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no se le puede impedir que tenga un concepto de ella para la realización del derecho; la libertad de testar no es medio de llegar á la unidad legislativa, porque el Código se limitaría á decir que cada uno haga lo que quiera; defiende la intervención del Estado en la cuestión de legitimar, recordando su proyecto aceptado por la Comisión de Códigos como medio de transacción; niega la existencia de la libertad de testar en parte alguna; en Cataluña tienen los hijos la cuarta marital, en Aragón toda la herencia, en Vizcaya cuatro quintos; por fin, propone la división del haber en tres partes: una para legítimas, otra para mejoras y la tercera de libre disposición.

El Sr. Durán y Bas cree que son poco conocidas las legislaciones forales respecto á su influencia en la vida práctica; expone las limitaciones de la libertad de testar en Cataluña, donde la primogenitura es costumbre y la mujer no está favorecida en la legítima á semejanza de lo que sucede en Castilla; el límite de la cuarta parte para descendientes y ascendientes coarta la libertad en Cataluña, donde hay la ventaja de poderse establecer fide icomisos familiares hasta el segundo grado: señala la ventaja de que la viuda pueda usufructuar las tres cuartas de la herencia; el sistema catalán es moralmente beneficioso, como lo es también económicamente; moralmente, porque hace del padre un legislador que distribuye, según las condiciones y necesidades, conforme al principio de Coussin; según el cual, la verdadera igualdad consiste en la desigualdad, en la ley para seres desiguales, evitándose al padre tener que expresar las causas de desheredación, estigma infamante para el hijo, como ha tenido ocasión de apreciarlo en cuarenta años de ejercicio de su profesión, cuya experiencia le ha enseñado que el padre con hijos no nombra herederos extraños; económicamente produce la conservación de la sociedad matrimonial con la facultad en el heredero para entregar á los demás los bienes ó su importe, con lo que no se subdivide excesivamente la propiedad territorial; y, por último, pide consideración y respeto para la legislación catalana.

El Sr. Morales afirma que siempre ha existido la libertad
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de testar; que el sistema castellano impide al padre imponerse al hijo derrochador, citando un Código extranjero, según el que la herencia salta en tal caso al nieto; la moral debe presidir á la libertad de testar, y concluye diciendo: «¡Dichoso el país donde el padre use de la hermosa libertad de Navarra, sin salirse de la moral, sustituyendo á personas extrañas á su familia!»

Oyéronse en los debates del tema octavo los acentos de los Sres. Santa Olalla, Botella, Almagro, Rentero, Canalejas y Díaz Cobeña, quienes examinaron con lucidez el problema, estudiándole bajo todos sus aspectos y sacando alguno de ellos partido de excelentes datos estadísticos.

En la discusión del tema noveno, usaron de la palabra los Sres. Suarez Inclán, Sasera, Gracia y Parejo, Gamazo (D. Trifino), Hidalgo Saavedra y Romero Girón, todos los que cautivaron la atención del público que les escuchaba desde los escaños y desde las tribunas.

Para discutir el tema décimo consumieron turno los señores Benito Endara, Pintado, Salvá, Azcárate y Montejo, de cuyos discursos, todos ellos elocuentísimos y nutridos de fondo jurídico, merece especialísima mención por su profundidad, por su elevación y por su galanura el del

Sr. Azcárate, que demostró la necesidad de ensanchar los moldes del Derecho civil por la existencia de instituciones que, como la propiedad intelectual y otras no conocidas en el antiguo derecho así lo exigen; declaró la urgencia de deslindar el contenido del derecho administrativo, que hoy es un verdadero pol-pourri; acepta el concepto que del derecho administrativo ha formulado el Sr. Santa María de Paredes; afirmó que el problema social no es, en suma, otra cosa que el ansia de un nuevo derecho que dé solución á los problemas que en el antiguo son insolubles, recordando una frase del barón de Portag, según quien «á toda revolución política sigue un cambio de Gobierno, y á toda revolución social un cambio en el derecho civil»; recuerda los tiempos de la centralización completa en España, y encuentra con carácter privilegiado en la grandeza la vincu-
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lación, en el clero la amortización y en el pueblo los gremios y la tasa; de aquí el carácter negativo de nuestra revolución, que ha traído la desvinculación y la desamortización, sin crear un nuevo derecho para la nueva vida económica y la nueva forma de riqueza, haciendo de esta deficiencia la necesidad de reformas jurídicas para armonizar y vivificar los resultados de esa revolución que exaltó la personalidad individual, destruyendo aquellos tres grandes núcleos, cuyos elementos fueron á parar, unos al Estado, otros á los individuos, resultando de ello el socialismo en el Estado y el individualismo en los ciudadanos. Estudia la evolución económica de nuestros días y ve la industria libre en grande escala, los grandes mercados internacionales abiertos por las grandes vías de comunicación; deduciendo de estos hechos la necesidad de que la ley atienda, á los derechos nacidos del progreso económico, condicionando y facilitando el desarrollo de las personalidades colectivas y de la propiedad corporativa, indispensables en la actual vida jurídica, en la que el Estado es un organismo de organismos y no un organismo de individuos. Señala las diferencias entre Castilla, donde el labrador es propietario, y Andalucía, donde existen grandes propiedades estancadas é inmóviles; afirma que las leyes de minas, ferrocarriles, Bancos y otras grandes empresas tienen un aspecto que cae dentro del derecho civil y presentan una fase propia del derecho público por referirse á cosas que debe vigilar el poder. Se declara partidario de la libertad de testar, y en punto á contratación, de la conveniencia de establecer formas generales de los contratos, como pauta dada por la conciencia social á la conciencia individual; encomiando las instituciones de crédito y de seguros, concluye recordando una frase de Rossi á los autores del Código Napoleón: «Si no os cuidais en el nuevo Código del crédito, la asociación y los seguros, os aseguro grandes catástrofes.»

Este solo discurso, cuyo ligero bosquejo acabamos de hacer, basta y sobra para apreciar la importancia de los trabajos del Congreso en relación con los adelantos de nuestra cultura jurídica.
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Sobre los puntos comprendidos en el tema undécimo, hablaron con la elocuencia y con la erudición y profundidad que les es habitual los Sres. Onís, Navarro, Ucelay, Paso y Delgado, Albacete y Rodríguez (D. Gabriel), sintiendo nosotros amargamente nos falte espacio para hacernos cargo de sus discursos.

Por último, acerca del tema duodécimo, dilucidado ya en otra Asamblea no hace mucho tiempo, disertaron con brillantez los Sres. Alba, Carmona, Andrade y Silvela (D. Luis), cuyos discursos saborearán con delicia los inteligentes cuando la Academia dé á luz las actas y los discursos de los mismos.

XII

La misión importantísima de formular las conclusiones, sobre las que tenía que recaer la votación del Congreso, fué confiada á una comisión tan respetable como la constituida por D. Melchor Ferrer, uno de los primeros jurisconsultos catalanes; D. Eugenio Montero Ríos, cuyo nombre pasará á la posteridad, así por sus grandes reformas legislativas como por su historia profesional y política, y D. Germán Gamazo, una de las figuras de más relieve en el actual momento histórico.

Arduo era el empeño y laboriosa por demás la tarea de condensar y sintetizar en fórmulas breves, precisas y categóricas los diversos principios, ideas, doctrinas, opiniones, tendencias y corrientes que acerca de cada uno de los problemas del cuestionario se manifiestasen y se revelasen en el seno de una asamblea tan numerosa y tan respetable, no ya sólo en los numerosos dictámenes y en las muchas enmiendas presentadas, sino también en el brillantísimo período de los debates, de la discusión y de la polémica que, necesario es reconocerlo y confesarlo, se ha mantenido á una altura muy considerable y muy digna de encomio aquí, donde la pasión política, las intransigencias sistemáticas y hasta las rivalidades personales suelen enve-
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nenar los más importantes asuntos que se someten á la deliberación pública, sea donde fuere, lo mismo en los Cuerpos Colegisladores que en los centros científicos y literarios, como las Academias y los Ateneos, que en esas reuniones extraordinarias que, con el nombre de Congresos, frecuentemente se celebran en los tiempos modernos, donde las alusiones revisten más carácter y llaman la atención mucho más que los turnos reglamentarios que se consumen en la dilucidación y en el examen de cualquiera cuestión.

¿Cómo han llevado á cabo su cometido los Sres. Ferrer, Montero Ríos y Gamazo? Lejos de nuestro ánimo la idea de juzgar y criticar su labor, para lo cual ciertamente nos hallamos privados de la competencia indispensable y de la autoridad necesaria, careciendo, como carecemos de títulos en que poder fundar semejante pretensión, nos limitaremos á consignar que esa Comisión ha formulado ciento tres conclusiones, que responden cumplidamente á todos los criterios que se han dado á conocer antes del Congreso y durante la celebración de sus sesiones, reflejando con fidelidad y con exactitud todas las tendencias y todas las convicciones que se han defendido. En la imposibilidad de demostrar esa afirmación que requeriría mucho más espacio y mucho más tiempo que el tiempo y el espacio de que podemos disponer en la actualidad, con verdadero dolor nos vemos obligados á remitir á nuestros lectores al estudio directo de esas conclusiones, en las que hallarán, como hallamos nosotros, una gran suma de conocimientos teóricos y un gran candal de espíritu práctico y de experiencia que constituyen un testimonio más que sumar á los muchos que este Congreso ha dado en demostración de la considerable altura y el alto nivel que hoy alcanza entre nosotros la cultura jurídica.
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XIII

Sin entrar en el examen de los dos elementos que deben apreciarse en toda votación, el número y la calidad de los votantes; desconociendo, como desconocemos, los nombres de los que han emitido su sufragio en pró ó en contra de determinadas soluciones, dado que, por razones que no son del caso, la Academia no ha publicado aún todos los trabajos del Congreso y con ellos los detalles del escrutinio, no obstante que debiendo suponerse competencia bastante en todo el que reviste el honrosísimo carácter de letrado y jurisconsulto, há lugar á establecer una diferencia marcada y notable entre aquellos que, por sus talentos, por su ilustración y por títulos respetabilísimos han alcanzado fama, reputación y celebridad, y entre aquellos otros que, aún cuando tengan una superior inteligencia y una instrucción vastísima no han dado de ello pruebas; los resultados conocidos de esa votación son, y no pueden menos de ser, muy lisonjeros y muy halagüeños, acusando las buenas y excelentes disposiciones que dominan, así entre los partidarios del Derecho común ó castellano, como entre los defensores de las legislaciones forales, grandes y poderosas corrientes favorables á una transacción, á una armonía y una concordia que, si fuera secundada desde las esferas oficiales con la misma energía demostrada por los esfuerzos de los que han tomado la iniciativa para la celebración del Congreso y de los que á sus fines y propósitos tan patrióticamente han coadyuvado, produciría en brevísimo período la realización del vehementísimo deseo de dotar á esta nación de un buen Código civil.

Como ligera confirmación de este juicio hemos de apuntar las notas salientes de la votación, trascribiendo el juicio que ha merecido á uno de los individuos del Congreso, á D. José Ma-
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luquer y Salvador, joven laboriosísimo, más conocido en el extranjero que en España, llamado á figurar entre los mejores escritores de derecho y á alcanzar un brillante porvenir, porque aceptamos su criterio, estimándole ajustado á la verdad.

«En el problema capital del cuestionario se ha inclinado el Congreso, según los datos publicados, á la codificación del derecho civil, y ha votado que la codificación debe tener por objeto su unificación nacional.»

»Sin embargo, no ha confundido la unidad con la uniformidad absoluta, sino que ha admitido el criterio racional del primer concepto, que supone una interior y profunda variedad. Esto lo demuestra el hecho de haber sido aceptada la conclusión sexta del tema primero, formulada en los siguientes términos: ¿Es compatible con la unificación el dejar á la libre voluntad de los interesados la conservación de algunas instituciones jurídicas actualmente forales?

»Para llevar á cabo la obra de la codificación, no se ha adoptado ningún sistema de los propuestos.

»Al determinarse los principios que deben informar la legislación civil, se acepta el principio de libertad en la contratación, sin otros límites que la moral, el derecho necesario del Estado y la esencia del contrato; debiendo entenderse, sin duda, que los pocos que han votado en contra de estas limitaciones, ó juzgan que deben existir más, ó han querido, respecto á la segunda, mantener incólume la autoridad de las legislaciones forales.

»Para evitar cualquiera duda, la libertad de contratación consagrada en el tema cuarto se desarrolla en el sexto, habiendo sido admitida por gran mayoría en una amplitud tal, que quepan dentro de ella todas las instituciones y fórmulas de nuestras legislaciones forales en esta materia.

»De este principio de libertad y armonía se han apartado los volantes en el tema referente á la sucesión testamentaria, manifestándose la opinión dominante en una forma distinta de la que regulan todas las legislaciones regionales que hoy existen en España, incluyendo en ellas la castellana.»
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Resumiendo las observaciones que he ido haciendo á las teorías expuestas en los primeros tres capítulos de la obra del señor Berlanga, expondré el concepto general que formo de nuestro desenvolvimiento histórico como una mera opinión que modestamente someto á las personas competentes.

Nuestra Peninsula estuvo habitada por grupos humanos, que probablemente serían poco numerosos durante el período que los geólogos llaman cuaternario, caracterizado por la existencia de paquidermos y de grandes carnívoros, que no existen en nuestra Península desde los más antiguos tiempos históricos, cuyos restos fósiles se encuentran en diversas regiones de España, y á las mismas puertas de Madrid se han descubierto en nuestros días esqueletos más ó menos integros de animales pertenecientes al género Rinoceros y al Elefas. Esta no es una mera opinión, pues los vestigios del hombre cuaternario en la Península existen en diversas provincias, se pueden estudiar en nuestro Museo Arqueológico, y de ellos se han ocupado con extensión el Sr. D. Casiano del Prado, el Sr. Villanova y otros geólogos y naturalistas españoles y portugueses.

En una época que no es posible determinar, pero cuando ya el relieve de la Península era poco más ó menos lo que es hoy, es decir, cuando pasado el período glacialio las corrientes de los ríos, la formación de las cadenas de montañas, la fauna, la flora y la temperatura, eran las que ahora existen, tuvo lugar la primera inmigración por la parte septentrional de la Península, los inmigrantes pertenecían ya á la raza blanca, hablaban una lengua de aglutinación, y es probable que conocieran el uso de algunos metales, aunque todavía no practicaban la agricultura. Tengo por cierto que los actuales vascos son los representantes y sucesores de aquellos inmigrantes, y por muy probable que se extendiesen por la mayor parte de la Península. Los iberos de que hablan los historiadores y geógrafos, griegos y romanos, ¿procedían de una inmigración distinta? En mi opinión, este problema no está resuelto todavía, y por consiguiente, no se puede afirmar que vinieran á la Península gentes de la familia ariana como los oscos, samnitas y
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»En efecto; han aceptado la solución, que hace de la herencia tres partes; la primera convertida en porción legitimaria de los hijos, dividida con igualdad; la segunda, destinada á mejoras entre los mismos, y la tercera, de libre disposición del testador.

»Ha sido admitida una institución foral, el Consejo de familia, pero no con la amplitud que tiene en el derecho aragonés, sino limitando su esfera á la protección de los huérfanos e incapacitados.

»En los debates del Congreso jurídico se manifestaron tendencias radicales respecto al reconocimiento de los hijos naturales y á la autoridad de la costumbre. La votación se ha inclinado á soluciones templadas en dichas materias, y no tan lejanas del derecho positivo actual. Pero se ha demostrado que una respetable minoría (117 votos y 72 abstenciones contra 216), cree que para el derecho jurídico de la filiación, como para todos, debe estar siempre admitida la prueba, y otra minoría, también importante (77 votos y 34 abstenciones), ha manifestado su opinión de que tengan igual autoridad las decisiones del Estado, cuando obra reflexivamente y por medio de sus órganos oficiales (ley), que cuando la hace de una manera espontánea y valiéndose de órganos adventicios (costumbre), y admitiendo, por tanto, que esta última regla jurídica puede derogar á la primera si son contrarias.

«Casi por unanimidad se ha reconocido que la persona jurídica ó social tiene origen independiente del Estado (349 votos contra 9), abandonándose la antigua doctrina que la suponía creación ó ficción de la ley; y por escasa mayoría, han sido desechadas todas las conclusiones que tendían á ensanchar los moldes del derecho civil, en vista de las nuevas condiciones de la vida económica, revelándose en esta materia una tendencia pesimista hacia el statu quo.»

«Respecto á las reformas del derecho procesal, se ha votado la especialidad de lo contencioso-administrativo, si bien encomendando el conocimiento de estos asuntos á los tribunales ordinarios; casi por unanimidad, según nuestras noticias, ha sido
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admitida la reforma del procedimiento, bajo las bases propuestas por la ponencia, y también se ha aceptado la posibilidad de la codificación administrativa y la conveniencia de su ordenada y periódica compilación.»

En lo que hace referencia á los asuntos mercantiles, se ha llegado, por gran mayoría, á una transacción: admitir para las cuestiones de hecho un Jurado de comerciantes y atribuir las de derecho á los tribunales ordinarios, partiéndose de la imposibilidad de restablecer los consulares que fueran suprimidos.»

En resumen; los partidarios del llamado derecho común han conseguido que se aceptara la codificación y unificación del derecho civil, y los defensores de las legislaciones forales han logrado que se respeten el principio de la variedad, y en cuestiones más concretas, Cataluña ha sacado á salvo el espíritu de amplia libertad que informa sus capitulaciones matrimoniales; Castilla, el sistema legitimario, y Aragón, para casos determinados, el Consejo de familia.»

«En otras esferas se ha afirmado el reconocimiento de la capacidad de las personas jurídicas ó sociales, principio de múltiples e importantes derivaciones, y se han indicado reformas de verdadero interés para la práctica legislativa, especialmente para lo que atañe al derecho procesal.»

«Y se ha obtenido también una ventaja de mayor importancia, cual es la de haber hecho posible que se investigara de algún modo el sentido de la conciencia jurídica del país, y se ha indicado al legislador la conveniencia de que busque en las palpitaciones de la opinión los derroteros que debe seguir en sus reformas.»

XIV

Después de todo lo que hemos dicho en esta serie de artículos, no titubeamos en afirmar, para concluir, que el Congreso ju-
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ridico de 1886, que como nacional no admite el parangón con ningún otro Congreso regional, es desde luego muy superior por su importancia y por el valor y alcance de sus trabajos á la Asamblea de 1863, y acusa un grado elevadísimo de cultura jurídica en España, revelación que se debe á la noble y patriótica iniciativa de la Real Academia de Jurisprudencia y á la actividad incansable de su dignísimo Presidente, el eminente jurisconsulto y elocuenteísimo orador D. José de Carvajal, entusiasta por todo cuanto tienda y pueda tender á la mayor prosperidad y engrandecimiento material, moral é intelectual de la nación española.

Telesforo Maroto Canora.
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LA GUERRA(1)

XIII

Movilización del ejército.

El problema previo de la división territorial.—La norma, no ya de una organización del ejército, sino de una organización cualquiera, consiste en coordinar un conjunto mayor ó menor de acciones para la consecución de un fin préviamente determinado. Si no se olvidara tan frecuentemente, en la diaria experiencia, que lo primero que procede hacer en todo ejercicio de la actividad es definir bien, darse cuenta de lo que se quiere y determinar perfectamente el fin deseado, el punto donde se propone uno llegar, no se cometerían tantos errores, que no reconocen otra causa que la precipitación y la vaguedad, la incoherencia, la ignorancia, en fin, más ó menos total del término que se persigue.

En materia, pues, de división militar territorial hay, ante todo, que fijar bien el fin de esta división.

Se puede, por ejemplo, tratar de organizar las fuerzas armadas de tal modo, que sea fácil saber de antemano: 1." Los días que necesitaremos para agrupar tal ó cual número de soldados (hombres con

(1) Véanse las Revistas del 25 de Mayo, 25 de Junio y 10 de Agosto.
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armas, equipo y alguna instrucción) en diversos puntos del centro de la Península ó las fronteras. 2.º Las plazas que convendrá reforzar, las líneas de tropa combatiente y servicios auxiliares que se necesitará establecer en plan de defensa. 3.º Los puntos por donde será más ventajoso avanzar, caso de una excursión al extranjero, etc., etc.

Estos diversos fines, principales unos, secundarios otros, relacionados todos entre sí, deben ser rigurosamente descritos antes para el mejor éxito de una particular disposición de las tropas permanente en tiempo de paz, y ágil y flexible en tiempo de guerra.

El problema de la movilización.—Su estudio puede dividirse en tres partes:

A.—Movilización de las pequeñas unidades.
B.—Movilización de las grandes unidades.
C.—Concentración general del ejército.

A.—MOVILIZACIÓN DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES.

Infantería.—Los soldados con licencia ilimitada se incorporan desde luego á su depósito respectivo, y desde él son conducidos por oficiales al regimiento. Pues bien; el Ministro de la Guerra debe comunicar directamente las órdenes á los depósitos.

El Jefe del depósito no deberá contar con el telégrafo para llamar á los reservistas, pues en la mayor parte de los casos no lo habrá entre la población donde él resida y los pueblos donde los soldados se hallen. Tiene que escribir á los Alcaldes; pero si escribe después de haber recibido la orden perderá algunas horas.

Es preciso, por consiguiente, que estas órdenes estén ya de antemano dispuestas, y lo mejor sería distribuir entre los Jefes de depósito impresos, con los nombres y fecha en blanco.

Mientras se escriben las órdenes á los Alcaldes, es indispensable buscar quién las lleve á su destino. Y, por consecuencia, es también preciso fijar con antelación itinerarios para que un sólo correo pueda llevar el mayor número posible de órdenes sin pérdida de tiempo.

Para determinar los límites de los distritos correspondientes á los