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que cada ciudadano debe contribuir en proporción de sus haberes al levantamiento de las cargas públicas. Esta objeción se desvanece completamente á poco que se medite sobre ella.

No es que se establezca un privilegio, una excepción; es que se da una facilidad necesaria para que el individuo haga el tránsito de un estado imperfecto á otro superior, en lo cual, aparte de una razón de humanidad, concurre una razón de conveniencia para el antiguo habitante, que así recibe nueva sa- via y nuevos elementos que han de acrecentar forzosamente la importancia y valor de sus propiedades y mejorar las condiciones generales de la vida. Cuanto más crece la población, más aumento y valor toma la riqueza por efecto del desarrollo del consumo, que implica desarrollo de producción. Los tributos indirectos se elevan y las cargas públicas se soportan más fácilmente, pudiendo, por consiguiente, acometerse mejoras y establecerse servicios de interés común en los que en otro caso no sería dable pensar.

Y he aquí cómo, por una serie de evoluciones económico-sociales de que no solemos darnos bastante cuenta, lo que parece ser un privilegio perjudicial, se convierte en medio de acrecentamiento, de bienestar y de riqueza. He aquí, por tanto, que la observación, ni bajo el punto de vista moral, ni bajo el jurídico, tiene razón de ser. Y si, después de todo, la tuviera, el conocido aforismo salus populi... no dejaría lugar á la más ligera réplica.

Como no es nuestro actual propósito hacer un proyecto de ley, ni siquiera establecer bases concretas para su confección, excusamos ciertos detalles y pormenores que, aunque de verdadera importancia, no serían propios de la índole de este modesto escrito. De las precedentes indicaciones generales se desprende, sin embargo, el criterio á que someteríamos la redacción de la parte de ley referente á los habitantes de los términos municipales y á sus derechos y obligaciones.

Otro punto de notoria importancia es el precisar las circunstancias del término municipal.

Esto envuelve una grave cuestión, la de la división territo-
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rial, que en Filipinas se agranda por las condiciones topográficas del país, estado de las comunicaciones, naturaleza de la población y estructura de sus vitales organismos.

En otro artículo (1) hemos significado que la actual división de provincias en la isla de Luzón, donde recientemente se han implantado los Gobiernos civiles, nos parecía insostenible en el concepto económico-administrativo. Otro tanto decimos hoy por lo que toca á los Municipios. Y como carecemos de estadísticas que ofrezcan relativa verdad, no nos atrevemos á determinar á priori el número de habitantes que han de señalarse á cada término, ni la extensión del territorio que se le haya de asignar.

Partiendo, pues, de la base de lo existente, sin perjuicio de variarla, y teniendo en cuenta las peculiares circunstancias y condiciones de cada isla, entendemos nosotros que no es posible que subsistan aquellos términos ó municipalidades que no reunan medios de sufragar holgadamente sus gustos y llenar los servicios que demanda y á que primariamente obedece la reforma.

Ciertamente, aun fijando una base general, no ha de ser factible resolver de antemano nada definitivo y concreto; antes bien, la prudencia aconseja entregar este punto á la práctica sensata e inteligente de las autoridades y á las reclamaciones y necesidades de los pueblos, para ir alterando en cada caso especial los términos existentes, agregando ó segregando, según convenga, á fin de caminar á una división legal administrativa acertada y provechosa para los intereses comunales.

A la realización de este importante trabajo pueden contribuir poderosamente los Gobernadores civiles por lo que á Luzón atañe, á los cuales, si de nosotros dependiera, les encomendaríamos con toda urgencia la redacción de una Memoria circunstanciada, clara y precisa, comprensiva de la actual demarcación municipal (principalias) y de la que á juicio de cada Gobernador debiera hacerse en la provincia de su mando, con ex-

(1) Véase el número de esta REVISTA correspondiente al 10 de Mayo.
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presión de pueblos y designación de límites, acompañada á ser posible de un estado de la riqueza, población y producción de cada localidad (siquiera aproximadamente), encargándoles la mayor circunspección y economía en este servicio, á fin de no alarmar á los pueblos, que en todo se figuran ver la mano del fisco para aumentar el impuesto; pues es, hoy por hoy, preferible la imperfección ó incorrección de las estadísticas á la eventualidad de que semejante alarma se verifique, y, por ende, los nuevos Gobernadores empiecen á ser mirados con prevención. Más tarde, cuando la reforma se introduzca, decrecerán tales inconvenientes y temores, y hasta los mismos pueblos irán solicitando las agregaciones ó segregaciones que conceptúen necesarias.

Con este particular de la división territorial, á que no queremos dar más extensión, porque merece un estudio muy detenido y artículo aparte, se relaciona cuanto atañe á la organización y gobierno de los municipios, sobre lo que vamos á exponer también algunas consideraciones.

A cada término ha de corresponder un Ayuntamiento y una Junta municipal. ¿Cómo, pues, se han de constituir este Ayuntamiento y esta Junta? es lo que in continentí ocurre preguntar. Nosotros contestamos: el primero, por elección popular; la segunda en otra forma.

El art. 40 de nuestra vigente Ley municipal determina los habitantes que tienen derecho electoral. El criterio del censo que aquí se sigue, siquiera limitado á una cuota insignificante, no nos parece propio para el Archipiélago. Nosotros adoptaríamos con toda franqueza el Sufragio universal, con excepción de los pobres de solemnidad, de los que no tuvieran modo de vivir conocido y de los extranjeros, salvo que los dos primeros hablasen el castellano ó le leyesen y escribiesen.

La razón es clara: si se ha de desterrar el privilegio y establecerse la igualdad, para dar satisfacción al derecho y aliento á todas las clases é individuos á que busquen y perseveren en la vida colectiva y social, no cabe apelar á términos médios. El censo, por muy restringido que fuera, ofrecería serios incon-
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venientes prácticos, siempre constituiría una diferencia, un privilegio, y el mal se mantendría en su raíz, cuando lo que interesa es atacarle y, á ser posible, exterminarle radicalmente. Nosotros, pues, diríamos que «todo habitante de un término municipal, varón, mayor de veinticinco años, que no tenga interdicción legal ni las otras tres incapacidades apuntadas, salvo el caso en cuanto á las dos primeras de saber el castellano, es elector.»

Respecto de la Junta municipal, es otra cosa. Sin excluir el sorteo entre los contribuyentes, le reduciríamos á los que pagasen las primeras cuotas por contribución directa ó subsidio dentro de una escala que se señale. Así quedaban representados todos los elementos y contrapesada su influencia y valía en el Municipio. Así también se respetaría, en lo que es dable respetar, la tradición y la costumbre de la principalía. Así ninguno podría considerarse lastimado ni postergado.

Ahora bien; el Ayuntamiento se compone de Concejales ó Regidores (que el nombre no hace al caso), divididos en categorías. Supongamos que esta división corresponda á la de la Metrópoli: Alcalde, Tenientes, Regidores (hacemos caso omiso de sus dependientes ó empleados, de que ya hablaremos), y que el censo de población sea el que prefije el número de Concejales que ha de tener cada Municipio y su división en categorías; desde luégo asaltan las siguientes interrogaciones: ¿Son todos los electores á la vez elegibles?; ¿pueden todos ser Concejales?; y las categorías, ¿cómo se eligen?

Declaramos ingénuamente que no somos en esto tan radicales que pretendamos que todo elector, por el mero hecho de serlo, es elegible. No, para la electividad conceptuamos de rigor imprescindible la vecindad, cabeza de familia con casa abierta y dos años de residencia en el término, ó el pago, con otros dos años de antelación, de alguna cuota de contribución directa, subsidio ó de comercio, ó hablar el castellano, leerle y escribirle.

A más de que para dirigir y administrar las cosas del común se requiere cierta garantía personal que da la posición y
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la vecindad, sería este un estimulo para procurarlas, satisfaciendo así la vanidad ingénita del indio, y que constituye una de sus debilidades, y otorgando á la vez el Estado una recompensa á la instrucción y adhesión que revela el conocimiento de la lengua de la madre patria.

Como la población del Archipiélago es, por regla general, poco densa, se halla bastante diseminada y de muy heterogénea composición, ni en el número de Concejales, ni en la división de distritos, barrios, colegios electorales, secciones, etc., ni aun en la forma misma de la elección, podrían absolutamente adoptarse las reglas presijadas en nuestra Ley municipal; pero semejantes detalles, y otros que le son anexos, si bien precisa apreciarlos y resolverlos convenientemente para que la Ley y el sistema tengan debida aplicación y ejecución, no presentarian seguramente dificultades serias.

De las incapacidades y excusas para ser Concejales no tenemos para qué ocuparnos, aunque sí haremos notar que, á nuestro parecer, deben limitarse en lo posible.

Lo que sí merece examen y detenimiento, es la elección de las categorías; esto es, de los Alcaldes, Tenientes y Síndicos.

En cuanto á los Alcaldes, nuestra Ley no tiene en puridad sistema fijo, supeditando la elección á un fin político en aquellas poblaciones ó términos que por su importancia y condiciones requieren garantías de cierta naturaleza, para dejar siempre asegurado el orden público y la representación del Gobierno (uno de los caracteres de los Alcaldes) en manos de personas afectas á las instituciones vigentes y á la política que aquél simboliza: en una palabra, la ley quiere que el Alcalde sea de la confianza del Gobierno, y por eso su nombramiento compete al Rey. No vamos á censurar ni aplaudir el sistema, sino á tomar nota de él, para analizar la cuestión en lo que á Filipinas se refiere.

En los pueblos de cierta categoría admitiríamos sin inconveniente el sistema de la Metrópoli, no tanto como garantía de orden e integridad, como medio de una honrada y diligente administración municipal, dada la armonía, concordia y
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buenas relaciones que debe existir y procurarse que exista entre las autoridades de distinta clase para que, formando, si así puede decirse, un todo jurídico homogéneo, que mueva ordenadamente los organismos vitales de aquella sociedad, se eviten en lo posible los antagonismos y disidencias burocráticas, tan frecuentes en las colonias ó provincias ultramarinas como ofensivos y perjudiciales á la causa de la Metrópoli. Dado el estado del país y sus tradiciones (circunstancias que no cabe olvidar un momento), parecemos que no podría ser de otra manera.

Pero, ¿será aplicable este sistema á la generalidad de los pueblos y Municipios? No lo creemos así, aunque, sin embargo, entendemos que el Gobierno no puede dejar en absoluto á los Municipios la libertad de la elección.

Hemos repetidamente indicado cuánto daña á la vida local filipina el caciquismo y la dictadura que personifica y ejerce el llamado gobernadorcillo, cargo codiciadísimo, casi vinculado en determinadas familias. Estas, pues, han de tener directo interés y decisiva influencia en las elecciones, sobre todo en los primeros momentos, siquiera después, por modificaciones y evoluciones sucesivas, la vayan perdiendo, generalizándose más la acción é independencia del elector. Las familias de los gobernadorcillos vendrán lógicamente, por tanto, á absorber ó acaparar la administración municipal, á hacerse Alcaldes, Síndicos, y ejercer, en resumen, la misma arbitraria y despótica autoridad concejil que ejercían antes, acompañada de la circunstancia, desfavorable para los administrados, de los odios, rencores y venganzas que toda elección popular lleva en pos, y de la favorable para el cacique de la mayor independencia y atribuciones que la ley ha de otorgar al nuevo cargo de Alcalde, que reemplaza al de gobernadorcillo.

Todo tiene sus inconvenientes, que no hemos de ocultar, y éste es uno de ellos. Al menos hoy, sentada la costumbre, y admitido el carácter y personalidad de los tales gobernadorcillos, los indígenas la respetan y callan, y no aparecen esas luchas locales desatentadas y tanto más violentas cuanta mayor es la
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En los Estados Unidos de América, según la Constitución de 1789 y las enmiendas 12 y 15 de 1804 y 1870 respectivamente, existe un Congreso dividido en dos Cámaras.—El Senado, formado por dos representantes, que elige cada seis años el Poder legislativo de cada Estado entre los mayores de treinta años que lleven por lo menos nueve de ciudadanía y sean habitantes del Estado que han de representar. Y la Cámara de Representantes, compuesta de un Diputado por cada 30.000 almas, elegido cada dos años por el cuerpo electoral de cada Estado entre los habitantes del mismo que hayan cumplido veinticinco años y lleven de ciudadanos americanos siete, por lo menos. El Congreso debe reunirse todos los años, y sus miembros perciben con cargo al Tesoro de los Estados Unidos, y aparte de los gastos de viaje, una retribución de 5.000 dollars, excepto la del speaker (Presidente) de la Cámara de Representantes, al cual le están asignados 8.000. Además de las facultades legislativas del Congreso en lo que afecta á los intereses generales de los Estados, como por ejemplo, empréstitos de que ha de responder el Tesoro general, establecimiento de las leyes de naturalización y sobre quiebras, creación y mantenimiento de escuadras, acuñación de moneda y fijación de su valor, declaración de guerra, llamamiento de las milicias, etcétera, cada Cámara tiene sus atribuciones especiales. Así la acusación de los individuos del Poder ejecutivo sólo compete á la de Representantes, y al Senado el conocimiento de las causas producidas por estas acusaciones; siendo de notar que, aparte de la responsabilidad exigida por el Senado, la persona acusada queda sujeta á los demás tribunales con arreglo á las leyes. Las que de éstas se refieren á la imposición de tributos se presentan primero á la Cámara de Representantes, y cuantas resoluciones exijan la aprobación de ambas Cámaras se someten, además, á la sanción del Presidente de la República, no siendo ley hasta que éste las apruebe, ó, caso de que las rechace, obtengan las dos terceras partes de votos de los Senadores y Representantes en un segundo examen.—Respecto de las relaciones del Presidente con el Congreso, y fuera de lo que queda
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rudeza é ignorancia de los que las sustentan. Y como el inconveniente ha de surgir en mayor ó menor escala, y es inevitable, precisa á todo trance prevenirle ó, mejor dicho, prevéarse contra él. Que el indio no vea que á pesar del nuevo régimen las cosas siguen de hecho como hasta aquí y, al mismo tiempo, que los elementos preponderantes actualmente no consideren que es aquel régimen un ataque á su influencia, predominio y hegemonía; es de rigor que todos concurran á la obra común dentro de su esfera y con sus medios, y que no se pierdan, y menos pongan en pugna, las fuerzas vitales de aquella sociedad, estableciendo al efecto entre ellas una racional compensación, que produzca el equilibrio de las clases sociales y el funcionamiento regular y ordenado de la máquina político-administrativa, sosteniendo al propio tiempo vivo é incólume el principio de autoridad.

Nosotros, pues, adoptaríamos, en cuanto á los Alcaldes, un procedimiento mixto. Ni la elección, ni el nombramiento exclusivamente. Propondríamos que los Ayuntamientos no comprendidos en la categoría á que antes hicimos alusión eligiesen de entre los Concejales una terna para Alcaldes, formada de los que hubiesen obtenido el mayor número de votos, el promedio y el mínimo, elevándola al Gobernador civil, ó político-militar en su caso, para que designase de entre los propuestos el que había de ejercer el cargo interinamente y á reserva de la aprobación del Capitán ó Gobernador general respecto de Municipios de cierta categoría y número de habitantes, y definitivamente en cuanto á los demás, conforme á la clasificación que de ellos se hiciera con relación al censo de población.

Como partimos del supuesto de que no se han de hacer Ayuntamientos pequeños, sino lo más extensos posible, habría siempre medio racional de formar la terna, pudiendo utilizarse para otros cargos los dos Concejales que quedasen excluidos de la elección. Si todos los Concejales hubiesen obtenido igual número de votos, ó no se pudieran hacer más que dos grupos, entonces sería libre la elección respecto de los que se hallasen en aquel caso.
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Nuestro pensamiento es respetar y atender el principio de la elección, y que la designación ó nombramiento del Gobernador no sea otra cosa que una sanción de la voluntad municipal y un valladar á la absorción y malévolos efectos del caciquismo. Únicamente apuntamos ideas; su traducción en ley claro es que requeriría otra especificación y desenvolvimientos en que ahora no hemos de entrar.

Relativamente á la elección de los Tenientes, nombramiento de Síndicos y Alcaldes de barrio, pueden servir de norma, con algunas variantes, los artículos 56, 58 y más concordantes de la Ley municipal, en el supuesto que se diese entrada en el proyecto á tales funcionarios con el carácter y atribuciones que nosotros les asignuamos.

Las actuales principales tienen, por efecto de su naturaleza y organización, otros empleados ó personalidades que desempeñan ciertos servicios, ora desconocidos en nuestra organización municipal, ora incluidos en las facultades de los mismos Ayuntamientos, y que éstos prestan por sí ó por medio de sus Secretarios. Son estos servicios en parte de índole económica, dado el sistema tributario del Archipiélago y la forma de recaudar el impuesto, y en parte de orden público, por consecuencia de la confusión que reina entre lo meramente político y lo administrativo, efecto de causas conocidas que no hemos de repetir aquí, pero que se irán deslindando sucesivamente, como ha sucedido ya con la creación de los Gobiernos civiles.

Al tratar de las atribuciones de los Ayuntamientos y funciones administrativas de los Alcaldes, Tenientes, Síndicos, Regidores y Alcaldes de barrio, es cuando habremos de analizar detenidamente esta importante materia, relacionándola con los presupuestos, hacienda municipal, recaudación, distribución y cuenta de sus fondos, dependencia y responsabilidad de los agentes del Municipio.

Ahora interesa ocuparse especialmente de una personalidad de verdadera importancia que, con el Alcalde, viene á constituir el alma y la vida del Municipio. Esta personalidad es la del Secretario. De su carácter, condiciones y cualidades de-
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pende esencialmente el buen régimen, dirección y cumplimiento de todas las funciones y servicios económico-político-administrativos que comprende el organismo municipal. No hay Ayuntamiento malo con un Secretario bueno, aserción que en estos momentos reconoce en Filipinas una fuerza incontrastable.

No ha de ser tan fácil encontrar en el Archipiélago personas adornadas de las cualidades que á nuestro juicio el cargo requiere. A más de competencia y moralidad, ha de estar dotada de independencia y de un verdadero afecto á la madre patria.

Ya hemos dicho (1) lo que resulta por regla general de la instrucción superior en Filipinas y lo que son generalmente los Abogados, Notarios, etc., que salen de aquella Universidad y colegios, arsenal á que habría que recurrir para proveer dichas plazas. Conferir á los Ayuntamientos de ciertas condiciones y categoría la facultad exclusiva de nombrar Secretarios, sería poner en manos de lo que hoy se llaman directorcillos, picapleitos, etc., que sirven al cacique ó á tal ó cual familia de gobernadorcillos, con notable daño para los administrados y desprecio de la administración misma, toda la máquina municipal. La gravedad del mal y la inminencia del peligro es evidente; á más de que, aun suponiéndoles competencia y una relativa moralidad, no se habrían de acomodar fácilmente á las nuevas prácticas, ni sabrían interpretar el pensamiento de la reforma ni los fines que ésta persigue.

El Estado ó Gobierno necesita, por otro lado, dada la consiguiente inspección que requiere la novedad del sistema y la dificultad de las comunicaciones, un centinela constante de su autoridad, para saber cómo la ley se practica y abrigar la seguridad de que sus órdenes, encargos y disposiciones no recibirán entorpecimientos de ejecución en cuanto dependa de los Ayuntamientos y de sus funcionarios auxiliares. Y ¿podrán ofrecer confianza para tales fines los Secretarios que nombren di-

(1) Véase el artículo de esta REVISTA publicado en el número 458.
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rectamente los Ayuntamientos, atendido el personal á que han de recurrir y los prejuicios y compromisos de que este personal viene rodeado? ¿Tendrán los conocimientos y la independencia propios del cargo? ¿No resultarán, en último término, sometidos á la raza de caciques, gobernadorcillos, factores de principales, y ser en puridad servidores de ellos? En más ó en menos, lo tenemos por indudable, máxime cuando hay que ampliarles las obligaciones y facultades á ciertos servicios de recaudación y tributación, de que en la Metrópoli están exentos.

Pues bien; ¿cómo se conjuran semejantes dificultades, cómo se alejan estos peligros, cómo se concilia la libertad del Municipio en el nombramiento y asignación del sueldo con las necesidades del Estado ó Gobierno? Este problema, á primera vista insignificante, reviste en el hecho suma gravedad. Diremos, pues, con llaneza de qué modo le resolveríamos, que no hemos de señalar los inconvenientes y los males y callar el remedio, siquiera lo hagamos sin la menor pretensión y con el natural temor de equivocarnos.

Empezaríamos, pues, por dotar con buenos sueldos las plazas de Secretario, rodeando á la vez á estos de consideraciones y respetos (apartándonos de lo que sobre el particular se observa en la Península), y de esta manera aspirarian seguramente á servir dichas plazas personas competentes, laboriosas y dignas por todos conceptos. Como algunos servicios habrian de refundirse en el Municipio y suprimirse muchos de los emolumentos y derechos que hoy se cobran en las principales (que en esto hay en Filipinas verdadero lujo), nos parece indudable que el importe actual de aquéllos cubriria con exceso los gastos de la Secretaría, con lo cual ganaria la administración y los administrados, á semejanza de lo acontecido con la creación de los Gobiernos civiles.

Este extremo económico de la cuestión, importantísimo, sin duda, queda, pues, satisfactoriamente resuelto, y con él una fundamental dificultad. Además, los empleados cesantes residentes en Filipinas, y aun los que no lo estuvieran, muchos peninsulares é insulares de reconocida competencia, las perso-