ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 295

tado político y social á que nos han conducido no interrumpidas discordias y desdichas, y es su causa la anomalía é inseguridad de la vida nacional. Diferénciase en España de los demás pueblos, en que no responde inmediatamente á un prurito de superior perfeccionamiento del instituto armado en previsión de acontecimientos internacionales que pudieran arriesgar la integridad é independencia de la patria, aunque indirectamente á esto también se aspire. En todas partes este problema del ejército es uno de los más graves y mortal enfermedad que amenaza destruir las sociedades modernas, cuando no por su influjo político y por rápidas destrucciones, por el desfallecimiento paulatino de los organismos sociales y económicos; pero en España es además causa constante de sobresalto é inseguridad, capaz de aniquilar las más briosas fuerzas y de hacer ineficaces las más provechosas iniciativas.

Es, pues, tan antigua la cuestión casi como el régimen constitucional, y si ahora surge al parecer con más violencia, es debido cabalmente á que el estado de relativa tranquilidad y regular funcionamiento de los organismos políticos, al brindar una perspectiva de prolongada paz, hace surgir multitud de problemas secundarios, cuya solución daban la el acaso y tristísimas leyes biológicas en periodos de turbulencias y armadas contiendas. Por eso imaginamos estrecho criterio el de aquellos que imaginan haber nacido las cuestiones porque el Gobierno presentara tales proyectos á guisa de solución. Impuestos como hechos históricos irremediables, la crítica más ó menos justa podrá recaer sobre la imperfección, deficiencia ó timidez en las soluciones; pero es de todo punto absurdo hacerla sobre el intento de hallarlas; antes bien merece alabanzas el haber salido al paso de un fenómeno, que de otra manera se hubiera impuesto quizá mediante esa presión material y destructora que caracteriza á esta clase de sucesos históricos.

Tal vez no falte razón á los que censuran cuando echan de menos alguna parsimonia y tacto en la nivelación de algunas desigualdades y hablan de cierto tesón, que por lo excesivo parece hijo de apasionamientos mal contenidos, más bien que de la entereza y del profundo convencimiento en
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 296

pensamientos arraigados. Siendo lamentable accidente de las cosas humanas el que rara vez ó nunca puedan ir sin el acompañamiento de la pasión, y triste suceso el que cuestión tan ardua como ésta no se haya librado de tamaño infortunio, puesto que tengan razón los que tal sospechan, será punto de que respondan ante su patria los que se hayan dejado enseñorear de móviles del corazón ó del sentimiento mal aconsejado, pero no defecto que invalide el pensamiento fundamental, ni suficiente á determinar resoluciones radicales cuando las contrarias se imponen imprescindiblemente. Después de todo, si tesón excesivo y hasta estímulos del amor propio ha podido haber en unos, que el averiguarlo no importa y el aceptarlo no afecta á lo principal, tampoco están desposeídos de ellos ni de otros órdenes de apasionamientos, quienes tanto censuran, viendo, conforme á la evangélica sentencia, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Es preciso, pues, prescindir, para resolver problema de tanta monta y fenómeno social tan vivo, de recuerdos enojosos y recriminaciones recíprocas, mirando sin preocupación personal los hechos, propósito que, según parece, anima al Gobierno más irresoluto y vacilante ante las contrariedades y contradictorias solicitudes de lo que cuadra y conviene en estos momentos.

No deja de ser habilidosa la ocurrencia de los que, si no enemigos de las reformas, verfan sin pena que el Gobierno se estrellara en ellas, quizá sin prever que mayores daños pudieran sobrevenir. En definitiva, poco importaría la ruina y perdición de un gabinete, aun para sus mejores aliados, ante la magnitud de otras desgracias, cuyo acaecimiento es independiente de la vida de un Gobierno. Habiendo resuelto el Ministerio, según se ha dicho, plantear por decretos aquellas reformas más urgentes entre las reclamadas por la opinión y las necesidades políticas, y no sabiendo ya qué medios ex-cogitar para oponerse, han acudido algunos á una especiosa triquiñuela capaz de acreditar al abogado más desconocido entre picapleitos y curiales. Antojósele al legislador intercalar en la ley constitutiva del ejército un artículo, en el cual mencionaba varias materias, que en lo sucesivo debieran ser objeto de leyes, alguna de cuyas materias intenta ahora el Gobierno
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 297

regular por decretos, y antes hubiera planteado por completo en esa forma el general López Domínguez, á no haber caído del poder el Gobierno de la izquierda, á los tres meses de vida ministerial, sin que entonces se le ocurriera á nadie tamaña dificultad ni se acordara de que existía para el caso la ley de 1878. No es la única esta ley la que hace declaraciones de esta índole, en virtud de corruptelas parlamentarias y de cierta indeterminación y libertad de las costumbres políticas; pero estas indicaciones, que excusan á menudo advertidas deficiencias del pensamiento encarnado en los proyectos, no pueden tener, de manera alguna, carácter preceptivo, por la sencilla y potísima razón de que el sujeto del precepto no es el ciudadano, ni siquiera el Poder ejecutivo, sino el Parlamento mismo. Cuando unas Cortes disponen que una ley hará tal cosa, si fuera precepto, consignarían la obligación de otras tan independientes como ellas, y esa ley es completamente ineficaz en ese punto, puesto que depende su cumplimiento de la voluntad libérrima de los sucesivos Parlamentos. ¿En virtud de qué facultades pueden unas Cortes ni poder alguno obligar á otras á que hagan ó dejen de hacer leyes, á consignar en ellas una cosa ó á regular determinada materia? Ni la Constitución misma puede llegar á tales extremos, pudiendo limitar y regular las facultades y vida de los Parlamentos mismos, porque puede decirse de ella lo que de Dios demuestran los metafísicos, el cual, teniéndolo todo en su mano, se halla imposibilitado de dar realidad al absurdo. Así, pues, la misma Constitución, que establece los contornos de los poderes, que prefija la extensión de facultades de las Cortes, que siendo carta otorgada hasta puede anularlas, no podrá, de ninguna manera, lograr que, existiendo como poder un Parlamento, fuera mandatario de otro en esa forma. El art. 13 citado, ó es un contrasentido constitucional impracticable, ó un período de palabras sin significación alguna; porque si el legislador pretendió obligar á sucesivos Parlamentos, pretendió un imposible, entre otras mil razones, por no haber forma de constreñir al cumplimiento; y si únicamente quiso hacer una indicación, era inútil, porque olvidado tiene todo el mundo que esas y otras materias pueden regularse mediante leyes hechas en Cortes. Además, esa
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 298

prescripción para lo porvenir, no sólo atenta contra la independencia del Parlamento en sus posteriores reuniones, sino que ofende y lastima la dignidad de sus individuos, cada uno de los cuales es dueño y señor de su inteligencia y su voluntad. Y para que se vea más claro el razonamiento, reduzcamos al absurdo las conclusiones que se deducen. El artículo citado es ó no un precepto legal; si lo es, el faltar á él, puesto que supusiéramos sanción penal, sería un delito, y en todo caso un acto ilegal; esto es evidente de toda evidencia; si no lo es, á nada obliga, y el razonamiento de los propugnadores de las reformas carece de base y de sentido. Claro es que éstos imaginan que es un precepto, y en este caso, como las prescripciones legales obligan á todos los ciudadanos, sean ó no diputados ó senadores, cuantos han impedido con actos voluntarios que sean leyes los puntos á que el precepto se refería han cometido ilegalidades. ¡Cabe mayor absurdo! Admitida semejante interpretación, ¿cómo habría un diputado ó senador de conciencia escrupulosa de combatir las leyes prescritas, teniendo noticia de que el contravenir á la ley, sólo por serlo, degenera cuando menos en pecado?

No es posible que personas tan ilustradas y de tan claro talento, como son casi todas las que han sostenido aquellas tesis, hayan pasado por tamañas enormidades sin advertirlas. No cabe pensar que concedan fuerza de obligar á ese artículo 13, bien á costa del prestigio y de la independencia del Parlamento mismo. Otro debe ser, sin duda, el punto de vista de que parten, aunque á nosotros no se nos alcance ahora, porque no suponemos que consideren esa ley cual una especie de reglamento del Congreso; primero, porque los reglamentos regulan, pero no merman ni pueden mermar las facultades de una Cámara, como lo hace el art. 13, prescribiendo lo que haya de cumplirse en materia esencial; segundo, porque obligaría á una, pero no á entrambas Cámaras, y se daría el absurdo de un precepto legal á medias y de unas leyes en cuya formación participan ambos Cuerpos y á cuya observación sólo uno contribuía; y tercero, porque, siendo ley sancionada y promulgada, afecta á todos y á todo.

Al ver tantas aberraciones como nos salen al paso cuando procuramos averiguar el pensamiento recóndito de quie-
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 299

nes aquella tesis sostienen, nos devanamos los sesos en vano, sin dar con algo que se parezca á una racional explicación, lo cual no tiene de extraño, puesto que no es dado á los humildes de entendimiento alcanzar hasta las reconditeces y sublimidades de superiores imaginaciones. Verdad es que no falta quien diga que á quien obliga ese precepto, desde esta fecha memorable, es al Gobierno, género de obligación inconcebible que no podemos comprender, porque lo primero para que haya deber es que exista la posibilidad de cumplirlo, y no se nos alcanza cómo el Gobierno pudiera hacer leyes, puesto que sigamos creyendo que esto es propio de los Parlamentos con el rey. Lo único que el Gobierno puede es decretar, que es cabalmente lo que combaten los artificiosos intérpretes del art. 13. Si es oficio ó obligación de Gobierno, por fuerza han de traducirse las incorrectas frases de la ley constitutiva, refiriéndolas á lo único que puede hacer, que es decretar, pero nunca en el sentido de legislar; y si por el contrario, el Gobierno nada tuviera que ver, sino en cuanto es legislador, como cualquier representante del país, huelga todo cuanto se dice acerca de si puede ó no regular por decretos algunas de las materias á que se refiere el citado artículo 13.

Por desdichadísima lógica conducido, aun habría quien dijera que sin obligar el precepto á las Cortes ni al Gobierno, éste no puede poner mano en el asunto por estar ordenado en ley que leyes lo regulen y determinen; mas á tiro, no de ballesta, sino de cañón Plasencia, se advierte que tal argumentación carece, como vulgarmente se dice, de agarradero, porque si á ninguno obliga, ninguno tendrá que tener en cuenta el precepto, y por lo tanto es dueño y señor el poder ejecutivo, dentro de sus facultades constitucionales y no saliéndose de ellas, de publicar cuantos Reales decretos considere convenientes y beneficiosos al país, sin que puedan irles á la mano todos los artículos 13 y respectivos intérpretes que la fantasía invente. Mas aun siendo tan erróneo y mal ocasionado como queda dicho, admitamos que fuera racional y arreglado á Constitución aquel hipotético precepto, según el cual, pueden unas Cortes obligar, mediante ley, á las demás á realizar sus antojos; aun admitido esto, no resulta
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 3

REVISTA DE ESPAÑA

VIGÉSIMO PRIMER AÑO

TOMO CXXIII.—SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

MADRID
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
calle del General Castaños, número 9,
bajo derecho.

M. MINUESA DE LOS RÍOS, IMPRESOR
calle de Miguel Servet, número 13.
Teléfono 651.

1888
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 30



    NOMBRES DE LAS MINAS
    Hectáreas de superficie.

  Mercedes	17

  Sofía	44

  Catalina	5

  Encarnación (Mudá)	12

  Emilia	120

  San Andrés	12

  Joven Gregorio (Vergaño)	12

  Juanita (id.)	50

  Manchega (id.)	25

  Juanita segunda (id.)	25

  San Alberto (id.)	228

  San Blas (id.)	25

  Florida (Herreruela)	12

  Lorenza (id.)	13

  Gumersinda (Celada de Roblecedo)	50

  Reserva (id.)	21

  Porsiacaso (id.)	24

  La Petra (Quintanaluengos)	14

  Aurora (Redondo)	12

  Paquita (Redondo varias)	4

  Dos Hermanas (Respanda)	75

  Joaquina (Dehesa de Montejo)	12

  COBRE

  Manolita (San Martín de los Herreros)	18

  Celin (id.)	16

  Julia (Ruesga)	12

  Eugenia (Vañes)	34

  Vitoria reserva (id.)	20

  Avelina (id.)	20

  Victoria (id.)	16

  La Flor (id.)	16

  Buena (id.)	10

  Zael (id.)	9

  Narcisa (id.)	12
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 300

siquiera la dificultad para que un Gobierno publique los decretos sobre ascensos que considere precisos, porque esto no obstaría á que el Parlamento después legislase sobre eso, y en último caso, si era galante y afectuoso con el Gobierno, diera fuerza de ley á los decretos por éste publicados. ¿Dónde habrán podido ver algunos, aun siendo aceptable el art. 13, la incompatibilidad entre éste y los decretos? ¿Qué desabrimientos, ni agravios, ni siquiera puntillos de amor propio pudiera suscitar entre ambos poderes el que esto se hiciera? ¿No se ve á diario pasar á leyes, disposiciones ministeriales y aun circulares secundarias y decisiones singulares? La ley de Enjuiciamiento civil, con ser fundamental, y la de Enjuiciamiento criminal, ¿no se modificaron con disposiciones parecidas? y de otras clases de leyes no hay para qué hablar siquiera. Será bueno que expliquen los nuevos comentadores qué criterio tienen acerca de esta materia, si no hemos de quedar ayunos de convencimiento los indoctos.

Resulta, pues, que como no tengan mejores razones que las aducidas hasta ahora, el Gobierno tiene facultades para plantear por decretos las reformas que considere precisas, sin más que cumplir el formalismo reglamentario por referirse á proyectos pendientes de aprobación en el Congreso, y aun esto por la circunstancia singular de ser materia entresacada de un plan de reformas determinado. Nada, pues, tiene que ver con esto el art. 13 de la ley constitutiva, cuya redacción es inadmisible, y menos aun el sentido que le dan ahora los intérpretes, como se advierte sencillamente con solo este razonamiento. Si las Cortes del 78 tuvieron facultades para ordenar á las subsiguientes que legislasen sobre tales materias, de la misma manera pudieron disponer en forma negativa, impidiendo á la vez que sobre otras legislasen, por donde hubiera resultado la más completa anulación del sistema parlamentario. Y no se diga que no es lo mismo un precepto positivo que negativo, lo cual, si es cierto para el sujeto de la ley y en contados casos, no lo es en cuanto á los fundamentos racionales del poder y á las facultades del legislador. Cuando éste puede obligar con preceptos positivos, mejor puede con negativos, los cuales, aun respecto á los ciudadanos, son los propiamente obligatorios.
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 301

Resulta, pues, demostrado: primero, que la ley no pudo disponer lo que es objeto del art. 13, al menos en el sentido y con el alcance que le atribuyen los comentaristas de ahora; segundo, que aun siendo como éstos desean, no obliga al Gobierno, sino al Parlamento, puesto que no dice que no puedan ser objeto de decretos parcial ó totalmente esas materias; tercero, que aun obligando al Gobierno, éste podría plantear por decretos las reformas enumeradas, sin perjuicio de que después se cumpliese el artículo, dando solemnidad legal á lo decretado; y cuarto, que las teorías sustentadas son la negación del sistema parlamentario; y como consecuencia de todo esto, lo único que se descubriría, admitiendo tamaños errores, es que habrán faltado al precepto las Cortes y los Gobiernos que después no intentaron cumplirlo, y cuantos de alguna manera se hayan opuesto á que sea ley, pero nunca los que pretenden regular las materias consignadas en el art. 13, respondiendo al verdadero espíritu de ese precepto.

Mirada, pues, la cuestión bajo un aspecto puramente jurídico, no se nos alcanza cómo haya podido suscitarse siquiera. Aunque equivocadamente, otra cosa hubiera sido plantearla, ya que se pretendiera dificultar con discusiones accidentales que las reformas se realicen desde el punto de vista constitucional, convirtiendo este asunto en cuestión de límites entre los poderes del Estado. Algo se ha insinuado también; pero ha debido comprenderse que era mala posición para causar estragos en el campo contrario, y se abandonó. De cualquier manera, sólo podrá tratarse el punto teóricamente, pues en cuanto al derecho constituido, el debate concluía con la aplicación del viejo aforismo: illius est tollere, cujus est condere, porque claro y evidente es que asentándose hoy lo vigente en Reales órdenes y decretos, puede modificarse en idéntica forma de legislar. Por lo demás, si no fuera tan manifesto el caso, sería imposible determinar lo que haya de ser objeto de leyes ó reales disposiciones. Acerca de esto es tal la confusión, que nadie habrá que se atreva á señalar más de una docena de cosas que requieran necesariamente la intervención directa del Parlamento, y aun entre éstas las hay cuyo carácter legislativo lo tienen por la cos-
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 302

tumbre. Los mismos Códigos, con ser, después de los presupuestos, los más propios del legislador, suelen plantearse mediante aprobación de bases, procedimiento que en definitiva viene á poner á la firma de un ministro lo más arduo y grave de las leyes. Cuando tal es la confusión, y estas las prácticas, ¿considerará nadie argumento de fuerza el que se hace ahora, cabalmente cuando se trata de materias que jamás han sido objeto de leyes?

Lo único que puede aducirse con algún fundamento nace del hecho de que estén esas materias sometidas á discusión en el Congreso; pero ni aun esto tiene gran valor, porque el regular por decretos algo de lo que está sometido á las Cortes, no implica el que éstas no puedan discutir y votar cuanto quieran. Tarea tan estéril como impracticable sería la de aquellos ministros que tuvieran que investigar antes de dictar disposiciones, si algún punto de los contenidos en ellas estaban sometidos al Parlamento, aquí donde la iniciativa parlamentaria carece de límites, y donde cada cual es dueño de presentar proposiciones hasta sobre los casos más particulares que puedan imaginarse; ni tampoco se le ha ocurrido á ningún representante, y ha hecho bien, cuando ha presentado una proposición, averiguar primero si hay sobre aquello disposiciones ministeriales para desistir ó mantenerse en su propósito.

Mas aunque el citado art. 18 dijera cuanto quisieran los que en cierto sentido lo interpretan; aunque fuera constitucional el haberlo escrito; aunque en vez de reales disposiciones sancionasen leyes las materias que han de reformarse y estuvieran mejor determinadas las respectivas atribuciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, reconocidas por todos la urgencia, la necesidad y la importancia de esas reformas, sería insensatez loca retrasar su planteamiento por escrúpulos verdaderamente monjiles y tropezar en tiquis tiquis de recalcitrante leguleyo. Los deberes y funciones de gobierno han de regularse por más poderosos impulsos e inspirarse en más altas y complicadas consideraciones. Por fortuna para el Gobierno, ni aun el tropiezo existe, como suficientemente queda demostrado, y se patentizaría mejor si nos fuera permitido entrar en otro orden de argumentos que
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 303

nos veda la índole de estos escritos. No creemos, pues, que se arredre ante esas disputas, más propias para servir de asunto á los ejercicios de gimnasia intelectual de las escuelas, que para buscar soluciones á los inminentes y transcendentales problemas sociales que preocupan á los pueblos, y por lo tanto, imaginamos que, al comenzar la inmediata crónica, podremos anunciar que están vigentes las tres reformas sobre desaparición del dualismo, término de la carrera en coronel y proporcionalidad en el ascenso al generalato, que tan profundamente preocupan al ejército, y aun presumimos que se llegará á este punto sin grandes contrariedades y desavenencias entre los hombres importantes del partido liberal.

Como en este linaje de cuestiones no puede atenderse, en trabajos de síntesis, como éstos, á los pormenores, omitiremos aquellos mediante los cuales se ha llegado á una relativa armonía entre las contrapuestas opiniones y descos. Ni los actos y consideraciones que han influido en ilustres personas, no del todo afectas á ciertos extremos de las reformas, para que depongan personales ideas en aras del patriotismo y de un común interés, ni la conferencia del actual ministro de Fomento con el general Cassola, tan sonada y vestida de fantásticos comentarios, ni los trabajos discreta y silenciosamente realizados por otro ministro, ni nada de cuanto á diario se dice ó inventa, nos es permitido, ni por el espacio ni por la condición del escrito, que los examinemos con el detenimiento y pródigas descripciones y juicios con que aparecen por lo común, bastando á nuestro propósito que el lector se entere del final resultado y de las generales direcciones que llevan los asuntos pendientes y la opinión más extendida.

* * *

Publicadas en la Gaceta las economías realizadas por el Gobierno, han excedido á nuestros cálculos de la Crónica anterior, pues pasan de siete millones, que con las anteriormente hechas hacen aproximarse á veinte el total de ellas durante esta última etapa del partido liberal. Suceso previsto éste, ni merecería siquiera fijar en él la atención, puesto
Revista de España (1888-09-01 00:00:00), página 304

que ya repetidamente hemos tratado de la tendencia económica á que responde, si no fuera ocasión de un lamentable espíritu de injusticia, en los que por oficio ó afición se dedican á criticar los actos de los Gobiernos, propensión desdichadísima ésta, que producirá á la larga un fenómeno social desastroso.

Explicarlase bien que quienes, como nosotros, consideran mal ocasionado y han combatido amontonados y chabacanos arbitrismos, por viejos y desastrados preteridos hacia tiempo, que viniendo de fuera se han enseñoreado súbitamente de los ánimos, censurasesen ó buscasen excusas para censurar las economías, las cuales, por sí mismas ni son buenas ni malas, sino en cuanto se refieren á verdaderas ó mentidas necesidades; lo que es difícil comprender es el prurito y desazón de los que á troche moche y á buena cuenta han estado incesantemente pidiendo ahorros, y cuando, dándoles gusto el Gobierno, los realiza, no dijéramos con qué fortuna, se desatan en improperios y censuras del linaje y condición que el lector verá. El primer impulso de quien ha sentido viva y apremiante una inclinación es congratularse al verla satisfecha, y mover su ánimo con reconocimiento hacia el que tal satisfacción le proporciona, siquiera quede, como en todos los anhelos é ideales de la vida, un grande espacio entre la realidad lograda y el ideal ó la ilusión apetecidos; pero esto, que es ley natural de los seres, no rige con los políticos, para los cuales no parece sino que Dios ha inventado distintas leyes biológicas y lógica diferente.

Nosotros mismos, desagradándonos esa tendencia económica, que sin pararse en barras ni en otras consideraciones, considera una perfección y un bien la reducción de la cifra en el presupuesto de gastos, transigiamos con ella, apreciábamos la fuerza de la moda en el momento actual, y comprendiendo que un Gobierno no puede siempre sustraerse á estos arrebatos de una opinión equivocada, justificábamos que lo hiciera, rogando á Dios que pusiera tiento en sus manos, pues entre los dos males, el de la generosidad y la ta-cañería, consideramos mil veces más perjudicial para el país y para los individuos el último. Creyendo que hay mucho