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decreto aprobaba el convenio celebrado con el expresado Banco, en virtud de la ley de 25 de Junio, para la negociación, pago de intereses y amortización de las obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas por valor de 25 millones de pesos, distribuidos en una sola serie en Madrid, Habana, París y Londres.

Como se ve, marchaban en dirección paralela las negociaciones oficiales financieras de la Metrópoli y de la Colonia, como que, partiendo en una misma dirección, no habían de encontrarse, pero que habían de producir igualmente los estragos que causan todas las operaciones desastrosas, siendo de esta clase, desde el momento que resultaban operaciones de crédito impuestas por el estado precario del Tesoro.

Esto se prueba viendo que fueron simultáneas la operación de emitir 25 millones de pesos y la del convenio celebrado entre el Gobierno y el Banco Español de la Habana para el arreglo, liquidación y pago de la Deuda del Tesoro de la Isla de Cuba á favor del mismo Banco.

Emisión y convenio que estaba autorizado todo por la ley de 7 de Junio de 1878, cuya ley hipotecaba especialmente la renta de Aduanas de la Isla de Cuba, y además daba la garantía especial del Estado y la eventual de la Nación.

Con estos sucesos del orden económico, coincidió el decreto promulgado dictando reglas por las cuales habían de regirse los Bancos de emisión y descuento de Ultramar, decreto en el que se afirmaba que aparecían refundidas las más ventajosas y acreditadas bases de las leyes de los años 1849, 1851 y 1856, y del decreto de 1874, que era tanto como querer apoyarse en la autoridad de todas las escuelas, aunque había de resultar por ello que vinieran á compartir también la responsabilidad.

Con la circunstancia de que, en materia de legislación sobre Bancos, se anteponia la circulación fiduciaria, única por los Ministros de la Restauración, como estuvo antepuesta por los Ministros de la Revolución, llevándose el sistema á Ultramar, después de tenerle establecido en la Península, y se alegaban
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razones tan peregrinas como las que fueron aducidas antes para establecer aquella circulación fiduciaria, única en España. Se decía entonces: «No consiente el estado del crédito en Ultramar la multiplicidad y rivalidad de estos establecimientos, que sólo podrán inspirar confianza y prosperar estando franca y resueltamente protegidos por el Gobierno. Contribuirá en gran parte á este resultado el límite que se fija en la emisión de billetes, que aquí es el quintuplo del capital, y no ha de pasar del triple en las proviencias ultramarinas.»

Realmente, el argumento no podía ser más artificial, porque siempre el privilegio tendrá más inconvenientes que ventajas; sobre todo, desnaturalizará el pensamiento y, por otra parte, las razones que hubiese para crear el Banco único en la Metrópoli, no podían ser valederas en la Colonia, por la diferencia de circunstancias que saltan á la vista.

Mas el Gobierno, firme en sus tendencias autoritarias y de privilegio, contrarió el año 1878 al decreto de 28 de Octubre de 1868, y la ley de 19 de Octubre de 1869, por la que se declaraba que la situación creada por los Gobiernos anteriores no debía prolongarse por más tiempo, porque creía que la Administración pública no podía seguir desprovista de facultades para defender los intereses generales contra las exageraciones del crédito. De lo que venía á resultar que el crédito, que estaba libremente extendido en manos de diferentes particulares, para que ellos no abusasen, se entregaba su tutela al Gobierno, que no podía ser garantía bastante del buen uso del crédito, sin leyes previsoras, que estuviesen aplicadas eficazmente; pero de modo alguno, partiendo del principio falso de que la entidad gubernamental había de ser impecable, ó que siendo pecadora, mereciese indulgencia ó perdón.

El Ministerio de Ultramar, con resolución que fué una lástima no diese mejores resultados, como legislaba dictatorialmente sobre Bancos, legisló igualmente sobre Contabilidad del Estado, fundándose en que el sistema que introdujo en Ultramar el decreto de 12 de Setiembre de 1870 vino, como toda innovación trascendental en materia administrativa, á produ-
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cir una verdadera perturbación en los servicios todos del ramo, dificultando el de rendición de cuentas y creando en él un considerable atraso.

¡Ah, qué de lamentables errores! Por supuesto, aplicables á todas las situaciones políticas españolas.

Sobre contabilidad pública colonial, existían las disposiciones de 24 y 28 de Octubre de 1870, de Octubre de 1871 y de Diciembre de 1874, por lo que respecta á un tribunal superior. Pero existian, además, en la historia de la Contabilidad del Ministerio de Ultramar, el decreto de 30 de Diciembre de 1869, el de 12 de Setiembre de 1870, la Instrucción del 4 y el decreto de 11 de Octubre del mismo año, el de 22 de Diciembre de 1873 y el de 5 de Enero de 1874. Y el Gobierno decía, en el año 1878, que todo probaba que la contabilidad de Hacienda en Ultramar venía desde hace tiempo siendo objeto de especial atención por parte del Gobierno Supremo; pero en aquel año se consideraba más urgente que nunca llevar al terreno de la práctica la reorganización, á causa del atraso de rendición de cuentas, que era consecuencia de la falta de idoneidad y del continuo movimiento de los empleados públicos destinados á prestar sus servicios en el ramo.

La acusación, que era explícita y quedaba probada plenamente por los hechos, ha quedado sin ser atendida, pareciendo como que á la Administración pública basta para cumplir con impugnar, sin que se considere en el deber de dar ejemplo con el castigo.

La Administración pública que, pretendiendo introducir reformas en la organización administrativa del Archipiélago del Golfo de Guinea, decía en el año 1878, que los diferentes ensayos de colonización hechos allí durante un siglo, y particularmente los muy dispendiosos de los años de 1858 y 1859 que probaban, con la lógica irrefutable de los números, que la concesión de las grandes ventajas para aquel país, entre otras, la libertad completa de comercio, la tolerancia en los usos y costumbres de los colonos, etc., etc.; y habiendo costado aquellas colonias más de 6 millones de pesos, por estas y otras
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razones se reducían los gastos y la importancia de las dependencias del Estado en aquella apartada región.

Pues la Administración pública no ha podido demostrar que las ventajas otorgadas á cualquier país pueden perjudicar á su desarrollo y al de las rentas públicas. Más lo que puede haber es, que lo que se llama ventajas, que no lo sean en realidad, ó que se planteen de tan mala manera que produzcan efectos contraproducentes, ó que las corruptelas sean tantas que superen á las ventajas, con ser estas muchas, ó aun pudiendo ser los suficientes para asegurar el éxito.

Desde luego se ve en el mismo preámbulo que precede al decreto de reformas de las dependencias del Estado en el Golfo de Guinea, que no pocas de las dependencias que el Estado debiera tener establecidas en el año 1878 en Fernando Póo, Corisco y Annobón no existían entonces dependencias, sin las cuales la colonización no es posible, porque toda colonia requiere lo que faltó allí, que es laboriosidad, espíritu mercantil, gran fuerza asimiladora, y ver de conseguir que los gastos de la colonia se cubran con sus ingresos, á no ser que los gastos tengan por fin la conservación de un punto militar estratégico, de reconocida importancia.

Hemos visto, aunque por medio de indicaciones ligerísimas, que nuestras colonias de América y de África carecen de un verdadero régimen administrativo; pues vemos también, de igual manera, que sucede lo mismo en Asia.

Allí, al terminar el año 1878, nuestras islas Filipinas carecían de un presupuesto acomodado á sus circunstancias y á sus necesidades administrativas, dándose el caso de que el presupuesto aprobado por Real decreto de 4 de Junio de 1868, que seguía rigiendo desde 1.º de Julio de 1869, sin estar acomodado á los recursos de su Hacienda, en el año 1877 había que contar con que tenía que enjugar una Deuda lo menos de ocho millones de pesos fuertes. Y que los presupuestos formados en el año 1878 eran de 19.132.803 de pesos los gastos y 14.408.502 los ingresos, por diferentes razones que se enumeraban, para justificación por el Ministerio de Ultramar, para justificar la
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redacción de los presupuestos de 1878-79, si bien se reconocía el abandono de los Ministros precedentes, que no habían pasado de intentar la formación de un presupuesto, pero que todos ellos encontraron inconvenientes de diversa índole, que fueron siempre superiores á la voluntad ministerial.

Ello es, que el presupuesto formado para el año económico 1868-69 importaban sus ingresos 11.924.825,50 pesos. Compárese esta cifra con la del presupuesto de 1878 79, y háganse comentarios, que es seguro no ha de salir de ellos bien librada la Administración pública, y, por lo tanto, los partidos políticos, que imponen de entre su personal funcionarios públicos que administran mal, porque con el aumento de los presupuestos no se demuestra el mejor aumento colonial.

El mismo Ministerio de Ultramar viene en nuestro apoyo con su Real orden de 18 de Marzo de 1878, dictada para cortar abusos en el uso de licencias otorgadas, declarando el Ministro que siendo una de las mayores rémoras que entorpecen el buen despacho el inmoderado afán que demuestran algunos empleados por la obtención de licencias para la Península se dispuso evitar, en cuanto fuese posible, los abusos de licencias. Sin embargo, con esto no se resolvía nada; y por más que parezca cuestión de poca monta, no es así; porque sucede con ello lo mismo que con el juego de una máquina que, faltándola una pieza secundaria no funciona bien, y cuantas más falten, funcionará mucho peor.

Será, y de hecho no negamos que lo sea, de orden inferior el procedimiento para el desarrollo y el planteamiento de los principios políticos; pero si la Administración se rebela contra lo fundamental de la escuela; si la inmoralidad adquiere carta de naturaleza, las leyes más sabias no podrán reportar bienes morales ni materiales. Y de todos modos, cuando estalle una guerra civil en cualquier país, y ésta pueda ser duradera, bastara siempre, para demostrarse, que hubo motivo para que sobreviniera el desastre, porque no se pone sino con grandes dificultades en conmoción á un país. Las guerras civiles de la Península, como de la Colonia, tuvieron sus causas, que no lla-
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marcemos legítimas, pero si fundadas, para encenderse la llama política.

El proceso está formado, el juicio de la historia dictará la sentencia. Antes del año 1878, como después de él, los partidos políticos, lo mismo en España que en Cuba, consideran los presupuestos del Estado como el banquete que necesitan para satisfacer sus deseos de goces más ó menos lícitos. Ellos hacen de la doctrina el instrumento que sirva á sus miras interesadas, y el egoísmo no puede proporcionar otra cosa, en primer término, más que odios y desastres.

El Ministerio de Ultramar, con las acusaciones de un Ministro á otro Ministro, demuestra que la causa del mal está en el Gobierno supremo; que no es tal Gobierno, en el sentido más elevado de la palabra y en el sentido más noble del pensamiento, desde el momento que no puede legislarse con calma y serenidad de juicio en los años 1868 y 78, como en el año 1886, según vamos á demostrar inmediatamente, con hacer una exposición de las discusiones que tuvieron lugar, lo mismo en el Congreso que en el Senado español, en las últimas sesiones que fueron celebradas por los Cuerpos Colegiados. Antes del año 1868, el Gobierno de los Estados Unidos nos enseña cómo se vencen las grandes dificultades del Estado; antes del año 1878, Inglaterra nos enseña cómo se robustece el poder colonial; en el año 1886, las discusiones parlamentarias revelan con qué descuido miramos aquí el engrandecimiento del poder colonial y la solución de los problemas sociales.

Porque antes del año 1868, las cuestiones suscitadas por el trascurso del tiempo, el poder de la espada conseguía tenerlas todas sin resolver; con el año 1868 vinieron novedades que obligaron al poder de la espada á dar una participación en él al de la pluma; en el año 1878 se puso sobre el tapete todo el problema mercantil y de crédito; en el año 1886 se ha visto discutir á la vez las cuestiones más hondas de la sociedad, desde el presupuesto del Estado hasta las relaciones mercantiles de la colonia; desde la autonomía hasta el Sufragio universal y los derechos de cada raza. En el año 1886 hemos visto, ade-
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de las ideas que puedan tener acerca de los derechos del Pontificado sobre la Iglesia y la sociedad civil? Para mí, que no aspiro sino á vivir religiosa y cristianamente según Dios, esto me basta y esto es lo que interesa á la sociedad.

»Mas desgraciadamente no era así. Las historias de todos los tiempos, aun las más ortodoxas, y la experiencia de uno mismo, dicen lo bastante acerca de un punto tan delicado como escabroso, y ponen de manifiesto las causas que permanentemente mantienen la palmaria contradicción en que vive una religión que se cree la sola verdadera, la que mejor conoce á Dios y lo explica, y la que menos obra en sentido de tales afirmaciones.

»Una adhesión y obediencia incondicional al que es Vicario de Dios en la tierra, y una facilidad suma en perdonar los pecados sin ningún esfuerzo ni trabajo propios, perpetúan la relajación de costumbres dentro de la Iglesia romana; dado que es público y notorio que las naciones peor gobernadas, y donde existe más pervertido el sentido moral, son las católicas; y de éstas, las que mayormente han sufrido el yugo y paganismo de Roma.

»Es evidente: sentado el supuesto de que Dios es sustituido por un hombre que se llama su Vicario, y tiene el don de la infalibilidad, todo es dispensable y se perdona todo, menos oponerse al que es vice-Dios en la tierra; bien así como un padre olvida todas las deslealtades y calaveradas del hijo que desenvaina la espada para defenderle de su enemigo.

»Y desde el instante en que se sabe que una bendición del Papa, una indulgencia, unas cuantas misas, un escapulario ó un «Señor, pequeño» á la hora de la muerte, si le coge de súbito, el haber sido devoto de la Virgen ó de San José le han de salvar, equivale á dar carta blanca á los que tal creen, sin que nada los contenga, sino los respetos sociales ó el castigo de la ley.

»No creo, por ende, que sea hoy el Catolicismo un poder social necesario á las naciones de raza latina; sino al contrario, un elemento de desgobierno y de perversión; en tanto que, des-
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más, á los representantes en Cortes de la isla de Cuba dominados por pasiones tan contrarias á la prosperidad pública, como las que en España hacen de la nación el juguete de ambiciones personales, que entronizan corruptelas y que mantienen permanente el desasosiego público.

Y al poner de manifiesto los errores de nuestros gobernantes en Cuba, no cabe dudar de sus buenos propósitos, como lo patentizan sus patrióticas disposiciones, pudiéndose citar como ejemplo algunas medidas que fueron tomadas en los años 1876 y 77, medidas que demuestran además el enlace íntimo que han llegado á tener los destinos de la gran Antilla con los de la Península.

De ahí que en Noviembre de 1876 dijese el Ministerio de Ultramar á las Cortes que, terminada gloriosamente la guerra civil en la Península, había llegado el momento de acumular sobre aquél territorio grandes elementos de fuerza que restableciesen la autoridad legítima y el imperio de las leyes. Que desde el año 1870 se presentía ya la necesidad de recurrir al crédito para precaver los efectos de continuas emisiones de billetes y de otras operaciones administrativas, que nunca alcanzaron á satisfacer cumplidamente las necesidades de aquél Tesoro.

Y la Nación española, según la ley, garantizó eventualmente, en el año 1876, la amortización é intereses del anticipo de 15 á 25 millones de pesos con destino á las atenciones de la isla de Cuba. Añadiéndose que no cabe dudar de que, una vez restablecida la tranquilidad, la Deuda pública de Cuba, formada en estos últimos años de perturbación e inseguridad para todos los intereses por medio de anticipos semejantes al que se trataba entonces, aunque ninguno había alcanzado tan grande importancia, como que apenas excedía todo, en conjunto, al importe de dos presupuestos, que sería brevemente extinguido por el desarrollo de las fuerzas productoras de aquel país, verdaderamente privilegiado.

No pueden encontrarse más cerca la nobleza de la aspiración y el desconocimiento de la cosa, á juzgar por lo que se ha
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legislado después en materia de crédito público cubano los años 1878 y 1886.

Como en el año 1876 el optimismo imperaba, imperó también en el año 1877, poniendo en labios del Monarca, para decirlo á las Cortes, que era mayor la satisfacción que experimentaba al decir que, gracias á los poderosos elementos militares de que la pacificación de la Península permitía disponer, gracias al valor y sufrimiento indecible de nuestros soldados, estaba próximo, según todas las probabilidades, el día en que funcionasen libremente en Cuba las autoridades legítimas. Y como prueba de que quería llevarse á la práctica otorgar el premio correspondiente á los servicios prestados, por medio de una ley se amplió á favor de los ejércitos de Ultramar, que hubiesen tomado parte en las campañas desde el año 1868, todos los beneficios otorgados en el Real decreto de 19 de Marzo de 1876 en la Península.

Ciertamente que se trataba por todos los medios de dar recompensas y otorgar estímulos, al poder decir por segunda vez, en el trascurso de tres años, que el nombre de Don Alfonso XII era emblema de victoria y prenda de paz. Bajo estos auspicios y recordando nuestra legislación de los años 1813, 1815, 1817, 1822, 1830, 1841, 1846, 1859 y 1867 al advenimiento de una era de paz, quiso inaugurarse, con el repartimiento de terrenos baldíos y realengos, con otros, en un país donde se calculaban los terrenos incultos en 800.000 hectáreas de superficie; allí, donde la feracidad del suelo convida tanto al trabajo.

Resulta, pues, que antes del año 1868 no hubo necesidad en Cuba de recurrir con extremo al uso del crédito; que en el año 1877 se confiaba con el renacimiento de la paz ver asegurada la ventura del país.

Pues veamos en el año 1886 qué ha hecho la Administración pública en Cuba, como resultado de sus trabajos anteriores, y lo vamos á ver en las discusiones de la Deuda á favor del ejército, de la emisión de un nuevo empréstito, y en el presupuesto cubano para 1886-87.

Terminada la guerra civil ó separatista de Cuba en el año
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1878, en el mes de Julio del año 1886, no podía aún el Gobierno de la Metrópoli decir, ante la Representación Nacional, cuando serían pagados los créditos que había contra el Estado procedentes de fallecidos, inutilizados, licenciados y cumplidos de aquel ejército.

Un Diputado, Oficial general, levantó su voz en el Congreso para defender la proposición, que decía textualmente: «Los Diputados que suscriben, ruegan á la Cámara se sirva declarar vería con gusto se diese cumplimiento á la ley de Julio del 82, entregando á los licenciados de Cuba y herederos de los fallecidos los títulos de la Deuda, creados con tal objeto por la expresada ley, equiparándolos de esta suerte á los de más acreedores que ya los han recibido.»

Con saber que los fundamentos de la proposición son verdaderos, no se necesita averiguar más para que se conozca perfectamente cómo la patria, representada por todos los partidos políticos en la esfera del Poder ejecutivo, cumple los compromisos que tiene contraídos con sus defensores que, hijos del pueblo, en la flor de la edad, después de sufrir muchos de ellos las penalidades de la guerra civil en la Península, habiéndose visto obligados á cumplir el servicio de las armas, la recompensa pecuniaria que de derecho les corresponde, que debieron recibirla el mismo día que estaba ganada, entregándosela siempre en monedas de oro ó plata, se disputa aún á aquellos desheredados de la fortuna, héroes oscuros no pocos, pero no por esto con menos merecimientos al título de la heroicidad, se les disputa, decimos, una miserable paga, que por ley hecha en Cortes está mandado pagarse en una Deuda pública que fué creada al efecto; pero que luego, por diferentes disposiciones ministeriales, vino á entorpecerse su cumplimiento, con gran detrimento de intereses sacratísimos, como serán siempre los del soldado.

A la defensa que fué hecha de la proposición por el Ministerio de Ultramar, se contestó en estos ó parecidos términos:

Quísose otorgarse un privilegio merecido y justo á favor de los soldados que habían muerto en campaña y á favor de los
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que habían cumplido después de hacer la guerra y venido á la Peninsula, y se les otorgó el pago de sus alcances en la clase de Deuda del 3 por 100 y 2 por 100 de amortización; y para las demás clases se creó la Deuda de 3 por 100 de interés y 1 por 100 de amortización; pero á los créditos devengados con posterioridad al corte de cuentas, pero anteriores á 1.º de Julio de 1882, se estableció que serían pagados en anualidades. Y por Real orden de 14 de Agosto de 1882 se dispuso que para la liquidación y pago de los créditos de inutilizados, de cumplidos, de licenciados y de fallecidos en la guerra, que se tuvieran presentes las relaciones y forma de contabilidad que existen entre el Tesoro y los cuerpos del ejército, siendo éstos los verdaderos acreedores directos de aquél, como á su vez lo son de ellos sus individuos, cuidándose de que toda reclamación de esta clase lleve la conformidad de las oficinas de la Administración militar de la isla de Cuba. En el Senado, un General, de la más alta gerarquía militar, quien tuvo que defenderse de haber firmado aquella Real orden declaró, que si lo que resultaba de lo mandado era que hasta que no se liquiden las cuentas de los cuerpos que no se liquiden las de los individuos, afirmación que el Senador puso en duda pudiera hacerse, sin embargo; de ser así, pidió que fuese derogada la Real orden de 14 de Agosto de 1882 dictada por él, mal dictada por un error de concepto ó de redacción.

La ley de Julio de 1882 dice textualmente: para satisfacer los débitos ó alcances á favor de fallecidos, inutilizados, licenciados y cumplidos, etc.

Esa ley fué hecha para satisfacer deudas á favor de un ejército, á cuyos soldados se había exigido durante la campaña muchísimas más fatigas y penalidades de las que podían realmente soportar. Esa ley fué hecha para poder pagar sus alcances á aquellos soldados que en el mes de Julio de 1878 (como otras en diferentes fechas), formando un grupo de 1.500 hombres, se les había entregado la mitad de sus alcances en oro y la otra mitad en abonarés, asegurándoles que á su llegada á la Península serían satisfechos aquellos abonarés, para lo cual