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piritualistas, y especialmente de la llamada clásica, que mantienen con brillo las enseñanzas de Beccaria en el siglo XVIII, ó mejor las tradiciones de la filosofía cristiana cultivada en el XVI por grandes criminalistas, entre los cuales bien merece descollar nuestro ilustre franciscano Alfonso de Castro; ora á influjo de la teoría correccional germánica, que en medio de su exclusivismo dogmático, adelantó sin duda los estudios penales, y en especial los sistemas penitenciarios; ora, en fin, con ocasión de las ruidosas contiendas, publicaciones y congresos que promueve y agita á nuestros ojos la nueva escuela antropológica italiana.

Y puesto que la nombre, algo habré de decir de esa hija menor del positivismo contemporáneo, no para analizar sus pretendidos principios, sus vacilantes métodos y su incierto programa; no para esgrimir contra ella los rigores de la crítica, alguna vez usados con severa profundidad en este sitio, combatiendo las teorías deterministas, hoy casi olvidadas; sino para tomar en consideración; dentro del reducido cuadro de mi discurso, el hecho más saliente, ó como ahora se dice, la nota más viva del actual movimiento científico.

Bien sabeis que la antropología y la sociología modernas, tendiendo á formar de las ciencias morales y políticas una rama de las ciencias naturales, reniegan de toda creencia y aun de toda metafísica racional, y tratan de reconstruir el estudio del hombre y de la sociedad por métodos empíricos de observación, experiencia, comprobación e inducción, ayudados más de lo que pedirla su rigor lógico, por la hipótesis, la estadística y la historia. De esas doctrinas, cuyo tronco parecen ser, la teoría darwinista y la filosofía spenceriana de la evolución, se desprende la ciencia penal novísima, que no sin razón abandona hasta su antiguo nombre para tomar el de criminología ó antropología criminal. Sus conclusiones, por la reacción violenta que respiran contra el idealismo humanitario de la escuela clásica, no menos que contra el optimismo individualista de la escuela correccional, son desconsoladoras. El delito no tiene, á sus ojos, valor ético, ni mere-
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ce otro estudio que el fisiológico, encaminado á descubrir las obscuras leyes del atavismo, de la patología fetal y del desarrollo orgánico; el delincuente es un sér degenerado ó imperfecto, un criminal nato, un loco moral ó un epiléptico; la pena, en su concepto jurídico, es un error que sustituyen esos audaces novadores por la función social de defensa, descompuesta en varios órdenes de medios preventivos, reparatorios y repressivos, á cuyo fin se encuentran la climinación y la muerte del enemigo temible, del miembro peligroso, cuya adaptación á las condiciones necesarias del medio ambiente no se puede obtener; la justicia es para Garófalo una impropiedad de lenguaje, y en opinión de Ferri, un concepto vacío, á menos que se la reduzca á la condición mecánica propia del sistema; los juicios, en fin, un padrón de atraso, que debe ceder el puesto al exámen psíquico del delincuente para inducir, no hasta qué grado es responsable, sino en qué medida es temible; trabajo para el cual se declara inhábil á la presente Magistratura, y mucho más inhábil al Jurado, reservándolo á jueces y á peritos de especial competencia científica, es decir, á los iniciados en los secretos de la nueva ciencia por el célebre profesor de psiquiatría de la Universidad de Turín, César Lombroso, fundador de la escuela, ó por el catedrático de Derecho penal de la de Siena, Enrique Ferri, cuando no á los sucesores y discípulos de Pablo Broca y de Augusto Morel, que con tanto eco cultivaron en Francia la antropología y la medicina mental.

No pretenden, ni podrían pretender con lógica esos positivistas, como se cree acaso vulgarmente, en vista de alguna aplicación parcial de sus principios, mitigar la suerte del criminal, ni menos librarle por sistema, del rigor de las leyes represivas. Proclaman, por el contrario, que los cánones de la doctrina clásica, y aun las deducciones de los nuevos datos admitidas por el eclecticismo de los Códigos, contienen no pocos errores, favorables á los delincuentes y peligrosos para la sociedad.

Tal es, en sus más pronunciados rasgos, la batalladora
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escuela antropológica. Conoceis sobradamente mis convicciones, para que necesite juzgarla. De ella, como de todos los sistemas materialistas, diremos siempre sus adversarios, repitiendo la elocuente frase del inolvidable y malogrado Moreno Nieto, que en vez de explicar las cuestiones que entraña el problema jurídico, las suprimen, ofreciéndonos solo un mundo sin cielo, una humanidad sin ideal y una sociedad sin conciencia.

Aun dentro del campo restringido de sus peculiares indagaciones, niega esa doctrina el gran principio espiritualista y cristiano de la libertad moral, base necesaria de todos los sistemas penales.

Los positivistas, al excluir el libre albedrío, lo sustituyen con una quimérica responsabilidad social, que no tiene de responsabilidad más que el nombre; y no hay para qué añadir que con esos fundamentales conceptos desaparece toda idea de castigo por la ley, toda necesidad de verdadero Código penal.

Ya lo dijo el criminalista Buccellati en las siguientes persuasivas palabras, que sus compatriotas de la nueva escuela rechazan sin querer comprenderlas, desde el momento en que no admiten ni una sola de las ideas racionales en que se fundan:

«Si el hombre comete delitos, no por libre elección de su propia voluntad, sino por tiranía fatal de su organismo ó del ambiente externo, ¿cómo se le podrá castigar y hacerle responsable de culpas que no son suyas? Abrid, por tanto, las cárcelés y cerrad los Tribunales, vosotros los positivistas, que negáis el libre albedrío. Si esto no quereis admitirlo porque es demasiado absurdo y peligroso, solamente en virtud de una contradicción lógica podreis hablar aún de derecho penal y de justicia punitiva.»

Mas no por ser falso en su raíz puede desdibujarse ese movimiento, que al fin responde, en gran parte, á la avidez con que los estudios contemporáneos investigan la realidad, analizan los hechos y consultan la experiencia y la historia.
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Vano y aun impío sería pedirle soluciones definitivas y completas; pero así como algunos de los que le siguen se abstienen de profesar sus capitales errores, bien puede ser lícito á los que lo combaten recibir de él aquellos materiales, elementos y datos que, suficientemente comprobados por la observación, constituyen adelantos compatibles con todas las creencias, y comunes á todas las doctrinas.

No con otro sentido prescribe sin duda la octava de las bases que aprobó el Senado en 29 de Febrero de 1887, para la reforma de nuestro Código penal, que las circunstancias de exención, atenuación y agravación se clasifiquen, fijando bien su trascendencia é importancia, atendida la naturaleza é índole de cada una en la realidad de la vida y el estado psicológico del culpable, según los resultados positivos que hayan alcanzado las ciencias antropológicas.

También el Sr. Silvela aprovechó en su proyecto algunas de las parciales enseñanzas ofrecidas por esos estudios; pero lo hizo con el tacto y mesura que los deberes del legislador exigen.

Ni debieran, á despecho de su arrogancia, pretender más los criminalistas de la nueva escuela, que, divididos en la grave cuestión de la pena de muerte, y en otras varias, ensordecen hoy el palenque científico, al propio tiempo que con los ecos de sus numerosas publicaciones, con el ruido creciente de sus disputas. En las mismas Cámaras italianas triunfó hace dos años la tendencia clásica, combatida por la ardiente elocuencia de Ferri, y poco después, Lombroso, el maestro de todos, reconocía en su última Memoria, entre altivo y resignado, la esperada derrota, con las siguientes frases: «no estudiamos para los jueces; los sabios cultivan la ciencia, y no para obtener aplicaciones que no podrían seguir tan rápidamente su camino.»

Entretanto, Garofalo, uno de los escritores de antropología criminal que más sentido jurídico revelan en su estudio, no vaciló en prodigar los elogios que conocéis al proyecto de Código del Sr. Silvela, encontrándole superior al de Za-
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nardelli, que ya rige como ley desde el año actual en la nación italiana. Aplauden principalmente la tendencia en que coinciden todos los criminalistas, á considerar más, de día en día el elemento psicológico de la intención, subordinado con exceso hasta ahora, al elemento objetivo ó material del hecho; y sin mostrar en su crítica preocupaciones de escuela, por más que estime, como era de suponer, muy distante de su ideal y aun de su sistema aquel trabajo, reconoce el criterio de oportunidad y el valor científico y práctico que en él resplandecen.

A este juicio se agregaron otros no menos favorables de jurisconsultos nacionales y extranjeros, demostrando que la revisión de nuestra ley penal se encuentra suficientemente preparada por los profundos y brillantes trabajos de mis antecesores.

Muchas de las cuestiones que han alimentado largo tiempo la controversia académica y aun la política, están felizmente resueltas, con un criterio de armonía que ha de ser base del futuro proyecto del Gobierno.

Las definiciones del delito y de los diversos estados en que puede ofrecerse al ser descubierto, las formas y conceptos de la participación y de la codelincuencia exigen una completa revisión, ya hecha con acierto en los proyectos citados, bajo el principio, á la vez espiritualista y positivo, de establecer la ponderación real y debida entre los elementos subjetivo y objetivo, intencional y material de la acción punible.

Todo el interesante tratado de las circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, necesita también no pocas modificaciones, por ser una de las partes del derecho penal, á cuyo contenido afectan más sus últimos progresos y los de sus ciencias auxiliares.

No cabe, ante ellos, mantener contraída al imbécil y al loco la causa de no imputabilidad que se funda en el estado de la razón del agente. Hay que reconocer otras situaciones mentales que le privan de toda conciencia del delito, dando
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á los Tribunales una norma y un texto que, al par que fije el cauce por donde ya corren sus fallos, prevenga los errores, las vacilaciones y los abusos tan fáciles como graves en esta delicadísima materia.

Fuerza es ampliar también, siguiendo el ejemplo de los Códigos contemporáneos, y en especial del alemán y el neerlandés, los estrechos límites á que se halla, entre nosotros, reducida la causa de justificación por legítima defensa. De muy notable ha calificado Garófalo la fórmula adoptada por el proyecto español de 1884, que además de simplificar este importantísimo concepto de exención de responsabilidad, no sin precisarlo debidamente, lo extiende en forma expresa á quienes, en cumplimiento de la ley, ejercen actos de custodia de impuestos, rentas ó propiedades.

No consienten los naturales límites del presente trabajo que siga determinando las profundas modificaciones que reclama el libro primero del Código.

Algo diré, con todo, acerca de las penas. La reforma en esta parte habrá de simplificar considerablemente nuestro derecho, inspirándose en la universal tendencia á reducir el número y las formas de los castigos y á individualizar su aplicación, dejando á los Tribunales una latitud de que hoy en nuestra patria no disponen. Sin llegar al extremo del Código de Holanda, uno de los más perfectos de Europa, que no admite sino tres penas principales, la prisión, la detención y la multa, y no fija al arbitrio judicial más límite ni otra regla que el señalamiento para cada delito del máximo de duración ó cuantía de la penalidad impuesta: sin alcanzar siquiera la sencillez, también extraordinaria, del novísimo Código italiano; parece ya llegada la hora de abandonar el complicado sistema de numerosos y variados nombres y clases en las penas, de escalas graduales y reglas casi aritméticas de imposición, que constituye lo que se llamó la parte artística del Código de 1848, celebrada, no sin justicia, en su tiempo, y que fué, en la mente de los ilustres jurisconsultos que lo redactaron, una satisfacción á los clamores de entonces contra
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naron. Una sociedad constituida tiene el derecho de exigir á sus individuos una determinada conducta, cuyo modelo es otra conducta ideal posible, producto de las fuerzas y circunstancias que la han modelado, dándole una manera de ser característica, una tonalidad propia que habrá de informar siempre todas las manifestaciones de su vida. La organización política, las costumbres de la época, las tendencias religiosas, las ideas filosóficas dominantes, el grado de cultura científica, las exigencias del suelo, el temperamento, todo esto y muchas otras cosas más, intervienen en la formación de ese tipo de conducta ideal que se exige á todos los que se han sometido á vivir bajo las mismas leyes. Si el individuo no ha sabido dar el valor que corresponde á cada motivo para conformarse con ese ideal posible de conducta, preciso es que aprenda á dárselo; se le declara responsable, es decir, merecedor de correctivo. Y esta responsabilidad no es solo una imposición legal del poder, sino que la siente en su interior el individuo mismo; el modelo de conducta también lo lleva él dentro de sí; lo conoce y lo aprueba, porque todos han contribuido á formarle y á todos se impone. Aunque los actos realizados conforme á este modelo fueran malos en sí, todos continuarían aprobándolos como buenos; porque, encarnado ya el ideal en la conciencia por el gigantesco trabajo de mil generaciones, no aparece como ideal exterior impuesto, sino como ideal interno sentido, como exigencia de nuestra propia unidad orgánica, que nos orienta y nos obliga á marchar en un sentido determinado.

La responsabilidad moral queda de este modo bien justificada, y en nada se opone al determinismo lógico de la universal fenomenología. Todos los actos humanos, dentro de las circunstancias en que se produjeron, son absolutamente necesarios; entre esas circunstancias numerosísimas queremos que tenga poder superior tal ó cual clase de ideas, y si de por sí son flacas y débiles en los individuos, la colectividad les presta todo su apoyo, aumenta su potencialidad por todos los medios que están á su alcance, las leyes, la opinión pú-
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el arbitrio absoluto á que venían habituados los jueces, no teniendo otras leyes penales escritas que las inaplicables de los siglos pasados.

Muy grato habría de ser, sin duda, á los legisladores que tengan, al terminar el XIX, la responsabilidad y la gloria de poner aquel cuerpo legal en armonía con las necesidades actuales, no hallar en ellas obstáculo á la supresión de la pena de muerte; pero también en esta ardua cuestión tan debatida creen unánimes nuestras escuelas gobernantes, que el estado social y jurídico del país no consiente desarmar á la ley de ese medio terrible, pero necesario, de represión. Consérvenlo casi todos los Códigos, aun después de suprimido, en Portugal, en algunos cantones suizos, en Holanda é Italia, y ya he recordado á otro propósito que los más importantes defensores de la nueva doctrina pasiva combaten rudamente y sin rebozo la propaganda abolicionista que, nacida en el siglo último, ha llenado con sus esfuerzos el presente.

El cumplimiento y duración de las penas, las responsabilidades accesorias, las medidas y precauciones subsiguientes al delito, la acumulación, la reincidencia, el quebrantamiento de condena, la prescripción, el patronato de los penados, la libertad condicional, el sistema llamado progresivo, con intervención de los Tribunales en el cumplimiento de la sentencia, las colonias penitenciarias, son problemas cuyas soluciones, preparadas por largos estudios, deben condenarse en reformas sustanciales de nuestro Código.

Una del mayor interés formuló en su proyecto el señor Silvela acerca de las Sociedades ó Empresas cuyos individuos delinquen por los medios que ellas les proporcionan. Ya la Constitución de 1869 había autorizado la suspensión por la autoridad gubernativa y la disolución por los Tribunales de semejantes Asociaciones.

Es de toda evidencia que aunque dentro de la doctrina espiritualista sólo la persona libre y consciente, no la personalidad colectiva ó jurídica, puede ser sujeto del delito; si éste se perpetra por sus autores, valiéndose de los grandes
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medios que una entidad social puede ofrecerles, no se restablece el derecho ni se satisface la conciencia pública sin que la colectividad perturbadora sea suspendida ó disuelta.

Cuanto á la penalidad de la prensa, se ha llegado sin duda á una de aquellas elevadas y discretas transacciones entre las escuelas liberal y conservadora, de que el Sr. Alonso Martínez se felicitaba con razón, en el preámbulo de su proyecto de bases para la reforma misma, cuyas líneas generales expongo.

Sacrificado el sistema de la legislación especial, triunfante el régimen del derecho común, aunque con las alteraciones y garantías necesarias para evitar la impunidad, admitidas ya en el Código de 1870, consignó el proyecto de 1882, como pena especial, la suspensión del periódico por diez á sesenta días en los delitos contra el Rey ó la Real familia y en los ataques contra la disciplina y organización del ejército ó que tiendan á promover discordias ó antagonismos entre sus diferentes institutos ó á quebrantar el orden y la disciplina; estableciéndose además la suspensión, como subsidiaria de las multas, á razón de un día por cada cincuenta pesetas.

Estos mismos principios aceptó en 1884 mi eminente compañero el Sr. Silvela, si bien revestidos de un carácter más orgánico y científico, dentro de la doctrina expuesta sobre Sociedades y Empresas, que proporcionan medios de delinquir.

Numerosas han de ser, por necesidad, las novedades que la reforma introduzca en el libro segundo. Sólo á título de ejemplo citaré algunas, y aun esas muy someramente y en compendio.

Subordinadas en el Código penal de 1870 las definiciones de los delitos de lesa Majestad y contra la forma de Gobierno al texto de una Constitución que no miraba la Monarquía como elemento esencial y necesario del Poder constituyente, es indudable que su modificación se impone, y así se reconoció en el proyecto de 1882, cuyo art. 149 declara delito la
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impugnación con publicidad bajo cualquier forma de la legítima autoridad del Rey, y lo castiga hasta con dos años de prisión y cuarenta días de suspensión del periódico, si se realizare por medio de la prensa.

El Gobierno monárquico-constitucional, la inviolabilidad del Rey y el derecho hereditario de su dinastía, deben tener en el Código penal sanciones adecuadas al texto y al sentido de la Constitución de 1876, sin que al establecerlas se haga otra cosa que dotar á la ley de los medios de defender el prestigio de las instituciones fundamentales, en la misma forma y con igual previsión que emplean para amparar las suyas los Estados más libres.

En otra esfera de altísimo interés son esenciales las diferencias entre la Constitución de 1869 y la vigente. Declarada por la ley fundamental Religión del Estado la Católica Apostólica Romana, y no permitidas otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las suyas, no puede subsistir la sección del Código de 1870 que define y castiga los delitos relativos al libre ejercicio de los cultos. Hay, en cambio, que dar cabida entre nuestras sanciones penales á las que exigen los delitos contra la Religión del Estado, y á las que reclama el matrimonio canónico, estableciendo también, en su forma y lugar propios, las necesarias para asegurar el respeto á la tolerancia religiosa que la Constitución admite.

Estudiada á fondo se encuentra felizmente esta delicada materia, y es de esperar que las soluciones en ella preparadas por el largo trabajo de eminentes jurisconsultos de diversas escuelas, encuentren en las Cortes del Reino una acogida tan favorable como la que seguramente han de tener en el sentimiento y en la conciencia del país.

Estimo suficientes, y aun temo que hayan resultado prolijas, estas indicaciones, para explicar á tan docto auditorio el espíritu y tendencia á que ha de subordinarse la reforma de nuestro Código penal.
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En el libro segundo y en el tercero serán tantas por necesidad las novedades, que no cabe compendiarlas fácilmente en una exposición sintética. Básteme decir que han de inspirarse todas, en las enseñanzas de la jurisprudencia, en aquellas doctrinas de los comentaristas y los autores que han alcanzado la evidencia racional ó la comprobación práctica precisas para ser adoptadas, en necesidades de la sociedad ó en reclamaciones de la opinión universalmente reconocidas, en ejemplos de otras naciones, en trabajos y estudios de los primeros jurisconsultos de la nuestra.

La moderna tendencia á reducir la penalidad de ciertos delitos, compensando la eficacia de un mayor castigo con la rapidez de su imposición, enlaza la reforma del Código con otras, en la organización judicial y en el procedimiento, de que habré de hablaros después. No quiero omitir, con todo, ahora que á esa tendencia responderá también, como á una de sus bases esenciales, el trabajo legislativo que el Gobierno prepara.

Escasa parte puede caberme en él; pero por lo mismo la tomo á mi cargo sin desconfianza. Las dificultades técnicas, las dudas legales, las cuestiones jurídicas y prácticas, están estudiadas y resueltas con el amplio espíritu de armonía y prudencia que he procurado exponeros; resta sólo el esfuerzo de voluntad necesario para llevar á término esa verdadera obra nacional, que tendreis, sin duda como yo, por uno de los más positivos beneficios que pueden hacerse á la sociedad española.

La reforma que á grandes rasgos acabo de exponeros trae necesariamente consigo otra interesantísima también, aunque más limitada, en la administración de justicia, bajo su doble fase procesal y orgánica.

La antigua distinción de las leyes en sustantivas y adje-