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ridícula redundancia, que se vende el canal con el agua y el derecho á percibir los frutos civiles, constituye una plus petitio el reclamar estos. Aun sin examinar el error jurídico del caprichoso supuesto, la doctrina relativa á este punto está clara y severamente expresada en sentencia del T. S. de 21 de Enero de 1886. Como aquí sostenía entonces el demandado que el demandante no era dueño de un camino, porque en la escritura no se había especificado que se enajenase con la finca que atravesaba, y además que la escritura prueba la venta, pero no el dominio, y el T. S. desechó por erróneas tales doctrinas, y cuenta que hay alguna diferencia entre un camino respecto á la finca, que atraviesa y el agua y frutos civiles respecto á su canal.

Puesto que pueda siquiera discutirse seriamente que sean equivalentes la frase de la escritura un trozo de canal con sus márgenes y la de fuerza motriz, con que la sustituye por raro antojo la sentencia y que el canal y su agua sean cosas distintas; aun admitiendo afirmaciones, que parecen irónicas de pura extrañas, tampoco tendría sentido legal el fallo, que infringiría la casi axiomática doctrina sobre las cosas ayuntadas (1) por el Tribunal Supremo mil veces declarada, y entre otras por Sentencia de 9 y 27 de Mayo de 1884; bien es verdad que, aun para poder hablar de esto, hay que hacer abstracción de que se trata de un derecho in re y no del cumplimiento del contrato. No ha caído siquiera en la cuenta la Sala de que, aun en el supuesto, que ha escogido, sería ilegal su resolución, pues se trataría de dos cosas diferentes, si pudieran serlo, pero que por su relación ó uso á que están destinadas, el adquirente no hubiera comprado la una sin la otra, caso en que procedería la acción redhibitoria, si fuera posible lo que, trastornando completamente todo el organismo de nuestras leyes, intenta y decide el Tribunal.

Ha absuelto éste á la Administración, que ha enajenado

(1) Ley 28, tít. v, Partida 5.* «E aquel que hizo la vendida debe al otro entregar en aquella cosa que el vendió con todas las cosas, que pertenezcan á ella y le son ayuntadas.»
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un pedazo de ese canal al Sr. Montalbán, cosa que solo es permitido al dueño, según las Leyes 7.ª, 9.ª y 11, tít. xiii, Partida 5.ª, y 1.ª, tít. xxxi, lib. 11 de la Nov. Rec. (1). De suerte, que aun en el supuesto de que el demandante solo adquiriese el canal y sus márgenes como fuerza motriz, sería notoriamente injusta la absolución de quien por los autos resulta haber vendido y cobrado las márgenes taxativamente mencionadas en la escritura, habiendo infringido aun más paladinamente la Ley 10, tít. xiv, Partida 3.ª, según la cual lo que es nuestro no puede pasar á otro sin nuestra palabra ó nuestro hecho, doctrina consignada en tantas sentencias, que, por ser demasiadas, no cite.

Admitamos que efectivamente el Estado se reservó derechos sobre el agua y el de cobrar el cánon. Para que sea más racional la hipótesis, supongamos que se consignó la reserva en las escrituras. Como no puede dudarse de que adquirió el comprador trozos de canal de largo y ancho determinados y las márgenes, lo que el Estado pudo reservarse fué la servidumbre de acueducto, y si se quiere el usufructo. Ahora bien, la Administración ha venido demandada, entre otras cosas, por conceder la servidumbre de artefacto al Sr. Montalbán y enajenarle pedazos de las márgenes. Según la Ley 13, título xxxi, Partida 3.ª, no pueden establecerse servidumbres sobre servidumbres, que solo pueden ser puestas en las cosas suyas y como suyas; es evidente, pues, la infracción de dicha ley al absolver á la Administración, que ha puesto servidumbre sobre un canal y sus márgenes, que sea ó no como fuerza motriz trasfirió en venta al causante, del que demanda.

Aunque fuera cierta, que no lo es, la afirmación del juzgado y de la Sala, de que el causante de la Sociedad adquirió los trozos de canal medidos en cada caso como fuerza motriz,

(1) Ley 7.ª, tít. xiii, partida 5.ª «Los que han poderío de enajenar las cosas porque son señores de ellas, las pueden empeñar.» Ley 9.ª «Cosa ajena no puede ser empeñada sino por el dueño.» Idem Ley 11. Del Ordenamiento de Alcalá y D. Juan I. Valladolid, 1886, Ley 12. Ley 1.ª, tít. xxxi, lib. 11 Nov. Rec. «Contra derecho y contra razón es que los hombres hagan prendas por su autoridad, etc.»
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esto implicaría una limitación al ejercicio de su derecho real y señorial sobre el canal, pero no que un usurpador, ni nadie más que el adquirente, pudiera venderlo, ni tampoco aprovecharse de los frutos de ese canal. Tal condición de usarlo como fuerza motriz, que se ha inventado, solo induciría lógicamente á que se prohibiera usar las aguas y el canal de otra suerte que como tal fuerza motriz, pero nadie deduciría que por estar sujeto á tal condición no tiene el dueño derecho á reivindicar los trozos adquiridos de quien los usurpa; y que es lícito usurparlos y defraudar al dueño, cobrando como tal las rentas, á quien tenga medios de imponerse por la violencia. Si esto pudiera deducirse, habría que considerar el robo una virtud y un crimen no dejarse robar, pues si bien se mira, el señorío sobre las cosas nunca es absoluto, y rara vez deja de estar sujeto á infinita variedad de limitaciones legales, morales, positivas y de hecho.

Pero la verdad es sencillamente que el Estado enajenó, pura y simplemente y sin reservas, los trozos de canal. Como toda finca, según he dicho, se supone libre mientras no se demuestre lo contrario (Sentencias del T. S. de 23 de Junio de 1863, de 1.º de Diciembre de 1864, de 19 de Diciembre de 1865 y otras); como la limitación del dominio no se presume y ha de acreditarse en debida forma, sin que el dueño tenga que probar la excepción (Sentencia del T. S. de 6 de Abril de 1887); como incumbe probarla al que sostiene haberse establecido (Sentencias del T. S. de 13 de Enero de 1860, de 9 de Noviembre de 1863, de 27 de Diciembre de 1871 y 2 de Noviembre de 1874); como el demandado, ni ha intentado probar la existencia de las limitaciones del derecho del comprador que invoca, y como las sentencias absuelven, fundándose cabalmente en que el actor no ha probado su derecho, ó sea en este caso la excepción, han infringido la doctrina que se funda, no solo en la Ley, sino en axioma del derecho natural y positivo.

Pero hay más; según la Ley 63, tft. v, Partida 5.ª, si apareciesen servidumbres, de que no se hubiera hecho mención
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mentarla durante la paz y como recompensa á los perjuicios de la guerra. Para conseguir este objeto no hay sacrificio que no se imponga, y tan sabiamente procede, que ha conseguido desarrollar una verdadera afición en todas las clases sociales, sin que le arredre la lucha que tiene que sostener con la pobreza del suelo y la crudeza del clima, enemigos que logra vencer por medio de una enseñanza concienzuda, tanto teórica como práctica, en multitud de escuelas agrícolas y con la aplicación de infinidad de auxiliares químicos que dirigidos por los hombres de ciencia le ayudan poderosamente.

Un ligero exámen, á fin de no hacer sumamente pesado este artículo, bastará para demostrar la exactitud y ventajas de esta opinión nuestra.

Dejando á un lado la historia de las escuelas creadas en 1722 en Koenigshorts por Federico Guillermo I, y en 1807 en Moeglin por el célebre Thaer, así como de las academias de Gohenheim, Shleishem, Jena, Eldena, Wiesbadem, Tharand, Begenwale, Poppelsdorf y Proskau, fundadas todas antes de 1848, nos ceñiremos á los tiempos presentes, en que el desarrollo de la instrucción agrícola es verdaderamente progresivo.

Existen consagradas á la enseñanza agrícola superior, las instituciones siguientes:

1.º El Instituto Agronómico de la Universidad de Koenigsberg, con jardín especial para las plantas económicas, una clínica veterinaria y un laboratorio de química agrícola.

2.º El Instituto Agronómico de la Universidad Real de Breslau, dotado con un laboratorio de química zoológica y un instituto veterinario, que están en relación con la estación de ensayo de la Sociedad de Agricultura de la Silesia.

3.º El Instituto Agronómico de la Universidad Real de Halle, que contiene gran jardín, parque de animales domésticos, estaciones de ensayos químicos, de experimentación, clínica veterinaria, una escuela de trasformaciones lactíferas y otras dependencias teórico-prácticas.

4.º El Instituto Agronómico de la Universidad de Kiel,
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en el contrato, hay derecho para deshacerlo (Sentencias del T. S. de 2 de Octubre de 1871 y de 16 de Marzo de 1876), y á ser indemnizado por el gravámen no expresado (Sentencia del T. S. de 19 de Octubre de 1872). Sin embargo, la Sala declara que no existe motivo de nulidad, al mismo tiempo que absuelve al demandado, cuando es evidente que no se consigna en la escritura limitación alguna del derecho enajenando; antes al contrario, se declara la más absoluta libertad.

Ha venido la Administración demandada por autorizar al Sr. Montalbán á que entrase en ese canal y en esas márgenes, objeto indiscutible del contrato á deducir aguas para un molino; el art. 127 de la Ley de aguas y el art. 414 del Código civil (1), preceptúan que nadie puede penetrar en propiedad privada sin licencia del dueño á buscar aguas ó usar de ellas. La sala 1.ª de la Audiencia de Madrid, absolvendo al demandado, infringe dichas leyes, aunque se admitiera su afirmación inexacta de que se vendió el canal con sus márgenes como fuerza motriz, pues cualquiera que fuese el concepto, en que se transfirieran el canal y sus márgenes, fueron objeto de la venta y su propiedad, con cuantas limitaciones se quieran, pertenece al demandante. La inexactitud, pues, no justifica tampoco en este caso la absolución.

El art. 99 de la citada Ley de aguas dispone que nadie podrá construir edificio, ni puente, ni acueducto, sobre acequia ó acueducto ajenos, ni utilizar la fuerza de la corriente, ni el producto de sus márgenes. La Sala absuelve al demandado por la construcción de un molino en el canal del demandante, y por utilizar, no ya el producto, sino las márgenes mismas, injusticia que no cohonesta tampoco el error de hecho mencionado. Si el comprador adquirió el canal, ya como fuerza motriz ó inerte, ó seco, tiene derecho á que no lo ceda ó enajene ningún otro más que él, y quien sanciona tal despojo infringe las leyes y comete manifiesta injusticia.

(1) Al citar en algunos casos como este el Código civil, es bien entendido que es con el carácter de doctrina legal, aunque en otros haya sido infringido, como ley vigente, al dictarse la sentencia.
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Veamos, con la Ley 4.ª, tít. XXXI, Partida 3.ª á la vista, si puede existir esa reserva de la servidumbre de acueducto que la Sala, entre brumas de errores, parece entrever. Consiste esa servidumbre en conducir agua suya por medio de cauces ó caños por heredad ajena. La de conducir agua suya por cauces ajenos, háse inventado en este caso no sé para qué; pues, al fin, para dictar sentencia injusta no era necesario. Según dicha ley, el cuasi dueño de la servidumbre ha de mantener á su costa el cauce y las márgenes. Estas ahora son de otro, y por lo tanto será de ver como puede hacerlo si el dueño de ellos se opone. Mas consideremos que las márgenes son simplemente el predio sirviente previsto por el legislador; en tal hipótesis, lo menos que podrá exigir esa ley tan menoscaba será que se aplique su prohibición de que sufra daño el predio sirviente; pero como se trata de la rotura y hasta de la enajenación del canal por el que tendría tal servidumbre, ni siquiera en este punto y sobre esa hipótesis se respeta el precepto legal.

Mas prescindamos de la Ley 4.ª, y convengamos en que el dominio sobre el canal y sus márgenes se convierte, en virtud de conjuro mágico, en simple servidumbre; pues ni aun así deja de ser errónea la sentencia, porque con arreglo á la Ley 5.ª de los mismos título y Partida, el demandante tenía el derecho de que no se concediera á otro, sin su consentimiento, puesto que evidentemente le perjudicaba. Y no se hagan distinciones, pues el demandado sostiene su derecho absoluto y lo practica á conceder las aguas para distraerlas á cuantos artefactos quiera, y aun para gastarlas en riegos, cuyo cánon cobra.

Para que se vea hasta qué punto es difícil dar apariencia de legal á un absurdo jurídico, diré, concluyendo esta serie de hipótesis, que ni aun borrando la cláusula de la escritura, que se ha falseado, sería legal la sentencia. Con solo aparecer la venta de los molinos y el agua destinada á ellos, por virtud del art. 98 de la Ley de aguas, se demostraría la ilegalidad de las sentencias criticadas, pues dicho artículo dice
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terminantemente que «en toda acquia ó acueducto el agua, el cauce, los cajeros y las márgenes, son considerados como parte integrante de la heredad ó edificio, á que van destinadas las aguas.»

Es así que, según propia declaración de la Sala, ese canal se adquirió como fuerza motriz de los molinos, esto es, para que el agua fuera á ellos destinada; luego, según la recta interpretación del artículo y aparte el respeto á los derechos que pueda tener el Padrón de Argamasilla, ajeno por completo á este litigio, esas aguas que la Administración enajena y cede serían parte integrante de los molinos, si ya no fueran propiedad, en virtud de la cláusula analizada, de la Sociedad, dueña también de aquellos.

Errores sobre el contrato.

Extrañará al lector, por poco versado que esté en achaques jurídicos, que en cuestión como la ventilada haya de tratarse para nada de un contrato cumplido y cuyo objeto estuvo en poder del comprador durante muchos años; pero el Tribunal ha creído que podía retrotraer los hechos á la fecha de 1867, en que se otorgaron las escrituras, y examinarlas, haciendo de su apreciación la condición del fallo. Ofensa grave á la cultura de cualquiera sería el referir las leyes procesales, que se han tenido que vulnerar para hacerlo, pues basta con recordar que en 1864 se adjudicó y transfirió la finca, y que la R. O. de 1880 es la primera que de una manera categórica inicia el despojo, después realizado; de suerte que, aun partiendo de esa fecha, trascurrieron diez y seis años entre el cumplimiento del contrato y su primera contradicción de hecho. Mas como la realidad es que, fueran ó no pertinentes, el Juzgado y la Sala han partido de apreciaciones sobre las cláusulas, veamos si, aun suponiendo que se tratase de su cumplimiento, procede la sentencia recalda.
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Absuelve esta, so pretexto de que no se había determinado en las escrituras de venta del canal que se enajenase el agua, ni el derecho á cobrar el cónon de regadio, contradiciendo, entre otras sentencias del T. S., las siguientes: de 10 de Noviembre de 1866 y 28 de Enero de 1868, las cuales declaran que el contrato se perfecciona cuando los contratantes convienen en la cosa y en el precio, aun sin necesidad de que se describa específica y detalladamente, ignorando además las leyes, que determinan los derechos de accesión inherentes al dominio; la de 4 de Julio de 1884, según la cual el contrato de compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes en la cosa y en el precio, y queda consumado con la entrega. El canal, sin limitaciones, que son imposibles, fué entregado y poseído después por el comprador.

Infringe la Ley del contrato, no ateniéndose á su genuino y literal sentido, que lo es trozos de canal con sus márgenes, añadiendo arbitrariamente que se enajena como fuerza motriz, frase que no existe en ningún documento (sentencias del T. S. de 9 y 27 de Mayo de 1884), prescindiendo también de que lo convenido es ley, y convenido fué que se enajenaba con sus aprovechamientos de aguas (sentencias del T. S. de 19 de Setiembre de 1884, de 26 de Mayo de 1869, de 7 de Febrero y 19 de Abril de 1870, de 21 y 23 de Febrero de 1871, 10 de Enero y 22 de Febrero de 1872 y de 27 de Abril, 31 de Octubre, 5 y 11 de Noviembre de 1874) y entendiéndolas palabras caprichosamente y no llanamente y como suenan, contradiciendo, entre otras, la sentencia del T. S. de 21 de Noviembre de 1885.

Al apreciar el contrato, no solo contradice la cláusula clara y terminante de la escritura, sino que prescinde del contrato mismo, que lo es el expediente de subasta, origen de la venta, puesto que esta no podía consistir en cosa distinta de lo que de él resultaba y en los documentos 2.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º y 11.º, presentados por el demandante, consistentes en certificaciones de aquel expediente, consta de una manera indudable que el Estado, puesto que para ello lo ta-
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saba, quería vender, y, por lo tanto, que el comprador tenía que adquirir, además de los molinos, trozos de canal tasados separadamente por distintos peritos y con sus aprovechamientos de agua, usos y costumbres, derechos y servidumbres. Igualmente consta en esos documentos que el canal, por más que se consignase, para designarlo mejor, unido á cada molino, se consideraba no un accidente ni servidumbre del molino (1), como supone erróneamente la sentencia, sino cosa principal, pues no de otra manera se explica que se vacuasen el molino de Santa María, por ejemplo, en 17.186 reales, cuando el trozo de canal correspondiente se le asignaba un precio de 200.600 reales, ni se explica tampoco de otra manera que el coste de este trozo, solo porque por él se hace el servicio de riegos, ascendiera al décuplo que todos los molinos juntos y á más del doble que los otros cuatro trozos, siendo, poco más ó menos, cada uno de iguales dimensiones que este; lo cual, á su vez, demuestra lo absurdo de considerar vendida exclusivamente la fuerza motriz, pues á nadie puede caber en la cabeza que este trozo valiera mucho más que todos, si era fuerza motriz, cabalmente porque esta fuerza, ó sea el agua, que la produce, se distraía para riegos, cuyo cánón cobrase la Administración; es decir, que, según el criterio de la Sala, ha de estar el valor de esa fuerza motriz en proporción inversa á su cantidad y eficacia. Infringe, por lo tanto, no solo la Ley 28, tít. v, Partida 5.ª citada, según la cual el vendedor ha de entregar al comprador aquella cosa que él vendió, con todas las que pertenezcan á ella y le son ayuntadas, sino también la doctrina legal declarada, entre otras, por la Sentencia de 13 de Abril de 1886, conforme á la que los contratos se cumplirán en el modo y forma, que en ellos fuese establecido; esto es, en el caso que examino, según resulta del expediente de subasta, entregándose el canal con sus usos, costumbres y aprovechamientos de aguas. Lo mismo

(1) Después de todo, también carece de valor lógico la suposición esta, pues al cabo que fuera objeto principal ó secundario el canal, desde el momento que se pagaba y era entregado, pasaba al comprador.
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puede decirse respecto á la Sentencia de 20 de Febrero del mismo año, según la cual en el cumplimiento de los contratos debe estarse necesariamente á tenor de los documentos, en que se hayan consignado, y hallándose estos claros en sus cláusulas, deben ejercitarse según su litoral contenido y nunca pueden interpretarse las cláusulas contra su recto y natural sentido (Sentencia del T. S. de 28 de Febrero de 1888), que es todo lo contrario á lo que intenta la Sala 1.ª de la Audiencia de Madrid.

Esta infringe además la Ley 20, tit. V, Partida 5.ª, al no declarar la nulidad del contrato al mismo tiempo, que afirma no haberse enajenado el canal, pues dicha Ley preceptúa que la cosa objeto del contrato debe ser cierta y determinada, y que si las partes discordaren no valdría la venta. Si fuera verdad lo que la sentencia supone, es claro que no habría cosa cierta en cuanto al trozo de canal, por ejemplo, que se valúa en 200.600 reales, y que costó doble en la subasta, puesto que de hecho resulta una cosa nula, la que es objeto de esa cláusula, pues si ella es fuerza motriz y el trozo de canal está aguas abajo del molino, á que esa fuerza motriz había de destinarse, si corrieran hacia arriba las aguas y además es cabalmente como he dicho el trozo donde están los saques de agua para riegos, es evidente que no solamente la cosa objeto de esa cláusula del contrato es incierta é indeterminada, sino que además no es, habiéndose por lo tanto vendido cosa no existente, contra lo preceptuado por la Ley 14, tit. v, Partida 5.ª, y estándose también en el caso de la Ley 12, tit. v, Partida 5.ª, que dice: «cuando se vende cosa faciendo maliciosamente algún engano», puesto que se enajenaba como canal una servidumbre, que tampoco lo era, por establecerse en la corriente inferior al molino.

Por las mismas razones antedichas se infringen las Leyes 20 y 21, tit. v, Partida 5.ª y Sentencia de 27 de Setiembre de 1884, según la cual el error, que recae en lo sustancial de las cosas, hace nulos los contratos onerosos, y lo mismo cuando una de las partes pensaba comprar una cosa y la otra
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vender otra, siendo evidente que, aun suponiendo lo que en la Sentencia se sostiene, ó sea que la Administración no pensó vender esos trozos de canal que tasaba, valuaba, media y anunciaba en los Boletines de subasta, el comprador, que pagaba por ellos crecidas cantidades, se proponía adquirirlos y no regalar el dinero al vendedor. Se ve claro que, tal como la Sala aprecia el contrato, se originaba en un convenio sin intención, ni causa, ni materia.

Considerada la sentencia en relación con el contrato, contiene mayores errores. Ya se suponga lo que de hecho resulta de ella, ó sea que el comprador de esos trozos de canal no adquirió nada por el precio, que por ellos pagó, ya lo que en confusión lamentable de ideas parece haber sido la intención de los juzgadores, ó sea la ilegal hipótesis de que la Administración se reservó derechos, que no se determinan, es sin género de duda errónea ó injusta, pues aunque eso fuera, y cabalmente por serlo, no pudo declarar al mismo tiempo que eran válidos los contratos, pues debía saber que según la Ley 63, tít. v, Partida 5.ª y Sentencias de 2 de Setiembre y 2 de Octubre de 1867 y 24 de Junio de 1870, el vendedor está obligado á manifestar los vicios, cargas y gravámenes de la cosa, porque sino induciría á error al comprador, faltando el verdadero consentimiento; y según el art. 1.461 del vigente Código civil, el vendedor está obligado á la entrega y saneamiento de la cosa, y ha de responder de la posesión legal y pacífica de ella y de los vicios ó defectos ocultos que tuviese conforme al art. 1.477 del mismo y Leyes 32, 33, 35 y 36, título v, Partida 5.ª; de suerte que, tomando la Sentencia tal como suena, y si hubiera de ejecutarse como pretende la Sala, por más que sea imposible, resultaría, no solo, como he dicho, que por una usurpación pudieran invalidarse derechos reales perfectos y todos los demás errores mencionados, sino además la validez de un contrato, que en su cláusula principal aparece sin causa, sin objeto y sin materia, y además que el comprador, quedándose sin la cosa comprada, no podría exigir, ni la devolución del precio, ni el saneamiento de ella,