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Mr. Cremieux. Ni Mr. Julio Guesde, el fundador del partido obrero francés, ni su opositor Mr. Brouse, ni los jóvenes estudiantes del Café Soufflet, alma de las primeras agitaciones colectivistas, pertenecieron á aquella clase social, ni á ella perteneció tampoco el infatigable agitador socialista alemán Fernando Lassalle, ni pertenece el primer escritor de la escuela en Francia, Mr. Lisagaray.»

En cuanto á que para el éxito de las aspiraciones de la clase obrera haya de poner su confianza en el procedimiento revolucionario, el orador observa que, á su juicio, de dia en día, adquieren mayor vigor estas dos afirmaciones: primera, que en el estado actual de la política, y una vez resueltos los primeros problemas jurídico-políticos de la Europa moderna, aseguradas las condiciones elementales de nuestra vida social, los avances, las mejoras y las soluciones de mayor comodidad y progreso solo pueden conseguirse de un modo cierto y definitivo de la opinión pública y por procedimientos graduales y sucesivos. Segunda, que la emancipación de las clases ó la mejoría de los grupos sociales no podrá lograrse por el esfuerzo aislado de estos mismos grupos ó clases.

Entiende, por tanto, que, por efecto de la Revolución francesa, del desarrollo del comercio y la colosal importancia que han adquirido los inventos científicos e industriales de cien años á esta parte, se han afirmado en todos los países, de un modo indestructible (y salvas las contradicciones, intermitencias y deficiencias de todo lo humano), la libertad individual y el imperio de la opinión sobre todos los poderes políticos y todas las fuerzas tradicionales. De aquí la necesidad de otros temperamentos que los requeridos en la época del absolutismo y de la Inquisición, para asentar la base de la dignidad humana y de los progresos sociales. De aquí también el valor de la propaganda, es decir, de la propaganda realizada con energía, perseverancia y prudencia, en el supuesto de que la razón y la verdad se aman, y con la experiencia de que las victorias e imposiciones de la opinión se han realizado siempre después de haber sido ésta incesantemente solicitada e ilustrada suficie-
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tamente; para todo lo cual el orden político imperante, en la generalidad de los pueblos contemporáneos, ofrece medios y garantías.

Sobre el valor del movimiento socialista, el orador advierte que se ha podido rebajar algo su importancia después de la muerte de la Internacional hace ocho ó diez años, y de la división del partido obrero francés, y de las leyes antisocialistas de Bismarck, y de la exaltación de los conservadores ingleses.

Pero las cosas han vuelto á ponerse muy serias en estos últimos años. Las masas obreras se agitan; la protesta reformadora y socialista toma nuevo vigor, y los Gobiernos de todo el mundo se prestan á lo que quizá apenas se comprendía como un buen deseo hace medio siglo. Desde luego no puede pasar como cosa insignificante el progreso extraordinario que el partido socialista alemán, organizado en Gotha en Mayo de 1875, sobre los dos grupos marxista y lassalista, ha logrado, á despecho de las leyes de persecución dictadas por el Canciller Bismarck en 1878 y prorrogadas en 1884. Hace diez y seis años, sus candidatos obtuvieron en Berlín poco más de 2.000 votos. El año último pasaron de 94.000, y en la elección parcial de hace dos meses, ningún partido se ha atrevido á oponer candidato propio ó de coalición frente á los socialistas. En Sajonia, á pesar del estado de sitio de Leizig, los candidatos subieron en cuatro años de 129.000 á 151.000. En el Reichstag los demócratas socialistas representan 763.000 votos; hace diez y seis años representaban la sexta parte. Para apreciar este dato hay que tener en cuenta que los conservadores representan hoy 1.147.000 votos; sólo el doble que hace diez y seis años. Los nacionales liberales representan 1.677.000; es decir, sólo 500.000 más que en la otra época. Puede bien asegurarse que ningún grupo de los quince en que se divide el Parlamento alemán puede presentar un progreso parecido al del partido socialista. Pero quizá tan grave como todo eso es que las proposiciones que sobre reforma del Código industrial de 1869 presentaron al Reichstag, á mediados de Noviembre de 1885 los Diputados socialistas, bajo la dirección de los Sres. Bebel,
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Auer y Liebknecht, lejos de provocar escándalo, han encontrado benevolamente acogida en el Gobierno y en la Comisión parlamentaria nombrada para dictaminar sobre todos los proyectos relativos á la cuestión del trabajo. Los socialistas se fijaban, principalmente, en la concurrencia que al trabajo libre hace el trabajo de los presos, en la fijación de un máximo de horas de trabajo, en el descanso obligatorio del domingo, en la determinación de un salario mínimo, y en el establecimiento de las Cámaras de obreros. Un Ministro, compañero del Príncipe de Bismarck, no ha vacilado en decir en pleno Parlamento, que «si estas proposiciones expresasen todo el pensamiento y el espíritu de sus promotores, los autores de tales proyectos (calificados de simple protección á los obreros), podrían sentarse lo mismo á la derecha que á la izquierda del Reichstag.» Por lo pronto, de estas gestiones ha resultado la ley de Abril de 1886, que consagra la plena personalidad jurídica de las corporaciones industriales, así como otras diversas leyes sobre el trabajo de los niños en determinadas industrias.

En Francia, la cuestión del trabajo se ha plantead de otro modo y bajo otro patronato que el del dividido partido obrero. Todavía vibran en los aires las protestas de este verano y el ruido de las grandes huelgas de los terrasières de París y de los mineros de Saint-Etienne, eco de las más terribles de Auzin y de Decazeville de 1886, que auxiliaron algunos Consejos municipales. Pero de mayor trascendencia que todo esto son los acuerdos de la Municipalidad de París y las leyes de las Cámaras sobre el problema económico-social. Estas leyes son de pocos meses há, y se refieren al trabajo de los niños y de las mujeres (que no podrá pasar de once horas de día), á la seguridad y salubridad de los talleres y á la responsabilidad de los accidentes de que son víctimas los obreros en sus trabajos. De Marzo de 1884 es la ley que, derogando preceptos del Código penal, consagra la libre creación y la personalidad jurídica de los sindicatos de patronos y de obreros, y en general de toda clase de asociaciones profesionales dedicadas al estudio y defensa de los intereses económicos, industriales, comer-
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ciales y agrícolas. Y en aquel mismo año, y á instancias de Mr. Clemenceau, se constituyó en la Cámara popular una Comisión de cuarenta y cuatro miembros, encargada de estudiar la situación de los obreros, de la industria y de la agricultura en Francia, y de proponer lo que estimara oportuno para remediar esta situación. Después, las dos Cámaras francesas no han podido sustraerse á la incesante solicitud de todos los grupos parlamentarios para resolver sobre la cuestión obrera, figurando, en primer término, las proposiciones sobre regularización de las huelgas y coaliciones, establecimiento del arbitraje industrial, reforma de las Cámaras de comercio y de las consultivas de artes y manufacturas, sancionando el principio de la completa representación comercial é industrial, con inclusión de los obreros, creación del crédito popular y establecimiento de los asilos para los inválidos del trabajo y de talleres para los indigentes válidos. Por último, ha venido en este mismo año el Municipio de París creando la Bolsa del trabajo, publicando el arancel de los trabajos de la ciudad y decretando la tasa del pan.

De Inglaterra nada hay que recordar, porque en estos momentos mismos todos los periódicos nos hablan de la gravísima crisis producida por la huelga de los mineros de carbón del Yorkshire y el Derbyshire. Suceso cuya inmensa gravedad puede calcularse, pensando que la huelga se extiende á todos los distritos mineros, y que de no venir á un acuerdo obreros y empresarios ó directores, quedarán paralizados inmediatamente nada menos que 405 altos hornos, que consumen ordinariamente al año sobre quince y media toneladas de carbón, y producen siete y medio millones de toneladas de hierro, y quién sabe si también paralizada una gran parte de los transportes terrestres y marítimos de la Gran Bretaña. Por manera, que no se trata sólo del millón escaso de hombres dedicados á las minas carboníferas, sí que de una parte considerable de la industria total del Reino Unido. Con este hecho hay que relacionar otros, como, por ejemplo, la creciente importancia de las célebres Trades Unions, cuyo Congreso anual debe haberse
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de que el general Crespo había desembarcado en Venezuela al frente de 4.000 hombres. Todo falso; pero produciendo siempre la baja de valores, y teniendo en una alarma continua á las gentes crédulas y no bien informadas (1).

Por lo demás, la generalidad de los colombianos comprenden cuánto deben á la madre patria, que se sacrificó por fundar aquella hermosa República. Si, dan muestra de ello todos sus escritores, y especialmente los que han escrito acerca de la cuestión de límites que sostiene Colombia con Venezuela. De ellos hemos tomado las descripciones que nos hacen de la bondad y excelencia de las leyes de Indias en que se dispone la prohibición del derecho de conquista, sustituyéndolo por el grande y benéfico de las misiones. Oigámosles relatar lo que acerca de ellas dice el Sr. Doctor Aníbal Galindo:

«La dirección de estas misiones quedaba confiada por completo al misionero, escudado por entero con el Consejo de Indias, con el gobierno de la Metrópoli.

Lo perfecto y hermoso del espectáculo de las misiones lo pintan con bellos colores, con naturalidad y gentileza, los escritores que visitaron aquellas lejanas comarcas.

«El cuidado de las almas, dice Depons (2), está confiado en las Indias españolas á curas rectores, curas doctores y misioneros. Los primeros son los que asisten las parroquias en que domina la población española; los segundos, los que ejercen funciones curales en los pue-

(1) Con posterioridad se ha sabido el conato de insurrección de Crespo, que ha sido preso con todos los que nombró ministros. El digno presidente actual de Venezuela, Rojas Paul, ha obrado con acierto y prontitud y ha sabido conservar la paz.

(2) Viaje á la parte oriental de Tierra Firme, tomo II, edición de París.
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verificado en Londres en la pasada semana, y cuyo sentido dista lo indecible del que revelan las alborotadas turbas que, so pretexto de una manifestación, atropellaron hace un año al público morigerado y á los dueños de algunos comercios y establecimientos industriales de Londres, sembrando la alarma por todas partes, y que en este verano, pidiendo trabajo ó proclamando el reparto, han dado margen á los excesos de la policía en Hyde Park y, sobre todo, en Trafalgar Square.

En tanto, el registro parlamentario acusa leyes, proposiciones y debates cuyo alcance á nadie puede ocultarse. A la ley sobre habitaciones de obreros, de Agosto de 1885, sigue la ley sobre los agricultores de Irlanda: las minas de carbón y los mineros son objeto de la ley de Junio de 1866, en cuyo año se dictan medidas importantes, limitando el trabajo de los niños y menores de dieciocho años en los almacenes, sobre el trabajo de los obreros agrícolas irlandeses, sobre la responsabilidad de los patronos y sobre alojamiento de obreros en todo el Reino. No quiero decir nada de las leyes agrarias que se extienden á Escocia desde Irlanda, y paso por alto las proposiciones de Mr. Bradlaug para expropiar á los poseedores de terrenos incultos, de Mr. Parnell sobre rebaja de los arrendamientos rústicos, y de Mr. Criley sobre ampliación del Land Act de 1876. Tendría que decir mucho si me propusiese determinar el sentido de todas las reformas hechas en Inglaterra de quince años á esta parte (aun por el partido conservador), sobre arrendamientos rústicos y urbanos, y sobre la situación de la clase obrera, directamente favorecida por las dos grandes reformas electorales de 1867 y 1884.

Pero ya lo veís, señoras y señores; por todas partes aparece la reforma social. Estamos ya fuera del individualismo del Código Napoleón. Y todo cuanto nos rodea dice que el problema de las clases trabajadoras es un problema capital del último tercio del siglo xix.

En esta situación, el orador vuelve los ojos á nuestro país para preguntarse en qué términos está aquí planteado ese problema. Por las apariencias, apenas si existe, porque ni las agi-
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taciones de nuestros obreros han salido de lo corriente en estos últimos años, ni la famosa Mano negra de 1883 es un punto exclarecido de nuestra historia contemporánea, ni las Asociaciones de trabajadores han logrado una organización ni dado á sus aspiraciones la precisión, por ejemplo, de los obreros franceses, del Congreso de París de 1876, del de Lyón de 1878, y de los de Marsella y el Havre de 1879 y 1880. El último Congreso socialista español de Agosto de este año, celebrado en Barcelona, sólo ofreció la representación de tres mil trabajadores. Además, es evidente que de los programas de todos nuestros partidos políticos, y señaladamente de los avanzados, falta totalmente lo relativo á la cuestión social.

Pero no hay que fiarse de las apariencias. Las vaguedades é inconsistencia de las protestas obreras quedan muy detrás de la consideración de que el problema á que me refiero no es pura cuestión local, si que un problema de la época; de modo que las más tranquilizadoras apariencias pueden muy bien ocultar la labor interna y la crisis profunda, que con cualquier pretexto y á la hora menos pensada estalla, produciendo por todos lados asombro, confusión y desastres. La reserva ó la indiferencia de nuestros partidos sólo pueden servir de base para las censuras más enérgicas contra ese afán de muchos de nuestros políticos de reducir los problemas á la mera cuestión de forma de Gobierno ó al empeño apasionado de la conquista del poder. El error de las soluciones prácticas propuestas, con mayor ó menor escándalo, por los escasos publicistas con que cuenta entre nosotros, en el terreno de la especulación científica, la reforma social, no empece seriamente á la fortaleza de las críticas y á la existencia de la dificultad. Y las deficiencias de nuestras leyes, lejos de ser verdaderamente 'una razón de confianza y seguridad,' constituyen un poderoso motivo para que todos los hombres previsores y cultos recaben de nuestros poderes públicos la atención que en todo el mundo culto se presta de diez años á esta parte á estas cuestiones, cuya complejidad y trascendencia se ha impuesto como una de las más serias preocupaciones con que se despide este labo-
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rios siglo que se inauguró con la consagración explícita de la libertad del trabajo y la afirmación de la ciudadanía por cima de todos los privilegios tradicionales.

No se explicaría que en la agonía del siglo xix, en un pueblo regido por el sistema constitucional, en una nación relacionada directa y constantemente con todo el mundo culto, y particularmente con los grandes Estados de la Europa central y occidental, dejen de ser problemas gravísimos y urgentes las huelgas, los jurados mixtos, el trabajo de las mujeres, los niños abandonados, el trabajo de los niños, los inválidos del trabajo, los sindicatos de obreros, las Bolsas de trabajo, las Cámaras de trabajadores, etc., etc. No hay un solo Gobierno que no se ocupe de esto. No hay que hablar de Francia, Inglaterra y Alemania; ya han sido citadas. Pero lo mismo pasa en Bélgica, donde se acaba de crear una Comisión de reformas sociales, análoga á la creada en España en 1883, sin resultados prácticos; en Suiza, donde en 1884 y 85 se han creado asilos de trabajo y consejos de prud'hommes; en Italia, donde por primera vez acaba de verificarse una gran manifestación obrera en la plaza principal de Roma, y donde en 1886 se ha promulgado una ley sobre el trabajo de los niños, y en 1883 se ha creado una Caja nacional de seguros de obreros contra los accidentes del trabajo; de Austria, donde en 1885 se ha modificado la antigua ley sobre la industria; de la misma Rusia, donde de la colossal reforma de la emancipación de los siervos de 1861, complementada en 1881, se han decretado medidas de positiva gravedad, como las de 1885 sobre el trabajo nocturno de mujeres y niños mineros, y las de 1886 sobre relaciones de obreros y patronos y contratos de obreros agrícolas. Y todo esto combinado con grandes reformas pedagógicas en el sentido del desarrollo de la enseñanza industrial y de nuestros Conservatorios de artes y oficios.

Por otra parte, la deficiencia de las actuales leyes españolas es tan notoria, como son evidentes los progresos políticos realizados por nuestros obreros desde la época de la Novísima. Verdad que existen la ley promulgada por la República ha-
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cia Julio de 1873 sobre trabajo de los niños menores de diez años en las fábricas, talleres y minas, y la ley de Julio de 1878 sobre el empleo de niños menores de diez y seis años, en ejercicios religiosos de equilibrio, de fuerza ó de dislocación. Pero desgraciadamente, ambas leyes, y sobre todo la primera (recordada en 1883 por petición expresa por la meritoria Sociedad protectora de los niños de Madrid), están completamente en desuso. En cambio rige el art. 556 del Código penal, que castiga con arresto mayor á «los que se coaligaren con el fin de encarecer ó abaratar abusivamente el precio del trabajo ó regular sus condiciones,» frases grandemente expuestas á dañosas interpretaciones, bajo el imperio de las pasiones políticas y de la manera de entender ciertos partidos los fines y deberes del Gobierno.

Además, la varia y contradictoria jurisprudencia de nuestros Tribunales, interpretando el art. 198 del mismo Código que declara asociaciones ilícitas las que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral pública ó tengan por objeto cometer algún delito, deja en gran peligro la libre acción de nuestros obreros cuando salen del terreno de la pura propaganda.

En prueba de ello, sólo tengo que recordar fallos del Tribunal Supremo de Justicia, tan opuestos como el que en 1879 absuelve á una sección de tejedores que se proponía el aumento de jornal y la reducción de las horas de labor, puesto que «la coligación con este fin sólo es penable cuando procede abusivamente,» y el que en 1884 resueltamente establece que «una asociación colectivista y anarquista, ó sea constituida para emprender y sostener la lucha del trabajo contra el capital y de los trabajadores contra la burguesía,» es contraria á la moral pública. Todo esto, al lado del último Congreso socialista de Barcelona (que no ha sido denunciado ni perseguido ante los Tribunales), dice, por lo menos, que sobre estos particulares no hay formado exacto juicio en los círculos donde se hacen, cumplen ó aplican las leyes.

Además hay tres gravísimas cuestiones, sobre las cuales
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nuestros poderes públicos nada intentan. Primera, los accidentes del trabajo; segunda, la prostitución reglamentada; tercera, el impuesto de consumos.

Todos los días nos hablan los periódicos de terribles desgracias, de que son víctimas en las mismas calles de Madrid albañiles, carpinteros y peones, por la total ausencia de las más elementales precauciones en las obras particulares y públicas de la ciudad. Y llega á lo irritante el saber que todo esto pasa y se repite sin que las autoridades se dén cuenta del suceso, ó, por lo menos, adopten medida alguna eficaz para impedir la continuación de este horrible escándalo. Sólo ahora, en esta semana misma, hemos sido gratamente sorprendidos por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que atribuye la responsabilidad criminal y civil de reos de imprudencia temeraria á los dueños y constructores de casas que para la edificación ó restauración de éstas no adopten todas las medidas que hace indispensables la seguridad de los trabajadores. No hay para qué decir con qué calor me asocio á esta doctrina; pero no por ello se ha de prescindir de reclamar una ley precisa, terminante, justa, que se refiera al trabajo en general, y singularmente á las fábricas y los talleres, donde apenas son vistos los abusos y los desastres de que es víctima el desamparado trabajador, á quien se coloca frecuentemente entre el hambre y el suicidio por las condiciones peligrosísimas ó mortales de las operaciones industriales.

Nuestra patria es uno de los pocos países de Europa donde la reglamentación del vicio impera sin reserva de ninguna especie, hasta el punto de constituir una base de ingresos para la atención de las necesidades del Gobierno provincial. Los nobilísimos esfuerzos de la Federación británica y continental contra la prostitución, constituida en 1875 bajo la dirección del honorable Mr. Stansfeld; del profesor de la Universidad de Cambridge, Mr. Stuart, y, sobre todo, de la ilustre Josefina Butler (asociación cuyos constantes y crecientes éxitos en Inglaterra, Italia, Francia y Bélgica ocupan á diario á toda la prensa extranjera, y que el propio Sr. Labra, secundando á
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la Sra. Condesa de Precorbin, recomendó al público madrileño, en la misma cátedra del Fomento de las Artes, hará cosa de cinco años), no han producido hasta ahora el menor resultado en España. Sobre este punto, todo cuanto se diga tiene que ser deplorable, no exceptuando lo que pudiera ocurrirse respecto de la manera de ser interpretados y aplicados por el Ministerio fiscal y los Tribunales de justicia, los artículos 498, 501, 549 y sus correspondientes y complementarios del Código penal, sobre abandono y sustracción de niños y corrupción de menores.

Sobre el anticientífico, inmoral é inícuo impuesto de consumos nada hay que decir, porque en este punto apenas conozco quién hoy se atreva á defender semejante modo de tributación, que se ceba brutalmente en las clases trabajadoras y desamparadas, gravando fuera de toda medida los artículos de primera necesidad. No se registra en la historia movimiento popular que no se acentúe con la quema de las casillas de los empleados de consumos, y se necesita andar muy distraído para no oír por esas plazas y calles los edificantes comentarios á que se prestan el vergonzoso y cuotidiano registro de hombres y mujeres en las súcias salas de los fielatos, ó las ruidosas batallas con que matureros y guardas turban casi todas las noches la tranquilidad de los barrios extremos de Madrid, haciendo sospechar al forastero que vive en algún asediado pueblo del litoral africano.

Pero con ser tan generales las críticas, no por eso desaparece del presupuesto del Estado esta repugnante contribución, que sube á ochenta y ocho millones de pesetas (independientemente de cuarenta y siete y medio millones á que ascienden los derechos sobre aguardientes y azúcares peninsulares) y representa más del 10 por 100 de los ingresos generales. De donde se sigue que es preciso salir de las condenaciones sin consecuencia y de las disertaciones académicas, y que nuestros estadistas, nuestros políticos, sobre todo, los hombres de los partidos democráticos están, no ya obligados á discutir y presentar á la opinión pública y á nuestro Parlamento los me-