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tiera al realizarla», según puede verse en las leyes 7.ª y 9.ª, título I, lib. II, Nov. Rec., y la ley 9.ª, tit. II, lib. IV.

Frente á esta doctrina la legislación penal moderna, con un sentido estrecho y mezquino, y que en el fondo tiende más al robustecimiento del poder que á la dignificación de la función judicial, exige para penar á sus funcionarios requisitos y circunstancias tales que, en la práctica, hacen completamente ilusoria su responsabilidad.

Sobre este punto el reputado catedrático hace una serie de observaciones jurídicas de verdadero maestro sobre el carácter especial que se da al delito de prevaricación, que principalmente consiste, como es sabido, en dictar á sabiendas sentencia injusta á favor ó en contra del reo.

Es tan absurda esta definición; establece, según admirablemente nos enseña el ilustre catedrático, un privilegio, tan irritante en los tiempos modernos, á favor de la judicatura y magistratura, que su inmediata desaparición del Código se impone con no menor urgencia que el absurdo secreto del sumario; mientras los jueces trabajen durante días, semanas y aun meses, en las sombras, mientras que para corregirles y penarles se haga indispensable penetrar en ese verdadero y recóndito abismo de la intención, su responsabilidad será un mito, cuando no un tristísimo sarcasmo.

El delicado diagnóstico que de este gravísimo mal hace el Sr. Comas, está indicando cuál puede ser su única medicina: el Jurado.

Ante el Jurado, ante la conciencia pública, ante la razón natural no sofisticada, han de ir los magistrados y los jueces que dicten sentencias notoriamente injustas á sostener que las dictaron sin saber lo que hacían; si para algún caso es, no ya capaz, sino competentísimo el Jurado, es para estos casos en que no se trata de sutilezas legales, sino de resoluciones justas ó injustas, para cuya apreciación, en definitiva, ni aun saber leer se necesita, habiendo quien lea al juzgador el texto expreso, claro, terminante de la ley infringida que la sentencia injusta presupone. El Código de la justicia está, ante
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todo, en la razón humana, y seguir suponiendo en quien la infringe una ignorancia que ni aun al niño se atribuye, hasta no haber sometido á prueba si obró ó no con discernimiento, equivale en la práctica á dar á los jueces una verdadera patente de impunidad para la comisión de ciertos delitos, patente comparable á la que autorizara el médico á propinar al enfermo como purgante una cucharada de ácido prúsico, sin incurrir en responsabilidad alguna hasta tanto no se le probase que había obrado á sabiendas de los efectos que el ácido prúsico producía, ignorancia que después de todo sería más disculpable que la referente á las nociones de lo justo ó de lo injusto, propias de todo ser racional, excepción hecha de los jueces, según el Código.

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A propósito hemos dejado para ahora el tratar de la responsabilidad civil, sobre la cual ya en la segunda parte del preámbulo hace el Sr. Comas indicaciones de importancia.

«Del mismo modo (que en el orden criminal) en el orden civil, así como las modernas disposiciones sólo reconocen por causa de la responsabilidad la negligencia ó la ignorancia cuando sean inexcusables, y esto con la misma vaguedad é indeterminación que resulta de su solo enunciado, las antiguas leyes, por el contrario, estatutian la responsabilidad por la sola negligencia ó ignorancia, y por tanto, independientemente de circunstancias especiales que la hiciesen calificada.»

También es digna de notarse esta indicación del Sr. Comas respecto á los importantes cuadros estadísticos que acompañan á su proposición de ley. «El hecho, dice, de que en el último quinquenio el número de juicios intentados para exigir la responsabilidad criminal por prevaricación sea seis veces mayor que el número de demandas interpuestas para exigir la responsabilidad civil, autorizaría á sospechar que, á consecuencia de dificultades poco menos que invencibles en la
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materia relativa á la responsabilidad civil, la esperanza en la reparación se cifra principalmente en la responsabilidad criminal, si por otra parte no resultare, como resulta en realidad, que la falta de precisión en la ley respecto á las causas que pueden originar dicha responsabilidad civil, así como la deficiencia y vaguedad, también de la ley, respecto á las formas ó procedimientos con que ha de hacerse efectiva, é igualmente en cuanto á los efectos que esté llamada á producir, son motivo suficiente para alentar la peligrosa tendencia de buscar en la responsabilidad criminal, y no en la civil, la reparación ó enmienda de los agravios inferidos.»

Con estas dos observaciones de verdadera trascendencia jurídica, entra el ilustrado senador en lo que pudiéramos llamar verdadero estudio de la responsabilidad civil.

Sobre ambas creemos oportuno llamar la atención de nuestros lectores.

Arguye la primera un verdadero retroceso en nuestra legislación, retroceso cuyas causas complejas exceden de la modesta índole de este trabajo. Sean las que fueren, su resultado no es por ello menos patente. En efecto: el á sabiendas de los artículos referentes á prevaricacion se ajusta, corre parejas con el vocablo inexcusables, aplicado á la negligencia ó la ignorancia judiciales. Si aquella frase adverbial puede convertirse en una patente de impunidad para el juez ó magistrado prevaricador, este adjetivo puede convertirse por lo menos en una patente de ignorancia para el juez ó magistrado faltos de ilustración ó sobrados de pereza.

¿Qué significa la palabra á sabiendas, tratándose de formar juicio sobre lo justo ó lo injusto, obra y función propia de la razón natural que luce igual en todo hombre medianamente sano? ¿Qué significa la palabra inexcusable, tratándose de la ignorancia ó negligencia de un juez? ¿Ha de entenderse esta palabra como sinónima de supina y monstruosa, ó ha de referirse sólo al conocimiento de la ley y á la diligencia que debe ponerse en su cumplimiento?

Así como en todos los delitos la intención y el discerni-
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miento del criminal se suponen siempre, mientras el reo no acredite lo contrario, en los que administran justicia ha de exigirse siempre aquella diligencia y pericia cuya falta trae naturalmente aparejada consigo, por lo menos, la inmediata destitución del cargo.

¿Vamos por ventura á pretender en favor de los encargados de la función social más elevada, la administración de justicia, los dos más irritantes privilegios que pueden concebirse, el derecho á la malicia y á la ignorancia? Ni cabe, racionalmente pensando, tener la una sin saberlo, ni la otra con excusa legítima.

¿Qué acontece en la vida ordinaria? Llamamos á un carpintero para que nos haga, por ejemplo, las puertas de una ventana: al efecto toma sus medidas, ¿le admitiríamos después su obra y se la pagaríamos, si una de las puertas tuviese, por ejemplo, medio metro más ó menos de lo que debe tener? Ciertamente que no. El bueno del carpintero se lleva sus puertas, y, ó las enmienda si tienen compostura, ó se queda sin cobrar su precio. Y el juez, el magistrado, ¿pueden equivocarse así, porque sí, sin incurrir en responsabilidad de ninguna clase?

No, á nuestro juicio. Toda ignorancia de la ley, toda negligencia en su cumplimiento, son, de hecho, inexcusables en el juez, mientras éste, en términos de defensa concedida á todos, no presente sus razonales excusas, que sólo en circunstancias críticas y especialísimas, no fáciles de prever ni enumerar, podrán eximirle de responsabilidad en casos excepcionalísimos, que no cabe consignar en los Códigos.

El principio de las leyes de Partida de que toda negligencia ó ignorancia por parte del juzgador constituye motivo bastante para exigirle la responsabilidad civil, era un principio mil veces más justo que el de nuestras leyes actuales que dividen la ignorancia, con manifiesto desprestigio de la magistratura, en excusable é inexcusable, obligando á los que ejecutan la acción, que no recurso, de responsabilidad civil contra los jueces á probar lo evidente, lo que constituirla una verdadera
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befa de la justicia, simular que se ponía siquiera en tela de juicio.

En este punto el trabajo del Sr. Comas nos parece excelente y encaminado á enaltecer á los jueces y magistrados que, por su propia honra, debieran colectivamente pedir á las Cortes que se les consintiera renunciar á esa especie de derecho á la ignorancia que el legislador, tan irreflexivamente y como á título de merced, les ha otorgado.

Notabilísima es la parte del preámbulo que dedica su autor al estudio de la impropiedad con que la ley de Enjuiciamiento civil califica de recurso la reclamación para exigir la responsabilidad, calificación ocasionada al gran peligro de que puede considerarse contradicho el precepto constitucional de que los jueces son responsables de toda infracción de ley que cometan, por la torcida interpretación que se haga de los preceptos legales que tratan de resoluciones contra las cuales no autoriza la ley recurso alguno. Son tan luminosas las razones del Sr. Comas sobre este punto, que no nos resistimos al placer de trascribirlas integras.

«Si la ley no hubiere empleado impropiamente, como antes he manifestado, la calificación de recurso para las reclamaciones de responsabilidad civil, no habría sido fácil que los Tribunales á beneficio de una interpretación, que me abstengo de calificar (equiparando los recursos contra los jueces á los recursos contra las sentencias ó resoluciones judiciales), hubieran llegado hasta el extremo de autorizar como principio la posibilidad de que existan resoluciones respecto á las cuales no pueda reclamarse contra los jueces ó magistrados que las dicten, aun cuando lo hagan con injusticia ó con notoria infracción de ley.

»Semejante interpretación, que pugna tan abiertamente con la Constitución del Estado, no es posible mantenerla en un proyecto que se encamina á franquear los medios necesarios para que aquel precepto constitucional se cumpla, y no haya en su virtud acto alguno de la administración de justicia que se sustraiga á la responsabilidad judicial.
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»Cuando la ley concede un derecho, negar el medio para poderlo hacer efectivo, equivale á desconocerlo. Es más; sería suponer á la ley en contradicción consigo misma.

»Ya he indicado que la ley no incurre en semejante contradicción, no confundiendo, como no confunde en sus términos, los recursos contra las sentencias ú otras resoluciones judiciales, y los recursos contra los jueces y los magistrados que las dictan.

»De la locución que la ley emplee para establecer el carácter firme de una resolución, no puede deducirse jamás la exculpación de los jueces y magistrados, y mucho menos cuando aquél es precisamente una condición prévia para poderles exigir la responsabilidad en que hayan incurrido. Es, pues, necesario prescindir, para evitar el peligro á que acabo de referirme, de la calificación de recurso, atribuida á la reclamación de la responsabilidad civil.

»La misma ley de Enjuiciamiento criminal pone de manifiesto semejante necesidad, pues al calificar, como no puede menos de hacerlo, de acción penal al medio de exigir dicha responsabilidad contra los jueces y magistrados, no parecería sino que había cierta especie de divorcio en esta materia entre la ley de Enjuiciamiento civil y la ley de Enjuiciamiento criminal; aquélla estableciendo un recurso, ésta exigiendo una acción y abriendo en su virtud el correspondiente juicio.

»Pero no;afortunadamente no existe entre dichas leyes semejante disconformidad. Al fin, aunque la ley de Enjuiciamiento civil haya incurrido en la impropiedad de designar á la reclamación de responsabilidad con el nombre de recurso, en cambio al ordenar el procedimiento que ha de seguirse para sustanciarla, se ajusta á lo que es propio ó peculiar de la acción; esto es, la apertura del juicio.

»En buenos principios de derecho procesal, no cabe calificar de recurso á las reclamaciones que hayan de formularse para exigir la responsabilidad judicial.

»No hay recurso cuando no se contradice ó no se contiene sobre una resolución, con el fin de que sea revocada ó
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EL GABINETE NEGRO

Otro extraordinario se despachó á Viena tocante á la misma materia de la repartición, ocultándosele al conde de Harrack, porque no escribiese con aquella ocasión al Emperador, aunque el Consejo de Estado consultó que se le comunicase para que esforzara la proposición de que S. M. cesárea procure truncar estas pláticas del Haya; en la firme e infalible inteligencia de que el Rey está propenso á favorecer á su línea masculina, con exclusión de la Francia, solicitando que el Emperador no entre en ningún empeño de ajuste con aquel rey; pero el de Harrack, con otro expreso que se expidió cuatro ó cinco días después del primero con el aviso de la muerte de la reina de Portugal (hermana de la Emperatriz y de la reina de España) ha insinuado á su amo que no haga caso de las promesas que de aquí se le harán para esperanzarle; porque todas serán vanas e insubsistentes. La idea del de Harrack es, que hasta que aquí no traten de ponerse en un regular estado de defensa, de que en su opinión y en la de todos están muy lejos, el interés del Emperador consistirá en correr bien con el Cristianismo para que en viéndolo el caso desesperado, reciba algo, sino pudiere el todo. En esta última posta escribe el Emperador de mano propia al de Harrack, que el Marqués de Villars que está en Viena, le ha propuesto de orden de su amo el acogimiento tocante á la sucesión amigablemente, ofreciéndole buenos partidos, á lo que todavía no ha dado oídos, ni responderá categóricamente (1) esperando el beneficio del tiempo. Coincide esta tentativa con lo que propuso aquí el de Harcourt á Harrack, y que poco há le ha vuelto á repetir con viveza; y si el Emperador siguiese el parecer de este ministro, no desecharía la proposición de la Francia, porque le desengañaría de que por acá no se ha de hacer nada que afiance la exaltación de su Casa al trono de España viendo el Rey; y cuando muera tendrá tan mal pleito que es muy posible que no le toque nada, habiendo de entrar en una guerra larga, costosa y sin salida. Este es un punto tan delicado y reservado en Harrack, que importa que dé en Vm; y S. A. E. solamente, habiéndoselo comunicado aquí con igual prevención á Bertier para que use de la noticia con cautela donde y cómo fuese necesario.

Dícese que han ido órdenes á Quiros de pasar al Haya á presentar al Congreso de los aliados una Memoria quejándose altamente de la repartición; y si el fué el inventor (descubridor) de esta quimera ó realidad, podrá esforzarla. No le faltan aquí protectores que baptizan sus disparates por discripciones sentenciosas y sutiles, calificándolos de

(1) Puede verse esta negociación de Villars en el vol. II de sus «Memorias»; edición de la «Société d'histoire de France»—París, 1886.
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modificada en los efectos que esté llamada á producir, por el mismo Tribunal que la ha dictado ó por un Tribunal superior, en méritos del propio juicio en que se haya pronunciado y entre los interesados que sean parte en el mismo.

»Cualquiera reclamación que no participe de estos caracteres esenciales, no constituye en realidad un recurso, sino propiamente una acción, que es la que ha de ser formulada por demanda especial y ha de ventilarse en un verdadero juicio principal ó incidental según los casos.»

Vése, pues, claramente que, como con tanta elocuencia nos enseña el docto catedrático, cualquier reclamación enca- minada á exigir la responsabilidad judicial no constituye en realidad un recurso sino una acción que ha de formularse por demanda especial y ha de ventilarse en un verdadero juicio independiente.

Mas si esto es cierto, no es tan-patente, en nuestra opinión, que la sentencia que termine este juicio de responsabilidad, no pueda afectar en lo más mínimo á la resolución dictada en el pleito ó causa donde aquella se contrajo, pues resultaría cosa inconcebible que, condenándose á un juez ó magistrado por haber dictado sentencia notoriamente injusta, se sostuviera la primera de dichas sentencias por ser inapelable ó irrecusable según la ley, cuando aún se estaba á tiempo de evitar la injusticia notoria que cumplimentándola iba á cometerse. Parecemos más natural que en este caso no ya se admiticse recurso de apelación ó reforma de aquella sentencia, contra la cual no se daba en la ley recurso alguno, sino que se considerase como nula ó no dictada, precisamente por no ser la obra de un juez sino la de un verdadero criminal ó incapacitado por su ineptitud, que indebidamente usurpaba aquella legítima función. De no entenderse así, resultaría una verdadera monstruosidad que la razón más elemental rechaza. Tal vez sea este el origen de la confusión que aparece de considerar recurso lo que es en su fondo acción contra el juzgador, no contra su resolución.

Sobre esta muy delicada y compleja cuestión jurídica, que
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excede por completo de los límites de este trabajo, ageno repetimos á toda pretensión científica, cabría escribir un verdadero tomo en folio; tal es su vaguedad en las leyes actuales y tal la confusión que reina en la que es verdadera tamización de las sentencias y lo que constituye una depuración de conducta respecto al juzgador, cosas que pueden coexistir en todos los momentos y en todas las instancias, incluso la última, y sobre la cual no se da otra.

La situación producida por tal estado de cosas queda fotografiada de mano maestra en el siguiente párrafo:

•Hé aquí cómo la estadística revela, con el decisivo valor de sus elocuentes cifras, que durante el quinquenio á que se refieren los cuadros que acompañó como apéndices á esta proposición de ley, no llegó á intentarse siquiera ningún recurso de responsabilidad civil contra los magistrados de las Audiencias ni contra los magistrados del Tribunal Supremo; que sólo dos fueron promovidos, aunque sin éxito, contra jueces municipales, y que si resultan tres por año las reclamaciones intentadas contra los jueces de primera instancia, sólo una durante todo el quinquenio fué la que llegó á prosperar, y aun quizá por haber olvidado aquella referida interpretación, según la que se niega la posibilidad de reclamar la responsabilidad civil respecto de las resoluciones contra las cuales la ley dice que no se dará recurso alguno.»

No solo esta situación impone la necesidad de una reforma en nuestras leyes; abonanla también otras causas apuntadas por el ilustrado jurisconsulto, á saber: la no definición y límites ciertos de lo que ha de entenderse por ignorancia ó negligencia inexcusables, punto en el cual ya nos hemos ocupado; el no establecer reglas fijas en cuanto á la competencia para los casos en que los jueces y magistrados contra quienes se reclame hayan sido trasladados ó cesado en las funciones, ó sea distinta su categoría en el momento que se formule contra ellos la reclamación que corresponde; esta falta de fijeza de competencia se presta á muchos abusos, entre los cuales entra por no poco la falta de cumplimiento
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de la Ley orgánica del Poder judicial, especialmente en alguno de sus artículos, que como el 117, resulta muchas veces letra muerta, y el cumplimiento estemporáneo de aquella disposición que permite, por medio de un inoportuno traslado, poner nuevos obstáculos y trabas, dificultar aún más, si esto es posible, los impropiamente llamados recursos de responsabilidad, cuando sólo son en efecto, verdaderos alardes de valor y de paciencia del que se atreve á entablarlos. Es también otro obstáculo, y no pequeño, con el que tropieza la responsabilidad civil para ser efectiva, la exigencia de que los perjuicios reclamables hayan de ser todos estimables en metalicio.

Hay, sin embargo, algo más triste que estas deficiencias de la ley, con ser muy tristes, y que aún cede más en mención de nuestra administración de justicia, y es la de mostrarse ésta inflexible respecto á la condenación de costas cuando, en rigor de verdad, el que hoy demanda la responsabilidad civil de un juez ó magistrado, carece por completo de los medios indispensables para conocer de antemano, tanto la legitimidad de su reclamación, como el éxito que de ella puede obtener. La condena de costas en estos casos, aparece fatalmente ante la sociedad, y nosotros somos los primeros en lamentar este error, no ya como arbitraria, sino como intencionada y útil para proporcionar á los juzgadores ignorantes ó maliciosos la más triste y nefanda de las impunidades.

El Sr. Comas, que procura ocurrir á estos graves defectos de nuestra legislación actual, introduce también en su proyecto dos modificaciones importantes, á saber: la única instancia para toda clase de reclamaciones de responsabilidad civil y la limitación, en ciertos casos, de la materia del juicio á la determinación de las personas responsables y al alcance de la responsabilidad que corresponda á cada uno.

Es realmente tan absurdo, hálase hasta tal punto desprestigiado hoy el sistema de la pluralidad de instancias, especie de lotería de Hamburgo, á que aún no hemos dejado por desdicha de jugar, que no llamaríamos la atención sobre
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el establecimiento de una sola instancia para el juicio de responsabilidad, si el propio Sr. Comas no indicara la tendencia laudable de su proyecto á conseguir que los jueces ó magistrados llamados á conocer de las demandas de responsabilidad civil no hayan tenido intervención en el pleito ó causa en que se hubiere dictado la resolución que motive la demanda.

Plausible nos parece que cuando por razón de la materia y la del Tribunal que ha conocido de ella (el más elevado de la Nación) no resulte notoria la causa de responsabilidad, sea necesario que venga nuevamente á decidirse en el juicio de responsabilidad la que ya resulta decidida en el pleito ó causa.

Declarado por el Tribunal Supremo que un juez ó una Sala han infringido la ley ó quebrantado las formas del procedimiento que, como aquélla están obligados á conocer, existe ya la materia de responsabilidad civil; no quedando más que hacer respecto de esto, en el juicio especial encaminado á exigirla, que determinar las personas responsables y fijar el alcance de responsabilidad que á cada uno corresponda.

Con razón afirma el sabio catedrático que «el quebrantamiento de una forma sustancial, ó la contradicción con lo ejecutado, acusan ó descuido ó negligencia tan palmaria en el cumplimiento de la ley que regula las formas del juicio y que preceptúa la precisión de atenerse necesariamente á lo resuelto por modo definitivo, que baste la sola declaración de haberse infringido dichos preceptos legales cuando resulta pronunciada por el Tribunal Supremo.»

Con esta racionalísima innovación en nuestra legislación actual, y en la cual insistiremos al tratar del articulado, termina el Sr. Comas la tercera parte de su notable preámbulo, en el que no sólo los abogados en general, sino los jurisconsultos y hombres verdaderamente enteudidos en derecho tienen mucho que estudiar y someter á seria reflexión.

A. MACHADO Y ALVAREZ.