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que haciendo alarde de su fuerza numérica, invade á la España, despierta en sus habitantes el noble espíritu de su heroica independencia, y produce los sucesos más extraordinarios de nuestra moderna historia.

El león español se defiende con fiereza, y salva para la historia el nombre de su pueblo; pero la astucia unas veces, el poder de las masas invasoras otras, logran implantar en nuestro territorio una sombra de poder real bajo el protectorado ó imposición de Napoleón y su amparo, reina de un modo especial su hermano José.

No es hora de juzgar al que siendo Rey impuesto, ni figura ni figurará entre los monarcas españoles. Pero sí lo es de recordar que, merced al espíritu innovador del capitán del siglo, Napoleón reunió Cortes en Bayona, y allí, en 6 de Julio de 1808, se redactó el Estatuto Constitucional de José Bonaparte, que fué, á no dudarlo, la primera manifestación del derecho constitucional.

¡Lástima que patricios tan insignes como los que entonces había en España rindieran pleito-homenaje al invasor y sancionaran, fuera de su patria y con su voto, una Constitución que todos, absolutamente todos, la han rechazado después como española!

Sin embargo, este Código, que no logró adquirir carta de naturaleza entre nosotros, despertó la noble ira de varios españoles, y queriendo vengar los ultrajes hechos á sus Reyes y la opresora dominación en que vivían, retiráronse, poseídos de santa indignación, á la isla de León, y allí, junto á Cádiz, gloriosa cuna de todas nuestras libertades, constituyeron una Regencia, y allí formaron la primera Constitución española que lleva la fecha de 18 de Marzo de 1812, como producto de las Cortes generales de la nación, convocadas en Cádiz en 1810, y que contiene ciertamente el derecho político positivo y constitucional de España.

En efecto; desde el preámbulo de dicha Constitución, que sanciona la fe monárquica y religiosa de España, y presenta la necesidad de dar una Constitución á nuestro pueblo como
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Código político, desde allí se marca la manera ordenada y filosófica de la redacción de dicho Código.

La parte dogmática del mismo, sanciona de un modo evidente los derechos de nacionalidad, libertad civil y propiedad individual, y reconociendo la soberanía nacional, echó los cimientos de todas las libertades y mató el absolutismo, que hasta entonces se había enseñoreado de nuestra patria.

Tratando después de los españoles y sus derechos, fija éstos de una manera precisa, y á seguida consigna como única religión de España la católica, apostólica, romana, adelantándose al porvenir y dogmatizando la intolerancia religiosa.

Con las garantías constitucionales y la abolición del tormento y antigua pena de confiscación de bienes que determina esta Constitución, se da un paso de gigante en punto á reformas en nuestro derecho, sancionándose que desde entonces el individuo siempre estará garantido y las penas tendrán en toda ocasión carácter individual y personal.

Si en la parte dogmática de esta Constitución se trazan nuevos horizontes, desconocidos hasta entonces, en la parte orgánica se determinan los poderes del Estado, si bien con demasiada extensión para aquella época, y figurando al lado de los principios fundamentales muchos preceptos propios de las leyes orgánicas, cuya legislación especial se desconocía entonces por completo.

En cuanto al poder legislativo, reconoce una sola Cámara con omnímodas facultades, elegida por el voto universal indirecto de tres grados (la parroquia, el partido y la provincia), y con una Comisión permanente de esas Cortes, que siempre había de estar funcionando, y que en sí llevaba un carácter genuinamente democrático en su organización y en sus trabajos.

El Poder Ejecutivo se presenta embarazado en sus atribuciones, sin duda por lo grave de la época en que se promulgó dicha Constitución, no pudiendo suspenderse ni disolverse aquellas Cortes, ni ausentarse, ni casarse el Rey sin consentimiento de las mismas, previéndose para caso de necesidad
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una Regencia electiva de tres ó cinco personas que las Cortes habían de nombrar en cada ocasión.

Y, por último, en cuanto al Poder judicial, se determina lo privativo de cada tribunal; se decreta la unidad de fueros (menos el militar y el eclesiástico); se sanciona la inviolabilidad de los jueces y los magistrados, y se dispone sea el Tribunal Supremo de Justicia el que juzgue á los ministros, dando con todo esto nueva forma y prestigio al primer Tribunal de la nación.

En resumen, la Constitución de 1812, imitación de la francesa de 1791, pero apropiada á nuestra nación y á las circunstancias, fué un adelanto notabilísimo en las reformas políticas; marcó derroteros nuevos á las aspiraciones de nuestro pueblo; mató, por decirlo así, la invasión francesa; colocó al Rey legítimo español en su trono y asentó sobre base firmísima las públicas libertades. Si bien carece de un método científico, y aparentemente ofrece oposición entre el criterio democrático que la informa y la base monárquica hereditaria de la misma, esto no fué obstáculo para que en lo que va de siglo la monarquía haya vivido y la libertad se haya ido afianzando, y para que á su ejemplo y con su modelo se hayan redactado otras Constituciones en armonía con las épocas respectivas, y entre otras las dos últimas, cuyo fin inmediato no es otro que armonizar en íntimo consorcio la monarquía y la libertad.

II

La Constitución de 1812 fué recibida con general aplauso y pública satisfacción, siendo su promulgación uno de los actos de más entusiasmo para el pueblo español.

Terminó la guerra de la Independencia, donde cada ciudadano fué un héroe y cada pueblo un baluarte inexpugnable de las públicas libertades; vuelve Fernando VII á su trono, recibiéndosele con entusiastas aclamaciones, y continúan las
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cosas bajo la corriente salvadora de la libertad hasta 1814, en que una de las reacciones más opresoras aflige nuestra patria.

El débil monarca, que lo mismo oía enternecido el entusiasta grito de los defensores de la libertad que el aterrador graznido de los secuaces del absolutismo, vivió cinco ó seis años sumido en el más punible abandono, escuchando sólo el entretenido cuento diario de sus hipócritas cortesanos.

Mas hubo hombres que llevando en sus venas la sangre regeneradora de los defensores de Cádiz, no pudieron consentir se viviera más bajo el peso de tan atroz tiranía, y en 1820 dan nuevamente el grito de ¡Patria y Libertad! y Quiroga y Riego pretenden ser los nuevos apóstoles de nuestras franquicias y antiguos sacratísimos derechos. Pagan éstos con su sangre el tributo debido á sus convicciones; pero no pueden hacer olvidar al pueblo sus doctrinas, y para acallarlos, y merced á nuevas convulsiones políticas, variadas conspiraciones y una nueva intervención extranjera, mandada por el duque de Angulema, se proclama nuevamente la Constitución de 1812, y bajo la corriente liberal se gobierna en España hasta 1830, en que el nacimiento de doña Isabel, la proclamación de la pragmática sanción de 1789, las nuevas esperanzas de los absolutistas, alentadas más tarde con la muerte del Rey, dan origen en 1833 á la sangrienta guerra civil de los siete años, que, dividiendo las familias y separando los ánimos, trazó de entonces y para siempre en España la línea divisoria entre las escuelas reaccionarias y liberales.

Vióse entonces (1834) la Reina Gobernadora, doña María Cristina, obligada á hacer que se redactase el llamado Estatuto Real, pues las tendencias de sus partidarios eran las antiguas Cortes de los reinos de España, creyendo que así atajarían en sus proyectos á los partidarios de D. Carlos, que, como siempre, antes que todo ambicionaba el poder, escudándose bajo la hipócrita máscara de defender la pureza de la religión y la integridad de la fe monárquica.
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REVISTA DE ESPAÑA

VIGÉSIMO TERCER AÑO
TOMO CXXVIII. — MAYO Y JUNIO

MADRID
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Calle de Santa Catalina, núm. 5.

EST. TIPOGRÁFICO DE RICARDO FR
Calle del Olmo, núm. 4.

1890
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mulus que le infunde el amor de Margarita y porque en la lucha entre el bien (el amor de Margarita) y el mal (los placeres de Mefisto), inclina Fausto el platillo de la balanza hacia Margarita. Y para librarse del remordimiento que le causa el abandono de su amada, no quiere Fausto nuevos placeres, sino que se opone á los malévolos consejos de Mefisto y le dice: «La acción es todo, la gloria es nada; obedezcamos la ley del trabajo que la naturaleza nos impone y que exige de cada uno el esfuerzo personal en pro de la especie humana.»

Ha triunfado el bien del mal; Margarita de Mefisto, gracias al amor, sentimiento que redime y purifica; porque Goethe concibe, en idea metafísico-poética, el amor como fuente de la vida, ya que, según hemos dicho, para Goethe son manifestaciones de la sustancia absoluta, la inteligencia y el amor que simboliza en la invocación á las madres (1).

El episodio de Margarita bastaría para hacer inmortal el Fausto, pues es un tipo cuya creación propia de la juventud y del sentimiento, hija del amor humano, recuerda mucho la Magdalena cristiana, perdonada, porque si pecó mucho también amó mucho. Nueva Magdalena, redimida por la mágia del arte, con su ingénua candidez cual primera y más delicada personificación de lo inconsciente, con la carga de sus inmensos dolores, abandonada de su amante, causa ocasional de su orfandad y de la muerte prematura de su hijo (alusión, según algunos, al romanticismo) lleva Margarita consigo el Jordán, que ha de lavar sus culpas. Concisamente formula la confesión de todas ellas é indica, pecadora arrepentida, que merece la absolución, cuando, con una prixtina y paradisiaca inocencia, exclama: ¡Era tan bueno y tan amable todo lo que me ha seducido!

Los elementos, sucesos y carácter que concurren á deli-

(1) Tienen este doble sentido las «madres» como símbolos á los cuales denomina Goethe primero «autorchas de la vida», luces que nos guían (principio intelectual) y después madres ó fuentes de la vida, principio «creador» y «conservador» de cuanto existe (el amor).
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He aquí por qué en el título preliminar del Estatuto se consigna que las Cortes del reino se compondrían de dos Estamentos, el de Próceres y el de Procuradores.

Compuesto el primero de las altas dignidades de la Iglesia, la nobleza, la milicia y las demás carreras del Estado, pero con renta de 60.000 reales anuales y haber sido antes procurador (diputado), ó, si era por derecho propio, con 200.000 reales de renta, y carácter hereditario que no era aplicable á las demás clases de libre nombramiento del monarca. Como se vé, ni aun se vislumbra la idea de que parte del Senado pudiera ser electiva.

El Estamento de Procuradores fijaba condiciones para la elección, entre otras la de treinta años cumplidos y renta de 12.000 reales, incapacitándose á varios, para ser elegidos, en virtud de sentencia judicial, y que los procuradores se ajustaran siempre á sus poderes, que habían de durar tres años. Este Estamento nos da la medida de lo que serían las antiguas Cortes del reino, pero sin que en éstas, que el mismo señalaba, tuviese intervención alguna el pueblo y muchas veces el estado llano interín no tuviese el elegido la renta que fijaba, crecidísima para aquella época.

La forma de convocatoria de estas Cortes, asuntos sujetos á su deliberación, fijación de contribuciones, disolución de Cortes y convocatoria de otras nuevas, eran asuntos de las disposiciones principales de este Estatuto, que vaciadas en el molde de la época en que se redactó, no dieron lugar á expansión alguna del espíritu público, y no realizaron el fin propuesto, pues la guerra civil siguió su curso, los reaccionarios cada vez más engreídos en sus supuestos triunfos, y esperanzados con su Rey, no vacilaron en continuar la guerra, siendo precisa la insurrección de la Granja y sus consecuencias, para que se proclamase por tercera vez el Código de Cádiz, y para que pretendiéndose su revisión por las Cortes, se promulgase más tarde la Constitución de 1837.

¿Qué fué, en resumen, esta Constitución? No fué otra cosa que una mera revisión y enmienda de la de 1812, como cla-
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ramente se afirma en el preámbulo, donde de una hipócrita manera se afirma que era producto de la voluntad y soberanía de la nación, y que en nada se variaban los principios esenciales del modelo, cuando lo que se hizo fué, disfrazando el plan, dar entrada en esta Constitución á la mayor parte de los principios nada liberales del Estatuto. Y no podía ser de otra manera, pues tanto aquél como ésta, tenían por fin establecer una especie de transacción entre los partidarios de los sistemas absolutistas y liberales, y para ello era preciso, por el afán de contentar á ambos, disgustarles separadamente.

Su parte dogmática con la declaración de los españoles y sus derechos políticos, supresión de la censura para la imprenta, creación del Jurado para dichos delitos, igualdad de fueros y los deberes del ciudadano, así como las garantías de la persona y del domicilio, y la indicación religiosa en favor del catolicismo, sin adjetivo alguno que le distinga, son rasgos que demuestran la vacilación del legislador y el deseo de armonizar encontrados intereses.

Lo mismo ocurre en la parte orgánica. La potestad legislativa reside en las Cortes con el Rey; la especial manera de constituir el Senado, dando entrada á unos, por medio de elección de lista formada por los diputados á Cortes, y la directa elección de estos diputados por dos años, etc., son puntos que manifiestan el espíritu de transacción que preside en este Código.

Ciérrase el estudio del mismo con la extensión que en él se da á los poderes ejecutivo y judicial, y con la confesión de que se rijan por leyes especiales las provincias de Ultramar, y concluye el mismo, como había empezado, pretendiendo ser revisión y nada más de la Constitución de 1812, y siendo una nueva edición corregida y aumentada del famosísimo Estatuto Real de 1834.

Como se vé por el ligerísimo análisis de esta época histórica, y los Códigos políticos en ella sancionados, ó puestos en vigor, no hubo un sólo momento de entusiasmo, en que, ó se
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decretase para siempre el inmortal Código de Cádiz, ó se adelantase algo en el camino del progreso marcado por la historia. Todo lo que se hace es de transición, y quizás generador de tristísimos sucesos.

El análisis de la época posterior nos dará la medida de esta afirmación, y nos enseñará á donde van los pueblos cuando olvidan el camino que les señalan sus naturales actitudes.

III

En medio de las turbulencias porque atravesaba España al promulgarse la Constitución de 1837, vivió ésta sin esfuerzo alguno, merced al espíritu de transacción que informaba dicho Código. Así, no es extraño que sin modificaciones siguiera rigiendo; lo mismo después de verificado el Convenio de Vergara en 1839, que después del pronunciamiento de 1840 y expatriación de la Reina Gobernadora.

Ocurren después los hechos que dan lugar á la Regencia de Espartero (1843), y á la declaración de la mayor edad de doña Isabel II, y entonces, al comenzar verdaderamente su reinado, es cuando sus consejeros responsables, sienten la necesidad de reformar la mencionada Constitución, dando á luz la de 1845, como modificación de aquélla, según se dice en su preámbulo, ó como encarnación mejor dicho, de los ideales políticos del partido moderado, que no se avenían á gobernar con los principios algo liberales de los Códigos políticos anteriores.

Siéntase en el principio de esta Constitución, una idea altamente loable, cual es la de pretender armonizar y poner en consonancia las necesidades actuales de la época moderna con las antiguas, fueros y libertades de los diversos reinos de España, demostrando así cuán infructuosos, al parecer, habían sido los ensayos anteriores. Por eso, y calcado en semejante molde, nada liberal, se omite el principio de la sobe-
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rania nacional, y aparece autorizada esta Constitución á nombre de la voluntad Real y de las Cortes; medio supletorio de no romper con la idea popular, ya encarnada en nuestra nación, y satisfacer las aspiraciones de los gobernantes.

En su parte dogmática, al determinar quiénes son y pueden ser españoles, nótese casi completa paridad con la Constitución de 1837, ocurriendo lo mismo en cuanto á la fijación de los derechos y deberes políticos de los ciudadanos que le señalan en igual forma y con las mismas condiciones que en el pasado Código, como así mismo en la determinación de las garantías constitucionales, bajo el crisol restringido que hasta entonces se venían éstas concediendo.

Al consignar la religión de los españoles, se establece la unidad absoluta de la Católica, Apostólica, Romana, declarándose ésta, religión del Estado, que tendría obligación precisa de sostener el culto y sus ministros. Nada se dice acerca de la tolerancia religiosa, y en verdad que durante el imperio de este Código tácitamente ha existido sin violencia ni colisión alguna.

Comienza la parte orgánica con la clasificación de los poderes del Estado. Al examinar el legislativo, divide en dos los Cuerpos Colegisladores: el Senado y el Congreso de los diputados. Respecto al primero, ha de formarse sólo de senadores vitalicios y de nombramiento real, pero entre determinadas clases, y con especiales antecedentes de condición y fortuna. Concédense al Senado, como siempre, facultades especiales, independientes de las legislativas, y resplandece en su organización un carácter particular, que distingue á su época, y que ni por asomo nos deja vislumbrar el recuerdo del Senado completamente electivo, de la siguiente Constitución.

Fórmase el Congreso de una manera análoga al sistema de elección en la Constitución de 1837, así en las condiciones y capacidad del elegido, legislaturas e iniciativa de la fijación de los proyectos de ley; así como en las facultades especiales de las Cortes, en todo vemos una continuación de las
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anteriores doctrinass y no se nota esfuerzo alguno en pro de reforma, antes bien se restringen muy mucho las mermadas franquicias que observamos anteriormente. Como que el genio que esta Constitución inspirara era enemigo de las conquistas liberales, y por eso hasta ahora mismo dicha Constitución es el timbre de gloria del partido moderado y es y será siempre su bandera de guerra.

Nada diremos sobre los Poderes Ejecutivo y judicial. La potestad real aparece en toda su plenitud y la administración de justicia deja vislumbrar algo de lo que había de ser después con las posteriores reformas.

En suma: esta Constitución tiene más homogeneidad de doctrina y más fijeza y unidad de criterio que las anteriores, aunque el abuso práctico de ciertos principios en ella consignados pudieron costar á España dolorososísimos derechos.

Así es que merced al imperioso esfuerzo del genio dominador del partido moderado, vivió esta Constitución por algunos años sin provocar conflictos de graves consecuencias. Pero pasan algunos, se enardecen los ánimos, ocurre el pronunciamiento militar de 1854 y se convoca á Cortes Constituyentes para destruir la Constitución, ó por lo menos reformarla. Anuncióse la Constitución nonnata, que, como su nombre indica, no llegó á tener vida, y que estaba basada en la anterior, pero inspirada en los principios de la unión liberal, y en 1856 se publica la famosa acta adicional, precioso remiendo que no satisface ni á los unos ni á los otros de los bandos políticos.

No pueden seguir así las cosas, y en 1857 se reforma por completo la Constitución, viviendo así reformada hasta 1864, en que á impulsos del partido contrario se deroga dicha reforma y se restituye á su primitiva pureza.

Este suceso, los manejos de los descontentos (que era todo el país), la insurrección de 1866, el destierro de los generales y los profesores, así como el imperio absoluto del partido neocatólico, fueron causas generadoras de la revolución de Septiembre de 1868, que, esperada por todos, reclamada por la
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opinión y deseada por el pueblo, no quiso tener en un principio el alcance que después tomó, y que precipitando á España en una corriente liberal demasiado expansiva, abrió nuevos horizontes en las aspiraciones de todos; estuvo á punto de hundir en el olvido y para siempre la monarquía en España, alentó los torpes deseos de las demagogias, blanca y roja, y sólo merced al temple caballeresco de nuestros revolucionarios pudo lograrse que de aquellas famosas Constituyentes de 1869, la República ó el absolutismo no se enseñorearan de nuestro país y pudiera promulgarse una Constitución, que de puro liberal, casi no cabe dentro de ella la monarquía, y que con sus pretensiones monárquicas ha venido siendo el escudo de los monárquicos escapados de la República.

¿Qué principios informa la Constitución de 1869?
¿Cuáles son sus fundamentos? Veámoslo.

Siendo su misión condensar el espíritu esencialmente democrático de la revolución de Setiembre, se resintió notablemente de su origen, y pretendiendo transigir entre las tendencias individualista y conservadora de la política que concluía y la que empezaba á imperar, no puede menos de notarse cierta oposición interna en este Código, caracterizado por la magnitud y extraordinario desarrollo de su parte dogmática.

Así, desde el preámbulo, donde se afirma ser esta Constitución producto de las Cortes elegidas por sufragio universal nótase una tendencia democrática demasiado exagerada, pues parece ser un Código para un país esencialmente republicano.

La parte dogmática señalando quiénes son españoles y la manera de adquirir y perder este derecho, fijando después los derechos individuales de seguridad personal, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, y perfecto derecho de propiedad, satisface aspiraciones que reclamaba la opinión y que fueron muy bien recibidas al consignarse en este Código.

Lo mismo ocurrió con la fijación de las garantías consti-
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tucionales y la determinación de los derechos políticos (que comprendían todas las libertades posibles), si bien en este último punto fueron tales las exageraciones que se consignaron y que más tarde se practicaron, que á primera vista se notaba un antagonismo perfecto entre este Código y las costumbres monárquicas de España.

Ya en la parte orgánica, arrancando de la soberanía nacional, se determina la forma monárquica, como garantía de la historia patria, y si siguen los poderes públicos en igual forma que siempre las conocimos en cuanto al número, si bien el legislativo se ha modificado con la introducción del método electoral para el Senado, el ejecutivo se encontraba muy restringido al limitarse la autoridad del Rey, y el judicial muy modificado, introduciéndose el Jurado, unificándose los fueros y variando por completo la organización judicial.

También sufren modificación por la misma Constitución, los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, á quienes desde luego se les considera como Cuerpos populares, y se modifican sus especiales organismos; concluyendo este Código con la manera particular de reformar la Constitución, muy parecida á la que determinaba el Código político de 1812, si bien aparentemente no son iguales sus preceptos.

Tales son, en pocas palabras, las reformas introducidas por la Constitución de 1869. Fueron éstas políticas y jurídicas, y hasta religiosas; pues de la pretendida intolerancia se pasó á la casi libertad de cultos, y no se llegó á ellas en absoluto, porque se temió ponerse en abierta oposición con los universales sentimientos católicos del pueblo español.

IV

Al amparo y bajo la protección de las ideas liberales consignadas en la Constitución de 1869, verificóse por las Cortes la elección de D. Amadeo de Saboya, como Rey democrático de España. Y es lo cierto, que durante su corto reinado, pro-