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documentos son el decreto de 19 de Agosto de 1885, que define la jurisdicción á que están sujetos los extranjeros acusados del delito de rebelión y la comunicación de 29 de Julio de 1885 del Secretario de Relaciones exteriores de la Unión al del Gobierno del Cauca.

En ésta, con una notable claridad, con la elevación de miras propias de la gravedad del asunto, y con una seguridad de juicio que el mediador se complace en reconocer, el Gobierno nacional de Colombia esclarece la situación legal y jurídica de Ernesto Cerruti y anula cuanto se había actuado contra él por el Estado del Cauca; afirma en primer lugar que no han podido aplicarse al caso otros procedimientos ni otras disposiciones que las que contiene la ley nacional 60 de 9 de Septiembre de 1882, y de ninguna manera la ley 38 de 1879, particular del Estado del Cauca, invocada por sus Autoridades, que en todo caso es anterior á aquélla, contraria á la misma y opuesta á los preceptos constitucionales y á los principios del derecho de gentes; añade que no puede en ningún caso decretarse la expropiación de las propiedades raíces por causa de guerra, ni imponerse la pena de confiscación; y que las Autoridades del Estado del Cauca eran además incompetentes para entender en este asunto, tratándose de un subdito extranjero y de un caso de rebelión que las leyes someten á la jurisdicción de las Autoridades nacionales.

Después de determinar así la cuestión de derecho, al referirse á la de hecho, establece el Secretario de Estado que antes de proceder administrativamente contra Cerruti, debía esclarecerse su conducta, para ver si estaba ó no asimilado á los nacionales para los gravámenes y responsabilidades que á éstos imponen las leyes, afirmando que, á juzgar por los documentos llegados al Go-
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bierno nacional, que eran informaciones de nudo hecho y diligencias ante diversas Autoridades locales, la causa contra Cerruti no estaba aún formalmente iniciada; que antes de todo procedimiento, cualquiera que fuese la opinión general acerca de la conducta política de Cerruti, era preciso tener la prueba legal de su ingenerencia indebida en el movimiento rebelde; que Cerruti apenas resultaba acusado de apoyo clandestino á los rebeldes; que la aplicación del derecho de guerra á un extranjero considerado prima facie neutral, debía estar plenamente justificada, y por lo tanto, era necesario estuviera también intachablemente probada la excepción de haber violado aquél su carácter neutral; y por último, que debía considerársele como sujeto á la jurisdicción de su país originario, mientras no apareciese claramente comprometido en la rebelión.

Después de estas precisas y terminantes declaraciones, que en un todo se ajustan al derecho general de gentes y hacen honor á la independencia y alteza de miras del Gobierno de Colombia, sienta todavía el citado documento otros principios, de los cuales ha de deducirse lógicamente el laudo que el mediador debe pronunciar; tales son, el de que en las expropiaciones por causa y necesidad de guerra hechas á los extranjeros, no declarándose que perdieron su neutralidad, esto es, sin declarar previamente su culpabilidad, aparte de la restitución de los bienes expropiados, procede se les indemnice de los perjuicios provenientes de un procedimiento ilegal; y de que procedía entregar á Cerruti los bienes raíces de su propiedad de que se les hubiera despojado, procurando, respecto de los muebles que por causa de las necesidades de la guerra se le hubieran expropiado, tomar razón de su valor, clase y naturaleza.
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En virtud de estas declaraciones del Gobierno Central, quedó anulado todo lo hecho en el Estado del Cauca y referida la causa al Poder Judicial Nacional, que en sus procedimientos sólo utilizó los datos anteriormente reunidos en el Cauca.

El juicio no pasó, por otra parte, de un período sumario, en el que no tuvo intervención Cerruti, y quedó ultimado por el Protocolo de París de 24 de Mayo de 1886.

CONCLUSIONES

Fundado en las anteriores consideraciones, el Gobierno mediador pasa á contestar las tres cuestiones que le han sido sometidas:

Cuestión 1.ª Ernesto Cerruti, ¿ha perdido, si ó no, en Colombia su calidad de extranjero neutral?

Si los hechos que se han atribuido á Cerruti fueren exactos y el Gobierno de Colombia hubiera, en los momentos en que se cometieron, cuidado de probarlos de una manera cierta, está fuera de toda duda que la calidad de extranjero de Ernesto Cerruti no habría podido evitar su expulsión de la comarca, con todas las consecuencias que las leyes del país y los tratados vigentes entre Italia y Colombia le hubieran impuesto. En el estado actual, la mediación opina, como el Gobierno Nacional de Colombia, que en los procedimientos incoados por el Gobierno del Cauca no existen pruebas suficientes de la participación en la guerra civil que se atribuye á Ernesto Cerruti; afirma que después de aquella época tampoco existen nuevos procedimientos que acrediten los hechos debidamente, y considera, por último; que las pruebas presentadas durante la mediación deben calificarse como calificó Colombia las hechas por el Gobierno del
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Estado del Gauca, y carecen de las condiciones probatorias suficientes, por lo cual, en justicia, no puede estimarse la culpabilidad de Cerruti, ni que perdiera á consecuencia de ésta la neutralidad que en el Protocolo se expresa.

Cuestión 2.a Ernesto Cerruti, ¿ha perdido, si ó no, los derechos, las prerrogativas y los privilegios que el derecho común y las leyes de Colombia conceden á los extranjeros?

En la contestación á la pregunta anterior va implicita la que debe darse á esta segunda cuestión. Cerruti hubiera tal vez perdido, ó debido perder, los privilegios de extranjería por la conducta seguida en Colombia; pero en el estado de prueba de la cuestión y en los antecedentes sometidos á la mediación, está declarado que no ha perdido semejantes prerrogativas, debiendo añadirse que en ningún caso habría podido perder los privilegios del derecho común ni los que las leyes de Colombia conceden á los extranjeros, fundándose esta respuesta en las opiniones emitidas por el Secretario de Estado del Gobierno nacional de Colombia en su informe de 29 de Julio de 1885.

Cuestión 3.a ¿Debe Colombia, si ó no, pagar indemnización á Ernesto Cerruti?

La respuesta á esta cuestión la da el Gobierno, mediador con las mismas palabras del Secretario de Estado de Colombia, que encuentra ajustadas á derecho y perfectamente pertinentes; la apoya además en el art. 4.º del Protocolo de París, donde se mandó, como ya lo había hecho el Gobierno de Colombia, devolver los bienes inmuebles embargados, de cuya resolución nacen, como consecuencias indeclinables, las dos siguientes: primera, que no habiendo sido jurídico el embargo de los bie-
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necesario inmuebles realizado por el Gobierno del Cauca, tampoco lo podía ser el de los muebles; seguramente que la devolución de los bienes raíces implica necesariamente la de los muebles y somovientes, para que aquélla resulte equitativa. Y si esto no fuera posible, procederá la indemnización por lo que deja de devolverse.

El Gobierno mediador debe, sin embargo, aclarar bien el concepto que de este punto tiene, determinando que á su juicio procede el restablecimiento del estado de derecho que existía en Febrero de 1883, cuando los bienes fueron embargados por las Autoridades del Cauca; y que en este sentido, la palabra indemnización debe entenderse de una manera relativa; y tan solo en cuanto la restitución no sea posible.

El Gobierno mediador, al cumplir así el encargo que se le ha confiado, tiene el deber de consignar que la conducta seguida y la doctrina expuesta por las Autoridades generales de Colombia, lúcida y sólidamente consignada en la comunicación del Secretario de Estado, Sr. Restrepo, de fecha 29 de Julio de 1885, se ajusta á todas las prescripciones del derecho internacional, y muestra que á través de los disturbios y de las dificultades que en los Estados soberanos sujetos á la Confederación se agitan y desenvuelven, el Gobierno Central mantiene incólumes aquellos principios de justicia y de derecho de gentes que le hacen acreedor á la consideración de los demás pueblos, y fomentan las relaciones de amistad con las demás naciones.

Entiende, pues, el mediador, que su proposición, encaminada á reponer el estado de derecho violado por las Autoridades del Cauca en Febrero de 1883, debe contribuir e implicar necesariamente el restablecimiento de la cordialidad de relaciones entre Italia y Colombia, un
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momento interrumpidas por aquellos dolorosos sucesos, de los cuales no puede hacerse responsable al Gobierno Central.

Madrid 26 de Enero de 1888.—El Ministro de Estado de S. M. C., Segismundo Moret.

Antes de conocerse esta proposición de Moret se produjo en Colombia una alarma grande, que resultaba en perjuicio de lo acordado por el Sr. Moret; y por más salvedades que se hicieron en los periódicos oficiosos de Bogotá, la verdad es que fué causa de un recrudescimiento de revocar hacia España, que si bien estuvo limitado á un corto número de personas y al periódico El Liberal, que se publica en Bogotá, no es menos cierto que es preciso ponerle remedio denunciando á la opinión pública á los causantes de este triste, tristísimo espectáculo, para que se sepa por qué procedieron así, y qué es lo que se proponían.

El causante principal fué, extraño es decirlo, el órgano de la Unión Ibero Americana, de que es presidente el Sr. Moret.

Confiesa este periódico que no conoce la proposición ó el fallo del Sr. Moret, y sin embargo lo ataca rudamente por parcial hacia Italia y en contra de Colombia, y lo hace responsable del mal que ha causado con esto á la unión ibero americana.

El artículo de La Unión Ibero Americana, en que se expresa así hace tal efecto en Bogotá, que apoyados en él y en otro del mismo género publicado en El Eco Nacional de Madrid, que los periódicos de Colombia y muy especialmente El Liberal, atacan violentamente á España y á Moret, no haciendo distinción alguna, y le contesta La Nación de Bogotá defendiendo á España, que no tiene, que no quiere confundir con Moret, pero á quien le echa la culpa de todo.
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Y como La Nación es periódico oficioso del Gobierno colombiano, para concluir la polémica decía el 6 de Abril de este año á El Liberal: «la república, como el honor lo exige, acatará las proposiciones del Gobierno mediador en el caso particular de indemnización á que se refieren.» Respecto del «valor de tales proposiciones, cómo doctrina ó antecedente para la decisión de casos futuros, y de sus efectos morales en América, en relación con los hermosos ideales de la Unión Ibero Americana, de que el Sr. Moret es miembro importante,» La Nación dijo que, sobre tales puntos, «no debe, por ahora, emitir concepto.»

«Y estas palabras, que salvan juntamente la moderación, la verdad y la dignidad, son, á juicio de El Liberal, «una puerilidad, ó una amenaza, ó tal vez una amenaza pueril!»

«Volveremos á hablar sobre este asunto. Por ahora debemos decir á El Liberal que La Nación sí ha pensado en «la importancia de las opiniones que emite,» las cuales, sin revestir en ningún caso carácter oficial, tienen la autoridad que les corresponde.»

Enrique Taviel de Andrade.

(Sé continuará.)
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del fuero ordinario ni á individuos de las Diputaciones de provincia.

Lo primero ofrece el inconveniente de la demasiada centralización en perjuicio de la vida de las provincias; lo segundo, sobre participar de ese mismo inconveniente, aunque en menor escala, traería consigo un aumento, no de escasa monta, en los gastos públicos,—harto recargados ya con las Audiencias de lo criminal (1), muchas de ellas innecesarias,—á cambio, eso sí, de positivas ventajas bajo el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa. El autor optaría por esto último, que encierra un término medio, bien seguro que, llamadas á contribuir, de un modo proporcional, á su sostenimiento las provincias comprendidas en el territorio de cada Tribunal regional, el sacrificio para el Tesoro sería insignificante.

Es mucho, en efecto, un Tribunal contencioso en cada provincia, pues son muy contados los asuntos de interés general que pueden resolver los Gobernadores, y dar lugar á la vía contenciosa (2); y en cuanto á las decisiones de los

(1) Y á los cuales hay que añadir ahora los que trae consigo el establecimiento del juicio por jurados, que representa dos cargas para el ciudadano: la de ese gasto y la del oficio de Juez.

(2) La ley de 25 de Septiembre de 1863 para el gobierno y administración de las provincias en su artículo 82 daba á los Gobernadores la facultad de resolver en las materias comprendidas en los artículos 83 y 84 de la misma, artículos que en orden á la competencia de las Comisiones provinciales como Tribunales contenciosos, y para los efectos del recurso de este nombre, puso en vigor la disposición 2.ª, art. 68 de la ley provincial reformada de 2 de Octubre de 1877.—La vigente ley provincial de 29 de Agosto de 1882 se limita á establecer, en el párrafo 3.º del art. 27, que los Gobernadores ejercerán respecto de los ramos de Gobernación, Hacienda y Fomento la autoridad que determinen las leyes y reglamentos, y en la Administración económica provincial y municipal las atribuciones que se les confieren por la misma ley provincial, consignando después el art. 29, tomado de la ley de 1863, que las mencionadas autoridades no podrán modificar ó revocar sus resoluciones cuando sean declaratorias de derechos, lo que supone el recurso contra ellas por la vía contenciosa. En materia de aguas, minas, montes y otras cabe dicho recurso contra ciertas resoluciones de los Gobernadores, como puede verse en la ley de 13 de Junio de 1879, art. 251; en la de minas de 24 de Junio de 1868, art. 68, y en el Reglamento de 17 de Mayo de 1865 para la ejecución de la ley de montes, artículo 36, lo que citamos por vía de ejemplo y no como resumen, lo que sería
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EL MOVIMIENTO INTELECTUAL EN ESPAÑA.

Introducción.—Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.—Ateneo.—Círculo de la Unión Mercantil.—Una recepción en la Real Academia de la Historia.—El Fomento de las Artes.

El año termina, como siempre, cuando comienza el verdadero movimiento intelectual; en los días mismos en que se aperciben para las campañas del invierno los numerosos centros de enseñanza y de cultura donde se elabora el progreso de la ciencia, de la literatura y del arte. Y lo cierto es que mientras los críticos mordaces y gruñones y los humoristas malhumorados fulminan mayor número de censuras y anatemas contra esas corporaciones docentes, y mayor empeño ponen en ridiculizar á los que andan en conferencias académicas y en discusiones atencistas, llamándoles Quijotes del pensamiento para reservarse sin duda el papel prosaico de Sanchos Panzas, más crecen y se multiplican y se extienden esos círculos, en los cuales todos son á la vez discípulos y maestros.

Desde los años de 1835 á 1840, en que España entera contemplaba atónita y llena de asombro la formación y constitución definitiva del Ateneo, del Liceo y del Instituto, engendrados por la gente famosa que, durante mucho tiempo, por no tener sitio mejor ni más holgado, se reunió y sostuvo pláticas ingeniosas, disputas científicas y discretos literarios en el Parnasillo, situado en un sa-
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lón oscuro, estrecho y mezquino del modesto café del Príncipe; desde aquellos días hasta los actuales, en que el Ateneo tiene un palacio y en que hay en todas partes sociedades dedicadas á la ciencia, á la literatura ó al arte, se ha progresado mucho, y se ha progresado especialmente por estos trabajos; digan lo que quieran sus detractores.

Esos censores prácticos, serios y formales, deben tener los nervios crispados, después de haber pasado dos meses oyendo hablar de las inauguraciones de tales centros, y de haber visto que éstos aprovechan el tiempo mejor que otras veces y preparan, á toda hora y con toda ocasión, trabajos importantes, manteniendo unos con otros saludable y provechosa competencia.

Nosotros, que admiramos á los que trabajan, y que aplaudimos, sin tasa ni medida, á los que practican, para realizar cualquier fin de la vida, dentro de la organización liberal e individualista de nuestra sociedad, el principio salvador de la asociación; vamos á enseñar, lisa y llanamente, los primeros trabajos, los más importantes, de algunas de estas sociedades.

Por orden cronológico corresponde el primer lugar á la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

No ha olvidado, en el presente curso, una plausible costumbre, ya antigua: la de llevar á sus debates las cuestiones candentes, los problemas que tienen mayor carácter de actualidad dentro de la esfera especial y determinada de sus investigaciones científicas.

La opinión pública, advertida por propio instinto y por las indicaciones claras y concretas de los que viven en la política, y de los que estudian, en sus diversas
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manifestaciones; la ciencia jurídica; mira; hace tiempo, con recelos y desconfianzas á los tribunales de justicia, á los encargados de aplicar las leyes en todo su rigor. No olvida que el más alto representante de la magistratura, en ocasión solemne, habló de los deberes privados que han de cumplir, como todos los ciudadanos, los hombres que realizan esa misión social, pensando, sin duda, que era necesario, ó por lo menos, conveniente el recuerdo; y que, al mismo tiempo, lanzó terribles acusaciones contra aquellos que antes de pedir que se cumpla la ley piden que se atienda á sus influencias, y contra los que escuchan semejantes súplicas. Recuerda que un digno magistrado del Tribunal Supremo, en una sesión memorable del Senado español, entre los murmullos y protestas de los que opinan que el silencio y la hipocresía son panaceas universales, que curan todas las dolencias de la sociedad; trazó, con negros colores, la situación del llamado poder judicial. Sabe que ministros y ex ministros de justicia y representantes de la nación, han discutido, en cien ocasiones distintas, estos mismos asuntos, y que han hecho públicas; en sus debates, noticias muy graves y muy tristes. Ha oído decir que gozan de inviolabilidad, ante los tribunales, las diputaciones y los ayuntamientos, y los funcionarios públicos que cuentan con la protección de los gobiernos, y las sociedades poderosas que tienen habilidad para formar sus consejos de administración. En suma, cuenta con datos bastantes para sentir dudas e incertidumbres, que, fácilmente, pueden crear fantasmas y producir conflictos, como aquellos que se desarrollaron al calor de las controversias suscitadas por el célebre y misterioso crimen de la calle de Fuencarral.

Estos hechos y estas tendencias solicitan la atención
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de los pensadores y de los hombres de estudio, y constituyen una serie de problemas que demandan pronta solución.

La Real Academia de Jurisprudencia, rindiendo culto á la costumbre antes mencionada, ha buscado en ellos el tema principal para los trabajos del presente curso.

Comprobaban esta afirmación los enunciados del discurso leído por el ilustre jurisconsulto que preside sus sesiones, y de la memoria que se disiente públicamente. D. Francisco Silvela disertó sobre la Teoría y práctica de la acción pública en el Enjuiciamiento criminal, y el señor Conratté llevó á los debates el asunto siguiente: Influencia de la opinión pública en la administración de justicia.

Unánimes han sido los juicios que ha inspirado el notabilísimo discurso del Sr. Silvela. Su forma castiza, correcta y elegante; la cultura y el estudio que revela; la profundidad de pensamiento y el espíritu amplio, favorable á las reclamaciones de la opinión, y á los principios sanos de las escuelas más liberales que manifiesta, aseguraron el éxito evidente y ruidoso, el triunfo indiscutible que alcanzó el orador, el jurisconsulto y el político.

La primera parte de este trabajo, es puramente histórica; está destinada al examen completo y acabado de los principios jurídicos que dominaron, acerca de la acusación pública en los tiempos antiguos, en la edad media y en las primeras centurias de la época moderna. En este estudio, en el cual luce el Sr. Silvela las brillantes facultades que le adornan para trazar la crítica de la historia, descuellan por su mérito las páginas dedicadas al derecho romano. En la época moderna, por lo que á España se refiere, después de probar que no pueden señalarse modificaciones en el concepto del ministerio fis-
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cal y de la acción pública durante los siglos XVII y XVIII, ni desarrollos del principio que encerraba esa institución, pasa al estudio del tema en la legislación penal contemporánea, especialmente desde el reglamento provisional de 1835 hasta la ley de Enjuiciamiento vigente.

Al llegar á este punto, determina lo que significa la acción pública en los párrafos que copiamos á continuación:

«La acción representa ó significa un derecho y un modus ó forma y acto material para exteriorizar y dar vida á ese derecho; la acusación romana contenía clarísimas esas dos nociones; pero ya hemos visto cómo se fueron borrando sus principios; cómo se transformó el acto de participación de la soberanía en nuevo auxilio de las funciones protectoras del Estado, y predominando ese segundo concepto en escuelas, tribunales y comentaristas, se ha creído por muchos ver en la acción popular tan sólo una facilidad ofrecida para poner en movimiento la acción pública, y se ha dicho, es verdad, que el art. 101 de la ley de lo criminal declara que todos los españoles pueden ejercitarla; es cierto que pueden querellarse, hayan sido ó no ofendidos por el delito; pero esto es para principiar un sumario, para perseguir un delito olvidado ó desconocido; pero cuando el procedimiento se incoó, cuando el ministerio fiscal ha ejercitado la acción pública ó el directamente lesionado ha producido su querella, entonces la acción pública está agotada ya, se ha puesto en ejercicio y al ministerio fiscal y al interesado y al tribunal toca exclusivamente intervenir en el procedimiento.

«Esto era y es todavía el sentir de muchos, y en algún caso en que se había tratado de utilizar la acción popular en procesos criminales, eso se había resuelto por la