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queño grupo doceñista: no se deduce con claridad de los discursos pronunciados en aquellas Cortes, donde en cambio priva soberanamente la preocupación de resistirlos abusos é intrusiones del Poder permanente.

Pero la verdad es que la tendencia antiparlamentaria, de que en estos instantes se habla tanto, no aparece consagrada, ni menos robustecida, en todo el resto de la Constitución gaditana, ni de tal suerte resulta ésta interpretada por la práctica de sus autores é inspiradores, que gobernaron hasta 1814 y después y en la segunda época constitucional.

Además, aquella misma Asamblea nizó los dos Reglamentos para el gobierno interior de las Cortes (que llevan la fecha de 15 de Octubre de 1810 y 4 de Setiembre de 1813), así como los tres Reglamentos dichos provisional del Poder ejecutivo, de 16 de Enero de 1811 y nuevos de la Regencia de 26 de Enero de 1812 y de 8 de Abril de 1813.

En estos estatutos y reglamentos puede estudiarse detenidamente la manera con que, según los legisladores doceñistas, debían mantener sus relaciones el Poder ejecutivo y las Cortes, señaladamente respecto del cumplimiento de las leyes. El capítulo IV del Reglamento de la Regencia de Abril de 1813 se refiere á la asistencia de los Secretarios del Despacho á las Cortes. En sus artículos se establece que los Ministros puedan asistir á las sesiones públicas cuando lo estimen oportuno, y aun hablar como cualquier Diputado y hacer propuestas en nombre del Gobierno, para cuyo efecto serán considerados como los individuos de las comisiones del mismo Congreso; pero en tal caso no podrán estar presentes á las votaciones. Asimismo deberán asistir á la Cámara para dar razón de lo que se les pregunte acerca de las resoluciones de su Ministerio ó de las acordadas en junta de Ministros, á cuyo particular se refiere el capítulo III del mismo Reglamento. Por esto ya se ve que no aciertan los que aventuran la especie de que hasta el segundo tercio del siglo xix no se estableció en España el recto sentido del sistema parlamentario, limitándose las Cortes de 1812 á reproducir, aunque con grandes modificaciones, las
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notas sustanciales del régimen representativo de la Edad Media, cuando no recogiendo algo del espíritu del sistema presidencial de los Estados Unidos. La verdad es que en sus prácticas y en sus reglamentos las Cortes gaditanas propendieron á llevar, con más ó menos reservas, el gobierno del país al seno de la Representación Nacional.

La iniciativa de las leyes correspondía, según la Constitución del 12, así á los Diputados como á la Corona (artículos 125 y 132). El Rey, además, tiene el veto suspensivo que la Constitución llama Sanción de las leyes (art. 142). Y á la Corona cumple la promulgación con esta fórmula: «Nos, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, á todos los que las presentes vieren y entiendieren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente...» etc., etc. (artículos 154 y 155).

Como antes de ahora se ha dicho, la oposición ó veto del Rey sólo producía el efecto de volver, razonado el caso, la ley á las Cortes, las cuales no tratarían el asunto en todo el año. Al siguiente podían de nuevo ser votada y el Rey podía repetir la devolución. Mas ratificada al tercer año, sería ley aun sin la aprobación real (artículos 144 á 149). El Monarca tiene treinta días para usar del veto, y después de ellos se entiende hecha la sanción (art. 145).

La Constitución doceañista creó una institución de suma importancia: la Diputación permanente de Cortes, compuesta de siete Diputados (tres europeos, tres ultramarinos y el resto á la suerte), nombrados por la Cámara antes de separarse. Duraría de unas Cortes á otras, y sus facultades serían: «1.º, velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta á las próximas Cortes de las infracciones que hubiera notado; 2.º, convocar á Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitución; 3.º, recibir á los Diputados electos al principio de cada elección general y provocar la Junta preparatoria para la constitución de la Cámara; 4.º, pasar aviso á los Diputados suplentes para que ocupen el puesto de los propietarios ausentes ó fallecidos, y convocar los comicios para
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el nombramiento de nuevos propietarios; y 5.º, acordar lo necesario en el caso de inhabilidad del Rey y mientras se reúnen las Cortes extraordinarias» (artículos 157 á 160).

Resta, por último, distinguir las Cortes ordinarias, á que se refieren todas las indicaciones anteriores, de las Cortes extraordinarias, compuestas de los mismos Diputados que forman las ordinarias durante los dos años de la diputación, pero convocadas expresamente por la Diputación permanente cuando vacare la Corona, se imposibilitase el Rey, éste quisiere abdicar en el sucesor ó el Monarca lo creyese oportuno por lo crítico de las circunstancias (artículos 161 y 162).

Las Cortes extraordinarias no entenderán más que del objeto para que fueron convocadas (artículo 163).

Sería preciso conocer muy poco la historia del derecho español y la economía y razón de nuestras viejas instituciones políticas para no advertir, desde el primer golpe de vista, las profundas novedades introducidas en el régimen electoral y la representación en Cortes por el legislador de Cádiz.

Dejando á un lado el problema histórico de si las Cortes de Castilla fueron ó no continuación de los Concilios de Toledo, y tomando como punto de partida aquel momento en que aparecen representados en las Asambleas de la Edad Media la nobleza, el clero y la clase popular ó, mejor dicho, los Concejos, merece particular estudio el modo de desenvolverse la institución de las Cortes, hasta constituir un interés esencial de nuestra tradicional vida política. Generalmente se acepta que aquel punto de partida lo determinan las Cortes celebradas en 1169 en Burgos, ó en otro caso las de 1188 de León y de Carrión de los Condes. A estas últimas consta que asistieron con los Obispos y magnates los representantes de Toledo, Cuenca, Guadalajara, Cuéllar, Talavera, Segovia, y hasta cuarenta y ocho poblaciones ó Concejos. Es la época de Alfonso VIII, durante cuya minoría llegaron á lo inverosímil las audacias de la nobleza y las revueltas del reino y que, protegido por los ciudadanos de Ávila, inició aquella serie de esfuerzos en pro de la fortaleza y exaltación del estado llano, que demuestran la declaración de
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nobleza para «todo el que tuviere armas y caballo,» la multiplicación de los fueros municipales, el olvido de la confirmación (por las muchas prisas que ovo) del Fuero Viejo de Castilla (tesoro de privilegios nobiliarios) y el insistente llamamiento á las Asambleas ó Cortes de aquellos que en otro tiempo (en los siglos ix al xii, en Oviedo, León, Palencia, Astorga, Compostela, Coyanza, Burgos y Zamora) aparecían en estas reuniones de poderosos, ónominamente, ó tan sólo ad videndum sive ad audiendum verbum Domini, como dicen los cronistas Sampiro y Sandoval, y el texto mismo de las actas, no há mucho publicadas por la Academia de la Historia.

En aquellas Asambleas la representación del país era por brazos. El de la nobleza le constituyeron en el curso de los siglos xii al xv, no sólo lo que pudiera llamarse el orden señorial (infanzones, ricos-homes, maestres de las Ordenes militares, caballeros, etc.), si que las dignidades palatinas (el Canciller mayor, los Mariscales del Rey, los adelantados mayores, el repostero mayor etc., etc.), los oidores y alcaldes de Corte y doctores del Consejo, y aun los Arzobispos, Obispos y Abades, llamados en las actas perlados y otros omes de orden. El brazo eclesiástico lo constituían las iglesias y los monasterios. Por último, el brazo popular lo formaban los Concejos ó Municipios.

Todos estos elementos asistian por sí ó por representación, mediante convocatoria real, que no tenia límites ni condiciones. Así se explica que á unas Cortes asistieran los representantes ó Procuradores de cuarenta y ocho Concejos ó poblaciones, y que luego en las Cortes de Valladolid de 1425 no fueran llamados ni concurriesen más que doce ciudades. Los Reyes Católicos parecen reconocer en las Cortes de Toledo de 1480 el derecho de diez y siete. Y las de Valladolid en 1506 proclaman que sólo diez y ocho (Burgos, León, Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Toledo, Zamora, Toro, Soria, Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca y Madrid) tienen este verdadero privilegio, que habia perdido hasta Oviedo. Esta creciente limitación se explica por el crecimiento del Po-
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der Real. Y aquí tienen también su razón las gracias del voto en Cortes hechas por Felipe IV á Galicia y Extremadura, antes representadas por Zamora y Andalucía, y por Carlos II á Palencia; así como el concierto del Rey Felipe IV con las Cortes de Madrid de 1650, en cuya virtud aquél quedó autorizado para vender dos votos en Cortes á las ciudades que mejor los pagaran (Palencia dió 80.000 ducados), á condición de que el Monarca empeñase su fe y su palabra real de no pedir consentimiento para que ninguna otra ciudad ó villa disfrutase de igual privilegio. De este modo, desde el año 1656, según el Sr. Colmeiro en su libro sobre La Constitución y el Gobierno de los reinos de León y Castilla, fueron veintiuna las ciudades y villas con voto en las Cortes de Castilla y León.

De aquí también la lenta trasformación del derecho de representación en un privilegio, para llegar á ser merced del Rey y luégo fuente de ingresos para el Tesoro de la Corona. Ni más ni menos, en la esencia, que lo que llegaron á ser los oficios concejiles y la representación municipal. Con esto se relacionó el abuso en materia de elecciones y el creciente imperio de lo llamado en nuestros tiempos la influencia moral del Gobierno; porque siendo los Procuradores de las ciudades y villas generalmente designados por la suerte entre los miembros del Concejo, y en algunas ocasiones votados por las autoridades municipales, desde el siglo xv los Reyes comenzaron á designar los candidatos, á pesar de las repetidas protestas de las Cortes por ejemplo, las de Valladolid de 1442, de Córdoba de 1445 y de Salamanca de 1465, aumentándose la torpe influencia de la Corona, ya por las dádivas y favores con que obsequiaba á los procuradores, y contra cuya profusión clamaron vigorosamente Cortes como las famosas de Medina del Campo de 1465, las viriles de la Coruña de 1520 y el acuerdo de las Comunidades de 1522, ya estableciendo que el pago de los salarios de los Diputados, que antes corría por cuenta de las ciudades y villas, correspondiese al tesoro del Rey, como decretó hacia 1422 Don Juan II.

Por otro camino se logró también desautorizar la represen-
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tación en Cortes. Los Procuradores obraban en virtud de poderes especiales y de tal suerte que, cuando los Reyes pedían algo no previsto en aquéllos, se hacía indispensable la consulta á los Concejos. Por no atenerse á los poderes fueron arrastrado y aborcado Tordesillas, el Procurador de Segovia, y declarados traidores y enemigos de la patria los Procuradores de Zamora en las Cortes de la Coruña en 1520. Pero Felipe IV, al convocar las Cortes de Madrid de 1632, dispuso que las villas y ciudades diesen plenos poderes á su Procurador, sin cuya condición no serían éstos admitidos á deliberar.

Después quedan dos recursos de mayor desenfado y eficacia. En primer término, la coacción y hasta la violencia material sobre los miembros de las Cortes. En segundo lugar, la reunión de éstas lo menos posible. Por reiteradas instancias de los Procuradores (sobre todo en las Cortes de Medina del Campo de 1305, de Tordesillas de 1401 y de Valladolid de 1602) éstos no podían ser demandados civilmente, y la doctrina de las Partidas que sancionaba la pena de aleves para los que se atreviesen á herir, prender ó deshonrar «de dicho, de hecho ó por consejo» á los que «fueren ó vinieren en ó á la Corte del Rey» fué aplicada á los mandatarios de los pueblos llamados á Cortes por el Monarca. Pero es innecesario recordar cómo algunos Procuradores fueron encerrados para que acordaran el casamiento de Isabel la Católica con el Rey de Portugal; de qué suerte fueron amenazados el valentísimo doctor Zumel y el salmantino Fonseca en las Cortes de Burgos de 1511; hasta qué punto corrió peligro D. Pedro Laso, de la Coruña, en 1520, y cuán serios fueron los altercados sostenidos, tanto por los Procuradores de las villas como por el Condestable de Castilla, el Conde de la Coruña y el Marqués de las Navas, con el Emperador Carlos V, por la libertad de los acuerdos y votos de las Cortes, entre 1520 y 1538.

Para la convocatoria de éstas no había período fijo. Era la costumbre reunirlas siempre que hubiese fechos grandes y árduos que ventilar, doctrina sancionada explícitamente con referencia á una petición de las Cortes de Madrid de 1419 por la
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Ley II, tít. VII, libro VI de la Nueva Recopilación (1567, reinado de Felipe II), que también consagra en la Ley I de los propios título y libro, y con referencia á las Cortes de Madrid de 1367, 1393 y 1523, así como á las de Valladolid de 1420, que «no se echen ni repartan ningunos pechos, servicios, pedidos ni monedas ni otros tributos nuevos especial ni generalmente en todos los reinos de Castilla, sin que primeramente sean llamados á Cortes los Procuradores de todas las ciudades y villas y sean otorgados por los dichos Procuradores que á las Cortes vinieren.»

Hay escritores, como Morón, que aventuran la especie de que al principio las Cortes fueron bienales y trienales desde Felipe II. Pero el Sr. Colmeiro (cuyo trabajo sobre la materia complementa y rectifica, prescindiendo de todo interés de partido, el notabilísimo del erudito Marina, titulado Teoría de las Cortes) se inclina á que «el último limite legal al descanso de aquellas Asambleas lo señalaba la moneda forera, tributo que se pagaba de siete en siete años; de suerte que el hueco mayor de unas á otras quedó reducido á ciuco años, desde que los Reyes convinieron en no cobrar impuesto no otorgado por las Cortes. Pero después del choque de éstas con el Emperador y de la guerra de las Comunidades, lentamente se va prescindiendo de la autorización para el cobro del impuesto y de la celebración de las Cortes; de modo que en todo el reinado de Felipe II (cuarenta y dos años) se reúnen tres veces; en el reinado de Felipe III (veintitres años) seis; en el de Felipe IV (cuarenta y cuatro años) ocho; ninguna en el de Carlos II (treinta y cinco años); en el de Felipe V (cuarenta y seis años) cuatro; ninguna en el reinado de Fernando VI (trece años); una en el de Carlos III (veintinueve años), y otra en el de Carlos IV (veinte años).

Es decir, treinta y dos veces en 252 años. Se entiende Cortes de Castilla; porque en este lapso de tiempo, también separadamente, se reunieron diez y siete veces en Aragón, cuatro en Valencia, seis en Barcelona y cincuenta en Navarra, dándose el caso de que Carlos II, que no convocara una sola vez las Cortes
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muestra cómo somos unos con toda nuestra especie, y cómo ha estado contenido el espíritu nuestro con sus gérmenes de futuras evoluciones en aquellos tiempos y en aquellos progenitores que parecen más apartados y más distantes de nosotros en el inmenso mar de la humana vida, cuyos senos, desde los abismos terrestres, retratan y reflejan todas las maravillas de lo infinito.

Llegados al Ararat, expidieron los navegantes varias aves desde las interioridades del arca, preguntándoles noticias, allegables sólo por estos alados mensajeros. La primera en salir fué un cuervo. ¡Qué festín para el ave de la muerte aquellos amontonamientos de cadáveres insepultos, que á una se podrían, corrompiendo los aires! ¡El mal, siempre nos hallamos á vueltas con el mal! Su presencia nos hace desconfiar de Dios y desconfiar de nosotros mismos. Sin embargo, ¿cómo el mal se nos aparece de relativo y contingente! Entre los animales más repugnantes á nuestros sentidos se halla el cuervo. Aquel traje negro nos le delata como un esbirro de la naturaleza. Los cruces ojos destellan de su mirar siniestro el odio y el horror hereditarios. Su pico se parece á un verdadero instrumento de asolación y exterminio. Su graznido nos hiela de trágico espanto. Sus pies llevan en sí el frío de la muerte. Al verlo, vemos todas las plagas compañeras del combate y de la guerra, todos los horrores del odio. Y, sin embargo, suprimidlos, y la tierra hubiera resultado inhabitable después del diluvio. Dentro de sus vientres se levantó la carne podrida por las aguas á una metamorfosis. Su buche hizo vida y sangre, no sólo inocente, sino también provechosa de suyo al bien universal y común, la horrible corrupción. Su fuerza es una fuerza de verdadero exterminio, pero también de saludable trasformación. Su rapidez tiene la rapidez del rayo, y da, como el rayo, la muerte.

Pero, creedlo, en cada uno de tales asesinos alados va una especie de fuego terrible con el cual se abrasan las cosas, pero también se purifican. Por consecuencia, Noé mostró el gran conocimiento que ya tenía de las especies y del ministe-
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de Castilla, convocase las de Calatayud de 1678 y de Zaragoza de 1684, y trece veces las navarras de Corella, Estella y Pamplona, como puede estudiarse en la nutrida obra del Sr. Danvila sobre El Poder civil en España.

Las últimas Cortes del siglo xviii fueron las de Madrid de 1760 y 1789, y las de Pamplona de 1765, 1794 y 1795. Las primeras para jurar Príncipe á Carlos III y declarar única y especial patrona á la Purísima Concepción. Las segundas para abolir la ley sálica promulgada en 1713 y jurar Príncipe de Asturias á Don Fernando. Las de Navarra de 1765 y 1795 tuvieron por fin jurar á los Príncipes Don Carlos y Don Fernando, y las demás se ocuparon de cosas interiores del Reino.

Como se ha dicho, las Cortes castellanas estaban formadas por brazos, los cuales respondían por su cuenta después de deliberar aparte y en secreto, con representación y dirección particulares. La primera voz en las Cortes era la del Sr. de Lara, que hablaba por la nobleza. Después el Arzobispo de Toledo, por el clero, y la ciudad de Burgos por los Concejos. Presidía á los grandes el Condestable de Castilla, el Arzobispo de Toledo al clero y al estado popular la persona que el Rey designase, con asistente, letrado y los escribanos encargados de las Actas.

Las peticiones se formulaban en común muchas veces, pero las más eran sólo de los Procuradores de las villas y ciudades, consultando el Rey á los otros brazos para responder, práctica que se enlazó con la de la consulta al Consejo Real, destinado á absorberlo todo.

Pero desde 1538, y por efecto de la actitud de los nobles, los Reyes no convocaron más á los brazos nobiliario y eclesiástico, quedando de hecho entregada la representación á los Procuradores del estado llano, al punto de que sólo en 1712 aparecen las clases privilegiadas para reconocer al Rey Felipe V y votar la ley sálica. A ello contribuye también grandemente la circunstancia de que, estribando el principal interés de las Cortes en el otorgamiento de los tributos y no debiéndolos pagar el clero ni la nobleza, sólo el brazo popular debió inspirar consi-
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deración á los Reyes, sobre todo después de avasallada la aristocracia y reducida al mero carácter palatino.

Los estudios que á partir de la célebre obra de D. Francisco Martínez Marina en los comienzos del siglo xix se han hecho sobre las atribuciones de las Cortes castellanas, no han dado un resultado tan satisfactorio que sea lícito ya precisarlas sin reserva de género alguno. Parece, sin embargo, que lo más sustancial de aquellas facultades venía á referirse al otorgamiento de impuestos y á la obligación por parte del Monarca de no reformar ó derogar por sí mismo y sin anuencia de las Cortes lo que se había resuelto antes por el Rey á petición de aquellas Asambleas. No está averiguado cómo las Cortes, que á los comienzos fueron realmente meros cuerpos consultivos y en época en que el Rey tenía derecho de exigir á sus vasallos tributo y consideración para las empresas de la Reconquista, pudieron recabar estas atribuciones, aun cuando la cosa se explica por la naturaleza misma de las facultades conseguidas y por la complicación y el progreso de los tiempos. Pero consta de un modo indudable que en las Cortes de Valladolid de 1307 y con la aquiescencia de Don Fernando IV, es decir, en aquella revuelta época en que el elemento popular adquirió tanta fuerza, fué consagrada la doctrina respecto del otorgamiento de tributos, doctrina repetida multitud de veces en todo el resto del siglo xiv. En cuanto á la facultad legislativa en el modo antes aludido (nunca como hoy se entiende), parece recabada en las Cortes de Briviesca de 1387 (con anuencia de Don Juan I), después de las reiteradas pretensiones de los Procuradores en todo el mismo siglo.

Pero luégo decae todo esto, si bien no de un modo rápido y franco. En el siglo xv no hay Cortes que no principien protestando y rogando al Rey que ratifique todo lo acordado hasta entonces, y las Cortes de Salamanca de 1465 resuelven nombrar cuatro Procuradores para que residan de asiento en la Corte y vigilen la observancia de lo dispuesto; antecedente valioso de la diputación permanente de la Constitución del 12. En las Cortes de Valladolid de 1506 se suplica la revisión de lo pu-
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blicado fuera de derecho, y los Reyes sólo contestan «que cuando fuese necesario lo mandarian proveer...» Las reclamaciones siguen siendo más pálidas á medida que el abuso real se arraiga y extiende. Felipe II contesta á las Cortes de Madrid de 1592 «que no es bien hacer novedad, porque cuando el Consejo ve que conviene se hace, y en las ocasiones que se ofrecieran se mirará lo que convenga.» Y al fin se establece en el siglo xvii la fórmula de todas las pragmáticas y órdenes del Rey, «porque así es su voluntad,» y deben «tener fuerza de ley como si fueran hechas en Cortes generales.»

Por este camino las Cortes de 1789 pudieron llegar hasta la suplica, al Rey Carlos IV, de «que concediese al Reino la gracia de hacer peticiones.» Cuarenta años antes los Procuradores en Madrid habían dicho á Carlos III «que estaban prontos á obedecer cuanto S. M. les propusiese, para acreditar su amor y su fidelidad.» Va distancia de esta pregunta á las arrogantes frases con que el Conde de Coruña contestaba á las excitaciones del Emperador Carlos V, que pretendía el voto público de las Cortes para sacar por intimidación los tributos solicitados: «Que así se ejecute, pues lo manda S. M., y asimismo me parece que será bien, que vuestras señorías supliquen á S. M. se sirva hallarse presente el día que hubiere de votar el Conde de Coruña.»

En cuanto al otorgamiento de impuestos, no hay para qué referir las contiendas del siglo xv, porque los Reyes Don Enrique III y Don Juan II, para hacer la guerra de Granada ó pelear con el de Francia contra Inglaterra, se excedieron de lo concedido en Toledo y Medina del Campo. La Reina Católica reconoce en su Códicilo el abuso, y toda la vida del Emperador Carlos V es una continua brega con los Procuradores por causa de los tributos. De modo que bien puede decirse que la prerrogativa de las Cortes subsiste, pero con creciente merma, en los siglos xv y xvi. En el xvii ya recibe un terrible golpe por la agregación hecha por Felipe IV (1658) al Consejo de Hacienda, de la comisión llamada de Millones, creada por las Cortes de Madrid de 1590 al establecer el servicio de dos millones y