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á la letra: «Las Cortes deberán excluir de la sucesión á aquella persona ó personas que sean incapaces de gobernar ó hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.» Sic.

Para fijar el alcance de estas atrevidas proposiciones, no hay más que ponerlas en parangón con las análogas de las demás Constituciones políticas de nuestro tiempo. Ni la Constitución española de 1869 llegó á estas crudezas. Su art. 80 casi reproduce el 181 de la Constitución de 1812; pero, en cambio, nada hay en ella parecido á la fórmula del juramento, ni á la verdadera penalidad de los párrafos 2.º y 12 del art. 172 de la Constitución gaditana.

Lo mismo puede decirse de la Constitución belga de 1831 (de cuyo sentido democrático nadie puede dudar), así como de las de Grecia del 64 y de Rumanía del 66. El Rey de Bélgica, según el art. 80, se limita á jurar de este modo: «Juro observar la Constitución y las leyes del pueblo belga y mantener la independencia nacional y la integridad del territorio.» No hay en aquella Constitución nada relativo á la destitución de los Monarcas, ni nada respecto del Rey que se ausenta del Reino ó se casa por su propia y única voluntad. Lo mismo sucede, con ligeras diferencias, con las otras dos Constituciones aludidas.

En cuanto á la ya citada Constitución francesa de 1791, que tanto se tuvo en cuenta por nuestros legisladores de Cádiz, hay que recordar que la fórmula del juramento real, según el artículo 4.º del cap. II, sección 1.ª, se limita á afirmar la «fidelidad á la Nación y á la Ley, el empleo del Poder delegado al Rey en mantener la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en los años de 1789, 1790 y 1791, y la ejecución de las leyes.» El art. 5.º establece que «si después de un mes de haber sido invitado por el Cuerpo legislativo, el Rey no presta aquel juramento, ó si después de haberlo prestado se retracta, se entenderá que ha abdicado.» El art. 7.º de la propia sección y el propio capítulo establece el mismo supuesto de la abdicación para el caso de que, habiendo salido el Rey del Reino y habiendo sido invitado por el Cuerpo legislativo á regresar, no fuera atendida esta invitación. Del casamiento del
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Rey nada se dice, y sólo se entiende decaído ipso facto el derecho del Monarca en el caso de ponerse éste á la cabeza de un ejército y de dirigir las fuerzas militares contra la Nación, ó de no oponerse por un acto formal á una empresa semejante ejecutada en su nombre (art. 6.º, sección 1.ª, cap. II.)

De modo que no hay comparación posible, ni respecto de la crudeza de las frases usadas por la Constitución del 12, ni respecto de los casos y circunstancias en que, según aquella, resulta conminado el Rey con la pérdida de la Corona, sin intimación ni aviso previo de ningún género. Pero hay más.

El Rey de España está encargado del Poder Ejecutivo; pero sus órdenes no serán cumplidas de ninguna suerte, si no las refrenda un Ministro (art. 225). Puede presentar Obispos y dignidades y beneficios eclesiásticos; pero sólo á propuesta del Consejo de Estado (arts. 227 y 171), cuyos miembros nombrará el Monarca, bien que únicamente á propuesta de las Cortes (artículo 233). En su nombre se administra la justicia y, á él le corresponde nombrar los Magistrados de todos los Tribunales, pero sólo á propuesta del Consejo de Estado (art. 171), y sin poder suspenderlos ni separarlos sino por acusación legalmente intentada ó causa legalmente probada y sentenciada (art. 252).

De todo esto resulta que las mayores facultades se contraen á la elección de Ministros; pero hay que tener en cuenta: primero, que sólo las Cortes han de decretar las contribuciones (pár. 8.º, art. 172); y luégo, que la voluntad de estas mismas Cortes es, al fin y á la postre, decisiva en el orden legal, sin que al Rey corresponda el derecho de disolverlas, convocarlas ni aplazarlas (arts. 104, 105, 106, 107, 111, 114, 119 y 160).

Es por todo extremo original la doctrina doceañista relativa á la colaboración legislativa del Rey y de las Cortes. Goberaba el primero de los derechos de sanción, promulgación y veto de las leyes. Pero obsérvese de qué modo y con qué alcance. El Monarca podía negarse á sancionar una ley, devolviéndola á las Cortes con una exposición razonada (art. 144). Las Cortes no volverían á tratar del mismo asunto en aquel
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año (art. 147), pero sí en el próximo. Si en esta nueva legislatura fuese de nuevo propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto, habría de ser sometido nuevamente á la sanción régia, que podría ser negada segunda vez, con los mismos efectos que la primera (art. 148). Pero al año siguiente podría ser por tercera vez aprobado el proyecto, y en este caso sería ley, aun contra la voluntad del Monarca (art. 149).

Nada de esto es realmente posible por las Constituciones ya citadas, de España de 1869, de Bélgica y de Grecia, por la sencilla razón de que en todas ellas el Rey, con el derecho de sancionar y promulgar las leyes, tiene el absoluto de disolver las Cámaras. Sólo la Constitución francesa de 1791 (sección 3.ª, capítulo III), consigna preceptos análogos á los de la doceañista.

Por último, no se puede prescindir de algunos detalles que condicionan singularmente la autoridad del Rey. Por ejemplo: el cap. VI del tit. IV (que trata del Rey) precisa el número y el carácter de los Ministerios, que son siete: de Estado, de Gobernación para la Península é Islas adyacentes, de Gobernación para Ultramar, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Guerra y de Marina. Las Cortes sucesivas podrían variar esta distribución (art. 222). Y el Consejo de Estado, propuesto por las Cortes y de carácter inamovible y regido por una ley especial, tenía que ser necesariamente oído por el Rey en los asuntos de que ya se ha hecho mención, correspondiéndole además las propuestas para todos los beneficios eclesiásticos y para todos los cargos de la magistratura (arts. 231, 233, 236, 237, 238 y 239).

No se necesita más para probar el carácter originalísimo de la Monarquía de la Constitución de 1812; pero los más difíciles y exigentes quedarían por completo satisfechos con leer el título X, y singularmente los arts. 383 y 384. Allí está sancionada, sin la menor reserva, la reforma constitucional, prescin diéndose por completo de la sanción régia. Por manera que, en último extremo, las Cortes, si lo estimaran oportuno, podrían perfectamente suprimir la Monarquía, derogando los artículos 14 y demás correspondientes de la Constitución.
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Ahora bien: ¿puede seriamente decirse que todo esto esté en la tradición española?

La Comisión Constitucional así lo afirma en los primeros párrafos del preámbulo de la Constitución. Al efecto, invoca la autoridad de los Blancas, los Zuritas, los Anglerías, los Marianas y otros graves autores que, por incidencia ó de propósito, tratan de nuestros antiguos fueros. Cita el Fuero Juzgo, donde «la Soberanía de la Nación está reconocida y proclamada del modo más auténtico y solemne,» pues que según aquel Código, «la Corona es electiva» y las leyes se hacen por los que representan á la Nación, juntamente con el Rey. Electiva fué la Corona, así en Aragón como en Castilla, aun después de comenzada la Restauración; y si bien luégo del siglo xii en Castilla se tiende á hacer hereditaria la Corona, jamás se olvidó el derecho primitivo, como lo demuestran la deposición de Enrique IV en 1465, y el intento de las Cortes de Toledo de 1406 de traspasar la Corona del Rey menor Don Juan II á su tío Don Fernando. En Cataluña, donde el principio hereditario parece revestir mayor fuerza, siquiera por el contraste con Aragón, en 1462 los Estados depusieron solemnemente del trono á Don Juan II.

En Aragón el Rey no podía resistir abiertamente las peticiones de las Cortes, que pasaban á ser leyes si el Rey no resistía, y la fórmula para la publicación de aquellas era: El Rey, de voluntad de las Cortes, estatuyece y ordena, etc. En 1283, en el reinado de Pedro III, se estableció: que el señor Rey faga Corte general de Aragoneses en cada año una vegada. La paz y la guerra la declaraban las Cortes á propuesta del Rey. Existía además el derecho de votar las contribuciones y de residenciar á todos los funcionarios públicos. Y existían, hasta 1348, el Privilegio de la Unión, y hasta Felipe II, la institución del Justicia. Por aquel privilegio, el Reino podía alzarse y destronar al Rey. El Justicia, asistido de su Consistorio, compuesto de cinco doctores en Derecho, nombrados por el Rey entre diez y seis presentados por las Cortes, podía amparar la persona de cualquier reo contra toda clase de violencias, durante la sus-
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tanciación del proceso, con arreglo á un procedimiento regular (privilegio de manifestación), y además garantizaba la posesión y propiedad de los bienes del reo durante el proceso, mediante fianza de estar á lo fallado (privilegio de firmas). Por último, al Justicia le correspondía el derecho de capitanear á los aragoneses, aun contra el Rey, cuando entraban en el Reino tropas extranjeras.

En Navarra nada puede hacerse sin la anuencia de las Cortes. A las contribuciones que ellas votan se llama donativo voluntario, y en el Consejo de Navarra, tribunal independiente del Gobierno, finalizaban todas las causas, así civiles como criminales, entre cualesquiera personas, por privilegiadas que fueren, sin que, ni aun á principios del siglo xix y después del absolutismo borbónico, vinieran á los Tribunales Supremos de la Corte los pleitos, ni en apelación ni aun por el recurso de injusticia notoria.

Todavía la imperfecta Constitución de Castilla merecía respetos, porque, según ella, el Rey no podía partir el señorío ni tomar á nadie su propiedad. No podía prenderse á ningún ciudadano dando fiador, y la sentencia dada contra uno, por mandato del Rey, era nula. En fin, el Rey no podía tomar de los pueblos contribuciones, tributos ni pechos, sin el otorgamiento de la Nación junta en Cortes, con la singularidad que éstas no los decretaban hasta haber obtenido competente indemnización de los agravios deducidos en ellas.

En fin, hasta en la misma Constitución catalana, la menos desconfiada del Poder Real ó de los Condes, existen garantías de importancia para la voluntad de la Nación. En 1283 se decretó que la intervención de las Cortes era necesaria para el ejercicio de la potestad legislativa, reservada hasta entonces, punto menos que exclusivamente, á los Príncipes; y antes se había creado la Diputación de Cataluña, compuesta de tres Diputados y tres oidores, pertenecientes á los tres brazos del Estado, para velar por la observancia de las leyes, cobrar los impuestos y reclamar contra las extralimitaciones del Rey.

Todo esto dice ó á todo esto se refiere el preámbulo de la
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al Comandante de armas de aquel punto para evacuar todas las diligencias que se señalaron; y habiendo declarado las personas más notables y más decididamente realistas de Aranda, no solo quedó desmentido completamente el hecho de que era acusado, sino que todos los testigos hicieron de mi conducta un elogio hasta exagerado.

Con esta justificación, el fiscal remitió el sumario al Capitán general, opinando que no debía elevarse á proceso; y pasado al Auditor, éste dio el dictamen más satisfactorio á que yo podía aspirar. Con él se conformó el Capitán general, declarándose completamente absuelto de todo cargo, y sin que los procedimientos contra mí seguidos pudieran, en manera alguna, perjudicarme en mi carrera y honor.

Esta declaración tenía la fecha de 12 de Noviembre de 1824; y habiéndoseme notificado al día siguiente y dádoseme de ella la correspondiente certificación, traté inmediatamente de salir de Valladolid, en cuya ciudad, los excesos de los realistas, más bien aumentaban que disminuían. No había allí seguridad para los tachados de liberales; con cualquier pretexto se les encarcelaba y se les sometía al fallo de una comisión militar compuesta de furiosos, que no encontraban otra pena que imponer que la de muerte. Personas inocentes en la conciencia pública la sufrieron, y una de la primera distinción la hubiera sufrido también si no hubiese alterado primero el Auditor el fallo de la comisión y el de aquél la Sala de Alcaldes del crimen de la Chancillería, para venir á parar á una de Oidores, que redujo la pena de muerte á un simple destierro de la ciudad, que todavía el Capitán general convirtió en un pasaporte para Madrid. Este hecho, ocurrido con D. N. Bayón, Conde viudo de Troncoso, acusado de haber proferido palabras sediciosas cuando en el pasco era insultado y apaleado por unos cuantos realistas, manifiesta bien todo lo que en Valladolid había que temer de una turba desenfrenada á quien las autoridades no habían podido aún reprimir.

No ofrecían tampoco mayor tranquilidad muchos pueblos de Castilla, y entre ellos el de mi nacimiento, en el cual el
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Constitución de 1812. Y podía haber dicho más, mucho más. Porque, efectivamente, las leyes y los privilegios aragoneses de los siglos XIII y XIV, como limitativos del Poder Real, rayan en lo excepcional, aun en relación con la legislación de los países extranjeros. Aun comparados con las Cartas y los Estatutos bien famosos de Inglaterra; con la Gran Carta y la Carta del Bosque del Rey Juan, de 1215; con la de Tallagio non concedendo de Eduardo I, de 1299, y el Estatuto de Eduardo III, de 1346. De sobra se ha dicho que el Privilegio aragonés de Manifestación lleva más de doscientos años de anticipación al célebre Writ de Habeas Corpus británico. Y para estimar hasta qué punto estas ideas de desconfianza y limitación del Poder Real habían cundido por Aragón, baste recordar el proyecto de Constitución formulada después de cuatro meses de porfiadas discusiones con los comisarios del Rey, y por excitación de las Municipalidades de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Perpiñán, en las célebres Cortes de Monzón de 1388. Aquella obra, estimada por algún docto (el Sr. Oliver, en su discurso sobre la Realeza y la Nación de los Estados de la Corona de Aragón durante la dinastía de la Casa de Barcelona) como «una de las obras maestras de la ciencia política de la Edad Media,» sólo puede compararse—y aun queda detrás—á los títulos III, IV y V de la Constitución de Cádiz de 1812. Pero el proyecto de 1388 no llegó á ser ley.

Mas no hay que rendirse al buen deseo. Compréndese que los hombres de 1812 se esforzaran en dar un gran abolengo á las instituciones que consagró la Constitución gaditana, ya para evitar las dificultades y prevenciones que acompañan y comprometen toda novedad, ya rindiendo tributo á aquella proposición harto generalizada de poner la sencillez, equidad y pureza de los Gobiernos en las edades primitivas, por cuanto

á nuestro parecer
todo tiempo pasado fué mejor.

Mas adviértase que, en los cuatrocientos años inmediata-
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mente anteriores á los legisladores gaditanos, ninguna de aquellas excelencias—positivas ó exageradas—de la Edad Media tenían realidad. Esos cuatrocientos años constituyen el periodo en que se ha formado la España actual, produciéndose en él el gran factor histórico conocido con el nombre de la Monarquía Moderna. En esos cuatro siglos se ha verificado la expulsión total de los moros, los moriscos, los mudéjares y los judíos, produciéndose la unidad religiosa que tanto nos ha caracterizado en el círculo de los pueblos cultos. Las Cortes de Castilla cayeron en desuso. Enrique IV, firmando los privilegios de Colmenar de Oreja, Madrigal, Carrión, Simancas y otros pueblos, derogó el ordenamiento de Bribiesca, que había dispuesto que sólo con la cooperación de las Cortes pudieran derogarse fueros ó leyes del Reino; los procuradores de las ciudades excusaron sus viajes por razón de gastos á que tuvo que atender el Erario público, al punto de no ser convocadas para la jura de Enrique IV más que doce ciudades, y las que gozaban del privilegio se obstinaron, como en las Cortes de Valladolid de 1506 y de Burgos de 1512 y 1560, en que no se extendiera el derecho de representación. Al cabo esas Cortes—que en el reinado de Don Juan II, que duró cuarenta y tres años, se reunieron treinta y ocho veces, y en el de Enrique IV, que duró veinte años, celebraron catorce reuniones—no se juntaron una sola vez desde 1665 á 1700; alguna vez las juntó Felipe V, y quizás no se vuelve á tener noticia de ellas hasta 1789, en que las convoca Carlos IV para jurar á su primogénito y derogar la ley sálica. El olvido llegó al punto de que en la última edición de la Novísima Recopilación se borraran las leyes y los artículos referentes á la autoridad de las Cortes hasta para lo más indiscutible en la historia, para votar auxilios y contribuciones. El derecho hereditario, no sólo se afirmó sobre toda vacilación ó reserva electiva, sino que tomó mayor viveza con la pragmática de Felipe V, que excluyó á las hembras de la sucesión al trono. El Consejo de Castilla, esbozado en la época de Juan I (1885), alza el vuelo con los Reyes Católicos y da elementos á Felipe II para sacar de él la Cámara de Castilla ó
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el Consejo de la Real Cámara. Los Corregidores llegan á imponerse en todas partes, anulando á los Consejos, y para ellos se escriben las Instrucciones de 1648 y 1788. Se establece el tribunal de la Inquisición y se organizan y desenvuelven las Audiencias territoriales. Los fueros de Aragón mueren á manos de Felipe II y Felipe V. Las Hermandades y las Comunidades de Castilla caen á los pies de los Reyes Católicos y del Emperador Carlos I. Escribense las leyes de Toro sobre mayorazgos, y la reconstrucción de cercas y la fabricación de fortalezas señoriales quedan á merced del Rey. Se incorporan á la Corona los maestrazgos de las órdenes militares; revisáronse las donaciones reales; la nobleza se hizo palatina y el arte cortesano, y la centralización se aseguró por medio de las regalías de la Corona y de los ejércitos permanentes. Esto es lo que tenían delante las Cortes de Cádiz.

Además, es preciso no olvidar que las franquicias aragonesas y navarras, que con frecuencia se han invocado para dar cierto origen remoto á las libertades modernas, ni pueden en rigor ser confundidas con éstas, ni de hecho constituyeron un estado permanente y definitivo del derecho público de determinadas comarcas. Porque en su mayor parte, los privilegios aragoneses sólo representan conquistas más ó menos duraderas del país ó de sus clases selectas contra la realeza, la cual en Epila, hacia 1318, triunfa de un modo ruidoso y resiste con grandes éxitos, cuando los Reyes se llaman Jáime II y Don Pedro III, pudiendo asegurarse que en este periodo de doscientos años no pasan treinta de un estado regular y pacífico.

Además, de los estudios del Conde de Quinto (sobre la Legislación y la historia del antiguo reino de Aragón) y del Marqués de Pidal (Alteraciones del reino de Aragón, etc., etc.), tanto como de los Estudios críticos, de D. Vicente de Lafuente, y la Historia del Poder Civil en España de D. Manuel Danvila, resulta con gran viveza el carácter aristocrático y privilegiado de las garantías que Aragón utilizó contra la arbitrariedad y aun la tiranía de los Reyes; lo cual, si bien no negaba el carácter de limitación de estos excesos ni dejaba de aprovechar al país en
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general, distaba y dista lo indecible del tono expansivo y del espíritu jurídico de las instituciones consagradas por la Constitución de 1812 para garantizar, no sólo á la Nación, como ser colectivo, contra los abusos y el absolutismo de un Monarca, sino al más modesto ciudadano, y hasta el más desamparado y humilde individuo, contra las agresiones del poder, representado de un modo superior por la tradición histórica y por la fuerza de las circunstancias, en la persona del Rey.

No hay, pues, que negar la evidencia. Las trabas de la Constitución doceañista eran extraordinarias y constituían una verdadera novedad, al punto de que hoy mismo los Reyes populares no encuentran aquellas reservas y limitaciones en los Códigos y las leyes, escritos con un espíritu aún más radical que el que dominó en España á los comienzos de este siglo. Diganlo si no la Constitución española de 1869 y las Constituciones belga, rumana y griega, de que se hablará después.

Quizá esta tirantez—destinada desde su origen á un fracaso—y este exceso de precauciones y desconfianzas contra el Poder Real dependían en gran parte de no haber comprendido bien los legisladores doceañistas la necesaria armonía del juego político ni las justas relaciones de los Poderes públicos entre sí, ni, en fin, la diferencia que se da en las funciones ordinarias del Rey constitucional, que si unas veces obra como Jefe del Poder Ejecutivo, otras lo hace como Jefe del Estado y Poder moderador de la Constitución.

En este último sentido no se explica bien cómo puede negarse al Rey la facultad, más ó menos condicional, de disolver las Cortes, por cuyo medio el Jefe del Estado demuestra su aptitud tanto como su libertad, vergonzosamente contradicha y aun negada por las suspicacias del Código doceañista, cuyos primeros resultados tenían que ser un verdadero estado de guerra, más que de desconfianza, entre los Poderes y grandes instituciones del orden político. Es decir, todo lo contrario á una vida regular y fecunda y á la correspondencia y armonía de elementos que supone todo sistema.
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El Jefe del Estado tiene el deber de mantener la armonía, no sólo de los Poderes públicos entre sí, sino de éstos con la Nación. Y no hay para qué repetir que la soberanía se ejerce tanto por el voto en los comicios como por las corrientes de opinión. Ni es del caso insistir en la idea, que ya va generalizándose bastante, de que, en el régimen constitucional, las Cortes ó el Parlamento no lo son todo, sino un órgano: uno de tantos medios de determinarse la voluntad nacional. Por eso, cuando menos, tienen tanta importancia el derecho de Sufragio y el Parlamento como las libertades de imprenta, de reunión, de asociación, etc., etc.

Así el Jefe del Estado puede apreciar cuándo las Cortes están ó no en armonía con la opinión del país, y puede someter los problemas y los conflictos al país mismo por la disolución de Cortes, sin mantener con éstas aquellas agrias relaciones y aquella tenaz lucha que á la postre hacen incompatibles las dos instituciones y han traído siempre, así en España como fuera de ella, las soluciones de fuerza.

Se objetará con el triste espectáculo que nos da en este momento el colegio electoral. Pero esta deplorabilísima situación de nuestro pueblo, y particularmente de nuestros políticos, sólo sirve para que se recuerde que el Derecho, y sobre todo el derecho político, piden condiciones morales y aptitudes en los individuos, no pudiéndose esperar el arraigo de un sistema, ni el juego de las instituciones, cuando la masa y los directores no tienen la conciencia de sus deberes y de sus medios, ó carecen de las facultades y la posición necesaria para que el Derecho viva y produzca sus resultados. De esto, desgraciadamente, se olvidan en España, tanto los Gobiernos como los partidos; pero tales pecados no afectan á la bondad de la doctrina, porque cualquiera otra, con tales hombres y tales costumbres, se vería desautorizada en el terreno de la práctica.

Por este camino los doceañistas se suscitaron otra gran dificultad. La que proviene del hecho de haber proclamado al mismo tiempo la Soberanía Nacional y el derecho hereditario de una dinastía cuya representación histórica era, y no podía me-