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Revista de España (1890-07-01 00:00:00), página 388

Había existido la tradición definida en las leyes 46 y 47, tit. xxviii, Partida 3.ª, siendo doctrina por nadie contradicha que la tradición producirá efecto, existiendo título, aunque el que entregó la cosa hubiera creído verificarla por una causa y el que la recibió que era entregada por otra.

Es axiomático de puro sabido que el poseedor por año y día puede excluir por prescripción cualquier demanda (1), y mucho más, como es natural, cualquier usurpación. ¿Qué criterio jurídico ha inspirado al juez y á la Sala para absolver al detentador de finca poseída por el demandante con justo título y buena fe por más de catorce años, so pretexto de que el título expresaba la enajenación de la cosa medida como fuerza motriz?

Cualquier estudiante sabe cómo se pierde la posesión, y que en este caso el demandante no ha llegado á perder la civil, pues si bien se le haya privado de ella materialmente, como en virtud de todo hecho brutal, se conserva el dominio y la posesión civil cuando el poseedor es echado por la fuerza (Ley 17, tit. xxx, Partida 3.ª).

La Sala, pues, ha debido partir de la creencia de que mediante la usurpación se adquiere la posesión civil, cuando aplica la doctrina del Digesto relativa al poseedor de buena fe y con justo título á la Administración detentadora y la considera como dueño; absolvíendola, por suponer que no ha acreditado mejor derecho el legítimo poseedor despojado.

Según las (2) Leyes 1.ª y 2.ª, tit. viii, lib. 11 de la Novísima Recopilación, no puede adquirirse la posesión por violencia, sino acudiendo á los Tribunales, aunque el detentador se creyera con derecho (Sent. del T. S. de 16 de Marzo de 1887 y conforme á la (3) Ley 1.ª, tit. x, Partida 7.ª y Sent. del

(1) Ley 8.ª, tit. viii, libro 11 de la Nov. Rec.
(2) Ley 1.ª, tit. x, Partida 7.ª. «Fuerza es cosa fecha á otro fortíceamente de que non se puede amparar el que la recibe.»
(3) Ley 10, tit. x, Partida 7.ª. «Entrando ó tomando alguno por fuerza por sí mismo, sin mandato del juzgador cosa alegna, quier sea mueble ó quier raíz, decimos que si derecho ó señorío avía en aquella cosa que así tomó, que lo debe perder.»
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T. S. de 13 de Junio de 1865); habiéndose hecho por fuerza la ocupación no constituye posesión, y según la Ley (1) 10.ª de los mismos título y Partida, el que fuese apoderado de la cosa por mengua de respuesta, porque la entrara por fuerza ó la robara, aunque sea tenedor, non há por ende la verdadera posesión (2).

Es así que la Administración, puesto que detente, no puede poseer, con arreglo á las leyes mencionadas, ya que no adquirió acudiendo á los Tribunales, ni con el consentimiento del poseedor.

Luego la sentencia al considerarlo legítimo poseedor mediante la absolución, parte del error de que la usurpación es título de dominio, ó de que son legítimos actos, que violan las referidas leyes.

Esas sentencias han violado además el art. 10 de la Constitución (3), sancionando que la Sociedad haya sido privada de su propiedad sin intervención de autoridad competente, que lo es únicamente para ello la de los Tribunales, según el art. 76 (4) de la misma Constitución, y han infringido la Ley 10, tít. x, Partida 7.ª (5), según la cual nadie puede ser

(1) Ley 1.ª, tít. viii, lib. 11 Nov. Rec. «Si alguno tuvo ó poseyó alguna heredad ó otra cosa arrendada, alegada ó forzada, no se puede defender por tiempo; que estos tales no son tenedores por sí, mas que aquellos de quien la cosa tienen.»

Ley 2.ª, idem, idem. «Otro sí mandamos, que si alguna cosa fuere hurtada, no pueda defender por tiempo.»

(2) Ley 10, tít. xxx, Partida 3.ª «Mas si el fuere apoderado de ella por mengua de respuesta ó por que entrara por fuerza ó la robara, como quier que el sea tenedor non ha por ende la verdadera posesión.»

(3) Art. 10 de la Constitución de 1876: «No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.

«Si no precediere este requisito, los jueces ampararán y en su caso reintegrarán en la posesión al expropiado.» Sentencia del T.S. de 19 de Diciembre de 1885.

(4) Art. 76. «A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejeicute lo juzgado.»

(5) Ley 10, tít. x, partida 7.ª «Entrando ó tomando alguno por fuerza por sí mismo sin mandato del judicador, cosa ajena, quier sea mueble, quier raíz, decimos, que si derecho ó señorío áuía en aquella cosa, que así tomó, que lo debe perder.»
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Baviera y Wurtemberg, es decir, que alcanza una extensión de 442.240 kilómetros cuadrados.

Baviera y Wurtemberg, según hemos dicho antes, tienen Administraciones propias e independientes con arreglo á los artículos 48 y 52 de la Constitución del imperio, pero la legislación sobre prerrogativas y la que se refiere al elemento judicial en relación con el público, franquicias, etc., corresponde al imperio, exceptuando las tarifas para el servicio interior de cada uno de ambos Estados. También compete al imperio la reglamentación de las tarifas para el servicio internacional, menos con aquellos pueblos que no perteneciendo á la Confederación, sean limítrofes de Baviera ó Wurtemberg.

De una estadística alemana correspondiente al año 1888 resulta que el imperio tenía 20.656 Administraciones de correos y 104.572 empleados; se trasmitieron 2.374 millones de cartas, 296 de tarjetas postales, 22,4 de muestras y 5,2 de mandatos de correos; 683 millones de periódicos y 41,7 de otros impresos; los valores declarados ascendieron á 18.671,8 millones de marcos, y á 113,7 millones el número de paquetes; el peso total de los paquetes fué de 423 millones de kilogramos.

Las líneas telegráficas de la Unión postal alemana alcanzaban en dicho año de 1889, una extensión de 92.382,79 kilómetros con 16.735 oficinas, de las cuales pertenecían al Estado 11.750 y 3.976 á los caminos de hierro ó á Compañías particulares. Los despachos privados trasmitidos fueron 15,5 millones; los oficiales, un millón; los internacionales fueron: enviados 3,1; recibidos 3,3; en tramitación 1,0: todo lo que da un total de 24 millones.

Los ingresos brutos de esta Unión postal ascendieron á 227 millones de marcos, de los que deducidos 196,5 en concepto de gastos, dejaron un beneficio líquido de 30,4 millones.

Comprendiendo el Gobierno imperial todo el partido que para la riqueza nacional habla de tener el desarrollo de la agricultura, viene dedicando un interés excepcional en fo-
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privado de la cosa, que posee sino por autoridad del juez, y la Ley 2.ª, tít. xxxiv, libro 11 de la Nov. Rec. (1), interpretada por las sentencias del T. S. de 12 de Diciembre de 1859, 5 de Octubre de 1863, 24 de Febrero de 1865, 20 de Febrero y 26 de Mayo de 1866, de 26 de Octubre de 1867, de 14 de Diciembre de 1877, de 19 de Octubre de 1878, conforme con cuya Ley, ninguna persona puede ser desposeída, sino por autoridad judicial y después de ser oída y vencida en derecho; ha infringido el art. 441 (2) del Código civil que establece el mismo inconcuso principio, y el art. 254, núm. 1.º de la Ley de aguas de 1879, que atribuye á los Tribunales el conocimiento de las cuestiones sobre propiedad y posesión de las aguas, y el art. 51 (3) de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Estando probado y aun declarado por el detentador que la Sociedad poseyó y siendo un hecho de absoluta certidumbre, que hoy está desposeída á la fuerza por la Administración (4); no habiendo ésta probado que lo hiciera en virtud de interdicto ó reivindicación ante Tribunal competente, ni por otro medio eficaz en derecho civil, antes bien, habiendo

(1) Ley 2.ª, tít. xxxiv, lib. 11 Nov. Rec. «Defendemos que ningún alcalde, ni juez, ni persona privada, no sean osados de despojar de su posesión á persona alguna sin primeramente ser llamado y oído y vencido por Derecho, y si pareciese carta nuestra por donde mandáramos dar posesión que uno tenga á otro, y la tal carta fuere sin audiencia, que sea obedecida y no cumplida; y si por tales cartas ó albales algunos fueren despojados de sus bienes por un alcalde, que los otros alcaldes de la ciudad, ó de donde acaseciere, restituyan á la parte despojada hasta tercer dia, y pasado el tercero dia que lo restituyan los oficiales del Concejo.»

(2) Art. 441 del Código civil. «En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga á ello. El que se crea con acción ó derecho para privar á otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega deberá solicitar el auxilio de la autoridad competente.»

(3) Art. 51 de la Ley de Enjuiciamiento civil. «La jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer de los negocios civiles, que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros.»

(4) Fuerza es cosa fecha á otro tortízeralemente, de que non se puede amparar el que la recibe, L. 1.ª, tít. x, Partida 7.ª El acto de apoderarse la Administración de ese canal, fué realizado tortízeralemente, puesto que no se acudió á los Tribunales; tampoco podía ampararse de ella el despojado, puesto que el usurpador se valía del imperio ejecutivo y de la fuerza pública.
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sostenido y confirmado el hecho reclamado, resulta que el derecho declarado mediante la absolución, se origina en dos delitos definidos en el art. 354 del Código penal y el art. 228 párrafo segundo del mismo, pues en este último ha considerado comprendidos el Tribunal Supremo los actos de funcionarios y autoridades administrativos, con los cuales se perturba en la posesión á ciudadanos españoles ó extranjeros. (Sentencias de 19 de Junio de 1884; Colección legislativa; Sala 2.ª; pág. 1.633—y de 8 de Febrero de 1888.—Gaceta de 9 de Mayo de 1888.)

Por donde á su vez se consigna implícitamente la peregrina doctrina de que los delitos y actos criminosos, son origen de derechos civiles y aun títulos tan eficaces, que bastan para destruir los que nacen de la posesión, de la compraventa y de la Ley hipotecaria. Se absuelve á la Administración, porque tiene el canal, tiénelo en virtud de actos puramente administrativos; estos actos constituyen el delito definido en el art. 228, y una usurpación, cualquiera que sea el derecho á la cosa detentada, con que los haya ejecutado; se absuelve no porque se estime que tenga ninguno la Administración, sino porque se supone que el demandante no ha probado la propiedad, luego para adquirir esta y privar de la posesión á los ciudadanos, basta con usurparla, siempre que estos no prueben á juicio de un Tribunal el dominio.

Parece imposible equivocación sobre cosa tan manifiesta; ni siquiera ha valido para impedirla el precepto terminante de la Ley 10, tít. xiv, Part. 3.ª, y el abrumador peso de tantas pruebas plenas de esa posesión (1).

(1) Ley 10, tít. xiv, Partida 3.ª «Como demandando uno que tiene la cosa y probando que fué suya, ó de su padre, ó de su abuelo, ó de aquel cuyo heredero es; de manera que por tal prueba como esta debe ser entregado de aquella cosa; esto es porque sospecharon los sabios antiguos que todo ome, que en alguna sazón fue señor de la cosa, que lo es aun hasta que sea probado lo contrario.

»Mas si aquel que probó que fué tenedor en algún tiempo de la cosa, sobre que es la contienda, dice aun é otorga que hoy en día es tenedor de ella, sino falla debemos sospechar que lo sea fasta que el otro que refierta la contienda pruebe el contrario.»
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Quiso el demandante, acogiéndose quizás á la Ley 27, tit. II, Part. 3.ª (1) demandar á un tiempo mismo la posesión, de que lo privara una usurpación, el dominio, y declaraciones concretas respecto á supuestos límites de su derecho; pero, aunque pidiese que se mantuviera en la detención al demandado, descubierta y probada esta, el Tribunal no podía sostenerla en una sentencia, sin menoscabo de su prestigio.

Sin entrar, pues, en más pormenores, aun prescindiendo de todos los documentos, por el solo hecho de absolver á un detentador, cuyos actos constituyen delitos y en estos actos y el material de seguir manteniéndoles fundar exclusivamente la absolución, resulta la más grave enormidad legal que puede verse. Aunque fueran ciertas las equivocadas aservaciones, enfrente y contra los hechos presentadas, por las sentencias y solo resultase de los autos que el demandante había poseído y en su posesión había sido perturbado violentamente, la sentencia, que absuelve al detentador, sería ilegal e injusta contradiciendo el axioma universal: Spoliatus ante omnia restituendus.

Errores sobre el dominio (2).

Ante todo hay que deshacerse de una gran confusión de cosas y de ideas, que se revuelven en las sentencias, para

(1) Ley 27, tit. II, Partida 3.ª «Otrosí decimos que si el demandador fuese forzado ó echado de la tenencia de alguna cosa que fuese suya, que bien puede entonces demandar en una misma demanda la tenencia ó el señorío de ella á aquel que la tuviere.»

(2) Aunque fuera cierto, que no lo es, que el demandante no hubiera probado el dominio, sería injusta la absolución, pues, demostrado que aquél adquirió con justo título y buena fe por las escrituras y aunque se suponga el absurdo de que el Estado no era verdadero dueño del canal, que enajenó y cobró, aun resulta infundada la sentencia obligatoria, porque no presentando título más fuerte, ni de ninguna clase los demandados, se estaría en el caso de las Leyes 18, tit. XI, Part. 3.ª y 50 y siguientes, tit. V, Part. 5.ª, y enfrente de ellos el demandante con su escritura tendría todos los derechos del verdadero señor. Bien es cierto que aun para establecer esta hipótesis habría que dar por bue-
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poder andar entre estas con desahogo. Lo primero que ha de advertirse, es que se trata de reivindicar un canal detentado por el mismo vendedor á los veinte años próximamente de haberlo enajenado y cobrado.

Un particular, que hubiera hecho eso, habría ya cumplido la condena, que le impusiera Tribunal justo, mas se trata de la Administración y de proceder con orden, y esto último me obliga á prescindir ya de los hechos apuntados y de las tristes consideraciones, que sugieren.

Interpuesta la demanda y presentada la escritura de compraventa, el certificado del Registro y el acta judicial de la tradición; constando en ellas la enajenación de los trozos de canal, cuya propiedad se reivindicaba, no cabía otra discusión á lo sumo que sobre la nulidad ó validez de los documentos y sobre las tachas, que se pudieran inventar. El contrato se había perfeccionado y cumplido, la trasmisión de la finca se había verificado; sólo se podía, concediendo mucho, si las leyes procesales lo permitieran, discutir los vicios del título ó la nulidad ó rescisión del contrato. Pero es el caso verdaderamente extraño, que los demandados nada contradicen, que se cumplen todos los requisitos de los artículos 596 y 597 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y que las sentencias declaran válidos los documentos y convenios, en ellos establecidos. Nadie se explicará cómo ha podido absolverse al demandado. Los juzgadores han interpretado el contrato, cual si se tratara de su cumplimiento ahora, á los veintiseis años de cumplido y perfeccionado, confundiendo el derecho in re, que invoca y tiene el demandante, con un derecho ad rem é involucrando acciones y procedimientos distintos.

* * *

Nos el dolo y fraude del Estado, que habiendo vendido y cobrado, sin derecho, ni títulos una cosa, la usmpra después fundado en su misma inmoralidad y excusado en tal delito la disputa al comprador. Sería además preciso suponer que el Estado, vendedor de la finca al demandante, era tercero de sí mismo, contrariando hasta el mismo principio de contradicción y así y todo, como no ha presentado título alguno y el demandante ostenta los que demuestran la venta, la tradición y la posesión, en la sentencia cometería injusticia al absolver al detentador, sin título, so pretexto de que el dueño no ha probado el dominio.
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El error fundamental, que inspira la resolución analizada es el de creer que la Administración por sí misma, puede á su antojo y sin forma de juicio, ni audiencia de los interesados, apoderarse de las cosas de los ciudadanos y perfeccionar sobre ellas el dominio, absurdo incomprensible en un país constitucional y contra el cual se protestaba y se legislaba ya en el siglo XIII, según puede ver, quien lo leyere, en la Ley 2.ª, tít. I, Part. 2.ª (1) que declara paladinamente la inviolabilidad la propiedad privada.

Es un principio inconcuso consignado en todas las leyes del mundo y en nuestro Código civil, que se adquiere y trasfiere la propiedad por los contratos y especialmente por el de compraventa y que se pierde por extinción, prescripción, abandono y enajenación. Que fueron objeto de la venta de 1864 los trozos de canal con sus márgenes es cosa indudable; que se verificó la tradición, también. Ahora bien; cuando la Sala 1.ª absuelve al tenedor de esa finca, debe haber prescrito, sido abandonada ó enajenada. Que nada de esto ha ocurrido no hay siquiera que discutirlo, puesto que ni el demandado, ni la Sala han tratado de ello. Es que se admite una nueva causa de perderse la propiedad la detención violenta ó usurpación.

Es doctrina establecida de acuerdo con las leyes 10.ª títulos 14 y 28, tít. II de la Partida 3.ª que para la reivindicación basta el junto título, con que se adquirió la cosa, si el que detenta no tiene ninguno. (Sent. del T. S., de 9 de Mayo de 1863, 31 de Marzo de 1865 y otras.) El demandante presentó las escrituras de compraventa, en que constan vendi-

(1) Ley 2.ª, tít. I, Partida 2.ª «Obrósí decimos que quando el Emperador quisiese tomar heredamiento ó alguna otra cosa á algunos, para sí ó para darlo á otro; como quier que el sea Señor de todos los del Imperio para ampararlos de fuerza é para mantenerlos en justicia, con todo eso no puede tomar á ninguno lo suyo, sin su placer, sin non fiziese tal cosa porque lo diuese perder según ley. E si por aventura golo ouisse á tomar por razon que el Emperador ouisse menester de fazer alguna cosa en ello, que se tornase á pro comunal de la tierra, tenudo es por derecho de le dar ante buen cambio, que vale tanto ó mas de guisa que el finque pagado á bien vista de homes buenos.»
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dos trozos de canal con sus margenes y pruebas de su posesión; la Administración presenta unas Reales órdenes y documentos administrativos, que la misma sentencia declara ineficaces en derecho civil, y que solo sirven para corroborar la usurpación. La Sala, sin embargo, absuelve á la Administración diciendo que no procede la reivindicación, porque no ha probado el demandante su pretensión, aunque haya presentado los títulos y el detentador no haya presentado ninguno.

Según la Ley 9.ª, tit. xxix, Part. 3.ª se gana el señorío sobre las cosas con buena fe y derecha razón, así como por compra, esto es con justo título real y verdadero, y aun habiendo error de que sea culpable un tercero (Ley 14, tit. xxix, Partida 3.ª y sentencias de 1.º de Mayo de 1867 y 22 de Noviembre de 1877). Es justo título la escritura de compraventa, es real y verdadero, según declaran las sentencias, y si hubiera error sería culpable de él la misma Administración detentadora, puesto que las escrituras de subasta se otorgan conforme al expediente de esta. La Sala 1.ª de Madrid opina, no obstante, que el justo título no es causa de dominio, y que la enajenación de una cosa no trasfiere derechos á ella y en ella, ó no tiene explicación racional la sentencia.

El dominio implica el derecho de recobrar, habiendo sido despojado, según la Ley 29, tit. 11, Part. 3.ª, y sentencias de 14 de Enero, 5 de Abril y 14 de Mayo de 1867, 15 de Octubre de 1868 y 10 de Enero de 1873; pero, de la sentencia analizada resulta que eso no podrá ser en el caso de haber sido despojado mediante una usurpación.

Según la doctrina deducida de la Ley 32, tit. v, Partida 5.ª, desde el momento que ha sido entregada la cosa pasa al dominio y riesgo del que la recibe, pero la Sala 1.ª entiende que como pasa al riesgo, este implica el de perder el dominio mediante una detención, que debe respetarse.

Siempre se ha creído que son derechos inherentes al dominio, el goce de la cosa, el derecho á utilizar sus productos ó accesiones, el de disponer de ella y el de recobrarla; mas la
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Sala 1.ª, tropezando con un medio singular de dividir el dominio, ha encontrado la manera de que este se convierta en el extraño y jamás oído derecho de fuerza motriz, y que el de un canal no lleve inherente la facultad de gozarlo, ni de utilizar sus productos, ni recobrarlo, beneficios solo permitidos al que haya tenido fuerza ó audacia para usurparlos.

El concepto de propiedad, que implica esa sentencia, es de una novedad maravillosa. Absuelve al demandado, bajo el erróneo supuesto de que el vendedor se reservó derechos sobre el canal que enajenaba. Aparte la ignorancia completa de las leyes desamortizadoras, que es precisa para establecer tal hipótesis, aparte la inventiva, con que se presumen cargas, gravámenes y limitaciones, que no se consignan ni declaran; aparte el que tal presunción es contraria á lo consignado en escrituras, puesto que en ellas consta que las fincas están libres de toda carga y gravámen; aparte todos estos errores, ni siquiera es aceptable el que, prescindiendo de hechos ciertos y verdades legales inconcusas, se pretende validar en esa sentencia. Enajena el vendedor un trozo de canal medido y con sus márgenes, y la Sala cree que con esa enajenación no transfirió al comprador el derecho á gozar de los frutos civiles ó cobro del cánón de regadio, ni los industriales, únicos que dicho canal reporta, sin que conste, ni sea posible, ni la sentencia lo declare, que el vendedor tenga derecho de usufructo, ni servidumbre alguna, contradiciendo el inconcuso principio de que la propiedad se reputa libre, mientras no se demuestre lo contrario, y pretendiendo que el adquirente de ese canal con sus márgenes pruebe que adquirió sin limitaciones; bien es cierto que probado está, aunque era innecesario, por el expediente de subasta, y la Sala ha prescindido de esas pruebas. Según la doctrina que resulta de tamaños errores, en adelante los frutos no pertenecerán por derecho de accesión al dueño de la cosa, sino al primero que los niegue y sin prueba ninguna, ni razón, los discuta después de haberlos usurpado.

Supone que porque la escritura no dice, lo que habría sido