ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 390

Para emitir dictamen acerca del primero de los temas, del que implicaba, como antes hemos dicho, la cuestión capital, cuya solución se aguardaba con mayor ansiedad y con más vivo interés, fueron designados como ponentes los Sres. Comas (D. Augusto), Danvila (D. Manuel), Durán y Bas (D. Manuel) y López Puigcerver. La posición oficial del Sr. López Puigcerver, encargado de una cartera tan importante como la de Hacienda, que exige y requiere una atención constante, impidiendo, por el cúmulo de asuntos, dirigir la actividad hacia otros órdenes, otras esferas y otras ocupaciones, privó al Congreso de la satisfacción de conocer el pensamiento del Sr. Puigcerver sobre la cuestión, aunque probablemente coincidiría con las opiniones del Sr. Comas. Los tres señores restantes que formaban la Comisión ponente emitieron separadamente tres informes, brillantes en la forma y nutridos de doctrina en el fondo, informes que son verdaderas monografías, y de los que nos es imposible prescindir, siquiera no podamos decir todo lo que quisiéramos acerca de cada uno de ellos, viéndonos obligados á ceñirnos á límites muy reducidos y á brevísimas consideraciones.

El Sr. Comas, que es una de las glorias del profesorado español, cuya elocuencia parlamentaria le ha proporcionado brillantes triunfos en la Alta Cámara, hombre de elegante y fácil palabra, de instrucción profunda y de vasta erudición, que pudimos admirar cuando tuvimos la honra de contarnos en el número de sus discípulos, mantiene enhicsta en su notable dictamen la bandera de la escuela filosófica, haciendo en síntesis las siguientes importantes afirmaciones: La unificación del derecho civil privado es prácticamente posible; porque sirviendo el derecho romano y el germano de base y fundamento á la vida jurídica, así del derecho común como de las legislaciones forales, por comunes principios «que han crecido enlazándose en todas y cada una de las diferentes manifestaciones que nuestro derecho ha conseguido en los diversos territorios de nuestra patria, la esencia ó sustancia jurídica de cada uno tiene, y no puede menos de tener grande é inevitable
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 391

semejanza con todos los demás, no pudiendo, con razón, afirmarse que existe entre ellos verdadera y profunda diferencia.» La unificación del derecho, á la vez que reforma e imprime movimiento á las legislaciones forales que yacen en estado de petrificación, es necesaria, así para que le conozcan mejor los ciudadanos, como para que le apliquen mejor los tribunales, sin rozamientos ni antagonismos entre las provincias forales. Desca la codificación, aunque el momento no sea todo lo oportuno que debiera ser, como medio para llegar á la unificación del derecho, necesidad universalmente sentida. O la codificación ha de conducir resueltamente á la unificación del derecho, concertando las pequeñas variantes que existen entre la legislación común y las forales, armonizándolas de modo que expresen la vida común, ó es preferible mantener y conservar el statu quo.

En cuanto á la estructura del Código, la cual no debe ser asunto arbitrario del legislador, como tampoco ha de serlo su contenido, porque no sólo ha de revelar esa estructura el concepto que el legislador tenga formado del derecho, sino la claridad con que ha alcanzado á descubrir el orden interior de las materias que éste comprende, fijando de tal modo el verdadero sentido de cada una y mostrando al propio tiempo por este procedimiento que lo mismo la enumeración que la distribución de las materias contenidas en el Código no son resultados meramente circunstanciales del acaso, ni del capricho del legislador, sino que, por el contrario, se imponen, en razón de principios determinados y bajo la unidad de un concepto general y científico acerca del derecho mismo, debiendo contenerse en el Código leyes tan importantes como las de disenso paterno, hipotecaria, de caza y pesca, de aguas, minas, propiedad literaria y otras, entiende que el Código debe dividirse en cinco libros, con los títulos siguientes: I, Fuentes del Derecho civil. II, Sujeto del Derecho. III, Objeto del Derecho. IV, Del hecho jurídico en sus relaciones necesarias ó voluntarias. V, Justificación de las relaciones jurídicas, de conformidad con la enmienda presentada á las bases para la redacción de un Código
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 392

civil, propuestas al Senado por el Gobierno, y con las consideraciones que para apoyarla expuso en las sesiones de los días 10, 11 y 12 de Marzo de 1885, conocidas una y otras por haber publicado el Sr. Comas la enmienda y por hallarse sus discursos en el Diario de Sesiones de las Cortes.

Respecto de la segunda parte del tema, entiende que está redactado con un tecnicismo de escuela que, sin merecer sus censuras ni sus aplausos, le obliga á descifrar su concepto, explicando los diversos sentidos de las frases derecho supletorio, leyes supletorias, aunque afirma que toda ley, por el hecho de ser ley, es obligatoria. No pudiendo extendernos cuanto quisiéramos, terminaremos recomendando á nuestros lectores que no las conozcan, se apresuren á admirar y saborear con deleite estas dos producciones del Sr. Comas, la enmienda del Senado y el dictamen al tema, producciones que, así como honran muchísimo al distinguido Catedrático de la Universidad Central, así también demuestran evidentemente lo mucho que entre nosotros ha progresado la cultura jurídica.

Paladín esforzado de la escuela histórica, D. Manuel Durán y Bas, cuya reputación científica, dentro y fuera de España, le da el primer lugar entre los muchos y distinguidos jurisconsultos catalanes y le hace figurar en primera línea entre los jurisconsultos españoles contemporáneos, recabando, como hombre de ciencia, para sus afirmaciones ante el Congreso jurídico la libertad de que le han privado, como Vocal correspondiente, en la Comisión de Códigos los límites del encargo oficial, y como Diputado de la nación en el Congreso los deberes de concurrir en lo posible á transacciones que impidan el sacrificio total de lo que cree justo y necesario que se conserve, después de plantear cinco cuestiones en la forma siguiente:

1.ª ¿Ha llegado en España la oportunidad de codificar el Derecho civil?

2.ª En el supuesto de considerarse que esa oportunidad ha llegado, ¿debe codificarse con el criterio de la unidad legislativa?

3.ª En el supuesto contrario, ó sea el de que se deben res-
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 393

petar las legislaciones que se llaman forales, ¿qué sistema deberá seguirse?

4.a En el Código, ó Códigos que se formen, ¿cuál será la estructura más apropiada?

5.a ¿Deberá establecerse en el Código civil una distinción formal entre leyes obligatorias y leyes supletorias?

Tratándolas con la maestría, con la profundidad y erudición que le distinguen, y con aquella claridad y lógica severa con que discurre desde el punto de vista en que se coloca, partiendo de las ideas y de los principios que toda su vida ha profesado, ha hecho un trabajo preciosísimo, cuya lectura seduce, instruye y deleita, formulando al terminarla unas conclusiones, cuyo texto damos á continuación:

I. Que no ha llegado para España la oportunidad de la codificación civil.

II. Que si esta obra se acomete, no deberá realizarse con el criterio de la unidad legislativa.

III. Que para el respeto debido á las legislaciones que rigen en distintos territorios, el sistema preferible es un Código para cada uno de éstos.

IV. Que la estructura más apropiada para un Código civil, es dividirle en un título preliminar concreto á las reglas generales de exclusiva aplicación en materia civil, y en seis libros, dentro de los cuales se ordenen lógicamente los organismos jurídicos relacionados por los siguientes conceptos: las personas y su capacidad jurídica; los derechos civiles con relación al estado de la familia; estos derechos con relación á los bienes; los mismos con relación á las prestaciones; idem por ocasión ó causa de muerte, y los derechos civiles en caso de lesión.

V. Que en el título preliminar del Código debe precisarse el carácter con que se distingan las leyes absolutas, imperativas ó obligatorias, y prevenirse que no pueden ser alteradas por la voluntad de los particulares.

En las pocas páginas que tiene el dictamen del Sr. Durán y
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 394

Bas, puede ver, todo el que quiera estudiar las cuestiones que desarrolla, el alto nivel que obtiene la cultura general y la jurídica, especialmente en nuestra patria.

Representando una tendencia ecléctica, buscando la armonía y la concordia entre las soluciones de la escuela filosófica y de la histórica, D. Manuel Danvila, jurisconsulto distinguido y escritor muy laborioso y concienzudo, como hombre que milita en las filas del partido conservador, partidario del justo medio, después de una bien trazada reseña de los trabajos que se han hecho desde 1810 hasta la fecha, para llegar á la codificación de nuestro derecho civil, propone las seis cuestiones siguientes:

1.ª ¿Ha llegado en España la oportunidad de codificar el derecho civil?
2.ª ¿Qué principios deben informar la codificación civil española?
3.ª ¿Debe procurarse la unidad civil por medio de la codificación?
4.ª ¿En qué forma pueden venir las legislaciones regionales á formar parte del Código civil?
5.ª ¿Cuál será la estructura más apropiada para un Código civil español?
6.ª ¿Convendrá establecer una distribución formal entre las leyes obligatorias y las leyes supletorias?

Alegando muy breves consideraciones contesta y resuelve esas cuestiones, diciendo que ha llegado el momento de codificar el derecho civil español, porque así lo pide la opinión general del país, ávida de poner un Código civil en armonía con sus actuales aspiraciones y necesidades, y deseosa de que no sea España una tristísima excepción entre todas las naciones cultas.

La codificación civil española ha de ser una obra de armonía entre los principios que rigen á la sociedad y al individuo, porque no hay verdadera oposición entre el elemento histórico y filosófico; antes bien, por el contrario, uno y otro deben her-
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 395

manarse en la obra del legislador, no sacrificando este derecho tradicional, que es la representación viva de la manera de ser del pueblo, á teorías abstractas ni á exigencias de escuela.

No sería razonable, ni por consiguiente justo, que la legislación general absorbiese las regionales ni éstas se sobrecpusiesen á aquélla. Adóptese con racional criterio lo más aceptable de cada una, y se habrá llegado á ese conjunto armónico que es el ideal de todos los hombres pensadores.

Fórmese ante todo el Código civil español limitado á la legislación española, y después continúen el estudio de las legislaciones regionales; prepárese su reforma con intervención de las personas más doctas de dichas regiones, y realícese por medio de leyes especiales que sirvan de apéndice al Código general de España.

Aprovechando los elementos del proyecto del Sr. Comas, que son muy valiosos, modificando el trazado del plan general del proyecto de 1851 y procurando eliminar todo lo que se refiere al derecho administrativo, al mercantil y al provincial, es fácil dar una estructura adecuada al Código civil español.

Si por leyes supletorias se entienden las especiales que establecen excepciones locales, entonces deberá ante todo examinarse su naturaleza y meditarse si conviene fundirlas en el Código civil, ó tienen lugar más apropiado en el Código administrativo ó de procedimientos.

Confiada la ponencia del segundo tema á jurisconsultos tan conocidos y respetados como D. Manuel Silvela, D. Gumersindo Azcárate y D. Francisco Lastres, el luminoso dictamen suscrito por ellos es un trabajo de mérito extraordinario, porque revela un conocimiento profundo sobre la materia de los estatutos; descubre una erudición asombrosa, presentando en síntesis brevísima las diferentes opiniones y los criterios diversos que sobre el punto han emitido eminentes tratadistas antiguos, medios y modernos, nacionales y extranjeros; demuestra la poca importancia que en las relaciones de nuestro derecho común con las legislaciones forales tiene el Estatuto Real, dado que las leyes desamortizadas y de expropiación, las
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 396

de minería, las que regulan el aprovechamiento de las aguas y las que se refieren al registro y trasmisión de los inmuebles y derechos reales, preceptos son que observa todo el país, resultando derogado por ellos cuanto en contrario disponían las leyes de las provincias ó regiones que todavía conservan fueros civiles; hace un juicio crítico fundadísimo acerca de las excelencias de la legislación española sobre el Estatuto personal, que elogia merecidamente un tratadista como Laurent, para lo cual se cita una importante sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo en 13 de Enero de 1885, inspirada en el sentido italiano; fallo digno de encomio, por afectar á un ciudadano de los Estados Unidos, país contra el que aparecería justificado el rigor, dadas las exageraciones territoriales de su legislación, de las que nuestro Tribunal ha prescindido esquivando la reciprocidad, huyendo del espectáculo de una mezquina represalia que hubiese hecho víctima al extranjero confiado que acudió á la justicia española; expone ideas y sentimientos de nobleza y de respeto hacia las regiones, y termina, por fin, presentando las siguientes conclusiones:

1.º Para las aplicaciones del derecho civil foral se considerarán aragoneses, catalanes, navarros y vizcaínos:
   (a) Los nacidos en las provincias de Aragón, Cataluña, Navarra y Vizcaya, de padres naturales de las mismas.
   (b) Los nacidos en las provincias indicadas de padres extraños á las mismas, si residen en ellas hasta la mayor edad.
   (c) Los nacidos fuera de las provincias referidas de padres naturales de ellas, si trasladan su domicilio al territorio foral y residen allí durante diez años por lo menos.
   La mujer seguirá la condición de su marido y la conservará durante su viudez.
   La cualidad y consideración de aragonés, navarro, catalán ó vizcaíno sólo se perderá por declaración expresa y auténtica del interesado; pero en este caso la mujer conservará los derechos que hubiese adquirido con arreglo al fuero del marido en la época del matrimonio.
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 397

2.ª La ley personal del individuo será la de la provincia á que pertenezca, y le seguirá á donde quiera que se traslade. Por dicha ley se regulará su capacidad jurídica, los efectos civiles de su matrimonio en cuanto á la persona y bienes de los cónyuges y descendientes, la sucesión testamentaria y abintestato, así como las consecuencias puramente civiles que produzcan los concursos ó las quiebras, sin tener en cuenta el lugar en que se hallaren los bienes.

3.ª La ley aplicable á los inmuebles será la del territorio en que se encuentren, siempre que la especialidad no se oponga á lo consignado en la conclusión anterior.

4.ª Se observarán en los actos entre vivos y de última voluntad las formas extrínsecas que aún rijan, por excepción, en las provincias forales, sin tener en cuenta la ley personal. Pero los otorgantes podrán, si lo prefieren, aceptar las formalidades de la ley común.

5.ª Los preceptos indicados deberán consignarse en el título preliminar del proyectado Código civil que se destina al efecto de las leyes, ó sea un título final que podría llamarse de relaciones interprovinciales.

D. Manuel Torres Campos, escritor distinguido y bibliófilo y bibliógrafo muy relacionado con eminencias y con centros científicos y literarios del extranjero, á causa de la actividad que desplegó cuando desempeñaba el honroso cargo de Bibliotecario de la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, después de profundas consideraciones acerca de la lucha constante que en la esfera de la teoría y de la práctica han sostenido el principio personal y el principio territorial, el primero de los cuales predominó en la época de los bárbaros, poniéndosele enfrente luego el segundo por la influencia del feudalismo, que preparó la constitución de las nacionalidades, lucha á que puso término la conciliación hallada por los jurisconsultos con la famosa teoría de los Estatutos, de moldes elásticos para poder dar la preferencia á uno u otro de los principios; después de estudiar las legislaciones modernas bajo este punto de vista especial, deduciendo como consecuencia práctica que
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 398

debe prevalecer el principio territorial con ciertas restricciones en los pueblos en que la existencia de legislaciones varias pueden originar conflictos; después de manifestar que el dictamen de la ponencia viene á fundarse en la doctrina de las nacionalidades, inaplicable á las relaciones interprovinciales; después de combatir el dictamen, calificándole de ultrafederalista, por sus tendencias, y de ineficaz para la resolución de determinados conflictos, declarándose abiertamente partidario de las teorías de Savigni, cuya doctrina expone con profundo conocimiento y con un criterio que el lector no puede menos de admirar por la claridad del pensamiento y la belleza de la frase, demostrando serle familiares las obras notables de autores extranjeros que tratan detenidamente esta doctrina de los Estatutos en sus relaciones, así con el derecho internacional público como con el derecho internacional privado, enfrente de las cinco conclusiones del dictamen presenta seis, que formula en los términos siguientes:

1.ª La capacidad de las personas, si intervienen varias sometidas á diferentes legislaciones en una relación jurídica, será regida por la legislación más favorable á la validez de los actos.

2.ª Todo acto ejecutado en territorio en que domine una legislación, sea castellana ó regional, y que sólo haya de producir efectos en él, se regirá exclusivamente, cualesquiera que sean las personas que intervengan, en cuanto á los derechos y obligaciones que origine, por la legislación respectiva.

3.ª Todo acto ejecutado en territorio donde domine una legislación, y que sólo haya de producir efectos en donde sea dominante otra, se regirá exclusivamente por esta última, en cuanto á los derechos y obligaciones que puedan resultar de él.

4.ª Todo acto ejecutado en territorio donde domine una legislación, y que haya de producir efectos en donde sean dominantes otras, si aquéllas pueden recaer sobre los bienes situados en territorio de una sola legislación, se regirá, en cuanto á los derechos y obligaciones que engendre, exclusivamente por ésta.

En caso negativo se aplicará la legislación del domicilio de la
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 399

mayoría de las personas interesadas, salvo los casos en que su libre voluntad puede, previo acuerdo, determinarlos.

Si cada una tiene domicilio distinto, ó la ley se opone al libre acuerdo, la del tribunal llamado por las reglas generales de competencia á decidir el asunto.

Si no es posible determinar el lugar donde haya de producir sus efectos, decidirá la voluntad de las partes, libremente manifestada, siempre que no se oponga á los principios fundamentales de la legislación del territorio donde llegue el acto á producirlos.

5.ª Las sucesiones testamentarias y AB INTESTATO, en cuanto á los derechos y obligaciones que originen, si los bienes á que afectan se hallan situados todos en el territorio de una legislación, se regirán exclusivamente por ésta.

Si están situados en los territorios de varias, prevalecerá la legislación de aquel en donde se encuentre la mayor parte.

Si no hay gran diferencia en la cuantía de los bienes sitos en diferentes territorios, se aplicará la legislación del último domicilio del difunto en territorio en que posea bienes.

6.ª Los actos, cualquiera que sea el lugar en donde hayan de producir sus efectos, podrán tomar las formas generalmente establecidas por las diversas legislaciones.

Las formas particulares admitidas en territorios determinados sólo podrán adoptarse en actos que hayan de producir sus efectos únicamente en los mismos.

No cabe tratar la cuestión que envuelve este segundo tema con mayor profundidad, con mayor conocimiento, con mayor concisión y claridad, trayendo á cuenta citas, textos y autoridades de las que brillan, así en el dictamen de la ponencia como la enmienda del Sr. Torres Campos, los cuales puede decirse, sin el temor de incurrir en exageración, que han agotado la materia y que cada uno, desde su especial punto de vista, ha pronunciado, por lo que su doctrina tenga de aplicable á la situación jurídica de la nación española y á las probables reformas que la misma pueda sufrir en un período más ó menos breve, aun cuando siempre haya de retardarse más de lo que
Revista de España (1887-07-01 00:00:00), página 40

Córdoba.

Esta capital es el punto más estratégico de Andalucía, si la invasión viene por el Norte: punto de empalme de los ferrocarriles de Madrid á Cádiz y de Córdoba á Almorchón, resulta ser el centro de defensa de la cordillera Mariánica ó Sierra Morena, desde Almadén hasta Alcaraz. La vía férrea de Málaga le da una gran acción sobre la costa meridional y, por consiguiente, sobre el Norte de África. Cuanto tienda á mejorar las condiciones militares de ese centro estratégico, será digno de aplauso, puesto que será tan útil en el caso de una invasión francesa como en el más probable de una guerra en Marruecos.

El partido judicial de Posadas entraría, en primer lugar, á formar parte de la zona de Córdoba. Los partidos de Fuente Ovejuna e Hinojosa del Duque pueden comunicarse muy bien con esta capital por la vía férrea desde este punto á Almorchón. Aunque el partido de Hinojosa está en la cuenca del Guadiana, conviene que pertenezca á Córdoba, pues está separado de la zona de Don Benito por la sierra del Pedroso, de la de Ciudad Real por la de Almadén, y está más cerca de Córdoba que de las otras dos cabezas de zona. El partido de Pozoblanco no está atravesado por ninguna vía férrea; pero tiene una carretera directa á aquella capital, que es una buena línea de concentración. Montoro y Bujalance deben pertenecer igualmente á esta zona.

ESTADÍSTICA

    Habitantes.

    Córdoba
    52.000

    Posadas
    24.000

    Fuente Ovejuna
    23.000

    Hinojosa del Duque
    24.000

    Pozo Blanco
    30.000

    Montoro
    23.000

    Bujalance
    17.000

    Suma
    193.000