ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 206

»En 1720 fué elegido gran maestre, G. Payne, quien, después de adoptar por lema de la fraternidad las palabras: Alegría, Unión, Amor, se consagró á la meritoria tarea de reunir todos los acuerdos tomados por la gran logia, y formar la base de la preciosa colección de 39 Ordenanzas generales que hizo al siguiente año, siendo Anderson, otro francmason eminente, el encargado de compararlas con los antiguos documentos y primitivas costumbres de la fraternidad, ponerlas de acuerdo y apropiarlas al uso de las logias de Londres y sus cercanías.

»En 1721 fueron promulgados estos primeros Reglamentos generales de la institución en Inglaterra (1). En este año sufrió la fraternidad una irreparable pérdida con el incendio y destrucción voluntaria de varios manuscritos y documentos preciosos, llevada á efecto por masones á quienes atemorizaron las posibles consecuencias que podría traer la publicación de los principios de la francmasonería que á la sazón se proyectaba.

Lord Montagu, el gran maestre de aquel año, fué el primer noble que desempeñó estas importantes funciones. Bajo su presidencia fué encargado el doctor Anderson de formar el plan de una Constitución que resumiese el contenido de todas las antiguas, atendiendo diferencias de circunstancias y tiempos y con presencia de los documentos reunidos en 1718. Seis meses bastaron á Anderson para completar este trabajo,

(1) En virtud de ellos, y para buscar la unidad, las logias subordinadas tuvieron que sacrificar en aras de la unidad de dirección, parte de la independencia de que antes gozaban, puesto que en vez de ser concedido á los francmasones de un distrito, en cuanto se reunieran en número suficiente, ilimitado poder para admitir nuevos miembros sin necesitar para ello título legal alguno, quedó sentado:
»Que el privilegio de reunirse en calidad de francmasones, que hasta aquí fué ilimitado, deja desde ahora de extenderse á la fraternidad en general, y cada logia que desee reunirse deberá, en adelante, ser oficialmente autorizada para realizar sus trabajos por documento escrito del gran maestro, quien con aprobación de la gran logia, hará saber si ha lugar á admitir la petición de las personas presentadas. De hoy más, ninguna logia podrá considerarse regular y legalmente establecida sin esta autorización.«
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 207

que fué sometido al examen de una comisión de catorce hermanos que lo aprobaron al siguiente año.

»En 1722, el duque Wharton quería suceder á lord Montagú; pero fué derrotado, siendo reelegido Montagú. El duque provocó con este motivo la primera excisión en la gran logia, reuniendo á sus partidarios en Asamblea ilegal y haciéndose nombrar gran maestre por ella. Montagú, para evitar toda discordia, convocó la gran logia y renunció á la gran maestrería en favor de Wharton, quien, ante tamaña abnegación, reconoció sus errores, prometió la más absoluta fidelidad á sus juramentos, y fué instalado gran maestre.

»El día de su instalación, 27 de Enero de 1723, fué presentado por primera vez, ya impreso, á la gran logia, el nuevo libro de las Constituciones, que fué aprobado por los representantes de veinte logias (veinticinco existían en Inglaterra) allí representadas.

»La Constitución de 1723 quedó desde entonces considerada como principal documento y base legal de la Sociedad, revestida al cabo de la forma que había de conservar en lo futuro, por ser las leyes y Ordenanzas que encierra, la esencia de las contenidas en los documentos antiguos hasta aquel tiempo observados, y que la gran logia de Inglaterra tuvo tanto más derecho de imponer, cuanto que ella fué el primer cuerpo regularmente organizado, en la que recayó la herencia de la francmasonería de los tiempos pasados.

El duque de Wharton (1) dió principio al trienio de los tres duques, pues fueron grandes maestres el duque de Dalkeith en 1723, y el de Richmond en 1724, bajo cuya presidencia se fundaron la Comisión de Beneficencia y el Instituto de Caridad, fondo general destinado á socorrer á los hermanos pobres ó desgraciados, á sus viudas y huérfanos, y que hoy (en 1888) á los ciento sesenta y un años de su fundación,

(1) Cinco años después, el 15 de Febrero de 1728, el mismo duque de Wharton, siendo ya exgran maestro de la gran logia de Inglaterra, fundó en Madrid, bajo los auspicios de aquélla, La Matritense, logia madre de la francmasonería española.
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 208

cuenta con una renta anual superior á un millón trescientas cincuenta mil pesetas.

»Excusado parece añadir que desde su origen hasta hoy, este Instituto ha contribuido sobremanera á mantener la autoridad legal de la gran logia de Inglaterra.

»En 1725 se tomó, siendo gran maestre, lord Paisley, la resolución de mayor importancia, de consecuencia más duradera y favorable á la extensión de la francmasonería, que hasta entonces había tomado la gran logia inglesa, y que dice así: «El maestro de una logia, ayudado de sus vigilantes y de cierto número de miembros de dicha logia, reunida en la forma prescrita, puede crear compañeros y maestros.» La gran logia fué, en efecto, hasta el 27 de Noviembre de 1725, la única que tenía el derecho de conferir estos dos grados, lo que limitaban mucho el número de hermanos que los poseían.

»Tuvo también que proceder contra una Asociación, la de los Gormogonos, creada por los jesuitas, para so capa de francmasonería, atracar los crédulos al catolicismo jesuítico, de cuyos Reglamentos conviene retener, que los miembros de aquella orden solo eran conocidos por una cifra y un nombre de guerra, y que el único tema que en sus reuniones estaba prohibido discutir, era la política del propio país.

»En 1725, al abrirse en París la primer logia francesa, se hizo la francmasonería verdaderamente universal, pues reconocido por la resolución de 27 de Noviembre de 1725 su derecho á proceder por sí, se extendió por toda la superficie de la tierra, convirtiéndose en lazo de unión entre todos los hombres buenos y justos, entre todos los hombres de honor á quienes asoció con el fin de practicar la caridad fraternal y el auxilio mutuo, y establecer entre sí sólidas relaciones: congregándolos, sobre todo, con el importantísimo propósito de unir lo que estaba dividido.»

Hasta aquí cuanto refieren los autores más conocidos sobre orígenes y organización de la francmasonería. Hemos recogido las opiniones de los adeptos y de los adversarios.
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 209

Nuestra misión es la del historiador, por eso consultamos al P. Bresciano y á D. Vicente de Lafuente, como á Andersón y á Caballero de Puga, y hemos de procurar en el curso de nuestro trabajo no dejarnos influir por parcialidad alguna.

Y dicho todo lo que antecede, téngado el lector por prólogo ó introducción al trabajo que pretendemos publicar en pró de la historia de la orden de los caballeros francmasones en España.

NICOLÁS DÍAZ Y PÉREZ.

Mántua, 29 de Eíul, de 5890 (A.: L.:.)
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 21

muchos años en España como en otros países, entre las dos escuelas económicas: la proteccionista y la librecambista. En efecto, esta información se celebra por virtud de una especie de transacción que en 1886 se hizo entre los representantes de las dos escuelas en el Parlamento; logrando con ella los proteccionistas aplazar la aplicación de la base 5.a de la Ley de 1869, y los partidarios del libre cambio impedir la derogación de aquella base, pretendida por sus contrarios, y prologar los tratados de comercio hasta el año 1892. La transacción de 1886 venía después de las de 1882 y de 1877, cuyos resultados y pormenores, no necesito exponer á la Comisión que los conoce perfectamente. Basta indicar, que en todas las épocas citadas, aunque bajo distintas apariencias, lo que en el fondo se discutió siempre, fué la subsistencia ó la derogación de la base 5.a.

En la presente información hay que considerar dos partes esenciales: primera, la reunión de datos y noticias sobre los efectos de los tratados de comercio y del actual arancel de Aduanas en la situación y desarrollo de las varias industrias existentes en el país; segunda, la apreciación de los datos reunidos con criterio racional y científico; apreciación en la que han de fundarse las resoluciones que proponga al Gobierno la Comisión, para cada una de las cuestiones sometidas á su exámen.

Estas cuestiones, según el art. 1.o del Decreto de 10 de Octubre de 1889, son tres, á saber: conveniencia de aplicar la base 5.a, ó sea, de realizar la rebaja de los derechos extraordinarios del arancel de Aduanas; conveniencia de prorrogar, modificar ó abolir los tratados vigentes de comercio; y trato definitivo que la bandera extranjera haya de tener en el tráfico y navegación entre la Península y sus provincias ultramarinas.

La primera parte de esta información, ó sea, la reunión de datos, había de tener, en mi sentir, y tiene, en efecto, pequeña importancia.

Por lo que yo conozco de la información oral y de la in-
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 210

ESTUDIO SOBRE LA REFORMA MUNICIPAL EN ESPAÑA

(CONTINUACIÓN) (1)

Planteada la cuestión en estos términos, resultará que no puede identificarse la relación que determina la estructura del poder público social, señalando á la vez la forma de correspondencia con que este poder es ú obedecido ó ayudado por los individuos que componen el cuerpo social, con aquella otra relación que, si bien se da como la anterior entre la autoridad y los individuos, se refiere, no obstante, á la defensa de la sociedad, para evitar en unos casos y reprimir en otros las agresiones materiales que al enunciado poder se refieran, cuidando al mismo tiempo del desarrollo y fomento, tanto de los intereses físicos, como intelectuales y morales de la misma.

La no confusión de estas diversas relaciones que se establecen entre el representante de la autoridad en el Estado y los individuos que le componen, no solo aparece altamente conveniente para el mayor perfeccionamiento del fin propio de la ciencia administrativa, sino que además redunda en beneficio del organismo municipal, cuyas esenciales condi-

(1) Véase el número correspondiente al 90 de Julio.
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 211

ciones de vida precisamente desaparecen cuando esta distinción no se marca de una manera preferente al ocuparse de su estudio.

Constituye, á nuestro juicio, una grave equivocación, pretender sacar esta cuestión (de si el derecho administrativo, y por lo tanto, la ciencia que trata de su estudio, es una rama del derecho político, debiendo como tal la ciencia que se ocupe de aquel derecho estar subordinada á la que trata de éste), del terreno puramente práctico, para elevarla á la esfera de la especulación racional ó de la filosofía del derecho, pretendiendo encontrar contradicciones que no existen en la realidad, y que solo aparentemente se dan cuando de un modo ligero se examinan los hechos.

Si el problema lo colocamos en el mero orden especulativo ó racional, atendiendo exclusivamente al fin que el Estado debe llenar en las sociedades, y generalizando los fines parciales del mismo los sintetizamos en un solo fin que por su carácter comprenda ó abarque á todos ellos, y hacemos que á este fin único del Estado corresponda una ciencia que lo estudie, en este caso, no solo desaparece mediante procedimiento tan abstracto la ciencia del derecho administrativo, sino que igual suerte corren la ciencia política, la penal y todas aquellas que de una manera ó de otra se dedican al estudio de una relación aislada de las muchas y complejas que existen entre el Estado y sus miembros. Además, cuando la cuestión se quiere resolver de esta manera, no nos explicamos por qué sus detentadores se detienen delante de la nacionalidad como la realidad más alta para servir de punto de partida á su ciencia, pues si alguien quiere seguir abstrayendo, seguramente que con la misma lógica que se ha hecho el razonamiento anterior se pudiera resumir el Estado en la humanidad, buscando á ésta su fin último y elevándose así á una verdad de evidencia inmediata por todos admitida como base de las demás verdades, pero que necesariamente suprimiría todas las ciencias humanas reduciéndolas á la ciencia de Dios, verdad primera y causa de la unidad de las ciencias
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 212

como principio evidentísimo en orden al conocimiento racional.

Teniendo en cuenta, pues, que el razonamiento especulativo para demostrar la no sustancialidad de la ciencia del derecho administrativo, peca, como dicen los lógicos, por exceso, probando demasiado para el asunto de nuestros artículos, hemos de rechazarlo, no ciertamente por inexacto, sino como innecesario en el caso presente, procurando estudiar la naturaleza de este derecho en relación con su propio contenido, lo cual seguramente nos llevará á encontrar una más acertada solución que evite los males que la dependencia entre el derecho político y el administrativo ha producido en nuestra legislación vigente. Para esto, aceptando el principio esencial de la unidad de las ciencias, recordaremos que la variedad de las mismas nace ó procede de la ley de división del trabajo, fundada precisamente en la imposibilidad física y moral en que el hombre se encuentra para abarcar de una manera sintética el conjunto de todas ellas, lo cual le obliga á valerse del análisis para poder, una vez conocidos los elementos científicos, elevarse á un concepto general que por modo eminente contenga y explique la razón de todas las ciencias.

Anteriormente hemos dicho lo que á nuestro juicio constituye la materia propia del derecho político, así como la que es objeto del derecho administrativo, pareciéndonos que su solo enunciado ha de bastar para que se comprenda que no existe entre ambos derechos la relación de dependencia ó subordinación que se supone, antes por el contrario, el derecho administrativo añade algo, que no solo no depende de la Constitución política del Estado, sino que la perfecciona haciendo que ésta se engrandezca con las conquistas ó beneficios que aquel derecho aporta.

De tal manera es exacta esta afirmación que aun aceptando como dicen los sostenedores de la dependencia entre el derecho político y el administrativo que el fin del Estado es la realización del derecho, siempre resultará que como la
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 213

administración ejecuta actos que no emanan directamente del principio jurídico como son, entre otros, los que se refieren á las funciones que pudiéramos llamar tutelares dentro de la ciencia administrativa; estos actos en vez de depender del fin asignado al Estado por dichas escuelas, vienen á ser complemento del mismo ó algo como añadido para aumentar los grados de su perfección, lo cual, nos autorizaría, siguiendo la lógica especial que estos tratadistas emplean, para sostener que el derecho político depende del derecho administrativo.

Pero sin llegar á este extremo debemos hacer constar, que sea cualquiera el aspecto en que pretendamos colocar la cuestión, necesariamente ha de concluirse no en relación de subordinación, sino en armonía de medios, que propios unos del derecho administrativo y derivados los otros del político, contribuyan á que la nación cumpla debidamente su misión histórica realizando, hasta donde sea posible en lo humano, la perfección natural de los asociados.

Como consecuencia de no haber respetado, lo suficiente, nuestros legisladores estas reglas que determinan la naturaleza propia de la ciencia administrativa, han mirado con relativo desdén las materias que la constituyen, creyendo que una vez salvadas las contradicciones que pudieran resultar entre la organización general política del Estado y la organización particular de las entidades más directamente ligadas al fin administrativo, se había hecho lo más esencial del trabajo para el progreso histórico de nuestra nacionalidad.

Lógico de todo punto nos parece este criterio, cuando se parte de la base de que todas las funciones propias del poder administrativo, ya se refieran á una nueva organización, ya comprendan sus atribuciones, ó ya se dirijan á los procedimientos de que este poder se vale, dependen de las reglas establecidas en la Constitución ó ley fundamental política de una sociedad determinada, pues desde el momento en que cambie la forma constitucional de la sociedad, necesariamente en este cambio y solo por él han de sufrir trasforma-
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 214

ción todas las cosas que le son dependientes ó que forman consecuencias derivadas del mismo. Pero desgraciadamente para nuestra historia administrativa, esta teoría jamás ha sido verdad en la práctica. Sin que nosotros pretendamos ahora entrañar en los motivos que á ello han contribuido, y dejando á un lado la mayor ó menor fidelidad con que puedan ser sintetizadas en una Constitución las energías ó la vida toda del pueblo para el cual la misma se dicta (cosa que aparece desde luego excesivamente problemático) diremos: que la administración pública por su peculiar manera de ser no se adapta al progreso rápido con que la imaginación más que la razón de pueblos meridionales efectúa nuevos cambios ó trasformaciones en el estado político de la sociedad.

Refiérese la ciencia administrativa de modo principalísimo al orden de los intereses materiales, afecta directamente en su desenvolvimiento, no á los derechos naturales de la personalidad humana que constantemente desea la realización de grandes avances en el camino de su ilimitada libertad usual, sino al desarrollo y fomento de la riqueza pública regulando los intereses que á la misma conciernen; y esto hace que en su progreso no se pueda marchar con aquella celeridad que es propia de la voluntad humana en el orden político, sobre todo cuando se trata de declarar derechos personales en los cuales el mero acto de querer es suficiente para su realización. Así vemos que en nuestra patria se han efectuado en lo que va de siglo las más radicales reformas dentro del derecho político, sin que este cambiar incesante de nuestras Constituciones pueda considerarse estéril é infecundo en el orden social, pues aparte la resistencia que lo impremeditado de nuestras teorías ha producido, y aparte también las cruentas escenas que siempre son consecuencia del hervor apasionado de los partidos sobre todo en momentos de revolución política, el hecho es, que en nuestra vida constitucional han quedado ya consignadas por ley de progreso nuevas teorías, nuevas prácticas, no pequeñas libertades y como consecuencia de todo esto, un alto espíritu de toleran-
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 215

cia que por modo visible ha suavizado en el trascurso de treinta años nuestras costumbres políticas. Pero en cambio en el derecho administrativo por más que constantemente se ha estado reformando, por más que como hemos dicho en la introducción, á cada nueva Constitución ha seguido una nueva medida legislativa para la idea municipal del país (sin contar los decretos que sobre la materia se han dictado independientemente de las trasformaciones políticas) bien podemos asegurar que en nuestros Ayuntamientos no se ha notado ningún progreso efectivo, que las energías locales yacen en la misma postración en que estaban antes de la revolución política española sin que tantas mudanzas hayan servido para crear ni una sola regla que diferencie las costumbres municipales de hoy de aquellas desdichadas costumbres del antiguo régimen.

Parécenos que estos hechos son testimonio elocuente de que no se puede ó no se debe en bien de la nación confundir el derecho administrativo con el político, ni menos hacer depender aquél de éste, creyendo que una vez definidas con acierto las atribuciones de los poderes políticos lo demás es secundario en la reforma administrativa. El análisis que hemos de hacer de nuestra actual legislación municipal nos demostrará, por el contrario, que nada es tan indispensable en el desenvolvimiento de este organismo, como reconocer su independencia respecto del derecho político, entendiéndolo que para que ambos derechos como partes de un mismo todo puedan contribuir á la realización del fin social, es preciso que jamás su unión se traduzca ó en confusión de los mismos, ó en relación de dependencia y subordinación, pues solo de esta manera conseguiremos que nuestra vida administrativa sin sobreponerse á la acción política del Estado comunique no obstante á ésta aquella moderación y templanza que hacen mirar como permanentes los intereses que al derecho administrativo afectan por tener en cuenta que las trasformaciones de los mismos no es cosa que depende solo de la voluntad del legislador sino que entraña un elemento real y
Revista de España (1890-09-01 00:00:00), página 216

práctico que cuando profundamente no se respeta hace estériles todos los esfuerzos que para mejorarlo se empleen.

A pesar de que nuestro trabajo, limitado solo al estudio científico y práctico de la organización municipal española, no debe hacer un análisis detenido de aquellas notas ó caracteres generales que acompañan á la ciencia administrativa como condiciones derivadas de su propia naturaleza, conviene, no obstante, que expongamos algunas reflexiones sobre la debatida cuestión de la centralización administrativa, tanto por la importancia histórica que ha tenido en nuestro derecho, como por la influencia que el concepto que de ella nos formemos ha de ejercer en nuestros razonamientos posteriores.

Durante mucho tiempo, acaloradamente han debatido nuestros tratadistas sobre si la administración debe estar ó no estar centralizada. Al presente, la polémica en gran parte se ha extinguido, perdiendo todo aquel apasionamiento que en la primera mitad de nuestro siglo hizo verdaderamente ruidoso entre los políticos el estudio de este problema, habiendo contribuido á traernos á este estado de cosas, de un lado los defectos que la experiencia ha ido marcando en las administraciones públicas rigorosamente centralizadas, y de otro, que se ha restringido el alcance de la palabra centralización aceptándola en un sentido relativo y circunstancial, sin que nadie que sepamos pretenda hoy elevarla á la categoría de regla universal dentro de la ciencia administrativa.

La centralización en cuanto que por ella se entiende la necesidad de que existe un poder supremo que regule ó ordene las funciones de los diversos organismos familiares, municipales ó provinciales—en que la nación se divide con objeto de que cada uno de ellos se mantenga dentro de su esfera de acción para no perturbar á los demás ó impedir que el fin total del Estado se realice, es una idea tan verdadera y tan aceptable dentro del concepto moderno de nacionalidad que su negación implicaría de hecho la negación de la misma patria. Pero si por centralización se entiende que el poder