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dente aquél y vocal éste de la subcomisión que lo redactó, ambos muy significados en el partido liberal, parecía que el Ministerio presidido por el Sr. Sagasta, haciendo menos sacrificios de opinión que el del Sr. Cánovas del Castillo, que había aceptado la conversión en delegada de la jurisdicción retenida, se conformaría con la obra de la Comisión, introduciendo en ella únicamente aquellas enmiendas que hiciesen indispensables sus planes, ya anunciados, de reforma de las leyes Provincial y Municipal.

No sucedió así, para mal del pensamiento que todos acariciaban de mejorar la organización de los Tribunales contencioso-administrativos. El Ministerio del Sr. Sagasta, volviendo á lo que la Comisión de reformas, compuesta como se ha dicho de hombres de todos los partidos, desechó unánimemente, de someter á la jurisdicción ordinaria la revisión de los actos administrativos, ensayado con éxito poco feliz desde 1868 á 1874, presentó á las nuevas Cortes, por él convocadas, en 30 de Diciembre de 1882, un proyecto de ley atribuyendo el conocimiento de los asuntos contenciosos de la Administración: primero, á la Sala primera ó única de lo civil de las Audiencias territoriales, y segundo, al Tribunal Supremo.

Las Salas de las Audiencias, como Tribunales contencioso-administrativos, habían de constituirse con los Magistrados á ellas asignados y dos diputados provinciales en quienes concurriese la cualidad de letrado. En el Tribunal Supremo se creaba una Sala cuarta, sin reparar en el aumento de gasto que esto producía, compuesta de un Presidente y ocho Magistrados, elegido aquél entre las altas categorías que se mencionaban, y éstos, de por mitad, entre los que reuniesen los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Supremo ó Consejero de Estado, según las respectivas leyes orgánicas.

Dudo el sistema, para nosotros inaceptable, de delegar la jurisdicción contencioso-administrativa en los tribunales ordinarios, con sólo la intervención indicada de dos Diputados provinciales en las Audiencias y de cuatro Magistrados procedentes de las carreras administrativas en el Tribunal Supremo, el proyecto estaba bien hilvanado, incluyéndose
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en el muchas disposiciones del de la Comisión de reformas que mejoraban el procedimiento vigente. Se tomó del mismo sobre todo, y en esto aventajaba mucho el proyecto del señor Sagasta de entonces al que rige ya como ley, el haberse de acudir en queja de la demora de los Ministerios en remitir los expedientes reclamados por el Tribunal, al Consejo de Ministros, por conducto de su Presidente; el no poder suspender los Tribunales contenciosos la ejecución de las resoluciones impugnadas, si se opusiera el Fiscal, sin previo acuerdo del Gobierno ó de los Gobernadores según los casos, y el encomendar lisa y llanamente la ejecución de las sentencias á los Ministerios respectivos ó á las Autoridades de que procediesen las resoluciones reclamadas.

Desde luego debía contar este proyecto con la impugnación del partido conservador y la opinión contraria de importantes personalidades del liberal. Los Sres. Posada Herrera y Gallostra, Presidente el uno del Congreso y Senador el otro de la mayoría (1), continuaban siendo partidarios de la jurisdicción retenida, habiéndolo hecho constar así en el libro publicado por el segundo en 1881 sobre lo contencioso-administrativo. En el prólogo de dicho libro, escrito por el Sr. Posada Herrera, autoridad competentísima en la materia, después de censurarse, como hemos indicado ya en otra parte de este trabajo, el hecho de haberse encomendado en 1868 al Supremo Tribunal y las Audiencias el conocimiento y decisión de los asuntos contenciosos y de lamentarse que el partido democrático tuviese escrita en su bandera la derogación de esa jurisdicción, se decía lo siguiente: «Mas por eso ¿hemos de ceder Ud. y yo (hablaba el autor del prólogo con el del libro) al torrente de doctrinas y opiniones que ni aun por la novedad cautivan, sin detenernos un poco como quien duda y antes de resolver quiere oír alteram partem? Si lo que se propone fuera un progreso, si contribuyera en alguna manera á dar seguridad á los derechos de los ciudadanos ó á corregir los abusos de los Ministros y sus agentes, ó á mejorar la condición de los intereses del Estado, lo aceptaríamos desde luego y con buena voluntad. Pero la teoría de lo contenc-

(1) Los dos desaparecieron ya, por desgracia.
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cioso-administrativo y la jurisdicción que de ella nace se fundan en principios de libertad y de justicia, y solamente por error se puede querer extirparlas como á mala y nociva semilla. Nace este error á mi juicio de dos causas.»

«La primera es el concepto falso que tiene del Estado cierta moderna escuela que, creyéndole una evolución científica más bien que una creación histórica, reduce los límites de su misión y de su autoridad á la simple distribución de la justicia. Suprimiendo la función de gobierno á que llamamos administración, quedaría por el mismo hecho suprimida la jurisdicción administrativa; pero como lo primero es imposible, lo segundo sería absurdo................................................

»El desconocimiento de los hechos y la inexactitud del lenguaje forman la otra causa de error que dejamos indicada. La nomenclatura legal y política no tiene la sencillez de la notación algebraica, ni la claridad y exactitud de la que se usa en las ciencias físicas y naturales. Oímos, dicen, Tribunales, y demandas, y sentencias, y no entendemos; y si eso es, ¿para qué los Jueces especiales y los procedimientos especiales cuando tenemos ya los Tribunales y procedimientos comunes, que con mayor imparcialidad y más independencia que los privilegiados, y por trámites conocidos, pueden administrar justicia? Da fuerza á esta consideración el haberse atribuido al Consejo Real y á los Consejos provinciales, por motivos políticos ó de otra índole, el conocimiento de asuntos que, como el de venta de bienes nacionales, no son lógicamente de su competencia. Pero ni estas anomalías, ni la inexactitud del lenguaje, pueden variar la verdadera naturaleza de la materia contenciosa administrativa, ni la de los Tribunales que sobre ella administran justicia. Grandemente se evitaría la confusión si en lugar de llamarles Tribunales se les llamara Consejos ó Asesores; á sus sentencias, decisiones; y á los procesos, expedientes; y si, en fin, se hubiera conservado en su mayor parte la antigua y propia nomenclatura española.»
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V

También el proyecto de ley del Sr. Sagasta quedó sin discutir á causa del cambio político que trajo de nuevo al poder, en Enero de 1884, al partido conservador.

El Ministerio presidido por el Sr. Cánovas del Castillo, consecuente con su pensamiento de 1881, reprodujo ante el Senado en 16 de Marzo de 1885 el proyecto de la Comisión de reformas administrativas, aunque con modificaciones ahora más importantes que la vez anterior, puesto que eliminaba del mismo todas aquellas disposiciones que, por referirse á la organización del Consejo de Estado, eran objeto de un proyecto especial, que presentaba por separado. Además, ponía en armonía con la diferente organización que se daba á las comisiones provinciales en el proyecto de ley Orgánica de gobierno y administración local, sometido ya á las Cortes, la parte del de la Comisión, que atribuía á dichas Corporaciones el carácter de tribunales contencioso-administrativos de primera instancia; y procuraba impedir, lo que á nuestro juicio era más importante que todo eso, que el recurso contencioso se convirtiese en medio ordinario de reclamación contra toda clase de resoluciones administrativas, con menoscabo á un tiempo del interés de gobierno y del servicio público.

«Manteniendo, decía el Gobierno, el principio establecido por la Comisión en su proyecto de no corresponder á la jurisdicción contencioso-administrativa las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que nazcan, ó de la materia sobre que versen, pertenezcan al orden político y de gobierno ó al civil y penal, y conservando la disposición que atribuye á la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado el conocimiento en primera y única instancia de los recursos contra las resoluciones de los Ministros de la Corona que en la aplicación de las leyes y reglamentos ofendan derechos de la Administración ó de los particulares, establece la excepción de que en materia de impuestos, en asuntos relacionados con la defensa del Estado y el resguardo de la salud y en cuestiones de personal, sólo se admitirá dicho recurso cuando el derecho que se invoque proceda de la ley, ó el recurso
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III

DIVISIÓN DE LA QUÍMICA

La distinción de la Química en inorgánica y orgánica es buen ejemplo, dice Bain, de una definición cuyos límites son indecisos.

El fondo de esta distinción consiste en un gran número de sustancias muy importantes, como la albúmina, el azúcar, el almidón, que no pueden ser obtenidas más que en los seres vivos, y á esta particularidad de origen se añaden todavía otras dos, tales como el corto número de elementos que entran en los cuerpos orgánicos, y la gran complejidad de su constitución química.

Parece justo considerar estos tres hechos como una definición compleja de los cuerpos orgánicos, de la que sacaremos por antítesis la definición de los inorgánicos.

La Química del mundo inorgánico ó mineral ocupa el primer puesto. El método que más la conviene, á juicio de Bain, es el de adoptar un cierto orden en la enumeración de los cuerpos simples y distribuir, una vez establecido este orden, los diferentes compuestos.

División de los cuerpos simples.—En metales y no-metales. Aunque existen elementos intermediarios (teluro, arsénico), la distinción esta fundada en importantes diferencias.

Los metales ofrecen ciertos caracteres, pero varían de un metal á otro y hasta están sujetos á excepciones.

Caracteres de los metales. — Opacidad, brillo metálico, color blanco ó gris (con excepción del oro, cobre y titano,
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esté expresamente concedido por la misma ley ó por los reglamentos que se dicten para su ejecución con audiencia del Consejo de Estado.»

«Asimismo conserva el Gobierno, añadía, en el proyecto que tiene la honra de acompañar, el carácter de jurisdicción delegada que atribuye en el suyo la Comisión á la contencioso-administrativa, con la garantía del recurso extraordinario de revisión, en que no ha introducido otra novedad que la natural ó consiguiente á la excepción cuyo fundamento deja explicado.»

Este proyecto, que en los puntos indicados mejoraba el de la Comisión de reformas, tropezó con dificultades, más bien técnicas ó científicas que políticas, en el seno de la del Senado, encargada de examinarlo; y como al mismo tiempo crecía la ansiedad en favor de una solución que facilitase el curso de los centenares de pleitos aglomerados en el Consejo, la Comisión de la alta Cámara, compuesta de los señores marqués de Barzanallana, Mena y Zorrilla, Gallostra, marqués de Reinosa, Comas, Mosquera y marqués de Retortillo, y en que, como se ve, tenían representación, con el beneplácito del Gobierno, las diversas fracciones de la misma Cámara, llegó á un acuerdo y emitió dictamen con fecha 27 de Mayo de 1885, concebido en estos términos:

«La Comisión nombrada para dar dictamen sobre el proyecto de ley de reforma de la organización, atribuciones y procedimiento de los tribunales contencioso-administrativos, ha procurado corresponder á la confianza que mereció al Senado, dedicándose con celo al estudio de tan importante asunto.

»La Cámara tiene sobrada ilustración para dejar de reconocer cuántas y de cuán grande importancia habrán de ser las cuestiones que en el orden científico surgieran con el examen de un proyecto que abraza puntos jurídico-administrativos relacionados con principios de escuelas políticas y funciones de gobierno, en el seno de una Comisión en la que, por voluntad del Senado, con notoria ventaja para los intereses generales del país, tienen representación las diversas tendencias que existen en este alto Cuerpo. Y por ello fácilmente comprenderá que la fijación de las bases fundamentales de lo
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contencioso-administrativo había de ser objeto de empeñadas discusiones antes de entrar en el examen de los pormenores del proyecto de ley. No obstante, guiados todos los individuos de la Comisión por móviles patrióticos, é inspirándose en amplio espíritu de transacción, llegaron á resolver de comun acuerdo puntos muy importantes, entre otros el referente al carácter que deberá tener la jurisdicción.

»Con igual espíritu continuaba la Comisión sus tareas, cuando excitaciones hechas en el Parlamento, reflejo indudable de una aspiración común y general, le han dado á conocer que la necesidad urgentísima á que los Poderes públicos deben atender sin la menor demora, es la de poner término al estado en que se encuentra un gran cúmulo de pleitos contencioso-administrativos; cúmulo á que se ha llegado, ya por la extensión que recientemente se ha dado á la procedencia del recurso, ya por la influencia del carácter de retenida de la jurisdicción que actualmente ejerce la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, ya por la lentitud del procedimiento vigente, ya por el escaso personal hoy destinado á preparar los trabajos y cumplir las providencias de la Sección correspondiente de aquel alto Cuerpo consultivo.

»En este estado, la Comisión juzgó oportuno conferenciar con el Gobierno de S. M., y después de apreciar con todo detenimiento las soluciones que podrían satisfacer la apremiante necesidad que acaba de exponer, ha adquirido el convencimiento de que, dada la época en que la actual legislatura se encuentra, es de todo punto imposible que los Cuerpos Co-legisladores discutan un proyecto tan extenso como es el presentado á la deliberación del Senado; y que el único medio de poner término á los perjuicios que están sufriendo derechos e intereses respetabilísimos, así del Estado como de los particulares, es autorizar al Gobierno de S. M. para plantear la ley de organización de lo contencioso-administrativo.

»Y afortunadamente, en el caso actual es de esperar que este medio sea aceptado por todos los lados de la Cámara, conociendo la historia del proyecto que ha de elevarse á la categoría de ley.

»El Senado recordará que en cumplimiento de la de 16 de Enero de 1879, se constituyó la Comisión de reformas admi-
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nistrativas, para la cual, y según el espíritu que inspiró aquélla, fueron nombrados hombres de encontradas opiniones en política y en administración. Como primer fruto de su trabajo, presentó al Gobierno un proyecto de organización de lo contencioso-administrativo; y el actual Sr. Presidente del Consejo de Ministros, que también lo era en aquella época, lo aceptó en todas sus partes, é integro lo sometió á la deliberación de las Cortes en 26 de Enero de 1881.

»El cambio de gobierno en aquellos días, y la disolución de las Cortes después, fueron causa de que el proyecto no llegara á discutirse; pero al encontrarse en el gobierno el señor Presidente del Consejo de ministros de aquella época, de nuevo lo ha sometido á las Cámaras, con ligerísimas modificaciones, acompañando el proyecto íntegro de la comisión en observancia de lo prescrito en la ley de 16 de Enero de 1879.

»Dada la índole de las modificaciones que no entrañan principios esenciales, el señor Presidente del Consejo no ha insistido en ellas, sino que, por lo contrario, ha creído, como los que suscriben, que el proyecto íntegro, elaborado por la comisión de reformas administrativas, satisfará la necesidad urgentísima que demandan interesos muy respetables.

»La exposición de estos antecedentes servirá para dar á conocer á la Cámara los motivos de alta conveniencia pública que ha tenido la comisión, de acuerdo con el Gobierno de Su Majestad, para proponer al Senado que por autorización se eleve á ley un proyecto que á todos ofrece grandes garantías, puesto que elaborado por una comisión legislativa, es fruto de largas discusiones de la misma; está autorizado, como la Cámara habrá visto, por hombres importantes de distintos partidos, que dentro de ellos gozan de grande prestigio y consideración; aceptado por el Gobierno de S. M., y en el que solamente se hace una modificación necesaria, por la circunstancia de hallarse pendiente de discusión el proyecto sobre reorganización del Consejo de Estado.

»La comisión, pues, de acuerdo con el Gobierno de S. M., tiene la honra de someter al Senado el siguiente proyecto de ley.

Artículo único. Se autoriza al Gobierno de S. M. para que promulgue y ejecute como ley del reino el proyecto redactado
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por la comisión creada por la ley de 16 de Enero de 1879, y elevado á la Presidencia del Consejo de ministros en 23 de Diciembre de 1880, sobre organización, atribuciones y procedimiento de los tribunales contencioso-administrativos.

»Igualmente se autoriza al Gobierno para que modifique en lo necesario las condiciones que el proyecto exige para ser nombrado consejero titular de lo contencioso, y para aumentar el personal auxiliar y los subalternos del Consejo de Estado, con el fin de normalizar la tramitación y terminación de los pleitos contencioso-administrativos.»

Este dictamen sufrió modificaciones por el Senado, una de ellas encaminada á facilitar el acceso, en vez de impedirlo, á las plazas inamovibles de Consejeros titulares de lo Contencioso. Mientras la Comisión de reformas, atenta al interés de enaltecer esos cargos, añadió condiciones á las exigidas por la ley de 17 de Agosto de 1860 para el nombramiento de los que hubieran de desempeñarlos, el Senado, obrando en opuesto sentido, allanó el camino, temeroso sin duda, contra el testimonio de la realidad, de que hubiese escaso plantel para la elección de Consejeros. Según la Comisión, el nombramiento de los titulares de lo Contencioso sólo podría recaer (art. 11 de su proyecto) en los que llevaran dos años de asistencia á la Sala como Consejeros de otras Secciones, ó en los que, sin llenar este requisito, procediesen de las carreras judicial ó fiscal, siempre que reuniesen las condiciones exigidas en los artículos 5.º y 6.º de la ley Orgánica del Consejo, ó bien de la del Profesorado, si el nombrado, conforme al artículo 7.º, hubiese sido Catedrático de término de la facultad de Derecho.

Conforme á estas reglas se requería, para ser nombrado Consejero de lo Contencioso, hallarse en alguno de los casos siguientes: 1.º Llevar dos años de tal Consejero con asistencia á la Sala. 2.º Ser ó haber sido Presidente de cualquiera de los Tribunales Supremos, ó Magistrado ó Fiscal durante dos años de los mismos. 3.º Ser ó haber sido por el propio tiempo Fiscal del Consejo de Estado ó del Real, Auditor de número ó Fiscal del Tribunal de la Rota; Decano, Ministro ó Fiscal del Tribunal de las Ordenes; Regente de la Audiencia de la Habana; Ministro ó Fiscal del suprimido Tribunal Su-
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premo contencioso-administrativo; y 4.º Consejero de Estado de libre elección, habiendo sido antes Catedrático de término de la facultad de Derecho.

Parécenos que las categorías expresadas ofrecían ancho margen, no sólo para el nombramiento de siete, sino de 70 Consejeros titulares, y sin embargo figuraronsele pocos al Senado, el cual aumentó por su parte las siguientes: Senadores por derecho propio y vitalicios ó electivos, y Diputados á Cortes elegidos en tres elecciones generales; Consejeros de Instrucción pública con dos años de ejercicio; Presidentes de Sala de la Audiencia de Madrid con seis años de servicio efectivo en dicha categoría, y Jefes superiores de Administración con otros tantos años de servicio activo en la propia categoría.

Con la indicada variante, que había sido, por decirlo así, el caballo de batalla; la de poderse aumentar el personal auxiliar del Consejo á fin de normalizar la tramitación de los pleitos pendientes; la de establecer, con igual fin, mayor número de audiencias para la vista de los negocios contenciosos; la de realizar ciertas modificaciones en la organización de los Tribunales de provincia, y la de atribuir la representación del Estado, ante los mismos, á los abogados del Estado, aprobó el Senado definitivamente en 1.º de Julio de 1885 y lo pasó al Congreso, el proyecto que autorizaba al Gobierno para promulgar y ejecutar como ley el redactado por la Comisión creada por la ley de 16 de Enero de 1879.

VI

No tuvo dicho proyecto mejor suerte esta vez que la anterior. Aunque la Comisión nombrada por el Congreso se dió gran prisa á examinarlo y presentó á los pocos días su dictamen, estimulada por lo avanzado de la estación y los ruegos de cuantos se interesaban por el pronto planteamiento de la reforma, la intransigencia de la más importante de las oposiciones, malogró el intento del Gobierno y de la Comisión, dando lugar á que se cerrasen las Cortes sin que se discutiera el proyecto (1).

(1) Si la actual oposición conservadora, inspirándose en este antecedente,
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Sin sentir desmayo por el nuevo aplazamiento de la reforma, proponíase el Ministerio del Sr. Cánovas del Castillo sacar adelante la obra de la Comisión tan pronto como se reanudasen las sesiones de las Cortes; pero la inmensa desgracia del fallecimiento de S. M. el Rey D. Alfonso XII, á que rápidamente siguió el advenimiento al poder del partido liberal, frustró ese plan. Las Cortes sólo se reunieron para recibir el juramento á S. M. la Reina Regente, y disueltas después, quedó el proyecto sometido á las contingencias del cambio político que se había operado.

Traía el compromiso, que era ya común á todos, el señor Sagasta de resolver pronto esa cuestión; y aunque en el estado que la dejó el Sr. Cánovas del Castillo de un proyecto de autorización, votado ya por el Senado, y cuyo dictamen habían suscrito hombres tan importantes del partido liberal como los Sres. Gallostra, Comas y Mosquera, lo más sencillo que se le ofrecía era reproducir en el Congreso, de lo que había precedentes, dicho proyecto, prefirió, no obstante, el señor Sagasta someter á las Cortes en 21 de Noviembre de 1886 otro completamente distinto, calcado, ó en su mayor parte copiado, del que presentó en su anterior período de mando y que lleva la fecha de 30 de Noviembre de 1882 (1).

Este proyecto, del que arranca la nueva ley, recientemente promulgada, fué modificado por la comisión del Congreso, y luego por éste, en sus bases ó fundamentos más esenciales; pero ni la una ni el otro aceptaron el principal en que descansaba el de la Comisión de reformas, cual era la subsistencia en el Consejo de Estado de la jurisdicción contencioso-administrativa.

¿A qué obedeció el tenaz empeño del Gobierno de llevar esa jurisdicción al Tribunal Supremo, y por parte del Congreso de no conservarla en un cuerpo, como el Consejo, de tan larga y honrosa historia?

que no es el único por desgracia, se hubiera propuesto obstruir la discusión y aprobación del que después presentó el actual Presidente del Consejo de Ministros, estariamos hoy como en el mes de Julio de 1885. No ha sido así, y nos felicitamos por ello.

(1) En la Gaceta no se publicó hasta el 2 de Marzo de 1883.