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tivas, más académica que propia, no debe ofender, ya que se admita, la unidad del derecho ni menoscabar la importancia común y la necesidad recíproca de esas dos ramas de la ciencia y de la vida jurídicas, entre las cuales existe una relación semejante á la que funde en íntimo consorcio la sustancia y la forma de las cosas. La acción del Estado en el orden del derecho penal y civil se manifiesta por la ley y por la sentencia. Si la primera es la declaración que hace el legislador de la conciencia jurídica de su tiempo, la segunda participa más todavía, si cabe, de ese carácter, puesto que por ella se exterioriza el derecho y vuelve á la vida social, de cuyo seno nace. No es maravilla, por tanto, que los progresos de ambos brazos de la legislación no anden muy separados en la historia.

Entre nosotros se ha adelantado, con todo, la ley procesal á la sustantiva; puesto que hoy los juicios criminales, merced á una transformación completa de las antiguas leyes y costumbres, se celebran por el procedimiento oral y público, con la única instancia y el Jurado. Dos de esas novedades, anheladas ambas tiempo hace por todas las escuelas, constituyen inequívocos progresos de índole científica, que el celo y el saber de la Magistratura no tardarán en depurar de sus defectos actuales; y aunque no puedo considerar el Jurado del mismo modo, cúmpleme, por altos deberes de mi cargo y por sinceros impulsos de mi deseo, esforzarme en atender á que justifique las esperanzas de sus fundadores. Lo hará el actual Gobierno, con la misma sinceridad y perseverancia de propósitos que hubieran otros podido emplear, y para procurarlo requiere, en este momento solemne, el concurso de la Magistratura.

Nadie oirá con sorpresa esta declaración, hecha oportunamente en las Cámaras y reproducida después en un profundo escrito sobre la institución á que me refiero, juzgada bajo su aspecto técnico y jurídico por el eminente hombre de Estado que preside el Gabinete, no sin aprovechar el tema para exponer, con la elocuencia habitual de su palabra y de
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su pluma, aquel postulado de la doctrina parlamentaria, según el cual, los graves inconvenientes que ocasionar pueda la forzosa alternativa de partidos que, inspirados en principios é intereses diversos, naturalmente se inclinan á deshacer sus recíprocas obras, no tienen otra mitigación posible que el patriótico y mutuo propósito de no dejarse llevar irreflexiva y vanamente de propensión semejante, sujetándose antes bien por convicción propia á no remover las cosas una vez ya establecidas, sino cuando lo aconsejen nuevas y urgentes razones que en su generalidad reconozca y sauncione la opinión pública.

Nada cabe añadir á estas clarísimas palabras, é inspirándome en ellas y en el firme propósito que al Gobierno anima de asentar, mejorándola cuanto en su esfuerzo quepa, la organización jurídica, administrativa y económica del Estado, no preparo otras reformas de nuestras instituciones judiciales que las muy justificadas por su necesidad notoria, propias por su carácter técnico además para unir en un común esfuerzo las inteligencias y las voluntades que suele separar la política.

A todas esas condiciones responde, ó me equivoco mucho, la creación en nuestra patria de la justicia correccional, más de una vez intentada sin éxito. Es tal jurisdicción un corolario de la reforma del Código penal y un complemento de la existencia del Jurado.

Puede perjudicar á esta institución en su segundo ensayo, el radio demasiado extenso que ha dado la ley á su competencia. Atribuido el conocimiento de los delitos al Tribunal del Jurado, por su figura ó designación genérica y no por su importancia, deducida de la pena que solicite el Ministerio público en las conclusiones provisionales, ó apreciada por otros medios de clasificación gradual; surge el doble riesgo de que, elevándose fácilmente los juicios á un número considerable, resulte excesivo y en la mayor parte de los casos no justificado su coste, y ocasione su ejercicio una labor demasiado frecuente y penosa en desproporción también no
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pocas veces con su objeto, concitando la oposición de contribuyentes y jurados. En numerosísimos casos habrán de aplicarse las solemnidades, los dispendios y las lentitudes de esa forma de juicio á hechos insignificantes é incapaces de interesar á la opinión ni á los jurados, que sólo justifican y merecen un procedimiento expedito y una reprensión cuya eficacia depende, en gran parte, de la rapidez con que se impone. Otro tanto cabe decir de la mayoría inmensa de los hurtos y lesiones en que entienden las Salas y Audiencias de lo criminal, y aun se puede afirmar con mayor razón por ser más crecido el número de tales hechos.

Importa, sobremanera, á la prontitud de la justicia, á la mejor instrucción de los procesos y al prestigio mismo del Jurado, sustraer á su conocimiento y al de las Audiencias lo que en el tecnicismo de otras legislaciones se llama correccional, mucho menos extenso como sabeis en cuanto al grado de la penalidad que lo correccional ó menos grave de nuestro Código, y organizar Tribunales que entiendan con formas adecuadas en esa parte, la menor en importancia, la mayor con mucho en extensión, del campo, tristemente fértil, de la criminalidad. Ya se limite á estos juicios breves y sumarios su competencia, ya se amplie á otros más solemnes y aun al juicio por jurados, presidiendo en estos últimos casos las sesiones un magistrado del Tribunal Superior, siempre la institución de que trata, acreditada en tantos países por la experiencia, y hace no pocos años preparada en el nuestro por los trabajos de la Comisión de Códigos, acercará á los justiciables la justicia, produciendo para su rapidez, ejemplaridad y eficacia, ventajas evidentes.

Problema difícil es en nuestra patria el de la justicia municipal. Hácese su organización presente más insostenible á medida que los nuevos Códigos acrecientan los deberes y la
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responsabilidad de los funcionarios gratuitos, y en general legos, que la administran. Por eso su reforma en la dirección, ya por común consentimiento indicada, de agrupar en comarcas ó distritos los términos municipales y dar al juez adjuntos que con él intervengan, por lo menos, en el fallo de los juicios de faltas, no podrá diferirse así que el nuevo Código ensanche en lo criminal los límites de este primer grado de la jurisdicción.

Tamañas modificaciones del modo de ser de nuestra administración de justicia, en dos de sus órdenes principales, brindan natural ocasión para fijar definitivamente el texto provisional y vago de la ley orgánica de Tribunales. Ya el Sr. Alonso Martínez presentó como ministro de Gracia y Justicia á las Cortes del reino un proyecto de bases dirigido á armonizar y refundir esa ley con la adicional de 1882, no sin que su autor reconociese la dificultad de compilar disposiciones inspiradas en sistemas diversos. El estado anómalo de nuestra legislación en materia tan esencial é interesante, no puede continuar, según se declaraba con autoridad incontrovertible en el preámbulo de aquel documento parlamentario.

Difícil es, hoy, averiguar cuáles preceptos de la ley orgánica están hoy vigentes entre tantos otros abogados, reformados, en suspensó ó en desuso, desde que, á poco de su publicación, se mandó guardar y cumplir, en todo aquello cuya observancia fuese posible; situación irregular que han venido á hacer más confusa la ley adicional con su incierta disposición derogatoria y la copiosa serie de decretos, órdenes, reglamentos y circulares que se han dictado en los últimos años acerca de los organismos judiciales y sus funciones. Debo al paciente y sabio celo de algunos de vosotros, con cuyo valiosísimo auxilio vengo, desde el principio, contando en mis trabajos, una compilación tan interesante como útil de todo lo
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que debe considerarse en vigor sobre esta trascendental materia, y su mera lectura, no ya su estudio, al que en estos momentos me consagro, evidencia la necesidad que proclamaron mis antecesores de redactar y someter á las Cortes, en una otra forma, un proyecto de ley de organización judicial que, desarrollando con fidelidad las bases constitucionales, responda á todas las exigencias presentes de la administración de justicia. Este trabajo, encaminado, más que á introducir profundas innovaciones, á ordenar lo existente, resolviendo con un definitivo criterio orgánico el problema de la justicia penal, tiene sus fuentes propias, ante todo, en la ley fundamental del Estado, y después en las Memorias y proyectos de la antigua Comisión codificadora, debidos á maestros de tanta ciencia, como los Sres. Gómez de la Serna, Cortina y Cárdenas; en la ley orgánica de 1870 y en los estudios interesantísimos hechos entonces sobre división judicial, que honran, como la ley misma, al jurista por cuya iniciativa se realizaron; en otros proyectos posteriores; en la ley adicional de 1882; en las disposiciones especiales á que antes he aludido y, por último, en las lecciones de la experiencia y la estadística, inestimables para la acertada distribución del trabajo judicial entre los Tribunales.

Fácilmente se alcanzan las reformas procesales que corresponden á las orgánicas de la justicia penal, cuya indicación precede. Más laboriosas y oscuras se presentan las que también reclama el enjuiciamiento civil.

Sus antiguos vicios, contra los cuales fulminaron tan severas censuras el conde de Campomanes en el siglo pasado y el marqués de Gerona en el presente, persisten al abrigo de abusivas prácticas, á pesar de los esfuerzos que hicieron para desarrullarlos los legisladores de 1855 y 1881. El Código que hoy rige los procedimientos civiles, no ha logrado
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redimirlos de la nota secular de dispendiosos y lentos que sobre ellos pesa. Harto lo pregoná la baja creciente de los negocios, que no es por desgracia signo fausto de serenidad social ó espontánea armonía, sino muestra sensible de alejamiento de los Tribunales ante el temor de los enormes gastos que la contienda judicial impone.

Hace hoy un año, oísteis en este sitio á mi ilustrado y elocuente antecesor, el Sr. Canalejas, proclamar como remedio de ese y de otros males de nuestro derecho procesal, no menos que la instancia única y la oralidad en los juicios civiles. Más valiosas que la razón de analogía con el procedimiento criminal en que suele apoyarse la defensa de esa novedad considerable, me parecen las derivadas de la rapidez y economía que pudiera introducir en el enjuiciamiento, ó de la ventaja que ofrece el reunir en un solo y amplio juicio la garantía de diversos parcerces, cuyo contraste busca también el sistema de la apelación, aunque por más largo camino. Ya el ilustre conde de Campomanes, uno de aquellos magistrados insignes cuya memoria evoqué con patrio orgullo al principio de estas páginas, decía de la Justicia en el siglo pasado, que ella tiene más vigor donde menos se escribe y donde el asunto se ventila á presencia y por las razones alegadas por boca de las partes; que el mucho hablar por escrito había tenido principio en la barbarie de los siglos y en la pereza de los jueces; que los trámites de nuestras actuaciones son eternos, y que, en fin, la verdad, según el dicho de un satírico, andaba en aquellos tiempos empapelada, por el mucho papel que solía emborronarse para la cosa más trivial y fácil.

Cabe, sin embargo, acudir á la mejora de nuestras leyes procesales y de nuestras costumbres forenses, sin aventurar el acierto en una reforma que nuestras sabias Comisiones de Códigos examinaron más de una vez, no encontrándola abonada por la experiencia á pesar de los prosélitos que ha alcanzado en el campo de la doctrina. Puede simplificarse mucho el procedimiento mixto que adoptaron y siguen las
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blica, los conceptos filosóficos, las ideas religiosas. ¡Quién sabe en lo que se convertirán estos elementos modeladores dentro de cuatro ó cinco mil años! ¡Quién sabe las trasformaciones que sufrirá el ideal de conducta en ese tiempo! Sea cual fuere, entrará siempre como elemento modificador de las circunstancias, tenderá siempre á desviar la resultante de otros motivos en una dirección que se conoce y se exige, tanto por los poderes exteriores como por la intimidad individual.

Si salimos de esta realidad fecunda y bienhechora para soñar con leyes morales absolutas, emanadas de divinidades y principios... trascendentales abstractos, que ni tienen mayor eficacia ni pueden explicar de ningún modo el por qué y la razón última del ordenamiento mismo de esas leyes morales, entonces el problema se cubre de sombras y es imposible vencer las dificultades que sin cesar nos van saliendo al paso. Lo curioso de estas leyes absolutas es que van coincidiendo punto por punto con el interés, primero de uno mismo sobre el semejante, y luego con el del mayor número. ¿Debe el hambriento dar á otro el pan que ha de salvarle la vida? Según las reglas de esta moral absoluta, no; lo mismo dice el interés individual. ¿Debemos matar á otros seres para conservar nuestra existencia? Sí, dice la moral absoluta; y lo mismo dice el interés humano. ¿Debe sacrificarse uno por salvar á mil? Sí, responden esas leyes; pues también lo afirma el interés del mayor número. Todo esto es muy moral, y muy absoluto, y muy triste, y mucho más interesado, désele las vueltas que se le quiera dar. ¿Qué debemos pensar de semejante paralelismo?

En toda conducta moral hay un interés evidente que nos inclina hacia tal ó cual determinación con preferencia á otra; este interés está en la exigencia del modelo que llevamos interiormente, al cual pretendemos ajustar nuestros actos, por lo menos en apariencia. La novela moderna se ha encargado de descubrir con toda sinceridad las terribles luchas entre los demás instintos humanos, y este factor ideal en todas las organizaciones y temperamentos, y sus resultados
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naciones modernas, síntesis científica, á la vez que histórica, del oral de la antigüedad griega y romana, y del escrito y formalista de la Edad media. El solemne juicio declarativo, los juicios sumarios, los sumarísimos y los especiales, así como los incidentes, son todavía susceptibles de modificaciones que los encaucen y abrevien, sin perjuicio del pleno y libre desarrollo de las alegaciones de las partes. Más necesario es contener los inveterados abusos que eternizan los juicios universales, aunque para ello y para lo anterior sea preciso apartarse del principio rigoroso y absoluto de la justicia rogada, dando mayor iniciativa al Tribunal en la dirección del procedimiento. Importa asegurar, con meditada severidad, la observancia de los términos, haciéndolos en mayor número perentorios y fatales, con la amplitud razonable en manos del juez, pero con caducidades de oficio ó por ministerio de la ley, no sujetas, como tampoco las recogidas de autos, á escritos de apremio ni de rebeldía, y sin que por causa alguna, que no sea el formal y definitivo desistimiento, pueda interrumpir el curso de la sustanciación.

El procedimiento por copia, acertadamente introducido para dar fjeza á los autos en la Secretaría, debe revisarse también, con el objeto de corregir los abusos que le han hecho en la práctica tan costoso.

El tratado de ejecución de las sentencias reclama esenciales reformas, pues la práctica enseña que no fueron bastantes las introducidas en 1881 para cortar el abuso de incidentes y alzadas con que suelen los litigantes vencidos entorpecer el cumplimiento de los fallos.

El beneficio de pobreza, por último, para no citar más ejemplos, encierra una grave cuestión, siempre en pie por la dificultad de combatir las asechanzas á que se presta, brindando á tantos parásitos de la curia medios y ocasión de ingerirse en abintestatos de importancia y en asuntos análogos, sólo para poner precio á la mala fe con todo linaje de pretensiones temerarias. Salvando los grandes principios humanitarios y sociales á que obedece el beneficio de la defen-
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sa gratuita, que, como todos los beneficios en derecho, no se da para favorecer, sino para evitar perjuicios, es fuerza restringir la facilidad de su abuso, ya obligando, como en Italia, al que lo pretenda á acreditar previamente que promueve una verdadera cuestión litigiosa, ya extendiendo las facultades el Ministerio fiscal, así para perseguir esos culpables ardidés, como para solicitar las correcciones disciplinarias en que puedan incurrir por abandono, los defensores del verdadero pobre, y para subsanar las omisiones que, en su daño y sin su culpa, se cometan en el procedimiento.

Acaso parezca prematuro revisar una ley que con tamaño estudio y tanto acierto elaboraron los doctos vocales de la Comisión de Codificación bajo la iniciativa del Sr. Alvarez Bugallal y la presidencia del Sr. Alonso Martínez; pero van á trascurrir desde que entró en vigor diez años, en los cuales, no sólo ha aconsejado la experiencia las alteraciones que he expuesto de pasada, y no pocas más, sino que nuestro derecho determinador ó sustantivo ha experimentado también grandes transformaciones que, por sí solas, exigirían imperiosamente la revisión del Código procesal.

Acaban de crear, en efecto, el de comercio y el civil, instituciones nuevas, que por falta de procedimiento adecuado, arrastran, hasta el presente, vida incierta, con menoscabo de su prestigio y de los intereses sociales que deben proteger. Tales son, por ejemplo, en la esfera del derecho común: el consejo de familia, el protutor y todas las innovaciones que ha introducido el Código en la guarda de los huérfanos é incapacitados y en la administración de sus bienes, no menos que las relativas á la adopción, al matrimonio y á los testamentos, y en el orden mercantil la suspensión de pagos; bastantes unas y otras para alterar profundamente el libro consagrado por la Ley de Enjuiciamiento civil á la jurisdicción voluntaria y en no pequeña parte el que trata de la contenciosa.

Qué desarrollo hayan de alcanzar las nuevas reglas de procedimiento en cada una de esas difíciles materias, bien
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lo comprende vuestra ilustración; pero permitidme que insista brevemente en la necesidad de legislar sobre algunos puntos de vital interés para el comercio.

Los artículos 870 al 873 del Código que establecen las suspensiones de pagos con separación de las quiebras propiamente dichas, no han ofrecido en la práctica, por falta de desenvolvimiento y garantías en la legislación adjetiva, el resultado que el legislador se propuso al dictarlos. Muy lejos de ello, prestan ocasión á tamaños abusos, fraudes y escándalos que han puesto en honda alarma los intereses mercantiles del país. Urge, sin duda, establecer trámites protectores del comercio de buena fe que, como las convenientes precauciones, la documentación y requisitos necesarios en la solicitud de suspensión de pagos y en el convenio y la prudente limitación de facultades que debe imponerse al comerciante constituido en esa desgraciada situación, hagan prevalecer el evidente espíritu de las disposiciones del Código sobre las prácticas peligrosas á que da margen el silencio de la ley procesal.

Objeto de estudio es también para el Gobierno de S. M. la más acertada solución de un problema que interesa vivamente al comercio marítimo español, no menos que al prestigio de los Tribunales y al honor de nuestra bandera. Ya adivináis que aludo á la reforma de la legislación sobre abordajes, para la cual habían reunido valiosos elementos mis antecesores, sin llegar empero á formularla.

Se lamenta nuestra marina mercante de los considerables perjuicios que padece á consecuencia de los procedimientos judiciales instruídos en el país y en el extranjero, con motivo de los frecuentes choques á que la moderna navegación está expuesta en los mares.

Nacen principalmente esas quejas de la ineficacia de los fallos de nuestras autoridades de marina, cuando han de cumplirse en el extranjero; de la forma de sus actuaciones que el comercio estima demasiado sumaria; de lo extenso e invasor de la jurisdicción que los demás Estados se atribuyen
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para conocer de las demandas civiles por abordajes ocurridos, no sólo en aguas propias ó libres, sino en las nuestras mismas; y por último, de las dificultades que hallan los Tribunales españoles para decretar la detención y embargo de naves extranjeras mientras los jueces de otras naciones acuerdan y ejecutan en nuestros barcos, con la expedición que es notoria, esas gravosas diligencias de seguridad y garantía.

Pero si los que llevan la voz de los perjudicados coinciden en señalar las causas del mal, no piensan con la misma unanimidad sobre el remedio, ni es fácil formar con los propuestos un cuerpo de doctrina jurídica que permita satisfacer las legítimas reclamaciones de las clases mercantiles.

No hay por qué extrañarlo, cuando tampoco la ciencia del derecho ha encontrado solución todavía á muchas de las difíciles y complejas cuestiones que esta materia ofrece. Buena prueba dan de ello los profundos debates con que la han ilustrado los Congresos há poco reunidos por iniciativa de S. M. el rey de los belgas, en Bruselas y Amberes. Verdad es que los abordajes carecían de importancia, por su número y por sus resultados, á principios del siglo, habiendo adquirido la que hoy tienen á compás del pasmoso desarrollo de la navegación de vapor, del aumento de tonelaje de los buques y de la rapidez de su marcha.

Ese estado deficiente é incierto de la ciencia, se refleja por necesidad en la legislación de las naciones marítimas; pero la jurisprudencia, al suplir la oscuridad de las leyes, ha llegado á establecer una distinción perfecta entre las acciones penales ó disciplinarias que nacen de estos siniestros, para exigir la responsabilidad criminal á sus causantes, y el ejercicio de las civiles que asisten á los perjudicados contra el dueño del buque abordador; ha venido además extendiendo la competencia para conocer de este último grupo de acciones á los abordajes ocurridos donde quiera, siempre que en ellos se halle interesado algún súbdito del Estado en que ejerce su jurisdicción el Tribunal requerido; ha procurado revestir de