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del Puerto de Guadarrama, muy á propósito para encajar al vuelo una pulmonía; pero gracias á unas cuantas tiras de lienzo viejo clavadas con tachuelas arrancadas de varios bastidores, era de esperar que la pulmonía no entrase tan descaradamente. Verdad es que si antes el salón se enfriaba en cinco minutos, entonces tardaba un cuarto de hora, pero se enfriaba.

El decorado era digno de la estancia. Para lograr una temperatura soportable, habían emplazado en un lado del estudio una estufa del primitivo sistema, de las llamadas de chocolatera á causa de que el cañón ó tubo arranca del centro, pareciéndose á un molinillo. La colocación de la tubería fué llevada á cabo con más precauciones que las tomadas por el arquitecto Fontana para la erección del monolito de la plaza de San Pedro en Roma; y los tubos, parte de ellos pertenecientes á la estufa y parte debidos á la munificencia del dueño de la casa, que los tenía arrinconados por inservibles, los arreglaron lo mejor posible nuestros héroes, evitando de este modo los excesos y el lujo del estufista que no se hubiera conformado con aquellas venerables vejezcs.

Sin embargo, un detalle hubo de inutilizar casi por completo trabajo tan importante. Repleta la estufa de combustible y comenzado á arder, el humo, en vez de tomar el camino de la tubería, inundó el estudio. Era preciso abrir el ventanón para dar salida al insubordinado vapor, y despejada la sala de tan molesto huesped, ver de arreglar el desperfecto. Uno de los pintores se dirige á la vidriera y en vano trata de abrirla; la sacude con violencia, poniendo al propio tiempo de oro y azul á toda la corte celestial, incluso el Padre Eterno, pero el ventanón decía que nones. El pintor, nervioso ante aquella inesperada resistencia y atacado de fuertes golpes de tos, sacudía con furia la falleba y lanzaba todas cuantas interjecciones se le venían á la boca; la vidriera crujía, pero seguía cerrada; por último, con la ayuda de uno de sus camaradas logra abrir los cristales, pero un crujido más fuerte hizo lanzar una exclamación de susto á los tres consocios:
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mentario se forme y genere con entera y absoluta independencia del poder ejecutivo.

Cuando se presentó el proyecto de ley electoral, se creyó que la reforma más importante que entrañaba era la de ampliación del derecho de Sufragio y después se ha visto que con ser esa tan grande es inferior, sin embargo, á otras varias consignadas en distintos títulos de la ley. Y es que los autores del proyecto comprendieron que era ineficaz el principio, si no daban garantías para su ejercicio, por lo cual pusieron gran cuidado en lo que pudiéramos llamar la parte adjetiva de la ley.

Tres son los actos esenciales de toda elección: formación del censo, constitución de las mesas y escrutinio: pues bien, de todos ellos se ha ocupado la ley, con el doble fin de garantir al elector y quitar al poder ejecutivo, toda intervención. El censo se forma y revisa por Juntas de elementos populares: todos los que en estas operaciones intervienen deben sus cargos á la elección, y la alta dirección y suprema vigilancia de todos ellos está encomendada á una Junta Suprema constituida por las más altas dignidades adquiridas por la libre elección. El Gobierno y sus delegados deben ser ajenos á todas estas operaciones hasta el extremo de que si el Ministro de la Gobernación ó el Gobernador quieren conocer el censo, necesitan comprarlo en las Secretarías de las Diputaciones Provinciales.

Las mesas electorales se constituyen también con entera independencia de los agentes del poder; la mesa no es ya la máquina que funciona á gusto del representante del Gobierno: con la intervención de los candidatos y de la Junta Provincial; la mesa es un campo neutral en donde todos los aspirantes contarán el número de sus adeptos y sumarán sus fuerzas, sin que las autoridades puedan ni presenciar las operaciones.

El escrutinio es también un acto en que los agentes del poder no intervienen para nada; el recuento de votos se hace por los mismos electores presididos por un Magistrado sin voz
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ni voto, ajeno al distrito y encargado solamente de dirigir la discusión y conservar el orden. Vése, pues, que la ley ha procurado revestir todas las operaciones electorales de verdaderas garantías, encargando su cumplimiento á los mismos electores y alejando en absoluto al poder ejecutivo de cuanto contribuye á la formación y desenvolvimiento del poder parlamentario.

Háse criticado por algunos este rigorismo de la ley y la desconfianza que se revela en muchos de sus artículos; han pretendido otros calificarla de anárquica por no encajar bien dentro de los moldes de nuestro artificioso régimen constitucional; y otros han sostenido que no era decoroso el papel que con este sistema desempeñaba el Gobierno, reducido á presenciar indiferente el acto más importante de la política de un pueblo. Mas los que así discurren se olvidan de nuestra desdichada historia electoral: han sido tantos y de tal entidad los males causados por los Gobiernos á los pueblos con motivo de las elecciones, que no nos explicamos aún cómo ha quedado resto alguno de espíritu público; las poblaciones rurales consideraban el período electoral como la mayor de las calamidades, y los políticos causantes de la atonía é indiferencia del cuerpo electoral, se quejaban de la falta de opinión pública, que determinase el cambio de Gobierno. A todo esto ha respondido la nueva ley estableciendo una separación completa entre las elecciones y las funciones gubernamentales, sin cuidarse de si sus disposiciones estaban dentro del molde del convencionalismo político. Todos deseaban, al parecer, que la opinión pública imperase, y á establecer este predominio se han encaminado los preceptos de la ley electoral.

Veamos los resultados en la práctica, limitándonos á la formación del censo, único acto ejecutado hasta ahora, y apreciemos la conducta seguida por los diversos factores que han intervenido en esta operación trascendental; sabido es que en muchos pueblos de España no había censo electoral, ni en realidad hacia falta, dado el sistema electoral que se
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seguía. La ley de 1878 declaró permanente el que mandó formar, y ya por incumplimiento de la ley ó por la falta de depuración, ó no había registro electoral ó el que existía era el índice de una necrópolis; era pues una tarea árdua la que la nueva ley imponía á los Ayuntamientos obligándoles á formar en un mes, un censo provisional, contando con que en algunos puntos se carecía hasta de padrón municipal; pues bien, los datos publicados por la Junta Central demuestran de qué modo han cumplido los pueblos, esa obligación; de los diez mil Ayuntamientos que hay en España, en sólo cien Municipios, ha dejado de formarse el censo; todos los demás han demostrado con sus actos que no necesitan la dirección y vigilancia de los Gobernadores, para hacer lo que disponen las leyes. Las Juntas Municipales y Provinciales por regla general han llenado cumplidamente los cargos que la ley les confiara; procediendo con un gran espíritu de tolerancia y resolviendo los puntos de derecho con sujeción á los principios legales, sin que esto quiera decir que no haya imperado alguna vez el interés de partido. No podemos ser tan benévolos en nuestros juicios al apreciar los fallos de las Audiencias, y en verdad lo sentimos por el respeto y consideración que nos merecen los Tribunales de Justicia. Lo decimos con pena aunque con la energía que infunde una convicción profunda; las Audiencias han dado un espectáculo lamentable; ni en sus procedimientos ni en sus fallos han conservado la serena imparcialidad que demanda la justicia. Buscaba en ellas la ley electoral un escudo invulnerable, un asilo en donde encontrara protección el que hubiera sido víctima de las injusticias de los partidos, y sensible nos es confesar que han salido fallidas las esperanzas de la ley; varios son los Tribunales que han conocido de estas apelaciones, y cada cual ha aplicado la ley de un modo distinto, revelando en algunos fallos, un desconocimiento completo de la hermencútica legal; así mientras la Audiencia de Madrid negaba la personalidad de todo el que no era apelante, la de Sevilla, invocando el último párrafo del art. 15, tenta como parte á
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todo el que lo solicitaba. A más de esto que pudiera pasar como interpretación más ó menos restrictiva de la ley, están las resoluciones de fondo.

La ley electoral reconoce el derecho de sufragio á todos los españoles mayores de veinticinco años, que sean vecinos de un Municipio en que cuenten dos años de residencia. No definiendo esta ley lo que se entiende por vecino es indispensable recurrir á la ley municipal para comprenderlo, y como esta ley dice, que es vecino el que se halla inscrito en el padrón de vecinos, dicho se está que á éstos y sólo á éstos se refiere la ley; así lo han entendido las Audiencias de Madrid y Cáceres; mas la de Barcelona, dividida en dos secciones ha dado dos fallos enteramente contrarios, pues por uno no se declara elector más que al que está inscrito en el padrón de vecinos y por el otro se incluye en las listas al que carece de este requisito; por el primero se aplica la ley; por el segundo se violentan sus términos declarando elector no al vecino, sino al que tiene condiciones para conseguir esa declaración, que corresponde hacer no al Tribunal, sino al Ayuntamiento respectivo; y como estos fallos tan contradictorios han coincidido en favorecer la pretensión de los elementos conservadores, algunos han sospechado que las pasiones políticas han encontrado calor y vida en el tranquilo y reposado santuario de la justicia. Mas prescindiendo de esta maligna sospecha, es indudable que lo hecho por la Audiencia de Barcelona, es poco edificante y no se presta á obtener el respeto que merecen nuestros Tribunales. Y si tan poca fortuna han tenido las Audiencias al aplicar la primera parte del art. 1.º de la ley del Sufragio, tampoco se han distinguido por su acierto en la interpretación que han dado al párrafo referente á las suspensiones del voto.

La ley electoral no ha definido el carácter del derecho de Sufragio; dejando á los escritores de derecho público esa tarea científica, ha reconocido de hecho el voto á todo ciudadano, que á su entender haya llegado á la plenitud de su desarrollo y demostrado con sus actos consecutivos, su per-
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manencia y estabilidad, en un Municipio; mas tanto por esto, cuanto por las excepciones al principio general, se indica bien claramente que en la mente de los legisladores, bullía el pensamiento de considerar el sufragio como una función social. Así solamente se explica la suspensión del voto á ciertas clases sociales. Estas declaraciones las encomienda la ley en primer término á las Juntas Provinciales, especie de jurado político compuesto de hombres de todos los partidos, y en última instancia á las Audiencias Territoriales encargadas por la ley común de definir y declarar todos los derechos.

Siendo funciones sociales distintas las del servicio de las armas y el ejercicio del derecho de sufragio, la ley las ha declarado incompatibles y ha privado del voto á los que pertenecen al ejército activo; más limitada esta privación por razones que no son del momento á las clases e individuos de tropa, apenas han tenido las Audiencias que conocer en algún caso de esta naturaleza, ya porque la mayoría de los que sirven en los ejércitos carecen de la edad indispensable para gozar del derecho electoral, ya porque los que forman las clases no tienen la vecindad y residencia que exige la ley. Como no ha habido discusión acerca de este punto, no hay fallo que criticar. La discusión ante los Tribunales ha versado sobre la inteligencia del párrafo último del art. 1.º de la ley. Si en el Congreso hubiera habido controversia ó se hubiera pedido aclaración acerca de ese extremo, se hubieran disipado las dudas que después han surgido ante las Audiencias.

La ley no quiere que ejercite el derecho de sufragio el que pertenece á un cuerpo armado costeado por el Estado, la Provincia ó el Municipio, y como antes ha excluido á los que forman en las filas de los ejércitos de mar ó tierra, dicho se está que no es posible acudir á la ley constitutiva del ejército para encontrar la definición de lo que se entiende por cuerpo armado, porque ese párrafo del artículo está hecho precisamente para abarcar á todos los institutos que usando armas, no están en los ejércitos regulares. No pudiendo bus-
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carse esa definición en las leyes militares, es indispensable para aplicar la ley acudir á las definiciones del lenguaje y á lo que disponen los reglamentos de cada instituto.

Cuerpo en el sentido social y jurídico es un conjunto de individuos dedicados á una función ó servicio social, regidos por una ley ó reglamento que establece sus derechos y fija sus obligaciones; y cuerpo armado es aquel mismo cuerpo, que usa armas como parte de su vestido ó uniforme y que tiene un régimen disciplinario de subordinación y dependencia á sus jefes; esto y sólo esto es un cuerpo armado. En tal sentido y por el hecho de estar costeados por el Estado, la Provincia ó el Municipio, están incluidos en la suspensión del voto, en Madrid, el cuerpo de Orden Público, el de Policía y el de Resguardo de Consumos, y en las provincias, los Rurales de Valencia, los Forales de Navarra, los Migueletes de Guipúzcoa, los Miñones de Vizcaya, los Mozos de Escuadra de Cataluña y todos aquellos que tienen el nombre de armados ó que lo son por su régimen, organización y disciplina. Sostener como ha hecho la Audiencia de Madrid que no hay más cuerpos armados que los que están sometidos á la Ordenanza y gozan del fuero militar equivale á borrar el último párrafo del artículo 1.º de la ley.

Las armas y las urnas son incompatibles: la obediencia que aquéllas imponen no se armoniza con la libertad de que debe gozar el elector: la ley ha querido evitar el conflicto entre dos deberes: la ley ha procurado que la fuerza cuyo auxilio puede pedir el Presidente de un Colegio, fuese extraña á la contienda; y las Audiencias, reformando la ley, han dado ocasión á que los institutos armados puedan ser autores y pacificadores de un tumulto electoral. Tal ha sido la obra de los Tribunales de justicia.

El Gobierno por su parte ha procedido como era de esperar dada su significación conservadora; interpretando á su gusto la Constitución del Estado, procura vivir largo tiempo del silencio obligado de las oposiciones: Gobierno salido de una minoría no se cuida de consultar la opinión del país y
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procede como si representara á un Monarca absoluto: el Ministro de la Gobernación prescinde de la ley electoral y procura encasillar á sus parciales en los distritos haciendo caso omiso del cuerpo electoral; y los Gobernadores destituyen Ayuntamientos y trastornan la administración municipal para hacerse de dóciles ejecutores de sus planes electorales, todo encaminado á falsear el pensamiento de los electores sin perjuicio de lamentarse luego de la falta de opinión pública.

En medio de la tristeza que causa el proceder del Gobierno, consuela la actitud de la Junta Central del Censo. Ese organismo creado por la ley del Sufragio es la única garantía contra las arbitrariedades de los gobernantes; ella es el valladar que evita la comisión de mayores abusos y la que con sus prudentes y acertadas disposiciones infunde algún ánimo al decaído cuerpo electoral. Partidarios decididos de esa institución, de ella lo esperamos todo y así como hoy contiene las demasías de los gobernantes, así esperamos, que si mañana lo exigen las circunstancias, sea su enérgica protesta la señal de una coalición que imponga el respeto á todos los que se empeñan en bastardear el Sufragio universal.

Contando con la energía y decisión de la Junta Central, los partidos liberales deben aprestarse á la lucha, haciendo lo que para ocasiones semejantes aconsejaba el ilustre escritor á que al principio nos hemos referido. «Si queréis que el elector sea fuerte contra el poder, decía Royer Collard, dadle compañeros, unificad las fuerzas, formad masas.» Tal debe ser la obra de los partidos liberales: aparte de la diferencia de principios, que no es esta ocasión de dilucidar, los amantes del Sufragio universal tienen un lazo común; la ley electoral se ha reformado, no tanto para extender el voto, cuanto para conocer la voluntad de la Nación y acomodar el Gobierno á sus necesidades y deseos: todos pues, tienen la misma aspiración; trabajemos, pues, todos porque esa aspiración se realice; y busquemos en los comicios el Gobierno de la Nación por la Nación misma.

ANTONIO RAMOS CALDERÓN.
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UNA RÉPLICA

AL OBISPO DE OVIEDO

Ilustrísimo y venerable señor: Llegó casualmente á mis manos un número de La Ilustración Católica, en el cual se inserta un escrito de V. I. criticando otros míos que han visto la luz pública en la Revista de España, y dirigiéndome en pocas líneas un considerable número de cargos que tengo por infundados en su mayor parte. Soy poco amigo de entablar polémicas cuando sólo han de ser conocidas del público las razones de uno de los arguyentes, asemejándose los resultados en sus efectos, según dije en ocasión parecida, á los de aquel que en un dúo sólo escuchara el canto de una de las voces. Si ahora quebranto mi propósito, lo hago para dar testimonio de la verdad, á la cual siempre he profesado amor y rendido culto. Y por cierto que del examen de conciencia á que voluntariamente me he sometido, sólo encuentro un pecado de que acusarme: el de haber dado á fray Damián Cornejo la investidura de arzobispo, error que en nada afecta á la tesis por mí defendida, la cual deja íntegra y en pie V. I. Aquel error, que me apresuro á declarar, no merecía, en verdad, las iras de quien tan superior á mí es en saber y dignidad.

¡Tantae animis caelestibus iræ!
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Y pido humildemente perdón á V. I. por acudir á escritores profanos y gentiles en materia religiosa y católica.

Sin entrar á explicar cómo pude incurrir, involuntariamente (créame V. I.), en tal error, ni el origen de él, que no le importa al público, le haré saber tenía terminado, hace muchos años, el trabajo cuya introducción ha visto ya la luz pública. El manuscrito, sin revisar, lo entregué, tal como se encontraba, á un amigo para su publicación, sin más trabajo, por mi parte, que el de agregar algunas cuartillas de actualidad (como ahora se dice), encargándose mi amigo hasta de corregir las pruebas, que, á haberlas yo corregido, cuidara de omitir ó enmendar cuanto no se ajustase á la más estricta y escrupulosa exactitud.

Confieso, pues, mi yerro; Errare humanum est; todos erramos, ilustrísimo señor, todos, sin exceptuar los obispos. Dígallo, si no, el ilustrísimo Martínez Izquierdo, Obispo que fué de Salamanca (creo no equivocar ahora el título), quien en pleno Congreso de diputados (1) nos dió la sorprendente noticia de que Luciano de Samosata fué amigo del emperador Juliano el Apóstata; ¿como si se dijera que D. Francisco de Quevedo había cultivado el trato del rey D. Alfonso XII. Y si tan claro varón erraba en asunto de su competencia, ¿qué habré de hacer yo, pobre de mí, en materias tan extrañas á mis estudios? Porque si fray Damián Cornejo no fué arzobispo, méritos tuvo para serlo en época en que los predicadores decían desde el púlpito á voz en grito: «que se hacían de soldados obispos, de sacristanes predicadores de los reyes; y tanto, que como abarataba la fruta, los podrían pregonar que iban á ocho (2).» En cuanto á la amistad de Luciano y de Juliano el Apóstata, haré observar á V. I. la imposibilidad del hecho, pues ya entonces se había perdido la costumbre de alcanzar la prolongada edad de doscientos años, cosa común y corriente en tiempo de los patriarcas.

¿Quién era el fray Damián Cornejo, causante de mi yerro?

(1) Diario de Sesiones del 24 de Octubre de 1871.
(2) Cartas de los jesuitas, tomo 1, pág. 166; 9 de Abril de 1685.
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Fué un reverendísimo padre maestro (así es calificado) de la orden de San Francisco, colegial del mayor de San Pedro y San Pablo de la Universidad de Alcalá, lector en teología y catedrático de prima de teología mística, custodio y padre de la provincia de Castilla, de la Regular observancia, Examinador sinodal del Arzobispado de Toledo, Guardián de San Diego de Alcalá y Cronista general de su orden, cuya historia escribió en cuatro in folios, dedicando los ratos de ocio, que le dejaba tan árido trabajo, á cultivar materias menos santas y recomendables. Tan altos méritos le elevaron á la dignidad de Obispo de Orense; y mi error no ha sido tan grande, porque si fray Damián Cornejo no obtuvo el primer premio, alcanzó, por lo menos, el accésit; y si no residió en Santiago, anduvo cerca de aquellos lugares (1).

Usía ilustrísima limita el bagaje literario del guardián de San Diego de Alcalá á sólo dos sonetos, que supone desconocidos de sus coetáneos, y hasta deja entrever la posibilidad de que sean apócrifos, recurso cómodo y seguro para salir airosos de cualquier mal paso. ¿Y por qué detenerse en tan buen camino y no declarar también que las comedias de Tirso no fueron escritas por fray Gabriel Téllez?

Siento afligir el ánimo piadoso de V. I. con la noticia que voy á darle: las composiciones poéticas de fray Damián Cornejo se cuentan por docenas, y han sido tan gustadas, celebradas y esparcidas en su tiempo, que no hay biblioteca, pública ó privada, que no cuente, por lo menos, con un ejemplar de la colección. En cuanto á su autenticidad, puesta en duda por primera vez en la ocasión presente, es cuestión que ventilará con los Sres. Sancho Rayón y Zarco del Valle, au-

(1) Para que V. I. pueda comprobar mis noticias, le hago saber puede encontrarlas en la pág. 195 del tomo xvii de la España Sagrada del Padre Flórez; en la Historia de la Orden de San Francisco, escrita por el mismo fray Damián Cornejo, y, por último, en la Biblioteca universal franciscana, por fray Juan de San Antonio, quien le califica de vir sane acuto, prompto, et facili ad omnia, ingenio: et cum aliis, humanioribus litteris excellus, que, vertida á la lengua castellana, significa haber sido de agudísimo y fácil ingenio; apto para todo género de estudios; versado en humanidades y otras literaturas.