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Cartagena, donde, previo aviso, se cambiarán alternativamente entre el buque y las baterías de tierra los saludos de veintiún cañonazos.

6.º El presente Protocolo será sometido a la aprobación de los dos Gobiernos. Dicha aprobación debe ser minuciosamente notificada por conducto de los Representantes respectivos en París; en el término de tres meses, ó antes si es posible.

Hecho en París por duplicado el 24 de Mayo de 1886.—L. S.—L. F. Menabrea.—L. S.—F. de P. Mateus.

MEDIACIÓN

En vista de las facultades otorgadas á España por el artículo 2.º del precedente Protocolo, el Gobierno mediador invitó en Octubre de 1886 á los de Italia y Colombia á que presentaran sus respectivas alegaciones. El período de prueba, que en un principio no quedó terminado, se dió por concluso en 30 de Septiembre último, declarando España no admitir documentos posteriores á esa fecha. Al propio tiempo, y en vista de los retrasos que necesariamente debía producir el examen de los diversos casos presentados por Italia, propuso España dividir la mediación en dos partes, relativa la primera á Ernesto Cerruti, y comprensiva la segunda de las reclamaciones de los demás subditos italianos, proposición que fue aceptada por ambas partes.

Recibidos en Diciembre los últimos documentos, el Gobierno español ha examinado cuidadosamente cuantos antecedentes le han sido presentados, y de ellos deduce las siguientes conclusiones de hecho y de derecho.
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Ernesto Cerruti nació en Turín en 1844; siguió la carrera de las armas, quedó de reemplazo en 1868 y se trasladó posteriormente á Colombia, fijando su residencia en Buenaventura y después en Cali. En Julio de 1871 fue aceptada su dimisión de oficial del ejército italiano, y en el mismo año contrajo con hija de inglés y colombiana matrimonio civil, del que ha tenido siete hijos. Desde 1870 y por nombramiento del cónsul general de Italia en Panamá, fué agente consular de su país, cesando en dicho cargo en 1882 por resolución del Gobierno de Italia.

En Marzo de 1872 firmó como delegado especial del Gobierno del Cauca, del que era presidente accidental e general Jeremías Cárdenas Mosquera, un contrato por el cual se comprometía á comprar á los Estados Unidos de América y transportar al puerto de Buenaventura 500 rifles y 100 carabinas Remington con 600,000 tiros y las bayonetas, sables y demás útiles correspondientes. El contrato, que debía ejecutarse con la más estricta reserva, fué cumplido en 22 de Junio del mismo año, pero publicado después, y habiendo dado lugar á grandes comentarios, se sometió á la Legislatura del Estado en 1873 y á los Tribunales en 1879 sin que conste el resultado de estas referencias. Estos hechos dieron á Cerruti notoriedad especial en el estado del Cauca.

Por escritura de 27 de Febrero de 1873, Cerruti, en unión de Jeremías Cárdenas, Ezequiel Hurtado y Lope Landaeta, generales los tres de la república, constituyó una sociedad mercantil bajo la razón social E. Cerruti y Compañía. Esta sociedad, que debía durar hasta 1875, se dedicó en Enero de 1874 á la venta de sal, y habiendo
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subió su precio un peso en pocos días, el secretario de Hacienda del Cauca invitó á Cárdenas, Hurtado y Landaeta á que, en beneficio de la clase desvalida desistieran de la empresa de monopolizar aquel artículo como participes de una Compañía, contestando aquellos que «aun-que no eran más que simples comisionistas de la casa Cerruti, y mientras obtenían de ésta autorización para bajar el precio, venderían la sal á 20 centavos menos, con cuya reducción cesaría el desagrado general aludido.» Este nuevo suceso fijó más la atención pública sobre Cerruti.

Durante los disturbios políticos ocurridos en Colombia en 1876 y 1877, Cerruti prestó servicios al Gobierno del Cauca, suministrándole pólvora, plomo y otros electos; acompañó á sus individuos en los campamentos y expediciones militares, y frecuentó los centros oficiales. En esta época, y durante el mes de Febrero de 1877, intervino personalmente en la prisión y conducción del Obispo de Popayán, ejecutada en cumplimiento de orden del presidente del Cauca, César Conto, que lo dictó á petición de una Sociedad política de Cali. Cerruti explica su intervención como requerida por Conto, si bien éste expresa que «es claro que el Gobierno no había de omitir para la expulsión del Obispo á Cerruti, que no sólo era extranjero, sino también Agente consular de un Gobierno extranjero, quedando este hecho político sujeto por entonces á la encontrada apreciación de las diferentes opiniones. Con ella creció la notoriedad de Cerruti.

Por escritura de 28 de Julio de 1879, Cerruti, Jeremías Cárdenas, Ezequiel Hurtado, Virgilio Quintana y José Quilici constituyeron sociedad mercantil bajo la razón E. Cerruti y Compañía, estableciendo sucursales en Cali, Buenaventura, Popayán y Palmira, siendo socios
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industriales todos menos Cerruti, á quien se consideró único socio capitalista; y reconociéndose participación para los negocios que tuvieran lugar en Palmira á Fernando Ayala y Vicente Guzmán, que venían asociados á Cerruti desde Febrero de 1877. En esta escritura llaman la atención dos cláusulas; la 20.ª, en la que se expresó que los socios habían acordado otorgar un documento privado á fin de arreglar los intereses sociales, y que tendría valor probatorio respecto á los derechos y obligaciones que iban á contraer recíprocamente, y la 21.ª en que se consignó lo siguiente; «aun cuando por el derecho de gentes están garantizados los extranjeros, cuyo convenio pueden hacer cumplir sin pacto alguno, los de la casa quedan bajo la garantía internacional que presenta el Sr. Ernesto Cerruti, como dueño del capital de dicha casa.» Los efectos de esta escritura, que debían terminar en Julio de 1884, se prorrogaron por otra de 2 de Octubre de igual año hasta 31 de Diciembre de 1883.

Por escritura de 29 de Septiembre de 1879, Belisario Buenaventura vendió á la sociedad E. Cerruti y compañía, del comercio de Cali; la hacienda denominada «Salento», sita en el distrito de Yumbo, de aquel Municipio, y compuesta de casa con mobiliario, terrenos de pasto y cultivo, ganado cabrio, caballerías y herramientas, pagándose parte del precio de la finca con una casa del socio Quilici, sita en el barrio de San Pedro de la misma ciudad.

En 1882, y después de cesar Cerruti en su cargo de Agente consular, intervino en lucha electoral á favor de la candidatura del general Tomás Rengifo para presidente del Cauca.

La conducta política que se atribuía á Cerruti y los hechos que quedan enumerados, atrajeron sobre éste las
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antipatías de una parte de la población, del general Payán, presidente del Cauca en 1884 y 1885, y de su secretario de gobierno el general Juan de Dios Ulloa, que, como sus partidarios, le suponían afecto á la oposición. Contribuyó no poco á esta creencia el hecho de ser militares distinguidos y políticos conspicuos los socios de la Compañía E. Cerruti, por lo que se suponía á éste mezclado en sus actos y participe de sus operaciones. Se le señaló además como enemigo de la religión por haber servido á las órdenes de Garibaldi; por haber renunciado al rito católico, que era el de sus padres y el de su mujer, para contraer con ésta matrimonio puramente civil; por haber intervenido en el destierro del Obispo y por haber sostenido constante enemistad con el clero, que tampoco le miraba con simpatía; imputósele también ser el director de la conducta política de sus socios, y haberles ayudado en sus luchas por el contrato de armas que hizo en 1872; por suministrarle pólvora y plomo en 1876; por figurar en su campo político; por usar en favor de tercero su influencia con aquéllos cuando ocupaban puestos oficiales; por haber dejado pasar sin rectificación numerosas publicaciones que, considerándole muy rico, le atribuían participación en toda clase de acontecimientos; por haber acompañado y dado hospedaje en época de elecciones al general Rengifo, y por haberle servido de intermediario con Hurtado, su socio, que en 1879 fue elevado revolucionariamente á presidente del Cauca.

En ese período, y ejerciendo de autoridad en Cali el general Juan de Dios Ulloa, pidió á los vecinos que contribuyeran al racionamiento de fuerzas sublevadas, negándose Cerruti, á quien más tarde, en un banquete que dio el general Hurtado, advirtió Payán pública y francamente, que en la hora que sus compañeros políticos in-
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tentarán rebelarse contra el Gobierno, se pondría a la cabeza de 5.000 soldados y no le dejaría un ovillo de hilo en sus almacenes; habiendo datos de que antes de estallar la revolución de 1885, el Gobierno del Cauca previno telegráficamente al Jefe municipal de Cali, que si se iniciaba algún movimiento, secuestrara los bienes de la sociedad Cerruti. Este apoya en tales antecedentes su alegación de que Payán y Ulba le tenían odio, y en él se inspiraron para atrapellarle posteriormente.

En 30 de Noviembre de 1884 se practicó por las Autoridades un registro en la finca Salento en busca de armas, que no se hallaron, haciéndose notar se descubrió con este motivo un subterráneo cuya existencia no se conocía.

En 19 de Enero de 1885, sublevadas en Cali fuerzas de la Guardia Colombiana, de que era coronel Guillermo Márquez, constituyeron un Gobierno provisional y se sostuvieron diez y siete días, hasta que, derrotadas en una acción denominada de Viges, se dispersaron ante las tropas leales que al mando del general Juan Evangelista Ulba, hijo del secretario de Gobierno, entraron en Cali el día 8 de Febrero, siguiente al del combate. En esta fecha, las tropas victoriosas penetraron en la finca Salento, que había sido señalada como centro de operaciones de los rebeldes, y en la que se hallaron una ametralladora, cureñas, cajas de municiones, cadáveres y vestigios de campamento recién abandonado.

Según las Autoridades colombianas, la participación de Cerruti en la guerra civil de dicho año consistió en haber dado armas a los rebeldes, haberles facilitado dinero del Banco de Cali, haberles repartido divisas (cintas rojas) que también «él usó», haber estado en íntima comunicación con ellos y haber sido la mayor parte de
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sus socios participes en la rebelión. Examinados estos cargos a través de las pruebas alegadas, y sin analizar el carácter que cada uno de ellos tendría, aun en el caso de estar absolutamente probados, no lo resultan el de haber distribuido armas á las rebeldes, ni el de haber usado Cerruti divisa revolucionaria, pudiendo apreciarse que su socio Hurtado se mezcló en la rebelión, que Quintana, Ayala y Guzmán ocuparon en diferentes puntos cargos oficiales al estallar el movimiento; que Cerruti se constituyó en director del Banco de Cali, del que era vicepresidente; que ocupada por los rebeldes la hacienda de Salento, estuvo allí en su compañía; que se ofreció á terceros como amigo influyente de los sublevados, y que trabajó para la excarcelación de algunos detenidos por éstos.

Al quejarse Cerruti de los actos contra él ejecutados, expresa que durante varios días consecutivos se saqueó la finca Salento, sustrayendo de ella alhajas, valores, ganados, muebles, ropas, provisiones, etc.; y causando otros daños; que las turbas en Cali profirieron contra él amenazas de muerte, y que se trató de arrojar á su familia de su domicilio de la ciudad para convertirlo en cuartel, lo que no se ejecutó por la intervención de dos amigos suyos.

El jefe municipal de Cali, en 12 de Febrero de 1883, declaró que Cerruti había perdido su carácter de neutral y quedaba sometido á las responsabilidades y cargas á que por las leyes estaban sujetos los nacionales; y en virtud de decreto del poder ejecutivo del Cauca, fundado en las leyes 38 de 1879 y 8 de 1883, y sin que conste fueran expropiados bienes personales de Cerruti, se embargaron los que en Cali, Buenaventura, Popayan y Palmira pertenecían á la Sociedad E. Cerruti y Compañía;
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cuyo valor el Gobierno destinaba á gastos de guerra.

En 24 de Marzo siguiente, el Jefe municipal de Cali comunicó á José Quilici que, por ser conocida su neutralidad, se exceptuaba su parte de procedimiento incoado contra los bienes de la Sociedad E. Cerruti y Compañía, invitándole á intervenir en las operaciones de la liquidación de la casa comercial, que para determinar aquélla iban á practicarse.

Reclamado en Abril pasaporte para Cerruti, que deseaba trasladarse á Bogotá para defender sus derechos, no le fué otorgado, alegando se hallaba sub judice, no apareciendo, sin embargo, hasta más tarde, esto es, hasta 4 de Agosto, dictado el primer auto del poder judicial del Cauca, que le declaró procesado y decretó su prisión en los mismos días en que se presentó en las aguas de Colombia el acorazado italiano Flavio Gioja. En 2 de Enero de 1886, después de dejarse sin efecto lo actuado por el poder judicial del Cauca, el poder judicial de Colombia dictó nuevo auto de procesamiento y prisión de Cerruti, según las leyes nacionales de la República, quedando también estos procedimientos, como los anteriores, sin efecto, en virtud de lo convenido en el protocolo de París.

Los bienes inmuebles embargados, y que se convino devolver, no fueron recibidos por Cerruti ni sus socios en razón al distinto valor que tenían en la época de su secuestro.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I

El relato de los hechos anteriores, que se desprenden de la atenta lectura de las declaraciones y documentos
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presentados, obligan, antes de apreciar los acontecimientos mismos, á juzgar su conjunto y el estado general del país en que se ejecutaron. Es evidente que para calificar, de una parte la conducta de Ernesto Cerruti, y de la otra la de las Autoridades del Cauca, hay que referirse al estado de lucha y antagonismo de los partidos políticos en el período que se extiende desde 1872 á 1886. En semejantes circunstancias, los que en un país tan alterado se dedicaron al comercio y á la industria, habían de sufrir necesariamente las consecuencias de estos vaivenes de la vida pública, y habían de tomar partido y unirse de una manera más ó menos estrecha á alguno de los bandos contendientes, como medio de garantizar su posición ó como esperanza de realizar sus designios.

Salta á la vista por eso que los odios y las enemistades que se agigantaban en las luchas políticas, habían de alcanzar á todos los que tuvieran alguna relación con el bando opuesto; y que en este sentido, viviendo Cerruti unido á alguno de los que fueron vencidos en la revolución de 1885, sus adversarios, predispuestos ya contra él, habían de considerarle cómplice en cualquier movimiento que ocurriera. Por eso los hechos que de una y otra parte se alegan; la estancia de las tropas rebeldes en Salento; su ocupación posterior por las del Gobierno; los abusos consiguientes á estos actos; las amenazas contra Cerruti; las relaciones de ésto con los que luchaban, y los testimonios y alégaciones en que se fundó más tarde la acusación de Cerruti, están impregnadas de carácter político, hasta el extremo de no poderse separar los hechos y su significación jurídica de la pasión y del ardor de la lucha.
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Este punto de vista, indispensable para apreciar hechos ocurridos en tan largo período, dificulta considerablemente la calificación de los sucesos dentro de los estrictos límites que el Protocolo de París traza á la mediación, y sobre las bases que en el mismo aceptaron los dos Gobiernos. Según éstas, Ernesto Cerruti era y continuaba siendo súbdito italiano, y se considera injusta la ocupación y embargo de sus bienes inmuebles por las Autoridades del Cauca ó por otros cualesquiera de la nación colombiana, puesto que se mandó devolvérselos. Hay en la misma redacción del Protocolo y en la conformidad de las partes á él sometidas puntos que prejuzgan casi por completo la cuestión, hasta el extremo de que el razonamiento, fundado exclusivamente en la mera exposición de los hechos, ofrecía consecuencias muy distintas de las que es forzoso deducir ateniéndose á las bases de la mediación.

En efecto; sin éstas, la cuestión fundamental que se examinaría es la de si Cerruti había perdido ó no el derecho á la protección italiana por los actos que se le atribuyen.

La cuestión, así planteadá, reduciría el caso actual al examen de ciertos hechos y á su prueba ó demostración, para deducir si un extranjero, por mezclarse en los asuntos interiores y en las luchas políticas del Estado en que residía, perdió por ellos su nacionalidad, ó aun conservándola, pudo ser expulsado ó condenado por el Estado ofendido.

Lejos de ser así, la cuestión principal aparece resuelta, y en su lugar se plantea otra completamente nueva,
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Tal es la organización de los Tribunales de provincia. Nosotros hubiéramos preferido los regionales, establecidos en el proyecto del Congreso, porque el número de negocios contenciosos que se tramitan en la primera instancia provincial no exige un Tribunal en cada provincia, y porque si bien no damos mucha importancia al defecto de ser juez y parte los Diputados provinciales en aquellos asuntos en que las provincias que representen sean demandantes ó demandadas, y que se utilizó constantemente por sus adversarios contra la jurisdicción retenida, sin razón por cierto, ese inconveniente se limitaba mucho, aunque no desapareciese por completo, con los Tribunales regionales. Ofrecían éstos la ventaja además de componerse de Magistrados de lo civil, mejor preparados que los de lo criminal para la resolución de los negocios contencioso-administrativos, y se economizaba algo también en las dietas que han de satisfacerse á los individuos que, sin ser Magistrados, formen parte de las Salas.

Se dirá que del defecto ó inconveniente que nos ocupa adolecían también, lo que es verdad, los Tribunales provinciales propuestos en su proyecto por la Comisión de reformas administrativas; pero ha de tenerse en cuenta que ella no formuló ese pensamiento como el mejor, sino como el único posible. Suprimidos los Consejos de provincia, no entrando en su plan dar intervención á los Tribunales ordinarios en el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, y estándose recomendado no producir, en las reformas que propusiese, aumento de gastos, eran las Comisiones provinciales, por decirlo así, un pie forzado de que no podía prescindirse al organizar los Tribunales de primera instancia. Para el autor de este trabajo, el problema que se ofrecía entonces, y que se ofrecerá siempre que se trate de la organización de lo contencioso-administrativo, es: ó se establece la instancia única ante el Tribunal central, llámese así, Consejo, ó como se quiera, declarando que la vía gubernativa se ultima ante el Gobierno, ó de conservar dos instancias para los recursos que se entablen en la esfera provincial, lo mejor es crear verdaderos Tribunales regionales, á semejanza del superior, sin dar entrada en ellos ni á Magistrados
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de distinta definición en la práctica, y no más determinada en los autores de derecho internacional; tal es la neutralidad del extranjero.

No puede ponerse en duda que el extranjero no tiene derecho á mezclarse en los asuntos interiores de un país extranjero como remedio el más eficaz cuando de rebeliones ó sediciones se trata, ó por la aplicación del derecho penal interno, según lo convenido en los tratados. Si en vez de decretar aquélla ó usar éste se le deja vivir en el país; si durante largos años se le consienten actos análogos á los que en un momento dado se consideran ilícitos, y si además la prueba de éstos se hace con elementos apasionados y con testimonios recogidos en medio de la lucha, la cuestión sale de los límites del derecho para entrar exclusivamente en el de la apreciación política.

El Gobierno italiano, respondiendo á las reclamaciones de Cerruti, vino en su auxilio, fundándose, sin duda alguna, en las consideraciones que quedan expuestas, y tomando la cuestión como estaba planteadá, puesto que las Autoridades del Cauca ni expulsaron ni sentenciaron á Cerruti, y, sin negarle los derechos de su nacionalidad de origen, le declararon delincuente antes de someterle á juicio, y le negaron el pasaporte y le embargaron sus bienes mucho antes de entregar sus actos á la desapasionada apreciación del poder judicial.

Semejante conducta debía provocar necesariamente la cuestión internacional, pues reconocida la nacionalidad de un extranjero, y partiendo de esa base y de la existencia de tratados, no podía el Estado del Cauca aplicarse leyes posteriores á éstos, y que en caso de efectuarle no pudieron dictarse sin la intervención, ó, por lo menos, sin el conocimiento del Gobierno de su país
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de origen, interesado en la modificación de aquéllos.

Con lo cual se ve claro el círculo vicioso en que se encuentra encerrada la cuestión, y el peligro que habría en cambiar los términos hasta ahora admitidos en derecho internacional, que consiste en afirmar o en negar la nacionalidad á los súbditos extranjeros; porque una vez afirmada, si el extranjero falta á sus deberes puede ser expulsado, ó con conocimiento de su Gobierno sometido al derecho penal; y una vez negada, todas las leyes del país le son aplicables; pero lo que no cabe ni sería prudente establecer: es un estado intermedio en el cual no existe ni puede señalarse criterio suficiente para imponer á los dos Gobiernos la resolución del caso; semejante situación provocaría fatalmente un conflicto y justificaría el empleo de la fuerza.

III

Existe todavía en el caso sometido á la mediación de España otro punto de vista de gran interés, que nace del hecho de pertenecer los bienes embargados á Cerruti, á una Sociedad mercantil, que por sí misma es nacional y no puede ser considerada como extranjera.

Porque, en efecto, cualesquiera que sean las nacionalidades de los individuos que forman una Sociedad mercantil, ésta sólo puede desarrollarse y vivir dentro de la legislación del país en que nace; y todas las razones en que se fundan los fueros de la nacionalidad y de la extranjería faltan por su base cuando se trata de la entidad moral que se llama Compañía mercantil. Si es ésta la que ha delinquido; ella es la responsable, y la nacionalidad de sus asociados nada tiene que ver en ello. Pero en el caso actual, y por razón inexplicable, las Au-
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toridades del Cauca se adelantaron á declarar que la parte del socio José Quilici, por haber sido éste neutral, sería respetada, mientras embargaba la de Carruti, aun reconociéndole extranjero, por el motivo contrario.

Si esa jurisprudencia fuese admitida en el derecho internacional privado, quedaría de hecho anulada la legislación interior de un país en la importantísima materia de Sociedades mercantiles, bastando para ello introducir en sus Consejos de administración, ó hacer firmar las escrituras sociales á un extranjero. Y aun cuando se dijera que liquidada la Sociedad se separaría su parte de responsabilidades de las demás, es evidente que no se podría llegar á la liquidación ni aplicarse ninguna de sus reglas legales sin la intervención del socio exceptuado; el cual, á título de extranjero, podrá pedir y obtener la intervención de su Gobierno, y por ese medio anular completamente la acción de las Autoridades nacionales. Principio más peligroso, y jurídicamente hablando menos aceptable, no puede introducirse en las relaciones de los pueblos, y es deber del Gobierno mediador hacer sobre él las reservas más terminantes.

IV

Resulta, por último, y este es quizá el punto más claro y el que con más precisión ayuda á plantear la cuestión, que las Autoridades nacionales, ó sea el Gobierno central de Colombia, en diferentes documentos que prueban la rectitud de sus intenciones, al par que ponen de manifiesto el verdadero aspecto jurídico del caso sometido á la mediación, ha venido á determinar la esfera de acción en que éste puede ejercitarse. Estos