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cance del ramo de loterías; Caja especial para atender á las obligaciones de Fernando Póo.

El 10 de Marzo de 1880 se hacían del dominio público las declaraciones anteriores, y el 11 de Agosto del mismo año á él se entregaban también las declaraciones siguientes:

Que la Comisión de las Cortes, inspector de la Deuda pública, en la Memoria extraordinaria que creyó conveniente presentar á los Cuerpos Colegiadores el 19 de Junio último, manifestó la opinión de que había necesidad de reformar la organización de las oficinas de la Hacienda y de investigar el estado actual de las mismas. Añádiese entonces: que el tiempo trascurrido desde 1851 bastaría para que el organismo administrativo, entonces creado con las formas que parecieron más convenientes para las especiales condiciones en que las Deudas se encontraban por las leyes del arreglo general de aquel año, que necesitaban ya de algunas alteraciones; además, se reconocía que estaban éstas exigidas por la complejidad y la magnitud de las operaciones meramente administrativas.

Igualmente en el año 1880, el 27 de Julio, decía el Ministerio de Hacienda, que se había creído siempre necesario que la Administración central de la Hacienda pública posea medios vigorosos y eficaces de inspección sobre la provincial, y aunque quizás nunca ha sido tan grande y tan evidente esa necesidad como ahora, pocas veces ha sido tan escaso el número de inspectores.

Nosotros hemos llamado la atención repetidas veces sobre la defectuosa organización de la Inspección general de Hacienda, y el defecto principal le hemos encontrado en la influencia perniciosa de la política que hace siempre juguete de los partidos políticos los propósitos mejores.

El Ministerio de Hacienda, en su afán de corregir abusos y de contener despilfarros, ¡intento vano!, publicó en la Gaceta de 27 de Junio de 1880 una ley que las Cortes habían decretado, y la Corona había sancionado, por la que se disponía que los departamentos ministeriales no podían crear nuevos servicios, modificar los existentes, ni disponer sus gastos respecti-
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vos, sino dentro del importe de los créditos autorizados, sin que en caso alguno pudiera dejar de preceder al otorgamiento del crédito la ordenación del gasto, bajo la responsabilidad personal del Ministro.

En la misma responsabilidad se declaraba que incurrían los Jefes de los departamentos ministeriales, los Ordenadores y los Interventores.

Además se disponía por la ley expresada que el Gobierno presentara anualmente á las Cortes, con el proyecto de Ley de Presupuestos, una relación de los servicios que puedan por su naturaleza exigir ampliaciones de crédito.

La obra del Sr. Cos-Gayón no podía ser más laudable; la enseñanza que de ella resulta no puede ser más provechosa; los defectos administrativos no pueden ponerse mejor de manifiesto; la constancia que supone un trabajo penosísimo es imposible que aparezca más de manifiesto.

Pero el mar de fondo queda subsistente en la navegación que hace la nave del Estado. Y como se ve esto, es comparando tiempos con tiempos.

En el año 1880, con cuatro Ministros de Hacienda que contaba la Restauración, con un poder dictatorial que había sido ejercido imperiosa y justificadamente; cuando el propósito manifiesto estuvo y las necesidades reclamaban una reforma honda y homogénea, que pudo estar meditada sosegadamente; cuando el honor de la bandera reclamaba todo esto y la salud de la Patria lo pedía á voz en grito, entonces se tomaban medidas dentro de una misma situación política que eran contradictorias, débiles en sus efectos las más de las veces, y sobre todo, ineficaces desde el instante que se veían los defectos del urdimbre.

Pues, ¿á quién hacer creer en la efectividad de la responsabilidad ministerial, por faltas legales de contabilidad, que no desdoran realmente al funcionario público, cuando hemos visto en la última legislatura, con motivo de discusiones electorales, que no se ha considerado delito la falsificación, ni ha hecho fe el testimonio notarial, ni ha podido mantener su prestigio la
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pultándose en él por la fuerza misma del choque. Si acudimos entonces, encontraremos trozos de piedras abrasadas que se enfrian rápidamente, propiedad especial de estos cuerpecillos.

Estas piedras caídas del cielo, estos pedazos de estrellas fugaces apagadas, se llaman aerolitos ó piedras meteóricas. La ciencia tiene formadas varias colecciones de esta clase de piedras celestes, á las cuales, para distinguirlas de las rocas terrestres, se las da también el nombre especial de meteoritos.

Este fenómeno ha impresionado vivamente á la humanidad desde los tiempos más remotos; y en los poemas de la India y en muchos autores chinos, griegos y árabes, se encuentran descripciones curiosas e interesantes de lluvias de piedra, de hierro y de otras sustancias.

Diógenes de Apolonia, filósofo jonio, que creía que los astros eran de piedra pómez, escribió 400 años antes de Jesucristo estas célebres palabras:

«Entre las estrellas visibles se mueven también otras invisibles, á las cuales, por consiguiente, no se las ha podido dar nombre. Estas caen muchas veces sobre la tierra y se apagan, como aquella estrella de piedra que cayó toda encendida cerca de Ægos-Potamos.»

Plutarco, Plinio y otros historiadores hablan de esta piedra que cayó hace más de dos mil años; y Aristóteles creía, no pudiéndose explicar su origen, que era una masa terrestre arrancada de su asiento y lanzada á enorme distancia por la poderosa fuerza de un huracán.

La idea emitida por Job y sustentada por Anaxímenes y por la antigüedad toda sobre los cielos de cristal, hizo creer á muchos historiadores y filósofos de esas edades, que los bólidos y aerolitos no eran otra cosa que pedazos de cristal desprendidos del resto del cielo y arrojados á la tierra (considerada entonces como centro del Universo), á causa de la acción destructora del tiempo, ó por el violento choque de un cuerpo celeste.

Tampoco faltó quien se imaginara, para explicarse la caída de esos corpúsculos en pleno día, que eran trozos encendidos provenientes del sol; pero ¿qué de particular y raro puede ofre-
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Comisión de actas graves en su elevada misión de tribunal de justicia?

Por otra parte, cuanto quiso preverse y que fuese castigado en el año 1880 dentro de la esfera de acción del Ministerio de Hacienda, ¿no está en pié con todos sus defectos y calamidades en el año 1887? Además, aquel Gobierno conservador, como este liberal, ¿no consideran patrimonio suyo el presupuesto del Estado y su administración, según opinión unánime de la prensa periódica, y las quejas que se levantan, ora por el hombre de ciencia, ora por el ciudadano sumiso á la ley, ora por el contribuyente que sufre las cadenas del tributo, ora por el individuo laborioso?

¿Qué mayor prueba de atraso, desorden é injusticia puede darse que una ley de consumos, con sus reglamentos inquisitoriales y su aplicación vejatoria?

Ciento que el 31 de Diciembre de 1880 había mejorado el Crédito público, puesto que se cotizaba el 3 por 100 consolidado á 21'75, y la Deuda flotante importaba unos 150 millones de pesetas. Pero no es tampoco menos cierto que, al dirigirse la Corona á las Cortes, se expresaba en estos términos:

«Señores Diputados y Senadores: Uno de tantos motivos como os obligan á ocuparos preferentemente en la organización definitiva del presupuesto nacional, lo reclama, ver de conseguir que, en adelante, se realicen más rápidos progresos. No es fácil que dejéis de ver con satisfacción donde estábamos en esta materia poco hace y donde estamos. Anulado el crédito público, cuyo signo es siempre la Deuda consolidada, tanto á causa de los abusos del capital como de la suspensión del pago de los intereses, no fué posible liquidar nuestra última guerra civil, como en todas partes se liquidan los enormes gastos de las guerras, que es repartiéudolos entre la generación que vive y las venideras. Fué, pues, inevitable buscar, primero en cuantiosos préstamos de Deuda flotante, con hipoteca de efectos públicos, y luego en creaciones de nuevas Deudas amortizables á corto plazo, y especialmente garantidas por las rentas públicas, los recursos que era inútil pedir al crédito. De
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resultas, lleva hoy sobre sí este país, por amortizaciones, una carga superior á las fuerzas de casi todos los demás, y, siendo cada año menor el capital de sus deudas y mejor su situación económica, se saldan, no obstante, con notable desnivel sus presupuestos.

Vayamos por partes.

A España no ha sido posible, cuando la Restauración, liquidar los enormes gastos de la guerra como los liquidan las demás Naciones; pero sí fué posible, por medio de préstamos de deuda flotante, con hipoteca de efectos públicos, levantar fondos; también obtenerlos más tarde con las creaciones de deudas amortizables, cuando era inútil pedir recursos al crédito. Mas, ¿qué se hizo sino usar de éste, sólo que en condiciones desventajosas? ¿No resulta, en verdad, que por medio del crédito fué como pudieron obtenerse los recursos? ¿Y no pudiera ser que el Estado, artificioso, para no alarmar más de lo que estaba la opinión del país haciendo un llamamiento de nuevos sacrificios por medio directo, lo quiso hacer por el indirecto?

Ciertamente que no puede juzgarse favorablemente á una situación económica después de fijarse en las líneas precedentes, con mayor motivo leyendo á continuación de ellas la declaración de que se saldan, no obstante, con notable desnivel, los presupuestos. Y eso que la deuda pública anterior á la Restauración se pagaba sólo por ella una tercera parte de renta.

Era en aquellos días cuando decía el Estado á la Nación, por medio de las Cortes, que era preciso persuadirse de que había llegado la ocasión de contener resueltamente el déficit, aminorando, con ventaja común, algunas de las más graves obligaciones actuales, y acrecentando además los ingresos públicos, ya con la adopción de nuevos impuestos, ya con la reforma de los existentes, sin imponer mayores cargas al suelo nacional.

De los nuevos impuestos, cuando no era prudente imponer mayores cargas, puede decirse de ello, como se dijo, que era inútil recurrir al crédito público cuando se hacían creaciones de deudas amortizables.
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No quisiéramos, ciertamente, decir nada que pudiese resultar acusación personal, porque por lo mismo que pensamos con toda libertad, ésta nos dispensa de acudir á medios que lastimen á las personas, y ella nos favorece para preferir la esfera de los principios donde está el supremo bien, que es dado alcanzar, discurriendo, para buscar la verdad, que deberá ser siempre el desideratum humano.

Declarado esto, pasemos á concluir la parte de crítica patriótica que nos propusimos hacer respecto á la gestión económica de nuestros Ministros de Hacienda en los años de 1879 y 1880.

Siempre persiguiendo el objetivo, para robustecer la argumentación precedente, y con la aspiración de contribuir á la enmienda de nuestros gobernantes, vamos á llamar su atención de otros hechos que ocurrieron al finalizar el año 1879.

Declarado por nosotros el íntimo enlace, sino en todo, en la mayor parte de los actos de la vida oficial que hacen el Ministerio de Fomento y los demás Ministerios, pondremos el caso del Real decreto de 19 de Noviembre de 1879, por el que aquél Ministerio presentó á la deliberación de las Cortes un proyecto de ley, declarando de utilidad pública el actual sistema que, para la calcinación de los minerales de cobre, venían empleando las empresas mineras de la provincia de Huelva.

Decía el Ministerio de Fomento que, para no resultar estéril la riqueza de aquellas minas y no lastimar los intereses de los industriales que allí empleaban su capital, y sobre todo, los de las empresas de Río Tinto creados al amparo del contrato que celebró con el Estado, fué declarado de utilidad pública el sistema empleado por las empresas.

Sobre esta declaración y sus consecuencias no hemos de decir más sino que es para llamar la atención, que en el año 1887 acudan ante el Ministro de la Gobernación las empresas reclamando el ejercicio de su derecho, y los pueblos protestando de la ruina que sufren por las explotaciones mineras.

También son del Ministerio de Fomento otros dos proyectos
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de ley de trascendencia, y que acusan una vez más nuestro desorden administrativo. Nos referimos á los ferrocarriles que siguen en proyecto, de Teruel á Sagunto y de Catalayud á Teruel, el uno; de Linares á Almería el otro. Ocho años han transcurrido de esfuerzos estériles para conseguir la realización de tan importantes líneas férreas, lo cual prueba como se calcula y proyecta en España, para llevar adelante empresas de verdadera utilidad para los pueblos.

Los de la provincia de Huelva se quejan amargamente del modo de explotar sus minerales cobrizos; los de las provincias de Teruel y de Almería no pueden disfrutar aún las ventajas que reporta una línea de camino de hierro.

Eso sí, en el mismo mes, que por el Ministerio de Fomento se proyectaba lo expuesto anteriormente, entonces fué publicada una circular del Ministerio de la Gobernación á los Ayuntamientos reclamándoles un estado de su presupuesto municipal. Lo que han sido luego esos estados y esos presupuestos, lo ha puesto de manifiesto en el año 1887 la prensa periódica al ocuparse del presupuesto municipal de Madrid.

Seguramente que el derecho administrativo queda mal parado al contemplar desde la autoridad municipal á la ministerial en actividad. Mas ¡qué desencanto repetido uno y otro día! La centralización se impone, el partido político la maneja á su antojo, el partidario la conduce según sus fines, y el país paga los vidrios rotos.

Esto es lo que vino á decir, en suma, por medio de la Gaceta oficial, el 30 de Noviembre de 1879, el Consejo superior de Agricultura, Industria y Comercio con las palabras siguientes:

«Si el estudio de las complicadas cuestiones que abarca el llamado derecho diferencial de bandera es por demás difícil y enojoso, son tantas las eminencias en la ciencia económica que lo han acometido, tan luminosas las Memorias publicadas, tan evidentes las demostraciones aducidas, que no puede menos de llamar la atención que lo que parecía haber pasado á la categoría de los asuntos históricos reaparezca á intrevalos y vuelva á ser motivo de nuevas discusiones.»
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Natural es, añadimos nosotros, que suceda así, porque las cuestiones no se plantean sobre principios fijos, y se resuelven, además, con mal arte, por la dependencia á que obliga á vivir la pasión política.

Por eso, desde las cuestiones de la construcción del ferrocarril de Almería y de las explotaciones mineras de Huelva; desde la organización del presupuesto municipal y el del Estado; desde las funciones de las oficinas que intervienen en la Deuda pública; desde la información sobre el derecho diferencial de bandera hasta llegar á las alturas que ocupa la Representación nacional, de donde oye los discursos de la Corona, momento solemne para que ésta diga á aquélla toda la verdad de una situación económica, todo parece que vive subordinado á un mecanismo que se mueve á impulsos del error.

Del error, en tanto cuanto el derecho político no se desarrolle con los propósitos al desarrollo del derecho civil, y en tanto cuanto que éste no pueda funcionar dentro de un régimen económico, que deje de ser la opresión del Estado sobre los pueblos; y que la riqueza, reconociendo éstos sus ventajas, no la consideren, sin embargo, como la meta de la felicidad superior del proletariado.

Bajo esta impresión, vamos á ocuparnos de la gestión económica del Ministerio de Hacienda en el año 1881.

En él fué una situación política, sustituida por otra. A un partido reemplazó otro, fundándose el cambio en altas razones de Estado.

Ciertamente que no hemos de ser nosotros quienes nos detengamos á aquilatar el valor de aquellas razones. Tanto más, cuanto que con los cambios ministeriales y la sustitución de un partido político por otro, el entrante nos da armas y facilita medios para exponer con exactitud los errores y faltas del partido saliente y de sus contrarios que le son adversos. Aun con sus planes más meritorios. Ejemplo es de ello el Ministerio de la Gobernación, con sus disposiciones, para depurar la inversión que dieron á los productos de sus bienes desamortizados los Ayuntamientos, en el caso de haber vendido sus inscripciones
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intransferibles de Deuda consolidada del 3 por 100, ó en el caso de haber dispuesto de la tercera parte consignada en la Caja de Depósitos. ¡El Estado! Esta entidad, de tan malos ejemplos en la gestión de la Hacienda nacional, pidiendo estrechas cuentas á los gestores de la Hacienda municipal.

Por entonces se legisló también, desde el Ministerio de la Gobernación, con la aspiración de normalizar el pago, por los Municipios, de los gastos de enseñanza. Pero los maestros de escuela siguen poco menos que muriendo de hambre en muchos casos. También se quiso llevar las reformas por aquellos días á los contratos de préstamos que hicieran las Diputaciones y los Ayuntamientos.

Mas querer ordenar la provincia y el municipio, ante el espectáculo de conflictos de competencia entre los Ministerios de Gobernación y de Fomento; como el que tuvo lugar con motivo de construcciones civiles, tratándose de una reforma en el interior de la población, no costeada de fondos generales, resolviéndose que el conocimiento de los asuntos comprendidos, bajo la denominación de construcciones civiles, corresponde al Ministerio de la Gobernación.

El de Fomento tuvo, pues, que desistir de ingerirse en ese terreno de las construcciones, y ocuparse especialmente de la información para el establecimiento del crédito agrícola; de la carta forestal, rectificación del catálogo de montes públicos, repoblación de éstos, su mejora y fomento; de la descripción de la flora y de los planes anuales de aprovechamiento, según el reglamento de Mayo de 1865, mientras no se ordenen definitivamente los montes. Reconociéndose lo complejas que son en sí las propuestas de aprovechamientos, por la variedad de disfrutes, así como por el diverso carácter con que se realizan, haciendo necesario un detenido y minucioso examen de ellas, tanto para conciliar la necesidad de los montes, con las necesidad que pretendan satisfacer los pueblos y las exigencias del consumo, como previene el reglamento de 17 de Mayo de 1865, cuanto para poder juzgar con acierto y pleno conocimiento de la materia antes de ser aprobados.
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También el Ministerio de Fomento, considerando como uno de sus más importantes deberes el de promover las obras públicas, por cuantos medios estuviesen á su alcance, en beneficio de las necesidades de la agricultura y de los intereses materiales del país. Igualmente considerando necesario desarraigar las preocupaciones existentes contra la Administración del Estado, en virtud de las cuales se le acusa continuamente de oponer obstáculos y suscitar dificultades á todo lo que intenta ó plantea la iniciativa individual. Recomendaba el Ministerio, recomendaba á los funcionarios públicos la tramitación de los expedientes, con justicia y diligencia. Respecto de los inmensos tesoros que, encerrados en su suelo, tenía la Nación española, reconocía el Ministerio que la época del renacimiento minero, comprendido entre los años 1825 y 1849, no pudo ser más fecunda y brillante; hace la historia del desarrollo de esa industria, y censura la ley de minas reformada de 4 de Marzo del año 1868, y el decreto-bases de 29 de Diciembre del mismo año. Y el Ministerio de Fomento tenía la persuasión de que, si ha de lograrse que los funcionarios públicos llenen cumplidamente la misión que les está confiada, es necesario que á más de exigirles condiciones que garanticen su suficiencia y rectitud, se les retribuya de una manera que esté en armonía con los trabajos que prestan al Estado. Pero desgraciadamente la situación de la Hacienda pública no consiente que se acometa desde luego una reforma general, por todo extremo necesaria.

Viniendo siempre á parar, por más rodeos que se den, á tener que sufrir siempre las consecuencias del estado desastroso de la Hacienda. De manera que, los Ministerios de Gobernación y de Fomento, en íntimo enlace con el de aquélla, sentían la necesidad de reformas, mejoras, se esforzaban para conseguirlo; pero es indudable que por culpa de todos no podía conseguirse el objeto, como podría demostrarse estudiando los resultados de las reformas indicadas, y la prueba de esto vamos á encontrarla enumerando lo que dijo y lo que hizo el Ministerio de Hacienda en el año 1881, cuando á un Ministerio conservador sucedió otro liberal.
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Conviene hacer la enumeración por orden cronológico.

Pudieramos decir que rompe la marcha la historia de la visita de la Inspección de Hacienda. Siguen luego la sustitución de la Asesoría por la Dirección de lo contencioso; nuevas alteraciones en la acuñación de la moneda; aumento de calderilla y relación de sus abusos; exposición de principios fijos y generales para la subasta de tabacos; el hecho extraño de necesitarse suplementos de crédito á raíz de poner en vigor un presupuesto; atraso de rendición de cuentas de 1868, y atraso mayor después; atención que se pone en la inversión de gastos de material, en necesidades extrañas á él; suplemento de crédito á favor del Ministerio de Estado; desacuerdo entre los Cuerpos Colegiados; necesidades apremiantes de la Administración; progresos que se señalan en la renta de tabacos, para justificar las esperanzas de mayores ingresos; síntoma alarmante que se considera el aumento de déficits.

El Ministerio de Hacienda, no queriendo ser menos que los de Fomento y Gobernación, antes por el contrario, aspirando á superarlos en proyectos reformistas y cuidando de poner de manifiesto el legado que recibía de una serie de errores cometidos por la situación que inauguró el periodo de la Restauración, cuidaba de ofrecer ventajas sobre las que pudiera haber tenido el mando del partido conservador, á fin de que resultase superioridad en el aciertodelmando que ejercía el partido fusionista.

A decir verdad, el propósito era muy laudable y el compromiso de los más serios que puede tener contraídos un bando político.

Porque éste que tomó bajo su dirección las riendas del Gobierno se formaba, en gran parte, de hombres comprometidos seriamente por la Revolución, que quisieron con ella hacer triunfar la libertad, pero que no pudieron conseguirlo por falta de orden. Con éste querían ahora realizar el triunfo de la libertad, y siendo el intento por segunda vez, el honor estaba más empeñado, la conveniencia más comprometida, la enseñanza era mayor y la opinión podía mejor entender lo que se la decía y lo que se hacía para cumplir el programa.