ni consentimiento, puesto que declara válida la escritura en que se enajena un trozo de canal, según la Sala, como fuerza motriz de un molino, que está aguas arriba de éste, y supone que el comprador consintió en pagar cerca de medio millón por fuerza motriz, que no podía utilizar, sino cambiando las leyes naturales.

7.a El dolo, el engaño y el error en la cosa, no son causa de rescisión ni nulidad, cuando se cometen por el vendedor en propio beneficio, ni está obligado á devolver el precio, aunque resulte que no existe la cosa, ni á sanearla aunque, habiéndola declarado libre, aparezcan después servidumbres y gravámenes, puesto que absuelve al vendedor, que sin ellas enajena, y que á los veinte años, siquiera no las pruebe, las sustenta como fundamento de una usurpación, y no lo obliga ni á entregar la finca, ni á sanearla, ni á indemnizar.

8.a La Administración puede, aun dentro de sus facultades regladas, apoderarse violentamente, y sin observar formalidad alguna, de los bienes de los ciudadanos, perturbarlos en su posesión, sin que éstos tengan derecho á reclamar contra tales actos, ni medios de recobrar y reivindicar lo que les usurpe, siempre que á juicio de un Tribunal no prueben el dominio con mayores pruebas que escrituras, documentos fehacientes e inscripciones en el Registro.

9.a No solo es eficaz la usurpación para retrotraer los términos legales perentorios, permitiendo analizar los contratos y hacer que se cumplan de nuevo y de diferente modo que se
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cumplieron en tiempo hábil, sino que además permite que se interpreten suponiendo dudas, que no existen, y en favor del que ocasionó la duda; contra el consentimiento de los contrayentes, de suerte que hubiera sido imposible el contrato; contra la costumbre de la tierra; contra los hechos coetáneos anteriores y posteriores; sustituyendo con invenciones y conjeturas las palabras claras y terminantes de una cláusula; sosteniendo que cuando se vende un canal con sus márgenes y aprovechamientos de aguas, libre de cargas y gravámenes, hay que especificar, para que se considere vendido, que se enajena el agua y, por consiguiente, que la denominación dada al todo, no comprende sus partes, ni ninguna de ese todo, sino una servidumbre además imposible; que en una subasta no sirve para desechar la supuesta oscuridad de las escrituras el expediente, ó sea el contrato mismo, y que expresa mejor la intención de las partes cualquier declaración de una de ellas, hecha á los veinte años de celebrado el contrato, que las taxativamente expresadas en dicho expediente.

10. Que es lícito declarar la validez de un contrato decidiéndose al mismo tiempo que el vendedor se quede con la cosa objeto de él, y que es legal y moral no declarar á la vez que aquél devuelva el precio concretamente asignado á dicho objeto, y, por lo tanto, que puede llegar á ser ilícita la defraudación, siempre que se consolide mediante despojo no consentido.

11. Que cumple las leyes desamortizadoras la Administración, al aducir como excusa de un despojo la inexactitud, según la cual, al enajenar una finca se reservó el derecho de percibir los frutos civiles, de establecer en ella servidumbres y de impedir el ejercicio de todo género de derechos señoríales al comprador, reserva tardíamente aducida y contraria á lo declarado por ella en el expediente y en las escrituras.

12. Que una misma cosa puede venderse en distintos tiempos á distintas personas, y que es preferente el derecho del último comprador al del primero, que había inscripto su
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derecho, pues la sentencia absuelve á la Administración, demandada por haber vendido al Sr. Montalbán un trozo de ese canal con sus márgenes, que declara vendido anteriormente al demandante.

13. Que el tercer adquirente de finca, cuyos títulos estaban inscriptos y que él á su vez inscribió, puede ser despojada de ella, sin que siquiera se haya intentado imposible cancelación, ni acciones rescisorias más imposibles, y que el despojo es título preferente á las escrituras inscriptas, puesto que la Sala absuelve á la Administración, contra cuyas usurpaciones se reivindicaban trozos de canal inscriptos por tercer adquirente.

Tales son, entre otros, los fundamentales errores de derecho, que se desprenden inmediatamente de la sentencia al principio trascrita.

El lector paciente, que haya estado de humor para llegar hasta aquí leyendo tanta cita y la exposición de tan inveterados errores jurídicos, no acertará á comprender cómo puedan haberse cometido; disposición de ánimo, en que ahora mismo me encuentro yo, aunque algo perplejo y confuso, pues no sé como explicar el resultado de mis investigaciones bien entendido que para ello no he de faltar á mi conciencia calificando de justo lo que considero insigne é inaudita injusticia, ni tampoco consentir que por ella se excusen agravios ni ofensas á los Tribunales españoles, que serían tan injustos, como es la sentencia analizada. No se comprende cómo puede haberse incurrido en tanmaños errores de derecho, que el más insignificante haría salir suspensos á cualquier estudiante, por hombres encanecidos en la aplicación de las leyes. Yo solo me lo explico por la manera de funcionar nuestros Tribunales, singularmente en Madrid, que por raro milagro ó singular empeño, permite que los juzgadores puedan estudiar, ni aun por relación enterarse bien de los asuntos. De esta suerte puede colegirse el motivo de que hombres incapaces de decir, ni aun en broma y familiarmente, cosa contraria á la realidad, sostengan bajo su firma, en sentencia, que causa estado
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y ocasiona la ruina de muchas familias, que documentos, existentes en los autos para perdurable protesta contra la inexactitud, dicen una frase, cuyas palabras ni siquiera suenan en parte alguna de ellos, pues han ido á inventar concepto, que ni podrá componerse con palabras sueltas recogidas en todas las escrituras.

Extrañará á muchos el raro fenómeno de que la Administración, tan poco cuidadosa de sus intereses, vaya viento en popa en este asunto y haya acudido hasta los medios más reprobados por añadir una finca ajena en la serie de las para ella inútiles, que posee. Hacer esto quien con tanta facilidad se ha dejado escamotear con frecuencia las suyas, es digno de atención y merece algunas indicaciones.

Por lo pronto diré que no debe haberlo hecho por interés público, puesto que el mantener esa usurpación le viene á costar unas 16 á 20.000 pesetas liquidas al año, según datos que en el ministerio de Fomento se me han proporcionado, relativos al año pasado, con lo cual otros ganarán, aunque el Tesoro pierda.

La Sociedad, que adquirió ese canal, extranjera, y no muy ducha en ciertos achaques, era de los que creen inocentemente que por traer pensamientos muy beneficiosos al país, como el de llevar á cabo un extenso sistema de irrigación, no había de encontrar inconvenientes, con tanta más razón, cuanto que no pedía subvenciones y se contentaba con que se respetasen sus derechos.

El lector perspicaz habrá comprendido al leer que la Administración ha otorgado concesiones para levantar molinos, que hay algunos intereses, que no son los del Estado, á quienes perjudicaría que se respetasen los derechos de esa maltratada Sociedad, á la cual por cierto han puesto en liquidación, no sin regocijo de algunos, estos percances.

Además; de la misma suerte que la concesión del Príncipe Alfonso, con sus muchas, importantes y costosas obras realizadas, que arrancaba del canal sobre que ahora se contiene, se vendió en subasta por 250 pesetas. ¿Por qué no puede haber
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quien sueñe en adquirir este último por igual ó menor cantidad? Después de todo sería mejor negocio, pues en aquél salieron varios pleitos, que inutilizaron las ganancias, y en éste no habría riesgo alguno.

Pero sobre todo lo que la imaginación pueda suponer, hay una realidad, y es que contra esos derechos han conspirado intereses de caciquismo local y oficinesco de diversa ralea, de antigua historia y muy larga de contar, y de tal eficacia que han podido imposibilitar toda empresa útil durante unos treinta años en aquellas comarcas, por donde corren, formando charcos y pantanos, las aguas del alto Guadiana, mientras sucumben los sembrados á las pertinaces sequías de fértiles terrenos.

Triste es decir estas cosas, pero es más triste que sucedan y callarlas. No serán veraces, ni justos, los que generalicen el hecho, pues ni el espíritu del país tales atropellos deja de rechazar, ni en las leyes ni en las instituciones jurídicas pueden excusarse.

Por lo demás, como dije al principio, creo que se favorece la institución discutiendo estas cuestiones. Las sentencias son la última palabra respecto á los hechos, pero deben ser la primera tocante á la razón. Nada hay en el mundo que sobre ella esté, y todo debe juzgarlo y sancionarlo; pues para ello Dios la puso en el hombre. Los fallos de la justicia humana deben respetarse y después juzgarse, como los demás hechos históricos. Ellos son en sí buenos, pero el contenido no es igual en todos, y la arbitrariedad, como ha dicho un eminente escritor, no cambia de naturaleza, por que se la envuelva en una sentencia.

Gregorio López.

Por la copia,
B. Antequera.
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su ejército y su armada; con su comercio, que alcanza á la misma Francia, á la que envía, entre otras reses carnizadas, 25.000 carneros semanales; con su marina mercante, que alcanza 3.811 buques con 1.240.000 toneladas y 37.000 hombres de equipaje, y con su extenso crédito agrícola y sus innumerables Cajas de ahorros que llevan el capital hasta los pueblos más pequeños, á fin de hacer de cada hombre un propietario.

El día, no lejano, en que la misma perfección de las armas haga imposible la guerra y Alemania licencie su ejército, dedicando las cuantiosas sumas que hoy absorbe al mejoramiento de las clases obreras, ese día puede asegurarse que la Confederación de la Alemania del Norte será la primera nación del Universo.

C. FRANQUELO.
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LA GENTE ANTILLANA

RAFAEL M. DE LABRA

(Continuación.) (1)

En la política española los hombres de talento abundan y se multiplican á todas horas. Lo raro es encontrar el talento unido á la honradez del carácter. De este milagro sólo pueden dar testimonio, en el momento actual de la política, Salmerón, Pi y Margall, Azcárate, Ruiz Zorrilla, Labra y algunos otros, en escaso número. Porque en este país la corrupción pública es tan grande, que muchas inmoralidades se consideran licitas y hasta son aceptadas por algunos hombres que, como Cánovas del Castillo, poseen elevación de miras y gozan fama de circunspectos y puros. Cánovas del Castillo es consejero de algunas Compañías de ferrocarriles. Acerca de esto, oigamos á Labra... Hace algunos días, mientras el barbero le afeitaba, tuvo este monólogo interior:

«La verdad es, Rafael, que no te vendría mal esa placita con tres mil pesos al año. ¡Tres mil pesitos! Indudablemente es un pico muy aceptable. Trabajo, ninguno; no hay más que

(1) Véanse los números 511 y 512 de esta REVISTA.
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asistir al Consejo una vez al mes y cobrar el dia 30. Don Fulano me rogó anoche encarecidamente que aceptase el cargo de consejero, añadiendo que la Compañía se honraba con la designación. Considera, Rafael, que se trata de tres mil duros, ó sean quince mil pesetas, ó, lo que es lo mismo, sesenta mil reales. Pero... ¡no me jabone usted los ojos, maestro! ¡eso es una indignidad! ¿Rafael Labra aceptar una plaza bien remunerada, á condición de patrocinar ciertos chanchullos?... ¡Jamás, jamás, jamás! como decía Prim. Y no es nada lo del ojo... ¡Cuidado que hacen picardías y atrocidades las tales empresas de ferrocarriles! Con repartir esas plazas entre los hombres políticos influyentes, ya pueden las tales Compañías burlarse de la ley... Esta nación está perdida... No se comprende que ciertos hombres acepten esos cargos... Aunque la verdad es (maestro, ¡cuidado con la nariz!) que el sueldecito es un buen bocado... ¡Tres mil pesos! ¡Rafael, no te dejes tentar! ¡Qué demonio! En un país como este, metiéndose uno á puritano, no hay más remedio que morirse de hambre. Si yo encontrase una fórmula... Consultaré con Menganez; pero no. á buena parte iba; ese me dirá que no sea tonto, que acepte el cargo. Y si acepto tendré que hacerme cómplice de una porción de ignominias... Y perderé mi reputación de hombre decente, de político honrado... Rafael, ¡eso nunca! Y, después de todo, ¿qué son tres mil pesos? ¡Valen la pena de que un hombre... ¡cuidado, maestro!) ¡Qué diantre! Ese pico es muy respetable.

Un minuto después, cuando el barbero, ajeno á aquellas luchas morales, colocaba la bata alrededor del cuello de Labra, éste había resuelto el problema, renunciando á los tres mil duros. A la luz de este siglo excéptico y positivista, la bata del barbero se asemejaba al yelmo de Mambrino de D. Quijote.