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ran publicarse; pues por muchas consideraciones que haya para reservar aquellos trabajos, las ventajas de la publicación serían grandes, porque descubrirían misterios que perjudicará siempre respetarlas.

Además, lo que pueda quedar oculto no ha de tener nunca comparación en importancia con hechos como el que registró la historia financiera de España en el año 1883, cuando los acontecimientos políticos influyeron para que la depreciación del valor efectivo de la Deuda pública española fuese de 266 millones de pesetas; y eso que se había constituido una situación con apariencias, por lo menos, de normalidad, y, por lo tanto, de garantía, siquiera fuese ésta relativa. De todos modos, es lo cierto que en el año 1883 no se temía que hubiese peligro de tener que presentar un balance que fuese tan desfavorable como el del año 1874, en el que resultaba, á contar desde 30 de Setiembre de 1868, que el déficit de 3.118 millones de pesetas había sido extinguido con 1.828 millones de deudas emitidas, más 1.990 millones producto de la venta de bienes nacionales, ó sean, en junto, 3.818 millones de pesetas, y la diferencia de 700 millones tuvo aplicación á diferencias de presupuestos que están comprendidos en los años de la Revolución.

Y por más que los datos escuetos, como las fechas aisladas, puestos aquéllos con éstas en relación, no sirvan realmente de prueba plena, ni puedan admitirse como doctrina, en la verdadera acepción de la palabra, sin embargo, merece llamar la atención lo siguiente: Que en siete años, siendo el último el año 1874, la Hacienda nacional hubiese tirado por la ventana 3.818 millones de pesetas; que en el año 1883 perdiese de valor la Deuda pública 266 millones de pesetas; que en el año 1886, en pocos meses, adquiriese de más valor la Deuda pública la misma cantidad, próximamente, de 266 millones, sucediendo todo á través de revueltas políticas.

¿Será esto, acaso, porque la Administración pública haya mejorado de organización?

El Estado ha sido y es industrial privilegiado; el Estado ha mantenido y mantiene el juego de la lotería; el Estado explo-
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ta más que atiende solicito los servicios públicos en provecho propio; el Estado creó y tuvo comisiones de Hacienda en el extranjero para contribuir á mantener el crédito nacional á la altura correspondiente. Pues la verdad es que el Gobierno de la Restauración no hizo lo necesario, y en muchos casos nada, para que la industria que monopolizaba se perfeccionase, para que las aficiones al juego se modificasen, para que los servicios públicos fuesen atendidos bien, para que la representación financiera estuviese á la altura de las circunstancias.

Todo por falta de independencia y de normalidad.

Bajo el punto de vista industrial que el Estado pudo hacer tanto para el desarrollo de las rentas de tabacos, sin embargo; en el período de la Restauración, el Estado no ha hecho nada para mejorar el orden de cosas establecido en provecho de todos, lo mismo en el orden material, que en el higiénico, que en el moral.

Á las fábricas de tabacos debieran estar unidas escuelas de niños y de niñas, como, para ejemplo, se dieron ya casos, si no recordamos mal. Pero de lo que son las fábricas de tabacos puede saberse por lo que pasa en Madrid, donde el año 1885 se decía en el Senado, por un funcionario público que lo fué de elevada jerarquía: No son establecimientos industriales, que son más bien hediondos albergues de donde hay que apartar, según aquella célebre frase, la vista con horror y el estómago con asco.

Es decir, que las reformas administrativas y urgentes de carácter general que reclamaba el Ministerio de Hacienda, y que parecía debieran esperarse de aquella dictadura, que hubo de traer forzosamente la Restauración, no podían tener lugar, porque la política entonces, como antes, lo que quería, y lo quería imperiosamente, era que la situación saliese adelante de apuros económicos del día. Sólo así se explica que en el mes de Enero de 1876 tuviese precisión aún de decir la Contaduría general de la Deuda pública, por medio de la Gaceta, que en el mes de Octubre de 1875, y en virtud del Real decreto de 14 de Agosto último, se creaban con destino á la Dirección general
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del Tesoro 1.125 millones de pesetas. Después que en el año 1875 había dicho el Ministerio de Hacienda que se creyó en los años 1870-1871 y 1873 que la forma más propia de representar los títulos de la Deuda flotante era la de los Billetes del Tesoro, haciéndoles admisibles, caso de no ser pagados á su vencimiento, en los adeudos de contribuciones y rentas públicas, añadiendo que había llegado el caso de que las letras y pagarés requerían para su negociación el apoyo de garantías, pero que los Billetes habían caído en desestimación, encontrándose el Tesoro sin disponer ni de títulos de Deuda consolidada, ni tampoco de los Bonos emitidos sobre la masa de los bienes nacionales.

Y ante esta situación, ¿se pensaba en introducir reformas que alejasen peligros para el día de mañana? ¿Se cuidaba en apartar la Hacienda pública de los embarazos que ponía á su gestión la política? En una palabra: aquellos gobiernos de fuerza, de la Restauración, ¿qué hicieron para que la gestión económica tuviese vida propia?

El legado es cierto que no era bueno, pero hasta cierto punto pudieran decir lo mismo los legatarios. Mas tampoco es para perdida de vista la consideración de que el Banco de España, reuniendo en sus Cajas una gran parte de los capitales españoles; de que el Banco Hipotecario, trayendo á las suyas una gran cantidad de los capitales extranjeros, vinieron en apoyo del Tesoro público, ya prestándole en mejores condiciones las cantidades que reclamaba tanto un estado precario, ya facilitando, aunque fuese hasta cierto punto, elementos por medio de combinaciones financieras para el desarrollo de la riqueza del país, ya contribuyendo todo, en último término, á mejorar el crédito.

Si bien, no había de ser tranquilizador que en Noviembre de 1875 la Deuda flotante costase aún algo más de 10 por 100 anual y una comisión, pagándose con 90 por 100 en metálico y 10 por 100 en cupones, garantizando la operación con títulos del 3 por 100 perpetuo al tipo de 14 por 100 de valor, cuyos títulos estaban depositados en el Banco de Francia. Y que
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el 23 de Abril de 1876 resultaban 12.400 millones de Deuda pública emitida ó por emitir, pero toda liquidada, sin que aquellos poderosos establecimientos de crédito pudiesen ayudar en la medida de las necesidades perentorias que tenía el Tesoro público.

Resultando en concreto que las emisiones repetidas de Deuda pública, los empréstitos voluntarios ó forzosos, el refuerzo de los dos Bancos que hemos citado antes, la terminación de las guerras civiles peninsular y colonial, el predominio del orden sobre la libertad, cuanto se arbitró y quedó organizado en el año 1876, nada podía crear realmente un puerto seguro de refugio contra la tempestad.

Nada podía evitar el conflicto, como lo prueba que resultasen

    Pesetas
    1.520 millones efectivos calculados por creaciones de Deuda pública de 1.º Octubre 1868 á 31 Diciembre 1874.

    717 efectivos calculados por creaciones de Deuda pública de 1.º Enero 1875 á 23 Abril 1876.

Sin que resultase, además, por lo menos, una situación general del país que se pareciese un poco á la constitución económica de Italia, y que tuviese algo, por poquísimo que fuese, que se pareciese á la reorganización de los Estados Unidos después que estuvo concluida la guerra separatista.

Es verdad que los precedentes anteriores al año 1876 eran fatales. No dieron resultados satisfactorios, como eran de desear, los planes de Hacienda del año 1851, cuando hubo el propósito firme de extinguir deudas antiguas con los productos que diesen los bienes desamortizados; no dieron tampoco los resultados que se esperaban las ventas de bienes nacionales cuando en 1859 parecía indicado que se destinasen á la inauguración de grandes empresas de obras públicas; no pudieron aplicarse en el año 1868 los bienes que el Estado destinó á la desamortización á crear un ejército con todos los elementos científicos que tienen los que se presentan como modelo de
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organización, ni á formar una marina que pudiese hacer respetar nuestro histórico pabellón; en fin, no pudo ser en el año 1876 presentar nivelados los presupuestos del Estado, ni que éste viese alejado el peligro de declaración de insolencia.

Como que el Ministerio de Hacienda decía en el año 1876 que era preciso calcular qué cantidad cabía aplicar anualmente para intereses y amortización de la Deuda del Estado; cuando el Tesoro público tenía en frente de sí, como acreedores, la Caja del Consejo de Redenciones, la Caja de Depósitos, á los Ayuntamientos por el 80 por 100 de Propios, al clero por sus atrasos, y todos aquellos débitos que, según declaración oficial, eran de imposible é inmediato cálculo, si no se adoptaban fórmulas diferentes de las actuales para la liquidación y conversión.

Por todo lo cual se encontraba la Hacienda nacional en el año 1876, por lo que respecta á la Administración pública y á la Deuda nacional, en peor situación que en el año 1866. Es decir, antes de la Revolución de Setiembre y antes del alzamiento de Sagunto, Administración y Deuda pública servían á los partidos políticos, que con mano fuerte y con pasión desatentada buscaban dinero, para con él vencer; y todos vencieron menos el Tesoro público de 1876.

Efectivamente fué así, y por eso el Gobierno del año 1876 tuvo que decir á las Cortes que había pagado de los presupuestos siguientes:

    1874-75
    1875-76
    Total.

    Guerra
    262.000.000
    124.000.000
    386.000.000

    Marina
    30.000.000
    22.000.000
    52.000.000

    Fomento
    33.000.000
    17.000.000
    50.000.000

    Pesetas
    325.000.000
    163.000.000
    488.000.000

Habiendo sido los presupuestos generales los siguientes:

De 1875 Ptas. 708.000.000 los ingresos, y de 1876 Ptas. 664.000.000
» » 627.000.000 los gastos, » » 654.000.000
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Las resultas de presupuestos pusieron de manifiesto los errores á que están sujetas todas esas cantidades, y aun sin ellos, comparadas partidas con partidas, se ve claramente la imposibilidad de conseguir resultados satisfactorios á los fines de la gobernación del Estado.

Porque con los presupuestos no existen otras demostraciones para llegar á conocer la situación económica del país que los números, y todo presupuesto tiene que ser consecuencia de prosperidad ó de ruina. Será aquélla si las partidas presupuestadas de ingresos responden al bienestar general y progreso de la riqueza, si las partidas presupuestadas de gastos están en armonía con los resultados que se obtengan del sacrificio impuesto al país. Así, cuando de una partida del presupuesto del Estado puede demostrarse que sirvió para construir un canal ó un puerto; cuando de otra partida se vea que haya podido conseguirse que surque los mares un barco de combate que haga respetar la bandera nacional; cuando pueda llegar á verse que el Ministerio de Fomento produzca más que derroche, y que el de Guerra gasta exclusivamente para mantener el orden en el interior y para defender las tradiciones de la patria en el extranjero; cuando á un Ministro de Hacienda le sea dado presentar balances que consoliden el crédito sin que experimente vejámenes el contribuyente; cuando, en fin, no sea el Fisco instrumento de batalla que utilice apasionadamente cualquier cacique de aldea ó cualquier magnate de relumbrón que la fortuna ó las bajezas encumbren, entonces, y no de otro modo, el presupuesto del Estado será un medio que pueda llamarse de utilidad pública, esto es, para consolidar y desarrollar el progreso de los intereses materiales.

Se sobreentiende, por supuesto, que al hablar de intereses materiales nos referimos á aquellos que son compatibles con el interés moral, sin el cual no pueden ser legítimos aquellos intereses.

Tan es así, que á nombre de los intereses morales, más que nada, fué hecha la Revolución de 1868, pero con tan mal acierto, que el 23 de Abril de 1876 decía el Gobierno á las Cortes
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que no habría sido posible que el presupuesto de ingresos llegase á la suma total que ofrecía (el que quedaba sometido á la aprobación de las Cortes), si se hubiera continuado en el camino de abolir y trastornar, sin la conveniente previsión, el sistema tributario existente al sobrevenir los cambios políticos de 1868.

Esto es verdad, pero es preciso completar el pensamiento. No basta dejar de innovar imprudentemente; es preciso, además, no entregarse al dolce fariniente y dejar trascurrir los días, consintiendo que en cada uno de ellos nazca un interés ilegítimo ó se cometa un atentado audaz é ilegal.

El Gobierno italiano acometió la empresa de una verdadera revolución económica; el Gobierno inglés administra sin revolución, pero con orden; las novedades de aquel Gobierno, como las monotonías de éste, han dado por resultado que ambas naciones sean poderosas.

El Gobierno español decía en el discurso de la Corona del año 1876 á la Representación nacional: «Cuento con vuestro celo y patriotismo en la árdua tarea de restablecer el equilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado, atendiendo á todos sus acreedores en cuanto sea dable, sin olvidar tampoco el desarrollo de las fuerzas productivas del país.»

Pues en el año 1886 está aún por demostrar que por la iniciativa del Gobierno y de las Cortes en el año de 1876 se trabajase con bastante celo y patriotismo á favor de los acreedores del Estado, sin olvidar el desarrollo de las fuerzas productivas del país, como vamos á ver por la gestión administrativa de los años 1877 y 1878.

Parecía regular y natural que, al finalizar cada mes, las Direcciones de Contribuciones, Impuestos, Rentas, Aduanas, Tesoro, Propiedades y Derechos del Estado, elevasen al Ministerio de Hacienda, sin mandato expreso, una demostración de los ingresos que hubiesen tenido en el mes, de las cantidades recaudadas y de las que quedaban pendientes de recaudación: pues ni esa regularidad ni esa normalidad tenían lugar cuando el 31 de Julio de 1876 el Ministerio de Hacienda dictó una
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conocimiento verdadero de las personas que le forman y de las condiciones naturales y legales en que se encuentran dentro del medio que les rodea, medio á que no es dable nunca sustraerse si previamente no se modifica, cosa no en todos los casos hacedera y posible. Las legislaciones y las reformas se hacen para los hombres y para los pueblos, y por eso han de ser eminentemente prácticas, racionalmente aplicables y justas.

La población filipina se eleva (término medio) á 9.000.000 de habitantes, diseminados en un territorio de 290.000 kilómetros, comprensivo de 1.400 islas, reducidas á 40 provincias. No incluimos en nuestro cuadro de consideraciones aquellas provincias donde la civilización y la vida moderna está en germen: allí no sería posible la introducción de la reforma, porque no hay sobre qué basarla. Al hacer, pues, oportunamente la clasificación de provincias, indicaremos aquellas que por ahora deben excluirse en todo ó en parte del nuevo régimen local. Para los efectos de que tratamos, hay que considerar al Archipiélago como una confederación, apartarse del principio de unidad y aceptar por de pronto la variedad ó diversidad legislativa y gubernamental.

Hechas estas salvedades, de notoria evidencia, continuamos diciendo que la población se descompone en razas indígenas, entre las que existe gran heterogeneidad; razas mestizas, elemento peninsular y habitantes extranjeros. Las primeras son las más numerosas y constituyen el núcleo y el nervio de la vida del país. No bajará su total de 8.000.000 de almas. Como lineamiento general, diremos de ellas que son dóciles, no re-fractarias al trabajo, susceptibles de cultura y amantes de la Metrópoli. Los peninsulares son la parte inteligente y directiva de aquella sociedad (sin que tampoco dejen de figurar en esta categoría bastantes insulares); y en cuanto á los extranjeros, su principal, si no única ocupación, es el comercio y la industria. Tenemos, pues, que la masa del país es agrícola y trabajadora, y sobre ella va á obrar más directamente y obra de hecho el régimen local.
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Real orden dirigida á las Direcciones enumeradas antes, para que cumpliesen con esa parte del servicio, pues fué preciso tomarse el centro superior la iniciativa, á fin de conseguir su realización, demostrándose que, no obstante lo mucho que se ha legislado, sin embargo, se deja de hacer aquello que es imprescindible por ser indispensable.

Siempre sería regular y natural esto, pero tenía que serlo mucho más en circunstancias como las de aquellos días, en los cuales se iba á dar cumplimiento á la ley de 3 de Junio de 1876, en virtud de la cual se hizo una emisión de 380 millones de pesetas nominales en obligaciones al portador, que emitía por el Tesoro público el Banco de España, cuya emisión significaba realizar una operación de crédito para intentar dominar el conflicto financiero, que creaba una deuda flotante abrumadora. Porque había de suponerse que, por parte de todos, se cuidaba de normalizar la Hacienda pública.

Si del aspecto del crédito público con relación á la Deuda flotante del Tesoro y organización de los servicios pasamos á fijar la atención en un Real decreto de 20 de Agosto de 1876 sobre acuñación de moneda, la exposición que le precede empieza con esta declaración:

«Hace ya más de tres años que no se ha acuñado moneda de oro en España, y la fecha más reciente inscrita en la fábrica es la de 1868. Estos dos hechos han coincidido con los de índole diametralmente contraria realizada en los demás países europeos, en los que, adoptándose el oro como patrón único para el sistema monetario, limitándose la fabricación de la plata y hasta desmonetizándola en grandes cantidades, y haciéndose prolíjos estudios y tratados internacionales bajo el influjo de las graves preocupaciones producidas por la depreciación de la plata en los mercados, se ha proclamado universalmente la conveniencia de preferir el oro para la acuñación.»

Pues bien; las circunstancias que enumeró el Ministerio de Hacienda en el año 1876 se agravaron después, haciéndose mayores los peligros, sin que por esto se haya visto tener el propósito firme de practicar lo que se juzgó como más convenien-
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te en los años 1868 y 1876, que fué limitar la fabricación de la moneda de plata, no obstante que ya en el año 1876, en el informe de la Junta consultiva de moneda, llamaba gravísima á la cuestión monetaria.

Al propio tiempo que se plantcaban las cuestiones de querer conocer la situación de la Hacienda pública por provincias, se llevaba adelante una operación de crédito para salir de apuros, se tocaba la urgencia de reformas en el sistema monetario, se fijaba la atención en que las comisiones de evaluación y reparto de la contribución territorial obtuvieron en cinco años un aumento de riqueza de 12.311.617 pesetas, y en los cinco años siguientes, que fué confiada esta tarea á los Jefes económicos, el aumento de riqueza consistió en 2.653.594 pesetas.

Y á la vez la Dirección del Tesoro publicaba, con arreglo á lo que estaba prevenido por Real orden de 27 Enero 1872, un estado de Deuda flotante, del que resultaba deberse por el Tesoro público en el mes de Agosto de 1876:

Pesetas 210.408.538,34 con cargo á las comisiones de Hacienda de España en París y Londres.
» 134.566.842,35 en pagarés á favor de particulares.
» 185.881.242,85 en id. y letras á favor del Banco de España.
» 26.100.000 en id. y delegaciones de la Sociedad del Timbre.
» 1.041.975 Billetes del Tesoro negociados con arreglo á las leyes de 31 Diciembre 1870, 27 Julio 1871 y 28 Febrero 1873.
» 557.998.598,54

Es decir, que á la vez que se hacían emisiones de Deuda pública, tenía que sufrir la Hacienda nacional la carga onerosísima de una deuda flotante abrumadora cuando se cotizaba la Deuda perpetua española á 13 por 100 con grandes dificul-
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tades, ennegreciendo más el fondo oscuro del cuadro el desorden administrativo que se revela por algunas de aquellas disposiciones ministeriales que acabamos de enumerar.

A afirmar en la idea de que existía el desorden administrativo vino á contribuir un Real decreto de 15 Setiembre 1876, que dictó el Ministerio de Fomento cuando en la exposición de motivos se decía, para razonar la necesidad y conveniencia de un certamen nacional de productos vinícolas, que no había, en ninguna de las órbitas en que se mueven el Gobierno, la Administración y la ciencia española, datos bastantes para formar exacto juicio acerca de nuestra industria. Añadiéndose que se poseía únicamente algún que otro dato inductivo, de donde puede deducirse la importancia, y nada más, de la industria vinícola, siendo los antecedentes oficiales los siguientes: En el año 1849, á que se refiere la primera balanza de Comercio publicada por el Ministerio de Hacienda, el valor exportado en productos de la vinicultura ascendió á 35.552.333 pesetas, siendo ya en 1872 con datos del mismo origen de 174.489.619 pesetas; y calculando el consumo de vino en el interior de España en 120 litros por habitante, se llegaba ya en 1876 á calcular en 700 millones de pesetas el valor de la producción de vino en España.

Animaba al Ministerio de Fomento, además de los datos que le proporcionaba el de Hacienda, haber visto que en el año 1873, en la Exposición del Imperio austro-húngaro, España obtuvo el primer puesto en la primera categoría. Estímulo, por cierto, poderoso, ya por lo que significaba en sí tanta producción, ya por la espontaneidad de ésta, ya por los horizontes que abría á la riqueza nacional, ya por lo que ella pudiera contribuir al aumento de las rentas del Estado; todo convidaba, ciertamente, á nuestros gobernantes, no á inventar, pero si á tomarse la molestia, ni más ni menos, de seguir el ejemplo de otras naciones que tienen estadística, organización administrativa y que dispensan aquella protección que será verdadera, bien entendida, para el comercio y para la industria, protección que no existía en nuestro país, según declaraciones repetidas