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gran manera de la vida municipal. Hoy, triste es consignarlo, en Filipinas, no sólo no hay caminos, sino que la sanidad no tiene hospitales, ni la beneficencia asilos, ni los pueblos lugares decentes para mercados; muchas escuelas se establecen en pobres chozas de nipa, carecen de toda clase de material y hasta de inspección; las calles se alumbran con farolillos que los vecinos tienen obligación de colgar á las puertas de las casas, y la limpieza pública se hace, según la gráfica expresión de un escritor del país, como se puede.

No sucedería así si se ensanchara la esfera de acción municipal, que avivaria el interés particular y colectivo, y se dotara á las corporaciones de arbitrios que hoy subvienen á las atenciones generales del Estado en no pequeña parte (unos 700.000 pesos anuales). Con esta suma, el 20 y 30 por 100 de Propios y fondos de comunidad, y el aumento natural que seguramente tendría el impuesto local, se mejorarian notablemente los servicios que se echan tan de menos, y el bienestar y riqueza pública ganarían muchísimo. El país se pondría en condiciones de acometer parcialmente obras públicas de tanto interés y necesidad como la discención de pantanos, desmonte y roturación de terrenos, construcción de caminos, procurando la comunicación de las comarcas entre sí, facilitando la exportación de sus productos y la adquisición (barata) de los artículos de importación, creándose de esta manera una corriente de cambios y relaciones que, no sólo aumentarían la producción y el consumo, sino que prepararían la industria y el comercio para los grandes y beneficiosos desenvolvimientos de que son susceptibles.

Cuando hoy se intenta acometer una empresa industrial ó buscar horizontes al trabajo, se tropieza con un obstáculo insuperable, la dificultad, ó mejor dicho, falta de comunicaciones, por las que el país clama sin cesar, anhelando á toda costa conseguirlas, pues comprende sobradamente que ahí estriba el secreto de su engrandecimiento y prosperidad.

Y á este propósito habremos de observar que, si bien en el presupuesto del corriente ejercicio se introducen novedades é
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innovaciones dignas de aplauso, como las referentes á la refundición de la contribución especial de los chinos y reducción del interés que se pagaba por la Caja de Depósitos (medio indirecto de atajar los males de la usura), y se rebaja en los gastos medio millón de pesos, entendemos nosotros que el ramo de Fomento, de suma atención y preferencia, queda indotado, pues la cantidad que se le asigna es tan exigua que no vale la pena el mencionarla, y consideramos que hubiera sido más acertado y útil, no solamente aplicarle el medio millón de rebaja general, sino además otra fuerte suma, siquiera los presupuestos arrojasen déficit ó sufriesen otras atenciones mayor castigo; que todo gasto en el ramo de Fomento es, bajo cualquier concepto que se examine, eminentemente reproductivo y preciso para satisfacer los fines económico-sociales, tantas veces aludidos, y alentar con el ejemplo del Estado el estímulo e iniciativa de los habitantes del país.

Estas circunstancias no podían escaparse á la fina penetración y verdadero saber del entonces Ministro de Ultramar señor Gamazo; antes, por el contrario, lo deficiente del presupuesto en dicho ramo parece dar á entender que abrigaba el pensamiento de presentar y desarrollar separadamente un plan uniforme acerca del particular de obras públicas; que sin que sea visto que tratemos de penetrar ajenas intenciones, no se nos oculta la existencia y empleo de otros medios, como el empréstito ó un arbitrio determinado para llegar á aquellos fines. Mas, lo diremos también con toda franqueza: las obras públicas en gran escala por cuenta del Estado, son hoy, á nuestro humilde juicio, un ideal irrealizable y un contrasentido, dada la situación del Archipiélago.

Lo que importa es que la acción venga de abajo: construir pequeñas arterias, obras en detall y con perseverancia, interesar á las municipalidades y provincias para que cada una de ellas cuide de emplear sus propios recursos en el territorio de su demarcación; que percibiendo los beneficios y utilidades en proporción de los esfuerzos respectivos, nadie se considere lastimado, la emulación ocupe el lugar del indiferentismo y de
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las malas pasiones, y los pueblos se acostumbren á no esperarlo todo del Estado y á no ver en el Estado el dispensador de todos los beneficios, el proveedor de todas las faltas y el remediador de todos los males.

La importante contribución llamada de polos y servicios, bien administrada y aplicada, nos suministra una idea de lo que pudiera realizarse en este sentido.

El filipino tiene la obligación de prestar cuarenta días de trabajo personal al servicio comunal, pudiendo redimirlos satisfaciendo tres pesos fuertes. Los polistas pueden calcularse en dos y medio de millones; de manera que, suponiendo que no redimieran más que dos, tendríamos una cifra total para obras públicas de seis millones de pesos. Ante la elocuencia de este dato, sobraron los comentarios.

Y no se alegue en contra de lo expuesto el manoseado argumento de la indolencia natural del indio y su desvío á mejorar de posición; porque ni el hecho en que el argumento descansa es verdad, ni el Estado ha de privarse de la legítima intervención e inspección que le compete, ni, en suma, nada probaría tal hecho después de las dolorosas experiencias que nos han legado los tres siglos que lleva de existencia el régimen presente. Lejos de eso, los ensayos reformistas que aisladamente y sin plan definido tuvieron lugar, han producido excelentes resultados, que dan la medida de las ventajas que se experimentarán cuando las reformas se aborden radical y ordenadamente y se presten reciproco auxilio.

Al hablar, por incidencia, más atrás de la usura, hemos consignado un antecedente precioso en pro de nuestra aserción.

La usura, más asoladora y desastrosa para el Archipiélago que los terremotos que afligen frecuentemente su privilegiado suelo, no obstante leyes tan protectoras como la que eximiá al indio trabajador del pago de toda denda que excediese de cinco pesos fuertes, ha recibido mortal herida con el simple desestancamiento del tabaco, con esa disposición liberal y descentralizadora, sin otro auxilio que su misma eficacia y poder, siendo evidente
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que ya no se verificarán esos contratos monstruosos, escándalo de propios y de extraños, horrible plaga del país, que llevaban el miedo, la intranquilidad y la miseria á las familias, minando en sus cimientos el trabajo y la producción y dando ocasión á una interminable serie de justas y profundas quejas, que nos recuerda un pasado ominoso de errores y faltas, involuntarios sin duda, pero que hoy no serían disculpables si nuevamente se repitieran.

Haciendo ahora un natural paralelo, idéntica observación se puede presentar respecto del sistema económico-municipal vigente. Porque, ¿quién duda que en este orden se verifican análogos estelionatos, abusos, dilapidaciones, excesos que reducen al ciudadano á una especie de paria y la vida local á un simulacro de falansterio, ahogando todas las iniciativas por miedo al despotico proceder del cacique ó gobernadorcillo, entibiando todos los entusiasmos y conteniendo todos los esfuerzos, por juzgar, no sin motivo, que han de ser estériles si no se inspiran ó redundan en provecho de quien se dice representante de la autoridad y depositario del poder, llevando, en fin, la atonía y el malestar á los centros y resortes que agitan y dirigen la vida local?

¿Qué se quiere que esta vida sea, sino vida de pobreza, de descencanto, de suspicacia y de miedo? Y quien así vive, quien semejante atmósfera respira, ¿puede servirse provechosamente de sus medios, utilizar convenientemente sus recursos mejorar su situación y condiciones personales y reales? El paria, el esclavo, el hombre sujeto con las ligaduras de la opresión, ¿puede hacer otra cosa que luchar penosamente por la existencia, no pensando ó ignorando que hay un más allá de prosperidad, de ventura, de civilización, que el trabajo y la libre iniciativa labran seguramente?

Y no se olvide que el hombre, individualmente, como la sociedad, que es su reflejo, tienen menos egoismos y más entusiasmo, abnegación y fe en los albores de su juventud que en los tiempos de su vejez y, por consiguiente, la libertad que disfruten en el primer caso, el esfuerzo que empleen y los me-
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dios de que dispongan, producirán una suma de beneficios y ventajas muy superiores á las que obtendrá en el segundo, si quiera en este último las lecciones de la experiencia y el mútuo interés mantengan el desarrollo de la civilización y la riqueza creada y compensen, más en la apariencia que en la realidad, los descreimientos y antagonismos de intereses, razas, clases y hasta profesiones. Si fuera ocasión de desenvolver esta tesis, que no lo es, podríamos aducir multitud de datos y razonamientos que cumplidamente la demostrasen.

Pero, después de todo, nadie negará que el fin esencial de la Metrópoli para con la Colonia es, en primer término, hacer desaparecer las diferencias reales entre vencedores y vencidos, señores y esclavos, dueños y colonos, fundiendo en el crisol de la igualdad y del patriotismo todos los elementos que concurren á formar la Colonia de manera que, sin arrancar á ésta su derecho y costumbre tradicional, encarnados en su naturaleza y manera de ser invariables y fatales, ni dejar incierta y débil la autoridad, venga la colonia á constituir un territorio más de la Metrópoli y sus hijos á aumentar el número de los hermanos, que comparten en usos, leyes e idioma las glorias, prosperidades y desgracias de la patria común. Sólo así se cimenta, arraiga y extiende la vida local y la vida social para bien de todos, y sólo así adquiere la influencia de la Metrópoli sólido asiento y consistencia firme, duradera y provechosa.

Lo hemos de repetir una vez más, porque es, á nuestro juicio, de una singular y trascendentalísima importancia: Las diferencias y privilegios de carácter real y personal existentes en el Archipiélago filipino, no pueden sostenerse; hay que borrarlas, anularlas; la obra no ha de venir exclusivamente de arriba, sino que precisa elaborarla también abajo, para que sea práctica y sensible y el ciudadano, apreciándola debidamente, la proteja con su acción, sostenga con sus recursos, mejore con sus luces y experiencias.

El Estado podrá legalmente hacer el ciudadano, si así cabe expresarse, permitiéndolo ó no contrariando el ejercicio prudente de sus actividades individuales y colectivas, las cuales
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sólo al ciudadano incumbe desarrollar, interviniendo y gobernando por sí las cosas propias de la vida local, que el Municipio, como organismo primario de sociabilidad y cultura, comprende y sintetiza. A este gobierno y dirección han de concurrir inmediatamente, en mayor ó menor parte, todos los individuos adscritos al Municipio, según su posición y condiciones, debiendo el Estado, caso necesario, procurar que así lo verifiquen, como deber inherente á la inspección que le asiste para velar y atender cuanto atañe al bien general y régimen del país. Hacer á unos participes y excluir á otros, ó asumir el Estado la facultad y responsabilidad de todos, sería injusto, anómalo y contraproducente.

Expuestas las líneas generales de la reforma y demostrada, á nuestro modesto dictamen, su conveniencia y necesidad inmediata, lógicamente ocurre preguntar: esa reforma, ¿qué límite ha de tener?, ¿en qué condiciones ha de ser establecida?, ¿cuál su estructura interna? He aquí lo que precisa examinar.

Toda ley ó disposición de índole municipal y administrativa ha de inspirarse en dos términos comunes y simultáneos. La manera de ser económico-social del pueblo, objeto de aquéllas, y sus tradiciones locales. No se puede prescindir de ninguno de estos elementos. El principio de centralización ó descentralización, que juega tan importante papel en esta materia, y sobre el cual no ha pronunciado la ciencia su última palabra, en sus rigorismos técnicos cede su puesto, y no puede menos de cederle, á las exigencias y formas típicas de la asociación. Él podrá y deberá servirnos de guía, de auxiliar eficaz, de constante director; pero nada más. Someternos incondicionalmente á sus deducciones, equivaldría á sacrificar el fondo á la forma, lo interno á lo externo, y nosotros queremos más «que se salven las colonias, aunque perezcan los principios, que no salvar los principios á costa de las colonias.» Pero, felizmente, aquí ni aun siquiera se da la hipótesis de semejantes antagonismos.

La reforma viene á afectar primariamente á las personas, concediéndoles derechos y facultades de que hasta hoy se han
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res necesitaban treinta años, renta de 12,000 reales y haber nacido en la provincia ó residido durante los dos últimos años en ella, ó poseer en la misma alguna finca ó censo de cierta importancia. El Procurador era elegido por el colegio electoral.

Después vinieron las dos Cámaras de la Constitución de 1837: Senadores nombrados por el Rey, á propuesta en lista triple de los electores que en cada provincia nombraban los Diputados á Cortes, y un Congreso de Diputados, electos por el método directo, por grandes circunscripciones ó provincias y conforme á una ley electoral que reconocía el derecho de Sufragio á las capacidades y á los que pagasen una cierta contribución al Estado.

Luégo vino la Constitución de 1845, con dos Cámaras: el Senado vitalicio, de nombramiento del Rey, dentro de ciertas categorías; y el Congreso, elegido directamente por las juntas electorales, constituidas por electores que pagaban una alta contribución y por capacidades, verificándose la elección sólo por distritos.

Por último, rigió la reforma de 1857, en cuya virtud el Senado se componía de Senadores por derecho propio, como los Grandes de España, y por razón del cargo, como los Arzobispos, Patriarca de las Indias, Capitanes generales y Presidentes de los Tribunales Supremos; y Senadores vitalicios nombrados por el Rey entre ciertas categorías, figurando como condición esencial y general la de la renta.

Estos fueron los sistemas que imperaron. Fuera de ellos, hay que mencionar los proyectos de Constitución y de elecciones de Diputados á Cortes de D. Juan Bravo Murillo, en 1852, y la Constitución y la Ley electoral de 1856.

Para completar estas referencias y comparaciones es necesario sólo tocar dos puntos. El relativo al estado general del derecho político contemporáneo sobre sufragio y organización de la Representación nacional y parlamentaria, y el que afecta especialmente al derecho de aquellos pueblos donde, como en los Estados Unidos, Suiza y Alemania, no existe el régimen parlamentario, aunque sí el representativo.
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visto privadas en lo tocante á la administración local; aunque es evidente que, ensanchar el círculo de acción de las personas y de sus actividades, es ensanchar también el círculo de su competencia en los asuntos y cosas locales, es entregárselos á su iniciativa, cuidado y dirección, negocios que actualmente incumben al poder central; es, en una palabra, descentralizar. Y claro es también que, para que en el orden económico-administrativo, propiamente dicho, la descentralización se emprenda con éxito, se persevere en ella y surta sus efectos, se hace indispensable colocar á las personas en las debidas condiciones legales.

Hay, pues, que principiar por crear el organismo municipal, estableciendo el derecho personal de los habitantes del término.

Cualquiera que sea el asunto colonial de que se trate, siempre se toca con una cuestión diaria y elocuentemente debatida, pero todavía no resuelta: ¿Qué principio ha de regir en la codificación y régimen ultramarino? ¿La asimilación, la identidad, ó la excepción?

Nosotros lo confesamos ingenuamente: somos eclécticos. En lo estrictamente político votamos por la identidad, porque queremos la libertad para todos, y todos, los de ací y los de allá, somos hermanos, ó al menos debemos procurar serlo. En cuanto á lo económico-administrativo, entendemos que, según sea el grado de adelantamiento y condiciones especiales de cada provincia, así ha de ser su régimen y legislación. Por lo que mira á la parte civil y penal, en su doble aspecto sustantivo y adjetivo, si bien deben servir de fundamento y guía los códigos de la Metrópoli, las costumbres, tradiciones y maniera de ser de la sociedad y del trato de las respectivas regiones ó países exigen imperiosamente modificaciones sustanciales que se acomoden á la realidad de la vida y á la práctica de los sucesos.

No se nos ocultan los argumentos que á tal eclecticismo se oponen. Pero no nos hagamos ilusiones. Ningún pueblo ha adoptado un sistema radical y único, sino relativo y acomo-
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dado á las circunstancias geográficas, sociales y políticas de sus territorios coloniales. Los ingleses y holandeses, pueblos que en esta materia pueden servir de norma, son vivo ejemplo de ello. En ciertos casos convendrá la identidad, en otros la excepción; la asimilación, siempre que sea compatible con los intereses regionales; porque es de suma importancia, bajo todos aspectos, que las ideas y procedimientos gubernamentales de la Metrópoli encarnen en las colonias, y que éstas las reciban con agrado y practiquen con sinceridad.

La denominación de Provincias, sólo interpretándola de una manera indiscreta y arbitraria puede servir de razón en contrario, y buena prueba es la teoría autonómica, que muchos sustentan, y que tal cual pretenden implantarla constituiría un Estado dentro de otro Estado, subvirtiendo y conculcando la unidad legislativa y gubernamental.

Empero, sea como quiera, nosotros afirmamos que aquí no se podrá seguir estrictamente la clasificación que en cuanto á las obligaciones y derechos de los habitantes consigna nuestra ley municipal, al menos para la generalidad del Archipiélago; que poblaciones y términos hay, sin embargo, como, por ejemplo, Cebú, que, á imitación de Manila, estarian en circunstancias de recibir aquella legislación, aunque con algunas variantes.

Mas dejando á un lado, por ahora, este extremo, consideramos ante todo de inexcusable rigor fijar y determinar bien lo que se ha de entender por habitante para los efectos legales, y la manera de adquirir la vecindad y el domicilio, daudo facilidad de medios para conseguirlo, á fin de que no se vea en el nuevo estado jurídico, á que el empadronamiento sujeta, una carga y una molestia sin ventajas ni compensaciones, que retraiga al indígena de la vida social y le mantenga internado en la sinuosidad de los bosques, esquivando la comunicación y trato con los poblados.

Como el Archipiélago se compone de razas tan diversas y de tan distintos caracteres, y el Estado tiene un interés fundamentalísimo en reducir infieles, en atraer al indígena al estado
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de civilización para aumentar la población trabajadora y culta en que ha de descansar el engrandecimiento e integridad del país, es indispensable meditar seriamente este punto y partir del supuesto de que, en la actualidad, el desvío y hasta el horror que muchas razas e individuos muestran á la vida colectiva consiste en los abusos que con ellos suelen cometerse, en los gravámenes que se les imponen, en las diferencias y privilegios subsistentes en su perjuicio y en la opresión que por consecuencia de tales sucesos experimentan y sienten, la cual se agranda á sus ojos ante el pasado de su omnímoda libertad, que han declinado, sin obtener en cambio utilidades ciertas y positivas.

No bastan, no, las concesiones de terrenos, alivio de ciertas cargas públicas, etc., etc., si al mismo tiempo no se otorga el derecho personal garantizado contra todo abuso y exceso, de forma que sea la igualdad ante la ley la que reglamente y dirija los actos de todos.

La cualidad de vecino, que en pueblos de madura civilización es solicitada para entrar el ciudadano en el disfrute de los derechos consiguientes á aquella cualidad, que requiere circunstancias previas e implica tan pronto como se obtiene el cumplimiento de ciertos servicios y el pago de determinados tributos, en Filipinas, hay que concederla desde luégo, hay que darla por declarada de oficio desde el momento que un individuo, una familia se asienta en una localidad, ó por actos directos y manifiestos muestra este propósito, inscribiéndole en el padrón como tal vecino y confiriéndole los derechos anexos á la vecindad para intervenir en las cosas y asuntos locales, de modo que sienta inmediatamente los beneficios y ventajas de su nuevo estado, que una vez acostumbrado á él no ba de querer abandonar, y no abandonará seguramente, siquiera advierta después que le construye el cumplimiento de cargas y pago de impuestos de que, en su anterior existencia salvaje ó incivil estaba exento. Pero percibirá por sí mismo los beneficios de la civilización; porque en su alimento, en su vestido, satisfacciones, goces y relaciones, se ve mejorar notablemente. Mas
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que si, por el contrario, lo primero que experimenta son los inconvenientes de la civilización y las desventajas materiales de la sociabilidad, renegará de una y otra y volverá á encerrarse en su antigua madriguera, como fiera perseguida por astuto cazador.

El hecho mismo, por ejemplo, de reducirse un infiel ó un Igorrote bajando á poblado y traficando con los habitantes de éste, manteniendo relaciones más ó menos activas, deberá ser título suficiente para que se le considere adscrito al término municipal, se le incluya en el padrón y goce de los derechos de la vecindad, que podrá utilizar ó no, pero nunca sufrir la privación de ellos, pudiendo llamarse á los que en tal caso se encuentren vecinos accidentales interin no toman asiento definitivo en el término y constituyen un verdadero hogar.

La reducción simple, que, á la verdad, se ha venido siempre procurando con empeño, es una vana fórmula, una ilusión, una vanidad sin resultados positivos, porque báse visto y se ve con harta frecuencia que obedece en muchos casos á conveniencias del momento, que no es sincera y que, lejos de favorecer la población y la producción, es fuente de depreciación y de holganza. Y no es sincera la reducción porque la consideran gravosa y opuesta á su libertad natural. Desde el instante en que por experiencia propia comprendan lo contrario, la reducción será leal, decisiva y completa.

Que, por otra parte, no ha de buscarse inmediatamente en esta reducción y aumento de población sometida materia de impuesto. Semejante idea es antieconómica, antihumanitaria y antisocial. El impuesto vendrá ineludiblemente á medida que la población se consolide y acumule el fruto de su trabajo bajo las diferentes formas que afecta la riqueza. Entonces el derecho personal, unido al derecho real, completarán la existencia colectiva del ciudadano y aparecerá materia directa de tributación.

Se argüirá acaso que éste procedimiento produciría quejas, haciendo de peor condición á los nuevos que á los antiguos habitantes de un término, porque es máxima universal de justicia