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Revista de España (1890-03-01 00:00:00), página 332

LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL

PROPOSICIÓN DE LEY DEL SEÑOR COMAS

Por ser el hombre racional y libre es responsable de sus actos; la responsabilidad es inconcebible sin la libertad, como ésta lo es á su vez sin la razón; la piedra, la planta y el animal, no se reputan séres responsables. La libertad no es, como de ordinario se supone, la facultad de hacer cada uno lo que se le antoje; no es la arbitrariedad ó sea la más triste de las servidumbres; la servidumbre impuesta por la pasión ó el capricho; la libertad es la forma racional de la voluntad; supone subordinación, sumisión, si queréis, pero sumisión que enaltece, no servidumbre que degrada; sumisión á lo que constituye la verdadera nota característica del hombre: la racionalidad. Cuanto más racional y libre, cuanto más hombre, tanto más responsable es el individuo: la responsabilidad es ante todo algo esencialmente dignificador...

¿Hay quien después de meditar un poco esta afirmación dude de ella? Creemos que no. En un trabajo como este, siquiera sea meramente expositivo y ageno á toda pretensión científica, de carácter jurídico, no nos parece fuera de lugar acudir á nuestras leyes en busca de argumentos.

¿A quién declara el Código penal exento de responsabilidad?
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1.º Al imbécil y al loco, á no ser que éste haya obrado en un intervalo de razón.

2.º Al menor de nueve años de edad: esto es, al niño, al que no es hombre todavía.

9.º Al que obra violentado por una fuerza irresistible: esto es, por una fuerza que impide ó perturba el ejercicio de su razón.

11.º Al que obra en virtud de obediencia debida; esto es, al hombre que cuando la orden es irracional, al obedecerla, se convierte en verdadera máquina mediante á la sugestion que en él se produce ordinariamente por el miedo ó una coacción realmente insuperable; v. gr.: el centinela que, obedeciendo á la consigna, dispara contra el primero que pasa, hombre, mujer ó niño, acaso contra su propio padre.

Esta circunstancia eximente que en tanto que califica de debida obediencia la que ha de prestarse á cualquier orden por irracional que sea, cuando emana de un superior gerárquico, resulta absurda y debiera como otras, desaparecer del Código; pero en su fondo es, como las citadas y otras que pudieran citarse, aplicable al caso. El que obra en virtud de esa obediencia que la ley llama torpemente debida, por ejemplo, la del verdugo ó centinela, obra sin libertad y sin razón; no obra como hombre: por eso la ley le declara irresponsable.

La misma irresponsabilidad que á los reyes se atribuye, reconoce un fundamento análogo: los reyes por su origen divino, por ser los representantes de Dios en la tierra no eran considerados como hombres, y no siéndolo, no les alcanzaba la responsabilidad, hija de la libertad, y nieta, si se nos permite la frase, de la razón humana.

Vése, pues, que por un camino ó por otro la responsabilidad supone siempre libertad y razón: no es verdaderamente hombre, en el pleno concepto de tal, el que no es responsable de sus actos: la irresponsabilidad en vez de acercarnos á la divinidad, como equivocadamente se creyó en tiempos buenamente pasados, nos aproxima al mono—el mono es más
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irresponsable que el hombre—ó si no os gusta la frase y preferís seguir á nuestro Código penal, nos acerca al niño menor de nueve años, al verdugo, al hombre maquina, al imbécil ó al loco. La irresponsabilidad es, por tanto, algo que nos degrada, algo que nos hace desmerecer del más alto, del más amplio y noble de nuestros títulos, del título de hombres: la responsabilidad es, por tanto, algo que eleva, que enaltece, que dignifica.

El distinguido jurisconsulto é ilustrado catedrático de la central, en la proposición de ley cuyos motivos tan ligeramente exponemos, intenta—no diremos hace, porque aún no hemos visto convertido en ley su proyecto—una obra eminentemente dignificadora para la judicatura y la magistratura. ¿Lo entenderán y reconocerán así nuestros Cuerpos Colegisladores y los que, por su propio honor y prestigio, más directamente interesados están en que la proposición se apruebe?

No es nuestro ánimo oficiar de augures, sino sólo de modestos expositores.

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La proposición de ley del Sr. Comas, consta, como todas, de dos partes: un preámbulo y un articulado. En este artículo nos ocuparemos solo del preámbulo, dividido en cinco partes ó capítulos que corresponden á los cinco títulos de la ley propiamente dicha, llamados por su orden:

I. De la naturaleza de la responsabilidad judicial y de sus clases.
II. De la responsabilidad criminal de los jueces y magistrados.
III. De la responsabilidad civil de los jueces y magistrados.
IV. De la responsabilidad administrativa de los jueces y magistrados.
V. De la responsabilidad de los magistrados y jueces del
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Tribunal Supremo cuando forman parte del Tribunal pleno constituido en Sala de justicia.

* * *

«Siendo el Estado el organismo encargado de realizar el fin jurídico, debe á la sociedad, no solo los medios más adecuados para que el derecho se cumpla en todos los órdenes de la vida, sino aquellos otros que constantemente la certifiquen de que no es una ilusión, sino una completa realidad su cumplimiento.»

De propósito comenzamos por estas palabras del Sr. Comas, porque ellas, principalmente las que de intento subrayamos, anuncian el sentido y objeto de su verdaderamente notable proposición de ley. El Sr. Comas comienza implícitamente reconociendo que no es el Estado algo superior, sino subordinado á la sociedad; que no es el Estado algo así como el señor de ésta, sino su encargado; que no es así como un organismo preeminente á que la sociedad ha de rendir incondicional vasallaje, sino, antes al contrario, que es un organismo parcial, subordinado al todo, al cual debe continuo testimonio de la pureza y exactitud con que cumple el fin elevadísimo que aquella le encomienda para el mejor y más fácil y cómodo desenvolvimiento de los múltiples fines que ella tiene que cumplir. No es, pues, el Estado un organismo así como cosa aparte de la sociedad que dicta leyes á que incondicionalmente deba éste someterse: el Estado es la misma sociedad entera bajo un aspecto, el de declarar la ley—poder legislativo,—aplicarla á las diversas relaciones jurídicas—poder judicial—y hacer efectivas estas resoluciones—poder ejecutivo.—La sociedad es realmente la propietaria, la señora; el Estado el dependiente, el administrador.

Mas claro está que con estas palabras no indicamos que el Estado deba ser un simple vasallo sin libertad ni atribuciones para el cumplimiento de su elevada función; la sociedad, la
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proprietaria, la señora, debe sumisión y obediencia á las leyes, á las instrucciones, si se nos permite la frase, que ella misma ha dado por medio de sus representantes en Cortes, á su administrador, el cual, en tanto cumple con su deber, es igualmente señor é igualmente digno que su poderdante de toda clase de respeto y consideración. A esta doble relación del Estado como organismo parcial y la sociedad como todo de que aquel forma parte, alude el ilustre senador en estos párrafo, de la primera parte de su, aun mejor que escrito, pensado preámbulo.

«Si el Estado exige á la sociedad la sumisión y la obediencia á las leyes que le dicte, con igual razón la sociedad pide al Estado los medios de cerciorarse de que la ejecución de las leyes es una verdadera realidad.»

«Es, pues, por todo extremo indispensable que la responsabilidad acompañe á la función de la justicia, si la sociedad ha de adquirir seguridad completa de que el Estado cumple con sus más elevados fines.»

Nuevamente reconoce aquí el Sr. Comas, aunque no todo lo explícitamente que descariamos, que la administración de justicia es ante todo función social, por más que la sociedad la encomiende como función privativa á una serie de tribunales debidamente organizados, cuya suprema inspección ha de ejecutarse, no solo por el ministerio fiscal, sino directamente por ella misma en todo momento, pudiendo ejercitar, siempre que conveniente lo estime, la con razón llamada acción popular, por la cual puede exigir á los jueces, cuando sus servicios no resulten ajustados á la ley, la más estrecha responsabilidad de sus actos.

Aunque la responsabilidad judicial no haya de establecerse por desconfianza de los Tribunales, según dice el señor Comas, porque no es este, cómo hemos visto, el fundamento de su institución, no es menos cierto que siendo efectiva puede servir de correctivo á los abusos que los jueces y magistrados, hombres al cabo, pudieran cometer. «La ley, dice eloquentemente el distinguido catedrático, da autoridad al fallo;
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la responsabilidad le da prestigio, cuando la conciencia social se encuentra tranquila y satisfecha de la función de la justicia. La autoridad de los fallos descansa en la ley, en virtud de la cual se dicta; pero el prestigio moral no puede tenerlo sin la responsabilidad, que es la base de aquel testimonio público.»

Aunque dicho sea con toda clase de miramientos y respetos, se nos figura que el sabio catedrático, movido de la más noble intención, se forja verdaderas ilusiones respecto al amor y el entusiasmo que nuestra judicatura y magistratura sienten por que sea una verdad en la práctica el principio indiscutible de la responsabilidad judicial, no por ello hemos de dejar de reconocer que el presidente del Tribunal Supremo, en el acto de la solemne apertura de los Tribunales durante los años 85 á 86, levantó su autorizada voz en pro de que dicha responsabilidad se regulase en las leyes de una manera eficaz, sin dejarla reducida á mera teoría, y que este hecho, de oportuna recordación, viene á robustecer, si de este apoyo necesitare, su, sin necesidad de refuerzo alguno, autorizadísima opinión.

Mas en lo que disentimos del parecer del Sr. Comas—y nos creemos en el deber de consignarlo así—es en que el presidente del Tribunal Supremo fuera eco fiel de la judicatura y magistratura españolas al levantar la noble bandera de la responsabilidad judicial. No; la magistratura y la judicatura españolas—y conste que, por lo que más adelante diremos, puede hacerse esta observación sin su menor desdoro—no son partidarias de que se las someta á la responsabilidad práctica, tan encomiada por el presidente del Supremo, el cual, perdónese por lo gráfico lo llano de la frase, hablaba desde un puesto á donde no siempre fácilmente llegan las balas. Ejemplos recientes, y que están en la conciencia de todos, acreditan que no son los mismos magistrados de ese Supremo Tribunal los más dispuestos á dar con sus actos testimonio de la complacencia y la fruición que, á ser consecuentes con las doctrinas de su digno presidente, debieran tener al presentárseles una ocasión de facilitar que se les exigiese aquella responsabili-
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lidad que con tanta razón llamamos todos dignificadora. En cuanto á los jueces y magistrados en general, tenemos por seguro que tampoco complace esa responsabilidad, y que consultados acerca de ella darían su voto en contra con la unanimidad de un solo hombre. ¿Por qué?

Sobre este punto vamos á permitirnos algunas bien intencionadas observaciones, quizás de escaso valor técnico, pero muy prácticas. La judicatura y la magistratura, aun prescindiendo de todo sentimiento egoista y de clase y de todo falso prejuicio respecto al prestigio que le presta no su obra, sino su poder y autoridad, no ven con gusto que se les exija la responsabilidad de sus actos, porque en la práctica, quizás no sin razón, no creen posible ejecutarlos todos con arreglo á las muchas veces poco meditadas prescripciones legales, y porque otras veces se consideran faltas de la necesaria libertad é imprescindibles garantías.

Un ejemplo aclarará este pensamiento. Deben los jueces, según el art. 353 de la ley de Enjuiciamiento criminal, presenciar las autopsias. Este es el precepto general. Si no pudiesen asistir, sin embargo, delegarán en un funcionario de policía judicial.

No se diga más... Si los jueces tuvieran necesidad de asistir á todas las autopsias no irían probablemente á ninguna, porque como la ley manda impremeditadamente hacer autopsias á porrillo, los jueces, si cumplen con sus deberes, tienen mucho que hacer, su competencia en anatomía por lo general no es grande y la operación nada agradable de presenciar, no pudiendo asistir á todas dejarían de asistir á ninguna, en parte por aquello de que perdidos por mil, perdidos por mil y quinientos, en parte porque nadie se considera responsable de dejar de hacer mayor número de cosas del que permiten sus fuerzas. La ley hoy les permite delegar cuando no puedan; pues no se hable más..., no podrán nunca, y, no pudiendo, no se considerarán responsables de no haber visto lo que por la ley no estaban obligados á presenciar, y de todo esto resultarán tumefacciones como la del cuello de doña
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Luciana y heridas en la cabeza quiméricas para unos, reveladoras para otros, inaveriguables para los que tienen por deber el averiguarlas.

La ley mandando imposibles ó autorizando delegaciones á capricho, se imposibilita para exigir las debidas responsabilidades y da á los juegadores pretextos fundados siempre, y á veces verdaderas razones, para oponerse á prestar una responsabilidad, sin la cual ni cabe completa dignificación para ellos ni plena confianza para la conciencia pública.

Simplifiquemos las leyes; sea la publicidad principio animador que vivifique todo el proceso judicial desde el principio hasta el fin, y entonces invoque el Sr. Comas la aquiescencia de la judicatura y magistratura á su hermosa proposición de ley. Entonces será la magistratura, ó por lo menos la parte más sana de ella, la que favorecerá la resolución del grave y trascendental problema en ella planteadó. Mientras esto no haga el ilustrado catedrático, la magistratura no elevará su voz contra el proyecto; pero sí opondrá con sus actos y gestiones una resistencia más ó menos activa á que se convierta en ley, siquiera proclame su conveniencia el presidente del Supremo pidiendo no solo la responsabilidad judicial para todos los Tribunales, sino que no ha de admitirse excepción alguna allí donde las resoluciones revisten mayor gravedad y trascendencia.

* * *

En la segunda parte del preámbulo confirma plenamente el Sr. Comas la verdad de la afirmación que sustentamos, á saber: que no es, por razones de diversa índole, partidaria la magistratura española de la responsabilidad judicial, tan autorizadamente proclamada por el presidente del Supremo, y que una cosa es hablar y otra facilitar los medios de que lo que se alaba se traduzca en hechos prácticos y efectivos.

«En el desenvolvimiento de este punto—ver si el estado
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cedería Dios por las oraciones de sus fieles vasallos; pero que cuando por sus inesrutables designios les quisiere castigar á todos, el Rey, como Príncipe cristiano, estaba en ánimo de dejar las cosas en muy buena forma, dando á cada uno lo que le pertenece; y como el Pontífice (lo era Inocencio XII) es uno de los que procuran sembrar desconfianzas entre nosotros con Holanda é Inglaterra, temiendo que si estos llegan á meter mano en la mencionada repartición la corte de Roma quedaría muy desautorizada, cuando pretende tener la principal dirección de este gran negocio y así no omite nada, habiendo aquí trabajado el Nuncio Arguinto para tal efecto, usando de arte para horrorizar con el punto de Religión; y habiéndose conocido por esto mismo de largo tiempo acá que el genio del Pontífice está inclinado á Francia, no fiándose del Emperador, tanto por las disensiones y controversias pendientes entre ambos como porque ha de valerse precisamente de las dos potencias nombradas y de otras protestantes para asegurar la dominación en estos Reinos, causando en los espíritus pusilánimes mucha aprensión, especialmente en el Rey, que lo es más que todos y el que más siente que se renovan estas pláticas. No lo podrá conseguir si no se afirma su salud y que á eso acompañe el armarse por mar y por tierra dando providencias suficientes; pues de quedar como están su persona y la Monarquía, la una con intercadenas y la otra arruinada, confusa, desencuadernada, sin la menor traza de autoridad, ni de subordinación, ni de Gobierno, ni de marina, ni de unión, ni de amor al Príncipe no podrá embarazar que las Naciones (el extranjero) estén con cuidado de lo que pueda suceder dentro de largo ó de breve tiempo, tomando á la vez las medidas convenientes á sus intereses, solicitando saber anticipadamente en quién ha de recaer esta sucesión, ya para mantenerla en entero, ya para dividirla; y con buenas palabras que se les den de parte del Rey, no se contentarán sino las acompañan obras, de que no hay la menor aparición.

El puesto de Inquisidor General se ha dado al cardenal Córdova (1) por influencias del Almirante como su bechura y parcial confidente, á despecho del arzobispo de Toledo, del Gobernador del Consejo de Castilla y del Confesor del Rey, siendo estos dos últimos pretendientes; con que se ha declarado un competidor al primado igual sino superior á él en autoridad y estimación, lo que le abatirá á él y á su partido, susurrándose ya, que el Almirante teniendo este escudo, volverá á la Corte (2) capitulando antes ventajosamente para mandar más despótico y absoluto que antes.

(1) En reemplazo del dominico arzobispo de Valencia, Rocaberti.
(2) Había sido desterrado á Valladolid á consecuencia de su ruidosa querella con Cifuentes, y éste á un pueblo de Toledo. El cardenal Cor-
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actual de nuestra legislación corresponde á los principios sustentados por el presidente del Supremo—no puedo prescindir de llamar la atención acerca de un particular que la experiencia nos pone de manifesto, á saber: que es muy corto el número de recursos de responsabilidad, tanto civil como criminal por prevaricación, y que aun de este corto número son escasísimas las reclamaciones que han llegado á prosperar.»

En vista del párrafo anterior, ocurre preguntar: ¿no es cierto que la judicatura y la magistratura disimulan á maravilla el entusiasmo que les inspira el dignificador principio de la responsabilidad judicial, tan admirablemente cantada desde el elevado sitial de la presidencia del Supremo?

Pero sigamos al Sr. Comas.

«Adjuntos con esta proposición tengo la honra de presentar varios cuadros estadísticos, en cuya comparación se observa por el señalado con el número 10, que durante el quinquenio de 1884 á 88 no se ha incoado juicio alguno de responsabilidad civil contra los magistrados de las Audiencias y del Supremo Tribunal; sólo alguno de responsabilidad criminal por prevaricación, que no llegó á pasar más allá del trámite del antejuicio, y muy pocos contra los jueces de primera instancia y los jueces municipales.»

«Este solo hecho ofrece á nuestra consideración un dilema concluyente, pues, ó ha de ser resultado de un estado notablemente perfecto en la administración de justicia, ó de una situación de notoria deficiencia en la legislación reguladora de la responsabilidad judicial.»

Para resolver este dilema y resolverlo científicamente y sin pasión alguna, esto es, sobre datos positivos, sobre hechos, el Sr. Comas presenta cuadros estadísticos de los que aparece que el número de sentencias revisadas y casadas durante el quinquenio de 1884 á 1888 asciende á 18.965, lo cual da un término medio anual de 3.703, y que habiendo sido sólo 16 las demandas interpuestas para exigir la responsabilidad civil, no llega ni aun á 1 por 1.000 la proporción que resulta.
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Cosa análoga aparece en la relativo á la responsabilidad criminal, pues habiendo sido 95 los procesos incoados por prevaricación, la proporción de esta cifra á la de las sentencias revocadas y casadas es de 5 por 1.000.

El siguiente cuadro demostrará el resultado obtenido por los, verdaderamente héroes, que se han decidido á exigir á los jueces la responsabilidad criminal en que á su juicio habían incurrido.

RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Querellas y causas durante el quinquenio de 1884 á 1888.

    Total incoadas: 230.

    No haber lugar á prevenir el antejuicio.
    4

    Denegada la admisión.
    112

    Terminadas sin resolución por varias causas.
    16

    Terminadas por resolución.
    98

    230

Tenemos, pues, que de 230 querellas y causas sólo 98 han sido resueltas. Veamos cómo:

    Por sobreseimientos.
    45

    Por sentencia absolutoria.
    31

    Por sentencia condenatoria.
    22

    98

Vése que de 230 querellas y causas incoadas en cinco años contra los jueces municipales, jueces de primera instancia, magistrados de Audiencia y del Supremo, sólo en 22 han recaído sentencias condenatorias.
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trascendencia sociológica que conviene, no solo consignar, sino analizar con detenimiento.

En efecto; dispone el art. 776 de la ley de Enjuiciamiento criminal que «si no admitiese la querella, el Tribunal impondrá las costas al querellante, cuando éste no sea el ofendido por el supuesto delito.»

»La impondrá también al ofendido, si resultare hecho obrado con mala fe ó notoria temeridad.»

Y el art. 778 dice textualmente. «El ministerio fiscal no estará sujeto á las anteriores disposiciones relativas á fianzas y costas cuando utilice alguna acción penal contra jueces y magistrados.»

Es decir, que los que actúan como querellantes corren un riesgo á que no se expone el ministerio público, y que esto no obstante, el número de querellas, 177, ha sido más de tres veces mayor que el de denuncias, 53.

Importaría, por tanto, para discurrir sobre este punto con más sólida base, que el Sr. Comas ampliara los datos contenidos en el cuadro núm. 10 con el del número de veces que los querellantes han resultado condenados en costas y sometidos á la penosa obligación de prestar fianza.

Mas sin necesidad de esto, con lo dicho basta y sobra para que nuestros lectores puedan apreciar hasta qué punto es, según nuestra legislación actual, más que obra de romanos, verdadera empresa de titanes el exigir la responsabilidad judicial y hasta qué punto el proyecto de ley en que nos ocupamos procura satisfacer una necesidad imperiosa y urgente.

«El mecanismo de las actuales leyes, dice, hace poco menos que imposibles las reclamaciones de responsabilidad civil ó criminal.»

Estudiando el estado de nuestra legislación actual el ilustrado catedrático nos enseña «que ella ha venido á corregir nuestro antiguo derecho», según el que «se imponían penas á los funcionarios del orden judicial sólo por hechos determinados, independientemente del propósito ó intención que exis-