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Y en 28 del propio mes: «Pongo en manos de V. S. el capítulo adjunto de carta que vino de Bruselas.» «Vuelvo á V. S. este papel y el que me dió esta mañana habiéndole visto S. M.—Dios, etc.—Palacio, 28 de Junio de 1700.—Rúbrica.—Sr. D. Antonio de Ubilla y Medina.»

Poca duda cabe en que D. Leonardo Elzius siguió dirigiendo esta pesquisa secreta, si no era él mismo quien descifraba las cartas, al leer la nota ó billete de 21 de Agosto, que dice así: «Pongo en manos de V. S. las noticias adjuntas que he tenido por este correo, siendo las de Bruselas copia de lo que me escribe el conde de Bergueick, de quien va también aquí una carta para V. S. que me encarga se ponga en mano propia; asimismo incluyo dos cartas en francés que me remite la duquesa viuda de Holstein para S. M.»

Era tanto mas de estimar este servicio que prestaba Elzius, cuanto que, ademas de ser harto delicado y propio para granjearle enemigos, corria peligro de ser gratuito. En esto se parecen todos los trabajos oficiales de aquella época, públicos ó secretos, honrosos ó vituperables, pues casi todos dentro y fuera de España, si se exceptúan los del corto número de personas de la intimidad de la Reina, eran retribuidos á medias, ó no lograban retribución.

De aquí la sentida queja de Elzius ya comenzado el año de 1701 que contiene la última nota de su mano de nuestra colección.

«Pongo en manos de V. S., escribe al remitir dos cartas descifradas de 30 de Diciembre de 1700, los dos papeles adjuntos; con cuya ocasión me es preciso volver á hacer memoria á V. S. de que, si bien me ofreció se dispondría la satisfaccion de lo que se me debe por esa vía, hasta ahora no ha tenido efecto. No puedo persuadírme á que este trabajo tan singular y «engorroso» deje de merecer, hoy como siempre, particular atencion. Quien me asiste, tambien me pide. Si se hubiese de continuar es indispensable afianzar el secreto. Estos dias he logrado la honra de poner mi rendimiento á los pies de Su Eminencia (el cardenal Portocarrero). Confío de su gran benignidad no se me dilatará este socorro tan justificado como privilegiado. Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años como deseo. Madrid á 2 (sic) del año del Sol.—Rúbrica.»
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muchos que podrían aducirse, contra una medición inexacta de volúmenes de obras ó una mala clasificación de terrenos hechas por un ingeniero de caminos y aprobadas por la Junta consultiva del ramo, no hay en la vía contenciosa recurso alguno. El sistema actual no permite probar el error del resultado oficial de esas operaciones, como de ninguna de las análogas, tan numerosas e importantes, especialmente en la contratación de obras y servicios públicos.

Paso, omitiendo otras observaciones de interés, porque el tiempo apremia, al período que empieza con la remisión de la consulta ó proyecto de sentencia al Presidente del Consejo de Ministros. Señala la ley un plazo para que éste proponga al Jefe del Estado el decreto sentencia, ya de conformidad con la consulta del Consejo, ya separándose de éste en los términos que juzgue conveniente. De modo, que después de una larga discusión, con formas de juicio, tiene la Administración la facultad de prescindir de todo lo actuado y de desestimar el parecer del Consejo, cuando este parecer no le agrada; como pudo impedir que se admitiese á juicio ó revisión la reclamación del particular perjudicado por la resolución administrativa. ¿Puede darse facultad más infundada y arbitraria? ¿Puede decirse, mientras tal facultad subsista, que el derecho particular tiene completas y eficaces garantías contra los errores y los atropellos administrativos?

Cierto es que el Gobierno, por regla general, se conforma con las consultas del Consejo de Estado, y que son en corto número los casos en que hasta ahora se ha separado del parecer de este alto Cuerpo. Pero esos casos, pocos ó muchos, se han presentado, y pueden repetirse cuantas veces quiera el Gobierno, porque la ley no señala límite alguno á esta facultad, ni impone responsabilidad efectiva por tales resoluciones.

La arbitrariedad en estas circunstancias solo está limitada por el espíritu de justicia y de honradez del Ministro que resuelve, y por el temor al juicio de la opinión pública. Pero cuando la debilidad del carácter es uno de los rasgos más ge-
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nerales de los hombres políticos, y la opinión pública tiene escaso poder, como en nuestro país desgraciadamente acontece, estos límites morales valen poco, y no es razonable ni prudente confiar en ellos.

Parece oportuno que recuerde en este lugar, que ya solo en España conserva la Administración la facultad de dictar sentencia contra el parecer de la Corporación encargada de conocer en las cuestiones contenciosas administrativas. Francia, el pueblo inventor de la teoría de la omnipotencia y de la independencia absoluta del llamado poder administrativo, ha reformado en este punto sus instituciones hace muchos años, y su Consejo de Estado, cuando actúa como Tribunal administrativo, no consulta, sino que falla ó resuelve, y sus resoluciones son firmes y ejecutorias por su propia virtualidad.

Pero hay otro mal además en el sistema de la mera consulta. Ya he dicho que la ley señala plazo para que el Gobierno dicte el fallo definitivo, pero en la realidad esta prescripción no se ha respetado nunca, ni hay medio práctico y eficaz de exigir su cumplimiento. Se ha establecido la costumbre de que se someta el proyecto de sentencia á previo examen del Ministerio que dictó la resolución reclamada, y son frecuentes los casos en que el expediente no vuelve á la Presidencia del Consejo de Ministros en tiempo oportuno para que éste decida dentro del plazo legal. Otras veces las cuestiones políticas ó de otro género, que se consideran por el Gobierno como más importantes que el restablecimiento del derecho en las contiendas entre la Administración y los particulares (sobre todo cuando estos son personas modestas sin influencia política), dejan en segundo término, y como olvidados, los proyectos de sentencia. No hay abogado del Consejo de Estado que en su práctica no haya visto más ó menos casos de retrasos considerables de muchos meses. Entretanto, el particular, cuyo derecho ha sido reconocido por el Consejo de Estado, aguarda y sufre considerables perjuicios, y no tiene, para conseguir que se dicte la sentencia consultada,
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más medio que el de pedir y suplicar uno y otro día con el apoyo oficioso de las personas influyentes que conozca y que quieran prestárselo.

Y esos retrasos, desgraciadamente, alguna vez pueden originarse de causas que no son el descuido ó la falta de tiempo. Los hombres son falibles por las condiciones de su naturaleza, la cual no cambia cuando desempeñan cargos públicos, y el único recurso eficaz para impedir que pequeño es quitarles las ocasiones y los medios. El proyecto de sentencia revocatoria de una resolución, que tal vez dictó con profunda convicción de su justicia el Ministro, ó que le propuso con igual convicción el Director ó el Jefe de negociado, ha de molestar siempre más ó menos el amor propio de estos señores. De esta molestia al deseo de impedir ó de retrasar el cumplimiento de un fallo contrario á sus convicciones, no hay más que un paso. Y no quiero hablar de la influencia de otras causas menos dignas de respeto, aunque por desgracia también humanas y posibles, que pueden mover el ánimo de los que tienen en sus manos, por las deficiencias de la ley, fáciles medios para favorecer determinados intereses, con perjuicio de los intereses contrarios.

Llego al último periodo, que es el de la ejecución de la sentencia, que está confiada á la misma Administración litigante, así cuando el fallo le ha sido favorable como cuando le ha sido adverso. La misma autoridad que dictó la resolución revocada ó anulada, tiene por la ley el encargo de llevar á debido efecto las consecuencias de la revocación ó anulación. Y para realizar este encargo, la ley, cosa verdaderamente inconcebible, no le señala formas ni plazos. La tramitación del cumplimiento de lo mandado en un decreto-sentencia se lleva como la de cualquier otro expediente gubernativo. Ninguna garantía especial se da en esa tramitación al particular que ha conseguido un fallo á su favor, y que no tiene medio ninguno para vencer las resistencias, ya activas, ya pasivas, que en los centros administrativos, ó desde fuera de ellos, pueden oponerse al cumplimiento del fallo.
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Sobre este punto, que es en mi sentir el más grave, el que reclama más urgente reforma de nuestro absurdo régimen contencioso administrativo, confieso, señores, que me es difícil hablar con sangre fría. En estos mismos días, mi querido amigo el Sr. Azcárate y yo, tenemos que gestionar en un Ministerio para que se active el cumplimiento de un decreto sentencia, publicado hace más de año y medio, que condenó á la Administración al pago de ciertas cantidades de alguna consideración, negadas indebidamente al particular reclamante. Este, arruinado por una lucha de cinco años, durante los cuales se ha visto privado del capital modesto que, fecundado por su trabajo, subvenía á las necesidades de su numerosa familia, ha muerto de enfermedad causada y agravada por la miseria, y sus cuatro hijos y su viuda están viviendo por la caridad de algunos amigos.

Pues bien; en el tiempo transcurrido desde que se publicó el fallo, esta desdichada víctima de la arbitrariedad administrativa no ha podido conseguir ni siquiera que se respondiese á sus reiteradas, apremiantes y angustiosas reclamaciones.

Y no es este el único caso que podría citaros. Otros hay, si no tan tristes como este, por que no han producido la muerte del infeliz litigante, igualmente dignos de reprobación y de protesta por la conciencia pública. Me propongo referir algunos de esos casos extensamente en un trabajo especial destinado á demostrar prácticamente que no podemos seguir así; que es indispensable y urgente, por nuestro decoro de pueblo civilizado y libre, y por el decoro de la misma Administración pública, una reforma radical y profunda, así en las instituciones como en los procedimientos actuales contenciosos administrativos.

Y concluyo, señores, no por falta de deseo de seguir hablando ni por falta de consideraciones que exponer á vuestra atención. Ha terminado el tiempo de que podía disponer, y no puedo ni quiero abusar de la tolerancia del Sr. Presidente y de vuestra benevolencia. Agradezco profundamente esa tolerancia y esa benevolencia, y mis últimas palabras serán
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una súplica, que con todo encarecimiento me permito dirigir á este Congreso de hombres de ley y de justicia.

Aceptad las conclusiones de nuestra ponencia, y que se alce vuestro voto como enérgica protesta contra el organismo actual de lo contencioso administrativo, cuyos vicios capitales pueden exponerse condensados en dos breves frases: arbitrariedad administrativa; denegación de justicia.

GABRIEL RODRÍGUEZ.
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EMPEÑOS DE ECONOMÍA SOCIAL

DEL

FOMENTO DE LAS ARTES

Discurso pronunciado por D. Rafael M. de Labra,
Presidente de la Sociedad.

SEÑORAS Y SEÑORES:

Prometíame la especial satisfacción de que la solemnidad de esta tarde (acto que por la índole de nuestra Sociedad es al propio tiempo una fiesta de familia y una grave demostración pública), se verificara de muy otra manera de como se realiza; esto es, relacionándose y confundiéndose los aplausos con que habéis saludado á la juventud estudiosa que puebla las cátedras de esta meritoria Casa, y las palabras de aliento que de mis labios han de salir al trazar el programa de nuestro próximo curso académico y de nuestra inmediata campaña social, con los ecos del discurso que persona mucho más autorizada que yo habría tenido que hacer, resumiendo los trabajos del Congreso de reformas sociales, que por la iniciativa del Fomento de las Artes debía haberse reunido en el otoño del año corriente.

No se ha verificado esto, y debo una explicación, más que á mis consocios, al público en general, interesándome grandemente, que por todos se entienda que no hemos abandonado la idea, así como que su aplazamiento ha dependido de causas extrañas á nuestra voluntad.
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No he de decir que nuestras gestiones han encontrado en todas partes la calurosa acogida que hubiéramos deseado; advirtiendo que el pecado de negligencia y de imprevisión que este hecho supone, no ha sido sólo de parte de las clases que se llaman superiores y directoras, aun cuando es de señalar y deplorar más tratándose de ellas, por cuanto que á ellas cumple primcramente el estudio y aun la resolución de los gravísimos problemas jurídicos, económicos y sociales que hoy preocupan extraordinariamente á toda la Europa culta, y ellas quizá habrían de ser las más castigadas si, por desdicha, esos problemas no resueltos, pero de imposible excusa, se tradujeran dentro de la indiferente sociedad española en convulsiones agotadoras y horrendas catástrofes.

Pero esto ni ha sido decisivo para el aplazamiento de nuestro Congreso, ni puede afectar seriamente al propósito que mantenemos. No somos ya pocos los que, comprometidos en graves empresas, hemos tenido que reconocer que la mayor dificultad de éstas consiste, no tanto en la oposición calurosa de los partidarios del statu quo (que al fin y al cabo la contradicción anima y hasta enardece), sino en la indiferencia del común de las gentes y aun en la prevención con que á los propagandistas, y si me fuera licita la palabra, á los redentores, acogen los mismos en cuyo provecho se hace la propaganda. De mí sé decir que tengo que agradecer mucho á Dios por haberme dado fuerzas para acometer y sostener ciertas empresas, al parecer desesperadoras, y vida suficiente para ver logradas casi todas ellas, aplaudidas por buena parte de los que las combatieron, y á las veces proclamadas, con una frescura admirable, por aquellos que pretendieron más honor y provecho de su impugnación y resistencia. Ahora mismo, no he debido, ni podido, extrañarme de que los propósitos de nuestra Sociedad y las palabras entusiastas con que, en el pasado curso yo señalaba los defectos de la vida jurídica y económica de España y la necesidad de acudir al remedio y enaltecimiento de las clases llamadas trabajadoras, fueran correspondidos, por una parte, mínima en verdad, de los que
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pretenden llevar la dirección de estas últimas, con ataques, gruesas palabras, acres censuras y hasta denuestos, que sólo sirven para dar el acento de un gran desinterés á nuestra honrada y patriótica campaña. (Aprobación.)

De todo ello me ocupo para insistir en nuestro pensamiento y dar la seguridad al público, de que hemos de realizarlo, con el apoyo de los hombres ilustres que nos han ofrecido su concurso, llamando otra vez á la puerta de los particulares y las corporaciones indiferentes, y pagando, con una piadosa consideración, la desconsideración de los frenéticos, los ciegos y los rebeldes. (Bien, bien.)

Pero la principal causa del aplazamiento de lo que yo estimaba como más saliente, aun cuando no fuera todo lo principal de nuestra campaña pasada, está, de un lado, en la justa preocupación producida en todo el mundo, y de un modo verdaderamente extraordinario en España, por la Exposición de París, que ha agotado la atención y el entusiasmo de las gentes; y de otra parte, en la conciencia que tenemos de las necesidades y condiciones del Congreso de reformas sociales, que no puede ser una de esas mil reuniones más ó menos ruidosas y de pretensiones más ó menos justificadas, en qué se habla de todo para no producir el menor efecto, por lo menos dentro del período inmediato en que convendría que tuviera una influencia directa y positiva.

Casi en el terreno de lo vulgar entra el desprestigio en que han caído nuestras justas oratorias, y no he de repetir las críticas que de la retórica hacen hasta nuestros más consumados y conspícuos retóricos. El pecado no es, como algunos creen, exclusivamente español. Hace poco tiempo leí en un periódico extranjero que el Presidente del Parlamento austriaco, en la última sesión de clausura, reprochó á aquellos Diputados el haber pronunciado durante la legislatura, relativamente breve, nada menos que 9.000 discursos, de los cuales, 2.000 se dedicaron á los presupuestos.

Esta exuberancia oratoria es motejada hasta en la misma Inglaterra, la patria del régimen parlamentario. Pero yo no
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llevó mi modestia al punto de quitar la primacía en este género de desahogos más ó menos útiles, á nuestra España, donde todo el mundo habla y acciona bastante bien, donde la sonoridad de la palabra y la redondez de los espontáneos períodos encantan, y donde hay siempre un numeroso público dispuesto á escuchar y á juzgar á todos los oradores de apóstrofes vehementes y solemnes invocaciones. Paréceme que, sin faltar á ninguno de los respetos debidos y al carácter de esta Sociedad, pudiera yo desafiar la concurrencia del extranjero, en punto á debates largos y perfectamente inútiles, presentando el debate con que nuestro Congreso de Diputados cerró sus sesiones del mes de Junio; el famoso debate de la Conjura.

Pues, contando con esta propensión de nuestros tiempos, es de necesidad preocuparse de que un Congreso de reformas sociales, no sea una simple ocasión de discursos más ó menos hermosos y de fórmulas más ó menos científicas y académicas. Tiene que ser algo modesto en sus formas, práctico en sus procedimientos, eficaz en sus pretensiones, por lo mismo que es grave y trascendental su empeño.

De aquí el deber de procurar las circunstancias y los medios de que las deliberaciones del Congreso sean breves y los temas concretos, y con el concurso de los inteligentes en el trato de los problemas y de los interesados directa y principalmente por razón de sus necesidades de profesión y de vida en las relaciones del capitalista, el patrón y el obrero, llegar á fórmulas precisas, que puedan recomendarse á los poderes públicos como artículos de leyes, y á las clases y las instituciones sociales como consejos y recomendaciones para el buen orden de la sociedad, que no depende sólo de los Códigos ni de los actos de los Gobiernos.

Con lo dicho ratifico un declaración que, con vuestro unánimo aplauso, he hecho muchas veces, y que corresponde admirablemente á las más acentuadas tradiciones de esta Casa, á saber: que á nuestro juicio la reforma social no puede ser, ni como pretensión ni como solución, la obra de una sola clase,
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y mucho menos de la clase que generalmente se llama trabajadora. Hay que protestar enérgicamente contra el supuesto de que esas reformas un tanto vagas, pero que no puedo precisar ahora, sean así como una concesión, graciosa ó filantrópica, de las clases acomodadas, ó una de esas conveniencias que los Gobiernos tienen que atender en vista del orden público ó meramente de cierta comodidad social. Por este camino contrariaríamos todo el sentido de la historia política contemporánea, saturada del espíritu democrático. Por otro lado, no es menos absurdo el dar á estas verdaderas conquistas de la civilización, que á la par son aplicaciones y determinaciones del derecho, el carácter más ó menos atenuado de una reconvención ó una represalia. Además que yo niego terminantemente la exclusiva que en la inteligencia y resolución de los males que evidentemente afligen á las clases trabajadoras, pretenden ciertos individuos de ellas ó los que se dicen sus representantes; porque esos problemas, que no se reducen simplemente á necesidades ó angustias de carácter individual, son muy complejos, afectan por diversos lados y con diferente motivo á las demás clases sociales, entrañan no pocas ni flojas cuestiones morales, políticas y científicas, y piden otra cosa que lamentos, protestas, amenazas y declamaciones. Piden, señores, la cooperación consciente y eficaz de los hombres dedicados al estudio de estos negocios, al lado de los que, por sí mismos ó de un modo indirecto, sufre los efectos del desamparo en que viven las clases más modestas de los pueblos contemporáneos. (Aplausos).

Nosotros jamás hemos consentido la idea de que el proyectado Congreso de reformas sociales fuese una Academia de sabios, una reunión de políticos ó un meeting de obreros. Por eso hemos solicitado el concurso de las Asociaciones de éstos, de las Sociedades Económicas, de las Ateneos, de los Colegios de Médicos y de Abogados, y, en fin, de todas las personas de cierta notoriedad en la inteligencia y discusión de aquellos problemas, prescindiendo absolutamente, en nuestras invitaciones, de los antecedentes políticos y los compromisos de
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La respuesta de D. Antonio de Ubilla á una petición tan razonada no es muy satisfactoria: «Vuelvo á V. S. estos papeles, dice, y tengo orden de hacer algo, aunque no sea el todo; y se ejecutará lo más que se pueda.»

Es lo cierto, que la correspondencia se interrumpe aquí y que el Gabinete negro cesa de funcionar, como sucedería á los de la época presente mediando iguales causas. Añadiremos en obsequio de la verdad, que con el cambio de Gobierno, la venida del nuevo Rey, la unión íntima del Elector de Baviera con Luis XIV y con su nieto y la salida de la Reina viuda de Carlos II para Toledo, anulada ya para la política y altamente impopular, cesaban la mayor parte de las circunstancias que motivaron la interceptación.

Antes de esto, y hasta la indicada fecha de 2 de Enero de 1701, el barón Bertier y D. Pedro González siguieron correspondiendo con la corte de Bruselas, y consignando en sus cartas multitud de noticias y no pocos juicios, interesantes aquéllas y dignos de atención y examen los últimos, como de testigos imparciales de los sucesos y dotados de experiencia del mundo político y de sagacidad; dotes que avaloran en particular las últimas cartas de Bertier, tan útiles para juzgar de los tratados del repartimiento y de los hechos que precedieron al advenimiento de la Casa de Borbón al trono de España, como puedan serlo cualquiera de los documentos publicados en nuestros días en Francia ó en Alemania.

Creemos, por lo tanto, que nuestros lectores nos agradecerán la prosecución de este estudio.

SEGUNDO TRATADO DE PARTICIÓN

«Los que juzgan, escribe Mr. Hippeau, que el tratado de 1699, y los de la misma clase que le siguieron, fueron un hábil medio empleado por la política de Luis XIV para que los españoles temiesen el reparto de su monarquía si era el hijo del Emperador el heredero, se acercan mucho á la verdad.»