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obligatorio y de la costumbre de derecho supletorio, imponiéndose al Congreso hasta un extremo que ni se han presentado enmiendas á su brillantísimo dictamen, ni sus conclusiones han sido combatidas é impugnadas en el periodo de los debates.

Bien quisiéramos dar á conocer algunos párrafos importantisimos acerca de lo que debe ser la jurisprudencia; sobre las deficiencias de que se resiente ese organismo vinculado hoy en el Tribunal Supremo con grave perjuicio de altos intereses; respecto á la ineficacia, para obviar esos inconvenientes del remedio ideado en 1855, formulado en el art. 1.782 de la vigente Ley de Enjuiciamiento civil; en cuanto á las corrientes que dominan entre los jurisconsultos más eminentes de nuestro siglo favorables á proponer, como complemento del derecho legal y del derecho consuetudinario la creación de algo que, como el Edicto del Pretor en Roma, contribuya á la regularidad en el desenvolvimiento del derecho; sobre las ventajas que de crear una institución de esa índole habrían de reportarse; acerca de los males que ha engendrado la falta de una institución reguladora de la jurisprudencia, produciendo contradicciones en el Tribunal Supremo que ha dictado fallos opuestos—1863-1866;—exponiendo el concepto de la costumbre de derecho obligatorio y la noción de la costumbre de derecho supletorio; demostrando, por último, las excelencias del derecho aragonés respecto á los medios de prueba que, independientemente de las partes litigantes, debe practicar el juzgador, pero siéndonos de todo punto imposible y mereciendo ese dictamen ser conocido todo él en su fondo y en su forma, bastarán seguramente estas ligerísimas indicaciones para que le lean todas aquellas personas que rinden culto á las ciencias y á la cultura jurídica.

Cuatro individualidades de tanta respetabilidad como los Sres. D. Joaquín Gil Berges, autoridad reconocida en cuestiones de derecho foral aragonés, hombre público muy distinguido y estimado por su consecuencia y seriedad, orador parlamentario que á sus triunfos legítimos ha debido la honra de-
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ser Ministro; D. Manuel Pedregal, ex-Ministro también nacido á la vida pública en el periodo de la Revolución, respetable y respetado como jurisconsulto, como economista y como orador; D. José Canalejas, cuya elocuencia y cuyos conocimientos le hacen brillar en el campo de la política, de las ciencias y de las letras, señalándole como uno de los jóvenes que pronto ha de desempeñar una cartera ministerial, y D. Trinitario Ruiz Capdepón, ilustre Abogado é hijo distinguido de la región valenciana, fueron los designados por la Comisión organizadora del Congreso para informar acerca de los puntos que comprende el tema cuarto.

Las ocupaciones inherentes á los puestos que los dos últimos tienen en la esfera de la política militante han privado al Congreso del placer de registrar en la valiosa colección de dictámenes los que en otras circunstancias hubiesen presentado, así el ex-Subsecretario de la Presidencia en el Ministerio del Sr. Posada Herrera, como el actual Subsecretario de Gracia y Justicia, por razón de lo que sólo hemos de detenernos á decir algo acerca de los que han emitido el Sr. Gil Berges y el Sr. Pedregal.

El Sr. Gil Berges, después de derrochar con un lenguaje tan claro, tan sencillo y tan elegante la profundidad de conocimientos que atesora, ya sobre el derecho aragonés, ya sobre nuestra legislación general, como así también acerca de las tendencias de la vida práctica en materia de contratación, rindiendo como buen aragonés culto fervientísimo al espíritu de libertad que palpita en el fondo y en la esencia de las instituciones forales de Aragón, inspirándose en las corrientes que dominan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exponiendo lo que á juicio suyo constituye la verdadera naturaleza del derecho civil, condensa sus conclusiones respecto del tema en las dos siguientes:

«1.ª La libertad individual en la contratación, en las capitulaciones matrimoniales, en la constitución de derechos reales, etc., no debe tener otros límites que los que la moral señala á los actos humanos.»
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«2.ª El régimen libre del pacto debe prevalecer sobre el de la ley, al punto de que esta no tenga en la contratación civil más que carácter supletorio.»

Encomiar el valor del dictámen del Sr. Gil Berges y recomendar su lectura nos parece inútil y ocioso, dada la sólida reputación que hombre tan ilustre goza en la esfera de nuestra cultura jurídica por sus trabajos en el foro, en el Parlamento y en el nunca bastantemente ponderado Congreso aragonés de que fué dignísimo Presidente.

El Sr. Pedregal, con el aticismo que le distingue, después de remontarse á las regiones de la metafísica y á las alturas de la filosofía del derecho y de la sociología, desde las que encadena y cautiva, por decirlo así, la atención del lector que, lejos de sentir fatiga ve con dolor acercarse la terminación de tan interesante trabajo, cuya significación y cuya importancia no tenemos para qué encarecer, puesto que los hombres ilustrados conocen el merecido prestigio de su autor, que es un obrero infatigable que impulsa poderosamente, no ya sólo nuestra cultura jurídica, sino nuestra cultura general contemporánea, formula seis conclusiones, cuyo contenido requiere un muy detenido examen, al que con dolor tenemos que renunciar, limitándonos á recomendar su lectura.

Encomendada la quinta ponencia á los Sres. D. Laureano Figuerola, cuya larga historia está llena de triunfos en las lides de la política, en la que tanto ha figurado como Ministro de Hacienda, cuyas reformas y cuyos planes rentísticos tanto acalararon los ánimos de sus adversarios y de sus admiradores, distinguido economista, jurisconsulto eminente, profesor ilustre de la Universidad Central é incansable propagandista de la doctrina del libre-cambio; el Sr. Linares Rivas que, desde muy joven brilla en el Parlamento, habiendo desempeñado la cartera de Gracia y Justicia; el Sr. Maura, cuyas relevantes condiciones, cuya seductora elocuencia tanto se admira haciendo presagiar que le espera un brillantísimo porvenir en la vida pública, y el Sr. Ripollés, uno de los más eminentes abogados aragoneses, el Congreso ha tenido conocimiento de dos trabajos, am-
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bos interesantes, notables ambos, firmado el uno por los Sres. Figuerola y Linares Rivas, suscrito el otro por el Sr. Ripollés, de los cuales vamos á dar á nuestros lectores una ligera idea.

Después de hacer una rápida reseña histórica acerca de la institución del Consejo de familia, á partir de la legislación romana, continuando á través de nuestro antiguo derecho consignado en el Fuero Juzgo y en el Fuero Real hasta llegar al famoso Código Napoleón, de donde le han tomado otras naciones, singularmente Portugal, sin ocultar la influencia que ese Código francés ha ejercido y ejerce entre nosotros, como lo revelan aparte las disposiciones vigentes en algunas regiones forales; el hecho de adoptarse, todo entero, con ligeras variantes, el proyecto de Código de 1851, la ley de disenso paterno de 1862, en sus artículos 3.º al 12, ambos inclusive, fundándose en que, respecto de los menores, las legislaciones que admiten el Consejo de familia no han dado el paso avanzadísimo de conferir, como nuestra ley de Matrimonio Civil confiere la patria potestad á las mujeres, alejando en muchos casos la necesidad de la tutela, teniendo en cuenta que con Consejo de familia y sin él la codicia de los parientes es un peligro para los bienes de los menores, y en que no puede haber garantía mayor que la intervención de los Tribunales en la venta de los bienes de menores, en la imposición de gravámenes sobre ellos, en la rendición de cuentas exigida á los tutores por la ley de Enjuiciamiento civil, así como en la declaración de incapacidad por locura, demencia ó prodigalidad, dada la competencia conque fallan, previos los informes periciales indispensables y la imparcialidad conque proceden libres de la racional sospecha de que obren á impulso de miras y de propósitos interesados, los Sres. Figuerola y Linares Rivas concluyen su brillante informe afirmando «que nuestra legislación vigente responde y cumple mejor que el Consejo de familia á cuantos objetos éste se dirige, y no hallándole con virtud bastante para garantizar la independencia de la familia, que es la consideración bajo que se ofrece en el tema quinto, opinan que no debe establecerse en nuestra legislación el Consejo de familia.»
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El Sr. Ripollés, saturado del espíritu que acerca de esa institución informa el derecho foral aragonés, afirmando que esa idea no es moderna ni es exótica en la patria de Recaredo, de Jáime el Conquistador y de Alfonso el Sabio, reconociendo las profundas raíces que tiene en ciertas comarcas españolas, especialmente en las elevadas montañas pirenaicas aragonesas, propone el establecimiento del Consejo de familia con sus propios é indispensables atributos para que viva robusto y con autoridad en el juego armónico de las instituciones civiles de los pueblos modernos, extendiendo su competencia y su jurisdicción á los asuntos y con los límites que las prerrogativas del Estado, los intereses de la familia consientan; hace una brillante excursión histórica acerca de la institución familiar por el campo del derecho romano en sus diversas épocas, por el del antiguo y moderno derecho germano, viéndolo á enlazar con los tiempos presentes, para estudiar la legislación de Babiera, la de Francia, antes y después del Código Napoleón; la legislación general y municipal de España en sus Códigos y Fueros, desde el Fuero Juzgo hasta las Partidas, desde el Fuero de León hasta el Fuero de Cáceres; las instituciones catalanas, aragonesas y valencianas, deduciendo, como consecuencia de esas premisas, la conclusión de que el derecho escrito es ya copiosa fuente de conocimiento para satisfacer las investigaciones sobre el Consejo de familia, y elevándose á la región de la Filosofía del Derecho y considerando deficientes los esfuerzos oficiales manifestados respecto á este punto concreto en los proyectos de 1851, 1869 y 1882, infiere la necesidad de acudir á la tradición oral, á las costumbres populares y al sentido práctico que brillan en la alta montaña de las provincias de Zaragoza y Huesca, cuyas manifestaciones ha estudiado tan á fondo en su obra Derecho consuetudinario del Alto Aragón el Sr. Costa, á propuesta de quien el Congreso de Jurisconsultos aragoneses, celebrado en los años de 1880-81 discutió el tema del Consejo de familia, pudiendo verse el voto particular del mismo Sr. Costa, el extracto de la discusión y los acuerdos de aquél Congreso en una obra de tan eminente publicista, titu-
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lada La libertad civil y el Congreso de Jurisconsultos aragoneses, para concluir de todo ello, como concluye, afirmando que está hecha en la Ciencia la opinión favorable al Consejo de familia.

Aún no se contenta el Sr. Ripollés con lo expuesto, en lo que revela una erudición vastísima y una ilustración profunda y sólida, sino que, abordando en una tercera sección el examen de la familia bajo sus aspectos científico, social, jurídico, moral y político, sección cuya lectura asombra por la riqueza de ideas y por la belleza de la frase, demostrando una verdad que ya conocíamos, el hecho del alto sentido jurídico de los escritores y letrados aragoneses que marchan al nivel de los primeros y más notables jurisconsultos españoles, termina su luminosísimo dictamen, que no dudamos en calificar de notabilísimo y digno de ser leído, estudiado y conocido por su valor como documento para probar los grandes progresos de nuestra cultura jurídica, formulando tres conclusiones que nos abstene mos de trascribir por lo extensas, aunque lo sintamos, como profundamente lo sentimos, porque encierran un lujo de detalles que descubren una admirable suma de estudios y de observaciones que honran á su autor como hombre de ciencia y le distinguen como conocedor de la realidad y de la experiencia que se adquiere con el ejercicio de la abogacía.

Como complemento á las conclusiones del Sr. Ripollés, el Sr. Alvarez Cienfuegos, delegado del Colegio Notarial de Oviedo, presentó una enmienda pidiendo que los acuerdos del Consejo de familia se hagan constar por acta notarial.

D. Francisco Silvela, ex-Ministro de Gracia y Justicia, uno de nuestros primeros jurisconsultos, escritor, estadista y orador de primer orden; el Sr. Diez Macuso y el Sr. Dato Iradier, abogados muy distinguidos del foro madrileño, fueron los designados para emitir dictamen respecto al sexto tema, llenando cumplidamente su deber con atinadas consideraciones sobre cada uno de los puntos comprendidos en la cuestión.

La enmienda presentada por D. Telesforo Gómez Rodríguez á este mismo tema sexto es digna de la bien sentada fama que el señor Registrador de la Propiedad de Arévalo tiene adquirida
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como ilustre y profundo escritor, como autor de muy excelentes trabajos sobre legislación hipotecaria, sobre el Jurado y acerca de otros varios asuntos jurídicos en la Revista de Legislación y Jurisprudencia. Después de hacer un estudio del concepto del matrimonio bajo los puntos de vista científico, social, jurídico y práctico, formula una serie de bases muy bien meditadas, revelando los grandes conocimientos que posee acerca de nuestro derecho común sobre nuestras legislaciones forales, y respecto al derecho positivo de muchos pueblos extranjeros, citando textos catalanes, aragoneses, navarros, vizcaínos, del Código, de la Luisiana, del francés, del italiano, del belga, fueros de Plasencia y Cuenca, Fuero Juzgo y Ley Hipotecaria, todo lo que da á su obra un gran valor como trabajo de legislación comparada.

Formaron la ponencia del importantísimo tema séptimo don Antonio Morales, eminente jurisconsulto navarro, individuo de la Comisión de Códigos, y los distinguidos jurisconsultos don Faustino Rodríguez San Pedro, D. Enrique García Aluso y D. Ricardo Guillerna. En defensa de la institución de las legítimas, que está vigente en las provincias que se rigen por el derecho común ó castellano, los Sres. Rodríguez San Pedro y García Alonso han presentado un dictamen, cuyo valor y cuyo mérito se halla á la altura de la importancia del tema que, después del que se refiere á la codificación es, sin duda alguna, el más grave y trascendental entre todos los demás. Para justificar esa afirmación nuestra, para demostrar que ese dictamen bien merece figurar entre los que más pueden contribuir á poner de relieve el alto grado que alcanza nuestra cultura jurídica en la actualidad, hemos de dedicar algún espacio, siquiera no sea todo el que ese trabajo requiere y todo el que nosotros deseáramos, á su análisis, á su estudio y examen, con la confianza de que lo poco que hemos de decir será estímulo sobrado para que se apresuren á conocerlo íntegro aquellos de nuestros lectores que le desconozcan.

Tras un preámbulo breve y oportuno, con el título de Sucesión testamentaria e intestada, dejando á un lado por ociosa la
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refutación de las doctrinas socialistas, hacen de la primera sección un acabado estudio histórico acerca de las manifestaciones del derecho de propiedad, desde los tiempos de los arios, pasando por las leyes egipcias, las griegas, las romanas, las de los celtas y los galos hasta las germánicas, y demuestran una gran erudición y un gran conocimiento de lo que sobre ese punto han escrito autores nacionales y extranjeros, que gozan de gran reputación y de gran prestigio.

En la sección segunda, que lleva el epígrafe de Sistema de legítima.—Sistema de libertad de testar.—Sistemas mixtos, acompañando sus afirmaciones con citas de textos y de autoridades que son respetadas y respetables, distinguiendo el derecho de testar de la libertad de testar, conceptos cuya confusión produce lamentables errores, defienden las legítimas y combaten la libertad de testar, agotando todos los argumentos que pueden aducirse en pró de aquéllas y todas las objeciones que pueden oponerse contra ésta, poniendo en frente del himno cantado á la libertad de testar por el Sr. Nocedal, en su magnífico discurso de la Academia de Jurisprudencia, los párrafos no menos elocuentísimos con que el Sr. Alonso Martínez sustenta sus opiniones favorables á la institución castellana, demostrando la afirmación de que la absoluta libertad de testar no existe en ninguna parte, ni en Cataluña, ni en Aragón, ni aun en la misma Navarra, en cuyas regiones se coarta poco ó mucho la libertad de testar, razón por la que sus disposiciones deben considerarse, más bien que sistemas mixtos, sistemas que encajan en el legitimario, puesto que reconocen el principio fundamental que á éste informa. Y no sólo se ciñen al punto de vista estrictamente jurídico, sino que, desentrañando el problema bajo su aspecto social, político y económico, entrando en el terreno de la legislación comparada, contestan á los argumentos de los adversarios que pretenden hacerse fuertes y atrincherarse tras la ley romana de las Doce Tablas, tras el derecho inglés y la legislación norte-americana, de las que en síntesis brillantísima hacen un análisis profundo, descubriendo el espíritu á que obedecen las causas que las han producido; en
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tas, mucho más bárbaros que los Iberos y tanto como los Vascones, invaden después por el Norte el país cispirenáico, bajan por las playas del Atlántico, penetran en Castilla la Nueva y se detienen en las fronteras de Andalucía, así como en las de Múrcia, Valencia, Cataluña y Aragón, determinando algunas emigraciones á países lejanos de varias tribus iberas, expulsadas de sus moradas por aquéllos usurpadores. Restablecido algún tanto el equilibrio en el país, perturbado con tan ruda acometida, el elemento fenicio continúa su trabajo civilizador extendiendo su alfabeto entre los Iberos del Mediodía, del Este y del Nordeste.»

«En el límite oriental de los Pirineos habíanse establecido una colonia Rhodia y otra Focea, y como hacia el comedio de las costas mediterráneas una tercera de Zacyno, las que, deteniendo á los Fenices en su marcha ascendente en dirección del Norte, implantaron su cultura sobre la asiática, denominando la comarca que se extiende desde los Pirineos al Ebro y desde el rio Gállico al Mediterráneo, con el nombre de Iberia. Cuando Tyro comenzaba á decaer, estando ya próximo á perder su independencia y su autonomía, el elemento helénico intentó sobreponerse al fenicio en la misma Bética, bajando hasta Menace y Tarteso, en el territorio comprendido desde Almuñecar á Cádiz, y acaso excitando la sublevación de los Turdetanos contra Gadir, que provocó la entrada de los Cartagineses, quienes pronto restablecieron la preponderancia asiática sobre la griega, aumentando de consumo la africana, que ya de antiguo habían introducido los Libyos en la misma Andalucía.»

«Los Romanos concluyeron con el dominio armado de los Cartagineses en España, pero dejaron tranquilos en sus hogares, sin extrañarlos del país, á los pobladores fenicios, púnicos y libyos que por todas las tierras andaluzas moraban numerosos, formando la mayoría de las poblaciones de la mencionada región. En el periodo de la dominación de los Italiotas, la romanización del país fundió en parte los grandes gérmenes de cultura asiáticos y africanos, dejando apenas desarrollarse el helenismo, que pugnaba por arraigarse al Nordeste y al Este.»
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una palabra, haciendo su verdadera historia interna de un modo magistral. Animados de un alto espíritu de transacción, hacen suyas las bases propuestas por el Sr. Comas y aceptadas por la Comisión de Códigos, dividiendo en tres partes el caudal hereditario, una para legítimas, otra para mejorar y la tercera de libre disposición. Por último, bajo el título de Orden de sucesión ab intestato, sostienen los principios de la testamentaría, abogando por un buen sistema de reservas, equiparando al cónyuge viudo con los descendientes y ascendientes, prefiriéndole á los colaterales, y á falta de parientes, destinando la herencia á aplicaciones benéficas.

Alzando banderas por la libertad de testar, que tanto arraigo tiene en Navarra, D. Antonio Morales Gómez, uno de los primeros jurisconsultos de aquella región, miembro correspondiente de la Comisión de Códigos, á la que ha presentado muy buenas y excelentes Memorias, ha expuesto y defendido sus convicciones en un dictamen notabilísimo, cual corresponde á un atleta empeñado en recio combate, de cuyo éxito, feliz ó desastroso, depende la vida ó la muerte de la causa á cuyo servicio ha consagrado y continúa consagrando todas sus facultades, todas sus fuerzas, todas sus simpatías y todo su más acendrado y profundo afecto. Tanto los amigos como los adversarios, así los entusiastas defensores de la legítima castellana como los partidarios decididos de la libertad de testar, tienen que reconocer y confesar, como de buen grado confiesan y reconocen, el mérito extraordinario que encierra el trabajo del Sr. Morales, cuya gran profundidad de conocimientos jurídicos, cuya erudición vastísima y cuyo estilo brillante llaman por igual la atención del lector y por igual le admiran y le asombran, obligándole á no soltar el libro hasta no llegar á su fin, gozando y aprendiendo á la par con el fondo de sus páginas, vestido de una forma seductora e inimitable, fondo y forma que constituyen una prueba más de los progresos innegables de nuestra gran cultura jurídica contemporánea.

Lógico es que demostremos esas afirmaciones, tanto más dignas de respeto, cuanto que no profesamos las ideas del se-
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ñor Morales, deteniéndonos á analizar, aunque sea ligeramente, su dictamen.

Después de un preámbulo hermosísimo, por hallarse inspirado en una excesiva modestia, compañera inseparable de las inteligencias privilegiadas y de las grandes ilustraciones bajo el título de la Facultad de testar, en la sección primera, desentendiéndose del error socialista, examina el individualismo de Rousseau, y á la serie que, según las doctrinas de este pensador forman el individuo, la familia convencional, la sociedad convenida, la propiedad pactada y su orden de relaciones, eslabones estrechamente unidos, que no admiten otros extremos, opone esta otra serie: naturaleza, familia, sociedad, vínculos familiares, vínculos sociales, vínculos de intereses, cadena ordenadamente constituida; y siguiendo á Leibnitz, Cicerón, Grecio y otros jurisconsultos, unos romanos, otros de la época moderna, proclama la doctrina que considera de derecho natural, la libertad y parte del principio de propiedad y de libertad de disponer de ella por actos inter vivos con relación al individuo, á la familia y á la sociedad, y por actos mortis causa, con relación principalmente al orden familiar y social.

Con el epígrafe de las Formas de testar traza una serie de atinadísimas consideraciones respecto á lo que, así en las regiones forales como en el territorio sometido al derecho castellano debe subsistir, debe suprimirse ó modificarse relativamente al testamento de hermandad, al testamento procomiso-río, al testamento conjunto, al mutuo, al común, ológrafo, abierto ó cerrado, á los privilegiados, al muncupativo, al testamento del ciego, á los codicilos y á las memorias testamentarias, demostrando un rico caudal de conocimientos y de observaciones críticas, revelando que sigue paso á paso las corrientes dominantes entre los sabios más eminentes, juzgando con gran criterio el espíritu del proyecto de Código de 1851, y describiendo con vivos colores el estado, situación y circunstancias de las regiones forales y de las provincias de derecho común cuyas necesidades conoce, proponiendo para ellas remedios que, á juicio suyo, son oportunos, convenientes y eficaces.