ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 568

Como siempre, digase lo que se quiera, la Hacienda era la piedra de toque, y en la Hacienda se acometieron los trabajos.

Vamos á verlo.

Un estudio numeroso y detenido, y un examen imparcial del estado de nuestra Hacienda y de la situación del Tesoro público, han inspirado al Ministro que suscribe, la firme creencia de que es imposible continuar en el estado de déficit en que el presupuesto se halla, y que es también urgente acometer con decisión y energía la importante obra de nivelar realmente las obligaciones con los recursos del Estado y llevar al Tesoro del desahogo ficticio que hoy presenta á las condiciones normales de la más segura y firme solvencia.

El déficit ha ido creciendo hasta la cifra actual de 100 millones de pesetas, que en el año próximo habrá de ser de 125 millones por el aumento del cuartillo por 100 en los intereses de la Deuda, si antes no se pusiera remedio á un mal de tan graves consecuencias.

El remedio está en crear un valor con 4 por 100 de interés anual, pagado por trimestres, amortizable en cuarenta años, por sorteos trimestrales.

Con el fin de atender en lo posible á remediar la situación angustiosa en que vienen colocados los establecimientos de Beneficencia y de Instrucción pública, por efecto de la suspensión en que estuvo el pago de intereses de la Deuda del Estado se dispuso, en Real decreto de 12 de Junio de 1875, que el Tesoro abonase á los citados establecimientos, cuyos bienes fueron desamortizados, mientras no pudiera atenderse al pago de intereses de la Deuda pública, el importe á que ascendiera la renta líquida que les producían sus bienes antes de la enajenación; y que, á partir de 1.º de Julio del mismo año, se verificasen las entregas por trimestres vencidos, y en concepto de anticipaciones, á buena cuenta de lo que los mismos establecimientos debían percibir por intereses de sus inscripciones.

Sobre esto se legisló el 21 de Julio y el 10 de Noviembre de 1876 y 26 de Febrero de 1878, con el fin de llegar á últi-
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 569

mar una liquidación entre los acreedores de Beneficencia y de Instrucción pública del Estado.

Para realizar esta operación, se destinaron 90.500.000 pesetas, de la Deuda creada, por valor de 1.800 millones, al tipo de 85 por 100, y con lo cual se trataba retirar de la circulación 1.522 millones, distribuidos en catorce clases de deudas, y hacer una reducción en el pago de intereses anuales de 101 millones.

De otro proyecto de ley resultó que, á contar desde I.º de Julio de 1876 á 30 de Junio de 1881, el déficit ascendió á 344 millones de pesetas; subiendo de 13 millones que importó en la primera fecha á 106 que llegó en la segunda.

A estos acontecimientos precede la historia financiera de España, de la que resulta que las leyes de 1.º y 3 de Agosto de 1851, establecieron los medios y la forma de atender á la liquidación y pago de todos los descubiertos hasta fin de 1849, fecha en que tuvo principio la época corriente de presupuestos generales, habiéndose atendido después algunas reclamaciones de tenedores de renta exterior, por la ley de 11 de Julio de 1867 y Real decreto del mismo mes y año.

No se duda, se dijo, que las exigencias de los acreedores están contenidas en límites de prudencia, como, sin duda, lo estuvieron antes del arreglo de 1876; pero es indispensable no olvidar que las consideraciones que obligaron entonces á establecer un plazo de cinco años para el primer aumento de un cuartillo subsisten hoy ante un presupuesto de ingresos, nuevo en su mayor parte, toda vez que se reforman casi todos, y que si bien resultará seguramente la cifra calculada, no puede del mismo modo, y con igual confianza, esperarse que en su desenvolvimiento ofrezca mayores recursos.

El Ministerio de Hacienda, en su aspiración nobilísima de contribuir á la práctica de las libertades públicas, dijo entonces que si los derechos de los ciudadanos habían de estar debidamente garantidos, y si éstos habían de contar, como es justo, con la seguridad de ser fielmente atendidos cuando los ejercitan, preciso es que en la ley del procedimiento, en la ley
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 57

cer esta hipótesis, sostenida en una época en que la imaginación tanto predominaba en el estudio de la Naturaleza, cuando hombres tan eminentes como Olbers, Laplace, Lagrange, Biot y otros astrónomos en nuestros días han sostenido que los aerolitos eran piedras lanzadas á nuestro globo por los volcanes de la luna?

Esta hipótesis fué aceptada por algún tiempo; pero como la luna es un astro muerto que no revela actualmente á la exploración telescópica más atenta y minuciosa señal alguna de volcanes en actividad, se acabó por abandonarla para adoptar la teoría de Chladni, de la que hemos hablado antes, infinitamente más racional que la de Olbers.

Hoy, pues, se cree generalmente que los bólidos y aerolitos no provienen de las emanaciones lunares ni terrestres, sino de los recónditos senos del espacio.

Las sustancias que los constituyen han comprobado la analogía que existe entre la tierra y los demás cuerpos celestes.

La forma, aspecto y peso de estos corpúsculos, no son siempre los mismos. Los aerolitos son generalmente ferruginosos, de color gris; otros negros como el azabache, y no pocos blancos como el mármol, con vetas oscuras.

Aerolitos hay de hierro puro casi, de hierro como el nuestro, que se puede forjar si se quiere para construir un anillo, una herramienta u hojas de sables y de espadas, como ya lo hicieron en lo antiguo varios Califas y Príncipes mogoles, con el hierro obtenido de esos cuerpos (1).

Han caído aerolitos de todas dimensiones: unos como gra-

(1) Merced á los trabajos analíticos efectuados por los químicos más eminentes, resulta que los cuerpos simples que constituyen los aerolitos no se diferencian de la composición química de las sustancias terrestres, pues en ellos se encuentran con certeza hasta hoy los 22 elementos siguientes: hierro, níquel, cobalto, manganeso, titanio, estaño, nitrogénio, azufre, cobre, cromo, arsénico, fósforo, cloro, sodio, magnesio, silicio; aluminio, calcio y oxígeno; y además se encuentran también en esos cuerpos el carbono y el hidrógeno, es decir, los dos elementos fundamentales de la vida vegetal de nuestro planeta.
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 570

adjetiva, encuentren la garantía necesaria de que será una verdad aquel ejercicio que las leyes sustantivas les reconocen.

Es tal la confusión que existe hoy, se decía en el año 1881, que no es posible determinar, sino en muy contados casos, el tiempo de que dispone el administrado para hacer uso de su derecho; no está fijado sino en contadísimas reclamaciones la forma en que debe hacerse; no está preceptuado cuándo se han de presentar los justificantes de lo pretendido, y se carece de disposiciones que determinen con fijeza los plazos para presentar y ampliar las pruebas. Así es que, el interesado, una vez hecha la reclamación, no vuelve á tener conocimiento del expediente sino por las notificaciones de las providencias, desconociendo las pruebas que la Administración aduce al expediente, é ignorando las alegaciones que contra las suyas utilizan los auxiliares de la Administración. De modo que, en el sistema actual, el interesado marcha completamente á oscuras en el procedimiento, y si alguna vez obtiene poca o mucha luz, suele conseguirla por la atención del funcionario ó por medios que la ley y la moral reprobaban.

Tenemos que volver á repetir, á confesión de parte, relevación de pruebas, pues las líneas anteriores están copiadas literalmente.

Y conviene añadir, siquiera sea como comentario, que esas líneas, estampadas en las columnas del periódico oficial, después de tantos trabajos reformistas que hizo la Revolución, después de tantos esfuerzos de que hizo gala la Restauración para dominar el desorden, demuestran cuánta amargura tiene que sufrir el administrado, á no tener la suerte de encontrarse con un funcionario público que se apiade de su suerte desdichada.

Suerte desdichada que sigue, como lo atestiguan aquellos Diputados y Senadores que se lamentan de verse obligados á estar convertidos en agentes de negocios de sus representados en las oficinas del Estado, donde disfrutan del privilegio exclusivo de entrada y salida, precisamente ellos, que debieran ser los únicos que no debieran poner los pies para nada en los
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 571

centros oficiales, puesto que pueden ejercer un derecho que no está concedido al resto de los administrados. Los Diputados y Senadores que tienen voz y voto en Cortes para pedir justicia, el cumplimiento de todas las leyes y el esplendor del ejercicio de la Soberanía nacional.

Sin embargo, ésta, en el año 1881 como en el 1887, está más ó menos declamada, pero no está practicada como reclaman los derechos individuales.

Entonces, como ahora, puede decirse con el Ministerio de Hacienda, que si la igualdad ha de ser una verdad, si se ha de metodizar la marcha de los expedientes administrativos, promovidos á instancia de parte, si se ha de ofrecer á todos las mismas garantías de acierto, la misma ley de defensa, forzoso es establecer iguales instancias para todos.

Pasando á ocuparse el Ministerio de Hacienda de la contabilidad, señalaba que una de las medidas que con más urgencia reclama la situación de la Hacienda es, sin duda alguna, la de establecer el mayor orden y la regularidad á que debe aspirarse en cuanto se relaciona con el buen método de la contabilidad general del Estado. Hasta ahora, aparte de las prescripciones determinadas en las leyes especiales, referentes á la Deuda del Estado y del Tesoro, la única de carácter general, aplicable á los demás servicios públicos, es la consignada en el art. 19 de la ley vigente de Administración y Contabilidad de 25 de Junio de 1870.

Como que, añadimos nosotros, es opinión generalmente admitida que para los vuelos de la política estorba ese mecanismo llamado contabilidad, que está reñido con la elocuencia, que seca la poesía, y que, como rebaja al hombre de Estado, que quiere que exista una buena ley de contabilidad, cumpliéndose exactamente.

Los proyectos de Hacienda precedentes no fueron, sin embargo, más que á manera de preludio de lo que iba á ser el pensamiento novador del Sr. Camacho, quien, creyendo hacer justicia, reconocía la preparación que encontraba para sus planes en la gestión que tuvieron los Ministros Salaverría,
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 572

Barzanallana, Orovio y Cos-Gayón. Complicaba la situación la necesidad imperiosa en que estaban el partido militante de hacer un arreglo de Deuda pública, prorrogando la amortización de ésta y reduciendo el capital de la perpétua.

Vamos á ocuparnos, lo más conciso que sea posible, de estas trascendentales cuestiones, que habían de dar el aire respirable, de que se encontraba tan necesitado el pueblo español, en materia de Hacienda pública.

Veremos cómo esos proyectos son una acusación más, que está dirigida á nuestros gobernantes; que llevan y traen el nombre de la patria, según conviene mejor á los intereses del partido; que pregonan los unos la libertad, los otros el orden; libertad y orden que ponen en oposición los intereses del contribuyente con los intereses que representa el presupuesto del Estado, resultando evidentemente que el esfuerzo plausible del ciudadano laborioso, la iniciativa poderosa ó la constancia á toda prueba que tienen aquí y allá por todos los ámbitos del territorio español, cuanto es actividad para mejorar una campiña, poblar una montaña, edificar una fábrica donde albergarse una industria, construir un puente para dominar un río, y cerrar un puerto con muelles poderosos. Todo, la Administración pública ó el presupuesto, lo movedizo de la legislación, los vicios de sus interpretaciones y los abusos de su espíritu y letra, todo, decimos, conspira contra los intereses materiales que debiesen ampararse y engrandecerse.

Ya puede decirse que registra la historia patria en sus anales los años 1868, 1875 y 1881, como enseñanza del pueblo español. El Ministerio de Hacienda, en el primer año, condena cuanto se hizo en materia de presupuestos en la época anterior á su mando y Gobierno del pueblo español. El mismo Ministerio tiene censuras, más ó menos duras, contra los políticos en el año 1875, contra los partidarios del régimen que prevaleció en los años 68 á 74. Y en el año 1881, el plan de Hacienda que se somete á la deliberación de las Cortes, acusa de faltas graves á quienes en los seis años anteriores tuvieron en sus manos los destinos del país.
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 573

Ciertamente que no queremos inculpar de mala fe á ninguna situación política, ni mucho menos á los Ministros de Hacienda, cuyos nombres están comprendidos en el período de 1868 á 1881.

Pero ellos entre sí formulan el capítulo de cargos. Y ateniéndose á éstos, ¿quién escapa sin responsabilidad?

En aquel período de catorce años, no hubo un Ministro de Hacienda que no se considerase con fuerzas suficientes para dominar la crisis, y lo prueba, que todos expusieron el remedio que tenían para cortar el mal. Sin embargo, ninguno pudo atajar sus estragos. Esto es lo que resulta, sin que por ello neguemos que todos tengan razones que alegar para que quede su nombre á la altura que deseamos, y que sea la más elevada en las regiones de la reputación.

Entretanto, consignemos lo que dijo el Ministerio de Hacienda en el año 1881 sobre la gestión de ésta en los años anteriores.

Pues dijo lo siguiente:

Al presentar á las Cortes los presupuestos generales del Estado del año 1882-83. Está fuera de toda duda que la Hacienda de un país es, digámoslo así, el espejo del mismo. Allí donde existe una Hacienda pobre, enteca, débil, se revela al primer golpe de vista el más deplorable abandono en los servicios públicos, e inmediatamente se forma exacta idea de la escasa importancia de aquel pueblo. Y se decía esto cuando la Deuda por todos conceptos importaba 9.922 millones de pesetas, y sus intereses y amortización la suma anual de 284 millones. Afirmando que la Dirección general encargada de todos los servicios de este importante ramo presentaba una falta de exactitud, de actividad y de concierto en sus operaciones, y un atraso tan considerable en sus trabajos, que por su importancia y por los abusos y faltas más ó menos graves descubiertas, demandaban la reorganización de tan importante cuanto descuidado centro.

Fué entonces cuando se dijo al país que el déficit de los cinco últimos ejercicios ascendía á 344 millones. Cuando fueron
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 574

autorizados en el presupuesto aumentos por 85 millones de pesetas, de que se condolía el Ministerio de Hacienda. Cuando éste declaró también que los débitos que venían arrastrándose en las cuentas de gastos públicos, como resultan de presupuestos anteriores, hacían subir el pasivo del Tesoro, en Octubre de 1881, á 380 millones. En aquella fecha, se introdujo la novedad de sustituir el sistema más generalmente admitido de comprender en la ley de presupuestos todas las disposiciones sobre los impuestos, rentas y contribuciones, por el sistema de presentar por cada uno de los que debían modificarse un proyecto de ley, limitando la de presupuestos á la determinación del importe, cuyos preceptos principales eran de limitada y precisa duración de un año, con otros que debieran seguir en vigor mientras no fuesen derogados ó modificados en igual forma.

El presupuesto de gastos se fijaba para el año económico de 1882-83 en 782 millones.

Siendo el de la Deuda pública de 223 millones, correspondía á éste el............................. 28 por 100
Idem el de clases pasivas de 45, correspondía á éste el............................................. 6 por 100
Idem el de Guerra de 126, correspondía á este el.. 16 por 100
Idem el de Marina de 36, correspondía á este el... 5 por 100

TOTAL.................... 55 por 100

¡Cincuenta y cinco por ciento de gastos improductivos!

Costando la recaudación de contribuciones y rentas públicas al Ministerio de Hacienda 145 millones, ó sea 20 por 100 del presupuesto de gastos, y algo menos calculando sobre el presupuesto de ingresos de 1882-83, que se calculaba en 762 millones.

Las cifras anteriores no necesitan realmente más que fijarse un poco en ellas para comprender la indiferencia con que los partidos políticos se ocupan de la trascendental cuestión de los presupuestos del Estado.
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 575

Indiferencia que explica cómo pueden pasar desapercibidas declaraciones como las siguientes:

«El impuesto sobre los sueldos y asignaciones del Estado queda reducido á 10 por 100 para todas las clases, en bien de las mismas y con beneficio para el comercio, las artes y la administración del país.»

Pues si el principio de la reducción se reconoce como principio ventajoso, la consecuencia natural y la deducción lógica habían de ser que desapareciese por completo. Sin embargo, el descuento de los sueldos de los funcionarios públicos, no sólo subsiste, sino que parece llevar trazas de perpetuarse su existencia. No obstante que se piden al funcionario público circunstancias de aptitud, que reclaman en el cambio de servicios tales premios, que no debieran sujetarse á regateos ni á mermas como las que representa el descuento á que está sujeto el servidor del Estado.

Efectivamente; el espíritu novador se quiso llevar por el Ministerio de Hacienda á la administración provincial del Estado. Y á partir de la ley de Administración y contabilidad de 25 de Junio de 1870, se decía que otra cuestión, en cierto modo secundaria, pero que no por serlo deja de tener reconocida importancia, debe ser resuelta al mismo tiempo que la reorganización administrativa: las condiciones que deben exigirse á los funcionarios que hayan de ejercer la autoridad económica. La aplicación á estos nombramientos de la ley de 21 de Julio de 1876, ofrecería muy graves inconvenientes y dificultades.

Para el buen desempeño de estos importantes cargos, no basta tener ó reunir los conocimientos y la ilustración que generalmente proporciona una dilatada carrera administrativa; no es suficiente tener probada moralidad: se necesitan, sí, ambas condiciones; pero además, y en primer término, se requieren otras que no dependen de la voluntad y del trabajo: se necesitan dotes de mando; es preciso también inspirar confianza al Ministro á quien han de representar, y fácilmente se comprende que tales condiciones sería materialmente imposible hallar-
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 576

las en el número de funcionarios que son precisos dentro de los estrechos límites de la ley de 1876.

Como se ve por los renglones anteriores, el Ministerio de Hacienda censura terminantemente al mismo Ministerio por el régimen que prevaleció en los años 1870 y 1876, puesto que al querer reorganizar los servicios en el año 1881, se exigen circunstancias y organización que en aquellas fechas no prevalecían, circunstancias y organización de las que se hacia depender el predominio de una buena administración. Y como sin ésta no puede aplicarse regularmente el presupuesto del Estado, con su doble carácter de cobro y de pago, venimos á parar á lo que sucede siempre: que una situación política censura á otra situación, apareciendo los hombres públicos de 1868 inculpando á sus antecesores, y los sucesores de aquéllos devolviéndoles las inculpaciones.

Así que, para nosotros, el mérito principal del vasto plan de reformas en la Hacienda Nacional, que vió la luz del día en la Gaceta de 25 de Octubre de 1881, está en la censura razonada de la gestión pública del Ministerio de Hacienda, cuya censura resalta en todos aquellos proyectos que fueron sometidos á la aprobación de las Cortes. Todos los proyectos de aquella fecha ponen de manifiesto lo que puede esperar el país de los partidos políticos, como se deje en sus manos la fortuna pública, sin la válvula de seguridad, contra sus pasiones egoistas, de la opinión general en constantes y múltiples manifestaciones. Y tal vez como se conozca mejor qué han hecho los gobernantes con sus gobernados, será fijándose en el preámbulo que precede al proyecto de ley rebajando el tipo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería.

Después de reconocer que la contribución territorial es la más pingüe de las rentas del presupuesto y la que con más equidad debiera repartirse, se añade. Por desgracia, la suposición muy fundada de que existían grandes ocultaciones de riqueza que preferida en los amillaramientos y sus apéndices escapaba á la acción fiscalizadora de la Administración, ha disculpado que el tipo de reparto llegase al límite que hoy alcanza;
Revista de España (1888-05-01 00:00:00), página 577

porque suponiéndose que la occultación era general y uniforme, la Administración buscaba en la elevación del tipo el medio de hacer que la riqueza oculta tributara. Sin embargo, como la uniformidad de la occultación no era cierta, la suposición era errónea, y, por lo tanto, como la desigualdad del reparto arrancaba desde el origen de este tributo, cada aumento en el tipo agrandaba las desigualdades y hacia que mientras los defraudadores, ni aun con el elevado tipo vigente en el año 1881 satisfacían lo debido, los contribuyentes de buena fe sufrían tan pesada carga, que fuera á todas luces injusto sostenerla, porque nunca los tributos deben pasar de los límites de la posibilidad, ni aun llegar á él.

Para demostrar la desigualdad tributaria se recuerda; que al establecer la contribución territorial en 1845, no precedió la formación de una estadística territorial, agrícola y pecuaria; que en 1850 se trató de hacer un amillaramiento, consiguiéndose muy poco, continuando las desigualdades y la impotencia administrativa para evitarlas; que en 1860 hubo nuevo intento de amillaramiento, que si dió mejores resultados que el anterior, tampoco pudo ponerse remedio al mal, porque iba elevándose el tipo de tributación; que en 1870, causas agenas á la voluntad del Gobierno, impidieron reformar el amillaramiento; que en 1873 sintióse con tal fuerza la necesidad de hacer la estadística territorial, que se dieron los primeros pasos para conseguirlo; que en los años sucesivos se repitieron tan buenos propósitos, pudiéndose tener ya resultados importantes en el año 1879. En términos que, en el año 1881, de 8.778 Juntas municipales, la reunión de cédulas del padrón de la riqueza estaba hecha por 6.657 de aquellas Juntas.

Después de estos recuerdos se afirma, que el tipo de 21 por 100 porque repartía la contribución en el año 1881, ni era sostenible, ni necesario; que podía, debía y era preciso rebajarlo á 16 por 100.

Entonces se añadía, además, que si se ultimaran las cartillas evaluatorias á tiempo, en el presupuesto de 1882-83, y si no, en el de 1883-84, quizá pudiera rebajarse aún el tipo