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apresamientos en las calles, al parecer puramente arbitrarios. Observados los hechos de ahora con algún detenimiento, se ve claro que el conflicto no se originó en la lesión ó defensa de algún derecho, pues al cabo el auto motivo de tanto ruido lo firmó el juez, prueba clara de que no era esta la razón. La causa verdadera ha quedado reducida á una de esas cuestiones de etiqueta, características del formalismo oficial, que tanta parte han tenido y tienen en la historia de nuestras desdichas. Hubieran cumplido su cometido los que llevaban el encargo del gobernador con un poco más tino, ó fuera este funcionario más suave y cariñoso, y tal vez hubiera obtenido desde luego lo que al cabo, y después del conflicto, obtuvo. Como la dulcedumbre y suavidad en el trato no constituye derecho alguno fundamental, no puede decirse que haya conflicto de derechos, y esto es lo peor del caso, pues dadas nuestras desdichadas costumbres, es más fácil la transacción acerca de derechos, sobre todo siendo ajenos, que en achaques de etiqueta, por los cuales puedan creerse ofendidos personas individuales ó corporativas. Por eso habrá dificultades, y sabe Dios cómo se resuelvan. A nosotros nos tiene esto sin cuidado, como nos importa un ardite de que presida una procesión tal ó cual funcionario. Tenemos la seguridad de que lo fundamental, que late en la cuestión ha de quedar intacto, y que los derechos de los ciudadanos seguirán bajo la misma inseguridad que siempre. Es más, desde ciertos puntos de vista se explica semejante estado de cosas.

Los organismos judiciales y de policía son impotentes para evitar gravísimos males, principalmente en las grandes poblaciones. La necesidad en muchos casos, ha creado el abuso en todos, pues si las autoridades se sujetaran estrictamente al cumplimiento de las leyes, como éstas suponen medios de defensa social, que en España no existen, habría en la cárcel más inocentes que ahora la habitan, y los verdaderos criminales constituirían un poder del Estado. El por qué de esto es materia muy delicada, y para darse razón de ello hay que hacer muy prolijas observaciones sobre las facilida-
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des que el criminal de oficio tiene para eludir castigos, y la mayor facilidad con que el incauto y el inocente se enredan en la madeja, aun para los más inteligentes impenetrable, de los procedimientos judiciales.

En ninguna manifestación de la vida como en la social, los hábitos se sobreponen á las leyes. No han sido estas suficientes para impedir el predominio en las esferas oficiales de la más caprichosa arbitrariedad, que todos aceptamos y contra la cual no se protesta, como acontece con otras muchas cosas, sino cuando trae aparejada la protesta un efecto político. En números anteriores se han publicado en esta REVISTA unos artículos jurídicos, y el lector ha podido ver por ellos de una manera indubitable, cómo por un acto del poder ejecutivo se usurpaban fincas del modo más arbitrario, y cómo iba adquiriendo fuerza esa usurpación, hasta el extremo de considerarla los mismos Tribunales, con cuyo menosprecio se había cometido, cual título más eficaz que todos los conocidos en el derecho civil. Nada importaba que al cometerla se hubieran violado paladinamente los artículos 10 y 76 de la Constitución; habíalo hecho el Gobierno, y por solo esto, lo que en un particular constituiría flagrante delito, hecho por funcionarios administrativos se convertía en título de derecho. Lo que pasa con la propiedad acontece con los demás derechos, pues la tendencia al desafuero se origina en vicios y llagas de nuestros organismos e instituciones, que nos ponen en la práctica muy por debajo de los españoles del siglo XIII, aunque en las leyes y exteriormente parezcamos un pueblo adelantadísimo.

Con ocasión de los hechos antes indicados, se discute la manera de remediarlos, y no se encuentra mejor solución que volver sobre el viejo y desacreditado tema de la inamovilidad judicial, como si hubiera algo más fuerte y seguro y en condiciones de ser independiente que ese orden ó poder judicial. Creer que porque se suprima el cuarto turno se evitarán esas cosas, y otras aún peores, nos parece una candidez. Como es posible que este sea tema de discusión por algún
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tiempo, lo tendremos de volver sobre él y demostrar que no es solución, y que, si como paliativo tiene algunas ventajas, no son mayores que los inconvenientes y peligros. Con tal calor se ha tomado esto, que, cual si fuese problema novísimo, se pretende que acepte el partido liberal como programa eso de la independencia, mientras quedan olvidados puntos como la responsabilidad judicial, el Jurado en lo civil y muchas otras reformas, que son verdaderos remedios de muchos males que lamentamos, ya que no la solución completa del gran problema de la administración de justicia, casi intacto todavía. No parece sino que cuando se llega á este punto, la inventiva de los sabios se eclipsa y que no hay medio humano de tropezar con verdaderas reformas de trascendencia.

La independencia, que nunca podrá ser absoluta, ni hay siquiera que pedirla, porque es necesaria consecuencia de la responsabilidad y ha de ser proporcionada á esta. Que el funcionario judicial sea verdaderamente responsable, que se trasforme el Ministerio fiscal de suerte que en vez de ser un censor forzado del ciudadano, aunque sea inocente, lo sea de las sentencias y autos y solo por accidente del ciudadano; lléguese á la gratuidad del procedimiento, sobre todo en los casos de responsabilidad, y entonces otórguese á la administración de justicia la más completa independencia; pero pedir esta ahora, es pretender crear un poder más temible y absoluto que el de cualquier imperio oriental.

Además, los que buscan el único remedio en la inamovilidad, infieren la más dolorosa ofensa á la magistratura, porque eso, hablando en plata, quiere decir que, si hoy se advierten deficiencias es porque el juzgador, ante la expectativa de un ascenso ó de un traslado, puede, á sabiendas, dictar sentencia injusta, y no es eso. Si tal cosa fuera posible, aún sería peor la independencia, pues quien realizase injusticias por un ascenso, ó sea un mayor sueldo, lo mismo podía hacerlo en virtud de otras consideraciones, pues el sueldo se aumenta de mil maneras. Por fortuna no es razón esta, y me-
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nos entre españoles. Antes que por semejante consideración, es de temer la injusticia por otras de muy diferente índole, y nosotros dormiríamos tranquilos sabiendo que un juez estaba convencido de nuestro derecho, aunque supiéramos que se le ofrecían cinco ascensos seguidos por dictar sentencia contraria. En cambio temblaríamos ante la noticia de que no habiendo estudiado los autos, se le invitaba á una cacería, si era aficionado, ó se había enredado en una partida de tresillo. Entonces procuraríamos enseguida ponernos á bien con el escribano. Podrá ser que eso de la independencia influyese en algunos, muy contados, pero en la inmensa mayoría nada. Si andamos mal no es por codicias ni ambiciones. La piedra de toque, como respecto á los políticos, está en la muerte, y no tenemos noticias de magistrados que, habiendo enriquecido á tantos con sus sentencias, hayan dejado al morir otra cosa que la misera orfandad ó viudedad, que les corresponda ese, y cuenta que no será porque hagan vida aparatoso y espléndida.

El daño está en la organización, no en el personal; tal vez en lo que hay de esa inamovilidad, que se considera un bien. Generalmente entran en la carrera los mejores y más estudiosos jóvenes de las aulas, y, sin embargo, son raros los que se distinguen como escritores y jurisconsultos. El fenómeno tiene explicación.

Uno de esos jóvenes, lleno de alientos é ilusiones, comienza encerrándose en mal pueblo, con la rutina por guía y antecedente y la falta de estímulo por acicate. Sabe que ascenderá cuando le toque y, admitiendo la hipótesis que se discute, cuando tenga un protector; que por estudiar mejor ó peor los asuntos, ni premio ni pena le espera, y que hasta es peligroso meterse en libros de caballería, y más cómodo y seguro dejarse llevar de la corriente en el bote hábilmente bogado por escribános y curiales; que no es frecuente en manos de estos el naufragio, y en cambio es arriesgado prescindir de ellos, dirigiendo con las propias la barquilla; y es natural, porque la condición humana no se altera con un nom-
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bramiento, que se vaya inclinando á la vida pacífica, y sin peripecias, y así poco á poco, van labrando la rutina y la indolencia, hasta que, totalmente apoderadas del ánimo, forman un hábito arraigadísimo, y aquel joven ilustrado y laborioso acaba por ser un hombre que se duerme de hastío al perdurable sonsonete de los informes, y firma tranquilamente las más trascendentales resoluciones, cual si en ellas no fueran contenidas la vida, la propiedad, la honra y la tranquilidad de las familias. Ahora bien, todo esto y mucho más, se va elevando de la primera á la quinta potencia en relación con esa inmutabilidad eterna, llamada inamovilidad judicial. Esto, aun prescindiendo del legítimo orgullo de clase, del espíritu corporativo, del instinto al predominio y mil consideraciones más, cuya trascendencia daría para escribir muchos pliegos.

***

Llegó el Sr. Romero Robledo á Madrid, reunió á sus amigos para demostrarles que es el hombre más consecuente de la tierra y el que mejor sabe dónde va, no obstante lo cual, y para que no se mareen en los viajes circulares que suele hacer por la política, les aconsejó que cada cual se acomodara como mejor pudiera en la primera estación que se les presentara y fuera más de su agrado, no sin haber inventado, para uso y privilegio de los que le permanezcan adictos, un sistema originalísimo de organización que ha guardado en el mayor secreto tan cumplidamente, que no hay modo de que se publique y difunda.

Ha tronado contra los comités, probando una vez más que es hombre de penetración y que percibe las inclinaciones de la opinión y la realidad de las corrientes políticas, siquiera aproveche mal estas y otras buenas condiciones, á causa de
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su falsa situación y de otros defectos que oscurecen y anulan sus cualidades.

En sustitución de los comités ha ideado un sistema, que llama de la triangulación. Confiesa haberlo tomado de la masonería, pero al mismo tiempo declara que no sabe lo que se-mejante sociedad sea, de la cual, por lo visto, no conoce sino que es secreta y gasta triángulos. Mas si su primordial objeto ha sido guardar el secreto de las resoluciones, no ha debido tomar tal modelo, porque es el secreto á voces, y nadie más que el Sr. Romero, puesto que no lo haya dicho por modestia, está ignorante de lo que pasa entre masones.

Deducen los maliciosos que todos esos planes tenebrosos se reducen á buscar medios de mermar fuerzas á los liberales monárquicos, pues lo de ir á la lucha á quitar elementos á los republicanos, como él ha dicho, es cosa tan fuera del buen sentido político, que no es creíble sea propósito decidido y sincero de un hombre como el Sr. Romero, tan conocedor de las condiciones políticas de los partidos. Para esta clase de travesuras es condición precisa que haya cierta afinidad de ideas y aspiraciones, y nadie sospechará siquiera que pueda encontrarse entre las de aquel hombre político y los grupos republicanos españoles. Táctica semejante cabe que la intente el Sr. Martos, si quisiera con ella beneficiar á los conservadores, porque aunque su ayuda á estos la preste sin gran disimulo, al fin su historia y su inclinación se prestan á cierto género de combinaciones; pero intentarla el Sr. Romero, y declarándolo de antemano, si fuera verdadera resolución, resultaría la cosa más desatinada que hubiera imaginado un hombre político.

Solo el hecho de haberlo declarado, denota ya que no lleva tal propósito, pues, aun siendo descabellado, para que tuviera infimo éxito había de permanecer oculto, y á nadie cabe en la cabeza que político tan avisado y diligente, que tanto empeño muestra en ocultar una tramitación imposible de reservar, como toda organización política, fuera á descubrir, de buenas á primeras, su fin último y fundamental, única
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cosa susceptible de relativo secreto, por no ser necesario que lo conozcan muchas personas.

La trama, pues, solo puede encaminarse á menoscabar elementos á los conservadores y á los liberales, porque entre ambos se encuentra el Sr. Romero, y de unos ú otros ha de tomarlos en su pro. Ahora bien, son hechos públicos la intimidad con el Sr. Cánovas, las mutuas y amistosas conferencias de estos dos personajes, la participación, por medio de sus amigos, que el Sr. Romero tiene en los destinos públicos y la incompatibilidad, rayana con el odio, de este político con el partido liberal, en cuya perdición y caída tanta parte ha tomado. Por consiguiente, no es de presumir que sus actos se encaminen contra el Gobierno actual, y como no queda racionalmente otro término que las fuerzas liberales contra éstas, debe encaminar sus artificios, ó mejor dicho sus intenciones, puesto que es dudoso que tenga cabal concepto de esa tramitación casi inocente. No en ésta, sino en las ventajas que le proporcione el mantenerse hasta el momento de las elecciones en esa penumbra que, con mal disimulado empeño, quiere conservar, confiará para dañar al partido liberal, figurándose que no viéndosele bien y no pudiéndose distinguir las banderas y uniformes, no solo no será hostilizado por las fuerzas liberales, sino que en condiciones dadas podrá utilizarlas, en virtud de la confusión, entre sus mismos jefes. Si tal ha soñado, se ha dejado llevar más de lo justo de su ilusión, porque los tiempos y la táctica cambian para todos, y, entre otras cosas, hoy la luz eléctrica desvanece las penumbras, y aun las sombras, y se descubren pronto las maniobras.

Harto más temibles para el partido liberal serán los manejos que, dentro de su campo, se intenten por quienes presumiendo de habilidosos á la manera del Sr. Romero, carecen de la experiencia y perspicacia política de este.
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sión han de obedecer, más que á los resultados de los interrogatorios y audiencias, al criterio que cada uno de los señores individuos de esta Comisión tiene ya de antemano formado por sus estudios y tendencias políticas y económicas. Buena prueba es de esto el hecho de que algunos respetabilísimos individuos de esta Comisión, sin aguardar á conocer todos los datos de la información, se han anticipado á proponer en el Parlamento resoluciones sobre los puntos que la Comisión tiene el encargo de estudiar. Declaro que en vista de este hecho, muy reciente, me habría abstenido de molestar á la Comisión con mis observaciones, si no me hubiese considerado obligado á venir aquí por deber de cortesía, después de haber pedido que se me oyera, y por el deber de cumplir el honroso encargo que el Sr. Figuerola y yo recibimos de la Asociación librecambista.

Resumiendo estas consideraciones, la Asociación que tengo el honor de representar solicita de la Comisión informadora que aconseje y proponga al Gobierno: 1.º que no tome la iniciativa para la terminación de los tratados existentes, y espere á que sean denunciados por los otros contratantes; 2.º que resuelva definitivamente el cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.ª de la Ley arancelaria vigente de 1869, realizando á la vez las dos rebajas que debieron hacerse en 1878 y 1881 de los derechos extraordinarios, y firmando el arancel que haya de regir desde 1892, con carácter y tarifas exclusivamente fiscales, y derechos módicos, principalmente en los artículos de consumo necesarios para la vida de las más numerosas clases sociales, y en los que sean primeras materias para nuestra producción natural interior. He dicho.

GABRIEL RODRÍGUEZ.
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El que pudiera llamarse en la jerga política suceso del día, es la trascendentalísima discusión motivada en la Junta central del censo por las infracciones de la Ley electoral cometidas por el gobernador de la Coruña. La importancia del caso es tal, que de esta resolución dependerá la existencia de la Junta del censo. Si llega á predominar, como lleva trazas, el criterio del Gobierno, la tal Junta quedará reducida á un centro del poder ejecutivo dependiente, donde se entretengan en discutir y redactar circulares, de que nadie haga caso, unos cuantos respetables señores. Será mucho menos que la Comisión de Códigos y la Junta de Aranceles, pues al cabo en éstas, por su carácter técnico y ajeno á la política, toman fácilmente realidad social sus acuerdos.

Tienen razón los amigos del Gobierno, en que se merman las facultades del poder ejecutivo; pero esto, muy bueno para ventilado á su tiempo, es hoy un hecho legal, que solo con otra Ley puede deshacerse. Es más, de tal modo ha de ser esto, que las nuevas Cortes no podrán eludir la derogación de los artículos que la establecen, sopena de preferir una simulación de Junta en que solo haya engañosa apariencia, porque es ineludible que esa Junta tenga facultades ejecutivas y aun que esté dispuesta, sino en contra, enfrente del poder ejecutivo, puesto que su razón de ser arranca de la idea de contrarestar los abusos de los funcionarios de ese poder en materia electoral, ya que hubiera sido innecesaria para los cometidos por los ciudadanos, bien definidos y castigados por el Código y las antiguas leyes electorales.

Porque es grave la cuestión no debió la Junta tomar un acuerdo sin dirigirse á S. M. pidiendo que reuniera las Cortes para dar cuenta al Congreso de una cosa tan digna de su conocimiento, cual es el conflicto permanente con el Gobierno, que desde su constitución hasta el último acuerdo implican y en cumplimiento del núm. 6.º del art. 18 de la Ley electoral. No tiene explicación posible lo que está pasando, y se camina derechamente á crear un estado anárquico de los
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poderes públicos, teniendo que declararse en Convención la Junta frente al poder ejecutivo, pues, dadas las tendencias de éste, no transigirá sino ante la sumisión real y efectiva de aquella.

Mientras se trató de alguna solución teórica, sin trascendencia ninguna práctica, suficiente para satisfacer á demócratas de enjundia progresista, y fáciles de contentar por consiguiente con palabras y declaraciones, se ha ido saliendo adelante, como vulgarmente se dice, no sin grandes quebrantos y menoscabos de las facultades de la Junta. En la mayor parte de los casos resueltos, hasta ha convenido al Gobierno dejar que la Junta se de la satisfacción de disponer á su antojo, y si alguna vez ha discutido, más creemos que fuera por aparentar condescendencia haciendo que transigía, que por conveniencia. ¿Qué le importaba á él que dictara la Junta disposiciones sobre la impresión de listas y otros acuerdos ejusdem farinae, si al cabo todas ellas contribuían á librarlo de grandes aprietos en que lo colocaban deficiencias inevitables de una Ley de esta índole? Antes por lo contrario, en muchos casos la iniciativa laboriosa de la Junta lo ha librado de responsabilidades que hubieran sido suyas, y hasta de trabajos y preocupaciones. Pero ya verán los ilustres liberales de esa Junta en qué se convierte la apacible condescendencia del Gobierno cuando se trate de tocar puntos prácticos y de meollo y sustancia. Aun pudo hacer el inmenso sacrificio de que se imprimieran en la Gaceta sin el insértese del subsecretario de Gobernación, los documentos de la Junta, dejando con ello satisfechísimos á los mantenedores del sagrado fuego democrático, pues al cabo bien á poca costa lo hacía, y el concederle lo que cualquiera juez municipal hace, no valía la pena de discutir mucho, cuando, después de todo, aunque pequeño, era trabajo que se ahorraba á un funcionario.

Mas ha llegado el momento decisivo, el que determina la dirección práctica y eficaz de los asuntos electorales y, como el multar á un gobernador por faltas cometidas supone la
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imposibilidad completa de hacer muchas cosas que ya se están verificando, y más que son acostumbradas antes y después del periodo electoral, el Gobierno ha hecho alto en su fácil y hasta ahora barato camino de concesiones, y se opone á las no muy decisivas pretensiones de demócratas y liberales. No iban estos muy bien preparados cuando han podido producir efecto tales proyectiles.

La salida del Gobierno, hábil para la sorpresa, es de escasa resistencia. Que el gobernador de la Coruña realizó el acto ilegal, suponemos que lo sea, pues el hecho importa poco frente á la doctrina, en virtud de Real orden, y que el ministro solo debe dar cuenta á las Cortes, pero como depende de su voluntad reunirlas, claro es que, según la flamante doctrina, resulta la más completa impunidad de ese y de cuantos gobernadores hagan de la Ley mangas y capirotes, pues no habrá acto suyo ninguno que no se inspire en una Real orden ó la cumpla, siendo á gusto del Gobierno. Por lo demás, eso de que los ministros estén desobligados de pagar multas á que se hayan hecho acreedores, es de un sentido jurídico muy semejante al de quien sostuviera que están exentos de ejecuciones por sus deudas, y denota lamentable confusión entre el concepto de pena y condena judicial y el de las responsabilidades de que se trata. Solo puede haberlo defendido, si como dicen los periódicos lo ha hecho el Sr. Silvela, jurisconsulto tan eminente, por no llevar la contraria al Sr. Cánovas.

Mas aunque fuera cierto que así hubiera de interpretarse el art. 98, el cual terminantemente se refiere á cuantas personas intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales, ¿por dónde deduce el Sr. Cánovas que un gobernador esté exento de responsabilidad porque cumpla una Real orden? Podrá resultar la exención cuando en el proceso demuestre que obró con arreglo á las circunstancias 11.º ó 12.º del art. 8.º del Código penal, pero eso en el orden criminal solo afectaría al funcionario que tal demostrase, pero no al hecho ni á los demás responsables del delito, siquiera por ser