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Audiencia de Madrid, en auto ejecutorio de 8 de Junio último, en el que se consideró «que, si bien, con arreglo al art. 101 de la ley de Enjuiciamiento criminal, la acción penal es pública y todos los españoles pueden ejercitarla con arreglo á la ley, y que en relación con el mismo artículo está la doctrina que establece el 279, que se refiere á una de las formas en que aquélla puede ejercitarse, haciendo que se principie un sumario, en manera alguna puede tener esta aplicación cuando el procedimiento está incoado y se están practicando cuantas diligencias se creen útiles para el esclarecimiento de los hechos;» esto es, que la acción popular no es más que una manera de poner en ejercicio la acción pública; no es un procedimiento con sustancia propia, que responda á un derecho con vida independiente y sin separado, aunque armónico del social, tal como le representa el ministerio público ó el particular ofendido. Y añadía en un segundo considerando el auto: «Que al incoarse la acción popular en un procedimiento ya comenzado, sería preciso cumplir con lo preceptuado en el art. 113, que obliga á litigar bajo una misma dirección y representación, á juicio del tribunal, cuando son dos ó más las personas por quienes se utilicen las acciones derivadas de un delito ó falta.» No hay menester el auditorio que me honra con su atención que yo insista en demostrar la gravedad y alcance extraordinario de esta diferencia de apreciaciones sobre lo que es la acción popular en nuestro Enjuiciamiento.

«Si están sólo un medio de poner en ejercicio la acción pública, y si, una vez ejercitada ésta por el ministerio fiscal, se considera cumplido y satisfecho el fin social, y obligado el ciudadano español no lesionado por el delito á someterse, á juicio del tribunal, á la direc-
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ción y representación ya establecidas, chica reforma habrían introducido en el antiguo sistema las dos leyes de 1872 y 1882, pues, como decía un escritor distinguido en un estudio de actualidad sobre estas cuestiones, «la acción pública es universal de todos los países y de todos los tiempos, y el progreso en los conocimientos de historia jurídica consistiría en encontrar noticias de alguna legislación antigua ó moderna en que no haya estado admitida la acusación ó querella ó acción pública.» Pero reducido el derecho del ciudadano á los límites que ese auto y la opinión de no pocos letrados le señalaba, como en la mayoría inmensa de los casos el ministerio fiscal ó la acción del lesionado promueven el procedimiento, la intervención de la acción popular sería reducidísima, nula en la práctica y subordinada en todo caso á la unidad de dirección que el arbitrio del tribunal le trazara, obligándola á sujetarse á las inspiraciones del querellante particular.»

«Poco después, y en una causa memorable, ha recibido ya interpretación más amplia la ley de Enjuiciamiento criminal en ese punto, inaugurándose una práctica y dejando sentada doctrina que responde á los principios en que se apoya y á los fines á que se dirige la acción popular. Seis vecinos de esta corte, directores de otros tantos periódicos, representados por procurador, acudieron á la Audiencia de Madrid entablando querella en causa criminal, cuyo sumario había pasado á aquel tribunal; éste desestimó la querella, pero consideró que si bien la ley no se ocupaba en ninguno de esos artículos de que los no perjudicados en el delito puedan mostrarse parte en cualquier estado de la causa después de su incoación y antes del trámite de calificación, como la ley no se opone, antes bien, en su desen-
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volvimiento favorece el ejercicio de la acción penal; como no se establece diferencia entre el perjudicado y el que no lo es respecto del modo de ejercitar la indicada acción, y como el art. 110 sólo establece que se le ofrezca la causa por si quiere ser parte en ella, no ve que haya inconveniente en igualar á unos y otros en todo lo que se refiere á mostrarse parte; tomando la causa en el estado que tiene, siempre que sea antes de la calificación.

»Esta interpretación de la ley, tímidamente expresada y haciendo la arrancar de omisiones y consentimientos tácitos del legislador, es lo que, en mi sentir, responde á la naturaleza y condición de la acción popular, cuyo principio no es otro que el derecho del ciudadano á perseguir el fin social de la justicia independientemente de la representación que para ello tiene el Estado, no puede considerarse ese derecho hoy como se estimaba en Roma, como participación de la soberanía; no es tampoco un derecho natural ó individual, pero es una función que se confía al ciudadano, al igual del derecho del sufragio ó de elegibilidad para cargos públicos, y que le coloca en la categoría de perjudicado por el delito, desde el momento que se presenta ante los tribunales procurando la persecución de ese delito, la averiguación de sus autores, la fiscalización de lo que los representantes del Estado hayan hecho ó dejado de hacer para cumplir debidamente su misión.

»No cabe dudar que la acción pública debiera ser una sola, que los fines del ministerio fiscal al ejercitarla se confunden en un todo con los de la acción popular y que ésta representa un principio de desconfianza de aquélla; pero á la extensión del principio acusatorio debían responder fórmulas y amplitudes de procedimiento que pudiesen al alcance de todos los ciudadanos la intervención
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de tan absolutas funciones; y al propio tiempo la mayor participación del sentimiento público en la vida de las instituciones judiciales llevaba consigo el restablecimiento en la ley y en la práctica de la acción popular, y de su ejercicio y mantenimiento como derecho del ciudadano, distinto y separado del particular ofendido y del ministerio fiscal, representante del Estado.

«Nuestra ley de Enjuiciamiento criminal más bien que en las instituciones de nuestro antiguo derecho y de la legislación romana, que le sirvió de modelo para lo que en él había de más ordenado y científico, se ha inspirado en los principios de la legislación inglesa, adiciándose nándolos, como declaraciones generales y sin gran desarrollo orgánico, á las bases francesas que habían servido para constituir nuestro ministerio fiscal desde el reglamento provisional en adelante.»

Después de exponer lo que significa esa acción en nuestra patria, se detiene el Sr. Silvola á señalar lo que se piensa en Inglaterra, y á renglón seguido dice:

«En España, desgraciadamente, no podemos contar con tales y tan eficaces iniciativas: pero porque ellas sean raras en producirse, turbias en manifestarse y endeble en mantenerse, ¿debemos cortar los caminos por donde pudieran guiarse hacia el bien y el progreso de instituciones y costumbres, ó por el contrario, es el deber de legisladores, jurisconsultos y ciudadanos todos, que se crean en situación de educar y dirigir á los demás, facilitar los medios y perfeccionar los procedimientos que más favorezcan tan progresivos movimientos de la opinión?

»Hizo Toqueville en su obra magistral La democracia en América una observación que puede servir de disculpa á muy considerables desatinos en orden á reformas
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sociales y jurídicas: pero en la que no cabe negar se encierra una gran verdad, y es que la libertad necesita permanecer escrita mucho tiempo en las leyes antes de que penetre en las costumbres; y yo, que como disertu- lo de la escuela conservadora he de hablaros, os he de decir que no le temo á ese principio ni á sus más extremas aplicaciones, aun á nuestra raza latina, dotada de tantas cualidades difíciles y de tantos méritos borrascosos siempre que se trate de libertades y amplitudes como ésta de la acción popular, que exigen, para ejercerse con fruto, verdad y sinceridad en los sentimientos que las mueven, esfuerzo individual y persistente para llevarlas adelante, convicción desinteresada, amor á la justicia para perseguir un resultado: á la acción del pueblo, ó al derecho individual, ó á la función social y política que para ejercerse necesita de tales condiciones, hay que dejarla paso franco en leyes y organismos jurídicos, y sociales y políticos sin temor.... ¿qué digo sin temor? con esperanza, con solicitud, con buen deseo de que se generalice y haga familiar y extienda á todas partes su acción viril y purificadora.

»Las libertades temibles, las innovaciones y adelantamientos peligrosos son aquellos que piden al Estado y á la ley organismos de carácter preceptivo apoyados y fortalecidos por el presupuesto, y cuyos procedimientos y funciones se imponen por mandato de la autoridad pública, de suerte que el pueblo mismo, que los abomina y detesta, que se siente sin fe y sin pasión y sin capacidad para disfrutarlos, tiene que ajustarse más ó menos á sus fórmulas; y burlando las más de las veces la misma ley, hace ridículo escarnio de la preciada conquista y convierte en instrumento de tiranía ó en semillero de inmoralidades lo que se juzgó institución pro-
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Delegados de Hacienda en negocios del ramo, todos son apelables ante el Ministerio, según la ley vigente de procedimiento administrativo de 31 de Diciembre de 1881 (1). Quedan tan sólo los acuerdos de las Diputaciones y Ayuntamientos, escasos en número, que pueden causar estado, y respecto de los cuales existe el verdadero logogrifo de los artículos 88 de la ley provincial y 174 de la municipal, en que se dispone que los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por los acuerdos de dichas corporaciones, haya sido ó no suspendida su ejecución en virtud de lo dispuesto en los artículos que uno y otro citan, pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el Juez ó Tribunal competente, según lo que, atendida la naturaleza del asunto, dispongan las leyes (2).

No tendrán, pues, mucho en que ocuparse los nuevos Tribunales de provincia, á no ser que la vaguedad de ciertas disposiciones de la ley, asunto principal de este trabajo, sea manantial de litigios que embaracen, como tememos, la marcha de la Administración.

VIII

Los artículos desde el 19 al 25 de la ley de 13 de Septiembre tratan del Ministerio fiscal. Según ellos, representará á la Administración del Estado en los asuntos contencioso-administrativos de que conozca el Tribunal central, el Fiscal

(1) El procedimiento que dicha ley establece se divide en dos periodos; el primero, gubernativo, compuesto de dos instancias, la del Delegado y la del Ministro; y el segundo, contencioso-administrativo, pudiendo recurirse de la resolución ministerial ante el Tribunal de lo contencioso.

(2) No resuelve esta dificultad la nueva ley de lo contencioso, según veremos más adelante, y los Tribunales de provincia, para saber á qué atenerse, deberán consultar los artículos 83 y 84, citados en una nota anterior, de la ley de 25 de Septiembre de 1863. En el interín mucho ganaría la claridad de las leyes provincial y municipal si al hablar de derechos se suprimiese la palabra civiles.
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gresiva y benéfica; en éstas toda cautela me parece escasa; toda timidez en el ensayo justificada; porque si la institución no responde á necesidades reales y positivas, si se crea el organismo contando con elementos que no existen, como la función se ha de realizar necesariamente, es siempre á expensas de violencias, de hipocresías, de alteraciones de la sinceridad y la verdad, con las cuales todo progreso moral es imposible, y sobre cuyos fundamentos sólo se alzan prosperidades y bienandanzas ficticias, verdaderos presurosos que la primera helada seca y aniquila.

»De ahí nace, para mí, una distinción fundamental en orden á las reformas jurídicas, sujetas á las propias leyes de elaboración que las sociales y políticas; nada debe parecernos excesivo, nada debe asustarnos y preocuparnos por su amplitud y liberalismo cuando se trata de abrir ó facilitar caminos para que las actividades y energías individuales dejen sentir su acción sobre los organismos existentes, cuando esa actividad es espontánea, verdadera, y tiene por fin realizar una función social ó coadyuvar á ella, y no aspira á apoderarse de la fuerza del Estado para imponer sus soluciones; y en ese concepto la libertad del pensamiento, de la enseñanza, de la asociación, de la participación en las funciones jurídicas por movimiento de la voluntad y no por precepto de la ley, me parecen un bien positivo, al que con tranquilidad de conciencia podemos prestar nuestro apoyo, porque son como moldes preparados que no se llenan ni utilizan sino á medida que las necesidades y los medios sociales verdaderos lo requieren; pero aquellas otras reformas que unos pocos escriben y fraguan sin consideración á las fuerzas y aptitudes de los que necesariamente han de ponerlas en ejercicio, deben, por el contrario,
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espanarnos y afligirnos por extremo, son las grandes autoras del desorden moral en un país, le educación en el desprecio de la sinceridad, sin la cual no hay régimen político estable ni moralidad pública posible, y agrandan los desvios que existen entre la sociedad y el Estado, entre el país y las fuerzas é instituciones que lo dirigen y representan, razón por la cual conviene pensar en la responsabilidad que se contrae elaborando tales reformas á la ligera y no teniendo muy presente y á todas horas, y para toda clase de programas, y desenvolvimientos, la triste y ya no corta experiencia de que las libertades fácilmente se olorgan aquí por duplicado, en comparación con los pueblos más adelantados y cultos; pero las energías, las costumbres, las cualidades para ejercitarlas con fruto, esas... recelo andar muy rayano á la adulación si digo que por lo común las adquirimos á medias.

Así concluye su trabajo, por muchos conceptos notable, el ilustre Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia.

Palpita en todo este discurso, principalmente en su segunda parte, la creencia firmísima de que la opinión pública debe influir en la administración, de justicia, mediante esos derechos y esas acciones, que la ley concede.

Esta creencia del Sr. Silvela, esta idea expuesta en su discurso, ha encontrado eco en la Academia de Jurisprudencia.

Apenas inaugurados los trabajos de esta docta Corporación, leyó en sesión pública, para someterla á debate, su interesante y bien escrita memoria el Sr. Courotte, partidario también de que la opinión general influya en la vida de los tribunales de justicia.
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En este trabajo, que demuestra estudio y talento, expone su autor las enfermedades que entorpecen la marcha ordenada y progresiva del llamado Poder judicial, y recuerda las soluciones que para remediar semejantes males han proclamado distintas escuelas.

La memoria del Sr. Conrotte se discute en los momentos presentes con gran empeño y vivísimo interés, siendo de notar que todos los oradores, lo mismo los que representan las tendencias liberales y las democráticas, que los que arrancan de conceptos esencialmente conservadores, reconocen la existencia de una dolencia gravísima y la necesidad de rectificar y corregir muchas ideas en punto á organización judicial.

Este debate, de suyo interesante, reviste extraordinaria importancia á la hora presente. Cuando muchos políticos y muchos hombres de ciencia tratan de destruir los fundamentos del régimen parlamentario, importa mucho señalar soluciones á todos los problemas que surgen dentro de ese régimen, y muy particularmente á los que sirven de base á sus enemigos para formular las censuras más graves. Además, en estos tiempos, en que se quieren llevar á la práctica todas las ideas democráticas, dejando en pie el derecho, el código penal, como único resorte de gobierno, los encargados de aplicarlo necesitan mayor prestigio y mayor autoridad.

La Revista de España ha publicado, en uno de sus últimos números, el discurso inaugural leído en el Ateneo por D. Cristino Martos.

Los trabajos que al presente realiza esta Corporación despiertan gran interés y anuncian un curso brillante. De las cinco Secciones en que se halla dividida, tres han
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comenzado ya sus tareas: la de Ciencias morales y políticas; la de Ciencias exactas, físicas y naturales y la de Ciencias históricas.

Se discute en la primera sobre la Naturaleza y estado actual de la economía política, y la memoria que sirve de base á estos debates, escrita con la natural y necesaria modestia, por quien escribe estas líneas, se ha publicado también en las páginas de la Revista.

Las primeras sesiones, dedicadas al examen de materia tan importante como compleja, han sido muy interesantes. Encierra el tema una muchedumbre de cuestiones graves y difíciles; pero hay dos que sintetizan á las demás, y éstas son, hasta ahora, las que constituyen el fundamento principal de la controversia. Las tendencias socialistas, iniciadas por algunas escuelas científicas de Alemania e inspiradas por la crítica severa que contra la economía política formuló Carlos Marx, el verdadero progenitor del socialismo contemporáneo, y las tendencias proteccionistas desenvueltas al calor de las doctrinas de Federico List y de sus continuadores, forman, realmente, los dos asuntos que con más atención se discuten, habiendo intervenido á estas horas en la contienda, con la representación de la escuela ortodoxa ó clásica, de la escuela inglesa ó de Manchester, como la denominan los socialistas de cátedra, ó smithiana, como prefieren llamarla otros, los Sres. Morales Díaz, Pedregal, Alfaro y Figuerola, y á nombre del sistema proteccionista y de las tendencias socialistas los Sres. Rivas y Henestrosa.

En la Sección de Ciencias naturales se discute el tema siguiente: La Antropología en el derecho penal. La memoria leída por el Secretario primero de esta Sección, Sr. Salillas, es, por muchos conceptos, notable. Partidario decidido y resuelto de la escuela antropológica italiana,
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expone sus doctrinas fundamentales y examinando dando pruebas de buen gusto literario; los antecedentes de estas doctrinas que se encuentran en las obras antiguas y en los libros de Cervantes, Quevedo y otros escritores de centurias pasadas, para recabar, en favor de los autores españoles, como gloria estimable, una tradición antropológica. Colocado en este camino, el Sr. Salillas cuida de citar siempre, para comprobar sus afirmaciones, textos españoles, señalando al mismo tiempo la influencia que van adquiriendo esas doctrinas antropológicas en los trabajos de muchos penalistas y legisladores españoles. Abundando en las mismas ideas del Sr. Salillas, ha tomado parte en el debate movido por esta memoria, el Sr. Oliva, y combatiéndolas ha pedido el Sr. Andrade que se presenten con todo el radicalismo que las caracteriza para que promueva apasionada controversia.

La última memoria leída en el Ateneo pertenece á la Sección de Ciencias históricas, y está escrita por el señor Soldevilla. Contiene un estudio interesante acerca de las Cortes de Cádiz, en el cual se muestra su autor partidario de todas las soluciones políticas de la escuela liberal. El Sr. Marqués de Loma, defensor de las tendencias propias de la escuela conservadora, ha combatido las ideas sustentadas por el Sr. Soldevilla.

Otros muchos é interesantes trabajos realizará en el presente curso el Ateneo, cumpliendo de esta manera su obra de civilización y progreso.

El Círculo de la Unión Mercantil no va á la zaga de las demás corporaciones, y este año, como los anteriores, ofrece á los individuos que lo forman un hermoso cuadro de conferencias.
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En la primera quincena del mes de Noviembre las inauguró el Sr. D. Gabriel Rodríguez, eligiendo como tema para su disertación el Estado actual del proteccionismo en España y el Congreso económico de Barcelona. Su indiscutible competencia en tales materias, sus muchos estudios, su poderosa inteligencia y su elocuencia brillaron como siempre en su discurso notabilísimo. El señor Rodríguez reseñó la historia económica de España, para demostrar que siempre ha imperado en nuestra patria el proteccionismo. Comparó las tarifas arancelarias españolas con las de otros países, y dedujo de esta comparación que las nuestras son las más elevadas de todas, si se exceptúan las de Portugal. En apoyo de este hecho citó datos muy interesantes referentes á Italia, á Francia, á Inglaterra y á los Estados Unidos. Y concluyó su elocuente trabajo dando cuenta del Congreso económico de Barcelona, y examinando las tendencias que señala la política económica, no la economía política de algunos partidos españoles.

A la conferencia del Sr. Rodríguez han seguido otras muy notables, siendo una de ellas la que pronunció el Sr. Becerro de Bengoa acerca de Clereland y Harrison, en la cual este ilustrado orador puso de relieve con fácil y elocuente palabra la diferente representación que tienen en el orden económico los dos presidentes de la República de los Estados Unidos, el que cesa en sus funciones y el recién elegido; pues mientras uno es partidario de la protección exagerada, el otro lo es del librecambio casi absoluto. El Sr. Becerro de Bengoa estudió con gran acierto la última elección presidencial y el combate que en ella han sostenido las dos escuelas económicas.

Una sola recepción académica se ha verificado en es-
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tos primeros meses del invierno; pero ésta ha sido brillante: la del Sr. D. Antonio Sánchez Moguel, catedrático de la Universidad Central, buen escritor, literato distinguido, filólogo y orudito.

Por sus indiscutibles méritos ha llegado á la Real Academia de la Historia, para ocupar el puesto vacante por la muerte de D. Cayetano Rossell.

Su discurso justificó cumplidamente la elección. Está dedicado al estudio de las razones históricas en que pretenden fundarse los regionalismos catalán y gallego, y demuestra que su autor, además de un buen hablista, es un excelente historiador.

Uno de los primeros méritos de este discurso, tal vez el mayor, es el de restablecer la verdad histórica, perturbada por el particularismo, en punto tan importante como el del memorable Compromiso de Caspe, una de las más puras glorias españolas. Prueba el docto académico,—como ha dicho uno de sus más distinguidos críticos,—sin otro esfuerzo más que el de leer y meditar los documentos publicados por Bofarull, que los compromisarios de Caspe no atendieron únicamente á la conveniencia de los tres Estados á quienes representaban, y al mérito y condiciones de los pretendientes, sino que, por fortuna, la conveniencia pública estuvo de acuerdo esa vez con el derecho: y que cumplieron la oferta del Arzobispo de Tarragona: Quod justum fuerit dabo nobis. El regionalismo catalán pelea con valor digno de mejor causa cuando opone apasionadas declamaciones á todos esos hechos capitales.

La cuestión es por demás sencilla, y el Sr. Sánchez Moguel, con extraordinaria claridad, la reduce á sus verdaderos términos en los párrafos que copiamos á continuación: