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del Ministerio de Hacienda y las que hacia también el Ministerio de Fomento.

El desorden se extendía desde las esferas más superiores de la Administración á las de menos categoría, como lo prueba una Real orden del Ministerio de Hacienda, por la que se ponía correctivo al abuso que venía cometiéndose de consentir á los empleados de Aduanas desempeñar otros destinos dentro de la misma renta que aquellos para que estaban nombrados. Que el desorden existía y además se conocía la necesidad imperiosa de ponerle remedio, se veía, cuando se creó en el Ministerio de Hacienda una comisión, compuesta de 10 vocales, con el encargo de formar y presentar á la aprobación del Ministro del ramo el presupuesto general de ingresos del Estado para el año económico de 1877 á 78. Porque en el período de liquidación que se hallaba la Hacienda después de los arreglos convenidos con los acreedores por Deudas del Estado, la importancia de la formación del presupuesto de ingresos se presentaba superior á la de todos los tiempos, haciendo necesario pensar en mayores ingresos, con carácter permanente, para cubrir las inmensas obligaciones que las desgracias de la patria impusieron al Tesoro nacional.

Es decir, que después de tantos ensayos, de tantos cambios de forma de gobierno y de tantos sacrificios impuestos á la masa general del país, éste había de imponérselos mayores, y había de sufrir los efectos del desorden, como enfermedad endémica á la que no se veía curación.

Y de esto se resentían todos los ramos de la Administración pública.

Esta declaraba al finalizar el año 1876 que la situación en que se hallaba la Hacienda, después de los enormes desembolsos que había exigido la pasada guerra y sosteniendo otra en la isla de Cuba, que no intentaría el propósito de poner remedio á la necesidad generalmente sentida de dotar á la Nación de edificios para establecer en ellos las oficinas del Estado y los demás servicios de la Administración, si no contase aquél con una base para levantar la obra en proyecto. Y la base era la
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masa de edificios públicos existentes, clasificados en edificios que con las reparaciones convenientes pudiesen prestar muy útiles servicios, que pudieran permutarse por otros á propósito para las oficinas del Estado, que pudieran por su situación enajenarse sin ventaja, para atender con sus productos á la construcción de otros nuevos.

Lo que en este particular de edificios necesarios para el Estado se haya hecho, podemos apreciarlo juzgando por lo que se dijo en el año 1885 en el Senado, cuando se recordaba la falta de condiciones que tiene la fábrica de tabacos de Santander y cuando se pintaba con verdaderos y negros colores el estado en que se encuentra la fábrica de tabacos de Madrid.

En esto, como en los demás ramos de la Hacienda pública, resulta como al navegante que corre un temporal fuerte y prolongado, durante el que no le queda tiempo más que para defenderse de las olas desencadenadas, y cuando éstas amasan, entonces es preciso pensar preferentemente en reparar los daños causados por la tempestad.

Tan es así, que el Ministerio de Hacienda creyó preciso en Noviembre de 1876 presentar á las Cortes un proyecto de ley, fundado en otra ley de 21 de Julio del mismo año, sobre arreglo de la Deuda del Estado, para que los cupones de la Deuda consolidada al 3 por 100 y de las amortizables al 6 por 100 vencidos y á vencer desde 30 de Junio y 1.º de Julio de 1874 á fin de Diciembre de 1876, así como los haberes del clero correspondientes á época anterior á 1.º de Enero de 1875, y las nueve décimas partes no satisfechas del empréstito forzoso de 25 de Agosto de 1873 que se pagasen por medio de la emisión de nuevos títulos con 2 por 100 de interés anual, desde 31 de Diciembre de 1876, amortizables en quince años, á 50 por 100 del valor nominal.

Es decir, que inaugurado el período revolucionario con emisiones de Deuda pública para pagar despilfarros de una paz costosísima, se inauguraba también el período de la Restauración para pagar nuevos despilfarros de guerras desastrosas; siendo el Ministerio de Hacienda la piedra de toque de tantos
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errores y el espejo donde se veían reflejadas fielmente las consecuencias de las malas pasiones de los otros departamentos ministeriales, que sucumbían al impulso de los egoismos de los partidos políticos, como el árbol se rinde al empuje del ciclón.

Mas no se crea ni por un momento que, porque el Ministerio de Hacienda fuese la piedra de toque de los otros departamentos ministeriales, éstos le prestasen alguna vez ayuda con disposiciones previsoras; antes al contrario, todos contribuían á la ruina nacional.

Así lo demuestra una medida que se quiso tomar, proponiéndola en forma de ley á las Cortes, con motivo de abusos cometidos en el desarrollo que tenía la desamortización.

Grandes precauciones quería tomar, y parecía que tomaba de hecho, el Ministerio de Hacienda, cuando reconociendo la ineficacia de la ley desamortizadora de 1.º de Mayo de 1855, y de la instrucción de 31 del mismo mes y año, acudía nuevamente al poder legislativo en demanda de apoyo, porque de una parte se encontraba el Estado con compradores insolventes de bienes nacionales, y de otra con compradores que destruían el arbolado, dejando sin garantía los intereses del Estado, no tan sólo como vendedor, sino por la tributación que hubiera de servirle de medio para atender á cubrir las cargas públicas.

¡La impresión no podía ser mayor!

En un país que aspira á figurar á la altura de los que están más civilizados en Europa, y que, sin embargo, quienes se llaman sus hombres de Estado ven, sin preocuparse, que exista desorganizada la Hacienda y que se destruyan sus montes públicos, como si fuese posible que hubiera progreso material careciendo de esos dos elementos.

Así queda justificado plenamente, cuando decía el año 1876 el Ministerio de Hacienda, que la emisión concertada en virtud de la ley de 3 de Junio de aquel año con el Banco Nacional de España de 580 millones de pesetas al tipo de 85 por 100 no llegaba á producir la suma efectiva necesaria para el pago de
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toda la Deuda flotante. Teniendo, además, que devolver precisamente en metálico los depósitos constituidos en la Caja general á disposición de los Ayuntamientos, por la tercera parte del 80 por 100 de sus bienes vendidos. Habiendo también que atender á la difícil situación de las Cajas de la isla de Cuba, para cuyo Tesoro hubo que destinar 12.500.000 pesetas á la amortización de los valores de la Deuda comprendidos en el decreto de 26 de Junio de 1874, á las atenciones más urgentes de la Caja de Redenciones y Euganches del servicio militar; en fin, á las obligaciones más urgentes del presupuesto de 1875-76.

Resultado de todo era que los Bonos del Tesoro que se liberasen con arreglo á la base 7.ª del art. 1.º de la ley de 3 de Julio de 1876 podrían pignorarse de nuevo para garantir operaciones de la Deuda flotante, y que lo mismo podría hacerse con las garantías existentes de títulos de 3 por 100. De modo que había una emisión á cuyo amparo, ó si se quiere á pesar de él, unos valores que estaban dados en garantía, al poder disponer de ellos iban á servir para dar garantías nuevas, cuando era, por cierto, la Denda flotante de 80.891.885 pesetas el 1.º de Diciembre de 1876.

La disminución de esta clase de deuda era notabilísima; pero con ser así resultaba, sin embargo, que existía, no obstante haber querido extinguirla toda cuando la emisión de los 580 millones, que hubo de hacerse á 85 por 100, y sabiéndose por la Gaceta Oficial que en el mes de Agosto era la Deuda flotante de 558 millones. Viéndose, por consiguiente, que el Ministerio de Hacienda, más que intentar dominar una situación, lo que le sucedía era ser víctima de sus imposiciones.

Pero no tiene esto nada de extraño, antes al contrario, es lo regular que sucediese así, demostrándolo evidentemente la ley de 19 de Diciembre de 1876.

Por ella se aprobaron los suplementos de crédito que sobre los presupuestos de gastos del año 1862 y los seis primeros meses de 1863 fueron concedidos en aquellos años, ascendiendo su importe á 36.095.721 pesetas.
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Además se aprobaron los gastos siguientes:
5.334.497 pesetas, gastos ocasionados por la guerra de África;
316 pesetas, resultas de operaciones en granos del año 1856;
187 millones de pesetas, déficit en los recursos de los presupuestos, con inclusión de las resultas de ejercicios cerrados, liquidación definitiva de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del año 1862 y los seis primeros meses de 1863, con inclusión de las resultas de presupuestos anteriores y de las que al cerrarse este ejercicio pasaron al de 1863 á 1864, con arreglo al art. 22 de la ley de Contabilidad de 1850;
196 millones de pesetas, déficit de los recursos realizados por el Tesoro durante el ejercicio de los presupuestos de 1862 y seis primeros meses de 1863, en virtud de los mismos presupuestos y de las resultas de ejercicios anteriores.

De todo esto resulta una combinación desastrosa de números que pone de manifiesto la falta de sistema verdadero, y que el déficit es la triste realidad que dejan las memorables hazañas de la política española.

Ciertamente que no puede decirse otra cosa mejor de nuestro sistema al enterarse cómo por virtud de una ley de Contabilidad y por otra ley del año 1876 quedaron aprobadas resultas de ejercicios cerrados en este año, á contar desde 1856.

Y el formalismo y los errores llegan al punto de que, enfrente de déficits legalizados de la manera que queda expuesta, se legalizaron también anulaciones entre las que figura una de 42.809.000 pesetas en los presupuestos extraordinarios de 1862 y seis primeros meses de 1863, como no invertidos durante el ejercicio en los servicios del material extraordinario autorizados por las leyes de 1.º de Abril de 1859 y de igual mes de 1861, trasfiriéndose al presupuesto de 1863-64 como aumento á los créditos autorizados en él para los mismos servicios. Igualmente quedó aprobada la anulación de 23 millones de pesetas en los presupuestos ordinarios del mismo año por créditos que, al cerrarse el ejercicio, resultaron sobrantes en
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varios capítulos después de cubiertos los gastos á que fueron destinados.

Se ve evidentemente una gran oscuridad ó confusión en los planes de sistema y en su desarrollo; resulta que no existe previsión. Y, más que nada, es de lamentar cómo el Poder legislativo ve pasar ante su presencia cuentas que acusan un desorden, cosa por otra parte muy natural que suceda así, dado el precedente de que, cuando se trata de los intereses en general presentados en globo, los padres de la patria, que no tienen el interés directo de la provincia, ni el de distrito de un modo inmediato, no reparan en aprobar presupuestos, antes al contrario, lo que desean es aprobarlos rápidamente para que pasen desapercibidos sus detalles, para lo que no se necesita hacer tampoco gran esfuerzo; porque en los unos la indiferencia, en los otros el egoísmo y en no pocos la ignorancia, es lo cierto que contribuye cada cual al desorden, verdadera anarquía que opone en todos terrenos dificultades al progreso de los intereses materiales, que si aumenta su desarrollo es á fuerza de grandes impulsos que logran al fin vencer resistencias oficiales; porque facilidades de estas no hay que esperarlas.

La Administración pública, el día último del año 1876 acababa apenas de liquidar cuentas del año 1856. Y, lo que es peor, la administración del año 1876 tuvo que sufrir malas consecuencias administrativas del año 1856, que hizo gastos y dejó de efectuar reformas; por lo que, en el año 1876, la falta de aquéllas contribuía á complicar la situación de la fortuna y del crédito público, sin que sirvieran de lección los desaciertos pasados, puesto que se cometían otros desaciertos con seguir supeditada la Hacienda nacional á la política de los partidos.

El año 1877 se inauguró con una deuda flotante que importaba 127.889.755 pesetas, que se debían al Banco de España, á particulares y á la Sociedad del Timbre.

¡Triste realidad! Porque si la Deuda flotante existiera en el sentido de representar ahorros de la industria privada aplicados ó reunidos á gastos reproductivos de la riqueza nacional, no
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había que deplorar su existencia, y podía mencionarse como una parte importante de la vida de los intereses materiales; pero es el caso que la historia de la deuda flotante española no prueba otra cosa que la influencia de situaciones difíciles, que no pudiendo conllevarse con emisiones de Deuda perpetua y amortizable ni con la venta de bienes nacionales, ha sido preciso constantemente recurrir á tener fondos tomados de capitales que habían de costar caros, porque aun los préstamos del Banco de España no han podido considerarse jamás como préstamos que estén hechos en buenas condiciones; porque el dinero que sale del Banco de España, siendo este establecimiento de crédito de carácter privilegiado y de gran poder á la sombra del privilegio, no han de poder obtenerse aquellas ventajas que reporta únicamente la competencia; además que los peligros, si amenazasen algún dia, serán mayores.

Pero parece como que obtenga preferencia la contradicción y que gustan aquí esos contrastes, que debilitan el crédito más que lo robustecen. Así vemos que, cuando ganan terreno las ideas librecambistas, es cuando se mata la libertad bancaria; al mismo tiempo que no puede acabarse con la Deuda flotante, no obstante que se hacen esfuerzos titánicos para extinguirla, se amortiza Deuda perpetua interior y exterior, en cumplimiento de la ley de 21 de Julio de 1876, sin que la evidencia de la contradicción ni lo absurdo del sistema influyan en el ánimo de nuestros hombres públicos.

Si de la mención de la Deuda flotante que acabamos de hacer por lo que respecta al mes de Enero, pasamos á considerar económicamente lo que pasa en el mes de Febrero, encontramos que decía el Ministerio de Hacienda:

«Dentro del mes de Febrero, y con arreglo á las buenas prácticas administrativas, debió realizarse, por lo que concierne al presupuesto actual, el descubierto en que quedaron por fin de Enero último las cuotas imputables al primer semestre del corriente año económico, y las dos terceras partes de lo que aquéllas importan en el tercer trimestre; pero desgraciadamente los resultados, ya conocidos, y de cuya exactitud no
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GALERÍA HISTÓRICA DE MUJERES CÉLEBRES

(LA MUJER DE NOE)

FRAGMENTO DEL TOMO II (1)

¡El diluvio! La humanidad conserva su recuerdo vivo y la tradición esparce tal recuerdo entre todas las gentes. Hay quien cree que un choque de la tierra con encendido cometa, batió las aguas del Océano y las desbordó sobre los continentes. Ignoraban quienes tal decían cómo esas fajas cometarias, difusiones del éter, aun tocando en la corteza terrestre, no podían marcarla ni siquiera con ligerísima huella. La gran catástrofe de universal inundación ha sucedido alguna vez. El solitario mar se ha revolcado, bramador y rabioso, por toda la tierra. Los sendos desertos helados de ambos polos han contenido en su esfera de cristales alguna vez todo nuestro planeta. El canto enorme de granito enterrado en estepas formadas por acarreos y constituidas por sedimentos, han llegado allí arrojadas por la palanca de los primeros volcanes ó impelidas por las corrientes de los primeros diluvios. Unas veces los mares

(1) Publicado en la casa editorial de Faquineto. (Madrid).
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Unos mil pueblos son los hasta ahora constituidos (aparte de los poblados, rancherías, etc., etc.), distantes entre sí y mal comunicados. Las costumbres difieren; pero las ideas fundamentales son en sustancia las mismas, así como las virtudes y los vicios. La sumisión y la flexibilidad es lo característico de las virtudes; la vanidad y el fausto simbolizan los vicios. Esto último, después de todo, favorece, porque engendra necesidades que sólo el trabajo puede satisfacer, contrapesándose de esta manera la poca actividad de los naturales, hija principalmente del atraso, actividad que crecerá á medida que su vanidad sea más cumplidamente halagada por la comodidad y el lujo á que el trabajo, y nada más que el trabajo, ha de proveer. La diferencia de razas, y hasta de procedencias, produce diferencias de derechos, privilegios y monopolios que, á nuestro juicio, debieran extirparse.

A conseguirlo, sin violencias ni perturbaciones, ha de contribuir muy poderosamente la reforma municipal. Dentro del mercantilismo moderno, que todo lo informa y lo gobierna, es insostenible la división de clases, jurídica y legalmente hablando, sin que este principio reconozca en el Archipiélago razón plausible de excepción; antes bien, está sancionado por la conveniencia de estrechar más el lazo de unión y de simpatía de los naturales con la madre patria, acostumbrándolos á ver en el castilla al hermano, al amigo, al compatriota, con la natural distinción y superioridad á que las luces y posición de éste le hacen acreedor.

La Metrópoli está vivamente interesada en crear ciudadanos españoles súbditos de nuestra nación, amigos de nuestros usos y leyes, que con nosotros se compenetren en las venturas y aflicciones y tomen parte en todos los acontecimientos de nuestra vida nacional; y no juzgamos nosotros que el privilegio y la ley de las castas sea procedimiento apropiado ni método útil para los fines económico-políticos que estamos en el deber de perseguir. El terreno está preparado; no ofrece escabrosidades, porque la misma diversidad de costumbres del indígena y la multitud de dialectos en que se expresa, hace que
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es lícito dudar, acusan una situación indefendible, porque son muy contadas las proviencias que han hecho efectivos en Febrero los débitos correspondientes á la primera mitad del ejercicio, y menos aún las que han conseguido que ingresaran en sus cajas por cuenta del tercer trimestre de las contribuciones é impuestos de que se trata cantidades que merezcan una apreciación satisfactoria.»

Notable es por más de un concepto la circular de 9 de Marzo de 1876 que publicó el Ministerio de Hacienda, y de la que es copia literal el párrafo precedente. En aquella circular se llama la atención de los inferiores jerárquicos de la Administración pública sobre la falta de cumplimiento de un precepto legal, de un deber que debe tenerse por ineludible; porque se trata del cobro de las contribuciones y de los impuestos que tiene autorizados el Poder legislativo, y con los cuales han de cubrirse las cargas públicas que pesan apremiantes sobre el Erario público; siendo la necesidad tan urgente, que el Ministerio de Hacienda añadía en su circular:

«Respetuoso el Gobierno para con obligaciones anteriores á su Administración, hasta el punto de atenderlas con tanto interés como el que le inspiran las que han surgido de la cuestión económica que viene practicando desde que tuvo la honra de ser llamado á los Consejos de S. M., se ve agobiado por unas y por otras, y en lucha perpetua, con el insuficiente haber del Estado, para acudir á todos en la proporción de su deseo. No puede nadie con razón mermarle el perfecto derecho que le asiste para obligar á todo el que posee, produce y consume que cumpla religiosamente el precepto constitucional.»

Ciertamente que es esto exacto, y de intento hemos subrayado las tres palabras que se refieren al que posee, produce y consume. Mas nótese bien que, si para el Ministerio de Hacienda el pensamiento resulta completo, y desde su punto de vista lo está, sin embargo, no puede ser lo mismo cuando se considera al poseedor, al productor, al consumidor bajo el doble carácter que tiene del cumplimiento de deberes para con el Esta-
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do, y de los derechos en virtud de los cuales se impone aquellos deberes.

Con esto queremos decir, principalmente, que quien posee, produce y consume, ha de apoyar á la Hacienda nacional con sus elementos de riqueza, pero tiene que intervenirla desde el Municipio, desde la Provincia y desde el Poder legislativo. El sufragio, la representación que de él emana y la dignidad personal, obligan por derecho propio á cuidar de la cosa pública, á fin de evitar que se dé el caso, que será siempre tan depresivo como perjudicial, de dar motivos al Poder ejecutivo para que, poniendo de manifiesto á sus delegados la falta de actividad y de exacto cumplimiento de sus deberes, les recuerde la responsabilidad en que incurren. Y lo que es peor aún, que el Poder ejecutivo diga á sus autoridades en provincias, que por su parte no demoren por más tiempo la cobranza de los atrasos que por todos conceptos adeuda el contribuyente, y que reclame de la Autoridad militar de la provincia la protección que se juzgue conveniente, con lo cual se demuestra que existe la necesidad, en país regido constitucionalmente, de recurrir á medios que pueden pasar como propios en naciones donde imperen el despotismo ó la barbarie. Lo que es lo mismo, la ignorancia.

Nosotros creemos que, si después de tantos sacrificios impuestos para conseguir la libertad y el orden; que si después de tanto trastorno público y de tanta guerra intestina, los partidos políticos ponen al Ministerio de Hacienda en el duro trance de apelar á la fuerza armada para que apoye en el ejercicio de sus funciones á los recaudadores de contribuciones, lo que hacen en realidad es convertir al país en juguete de sus pasiones, sobre todo si, como en el caso de la circular del año 1876, tiene la medida apremiante carácter general.

Pero si al Fisco dejan siempre los partidos políticos que haga sentir el peso de su autoridad de una manera vejatoria, es porque existe, además, la esperanza de que la vejación no ha de alcanzar á quienes la política sonríe con buenos ojos.

Y, como quiera que sea, la idea de recurrir al ejército para
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el cobro de las contribuciones, como se previno por una circular y un Real decreto restringiendo más y más la venta del tabaco, que es ya, por el estanco, un ataque á la libertad del poseedor, del productor y del consumidor, todo hace ver qué desgobierno impone la política de partido.

Es preciso reconocer los buenos propósitos que animaban al Ministerio de Hacienda que, sin encubrir los defectos de que adolecía su departamento en sus vastas ramificaciones, trataba de introducir reformas que tuviesen por objeto conseguir que desapareciesen aquellos defectos. Todo ello, por otra parte, de buen sentido, porque preparaba así el camino que tenía que recorrerse con acierto, si había de ser una verdad que se pensaba seriamente en dotar al país de un presupuesto nivelado. Es decir, que para que el 28 de Abril de 1877 fuese presentado á las Cortes un presupuesto que satisfaciese las exigencias de la época, correspondía, como deber ineludible, cuidar de que los errores cometidos antes de 1868, los que se cometieron desde este año hasta terminar el de 1874 y los cometidos en los años 1875-76 y parte del 77, se tratase de evitar su reproducción.

Así lo reconocía el Ministerio de Hacienda al declarar que, cuando no hacía aún un año que las Cortes dieran solución á muchas trascendentales cuestiones y á los más árduos problemas que pueden presentarse en la historia económica de los pueblos, y sin que haya transcurrido el tiempo necesario para la ejecución de los preliminares de algunas importantes operaciones entonces decretadas, al exponerse ahora el estado de la Hacienda y la marcha del Tesoro, no parecerá extraño que aquél no sea completamente normal y ésta ofrezca dificultades y peligros.

Los números, como demostración de lo que aseguraba el Ministerio, venían en un todo á darle la razón y afirmaban en la idea desconsoladora de que la gestión de la Hacienda nacional tenía que ser penosísima, por grande que fuese la voluntad y admirable el acierto con que estuviese dirigido aquel departamento; por lo tanto, tenía que falsear por su base el presupuesto.