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dando conferencias) y como círculo literario, echando las bases de su hermosa biblioteca y de su gabinete de lectura. En el año 1836 se trasladó el Ateneo á una casa de la calle de Carretas, después á la plaza del Angel, núm. 1, y de allí (1848), á la calle de la Montera. Ocupó el Ateneo, hasta su reciente y definitiva instalación (1884), en el Palacio que posee, construido de nueva planta en la calle del Prado, el destartalado piso principal de la casa de la calle de la Montera, donde atravesó días de grandes apuros económicos (1867), de los cuales salió gracias á un largo período de economías, que comenzaron con la supresión del gas y continuaron cerconando las compras para enriquecer la Biblioteca, por entonces ya muy bien dotada, aunque no tanto como requerían las exigencias imperiosas de la cultura siempre creciente y como la necesitaba la voracidad insaciable de lectura de aquel hermoso espíritu de M. Nieto, alma por entonces en discusiones, conferencias y polémicas de pasillo.

Vieja, de pobre mobiliario, casi miserable y ahogadísima la casa de la calle de la Montera, en ella vivió el Ateneo periodos de los más brillantes de su existencia, creciendo el interés que despertaban sus discusiones, ensanchando cada vez más el alcance de sus tareas, aumentando el número de sus socios y llegando en 1874 á situación más desahogada. Ella le permitió el lujo de algunas comodidades, restaurando interiormente la casa y acogiendo de nuevo el ya antiguo proyecto de construir un local propio, ilusión que ve hoy convertida en dichosa realidad.

La historia detallada del Ateneo equivaldría á la de la cultura patria en los últimos tiempos, pues ni punto de avance ni periodo de marasmo ha existido que no repercuta en esta Sociedad del Ateneo. Por aquellos lúgubres y ahogados pasillos de la casa de la calle de la Montera han pasado todas las notabilidades de nuestro país, sin distinción de opiniones ni colores políticos; en aquella anchurosa y mal acondicionada cátedra se han expuesto las más encontradas opiniones, y no ha vivido, por corta que haya sido su existencia, idea, opinión ó conjetu-
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acción de la ley, y además porque, atendido el modo de ser de la vida local filipina, los hechos allí determinantes de las faltas guardan relación y engrane con el carácter correccional del cargo de Alcalde.

En cuanto á los asuntos civiles, son aplicables análogas razones para confiar igualmente á los Alcaldes las contiendas de pequeña cuantía, así como en principio las suplencias por enfermedades y vacantes de los Juzgados de primera instancia, si bien en la mayoría de los casos convendrá, para la pronta y cabal administración de la justicia, que las Audiencias nombren Jueces interinos, como se ha venido haciendo. La acción y luces del Ministerio fiscal, la de los procuradores síndicos y aun los mismos cabeza-alcaldes pueden—según las distintas situaciones legales—ayudar las funciones judiciales de los Alcaldes, conforme se desprende de lo que anteriormente hemos indicado.

Porque el establecimiento de Jueces municipales, adoptando la organización de nuestros tribunales de justicia, sobre complicar los procedimientos, provocar conflictos y choques jurisdiccionales y aumentar gastos gravando á los justiciables, sería hoy por hoy completamente estéril en atención á no recomendarlo todavía, ni el cúmulo de los negocios, ni su importancia, y conspirar todo á la sencillez y simplicidad de los trámites y de los fallos que, entregados en esta parte á una autoridad de origen y elección popular, revestirán un aspecto patriarcal y de veredicto, que tan saludablemente influye en las costumbres públicas y en la conciencia judicial del ciudadano. Y si, á pesar de esto, la corriente asimilista y reformista quisiera imponer sus fueros, nosotros aceptaríamos el establecimiento de los Jueces municipales solamente para las grandes poblaciones ó Ayuntamientos urbanos.

No empecería, sin embargo, al desenvolvimiento del sistema municipal la existencia de dichos Jueces, porque esta rueda judicial se movería en su propio círculo (aunque con los rocamientos apuntados), sin dar ni quitar á los municipios, en lo económico-administrativo, nada de lo que le compete é interesa á su vida y á su régimen.
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LAS REFORMAS EN FILIPINAS

Una salvedad, por extremo grave, no obstante, conviene dejar en todo evento bien consignada. Y vamos á intentarlo con el detenimiento que á nuestro parecer merece.

Si conservar incólume y vivo el principio de autoridad, reforzándole siempre, constituye en todas partes una necesidad de gobierno, en Filipinas es una imposición de las circunstancias y modo de ser de su vida pública y privada, y preciso corolario del sistema liberal y descentralizador que la reforma ha de inaugurar. Bien se recordará lo que á propósito de la presión y energía gubernativa decíamos en el precedente artículo.

Pues por los motivos allí significados y suficientemente ex- planados en diversos lugares de este modesto trabajo, enten- demos que la base absoluta de la separación de funciones y de poderes en que se asientan las disposiciones de nuestro vigente derecho municipal, no puede aceptarse.

Es indispensable que la potestad coercitiva y jurisdiccio- nal de los Alcaldes y Ayuntamientos recorra más extensión y tenga más amplio alcance: que no esté reducida al simple y mero mandato e imposición de la pena, sino que comprenda la parte ejecutiva y de ejecución.

Así, por ejemplo, pueden el Alcalde y el Ayuntamiento im- poner multas en los casos y términos expresados en los artícu- los 77 y 98 de nuestra ley, como emanación de las obligacio- nes y facultades que, según el 73, 113 y más concordantes de la misma, corresponden á uno y otro, y medio necesario de cumplir aquéllas debidamente. Esto es lógico y justo.

Pero si el multado resiste el apremio de la autoridad munici- pal y no paga la multa, la autoridad municipal tiene que im- petrar el auxilio de la judicial, única competente para hacerla efectiva en la forma y manera prescritas en dicho art. 77 y sus correlativos 185, 186 y 188. Y precisamente esto que se ob- serva en la Metrópoli lo conceptuamos funesto y, en la actua- lidad, impracticable en el Archipiélago.

Funesto, porque aparte la debilitación del principio de au- toridad que en general implica, no se acomoda á la tradición, costumbres locales, índole y estado intelectual de los habitan-
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tes y género especial de relaciones que mantienen entre sí y para con la corporación, ni tampoco á la defensa y cuidado de los intereses comunales, concepto común que merece el Municipio, y robustecimiento legal que exige su funcionamiento, actos y determinaciones.

Si aun en la Península, especialmente en los Municipios rurales, se troca en daño de la administración local y menoscabo de la autoridad gubernativa semejante proceder, ¿qué no sucedería tratándose de Filipinas? Allí se tendría por anómalo y absurdo. No se concebiría. Se diría: ¿qué Alcalde y Ayuntamiento es ese que tenemos y nos han dado, que carece de facultad para hacer ejecutar lo mismo que manda? Porque esa sería, en conclusión, la síntesis del juicio público; que las cosas hay que verlas en su conjunto y resultados efectivos, apartándonos de teorizaciones incomprendibles para las masas, máxime cuando estas masas son de suyo indoctas, inactivas é indiferentes. Y además, ¿qué idea tendrían los individuos de la comparación de su propia fuerza, valimiento é importancia ante tal mutilación, deficiencia ó separación de atribuciones?

No; de llevar allí integra las prescripciones de nuestro derecho en la materia, proclamaríamos la anarquía administrativa abajo, el desfallecimiento arriba, en medio el indiferentismo y, por último, la desautorización y descrédito de la reforma. Pondríamos las cosas en peor situación de lo que están. Los resortes de la acción administrativa y de la presión que demanda el desarrollo del trabajo y de la iniciativa individual para satisfacer los fines comunales se relajarían profundamente, lo mismo que los vínculos de respeto, obediencia y sumisión que han de ser más firmes y fuertes, cuanto es mayor la libertad y menor la cultura y conocimiento del derecho de los administrados. Alcalde y Ayuntamiento han de tener en este punto facultad para juzgar y ejecutar lo juzgado: para imponer y exigir: para mandar y ser obedecidos.

¡Qué cuidado! La potestad coercitiva municipal en Filipinas no aparece ni puede aparecer respecto de los negocios de su competencia y servicios que le toca llenar y vigilar tan redu-
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cida como en la Península, porque aquí tenemos el cuerpo ó Diputación provincial, tenemos casi separado lo económico y rentístico de lo meramente administrativo local, el orden público, regido y garantido bajo otras bases y estructuras; mientras que en el Archipiélago no es así. Ni hay cuerpo provincial, ni de policía, ni Hacienda independiente y autónoma. Todo cuanto esta organización peninsular induce y comprende, y los servicios especiales que determina, yace allí confundido y amalgamado, de cuya amalgama y confusión participa en primer lugar la Municipalidad.

Así es que ésta tiene hoy á su cargo el orden público y la guarda de las personas y propiedades, encomendados principalmente á un cuerpo armado que depende de la Principalia (cuadrilleros), sobre el que en otro lugar hablaremos (y también de los alguaciles) que, si puede ser susceptible de modificación, no de supresión ni de otra dependencia inmediata que no sea el Alcalde y los Ayuntamientos. Que el Municipio, por medio del cabeza, recauda el tributo; y la experiencia enseña que, si cabe mejora en la percepción, no en la forma de realizarla. Que la Hacienda pública, sin la eficaz cooperación del Municipio, sería impotente en la mayoría de los casos. Que el Gobernador civil y el político-militar necesitan que la autoridad que les represente en las localidades, y sca ejecutora de sus órdenes, se halle revestida de todos los prestigios del poder, porque en otro supuesto la responsabilidad de todos sería ilusoria é injusta. Que todavía ayer había en Luzón, y existe en otras islas, un Alcalde mayor que, á la vez que desde el Tribunal fallaba un pleito civil ó criminal, mandaba á los mismos á quienes acababa de juzgar á trabajar á las obras públicas, prestar el servicio de polos ó les exigía el pago del sanctorum.

Todo esto no hay que perderlo de vista para huir de idiológismos y de teorías, que en tantas ocasiones han hecho fracasar los mejores propósitos; y aquende y allende los mares han perturbado el orden social y económico de la vida nacional. Si se considera de rigor é imprescindible que el Capitán ó Gobernador general permanezca rodeado de fuerza moral, material
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y legal, esta fuerza ha de reflejarse también en todas las autoridades y corporaciones que de él dependen, porque la fuerza de éstas es la fuerza de aquél, y la vida de las mismas es la que ha de alimentar y sostener su propia vida. Esto no estorba á una prudente y juiciosa descentralización, ni á que quien resuelve y ordena una cosa sea el que, con la consiguiente dependencia y responsabilidad, la ejecute. La razón esencial, que en el caso concreto de las multas (puesto como ejemplo), ha tenido la ley para encomendar su exacción á la autoridad judicial, y que consiste en el completo deslinde de los poderes y esfera privativa de la Administración, no se da aquí, y sería por otro lado impracticable, como hemos significado, mucho más cuando al propio tiempo hubimos de considerar necesario atribuir á los Alcaldes el conocimiento de las faltas y la jurisdicción accidental de los Jueces de primera instancia ó Alcaldes mayores, quienes, después de todo, en ningún supuesto sería posible que hiciesen siempre, sin distinción de cuantías, la exacción de las multas, atendida la inexistencia de Jueces municipales, cuya creación deseamos por supérflua y ocasionada á más males que bienes.

Otras observaciones de no menos valor que las apuntadas concurren igualmente á confirmar nuestros juicios.

El censo de población, si bien ha de servir para determinar el número de Concejales y categorías correspondientes á cada Municipio, la escala que para el caso establece el art. 35 de nuestra ley tiene que sufrir forzosamente alteración relacionándola con los tributos porque, de aceptarla, sobrevendrían dificultades, anomalías y deficiencias perjudiciales á los servicios públicos y administración local. Es también inaplicable el art. 36, porque la división de distritos en barrios ha de ser fundamental y precisa, así como dotar á cada barrio de un cabeza-Alcalde en las condiciones y con las facultades atrás dichas, máxime cuando el Cap. II del Tit. III sobre administración de las propiedades de los pueblos tampoco es dable que rija en los términos que está concebido, por las razones que expondremos cuando tratemos de esta materia.
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Lo hemos repetido muchas veces. La composición, agrupación, densidad y exigencias de la población filipina difieren grandemente de la nuestra y, por tanto, las reglas de la organización municipal en esta parte no pueden ser las mismas. Muchos Concejales pueden ser una rémora para el funcionamiento de los Ayuntamientos. Pocos una dificultad. El aumento relativo de aquéllos, á más de la población, está directamente sometido á otras causas ya manifestadas y perfectamente visibles, con sólo considerar lo que son y han de ser allí los Municipios, según la clasificación científica de urbanos, rurales y mixtos, hecha para su mejor comprensión y estudio.

Por ello se viene en conocimiento de la necesaria modificación del Cap. III de dicho Tit. III, pues que si la asistencia á las sesiones ordinarias puede ser asequible en los centros de población numerosa (Municipios urbanos y algunos mixtos), no en cuanto á los restantes; y como el art. 104 requiere, para celebrar sesión y tomar acuerdo, la mitad mas uno del número de Concejales, y que aquélla tenga lugar en las Casas Consistoriales, pena de nulidad, resultaría en la mayoría de los casos tardía, ineficaz y poco celosa la acción administrativa, entorpecida á cada paso con detrimento de los intereses comunales, sobre todo en las épocas de lluvia y de fuertes monzones que afligen de continuo las comarcas, siendo estériles ó poco equitativos los apremios y multas que por la no asistencia impusiesen los Alcaldes, y ordinario y corriente lo que el mencionado art. 104, en su segundo párrafo, consigna como excepción y último recurso.

Para conciliar útilmente estas dificultades precisa buscar un temperamento saludable, que podría consistir en que una comisión, compuesta del Alcalde, un Regidor á lo menos (que siempre residiría en la cabecera) y el Secretario, se ocupase del despacho diario de los asuntos que exigiesen acuerdo municipal para todo lo que fuere de trámite y urgente, dando cuenta de ellos al Ayuntamiento en las sesiones ordinarias, que podrían ser una cada mes ó dos cada tres meses, alternando en todo caso los Concejales en este trabajo. Una docena de ve-
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ces al año no habría de ser imposible, y nunca excusable que concurriera número suficiente para que hubiera sesión y se tomase acuerdo, y bastaría además para discutir y resolver los negocios pendientes sin menoscabo de nadie.

Y si á esto se agrega las funciones que incumben á la Junta municipal, la carencia de cuerpos provinciales y la oposición natural que toda reforma encuentra, pues siempre afecta intereses más ó menos legítimos, el indicado procedimiento ó otro equivalente parece que por sí mismo se impone.

Ahora no hay para qué decir cuánto se relacionan las modificaciones expresadas, respecto al modo de funcionar los Ayuntamientos, con las atribuciones y competencia de los mismos, específicamente determinadas en los artículos 72 y 73 de la ley de la Metrópoli, que si pueden y deben servir de norma y adaptarse para el Archipiélago, no sin las variantes reclamadas por la constitución interna de los territorios ó términos, la imposible aplicación en parte del art. 84 de nuestro Código fundamental y el estado, fines, exigencias de la propiedad comunera y municipal, asociaciones de los Ayuntamientos y cuanto sobre tan importantes particulares indican el número 3.º de dicho art. 72 y el art. 81 correlativo de éste.

Fuera del interés de todo Gobierno en el fomento y protección de cuanto se encamina á la seguridad, policía é instrucción, obras públicas, etc., basta para convencerse de ello reparar en la manera de formarse y agruparse la población filipina, y en las costumbres que presiden los lugares constituidos para vivir la vida social-municipal, primer aspecto de su existencia económico-administrativa.

El reglamento de 25 de Junio de 1880 sobre composición de terrenos y otras disposiciones análogas, que no nos incumbe examinar, patentizan que el título de adquisición de las tierras es el primi occupantis. Las llamadas leguas comunales son una vana fórmula, porque cada cual ocupa, cultiva y edifica los baldíos que mejor le parece, y según le parece, comprendiendo en la denominación de baldíos los terrenos comunales y realengos. Las agrupaciones urbanas obedecen, más que al cálculo y
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á los preceptos de la policía, á la casualidad, calidad de las tierras é idiosincrasia de los habitantes ó pobladores.

Es de todo esto inequívoco testimonio el que los barrios, en multitud de pueblos, distan del centro municipal respectivo 40 kilómetros ó más (según ya dijimos), y que el importe de los diezmos prediales (que es el impuesto que se paga por las tierras realengas, sometidas á la posesión y cultivo particular, nombradas comunmente haciendas) apenas si llega á 40.000 duros. «Si se registra la historia de los labradores en todo el Archipiélago, dice un publicista, se verá que no hay ninguno regularmente acomodado que haya empezado con capital;» y agrega: «la escasez de brazos, falta de capitales, abundancia de negocios mercantiles, exceso de tierras incultas que no necesitan más que el desmonte para hacerlas inmediatamente productivas, y cuyos gastos quedan indemnizados desde el primer año de producción, comunicaciones imposibles, tales son los caracteres principales de la vida económica en todas las Islas del Archipiélago.»

Añádase luégo la clase y variedad de los ingresos de la administración local y provincial, los hábitos encarnados en una sociedad rural dominada y regida arbitrariamente por Gobernadorescillos, ayudados de los satélites del tribunal (de los cuales hay, puede decirse, uno si no dos en cada pueblo), la división en gremios, castas y clases, y dedúzcase cómo estará allí constituida la propiedad y la población, factores esenciales de las bases del sistema municipal.

¿Cabrá dudar ahora de la conveniencia y necesidad de las innovaciones y modificaciones propuestas á nuestra ley municipal en lo relativo á los extremos y materias que hemos analizado? No cabe (dicho sea con la modestia propia de nuestra pequeña) dejar de reconocerlas y llevarlas á la reforma; pero partiendo siempre de un principio de igualdad común, rigoroso, inflexible, á saber: «Todo habitante de un término municipal, sea natural, mestizo, peninsular, extranjero, depende sin distinción del Ayuntamiento del mismo término; está sujeto á sus ordenanzas y jurisdicción, y obligado á cumplir los acuer-
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dos y determinaciones que dicte dentro de sus atribuciones y del círculo de su competencia.»

Como complementaria de este principio viene la circunscripción municipal, punto muy controvertido y grave por la variedad de aspectos que ofrece su estudio y determinación. A ella van, en cierto modo, anexas la aplicación de esenciales doctrinas político-administrativas. En su resolución entran causas de distintos géneros, ideas contradictorias y opuestos intereses y conveniencias. Lleva en su seno algo así como la delimitación de fronteras, algo que deja entrever el peligroso y amenazador problema de las nacionalidades.

¿Han de constituirse grandes ó pequeños términos municipales? ¿Han de sacrificarse en aras de la extensión territorial condiciones topográficas, etnográficas y sociales de los lugares, ó han de ser estas condiciones las que regulen los términos? ¿Cuál de los dos elementos reconoce la preferencia? ¿Será más ventajosa y expedita la administración y progresos de la vida local en circunscripciones reducidas que en circunscripciones extensas? En suma, empleando una frase vulgar, pero gráfica: ¿Qué valdrá más, ser cabeza de ratón ó cola de león?

Si el asunto se mirara individualmente, pocos dejarían de decidirse por lo primero. Considerado colectiva y socialmente, ya es otra cosa. Y después de todo, no se extrañe que los pueblos y localidades, guiados de un secreto impulso personal, pretendan y ansien Ayuntamiento suyo, gobierno suyo, régimen suyo, autonomía y nacionalidad suya, lengua, etc., etc. La lucha entre el individualismo y el socialismo es visible en todos los órdenes en que se manifiesta la actividad del humano ser.

Pero no ahondemos tanto el problema. Más modestos, prácticos y circunscritos en nuestra tarea, preguntamos: ¿Contribuirá inconscientemente á formar opinión el amor propio de todos y el particular interés de muchos ó de algunos?

El caciquismo que en la Metrópoli levanta tanto clamorco, reconoce por una de sus principales causas el fraccionamiento municipal. Ese mismo caciquismo, que bajo otro ropaje y apa-
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riencias desangra y aniquila el Archipiélago Filipino, si no se origina, á lo menos también se sustenta de ese fraccionamiento agravado por la gremialidad.

La llamada Principalia es mansión del abuso, de la desigualdad, del desconcierto y atraso local. Cada pueblo, en tesis general, por pequeño que sea, tiene un Gobernadorcillo, tres Tenientes, dos Regidores ó Jueces, como allí se les denomina, tres Alguaciles, veinte cuadrilleros, un cabeza de Barangay por cada cuarenta tributos, un Teniente por cada barrio apartado, y de 1.000 á 4.000 tributos (no hay regla fija), aumenta el número de todos menos el Gobernadorcillo; y de 4.000 en adelante se duplica ó llega al máximo de ochenta Cuadrilleros, diez y seis Alguaciles, diez Regidores, doce Tenientes de pueblo, tres Tenientes en cada barrio, y un cabeza de Barangay por cada cincuenta tributos. Si en el pueblo hay suficiente número de mestizos para formar gremio aparte, se nombran dos Gobernadorcillos, cada uno con sus correspondientes subalternos y satélites como si constituyesen un solo pueblo con independencia entre sí. Todos estos Señores del Tribunal están exentos de tributo. No queremos copiar otros pasajes en que comenta estos datos el escritor filipino, de quien literalmente los tomamos, ni siquiera ampliarlos, porque los estimamos suficientes para nuestro razonamiento, y somos enemigos de las exageraciones.

Si, pues, los administrados se sienten profundamente lastimados por los daños e injusticias de que son víctimas, no pueden menos de convenir (aun los mismos causantes de ellos) en lo intolerable y desastroso del sistema que los acarrea y en lo urgente de su variación. La exención del tributo, al fin y al cabo, á todos afecta perjudicialmente, porque los que no le pagan hoy tendrá que pagarle mañana. Pero como la Principalia y los cargos se vinculan á manera de feudo ó Señorío, no es sólo el aliciente de esta exención, sino el de otras obvenciones y preeminencias, de que es tan pródiga la administración filipina, lo que hace pasar el statu quo como única organización posible.

Y todavía en este terreno, á los que pudieran parecer más