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Estepona resulta mucho más cerca de este último punto que de Málaga; y aunque hoy no llega la carretera de la costa hasta Algeciras, es de esperar que no tarde mucho en construirse, así como la vía férrea: debe, por lo tanto, pertenecer este partido judicial á la zona del Estrecho.

Como vemos, resultan muy bien comunicados todos los partidos judiciales de la zona con la capital, suponiendo construidas las vías férreas que hemos citado.

    ESTADÍSTICA
    Habitantes.

    Algeciras
    41.000

    San Roque
    31.000

    Gaucín
    19.000

    Ronda
    43.000

    Estepona
    22.000

    <i>Suma</i>
    156.000

Modificaciones.—En el partido de Ronda está el pueblo de Burgo, que resulta casi á igual distancia de Algeciras que de Loja; pero como está situado en la vertiente septentrional de la Serranía y, por consiguiente, más en relación con la cuenca del Genil, creemos que debe pasar á la zona de Loja. Tiene Burgo 3.149 habitantes.

Funquera, que pertenece al partido de Ronda, es de la comarca que rodea á Málaga, y á esta zona debe pasar; tiene una población de 4.820 habitantes.

La zona de Algeciras pierde una población de 7.969 habitantes; luego le quedan 148.031.

Marchena.

Para acabar con las zonas que están al O. del ferrocarril de Córdoba á Málaga, estudiaremos la de Marchena.
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sombra de la absoluta libertad de pactar se cometen, se haya verificado una poderosa reacción á favor de la limitación de esa libertad, lo mismo en lo que se refiere á la contratación individual que en lo que mira á las capitulaciones matrimoniales y en lo que hace relación al establecimiento y constitución de derechos reales. Por eso muchos vuelven los ojos hacia las fórmulas del antiguo derecho romano, considerando perjudicial el famoso principio consignado en nuestro célebre Ordenamiento de Alcalá, promulgado por Don Alfonso XI, según el cual principio, de cualquiera manera que aparezca que un hombre quiera obligarse, queda obligado. Y como quiera que esa reacción haya llevado á sus filas no pocas inteligencias respetadas y respetables por su autoridad y por su prestigio, en las cuales ejercen bastante presión los repugnantes escándalos que á veces tienen lugar al amparo de esa omnimoda libertad que hoy rige en materia de contratación civil, tratándose como se trata de cuestiones que tienen una importancia capital en la práctica, en la vida del derecho, en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, desde el momento en que los iniciadores del Congreso abrigaron el propósito de que esta Asamblea diera la preferencia á todo lo que revistiese un carácter de utilidad práctica y tangible sobre aquellas cuestiones y aquellos puntos de interés principalmente científico y especulativo, no podía prescindir, y con buen acuerdo no prescindió, de proponer las trascendentales cuestiones que envuelve este tema, animada del vivo deseo de que, acerca de un punto que hoy tanto se debate, dominaran soluciones armónicas, soluciones de concordia entre los opuestos criterios, entre las opiniones antagónicas, entre sistemas tan encontrados como el que prevalecía en el antiguo derecho romano, donde tanta importancia se concedía á las fórmulas, y el que ha prevalecido y sigue prevaleciendo en nuestra legislación castellana.

El quinto tema está concebido en esta forma:
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El consejo de familia, como forma de consagrar la independencia de la familia.—Actos á que debe extenderse su jurisdicción.—Su organización en cada caso.

Siempre es de vivísimo interés, de trascendencia capital y de muchísima importancia todo cuanto se refiere á la familia, esa gran institución que, arrancando de la misma Naturaleza, han tenido que estudiar y reconocer las legislaciones de todos los tiempos, procurando siempre con singular empeño afianzar la estabilidad de las relaciones jurídicas que de ella nacen y se derivan, así en el orden afectivo como en el orden económico. Los estudios de legislación comparada, que tanto desarrollo han alcanzado en esta época, contribuyendo poderosísimamente al progreso de las instituciones jurídicas de los pueblos modernos que viven una vida de cultura y de civilización, han puesto sobre el tapete la cuestión de si la institución del consejo de familia, que existe en algunas legislaciones forales y en los Códigos de muchas naciones de la culta Europa, debe tomar carta de naturaleza en la legislación común de España, en la castellana, que no la tiene establecida; y en el caso de que se reconozca y se confiese, como muchos confiesan y reconocen, que esa institución es un medio eficacísimo de consagrar la independencia de la familia, surgen naturalmente, como puntos acerca de los que interesa proponer resoluciones adecuadas, las cuestiones que tienen relación con los actos que deben caer bajo la jurisdicción del consejo de familia y con la organización que ese mismo consejo de familia debe tener, según sea la índole y naturaleza de los problemas de que tenga que entender. Todas estas cuestiones, que empezaron á agitarse allá cuando se formuló el proyecto de Código de 1851, han venido conmoviendo profundamente la opinión de los jurisconsultos; y aunque no todas las opiniones coincidan, ni todos los juicios sean á una favorables ó adversos al establecimiento de esa institución, la verdad es que hoy los ánimos están más apasionados que nunca, y que por una y por otra parte se discute con
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calor acerca de las ventajas ó de los inconvenientes que el Consejo de familia pueda producir respecto de la independencia de la institución familiar. Por tales razones, por lo que al bien de la familia pueda convenir el estudio, el examen y la adopción de determinadas resoluciones que pueden influir mucho en la práctica, nadie se atreverá á negar la oportunidad, el tacto y la discreción que ha demostrado la Comisión organizadora al plantear semejantes cuestiones, sobre las que tanto se ha hablado y tanto se habla en las obras de los tratadistas, en las aulas de las Universidades, en los informes escritos y orales de los jurisconsultos, en los trabajos de los centros científicos y en el seno mismo de muchas familias; al proceder así ha respondido á una verdadera necesidad que sienten, ven y tocan hoy cuantos siguen con atención el movimiento de nuestra cultura jurídica en su doble manifestación de teórica y práctica.

Dice el tema sexto lo que á continuación trascribimos:

Lugar de la mujer en la familia.—Su intervención en la administración de los bienes; en el ejercicio de la patria potestad; en el gobierno de la familia.—Potestad marital.—Facultades y derechos de la viuda.

Todo lo que acerca del tema quinto dejamos manifestado, y muchísimas otras reflexiones y consideraciones que la simple lectura de este tema despertarán en el ánimo de nuestros lectores, sin que nosotros tengamos necesidad de exponerlas, nos dispensan en absoluto de hacer esfuerzos de ninguna especie acerca de la importancia de las cuestiones que suscita y de los problemas que plantea ese tema, que es desde luégo uno de los más vastos y más interesantes de los sometidos al conocimiento y resolución del Congreso que venimos estudiando, como manifestación del largo camino que entre nosotros ha recorrido la cultura jurídica en este último período de nuestra historia contemporánea.

El tema séptimo se halla redactado en los siguientes términos:
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Sucesión testamentaria é intestada.—Sistema de legítimas; idem de libertad de testar; sistemas mixtos.—Cuál debe adoptarse en España.—Orden de suceder ab intestato.

Las cuestiones complejas que abarca este tema, acerca de las cuales existen en nuestra patria disposiciones legales que se inspiran en criterios tan diversos y tan opuestos como los que establecen las legítimas de Castilla y como los que sancionan la más completa libertad de testar, puntos esencialísimos del derecho civil que separan profundamente las regiones forales de las demás provincias que se rigen por el derecho común, ó sea por la legislación de Castilla, á más de tener importancia propia por afectar á relaciones jurídicas de tanto interés, cuya armonía y cuya conciliación ha sido y viene siendo una de las empresas que con más ardor han perseguido, persiguen y perseguirán todos cuantos no perdono medios, ni recursos para codificar y unificar nuestro derecho civil, así desde las esferas del poder como desde la esfera en que se mueven y se agitan las nobles y generosas iniciativas individuales de nuestros más esclarecidos jurisconsultos, como elocuentemente lo demuestran los trabajos del Congreso de 1863, las tareas de la Comisión de Códigos y los esfuerzos de distinguidos escritores que se ocupan en el estudio de las cuestiones jurídicas, envuelven un interés especialísimo, por la relación de dependencia, que las soluciones que á esos puntos sean dadas respecto de las soluciones que recaigan sobre la primera de las cuestiones sometidas á los trabajos del Congreso. Problemas tan candentes como estos, que llaman y continuarán llamando constantemente la atención de los hombres competentes en materias jurídicas, no podían ser preteridos en el programa formulado por la Comisión, que al darles la forma que les ha dado en este tema no ha hecho más que seguir las corrientes de la opinión dominante entre los hombres ilustrados, que unánimes y contextes piensan y creen en la necesidad y en la urgencia de resolver las dificultades que brotan de la existencia de criterios tan opuestos
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como los que informan las diversas legislaciones civiles que tienen vigor en nuestra patria, como creen y piensan que la sucesión intestada requiere y exige que sea regulada por leyes reformadas y modificadas, que no sean las leyes que hoy están vigentes, cuyos defectos y cuyos inconvenientes resaltan al someterlas á la preciosa piedra de toque que se llama la experiencia.

El tema octavo se presenta expuesto en la siguiente brevísima fórmula:

Derechos y deberes que nacen de la filiación ilegítima.

La Filosofía del Derecho, cuyos progresos en el presente siglo han realizado numerosas y trascendentales conquistas, ha venido á destruir muchos prejuicios, muchos errores y muchas preocupaciones que aún encuentran amparo y sanción en nuestro derecho positivo, ó causa de la influencia notoria y decisiva que sobre el mismo ha venido ejerciendo durante un considerable lapso de tiempo el derecho canónico, inspirado al fin y al cabo en intransigencias y en intolerancias que no pueden ser compatibles con el espíritu amplio que late en el fondo y en la superficie de esta gran civilización moderna. Y donde esa ciencia nueva, por decirlo así, ha hecho estudios más profundos, investigaciones más detenidas y trabajos más dignos de elogio y de alabanza, ha sido, sin duda alguna, en los problemas relativos á los derechos y á los deberes que nacen de la filiación ilegítima, sobre la que nuestra legislación vigente contiene disposiciones que obedecen á un criterio mezquino, que son, más que racionales y justas, casuísticas, que atienden más á la esfera de la conciencia, á aquello que en el hombre hay de mas subjetivo, con menosprecio y con daño de los fueros del derecho, de cuyo carácter objetivo se prescinde, cuya jurisdicción se invade, lastimando á seres inocentes sobre quienes se hace recaer odiosamente la penalidad correspondiente á delitos de que ciertamente no son autores, cómplices ni encubridores. Y como el número de esos seres desgraciados que na-
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con fuera del seno de la familia crece de una manera portentosa, por causas que no hemos de examinar aquí, como tampoco hemos de detenernos á calificar el hecho de que aumenten esas uniones que se verifican á espaldas de la legislación canónica y del derecho civil, la situación de esos seres, por todo extremo inocentes y dignos de lástima y de consideración, ha fijado, como no podía menos de fijar, la atención de los legisladores de nuestros días, los cuales, de conformidad con las ideas de los tratadistas, piensan que es llegado el momento oportuno de poner la mano en cuestiones tan delicadas, tan escabrosas y tan erizadas de conflictos, para introducir en el derecho aquellos cambios que aconsejan los adelantos de las ciencias jurídicas y el espíritu de nuestros tiempos.

Para ayudar á los legisladores en esa nobilísima empresa, que las circunstancias demandan llevar á cabo lo más pronto que sea posible, el Congreso debía lógicamente hacer materia de sus trabajos, de sus deliberaciones y de sus acuerdos, punto que encierra tanto interés y tanta actualidad como el punto relativo á los derechos y á los deberes que nacen de la filiación ilegítima; porque ya se le examine en la esfera de los principios, ya se le estudie en las aplicaciones prácticas que puede tener y de hecho tiene, resulta siempre que constituye en el actual momento histórico un malestar á que hay que buscar remedio, una necesidad á que hay que procurar satisfacción, un problema grave al que hay que dar solución.

El noveno tema se plantea de la siguiente manera:

Personas sociales bajo el punto de vista del derecho civil.—Su nacimiento y registro.—Su capacidad jurídica.—Formas varias de propiedad social y modo de regularlas.

Si siempre y en todo tiempo y lugar han sido miradas de un modo especial todas las cuestiones que tienen una conexión mayor ó menor con el sujeto del derecho y con la propiedad, nunca como hoy merecen esas cuestiones ser estudiadas y resueltas en nuestra patria conforme á las tendencias y á las
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corrientes que predominan en el campo de la ciencia, después que, por virtud de las conquistas que debemos á la Revolución de Setiembre, la nación española, sacudiendo las ligaduras que la sujetaban, conteniéndola dentro de reducidos y estrechos moldes, ha entrado en el concierto de los pueblos libres y civilizados, dando la conveniente expansión á la vida del derecho, reconociendo la importancia que debe reconocerse á la asociación, que es una de las palancas más poderosas que ayudan á la consecución de aquellos fines de la vida que el individuo por sí solo no puede realizar; fines que aumentan á medida que el progreso de las ciencias, de las artes, de la industria y del comercio extiende más y más su esfera de acción. Concretar en fórmulas claras de derecho, bajo el punto de vista civil, el concepto de la persona social, los requisitos que deben acompañar á su nacimiento y la inscripción en el oportuno registro, señalar y definir sin dudas ni sombras su verdadera capacidad jurídica, establecer y regular debidamente las varias formas de la propiedad social de esas personas colectivas, puntos todos acerca de los que son evidentes y notorias las deficiencias de que adolece nuestro derecho positivo, deficiencias que sirven de rémora y de obstáculo al desarrollo de nuestra riqueza y de nuestro bienestar en todos los órdenes y en todas las esferas, problemas son también que demandan de una manera apremiante la oportuna solución, como así lo entienden y lo estiman todos los que no viven en las oscuras regiones y en las densas tinieblas de la ignorancia, mereciendo por esto el Congreso la aprobación de las personas ilustradas, por haber hecho objeto de sus elucubraciones y de sus acuerdos las complejas cuestiones que el noveno tema implica.

El tema décimo se nos presenta reducido á los términos siguientes:

Manifestaciones que reclaman en el derecho civil las nuevas condiciones de la vida económica.

«Los estudios económicos han tomado en nuestros días gran-
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disimo vuelo, llamando hacia sí la atención de talentos superiores que consagran su privilegiada inteligencia al examen de los interesantísimos problemas cuya solución tanto ha de influir en la vida de las sociedades modernas. Pero así como los grandes pensadores, en el retiro y en el silencio de sus bufetes, acumulando datos estadísticos, procuran descubrir y descubren las leyes que rigen en el mundo de la materia, los fenómenos de la producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza, para que una vez formuladas presidan é informen bajo este punto de vista los actos todos individuales y sociales (1), así también los jurisconsultos y los legisladores tienen, no ya el derecho, sino el deber de estudiar la manera de que en las relaciones jurídicas tengan aplicación esas leyes, encuentren sanción los derechos, los deberes que nacen de las nuevas condiciones de la vida económica, que si en otros tiempos giraba en una órbita reducida e inferior á las órbitas en que se mueven los demás órdenes de nuestra complicada vida social moderna, hoy, si no las excede á todas, cuando menos iguala á la que entre todas ellas goce de mayor extensión y de mayor amplitud. Injusticia notoria sería, por tanto, sin entrar á otro género de consideraciones, negar interés, importancia y actualidad á un tema como este, que envuelve, tanto como los demás que tan á la ligera hemos analizado, una necesidad á la cual urge muy mucho atender de un modo preferente.

Llegamos al tema undécimo, cuyo texto damos á continuación:

Lo contencioso-administrativo.—Si responde este concepto á alguna categoría racional en el derecho.—Si deben encomendarse las materias de este orden á los tribunales ordinarios, ó requieren organismos especiales: en la segunda hipótesis, ¿cómo deben constituirse éstos, y qué género de jurisdicción ha de serles atribuida?

Las controversias acaloradas entre los defensores y los ad-

(1) Los acéflos modernos.—Revista Contemporánea, número 178, 30 Abril 1883.
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versarios de la jurisdicción contencioso-administrativa, los criterios opuestos que en las altas cimas del Estado han prevalecido acerca de esta jurisdicción, ya suprimiéndola, ya restaurándola, ya introduciendo en ella reformas y modificaciones que, á veces, han dado ventajosos resultados y en ocasiones han producido funestos efectos; la necesidad de conjurar los frecuentes conflictos que se derivan del choque de los derechos de los individuos con los intereses de la Administración pública, sin que aún se haya pronunciado sobre la cuestión la última palabra, cuando pendiente de los debates y de la aprobación de los Cuerpos Colegisladores se halla todavía un proyecto de ley acerca de problema tan interesante, son más que suficientes, sobrados para justificar la inclusión de las cuestiones que abarca este undécimo tema del cuestionario que ha servido de base á los trabajos, á los debates y á las conclusiones votadas por el Congreso jurídico de 1886, sin que nos veamos precisados á decir más en defensa de la Comisión que redactó ese cuestionario, Comisión cuyo sólo trabajo pone de manifiesto los adelantos y los progresos que ha realizado nuestra cultura jurídica.

Tribunales especiales de comercio.—Si conviene restablecerlos en España: caso afirmativo, ¿cuál habla de ser su organización?

Desconocer el incremento considerable que entre nosotros han recibido el comercio y la industria, cuya manifestación es una de las más señaladas que puede dar un pueblo que aspire al honor de contarse en el número de las naciones que figuran á la cabeza del género humano por su actividad, por su ilustración, por su bienestar y por su cultura, equivaldría á cerrar voluntariamente los ojos para no ver los rayos del sol cuando el astro rey de nuestro sistema planetario se halla en el meridiano despidiendo torrentes de luz y de calor que alegran y animan el mundo físico en sus tres reinos animal, vegetal y mineral. Consecuencia lógica de ese incremento es necesariamente el crecimiento de las relaciones mercantiles, de la con-
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tratación comercial, que da origen á infinidad de litigios que formaban como una rama especial dentro del derecho, por la índole particular de las cuestiones que se ventilan y por la naturaleza de los procedimientos que se seguían en las actuaciones, procedimientos que, cuando han constituido ramo separado de los demás procedimientos judiciales, exigían organismos también especiales, que desaparecieron en nuestra patria, pasando á la jurisdicción ordinaria con aplauso de unos, con consura por parte de otros que entienden perjudicar á los intereses del comercio y de la industria la falta de tribunales especiales que resuelvan con rapidez y con acierto, ya por su competencia, ya por no extenderse su jurisdicción á otra clase de materias, todas las cuestiones de esta especie. La importancia del punto, las quejas exhaladas por una parte considerable de las clases mercantiles é industriales, no podían menos de imponer á una Asamblea de letrados y jurisconsultos el estudio de ese problema, bajo su aspecto jurídico, no obstante haberse tratado bajo otro prisma esa misma cuestión en el Congreso mercantil celebrado hace poco tiempo en esta Corte.

Del ligero examen que acabamos de hacer sobre todos y cada uno de los puntos del cuestionario, deducimos nosotros que ese cuestionario acusa la superioridad del último Congreso jurídico y los progresos que en el último período del siglo actual ha realizado en el seno de la sociedad española la ilustración y la cultura jurídica.

X

Vamos á entrar de lleno en el estudio de los trabajos del Congreso, examinando sus verdaderas tareas, que empiezan con los dictámenes de las ponencias, con las enmiendas y con las Memorias al mismo presentadas, puesto que la circular, el cuestionario y las invitaciones fueron obra de la Comisión organizadora, constituyendo, por decirlo así, la preparación y los preliminares del mismo.
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Ya dijimos, al ocuparnos de determinar los puntos que habían de ser cabezas de zona, que Marchena se encontraba en condiciones de serlo, por estar en el centro del cuadrilátero formado por Carmona, Écija, Osuna y Morón. Estos cuatro partidos judiciales, unidos al de la capital, deben formar la zona.

Ni Estepa, ni Lora del Río, ni Campillos están en buenas condiciones para formar parte de esta zona. El primero tiene su puesto natural agregado á Montilla; el segundo resulta más cerca de Sevilla que de Marchena, y el tercero debe pertenecer á Loja. Si se observa su situación en cuanto á las vías férreas que tienen próximas, no podrá menos de convenirse que resultan los tres partidos judiciales en mejores condiciones de comunicación agregándoles á las citadas zonas que perteneciendo á Marchena.

ESTADÍSTICA

    Habitantes.

    Marchena
    29.000

    Carmona
    30.000

    Écija
    33.000

    Osuna
    29.000

    Morón
    34.000

    Suma
    155.000

Modificaciones.—Los pueblos de Mairena y El Viso del Alcor ya hemos dicho que debían pertenecer á Sevilla, y que su población era de 11.117 habitantes.

También hemos dicho que Pruna, del partido de Morón, debe pasar á la zona de Jeréz; su población es de 3.330 habitantes.

Los pueblos del partido de Estepa Gilena, Pedrera y Aguadulce están en mejores condiciones en esta zona que en la de Montilla, porque se hallan sobre la vía férrea de La Roda á Marchena; su población es de 6.212 habitantes.

Esta zona da á las colindantes 14.447 habitantes; recibe de la de Montilla 6.212: luego le quedan 146.765.