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80 mil pesetas al de la Gobernación como suplemento de crédito.
114 mil al de Hacienda (presupuesto de 1879-80).
La ley expresada acaba diciendo que serán provisionalmente cubiertos con Deuda flotante del Tesoro el crédito extraordinario y los suplementos de crédito. Es decir, que no obstante los trámites que preceden á la ultimación de los presupuestos y la importancia de ellos, aún no habiendo circunstancias extraordinarias, se necesita enmendarlos.

Ocurre al encontrarse con estas irregularidades de los presupuestos, poner de manifiesto los inconvenientes que tiene la confusión que se hace de lo que es verdaderamente poder administrativo y servicios administrativos del Estado. En virtud de cuya confusión resulta esa influencia avasalladora y deletérea que ejerce el Estado sobre el ciudadano, y éste que, como entidad individual, necesita respirar en una atmósfera libre aspirando las ventajas que puedan reportar de ser y vivir socialmente, el ciudadano que ofrece una parte del producto de su trabajo para que el Estado realice lo que no puede cumplir él, se encuentra, que no tan sólo los servicios que paga y los auxilios que remunera no vienen en apoyo suyo, sino que la injusticia se extrema tanto, los errores son tan innumerables, que á semejanza del ciudadano griego, el ciudadano español busca la justicia del Estado, leyes que garanticen la vida del trabajo y... ¡vana ilusión! La realidad cubre de harapos la hondadez, mientras que el caciquismo, á manera de tela de araña, todo lo noble, la laboriosidad y los miramientos, de todo hace botín de guerra.

No por esto queremos decir que todos los políticos sean politiciens, ni que éstos lo sean con conciencia de sus errores. A cada cual lo suyo, y el que se considere inocente que arroje la primera piedra.

Entre tanto, nosotros seguiremos haciendo historia.

En la Gaceta de 3 de Enero de 1879 se publicó la ley dictando reglas para una operación de crédito, fundada en la garantía de bonos, y entre aquéllas se lee que la enajenación de
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los Bonos del Tesoro que se hallasen en cartera afectos á operaciones de la Deuda flotante, y en garantía subsidiaria de las obligaciones del Tesoro, y en el Banco Nacional de España, se limitaría á la suma nominal de 250 millones de pesetas, y para completarla el Banco devolvería desde luego al Tesoro el número de bonos que fuese necesario.

Como se ve, la madeja seguía enredada en cuanto á la situación del crédito, á la exactitud de los cálculos, y por lo que corresponde á los remedios para curar el mal. Esto por lo que respecta á los apuros del Tesoro.

Veamos ahora algo, no más, de lo concerniente á las rentas que son producto de un monopolio; y nos referimos á la renta de tabacos.

Por un decreto publicado en la fecha que queda citada antes, se decía en la exposición que le precedía, que no sin causa lamentaba la Administración el descenso de sus valores al restablecer en 26 de Junio de 1874 el estanco absoluto. Que vigorizada la Administración y reprimido con energía el contrabando, la renta de tabaco presentaba desde el año 1875 en sus productos una progresión constante y crecida, puesto que ascendieron á 78 millones de pesetas en el ejercicio de 1875, á 90 millones en el de 1876 y á 97 millones en el de 1877, calculándose en 110 millones para el año 1878. Sin embargo, se creó entonces una junta encargada de proponer las reformas que en la renta de tabacos debieran adoptarse para aumentar sus rendimientos.

Aquí ocurre preguntar si los estudios de aquella junta y los sucesivos dieron por resultado adquirir la convicción de entregar el monopolio del tabaco á la industria particular. Porque este ha sido el final, hasta cierto punto, con aplauso de todos los partidos monárquicos; como ha sucedido con el monopolio del transporte oficial en nuestras colonias, declarándose el Estado, en dos servicios públicos importantísimos, impotente para realizarlos, con menoscabo de nuestra marina oficial y de nuestros antiguos funcionarios de rentas estancadas.

Por otra parte, la influencia democrática de que se alardea
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Muchas personas han tenido en sus manos estos pedazos á que nos referimos; la ciencia ha hecho su análisis químico, y en los principales centros científicos del mundo existen ejemplares de esas piedras caídas del cielo.

Véase, pues, cómo el hecho es cierto; pero ¿cómo caen sobre la tierra?

Vamos á explicarlo.

Cuando vemos un rastro de fuego sin espesor á través del cielo estrellado, que no hace más que cruzar las alturas de la atmósfera terrestre, es producido por una estrella fugaz propiamente dicha, la cual al atravesar nuestra envolvente aérea, continúa más allá su camino tornándose de nuevo sombría é invisible; pero cuando se acercan lo bastante para presentarnos un diámetro sensible, ya no es una estrella pequeña, sino un globo de fuego, grande á veces, que deja en pós un reguero larguísimó y espléndido de luz, perceptible algunas veces en pleno día.

Este globo inflamado, en lugar de estrella fugaz, se llama bólido, por más que en el fondo la una y el otro constituyan un mismo fenómeno.

Con frecuencia el bólido atraviesa el espacio y desaparece como vino, sepultándose de nuevo en la inmensidad; mas en otras ocasiones estalla en medio del aire sin que podamos percibir el ruido que ocasiona á causa de la distancia que lo separa de la tierra, no así cuando está próximo, en cuyo caso el efecto que produce la explosión es tan espantoso, según aseguran testigos presenciales, que las casas tiemblan, las puertas y ventanas se abren y la mayor consternación se apodera de las gentes que presencian tan inaudito fenómeno.

El bólido, al estallar, se divide en fragmentos candentes en medio de una nube de humo y de vapores que reemplazan el resplandor primitivo del meteoro, y cada uno de sus fragmentos estalla también á su vez, produciendo un ruido comparable á una descarga de artillería.

Estos pedazos caen sobre la tierra, y se han presentado algunos casos en que el bólido entero ha caído sobre el suelo se-
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que existe en la esfera gubernamental queda contradicha, y en pie esas gigantescas empresas que son de influencia decisiva en los destinos de los pueblos, y á cuyo desarrollo ha contribuido bastante el republicanismo.

También en los comienzos del año 1879 fué creada por ministerio de la ley una comisión para que procediera inmediatamente á redactar un proyecto de reformas en la organización administrativa, civil y económica, y en el procedimiento administrativo. Mas no ignora ningún español lo que sigue siendo la administración española para el español que no tiene tradición política, ó que por ella existe alguna venganza que satisfacer.

También en el año 1879, con motivo de la revisión general á que quedó sujeto el catálogo de montes públicos, decía la Administración pública, desde el Ministerio de Hacienda, con el afán de desamortizar más y más. Las especies arbóreas que cubren las montañas, los montes, cuyos productos seculares sólo guarda sin riesgo la tutela permanente de la Administración, los terrenos comprendidos en la zona forestal, los bosques, en suma, que un alto interés social exige fomentar por su influencia en el clima y en la distribución de las aguas, por la necesidad de sus productos para la construcción civil y naval, por las necesidades de la vida, y por el amparo que prestan al cultivo agrario, continuarán exceptuados de la desamortización.

Pues bien; basta considerar cómo se hace el servicio de montes, no obstante las aspiraciones del ilustrado personal del ramo, que ha de estar dependiente de la influencia del caciquismo, para poder apreciar lo que sucede en la realidad y pensar si llegará el día de la creación de una compañía monopolizadora de montes, como existen la de tabacos, la Trasatlántica y otras.

Todo es de temer en un país, donde el 25 de Enero de 1879 decía el Ministerio de Hacienda, que la ley de 17 de Mayo de 1878 disponía terminantemente que se aplicase á la amortización de Deuda consolidada toda la parte correspondiente al
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Tesoro en la venta de Propiedades y derechos del Estado que, por leyes anteriores, no tuviese señalado otro empleo. Añadiendo: No ofrece dudas, á la luz de los principios que sirvieron de base á la ley de arreglo de la Deuda de 21 de Julio de 1876, la conveniencia apremiante y notoria de acelerar la minoración del capital representativo de la Deuda, ya se atienda al interés del Tesoro en recogerle á los tipos corrientes (14,50 por 100), que permiten suprimir la obligación perpétua de un rédito mayor aun dentro de sus actuales límites, que el devengado hoy por la Deuda flotante, ya se consulte á las exigencias más altas del crédito y á las esperanzas legítimas que los acreedores del Estado fundan, no sólo en la escala diferida del interés, sino también en la confianza de que la amortización acreciente el valor del capital.

Del desarrollo de la doctrina que antecede resulta una verdadera confusión, que es hija principalmente del afán inmoderado de dominar las circunstancias por medios empíricos más que por principios verdaderos. Pues aun en lo único que aparece real, que es la amortización de Deuda pública á tipos bajos, esto, lo que prueba principalmente, es el descédito nacional, pues bueno es recordar aquí que el 3 por 100 francés se cotizaba entonces á 76,95, y el consolidado inglés á 96,25. Porque en años críticos, aun cuando estuviera vencido lo peor, resultará siempre que se fiaba entonces bastante en una desamortización, más que otra cosa ficticia, como medio poderoso para salir de apuros, pues el tiempo ha venido á poner de manifiesto cuanto á pretexto de la desamortización pública se ha destruido de masas arbóreas, y cuán poco valen los restos que quedan con relación á las necesidades, no digamos sólo del año 1879, sino que también del año 1887, por lo que concierne á las necesidades apremiantes del Tesoro público.

Por otra parte, lamentando el Estado, desde la Presidencia del Consejo de Ministros toda la extensión de la calamidad extraordinaria que el cielo había enviado (así decía el 19 de Octubre de 1879) sobre las provincias de Alicante, Almería y Murcia, castigadas años enteros con las angustias de una per-
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tinaz sequía, y cuyos habitantes habían visto en pocas horas deshechas sus viviendas, disponía que se abriese una suscripción nacional para el alivio de los que habían sufrido por causa de la inundación. Todo lo que, bajo el punto de vista de la caridad, encontramos justo y meritorio, tanto más, que se partía del principio de que el cielo había enviado la calamidad, la que descendió realmente desde las alturas tan empinadas de donde nace el río Guadalentín en la provincia de Almería que, como tributario del río Segura, le trasmitió la calamidad enviada del cielo, llevándola este río á las vegas de las provincias de Múrcia y de Alicante.

Pero la calamidad verdadera, lo que fué y volverá á ser el día menos pensado, es un castigo del quebrantamiento de las leyes naturales por las leyes positivas, que en cuanto sean contrarias éstas á aquellas, el castigo ha de hacerse sentir pronta, rápida y patentemente. Y esto es lo que sucedió en el caso presente. Que por haber destruído, no aprovechado, las masas arbóreas de las cumbres y laderas donde brotan las fuentes, que son origen del río Guadalentín, ni las lluvias son periódicas, ni las corrientes encuentran obstáculos que contengan su impetuosidad, ni puede oponerse medio alguno efectivo al desbordamiento de los ríos.

El cultivador del fondo de los valles, que en el caso presente son los labriegos de las huertas de Múrcia y de Orihuela, ignora ó desconoce la importancia del daño con que le amenazan las desamortizaciones legales ó fraudulentas, y como la calamidad de la inundación le viene desde tan alto y el Estado le hace creer que está enviado del cielo, lo cree así, aún cuando aquella sea obra exclusiva de los hombres, por quebrantamiento de las leyes naturales ó alguna de ellas.

Así que, si encontramos destituida de fundamento científico la apreciación que hizo la Presidencia del Consejo de Ministros, lo mismo tenemos que decir respecto de una circular del Ministerio de la Gobernación, que tiene la fecha de 21 de Octubre de 1879, cuando espera que por el Ministerio de Fomento, y con el auxilio de la ciencia, se harán los estudios necesarios
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para mejorar las condiciones hidrológicas de las cuencas de los ríos, que es el medio principal de evitar las inundaciones. Supuesto que, como creemos haber demostrado anteriormente, está destituido de fundamento, en el sentido que se da por el Ministerio. Casi otro tanto pudiéramos decir de la respetable Junta de Senadores y Diputados para socorro de las comarcas inundadas, cuando afirma el 29 de Octubre de 1879, que para preparar convenientemente los trabajos, ha solicitado y obtenido del Ministerio de Fomento los servicios de seis ingenieros de caminos, que salieron para estudiar sobre los sitios de los desastres la manera de remediar los sufridos y de prevenir los venideros.

No porque neguemos la ciencia necesaria, suficiente y legal á los seis ingenieros. Antes al contrario, creemos firmemente que ellos supieron que el remedio verdadero tenía que ser más radical, sin que por esto se desconozcan los secundarios, y los males que son también de esta categoría y que están enumerados en la circular.

Como para nuestro estudio basta dejar consignado lo expuesto para venir á la demostración de nuestro propósito, que consiste en hacer ver cómo la Hacienda nacional tiene su mayor enemigo en los desaciertos del Estado; unos, que se cometen á la sombra de una ley desamortizadora, abusando de su espíritu y letra; otros, por no aplicar el remedio verdadero.

En el caso presente, sin tanta tala de arbolado, y por haberla hecho, se determinó en una parte principal la inundación; pues la Hacienda sufre perjuicios por la falta de rendimientos con la tala y por la riqueza destruida con la inundación.

Como si dijéramos, salía al encuentro de todas estas cuestiones la del derecho diferencial de bandera, cuestión de reconocida importancia, ya por lo que respecta á la organización económica de los pueblos, ya por la relación que tiene con las partidas del presupuesto, ya por lo que la ciencia adelanta en la construcción de barcos y los elementos que acuden constantemente más perfeccionados en auxilio de la civilización. Además, demostradas las ventajas ó los inconvenientes de que
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comparta la industria extranjera con la nacional, por medio de la naviera, en el tráfico y actividad mercantil de las naciones, queda resuelta en su totalidad la cuestión del libre-cambio ó del proteccionismo.

Y esta cuestión reviste ahora importancia inusitada, porque parece que, como en ninguna otra ocasión, se pretende actualmente deshacer el terreno andado, encastillándose cada país dentro de sus zonas convencionales para llegar á contravenir las que serán siempre zonas naturales del globo terráqueo.

En el año 1879, y como consecuencia del interrogatorio relativo á las consecuencias que ha producido la supresión del derecho diferencial de bandera, se afirmaba por una Sociedad económica, de reconocida competencia, que en Setiembre de 1868, y á causa de sucesos que por ser de todos tan conocidos, se creía aquella sociedad dispensada de relatar la gestión de la Hacienda de España, fué á parar á manos de los hombres de cierta escuela económica, cuyas disposiciones han causado tan desastrosos efectos; y fuerza es que, por todos los medios y con la mayor urgencia, se procure cicatrizar las llagas que han abierto en todos los ramos de la producción nacional, porque si no se acude con precisión y prontitud, es muy posible, y hasta probable, que los remedios llegarían tarde para algunas de las industrias, quizá las más importantes, no sólo porque son en sí una inmensa fuente de riqueza para el país, sino porque con la muerte de algunas de ellas podría peligrar la integridad nacional, á costa de tanta sangre y tantos millones conservada.

Hemos copiado este párrafo por la fecha que se cita en él del año 1868, fecha á la que hemos de dar importancia, porque á partir de ella sostienen los partidos liberales, sin excepción, que arranca la regeneración del país. Y como quiera que las doctrinas proclamadas á consecuencia de la Revolución de 1868 bajo el punto de vista del presupuesto y de la Deuda pública, han dejado tanto que desear, como que la gestión financiera del Estado trajo el descrédito nacional: bajo el punto de vista político, se dió ocasión á tres guerras civiles; bajo el punto de vista administrativo, tomó incremento el caciquismo. Si ade-
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más de esto, en el desarrollo industrial sufrió menoscabo la Nación, pudiéramos entonces con el poeta llorar las desventuras de tanta locura por el amor á la libertad.

No queremos creer que sea así, por una consideración que será siempre importante en estas cuestiones, cual es la de que el monopolio y el privilegio, para quienes lo ejercen y tienen, cuando concluye, deja siempre perjudicados á los monopolizadores. Pero no es este el punto de vista verdadero que ha de dilucidarse, porque si lo fuera, no hubiera podido llevarse á cabo la trasformación de la navegación de vela por vapor, ni se hubiera consentido perforar el istmo de Suez, por los intereses creados en el Cabo de Buena Esperanza, ni al alumbrado de aceite sustituyese el de petróleo, ni á éste el gas, ni á éste el alumbrado eléctrico. Por otra parte, atendiendo sólo á los intereses creados á la sombra del monopolio, no debiera haberse permitido la construcción de barcos de mucho tonelaje, cuyos fletes son más baratos que los que necesitan cobrar los de pequeño, y sería perjudicial, lo que no es cierto que perjudique, construir buques en condiciones de necesitar menos marinería que la necesaria en construcciones de menos adelantos que las que son llevadas á feliz término por los ingenieros navales contemporáneos.

Cierto que no pueden desconocerse consideraciones como las que, á nombre del sistema protecciónista ó de los intereses legales creados, habrán de ser siempre respetables. Pero no puede ser razón valedera la de separar á nuestra marina mercante del radio de acción de la competencia que, cual torbellino arrastra á algunas marinas á una gran ruina, en la que perecerán primero las menos potentes, las menos dispuestas á la lucha, en la que la nuestra figuraría, sin duda alguna. Esta razón, repetimos, no puede admitirse como legítima, si reflexionamos sobre la manera como se desarrollan las industrias nacionales en los países extranjeros, donde la asimilación, la copia con trabajo perseverante, e estímulo de la ganancia, hacen que se vaya poco á poco imitando, hasta llegar á la perfección, la industria que, siendo extraña al país, necesitándose
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en él y no siendo imposible su implantación, se hace que lo posible sea realizable y lo realizable se perfeccione.

También son atendibles reclamaciones como ésta que, en cumplimiento del Real decreto de 1851, debían establecerse (en el año 1879) inmediatamente, en algunas escuelas de náutica, la sección llamada de constructores navales, que por causas que no se explican y á pesar de hacer tanto tiempo que se organizó la carrera, no llega á plantearse. Que el Gobierno vaya dando sus construcciones á la industria particular, á medida que se desarrolle ésta.

Todo esto es muy justo, práctico y protector en el verdadero sentido de la palabra. Porque no se trata ya de un monopolio, sino que se trata únicamente de alcanzar la acción colectiva á donde no pueda llegar la particular; lo que es muy distinto; á proteger por medio de monopolios una industria determinada, con retargo del costo de producción de las otras industrias en general, con perjuicio de la multitud que no posee un capital, con encarecimiento de todos los productos, reducción del tráfico, aumento del contrabando y dificultad tributiva para daño del presupuesto del Estado.

En el año 1880, volviendo á la cuestión de presupuestos, pudo el 26 de Junio publicarse en la Gaceta los de 1880-81, con lo que quedaba legalizada la situación económica, legalización á la que damos gran importancia, no por cierto, por tratarse de un puro formalismo, pero sí teniendo presente una consideración importantísima, cual es la del ejercicio de un derecho que los pueblos tuvieron en todos los tiempos por principalísimo, porque, con ser siempre deficiente la discusión de presupuestos, la deficiencia tendrá que ser mayor cuando las Cortes discutan á paso de carga, con una ligereza incalificable, todos los problemas que encierra una ley de presupuestos, por más que se crea lo contrario por bastantes gentes, olvidándose de que la historia patria sintetiza en los tributos y su distribución todas las vicisitudes nacionales, determinándolas frecuentemente, y dándolas esta ó la otra dirección.

Los presupuestos del año económico de 1880-81 firmados por
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el Sr. Cos-Gayón, importan los ingresos 762 millones de pesetas, y los gastos 817 millones.

Déficit, 55 millones.

Cuando un presupuesto se salda con déficit, parece regular creer que están previstas todas las eventualidades; pues, sin embargo, no fué así en el año 1880-81. Lo mismo sucedió con el presupuesto del año económico 1867-68, que el Tribunal de Cuentas del Reino, cumpliendo lo prevenido por el art. 74 de la ley de contabilidad de 25 de Junio de 1870, en la Memoria que debe dirigirse á las Cortes, consignó en ella que se habían reconocido y liquidado, con exceso á los créditos legislativos votados por las Cortes, obligaciones importantes 16 millones de pesetas, deduciéndose una infracción de lo terminantemente dispuesto en el art. 27 de la ley de contabilidad de 20 de Febrero de 1850. Añadiéndose en la Memoria que la falta quedaba en parte atenuada por la circunstancia de que la mayor suma de dicho exceso procedía de intereses de la Deuda, y porque estaba dispuesto, por Real orden de 5 de Mayo de 1868, que se considerasen ampliados los créditos por intereses en una cantidad igual al importe de las obligaciones que se reconocieran y liquidasen.

También se decía en la Memoria, que respecto á 163 millones de pesetas que por todos conceptos aparecían pendientes de pago en fin del ejercicio de 1867-68, como quiera que con igual motivo llamó el Tribunal la atención de las Cortes en la última Memoria dirigida el 18 de Junio de 1872, referente á las cuentas generales definitivas del presupuesto de 1865-66, y no habiendo recaído sobre este punto resolución alguna, consideraba el Tribunal necesario se reprodujese la llamada para ver de fijar la atención en el particular del Poder legislativo.

Además se hacían observaciones relativas á las faltas é ilegalidades observadas en el examen de cuentas y asuntos correspondientes á distintos años y por diferentes conceptos, á saber:

Gastos de la guerra del Pacífico; obras para la habilitación de almacenes de efectos estancados; compensación de un al-