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cas mudejares toledanas, inspiradas en el Estilo mauritano, y las que son en Córdoba y Sevilla labradas durante las centurias XIII.ª á XV.ª; razón por la cual resulta á todas luces impropio el calificativo de mauritanos que se pretende dar á este linaje de monumentos. 3.º Que designados con el nombre de moriscos los musulmanes que permanecen en España, convertidos ó no al Cristianismo, después de la conquista de Granada, cuando no había ya en el territorio de la Península región alguna en que ejerciera dominio el Islám; cuando estaba cumplida ya la nobilísima misión de la Reconquista, circunstancia digna de ser reparada y que distingue sustancialmente al mudejar del morisco, y engendrando aquella grey expulsada en los comienzos del siglo xvii por Felipe III un Estilo especial que responde á su situación dentro de un pueblo totalmente cristiano, no es tampoco posible aceptar la confusión propuesta, que conduciría á la aberración de reputar de igual modo las construcciones, por ejemplo, que en Granada se ostentan, principalmente en el barrio del Albaycin, con las que enriquecieron y honraron á Toledo y Zaragoza, á Córdoba y Sevilla con otras varias en los tiempos medios.

Prescindiendo de otro linaje de consideraciones impropias del presente trabajo (1), juzgamos suficientes las razones expuestas para que, por ellas, quede plenamente probada la justicia con que son apellidadas mudejares las fábricas erigidas por los artífices de aquella grey singular, que contribuye eficaz y poderosamente al desarrollo de la cultura española en los días gloriosos de la Reconquista cristiana, acaudalándola con las tradiciones artísticas é industriales por ella conservadas con religioso esmero en medio de su servidumbre.

El Estilo mudejar, por tanto, cual se deduce de las indicaciones hechas, ofrece por su progenie, por su espíritu y por su

(1) Los lectores que lo deseen, pueden servirse consultar el estudio con el título de El estilo mudejar que publicamos en La Ilustración Española y Americana el año de 1885, y donde tienen cumplido desarrollo estas cuestiones.
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documentos, actas, reglamentos, memorias, etc., del Ateneo, se recogiesen y archivasen en el archivo de Palacio. Las laudables gestiones de los Secretarios Gómez Molinero, Burgos y Arrillaga (1870 á 1884), unidas á las de M. Nicto, han dado por resultado que se conserve hoy en el archivo del Ateneo de Madrid copia de los Estatutos, de dos Reglamentos y del acta de fundación del Ateneo en 1820.

Se reinstaló el Ateneo en 1835, por iniciativa de Olózaga, según dice Fernández de los Ríos en su Guía, ó por gestiones de Mesonero Romanos, á la sazón verdadero motor del proyecto, según afirmó en su discurso presidencial (Noviembre de 1874) el Sr. Marqués de Molins; gloria que quiso, en efecto, recabar para sí casi exclusivamente Mesonero Romanos. Narradas por él se hallan (1) las varias (aunque en definitiva felices) vicisitudes que fué corriendo de 1835 á 1840 el hijo predilecto de la «Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.» El 6 de Diciembre de 1835, en la antigua casa de Abrantes (propiedad del tipógrafo Jordán) calle del Prado, esquina á la de San Agustín, inauguró las tareas del nuevo Ateneo el primer Presidente de esta segunda época, el Duque de Rivas. La nota más acentuada de este discurso, aparte señalar el carácter general de la Asociación, consistía en afirmar el benéfico influjo de las asociaciones libres para el progreso de la cultura.

El 2 de Enero de 1836 fueron definitivamente aprobados los Estatutos (que rigieron hasta Marzo de 1850) del Ateneo científico literario y artístico de Madrid, que comenzó á dar señaladas y exuberantes pruebas de su vida, según el triple carácter que le constituía como Academia (discutiendo semanalmente en las cuatro secciones en que entonces se dividía, de Ciencias morales y políticas, de Ciencias naturales, de Ciencias matemáticas y de Literatura y Bellas Artes) como Instituto de enseñanza libre (estableciendo cátedras públicas y gratuitas y

(1) Memorias de un selénion.
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carácter muy subido interés, hasta el extremo de ser el que más propiamente puede alardear de intérprete legítimo de nuestra cultura, por elaborarse en nuestra patria con elementos ya en ella adaptados y recibidos, y en forma privativa de que no da ejemplo ningún pueblo de la tierra. Sembradas están por toda Europa las maravillas del Estilo ojival, como lo están en Oriente las del Arte mahometano; pero no hay en parte alguna ocasión ni momento en que, fundiéndose en uno el arte de Oriente y el de Occidente, produzca como resultado, nada comparable al Estilo mudéjar, vanamente combatido.

Determinar los caracteres con que se muestra en cada una de las regiones de la Península; establecer su legítima filiación; reconocer los elementos que entran en su composición en cada localidad, tarea es propia del arqueólogo, y que está no obstante sin realizar todavía por desventura, contribuyendo en parte á ello las colecciones de aquel Estilo que figuran en el Museo Arqueológico Nacional, y cuya distinción hemos procurado, con el mayor anhelo, para esclarecimiento de la historia de las Artes españolas.

Rodrigo Amador de los Ríos.

(Continuará)
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LAS REFORMAS EN FILIPINAS

LOS AYUNTAMIENTOS

IV

Excusando lucubraciones acerca del tan debatido tema de la centralización y descentralización administrativa, consideramos en síntesis que la descentralización debe ser la regla en la materia y la centralización la excepción. La tutela en el sentido rigoroso de la palabra, y que no sea de carácter fiscal, paternal y protector, la rechazamos, así como admitimos la inspección y vigilancia del poder central, mayor y más efectiva cuanto más se eleve la independencia municipal, compartiendo, en suma, nuestra humilde opinión, con un eclecticismo saludable y racional en los términos que sucesivamente manifestaremos.

Nuestro vigente derecho da á los Municipios una organización que, si no perfecta, es por lo menos aceptable, y lo sería mucho más el día en que se realizase la división territorial y
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consiguiente supresión de muchos que no reúnen condiciones de viabilidad.

La topografía del suelo, densidad de la población, medios de comunicarse y otras circunstancias análogas facilitan, en tesis general, el funcionamiento de nuestro organismo local, favorecido á la vez por el organismo provincial.

En Filipinas, estas cualidades típicas notablemente difieren, aunque también se impone la división territorial, siendo ésta más fácil y expedita por lo que toca á la creación legal de los términos municipales, en atención á no concurrir allí los inconvenientes de tradición y de interés político-local, que en la metrópoli son rémora constante de la reducción.

El organismo provincial en Filipinas es una sombra, está en embrión, y de él no nos hemos de ocupar aquí. Interesa, sin embargo, tenerlo muy en cuenta para la implantación ó acomodamiento de nuestra ley municipal, enlazada, engranada y amparada por la provincial, formando las dos un sólo todo jurídico-administrativo inseparable, correspondiente y armónico, hasta el punto de que parte de las disposiciones municipales quedarían incumplidas, estériles ó mutiladas sin las provinciales correlativas que las sirven de complemento y las prestan efectividad.

Nuestras Corporaciones provinciales, erigidas por sufragio á semejanza de las municipales, conocen de multitud de negocios, ilustran las decisiones del Gobernador poniéndoles coto y limitación, son avanzados centinelas de los derechos de la provincia, y concentran en su seno los organismos municipales para el mejor funcionamiento de los mismos.

Estos cuerpos presuponen una descentralización administrativa y un orden de relaciones y reglas de proceder que sería, hoy por hoy, imposible llevar al Archipiélago (donde no existen), aun para aquellas provincias mandadas por Gobernadores civiles y sujetas á las prescripciones de los decretos de 26 de Febrero y 5 de Marzo del 86, que en puridad no han venido más que á resolver abajo la batallona cuestión de mandos y división de poderes, que no ha sido poco.
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Pero el autoritarismo y unipersonalidad del poder central ha quedado subsistente, así como el sistema consiguiente á la reconcentración de facultades en los encargados de velar y regir la Administración pública.

De ahí, por tanto, que si bien las relaciones de la provincia para con el municipio y viceversa han de obedecer á idénticas miras y fundamentos que en la metrópoli, por la homogeneidad y concordancia de intereses, los modos legales de su expresión, su vitalidad, su ejecución no pueden ser los mismos, puesto que hay que atribuir á las autoridades gubernativas, según su orden y jerarquía, caracteres, facultades y funciones propias de nuestras entidades provinciales. Por manera que, el poder, el mando en todas las esferas, ha de estar más centralizado y resumido en los territorios oceánicos que en los de la Península española.

La asimilación jurídica absoluta tiene un valladar inespugnable en la naturaleza de las cosas y en la idiosincrasia de los lugares. A estos factores está sometida la confección de las leyes y su marcha evolutiva. Mientras la asimilación no exista en lo social, tampoco puede darse en lo legal, aunque se procure por este medio aquel resultado.

Y estas mismas ideas, genéricamente expresadas, porque no de otro modo se acomodarian á la índole del presente escrito, recomiendan circunscribir ahora la reforma municipal á los pueblos que se encuentran preparados y en condiciones de recibirla, como son, á nuestro juicio, los del Norte, ó sea aquellos que comprenden las Islas de Luzón, Visayas y sus adyacentes, algunas poblaciones de la costa de Mindanao y parte de las tierras que rodean el seno de Davao.

Las vastas regiones del Sur, tan inexploradas como desconocidas, habitadas en su inmensa mayoría por tribus salvajes y sanguinarias, más que leyes, que no saben apreciar ni cumplir, necesitan la ley de la fuerza, el imperio de la espada, la imposición y el miedo, hermanados con una política enérgica, hábil y discreta, que permita las exploraciones y el conocimiento de los usos, tendencias y cualidades de aquellas razas en general
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y de cada una en particular; y las rivalidades y diferencias que las dividen y separan para sacar partido y provecho del triunfo de nuestras armas, y asentar nuestra soberanía y prestigio de modo permanente y seguro, no perdiéndolos, como los perdemos, desde el instante en que nuestros soldados no pisan el suelo de sus hazañas y cesa el estruendo de la guerra, que hay que emprender de nuevo para reconquistar nuestros derechos y el brillo de nuestra bandera, sacrificando inútilmente hombres y dinero, día tras día, más enredados en esa desdichada tela de Penélope que nos desacredita y desangra.

Joló, Panaguá, Ponapé, el mismo Mindanao, ¿de qué nos valen? ¿Qué adelantó nuestra dominación en trescientos años? ¿Para qué nos sirven? La política de contemplación y de Dallos, para quien desconoce totalmente el derecho y vive de las correrías, del asesinato y del robo, es una política delirante y suicida. Yo no diré que tomemos por ejemplo el de los norteamericanos para con las llamadas pieles rojas; pero algo de esto hay que hacer, y no olvidar cómo se conducen los ingleses en las Indias que, á pesar de sus 200 millones de habitantes, dominan y explotan con un puñado de soldados, relativamente. Los pueblos salvajes no se mejoran ni las sociedades se civilizan si no se cortan los viejos troncos de la barbarie y sus raíces se arrancan de lo hondo de esa tierra malsana y estéril, tornándola á lo que Dios la destinó, que es nutrir el árbol del progreso y cosechar en ella los saludables frutos del trabajo.

Volviendo nuevamente á la división territorial, diremos que los términos municipales los traza la naturaleza y las circunstancias antes que el legislador, y por eso es que, si no puede establecerse sobre este punto en ningún país una regla general inflexible, mucho menos ha de poder establecerse para las Islas Filipinas, según veremos.

Suponiendo, empero, para nuestro estudio, tres tipos ó clases de municipios, los urbanos, los rurales y los mixtos, diremos que, en cuanto á los primeros, los principios que informan la legislación de la Metrópoli pueden aceptarse sin vacilar. También creemos que para los últimos reconocen eficacia y prác-
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tica aplicación, con ciertas variantes no sustanciales. Por lo que toca á los rurales, ingenuamente confesamos la insuficiencia de nuestro sistema.

No conceptuamos preciso definir científicamente estas tres clases de Municipalidades, ni tampoco señalar sus diferencias, ni esplanar las razones de la división. Poblaciones como Manila, Cebú, Cavitte, los dos Camarines, que presentamos como Municipios urbanos y mixtos, ¿podrán compararse y asimilarse, por lo que respecta á sus medios y facilidades de funcionamiento, dentro de una organización idéntica á la de la Metrópoli, con los del interior de Fayabas, Mindoro, etc., que ponemos por ejemplo de Municipios rurales? Ciertamente que no.

Mientras que en los unos la población está agrupada, goza de cierto grado de cultura y de superiores elementos de vida, en los otros sucede lo contrario; y como la acción municipal, para que sea fructífera, ha de hacerse sentir en todos los ámbitos del término, no tan sólo participando de ella sus habitantes sino concurriendo también á realizarla, de aquí que no sea adaptable para todos una misma organización, y que los Municipios rurales exijan algo especial en su mecanismo que, sin alterar en esencia el sistema general, le haga práctico y eficaz.

Más aún: los Municipios mixtos y rurales demandan atención, vigilancia y cuidado más inmediatos que los puramente urbanos. El ambiente que estos últimos respiran favorece y ayuda su progreso y funcionamiento. El ambiente que rodea á los primeros, si no letal, es, por lo menos, escaso de elementos de viabilidad y desarrollo. Y el fin común de los tres, de mayor perentoriedad y precisión en los mixtos y rurales.

Tomemos hipotéticamente, como base de raciocinio, un término municipal rural cualquiera, con una extensión de territorio que guarde relación con la población y medios naturales de vida. Desde luego habremos de suponer radicada la capitalidad en aquel pueblo ó lugar que tenga más importancia, ya que no el más céntrico. Allí va á funcionar el Municipio, y desde allí ha de partir la acción legal administrativa. Los indivi-
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duos de la Corporación no van á habitar en aquel pueblo ó sus cercanías precisamente, ni sería bien que así fuera, sino que habitarán y tendrán su fortuna y manera de vivir en sitios y poblados diversos, dentro de la zona municipal. Ahora bien. ¿Cuánto distan éstos entre sí y de la capital? ¿Podrán los concejales concurrir periódica y frecuentemente á la celebración de las sesiones y adopción de los acuerdos que han de ser objeto de la gestión municipal? Y esos acuerdos, ¿podrán ser fácilmente conocidos y ejecutados en todo el término? ¿Podrán serlo las órdenes y disposiciones consiguientes á los múltiples servicios que la esfera municipal abarca?

Es indudable que acerca de tan capitales extremos han de surgir serios inconvenientes y dificultades, bastando para penetrarse plenamente de ello echar una rápida ojeada sobre el mapa de las Islas, y tener ligera idea siquiera de la composición de aquellas poblaciones, y observar que hay hoy barrios que distan 40 kilómetros de la Prencipalía.

Y no se hable de Ayuntamientos chicos, que en absoluto rechazamos, que no deben subsistir, y si formarse grandes agrupaciones, aun á costa de aquellos inconvenientes, siempre menores que el fraccionamiento, pues éste traería la muerte de la reforma, el estancamiento de todo desarrollo local, la tiranía municipal, producto del actual sistema, dejando en pie los hondos males que tanto lamentamos.

Por tanto, la celebración de las sesiones, asistencia de los Concejales, ejecución de los acuerdos y cuanto en el particular prescribe nuestra ley municipal, si bien podrá tener efecto y practicarse regularmente en los Municipios urbanos y en muchos mixtos, no así en los rurales. Por eso es de rigor no aceptar, sin modificaciones capitales, el tit. II de aquella ley, principalmente los Capítulos III y IV, en lo tocante al funcionamiento de los Ayuntamientos, facultades y carácter de las personas que los constituyen y auxilian.

Un cuadro sinóptico, que daremos á la conclusión de este trabajo, acompañado de sus correspondientes datos estadísticos, facilitará la comprensión de los anteriores razonamientos,
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y confirmará su justicia y eficacia, y la justicia y eficacia de los principios á que ha de sujetarse la reforma propuesta.

Ya se advertirá, y más adelante con dicho cuadro á la vista, ha de mostrarse patente, que la institución de los cabezas de que hicimos extensa mención, vigorizada con las funciones asignadas á los Alcaldes de barrio, ó, mejor dicho, refundido en uno los dos cargos y extendiendo el cobro del tributo á mayor número de tributantes, está llamada á desempeñar papel importante en el organismo administrativo.

En su consecuencia, pensamos que los términos municipales, además de dividirse por distritos para los efectos electorales y designación de Tenientes, deben serlo también por zonas ó barrios, según la situación del territorio y composición de su población, para dotar á cada uno de ellos de un cabeza-alcalde, con facultades propias, ejercidas directamente bajo la inspección del Teniente del distrito, con quien podrán entenderse respecto de los asuntos que exijan ó merezcan su concurso, no obstante de hacerlo también con el Alcalde, dándole inmediatamente cuenta de aquellos de mayor importancia; de manera que el cabeza-alcalde sea un órgano de inteligencia y actividad de la Corporación, representante nato del Municipio, Fiscal y protector de las personas y de los intereses locales político-administrativos (aun en los lugares más apartados é incomunicados de la cabecera), que en otro caso pudieran pasar desapercibidos para la municipalidad y el mismo Teniente, imposibilitado de conocerlos, apreciarlos y atenderlos debida y oportunamente.

Sería igualmente de utilidad que estos cabeza-alcaldes concurrieran dos veces al año, cuando menos, á la capital, á exponer ante el Ayuntamiento, reunido en sesión extraordinaria, el estado, circunstancias, necesidades, aspiraciones y medios de los respectivos barrios, proponiendo cuanto creyeran conveniente para la buena gestión municipal y cumplido desempeño de los servicios públicos, levantándose por el Secretario acta circunstanciada, clara y expresiva de todo, en vista de la cual y de los informes ó exposiciones orales, pudiese
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la corporación discutir y resolver después cuanto estimase del caso sobre los distintos asuntos allí expuestos y tratados.

Quizá se arguya, entre otras cosas, que tales autoridades ó auxiliares administrativos producirían, á más de confusión y conflictos, un desolador nepotismo local más pernicioso que el de los gobernadorcillos, á quienes vendrían de hecho á reemplazar en todo lo que estos tienen de malo ó abusivo. Pero á poco que se medite, esta observación se desvanece.

Colocadas dichas autoridades bajo la dependencia inmediata del Alcalde y relativamente de los tenientes, que á su vez lo están de la corporación, formando un sólo todo, que recíprocamente se fiscaliza, ayuda y completa, su principal carácter quedaría reducido al de procuradores de los pueblos é intermediarios de la acción municipal. Cierto es que podrían cometer abusos (¿dónde no se dan?); pero serían prontamente corregidos y hasta evitados, supuestos que sus actos habían de ser interinos, preventivos ó de mera ejecución, y nunca de índole definitiva ó resolutiva, cualidad que ha de radicar únicamente en los del Alcalde-Presidente de la corporación ó en ésta, según los casos.

Si el sistema actual de las Principalias prevaleciese, que es precisamente lo que se trata de variar, entonces el argumento hallaría algún eco, porque esas autoridades ó auxiliares vendrían á ser satélites de los Capitanes (gobernadorcillos) dóciles y obedientes á sus mandatos personales, sin consideración á su cargo municipal. La idea de que el cargo es emanación de la ley y rueda de la máquina administrativa, otorga independencia al que le desempeña, y quita la parte personalísima y peligrosa que en semejante concepto lleva consigo. A este fin entendemos que el nombramiento de los cabeza-alcaldes debiera de efectuarlo la corporación misma al constituirse, en forma análoga á la empleada para la designación y elección de las categorías. Claro es que el Alcalde, como jefe superior de la administración municipal local, lo sería también siempre de aquellos agentes auxiliares.

Por lo demás, por mucho que se afine la línea de separación
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entre lo meramente administrativo, y lo civil y judicial, no es fácil llegar a priori á fijar absolutamente la competencia del respectivo círculo jurisdiccional.

Esto que pasa aún en las Naciones más adelantadas y habituadas al régimen de la división de los poderes es, y no puede menos de ser en el Archipiélago un hecho real, de notoria trascendencia en la vida pública y privada, que importa no olvidar un sólo momento.

La creación de los Gobiernos civiles en Luzón, las innovaciones que en la recaudación y administración de los impuestos se han ido sucesivamente introduciendo, y las otras reformas judiciales operadas, han puesto los jalones para el deslinde de los poderes, sus atribuciones y jurisdicción, huyendo de los escollos que ofrece un Gobierno unipersonal, y la reconcentración en un sólo empleado de funciones judiciales administrativas, económicas y hasta militares, con desprestigio y daño de la causa, de la justicia y del orden público.

Pero al mismo tiempo que este deslinde interesa, interesa también sobremanera no recargar de personal la administración pública en sus varias ramas, ya por no reclamarlo el número y calidad de los relativos asuntos, ya para conservar tradiciones valiosas dignas de respeto, ora para no romper la unidad y vigor del poder, y, en fin, porque la fácil expedición y despacho de los mismos negocios y el interés particular y común de los asociados pide muy alto cierta pluralidad de funciones, aunque difieran en su naturaleza jurídica.

Al implantarse, por ejemplo, en las islas el Código penal metropolitano (con las modificaciones consiguientes) y quedar encomendado el conocimiento, averiguación y castigo de los delitos á los Jueces de primera instancia (antiguos Alcaldes mayores) y Audiencias territoriales, en grado de inspección y apelación, la materia de fallas en la Metrópoli, sometida á los Jueces municipales, hay que, de igual modo, encomendarla forzosamente á alguna autoridad, la cual consideramos que debe ser el Alcalde como magistrado popular conocedor de las cuestiones y de las personas que por tal motivo caen bajo la