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«vital importancia é indispensable introducir como excepción para Cataluña en el Código civil español; cuales, por su reconocida bondad, deben quedar para que figuren en el mismo como legislación general; cuales son aquellos de que, por inútiles o desusados, pueda prescindirse, concluyendo por formular el pensamiento en artículos.»

«Vista la proposición presentada al Congreso catalán de Jurisconsultos por varios de sus miembros, con fecha de 3 de Enero de este año, para que se sirva acordar (aquí las conclusiones anteriormente copiadas).

«Vista la proposición presentada y aprobada en la sesión del día 27 de los corrientes mes y año, «acordando que no se admita ni discuta ninguna enmienda, adición, proposición incidental ni de otra clase que se presente con el objeto de examinar, discutir ó votar, directa ó indirectamente, instituciones determinadas del derecho catalán, y que no há lugar á discutir sobre las enmiendas, adiciones, proposiciones incidentales ó de otra clase, que tal vez hayan sido ya presentadas á la mesa con iguales objetos.

«Atendido que el explícito homenaje que por primera vez se ha prestado por el Gobierno de la nación á las legislaciones civiles forales imponía al Congreso catalán de Jurisconsultos el noble deber de una leal correspondencia, elevando á aquél, después de concienzudo estudio y de la necesaria discusión, los sólidos fundamentos de nuestras peculiares instituciones, á fin de poner á salvo cuanto la legislación especial catalana contiene de esencial, característico y necesario para los intereses permanentes del país.

«Atendido que un deber análogo le imponían la deferencia debida á la respetable Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona, la conveniencia de secundar su noble propósito de contribuir á aquellos fines por medio de la reunión del Congreso y la necesidad de circunscribir su acción al círculo que le trazó aquella Sociedad, y que aceptaron los miembros de éste al admitir sus nombramientos, verificados en virtud de la convocatoria antedicha.»
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»Atendido que las conclusiones de la proposición de 3 de los corrientes mes y año, sobre todo después de las limitaciones que contiene la del 27, tienden visiblemente á imposibilitar el debate jurídico, que es de esencia, dados los fines del Congreso.

»Atendido que hasta que la aprobación de la proposición del 27 los impulsó á retirarse del Congreso después de formular una digna protesta, los que suscriben habían creído de su deber oponerse razonada y vigorosamente á la proposición del dia 3, tanto por las razones dichas en los precedentes atentos, cuanto por estimar un verdadero progreso científico y una notable mejora en el organismo nacional la formación de un Código civil español, en el que se respeten las instituciones forales que deben conservarse, en cuyo concepto han creído y creen que lo procedente, lo razonable y lo mejor pueda conducir á resultados prácticos, dados los antecedentes que el Congreso no ha creado, ni puede variar, ha de consistir en depurar y separar, por medio del estudio y de la serena discusión, lo que en nuestra legislación foral tiene condiciones de vida, de todo aquello que por el cambio de costumbres y de necesidades, ó por otras causas, no tiene razón de existencia en el dia, y designar como fruto de este trabajo todas aquellas instituciones que, por contribuir directamente á la organización de la familia y de la propiedad catalana, es preciso continúen rigiendo como norma de derecho en nuestro Principado.

»Atendido que estos propósitos clara y repetidamente anunciados en el seno del Congreso, no sólo no han sido tomados en cuenta, sino que se ha atentado á la libertad de discusión contra las comunes prácticas de toda Asamblea deliberante, por el desusado é incomprensible empeño de lograr, á todo evento, imponer la clausura del Congreso sin que llegue á cumplir el objeto especial para el que ha sido convocado.

»Atendido, por último, que los infrascritos creen deber dejar bien consignado su criterio y cubierta la responsabilidad, y además hacer todo lo necesario para sacar á salvo, si el Código en proyecto llega á promulgarse, todas las instituciones jurí-
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dicas de reconocida importancia para Cataluña, evitando así á ésta las funestas consecuencias que en otro caso podría sufrir.

»Por todas estas consideraciones, los infrascritos, miembros del Congreso catalán de Jurisconsultos, deliberada, formal y solemnemente hacen constar:

»Primero. Que por su vivo cariño y adhesión á Cataluña y á su legislación especial civil, en cuanto tiene esta de esencial, necesario ó conveniente para la conservación y prosperidad del país, se hallan en completo disentimiento con la letra, el espíritu y las tendencias de la referida proposición de 3 de los corrientes mes y año, y declinan la responsabilidad de todas las consecuencias que la misma pueda traer sobre Cataluña.

»Segundo. Que protestan de que, en cumplimiento de otra de las conclusiones de la misma proposición, se verifique la clausura del Congreso sin llenar el objeto especial para que fue convocado; y

»Tercero. Que se reservan cumplimentar por su parte dicho objeto cuando y como crean deber hacerlo, en virtud de mandato que para ello recibieron y aceptaron.

»Barcelona 28 de Enero de 1881.»

El fondo viril de esa protesta, fundada en razones de justicia innegable, además de su gran valor intrínseco, que es muy respetable, adquiere mayores proporciones de prestigio y de autoridad cuando se tiene en cuenta que, de los ciento veinte individuos que constituían el Congreso catalán, pusieron al pie de ese documento sus firmas cincuenta y cinco miembros que, si no aventajan, cuando menos igualan á la mayoría en calidad y en importancia, figurando, como entre ellos figuran, el Presidente del Congreso, dos ex-Decanos del Colegio de Abogados de Barcelona, tres Diputados á Cortes, dos Catedráticos de la Universidad, los siete Abogados que mayor cuota pagan en Cataluña y otras personas por diversos conceptos distinguidas. De lamentar es, verdaderamente, que, así como no se celebraron los Congresos intentados en Pamplona y en Bilbao, en los que se hubieran estudiado los fueros de Navarra y de las
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Provincias Vascongadas, sacándoles del estado de petrificación en que se encuentran, para infundirles aquella vida, aquel vigor y aquella savia que recibirían incorporándoles en aquello que de esencial tienen á la legislación general del Reino, el Congreso reunido en Barcelona tuviera un fin tan desastroso, sin más motivo, ni más razón, ni más fundamento que una obstinación tenacísima, un apasionamiento ciego y exagerado, un fanatismo inconcebible puesto al servicio de una intransigencia y de un espíritu y un apego á todo lo tradicional, aun lo más insignificante, aun lo más trivial, aun lo que en absoluto no tiene razón alguna de ser, en vez de oír la voz de la cordura, de la sensatez y del patriotismo, en vez de consagrarse con celo y con ardor á la noble empresa de estudiar el derecho catalán para purgarle de lo mucho inútil que tiene, dejándole con fuerza en aquello que constituye su esencia y forma parte indispensable para la buena organización de la familia y de la propiedad en el Principado de Cataluña, siempre protegido, siempre considerado por las demás provincias de la nación, que nunca han vacilado en hacer cuantos sacrificios han sido necesarios para fomentar la industria y el comercio de esa región, cuyos hijos son y serán modelos de laboriosidad.

VII

Con motivo de la publicación en Enero de 1880 de una obra de D. Emilio de la Peña, titulada Recopilación de los Fueros y Observaciones referentes á este antiguo Reino de Aragón, obra importante, cuyo prólogo escribió D. Joaquín Gil Berges, cuya reputación como jurisconsulto es proverbial y cuya nombradía como político y hombre de Estado es general, dentro y fuera de nuestra patria, este distinguido y respetable hijo de Aragón apuntó por primera vez la idea de que tuviera lugar la celebración de un Congreso de abogados aragoneses que llevara á cabo la empresa de redactar un Código civil que encerrara toda la legislación vigente en aquella región. Vino después el ya
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tantas veces nombrado Real decreto del Sr. Bugallal, disposición oficial que dió ocasión al Sr. D. Joaquín Costa, distinguido autor de muchas y muy buenas obras, juriscousulto de vasta y profunda ilustración, amante acérrimo de las instituciones forales aragonesas, para dar á luz, en uno de los números de la acreditada Revista de Legislación y Jurisprudencia correspondiente al mismo año de 1880, un artículo notabilísimo, como todo lo que de su bien cortada y fecunda pluma brotan, abogando calurosamente y resueltamente por la reunión de Congresos en Aragón, Cataluña, Navarra y demás países regidos por legislaciones forales diversas del derecho castellano, cuya denominación de común combatía con ardor y con denuedo. Por virtud de los deseos manifestados en una reunión que de abogados se celebró en Zaragoza con fecha 15 de Febrero de 1880, la Junta de gobierno del Colegio de abogados de la invicta ciudad acogió con entusiasmo la idea, provocando una Junta general, que en las sesiones del 29 de Febrero y del 7 de Marzo se adhirió al acuerdo de la Junta de gobierno, nombrando una «Comisión organizadora,» presidida por el Sr. Gil Berges, formando parte de ella, entre otros, los Sres. Comín y Ripollés, la cual se apresuró á dirigir á todos los letrados de Aragón una notable circular, consultándoles acerca de la oportunidad y conveniencia de celebrar en Zaragoza un Congreso de juriscousultos aragoneses con el objeto de codificar el derecho civil aragonés, á la vez que invitándoles á manifestar si se hallaban dispuestos á prestar su concurso asistiendo á las sesiones y tomando participación en los debates y en los acuerdos, ya personalmente, ya por delegación.

Doscientos setenta abogados contestaron á la circular de la Comisión, prometiendo asistir ó hacerse representar, y con el concurso pecuniario de las tres Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, el día 4 de Noviembre se inauguraron las sesiones en el Palacio de la Diputación provincial de Zaragoza, pronunciando el Sr. Gil Berges la oración inaugural, aprobándose, previa discusión, el reglamento, y siendo elegida la mesa y las secciones. Las personalidades más salientes de
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aquella Asamblea fueron: el Sr. Gil Berges, de instrucción y sentido práctico sin rival; Franco López y Guillén Caravantes, ilustres fueristas y autores de las celebradas Instituciones del derecho civil aragonés; Martón y Gavin, orador y polemista incomparable; Isabal, uno de los abogados de más vasta cultura jurídica de España; Espondaburu, inteligencia clarísima que reducía á ecuaciones matemáticas los más complicados litigios; Escosura, austero demócrata, de palabra, aunque indisciplinada, maravillosa; Penén, reputado comentarista; Costa, escritor infatigable y cronista del Congreso, cuyos datos y antecedentes nos sirven para hacer el presente modestísimo trabajo; Aybar, López Arriego, Mira y tantos otros cuya enumeración sería larga.

El cuestionario sometido á las deliberaciones del Congreso basta para demostrar la importancia y el interés que habían de inspirar los debates y las conclusiones, dentro y fuera de Aragón, como fácilmente lo comprenderán aquellos de nuestros lectores que no le conozcan, ó le hayan olvidado, por el texto que á continuación trascribimos:

«Capítulo preliminar.—Tema primero.—¿Es oportuna y conveniente la codificación del derecho civil foral vigente en Aragón, aceptando las reformas y supresiones aconsejadas por la experiencia? Caso afirmativo. ¿Deberá solicitarse que el Código civil de Aragón sea promulgado desde luego como ley, ó deberá pedirse solamente que se incluya en el Código general civil de España como excepción del derecho común? En el supuesto de que se optara por la formación de un Código aragonés, ¿dónde deberia acudirse para suplir sus deficiencias, al derecho general, á algún otro derecho, ó á la equidad natural?

»Tema segundo.—¿Interesa conservar el sistema de interpretación fundado en el axioma foral "STANDUM EST CHARTI"?

»Tema tercero.—¿Quiénes son aragoneses? Las reglas del Estatuto real, personal y formal que rigen en las cuestiones del derecho internacional privado, ¿deben también aplicarse en los casos que ocurran relacionados con nuestro derecho?

»Tema cuarto.—Las sentencias y decisiones de los antiguos
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Tribunales Supremos de Aragón, en materias de fuero, ¿deben ser tenidas como jurisprudencia en los casos á que sean aplicables?

»Capítulo I.—De las Personas.—Tema primero.—El privilegio de quedar ilesos, establecido por fuero en favor de los menores de edad y de los ausentes en servicio del Estado, ¿es preferible al beneficio de restitución in integrum?

»Tema segundo.—¿Convendría fijar en Aragón la mayor edad á los veinte años?

»Tema tercero.—¿Cabe defender con fundadas razones que el padre que tiene hijos legítimos pueda adoptar á extraños?

»Tema cuarto.—Respecto de peculios, ¿procede adoptar la legislación castellana con preferencia á la de Aragón, ó modificar las disposiciones del fuero para asimilarlas á aquellos?

»Tema quinto.—¿Convendría establecer en Aragón la curaduría tal como se conoce en Castilla, en el caso de prolongarse la menor edad hasta los veinte años?

»Tema sexto.—¿Debe subsistir en Aragón la obligación de dotar á las hijas? En la afirmativa ¿procede señalar como excepción el caso de que la hija contraiga matrimonio contra la voluntad del obligado á dotarla? ¿Convendría fijar el tipo ó cantidad de la dote?

»Tema séptimo.—¿Convendría en Aragón conceder la patria potestad á la madre viuda?

»Capítulo II.—Matrimonio.—Sociedad conyugal.—Tema primero.—¿Qué reformas convendría introducir en la firma de dote?

»Tema segundo.—¿Debe subsistir en Aragón la libertad de pactar en las capitulaciones matrimoniales, ó limitarse ese derecho? En el segundo caso, ¿cuáles son los extremos á que convendría reducir la reforma? ¿Deberá subsistir la facultad de otorgar dichas capitulaciones aun después de contraído el matrimonio?

»Tema tercero.—¿Sería aceptable en Aragón el derecho vigente en Castilla sobre bienes parafernales?

»Tema cuarto.—¿Conviene mantener la costumbre de lo que se llama CASAMIENTO EN CASA? En la afirmativa, ¿bajo qué condiciones?

»Tema quinto.—¿Conviene permitir las donaciones de bienes
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sitios entre los cónyuges? Caso afirmativo, ¿con qué limitaciones y en qué formas?

»Tema sexto.—Los bienes sitios de propiedad exclusiva de la mujer y los en su favor hipotecados, ¿deben responder á las obligaciones contraídas solamente por el marido? ¿Convendría en tal caso establecer excepción para cuando las obligaciones procedan de ser el marido fiador de un tercero, haciendo extensiva esa excepción á la mitad de los bienes sitios gananciales?

»Tema séptimo.—¿Debe permitirse que el marido disponga de clase alguna de bienes sitios de la sociedad conyugal si no consiente su mujer?

»Tema octavo.—Los bienes sitios de un cónyuge vendidos durante el matrimonio, ¿serán sustituidos por los que se adquieran con el precio de aquellos? ¿Qué requisitos deben exigirse en su caso?

»Tema noveno.—Los bienes muebles aportados al matrimonio y los adquiridos como tales durante él por uno de los cónyuges por cualquier título, ¿deben ser comunes cuando no se haya pactado acerca de ellos?

»Tema décimo.—¿Interesa conservar en nuestro derecho lo que se llama aventajar VENTAJAS FORALES?

»Capítulo III.—Unidad foral.—Tema primero.—¿Debe conservarse íntegro el derecho vigente en Aragón sobre viudedad, ó es susceptible de reformas y adiciones para su perfeccionamiento? En este último caso ¿cuáles deben ser las reformas y adiciones?

»Tema segundo.—¿Debe exigirse del cónyuge sobreviviente que ha de disfrutar viudedad, que forme siempre inventario de todos los bienes del primero? Caso afirmativo, ¿en qué forma y bajo qué condiciones? ¿Debe exigirsele también fianza respecto de los bienes muebles? ¿De qué clase?

»Tema tercero.—¿Debe en alguna manera subsistir sociedad de bienes entre el cónyuge viudo y los herederos del primero? Caso afirmativo, ¿convendría reformar el derecho vigente en Aragón acerca de este punto? ¿Bajo qué bases, según sea la solución que reciban los temas anteriores?

»Capítulo IV.—Sucesiones.—Tema primero.—¿Debe sostenerse en lo fundamental el derecho vigente en Aragón para disponer
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de los bienes por testamento? Caso afirmativo ¿será conveniente introducir algunas reformas y adiciones? (Se entiende sobre legítimas, instituciones, legados al cónyuge y á extraños.)

»Tema segundo.—¿Deben subsistir todos ó algunos de los testamentos privilegiados que por fuero ó práctica se conocen en Aragón? Caso afirmativo, ¿cuáles y por qué modificaciones?

»Tema tercero.—¿Deben conservarse los testamentos mutuos ó reciprocos y los conjuntos vulgarmente llamados de hermandad? ¿Debe sostenerse la irrevocabilidad del otorgado por su cónyuge y consentido por el otro, cuando se da al instrumento el carácter de contrato en cláusula concreta?

»Tema cuarto.—Supuesta la cláusula de reclamar los hijos que se consideran perjudicados en la porción hereditaria, suplemento de legítima, ¿cómo deberá organizarse su ejercicio de un modo fácil y conveniente para la armonía de la familia?

»Tema quinto.—¿Qué facultades y derechos podrá conceder el testador á quien sobreviven hijos?

»Tema sexto.—En materia de sucesión intestada, ¿debe aceptarse el derecho actual de Castilla, ó el de Aragón? Caso de ser preferido el de Castilla en general, ¿podría ser perfeccionado en lo relativo á la línea recta ascendente y á la colateral? ¿en qué forma?

»Tema séptimo.—Conviene admitir en Aragón la colación de bienes del derecho castellano? Sostenida en principio la llamada libertad de testar en Aragón, ¿pugnaría con ella la obligación de colacionar establecida por la ley? ¿Podría aceptarse la colación únicamente cuando la impusieran los testadores, si antes no renunciaron este derecho?

Capítulo V.—Contratos.—Tema primero.—¿Conviene prescindir de las disposiciones que en materia de contratos contiene el derecho civil de Aragón, aceptando las de la legislación castellana, menos en el contrato de matrimonio? ¿Cuáles, en su caso, deben conservarse?

Tema segundo.—¿Debe aceptarse la legislación de Castilla en cuanto al retracto gentilicio?

»Tema tercero.—¿Debe prescindirse del comercio ó fideicomiso foral?
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desembarazo cuando llegue el momento del pago íntegro y completo del interés á los diferentes valores emitidos señalado?

4.º ¿En qué recursos fijos, seguros y racionales podría fundarse esa amortización?

Este interrogatorio tuvo lugar cuando el servicio de la Deuda del Estado y del Tesoro se elevaba á 36,82 por 100 del importe total de los ingresos ordinarios y extraordinarios presupuestados para el año económico de 1876-77, sin incluir el importe de la amortización de la parte proporcional de las Deudas amortizables que por la Ley de 21 de Julio de 1876 debían ser objeto de una ley especial, y cuando todo lo referente á Deuda pública y sus intereses se encontraba en estado anormal.

Entonces, según la comisión parlamentaria informadora, el importe de la Deuda pública era el siguiente:

    CAPITALES
    INTERESES

    Pesetas.
    Pesetas.

    3.000.000
    150.000
    Deuda al 5 por 100 de los Estados Unidos.

    4.125.000.000
    41.250.000
    Ídem consolidado interior con interés de 10 por 100.

    3.500.000.000
    35.000.000
    Ídem id. exterior con id. de id.

    390.000.000
    3.900.000
    Inscripciones intrasferibles á favor de corporaciones civiles.

    370.000.000
    370.000
    Inscripciones intrasferibles á favor del clero.

    350.000.000
    700.000
    Denda amortizable anterior á la Ley de 21 de Julio de 1876.

    50.000.000

    Obligaciones de Deudas públicas creadas por leyes especiales.

    607.000.000

    Deudas convertibles en consolidadas con arreglo á las leyes vigentes.

    215.000.000

    9.610.000.000
    87.370.000

¡9.610 millones de pesetas de Deuda pública reconocida en Octubre de 1877!

Al hacer esta recopilación de la Deuda pública española,
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grandes figuras y astros brillantísimos en los esplenderosos horizontes de nuestros Parlamentos, de nuestra Administración y de nuestro foro, inspirándose en la alteza de sus fines, siguiendo con anhelo los derroteros que sus tradiciones le señalan, al contemplar la actividad de los poderes públicos que, obedeciendo al impulso nacido del célebre decreto del Sr. Bugallal, se apresuran á emprender con ardor la noble tarea de llevar á cabo todas aquellas reformas legislativas que de mucho tiempo atrás vienen demandando y exigiendo las necesidades del país y los clamores de la opinión pública ilustrada, al ver el número y la importancia de los proyectos de ley anunciados, ofrecidos y presentados por el Sr. Alonso Martínez, que no se olvida en el Ministerio de Gracia y Justicia de sus aspiraciones de toda la vida, ni de lo que la nación necesita para su mayor bienestar y su más completa y posible prosperidad, figurando entre esos proyectos, todos ellos interesantes, todos ellos de importancia, todos ellos de urgente necesidad, algunos de un interés, de una importancia y de una necesidad especialísima, como los relativos á la sanción de un Código civil que simplifique nuestra legislación y nos coloque en la situación que tienen la mayoría de los pueblos de la culta Europa, y á la determinación y deslinde de esa esfera particular del derecho que se conoce con el nombre de lo contencioso-administrativo, estimó que era oportuno, conveniente y, hasta cierto punto, necesario, como así lo han estimado cuantas personas ilustradas prestan su atención á la marcha de los acontecimientos en nuestra patria, cualquiera que sea el orden á que pertenezcan, ya sea el orden económico, ya el social, ya el político ó el científico, promover y convocar la reunión de un Congreso de jurisconsultos españoles que estudiaran los problemas jurídicos puestos sobre el tapete en demanda de solución, á fin de ilustrar á los poderes públicos con la exposición de lo que acerca de las cuestiones que esos problemas envuelven creen y piensan las escuelas más autorizadas, los pensadores más profundos, los tratadistas más eminentes y los hombres más prácticos y experimentados que, dentro y fuera