ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 543

El Sr. Comas halla no sólo en la ley organizadora del poder judicial y en las leyes de enjuiciamiento criminal y civil y en otras disposiciones, sino en el mismo precepto constitucional que establece que los jueces sean responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan, indicaciones que abonan la conveniencia de admitir la que él establece en su proyecto de ley con el título de responsabilidad administrativa.

No es nuestro objeto investigar si el Sr. Comas emplea este argumento con el fin de hacer más viable su proyecto ó si efectivamente nuestros legisladores se han anticipado en cierto modo, como tan habilmente supone, á su pensamiento. Sea de esto lo que quiera es lo cierto que el digno catedrático reduce á cuatro las fuentes de la responsabilidad administrativa, á saber: «la que deriva de toda infracción de ley, la que á la vez es consiguiente á las condiciones disciplinarias, y la que resulta igualmente de la responsabilidad civil cuando unas y otras hayan sido formalmente declaradas.»

Pero aquí entra el verdadero item de la dificultad, que consiste en determinar por medio de reglas fijas todo cuanto se refiere á la aplicación de las respectivas sanciones, «á fin de de que no revista un carácter meramente discrecional que ni es conveniente para el poder administrativo, ni ofrece á la sociedad ni á los mismos funcionarios verdadera garantía de acierto y de igualdad.»

Para resolver este punto establece el proyecto una verdadera innovación de que conviene hacernos cargo con algún detenimiento.

El Sr. Comas propone la creación en el ministerio Gracia y Justicia de un Registro denominado de responsabilidad judicial, en el cual (art. 97), «deberán hacerse constar todas las circunstancias ó causas determinantes de la responsabilidad administrativa con arreglo á lo dispuesto en el capítulo I de este título.»

«Por el artículo 98 se establece, que dicho Registro, que según el art. 109 será público, comprenderá un Registro espe-
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 544

cial para cada uno de los jueces y magistrados, cualesquiera que sean su clase y categoría. Cada Registro especial estará dividido en seis secciones distintas de la manera siguiente:
«En la primera, las resoluciones que hayan sido revocadas.
»En la segunda, aquellas respecto de las cuales se haya declarado haber lugar al recurso de casación interpuesto contra las mismas.
»En la tercera, las resoluciones de los jueces cuando, aun confirmadas por los jueces sean casadas ó anuladas por el Tribunal Supremo. Igualmente cualquiera resolución judicial comprendida en los artículos 90 y 94 referentes á las resoluciones que dicten los Juzgados en las cuestiones de competencia y no resulten conformes con la que dicten el superior y las sentencias del Tribunal Supremo cuando contra ella se interponga el recurso de revisión.
»En la cuarta, las resoluciones firmes en que se impongan corrección disciplinaria á los jueces y magistrados.
»En la quinta, aquellas en que se declare la responsabilidad criminal en que haya incurrido algún juez ó magistrado.
»En la sexta, las que declaran responsables á algún juez ó magistrado en el juicio de responsabilidad civil dirigido contra el mismo.
»Se harán constar igualmente en el Registro, por medio de anotación al margen de la inscripción á que hagan referencia las excepciones de que tratan lo artículos 85 y 87 de esta Ley, referentes á las apelaciones en que se haya dictado resolución revocatoria en vista de nuevas pruebas practicadas.»

No hace á nuestro intento trascribir aquí todos los artículos del título 4.º, referente á la responsabilidad administrativa de los jueces y magistrados, ni aun siquiera los que constituyen los capítulos 2.º y 3.º de este importantísimo título; bástanos saber que podrán solicitar las inscripciones y anotaciones oportunas en el Registro los que hayan sido parte en los autos en que se hubieren dictado las resoluciones, los jueces ó magistrados que hayan tomado parte en los referidos
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 545

autos y el ministerio fiscal, y que los efectos de las responsabilidad administrativa consisten en la postergación para el ascenso y la separación de la carrera.

Decíamos antes que la responsabilidad administrativa, que nos pareció excesiva en un principio, acabó por parecernos insuficiente, y queremos justificar, siquiera sea brevemente, esta afirmación: La responsabilidad judicial jamás podrá, en nuestro sentir, hacerse efectiva en la práctica mientras nuestra administración de justicia no forme un verdadero sistema, cuyas partes se eslabonen perfectamente unas con otras.

Mientras nuestra administración de justicia constituya como hoy una verdadera piedra de afilar, cuyo manubrio se haya encomendado al señor ministro de Gracia y Justicia, cargo con que en más de una ocasión se recompensa en la política, lo que todos sabemos; mientras el ministro de Gracia y Justicia y el presidente del Tribunal Supremo sean en la práctica, que esto á nadie se oscurece, realmente irresponsables de los enormes, gravísimos, daños sociales que cometen influyendo sobre un poder que debiera ser independiente, y manejándolo á su talante y albedrío por medio de una subordinación graduada en que su perniciosa influencia va oscureciéndose por grados hasta el extremo de extinguirse por completo el rastro de lo que fué en su origen germin de delito; mientras esto acontezca la responsabilidad judicial, tanto administrativa como civil, de los jueces y magistrados, serán verdaderos mitos, cuando no una espada de Damocles pendiente sobre aquellos desdichados funcionarios que no se presten docilmente á servir de instrumento á los poseedores del poder.

La práctica por desdicha acredita en más de un caso con tristísima elocuencia la verdad de lo que venimos afirmando. En vano la ley orgánica del poder judicial ha determinado las condiciones necesarias para ejercer sus funciones á los jueces de instrucción, á los tribunales de partido y á los magistrados. En vano ha consagrado la inamovilidad judicial y dentro de ella capítulos encaminados á establecer las reglas
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 546

que han de seguirse para la destitución, suspensión, traslación y jubilación de los jueces y magistrados, como en vano ha consagrado otro capítulo á la responsabilidad criminal y civil de los magistrados y jueces. En vano ha determinado, por no multiplicar los ejemplos, las prohibiciones que impiden á esos funcionarios el ejercer en pueblos determinados. Si al ministro le place respetar la ley, la ley se cumple; cuando su excelencia no lo tiene á bien, la ley queda burlada. Las mismas denuncias hechas por el ministerio fiscal no prosperan, y las hechas verbalmente á los mismos ministros son desatendidas. Jueces y magistrados que no pueden, según la la ley, actuar en tal Audiencia ó Juzgado dictan en ellos sus resoluciones y sentencias, nulas de derecho, sin que pueda reclamarse de su nulidad.

En vano la prensa denuncia á diario estas y otras infracciones legales; los señores ministros de Gracia y Justicia, haciendo oídos de mercader á las excitaciones de los periódicos y del ministerio público, sordo también en ocasiones por superior mandato, prescinden de la ley sin que á nadie le ocurre exigirles una responsabilidad de que siempre está dispuesta á eximirlos una mayoría parlamentaria, tan complaciente como poco escrupulosa.

Lo que ocurre en materia de ascensos y traslados raya en lo inverosímil, llegando á constituir verdaderos aforismos que en ciertas causas y litigios á torpeza de juez, ascenso en puertas; ó á acierto de magistrado, traslado á la vuelta.

Mientras quepa en lo posible que la irresponsabilidad del ministro ampare al funcionario que se doblega fácilmente al cacique que se le impone y deje en la más completa orfandad al que no obedece á otras sugestiones que á las de su deber y la de su conciencia, cuantas responsabilidades se establezcan en la ley para afianzar la recta administración de justicia, resultarán letra muerta, útil sólo para dar testimonio de la de la sana intención y ánimo generoso que ha pretendido implantarlas en el árido é infecundo suelo de nuestros códigos ó compilaciones legales.
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 547

Mientras exista el nefando contubernio que aún subsiste entre la política y la justicia; mientras haya litigantes bastante poderosos para tener, como ordinariamente tienen todas las grandes empresas, mayor número de diputados en Cortes dispuestos á defender sus intereses que número de diputados puede contar el pobre juez ó magistrado para ampararle en el estricto cumplimiento de sus deberes, la responsabilidad judicial de todas clases, será lo que tan claramente indican las elocuentes estadísticas que el sabio catedrático acompaña á su proyecto.

Véase por qué decíamos que la responsabilidad administrativa de los jueces comenzó por parecernos excesiva y acabó por parecernos insuficiente; porque esta responsabilidad, como la civil, criminal y disciplinaria que á jueces y magistrados cabe exigir, necesita como complemento que sean la responsabilidad ministerial y la del presidente del Supremo igualmente efectivas que la dea quellos relativamente modestos funcionarios.

Por la sana intención que revela y el espíritu levantado en que se inspira el título 4.º del proyecto de ley que tan á la ligera examinamos, merece ser considerado, no obstante las consideraciones anteriores, como un verdadero paso en el todavía largo, difícil y escabroso camino por donde ha de llegar nuestra decaída administración de justicia á su dignificación y nuestro pueblo á la adquisición de hábitos jurídicos de que está tan necesitado.

Un Registro público de responsabilidad judicial, en que conste la historia de todos y cada uno de los jueces y magistrados; historia que se halle á disposición de todos los ciudadanos españoles es, siquiera no pueda dar inmediatamente sus frutos, por el nefando contubernio aludido, un verdadero progreso que traerá como consecuencia inevitable en lo porvenir positivos adelantos y mejoras.

El Sr. Comas merece por esta verdadera innovación nuestra más cordial enhorabuena.
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 548

Hemos llegado á la parte quinta y última del preámbulo y proyecto de ley en que nos ocupamos; á la parte quizá que menos nos satisface y satisface menos á su propio autor siquiera la mire como es natural con el amor de padre. Nos hallamos completamente de acuerdo con el Sr. Comas en considerar evidente que cuando la cuestión de responsabilidad surja respecto á la totalidad ó á la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de justicia, ni puede ser sometido su conocimiento á la misma Sala, ni mucho menos á la que en el mismo Tribunal ordinariamente funciona.

De acuerdo, completamente de acuerdo con el distinguido senador: no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. No debe exponerse á la justicia á que se piense de ella lo que de Juan Palomo.

Pero confiar á un nuevo Tribunal ad hoc, como privativo de sus funciones, el exigir la responsabilidad á los magistrados del Supremo equivaldría á eludir el problema y á dejarlo sin resolución puesto que la responsabilidad surgiría indefinidamente.

El Sr. Comas intenta resolver este grave problema fijando la vista únicamente en los preceptos de la Constitución del Estado, la cual en su art. 81, manda taxativamente que los jueces sean responsables de los delitos y faltas que cometan.

«Cuando en la aplicación de las leyes en los juicios civiles y criminales, añade, no pueda ofrecer solución la administración de justicia por sí sola, ni aun mediante la suprema expresión de sus tribunales en su interior organismo, hay que acudir á la soberanía del Estado, en una palabra, á sus supremos poderes.»

Es lo primero que se ocurre que si dada la actual organización existen tales poderes, estos no pueden ser otros que el ejecutivo y el legislativo, pero sobre que ellos no deben ser reputados como supremos con relación al judicial, la sustitución de un poder por otro para una función que no le es privativa, supone una verdadera desnaturalización de los poderes.
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 549

El Sr. Comas, persona de indiscutible talento, procura justificar esta anomalía con el interés natural y lógico que el legislador debe tener en que la ley no se falsee y con los peligros que ofrecería el crear un nuevo Tribunal irresponsable por su naturaleza. El Sr. Comas traduce su pensamiento en los siguientes artículos:

«Art. 227. Los magistrados del Tribunal Supremo son responsables ante las Cortes por las resoluciones que dicten en Tribunal pleno constituido en Sala de justicia.

»Art. 128. Las resoluciones del Tribunal pleno, constituido en Sala de justicia, solo darán lugar á responsabilidad judicial, civil ó criminal, según los casos, cuando hayan sido dictadas con infracción del texto literal de la ley aplicable al caso de que se trate.»

Es tan sincero el respeto que por sus indiscutibles prendas al Sr. Comas profesamos, que tendríamos á verdadera honra conseguir que fijase su inteligencia en las dos equivocaciones en que, á nuestro sentir, ha incurrido por haberse separado de la deducción, realmente lógica, que de sus mismos principios derivaba.

El Sr. Comas, si nos permite la frase, ha urdido, sin darse cuenta de ello, un delicado sofisma, tan primorosamente que ha logrado engañarse á sí mismo.

Nadie más interesado que el legislador, piensa el autor de la ley, en que esta se respete; nadie más abonado que los legisladores para juzgar en su caso á los que por su elevado cargo tienen, casi por misión exclusiva, la de velar por el estricto cumplimiento de la ley; el argumento, á primera vista, parece sólido, pero examinado despacio, dista mucho de serlo. No es el fin principal del juez cumplir la ley; su fin principal es hacer justicia, y esto es tan verdad que, como el Sr. Comas sabe, hoy el Jurado es reconocido y aceptado como institución jurídica superior á la que ha venido á reemplazar, y, sin embargo, esos Jurados, con aplauso de la opinión científica del país, dicta veredictos de inculpabilidad en pro de los que se confiesan autores de hechos que el Código califica de delitos.
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 55

das. No se trata, en efecto, sino de una Filosofía fundada en el estudio directo de los fenómenos más elementales, que es como el espiritualismo deducido de la ciencia moderna.

* * *

El 14 de Enero, á las cuatro y cuarto de la madrugada, apagábase aquel privilegiado entendimiento, volando su alma á la «tierra prometida, de la que hacía mucho tiempo que se había acostumbrado á buscar, á través de las brumas del horizonte, los contornos indecisos...»

«En todos los tiempos ha sorprendido á los hombres la indiferencia con que la muerte elige sus víctimas; parece que al acaso se apodera de los fuertes y de los débiles, de los jóvenes y de los viejos.—Pallida mors æquo pede pulsat... La pálida muerte lo mismo penetra en la cabaña del pobre que en el palacio de los reyes. A fuerza de ver trabajar á esa gran niveladora, nos habituamos á ello, y por duros, por imprevistos que sean á veces sus golpes, los aceptamos como expresión de una ley inexorable, como destino fatal de todo cuanto vive en la tierra. Y, sin embargo, á pesar de nuestra costumbre, á pesar de nuestra impotencia, frente á esa terrible justiciera, la muerte prematura de uno de esos hombres dotados de facultades excepcionales y llamados á producir obras que se elevan por cima del orden común, ofrece un carácter excepcional también para todos, y da motivo á tristes y amargas reflexiones en cuantos saben pensar.»

Sirvan estas líneas, que escribió Hirn en otro tiempo, como sentido homenaje á su memoria; pues la muerte de hombres como él, es una gran pérdida para sus deudos y amigos, para la ciencia y para la humanidad.

RAFAEL ALVAREZ SEREIX.
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 550

Aparece, pues, la justicia en el concepto moderno como algo superior á la ley y á todos los poderes, y cuya raíz más honda está en las entrañas mismas de la sociedad, que organizándose en asociaciones parciales, constituyéndose en Estados y organizando dentro de estos los distintos poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, establece en estos á su vez gerarquías más ó menos convencionales y ajustadas á razón, como por ejemplo, en España la del Tribunal Supremo que es la última y más alta de nuestros Tribunales.

Ponga por un momento el Sr. Comas su pensamiento en lo que la justicia es y vale, sin olvidar ni desconocer (que nosotros tampoco lo desconocemos ni olvidamos) lo que la ley es y vale en sí y relativamente á lo que es la justicia, y verá claramente la que ha sido, á nuestro juicio, causa de su equivocación.

Por lo demás, y esta observación por lo vulgar tampoco debe pasar inadvertida para el sabio catedrático, en España, contra todo lo que suceder debiera, las Cortes no representan genuinamente el poder legislativo sino más bien una válvula de contención para el poder ejecutivo de que las Cortes son casi siempre hechura, por desgracia; defecto este en definitiva, debido á todo el pueblo, y de que nadie en razón puede declararse completamente irresponsable.

Mas séase lo que quiera, es lo cierto que la última parte del proyecto del Sr. Comas nos parece por extremo deficiente: primero, porque pretende sustituir con el poder legislativo funciones del poder judicial; segundo, porque mira más al respeto externo de la ley que al íntimo y sagrado respeto á la justicia; tercero, porque confía d una parte, al poder legislativo, una misión que corresponde al todo, al pueblo, y cuarto (y no decimos último porque algunos números más pudieran añadirse), porque afecta olvidar una cosa no por lo dolorosa y triste menos verdadera y conocida de todo el mundo, á saber: que las Cortes representan la mayoría; que la mayoría constituye menos que una clase constituye un rebaño que no tiene en el país más que cuatro ó cinco pastores, que se-
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 551

rían en definitiva los llamados á juzgar de las infracciones de ley que cometiesen los magistrados del Tribunal Supremo.

Por nuestra parte, entre que esta parte del proyecto del Sr. Comas prospere y que se nombre un Tribunal compuesto de los Sres. Cánovas, Sagasta, Alonso Martínez, Montero Ríos y Romero Robledo, el resultado nos parece absolutamente el mismo.

En definitiva, lo que los pastores decidan será lo que determinen las ovejas.

Vuelva, pues el Sr. Comas sobre su acuerdo en lo que respecta á la quinta parte de su proyecto, poniendo su mira más en la justicia que en la ley, y el sabio catedrático, ciertamente mucho mejor que los que tendríamos á honra llamarnos sus discípulos, formulará cómo debe constituirse, no un Tribunal especial de carácter permanente y cuyos jueces sean conocidos de antemano, sino un Jurado anónimo que, representando con la debida compensación á todos los intereses de las diversas clases sociales, surja de las entrañas de la sociedad misma para juzgar á los encargados por ella de la más noble y augusta de las funciones.

Ese Jurado se equivocará sin duda alguna vez—porque en este mundo no existen más que dos personas infalibles: el Papa y D. Manuel Colmeiro—pero, falible y todo, será el que ofrezca más sólidas garantías á la sociedad de que la justicia será administrada con rectitud y con amor.

A. MACHADO ALVAREZ.
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 552

CON EL MICROSCOPIO

I

Las llamadas fiestas de Mayo han pasado á mejor vida; apenas si el último acorde de sus músicas acaba de perderse en el vacío, y el trueno grotesco de sus ruedas de pólvora en el espacio; del montón de rosas de tantas diversiones sólo resta el aroma, que son los recuerdos. Los forasteros han regresado á sus hogares, sin un céntimo, destrozados, rendidos, sintiendo una pena honda en el corazón al dejar Madrid y á la vez horrorizados de su carestía, con el baul lleno de prospectos, programas y periódicos; los madrileños hemos tornado á nuestras costumbres, ni á interrumpir más la reposada fiesta por placer ninguno ni volver á pensar qué función corresponde á mañana y quién nos proporcionará los billetes gratis...

Y bien; no es nuestro propósito hacer la crítica de los pasados festejos ni menos relatarlos, cosas ambas para las que nos faltan autoridad y facultades; guíanos sólo el intento de mencionar lo más saliente de ellos, lo que ha constituido su fisonomía peculiar y propia, sus rasgos más característicos y pronunciados. No obstante esto y aunque de pasada, haremos
Revista de España (1890-05-01 00:00:00), página 553

algunas preguntas y sacaremos algunas consecuencias, de pura deducción instructiva.

¿Cuál ha sido el motivo concreto de las fiestas que han terminado con los primeros calores? Un plausible deseo de nuestro alcalde que nunca será bien elogiado: indemnizar al comercio del terrible alud del dengue que al llevarse en sus remolinos tantas vidas, paralizó la marcha natural de la población y dejó entrever á las clases industriales la descarnada calavera de la ruina. ¿El modo de ser de las fiestas, su organización, ha respondido con exactitud á este objeto? En absoluto, no; el fin último de las fiestas era atraer á la corte á los provincianos, y como siempre acontece en nuestra desdichada capital, se les ha recibido malamente y por de contado casi se les ha tenido en cuenta para ninguna suerte de espectáculos, salvo la limosna de la repartición gratuita de billetes de teatro en el pórtico del Municipio. ¿Cabe dirigir á nadie inculpaciones por tales hechos? En modo alguno; la culpa de lo que ha acontecido en las fiestas, aconteció en otras pasadas y acontecerá en todas las futuras, es de la extraña naturaleza de Madrid, de la genuina manera de ser de esta gran clase media madrileña, pobre, pero bien vestida y mejor relacionada, que se pirra por axistir á cuanto no cuesta el dinero y se desborda como un río fuera de madre; los encargados de la realización de los festejos se han visto acosadísimos de peticiones y han tenido que ceder y doblegarse; de aquí que á los forasteros no les haya quedado casi nada y que la inmensa mayoría se haya marchado á los ocho días de San Isidro renegando de la corte y llamándose á chasco, á la verdad no sin falta de razón pues hasta algunos detalles quizá de buena fe, han venido á corroborar las sospechas de los provincianos, y ahí está que no me dejará mentir el baile de blanco y negro con su absurda exigencia del frac para los caballeros, como si á ningún provinciano 'se le hubiera ocurrido traer semejante prenda de diplomática en el baul.

Ante el resultado obtenido por las fiestas recién concluidas ocurre preguntar: ¿se repetirán el año que viene? ¿Deben