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rápida ojeada, á omitir muchas de las consideraciones á que se prestan, siendo estrechos los límites de una Revista para su examen, que verdaderamente requiere y exige un libro voluminoso, escrito con mucha calma y con mucho detenimiento, por la sencilla razón de que, más aún que su mérito intrínseco y su valor real, nos importa é interesa ocuparnos en estudiar su valor, su mérito y su alcance relativo, estableciendo el opportuno parangón con otros Congresos, buscando su significación como acto relacionado con la marcha, con el progreso de nuestra cultura jurídica.

I

Respondiendo á las corrientes poderosasísimas que en los comienzos del siglo actual dominaron en toda Europa, muchos de cuyos Estados llevaron á cabo la codificación en las diversas ramas del derecho en ellos vigente, España, de la misma manera que, á pesar de las circunstancias críticas por que atravesó, puede decirse que en toda la primera mitad de la presente centuria codificó su derecho penal y su derecho mercantil, resultando de aquí los Códigos que han estado en vigor hasta 1870 y hasta 1886, intentó codificar también su derecho civil, todas nuestras leyes civiles, derramadas y esparcidas sin orden, sin concierto, sin método, sin sistema, en multitud de textos legales, verdadero onus camellorum que engendra y produce el caos más grande que se puede concebir é imaginar en nuestro derecho civil, que es un semillero abundante y fecundísimo de dispendios, de cuestiones litigiosas y de pleitos, haciendo que reine en los ámbitos de la Monarquía española la más completa variedad, más aún, radical contradicción sobre puntos importantísimos, por el solo hecho de conservar toda su fuerza, de obligar las legislaciones forales, nacidas allá en la tenebrosa noche de los siglos medios, tan admirados y queridos del Sr. Pidal, cuando aún no se habían reunido bajo un solo cetro, constituyendo una sola nacionalidad, las diversas regiones que habían llegado á formar Estados independientes
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á medida que avanzaba la obra homérica y colosal de la Reconquista, empezada en las montañas de Asturias á raíz del rápido derrumbamiento de nuestra célebre Monarquía visigoda á orillas del Guadalete, y llevada á feliz y glorioso remate con la toma de Granada por los inmortales Reyes Católicos.

Producto y resultado de tan generosa tentativa, de tan nobles deseos y de esfuerzos loables para realizar una aspiración nacional y patriótica, fué el proyecto de Código civil de 1851, á cuyo pie aparecen firmas tan respetables y tan autorizadas como las de los Sres. Bravo Murillo, García Goyena y Sánchez y Puy, quienes para redactar trabajo tan importante se inspiraron en los principios convenidos y acordados por una Comisión general, de la que formaban parte los jurisconsultos más eminentes de nuestra patria en aquella época, mereciendo especial mención los Sres. Cortina, Pacheco, Pérez Hernández, Seijas Lozano y otros muchos que son gloria de nuestro foro y de nuestra patria.

La crítica ha formulado ya su juicio sereno é imparcial sobre esa obra tan notable como trascendental, reconociendo que, si como obra humana al fin no está, porque estarlo no puede, exenta de defectos, tiene un mérito grandísimo, revela una labor inmensa, descubriendo un caudal de conocimientos, de experiencia y de observación, que hubieran hecho muy conveniente y muy útil su aplicación, si los sucesos y los acontecimientos que forman la trama de la accidentada historia contemporánea de nuestra patria en todo lo que va de siglo, sin que aún pueda creerse que hemos llegado á constituirnos definitivamente, dando por cerrada la serie de cambios violentos, de revoluciones y trastornos que tantas perturbaciones llevan consigo y tantos daños y perjuicios incalculables causan, hubieran permitido que recibiese la debida sanción, alcanzando toda la fuerza de obligar y todo el vigor de un verdadero Código civil.

Nunca se podrá lamentar y sentir lo bastante la desgracia de que nuestro pueblo no haya tenido, desde esa época hasta nuestros días, lo que podía y debía haber tenido, lo que tienen
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la mayor parte de los pueblos de Europa, lo que tienen Francia é Italia: una legislación civil uniforme, no obstante el hecho de contar la primera, como nosotros, con regiones históricas, sobre las que había pesado el feudalismo con pesadumbre mayor de la que sintieron aquí navarros y aragoneses, catalanes y valencianos, si es que, contra lo que muchos escritores piensan, puede afirmarse que haya existido entre nosotros verdadero feudalismo, y sin embargo de que la unidad nacional italiana se ha hecho ayer, puesto que aún no hace un cuarto de siglo que en la península hermana nuestra, existían independientes con Constituciones diversas y con diferentes Códigos varios Estados soberanos, cuyos nombres no hemos de recordar aquí, haciendo una grave e injustificada ofensa á nuestros lectores. Y es tanto más de sentir el hecho de que ese proyecto de Código no se planteara entonces de una manera resuelta, eficaz y enérgica, cuanto que en ese tiempo el espíritu regionalista hallábase profundamente amortiguado, en verdadero estado latente, sin mostrar al exterior la fuerza, el brío y la pujanza que en los últimos tiempos parece haber adquirido, merced á la propaganda y á la difusión de determinadas doctrinas filosóficas, sociales y políticas, tras las que no falta quien ve alentar ideas y sentimientos separatistas en algunas zonas, como así también porque, contrastadas sus disposiciones en la piedra de toque de la experiencia, se habrían podido introducir en él aquellas reformas que la necesidad hubiese aconsejado ó aconsejare, hallándonos en un estado verdaderamente normal, libres del estado anárquico, por decirlo así, en que se encuentra nuestra legislación civil, con mengua y desprestigio de nuestra cultura y nuestra civilización.

II

Después del fracaso sensible y lamentable sufrido por el proyecto de Código civil de 1851, que formará etapa en la historia de nuestra legislación y de nuestro derecho privado, fra-
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caso debido á causas numerosas, diversas y complejas, de las que nada hemos de decir por las mismas razones que nos impiden detenernos todo lo que deseariamos en el estudio, en el análisis y en el examen concienzudo que tanto merece ese proyecto por la índole y naturaleza de su contenido, se presenta á nuestra consideración, como hecho de verdadera importancia para el conocimiento del proceso, de la marcha y de los progresos de nuestra cultura jurídica en los tiempos modernos, el primer Congreso de jurisconsultos españoles celebrado en el Paraninfo de la Universidad Central, con la autorización del Gobierno, en los últimos días del mes de Octubre de 1863.

Por una parte, la valía y la reputación de las eminencias que á él asistieron, la representación lucidísima que en él tuvieron todas las escuelas, todos los partidos políticos y todos los intereses, así los de las provincias que en materia civil se regían y continuaban rigiéndose por la legislación secular de Castilla, como los de las que todavía conservan sus leyes especiales que datan de la época en que formaban Estados independientes aun después de su incorporación á la Monarquía castellana, y de otro lado el alcance y la trascendencia de las materias sometidas á sus deliberaciones, hacen de aquel Congreso un acto que es necesario conocer y tomar muy en cuenta, para apreciar con acierto y en toda su extensión el valor del camino recorrido hasta el presente momento histórico.

Nombres tan ilustres como los de Pacheco, Alonso Martínez, Nocedal, González Brabo, Gómez de la Serna, Moreno Nieto, Figuerola, Luzuriaga, Álvarez (D. Cirilo), Permanyer, Canalejas, Catalina, Bautista Alonso, Madrazo, Martos, Romero Girón y muchísimos otros que en estos instantes no recordamos, nos prohiben en absoluto que pasemos por alto la obra á que prestaron su valiosa cooperación, como nos vedan asimismo estudiar de ligero sus importantísimos trabajos, arrojar sobre ellos una mirada rápida, al modo que contempla los paisajes el viajero que camina con vertiginosa celeridad arrastrado por locomotora poderosa, en cuyas entrañas se agita y revuelve la fuer-
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za del vapor. Exigen también una observación detenida la importancia de los temas discutidos y la trascendencia de las conclusiones votadas, porque esa trascendencia y esa importancia es innegable hoy, después de haber avanzado y adelantado lo que hemos adelantado y avanzado, á más de guardar la debida proporción con la altura científica, con la elevación de ideas y con la profundidad de conocimientos de aquellos ilustres jurisconsultos á quienes no podemos negar, sino que con placer y con justicia tenemos que reconocer y confesar que merecen el título de maestros de la presente generación. Para que semejante afirmación no se considere destituida de fundamento, tomándola por aserto puramente gratuito é indemostrable, no conformándonos únicamente con haber expuesto lo que pudiéramos llamar la historia interna de aquel Congreso, lógico y natural es que recordemos las cuestiones debatidas, que refresquemos la memoria de aquellos que las hayan olvidado, diciendo que los cuatro temas versaron sobre puntos tan interesantes como entonces lo eran, y hoy lo son todavía, los que tienen relación, más ó menos directa, con la codificación, con el sistema de legítimas y la libertad de testar, con el procedimiento criminal más conveniente á los derechos del acusado, conciliable con los deberes de la justicia y, por último, con todo lo referente á la mejor armonía posible entre las funciones de organismos como el Estado, la Provincia y el Municipio. Y no sólo hemos de recordarla así tan de pasada, sino que deteniéndonos á examinar cada uno de los temas, hemos de señalar y notar la intervención que en los debates tuvieron las diferentes escuelas que en el campo de la ciencia estudiaban esos puntos y proponen soluciones á esos problemas, así como también hemos de formular juicios, siquiera sean humildes y desautorizados, acerca de las conclusiones presentadas, lo mismo de las que obtuvieron la aprobación de aquella respetabilísima Asamblea científica, como de las que no fueron puestas á votación ó solamente alcanzaron los votos de la minoría, para apreciar mejor después de esta manera y por este medio las diferencias, á la vez que medir, si se nos permite la expresión, toda la importancia del
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último Congreso, comparándole con este de que venimos hablando y con otros regionales posteriormente celebrados.

El problema de la codificación sometido á los debates del Congreso de 1863, hallábase hábilmente formulado en los términos que trascribimos á continuación:

¿En qué época de la vida de los pueblos se debe codificar? ¿Cuáles son los principios que deben presidir á toda codificación?

Así planteadá la cuestión, de una manera, á juicio nuestro, correcta y habilísima, necesariamente, como no podía menos de suceder, como ha ocurrido después y como acontecerá siempre, mientras esa cuestión no desaparezca del tapete, haciendo que llegue á existir sancionado en todo vigor un Código civil, entraron en liza, peleando y combatiendo con ardor y con elocuencia, campeones de la escuela histórica, adalides de la escuela filosófica y entusiastas paladines de soluciones armónicas. Verdad es que todos los oradores que dejaron oír los acentos de su elocuencia en el Paraninfo de la Universidad Central, huyendo de las intransigencias de escuela y de todo absolutismo sistemático, aceptaron desde luégo la conveniencia de la codificación, resultando la variedad de matices respecto al modo de codificar, á la época en que debe codificarse y á los principios que deben presidir á toda codificación. En prueba de ello bastará recordar, en síntesis nada más, las ideas de los oradores: el Sr. López Sánchez sostuvo la necesidad de armonizar los criterios histórico y filosófico; el eminente jurisconsulto Sr. Gómez de la Serna abogó por la conveniencia de hacer leyes especiales previas sobre dotes gananciales y sucesiones antes de realizar la codificación; el Sr. Ortiz de Urbina afirmó haber en la vida de los pueblos dos edades en que se hace dispensable la codificación: la época de su desarrollo y la época de transición de un estado de cosas á otro diferente, añadiendo que la codificación debía hacerse con fijeza y estabilidad, presidiendo la justicia y haciendo uso y aplicación de medidas preventivas; el eminente hombre de Estado y distinguido economista Sr. Figuerola, reconociendo la necesidad de codificar que imponían las circunstancias de la época y ne-
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por cada 20.000 habitantes, debiendo haber uno al menos por cantón ó semicantón. La elección se hace por sufragio universal directo, y tienen voto todos los suizos mayores de veinte años no excluidos del ejercicio de los derechos de ciudadanía por la legislación del cantón en que habiten, siendo elegibles todos los electores de carácter seglar. La duración del Consejo Nacional es de tres años, y sus miembros reciben una indemnización del Tesoro federal. El Consejo de los Estados se compone de cuarenta y cuatro Diputados de los cantones; cada uno de éstos elige dos. También son indemnizados, y está establecida la incompatibilidad del cargo de Diputado de este Consejo con el de miembro de los Consejos Nacional y federal. El Poder Legislativo reside en la Asamblea, cuyas dos Cámaras se reúnen separadamente para deliberar en los asuntos de interés general de la Confederación, juntándose tan sólo, bajo la dirección del Presidente del Consejo Nacional, para la elección de determinados cargos, como los del Consejo federal (en que reside el Poder Ejecutivo), del Tribunal federal, Canciller, General en jefe del Ejército federal, etc., así como para conceder la gracia de indulto ó para resolver un conflicto de competencia. La votación definitiva de las leyes corresponde al pueblo, al que aquéllas deben ser sometidas si lo piden 30.000 ciudadanos ú ocho cantones.

El Poder Ejecutivo, como se ha dicho, reside en el Consejo federal, compuesto de siete miembros y elegidos por tres años por la Asamblea federal, siendo incompatibles con todo otro cargo ó representación. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por un año por la Asamblea federal entre los miembros de aquél. El Consejo tiene el derecho de presentar á la Asamblea proyectos de ley, y el deber de dar cuenta á ésta en cada legislatura ordinaria de su gestión administrativa. Además los Consejeros tienen voto consultivo en la Asamblea.

En Alemania el Poder Legislativo reside en el Consejo federal y en el Reichstag. El primero se forma por los Representantes de los Gobiernos de cada uno de los Estados confederados, cada uno de los cuales nombra distinto número de Repre-
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gando que en España existieran con sus peculiares caracteres las escuelas histórica y filosófica, manifestó no bastar para la buena codificación el principio de unidad, sino que era necesario también atender al principio de la variedad, resultando de esa combinación que no depende exclusivamente de la voluntad del legislador, que para codificar no basta sólo querer, sino que es preciso poder; el Sr. Moreno Nieto, cuya pérdida llorarán siempre los amantes de las glorias españolas, con aquella palabra vertiginosa que reflejaba la multitud de ideas que bullían en su poderoso cerebro y acudían á sus labios en confuso tropel, tendió á disipar las prevenciones de los que temían que la codificación viniese á suprimir y á eliminar elementos que deben tener cabida en la obra del legislador, ya por ser permanentes, ya por hallarse fuertemente ligados á la trama de la historia de un pueblo; el Sr. Page cantó la superioridad y las excelencias del derecho civil; y, por el último, el Sr. Trelles definió la codificación, diciendo que era la sintetización de las leyes sociales, defendiéndola cuando es justa y legítima, condenándola cuando quiere imponerse por la fuerza y por la violencia.

Reflejo exacto y fidelísimo de la templanza, de la mesura, de la elevación de ideas y de las corrientes conciliadoras que dominaron en los debates, fueron las conclusiones votadas por el Congreso á propuesta de los Sres. Moreno Nieto, Gómez de la Serna y López Sánchez, conclusiones que, por su importancia intrínseca y por el valor relativo que como punto de comparación tienen, no podemos resistir á la tentación de reproducir textualmente.

1.ª Que la codificación, creando la unidad del Derecho, contribuye eficaz y poderosamente á fundir en uno los elementos heterogéneos que pueden tener existencia en el interior de cada Estado, así milando los hábitos y las costumbres, borrando las reminiscencias de razas, armonizando los intereses encontrados de pueblos antes independientes que han formado nuevas y más grandes nacionalidades, y fortaleciendo el amor á la patria.

2.ª Que la codificación es un principio generalmente reconocido
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y aceptable hoy, así por la mayor parte de los pueblos civilizados, como así bien aceptable actualmente en España en toda su extensión.

3.ª Que no hay verdadera oposición entre el elemento histórico y el filosófico, antes bien, por el contrario, uno y otro deben hermanarse en la obra del legislador, no sacrificando el derecho tradicional, que es la representación viva de la manera de ser del pueblo, de teorías abstractas ni exigencias de escuela.

4.ª Que realizada casi completamente en España la unidad en el orden político y administrativo, en el derecho penal y mercantil y en las leyes del procedimiento civil, mercantil y criminal, es llegado el momento de procurar la unidad civil por medio de la codificación.

5.ª Que esta unidad debe verificarse huyendo del extremo de hacer prevalecer una legislación de las diferentes que rigen en España sobre todas las otras, adoptando con racional criterio lo más aceptable de cada una.

6.ª Que el modo de obtener que la codificación civil sea recibida, no tan sólo sin repugnancia, sino evitando en lo posible toda perturbación en el orden de la familia, es que vaya precedida de leyes especiales que la preparen el camino; pero dado caso que desde luego se quisiera codificar, convendría, al lado de las disposiciones generales, colocar otras especiales que dejaran en libertad sobre puntos determinados, para poder seguir la ley antigua de cada provincia, hasta que el legislador creyera suficientemente preparada la opinión para adoptar la ley general.

7.ª Que los puntos respecto á los cuales debería dejarse en esta prudente libertad, pueden ser el sistema dotal, el de la viudedad legal y la materia de sucesiones.

Es, pues, evidente que, por el espíritu y por la letra de esas conclusiones que dejamos copiadas sobre el tema importantísimo de la codificación, no prevaleció la escuela filosófica, ni triunfó tampoco la escuela histórica, sino que los partidarios de una y otra, animados de elevadas ideas y de nobles sentimientos en pro de la patria, transigieron decorosamente, encontrando el punto de conjunción que de consumo demandaban
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y exigían los intereses generales y los privativos de cada una de las regiones forales.

Planteaba el segundo tema la cuestión de las legítimas y de la libertad de testar, más palpitante y de mayor interés aún para la manera de ser de la familia española, no regida por leyes vaciadas en un solo molde, formulándole en los términos siguientes:

En materia de sucesiones, ¿es preferible el sistema de legitimar, o el de la libérrima facultad en el testador? En el segundo caso, ¿cómo se conciliará la libertad del testador con los deberes naturales respecto á los descendientes?

De todas las cuestiones debatidas en aquella doctísima Asamblea, esta fué, sin ningún género de duda, lo que provocó una discusión más elevada y más profunda, siendo verdaderamente notables los discursos que se pronunciaron en pro y en contra de las legítimas, en pro y en contra de la libertad de testar.

Los Sres. Martos y Aragón defendieron las legítimas, abogando por la libertad de testar los Sres. Figuerola, Permanyer y Morayta.

Condensando las ideas expuestas por los patronos de la legislación castellana, resulta que la doctrina de las legítimas es de derecho natural, y que el derecho positivo, al establecerlas, se limita á sancionar legalmente un sentimiento general, mientras que las legislaciones forales que proclaman la libertad de testar no tienen otra fuente ni otro origen que el feudalismo, que surgió y se desarrolló por la debilidad ó por la impotencia del Estado. Examinada la cuestión bajo los puntos de vista social, económico y moral, la supresión de las legítimas equivale á restablecer instituciones condenadas por la historia y el progreso de los tiempos, como los vínculos y los mayorazgos; á debilitar ó acaso destruir la actividad de los hijos en la obra de acrecentar la fortuna de la familia por la incertidumbre de si tendrán ó no participación en ella; á conceder al padre la facultad de dejar toda la herencia á un hijo adulterino, con perjuicio de los legítimos; y, por último, á considerar la
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familia como una sociedad mercantil, cuando su concepto es mucho más elevado. Contestando á los fueristas, manifestaron que la conducta de los padres catalanes que más prudentes que la ley no hacen uso del absurdo derecho que aquélla les otorga, no destruye la necesidad de que la ley sancione el derecho de los hijos ó la legítima paterna; que si Cataluña se encuentra en estado más floreciente que Castilla, débese, no á la libertad de testar, sino al hecho de que Castilla sostuvo casi todo el peso de la lucha titánica durante la gloriosa epopeya de la Reconquista; que aparte de no ser buen sistema combatir una institución atendiendo únicamente á sus desventajas, los decantados inconvenientes de las legítimas, nacidos de la división del capital, hallan una gran compensación en el hecho de que, muchos que no tienen fuerzas, aptitudes ni condiciones para trabajar, no se mueran de hambre y de miseria, como podrían morirse con la libertad de testar, mientras algún hermano, quizá ilegítimo, ó algún extraño disfrutara de la abundancia y de las comodidades que le proporcionase el capital de los padres del primero. Reasumiendo y sintetizando los argumentos desarrollados por los voceros de la libertad de testar, la escuela que defiende las legítimas es apasionada, mientras que es perfectamente racional la que proclama la libertad de testar; el principio foral no es obstáculo al progreso y bienestar de los pueblos, dado que las regiones forales disfrutan de una situación superior á la de las provincias castellanas; la ley debe limitarse á sancionar lo dispuesto y observado por la costumbre, por virtud de la que la única relación positiva de la familia, sancionada por el derecho, debía ser la de prestar alimentos, no cabiendo la sumisión de las demás relaciones á la ley, no habiendo, por tanto, derecho para exigir al padre que deje á sus hijos una porción de bienes con el nombre de legítima, dado que, como juez y legislador de la familia, debe y puede dar á quien crea que lo merece, debe y puede privar ó quien considere acreedor á la privación. La ley única y exclusivamente debe intervenir en las sucesiones intestadas, fuera de las que sólo ha de limitarse á establecer la necesidad de prestar la ne-