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nos de ser, todo lo contrario á aquella afirmación. Sobre este punto en Europa tenemos ya muchas experiencias.

En estos últimos veinte años se ha verificado un profundo cambio en el modo de estimar el punto de la Soberanía Nacional en sus relaciones con las formas de Gobierno. Por bastante tiempo túvose por un axioma el supuesto de que sólo por la República y mediante la movilidad incesante de los Poderes públicos vivía la Nación soberana, por lo cual las revoluciones trascendían inmediatamente al último detalle del derecho político de los pueblos modernos, venciendo, por el momento, todas las resistencias, despreciando las preocupaciones y los intereses históricos y reduciendo el concepto de la Soberanía á la mera expresión de la voluntad reflexiva y consignada por los ciudadanos en los comicios. No es esto lo que hoy se cree ni lo que generalmente se practica.

Como en otra parte se ha dicho, los pueblos ejercen su soberanía, lo mismo creando y removiendo los Poderes públicos por medio del voto, más ó menos general, que por aquella serie de actos é influencias que determinan la costumbre y la ley y pesan, garantizados por las libertades públicas, en los Poderes sometidos de hecho y de derecho al imperio de la opinión. Por esto tiene hoy tanto interés, si no más, el punto de los derechos individuales y las libertades necesarias, como el de las meras formas de Gobierno.

Tratándose de éstas, hay que reconocer que todas no son iguales; que la República es, por regla general, la forma más avanzada, más culta y más propia de un régimen democrático que supone la Soberanía Nacional. Pero no por esto puede decirse que sólo ella es compatible con este último principio, ni que aquellas mismas condiciones que la ponen por cima de todas las clases de Monarquía dejen de ser graves dificultades para su existencia, cuando los pueblos no han llegado á cierto grado de reflexión y cultura.

Por estas consideraciones y por la importancia que de día en día toma entre los antiguos demócratas teóricos el sentido gubernamental y el justo concepto de la política (que es el arte
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de encarnar las ideas en la realidad), ha hecho camino en Europa la llamada Monarquía popular ó democrática. Supone esta institución, como la de la República, el dogma de la Soberanía Nacional, y atribuye á la voluntad de los ciudadanos la constitución de los poderes, lo mismo que sus cambios y movimientos. En tal concepto, así el Presidente de la República como el Rey de la Monarquía popular, son simplemente, en su esencia, unos funcionarios del Estado.

Las diferencias están en otra parte, señaladamente en la periodicidad de las funciones y en los modos y formas de la amovilidad y responsabilidad de los funcionarios. En la República ya se sabe cómo esto pasa: la elección es bienal, ó trienal ó septenal, con limitaciones para la reelección. En la Monarquía popular, aun sancionado el principio hereditario, la garantía del derecho superior y permanente de la Nación está en la reformabilidad absoluta, y, por tanto, constante de la Constitución, sin que obste á ello el veto del Rey ni éste pueda utilizar el derecho de disolución respecto de las Cortes Constituyentes. Fácilmente se echa de ver la distancia que va de esta Monarquía, reducida al papel de una mera institución reformable, á la Monarquía histórica y aclamada no ha mucho tiempo en el Congreso español como eterna, insustituible é institutora.

Responden á estas ideas las Constituciones más celebradas de la época moderna como progresivas, avanzadas y garantizadoras del orden público. Por ejemplo, la belga de 1831, la de Grecia de 1864, la de Servia de 1869 y la de Rumanía de 1866. Y en realidad, á ellas pueden referirse las reformas introducidas en estos últimos veinte años de los antiguos sistemas políticos de Italia é Inglaterra. Pero sobre todo esto, y en el particular concreto de que ahora se trata, puede presentarse la Constitución española de 1869. Porque si bien es cierto que los cuatro Códigos políticos primeramente citados sancionan explícitamente que todos los Poderes emanan de la Nación y se ejercen de la manera establecida por aquélla, y que «el Rey no tiene otros poderes que los que le atribuyen formalmente la Constitución y las leyes particulares hechas en virtud de ésta» (ar-
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tículos 25 y 78 de la Constitución belga); y por más que en todos ellos se establezca el derecho del Parlamento á reunirse por su propio derecho una vez al año, y si ponen grandes limitaciones al empleo del veto ó del derecho de disolución de las Cámaras, ninguno, en cambio, llega al punto de consagrar el derecho de reforma absoluta de toda y cada una de las partes de la Constitución, por la exclusiva voluntad de las Cortes, como nuestra Constitución de 1869.

La belga exige para esto el acuerdo de las Cámaras y del Rey (art. 131). La rumana (art. 129) y la sérvia (art. 131), aceptan el mismo principio. En Grecia la Constitución no puede ser revisada por completo: mas para la reforma parcial basta el acuerdo de la Cámara de los Diputados, formulado en dos legislaturas consecutivas y referido á la resolución especial de una Cámara constituida por un número doble de los Diputados que de ordinario constituyen el Parlamento griego (art. 187).

La Constitución española de 1869 era terminante. Las Cortes, por sí ó á propuesta del Rey, podrán acordar la reforma de la Constitución, señalando el artículo ó artículos reformables: á los tres meses se reunirían Cortes especiales y Constituyentes, y estas, por su naturaleza indisolubles, acordarían lo que estimaran oportuno (arts. 110, 111 y 112). Esta misma Constitución negó el veto al Rey, si bien le reconoció el derecho de convocar, suspender, cerrar y disolver los Cuerpos Colegisladores, señalando plazo fijo para la reunión anual de las Cortes (arts. 42, 43, 72 y 34).

Evidentemente estos preceptos no son tan rigorosos como los de la Constitución docceñista. Y, sin embargo, no podría decirse que no garantizaran el libre ejercicio de la Soberanía Nacional.

Pero hay que advertir al propio tiempo que para la viabilidad de todas esas Constituciones y, por consecuencia, para que fueran compatibles el dogma de la Soberanía de la Nación con el principio monárquico—y aun monárquico hereditario—reconocido en todos esos Códigos, ha sido absolutamente indispensable prescindir de las viejas familias reinantes.
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Los Reyes de Bélgica, de Grecia y los Príncipes de Servia y Rumanía, lo mismo que el Rey Don Amadeo I de España, fueron hechura de la Revolución. De la Revolución es hijo el Rey de Italia una: es decir, el Monarca de Cerdeña, votado por el plebiscito para Nápoles, los Ducados, Venecia y Roma. Y aún pudiera añadirse que de la Revolución es hija la actual casa de Hannover reinante en Inglaterra, no sólo por el gran movimiento de 1688, si que muy especialmente por el Act of settlement de 1700, que rompió con la última sombra del derecho histórico.

Y no había otro remedio. Las viejas dinastías representan necesariamente los intereses tradicionales. De ahí sacan su fuerza, de ahí su prestigio. Obligadas á entenderse con otros elementos, resultan negándose á sí propias y en una perpetua batalla con cuanto les rodea: sospechadas por los intereses nuevos é invasores y excitadas y amenazadas por los intereses históricos, que comprometen y sacrifican. Por esto apenas se comprende la ciega confianza de los demócratas que se entregan á las dinastías históricas sin sospechar que se les ha de exigir siempre la renuncia del principio de la reformabilidad absoluta de la Constitución, y por esto mismo se ha podido ver sin extrañeza que republicanos como Depretis y Cairoli y Nicotera hayan formado parte de los Gobiernos del Rey de Italia, y radicales como Bright, Forster, Dilke y Chamberlain hayan sido Ministros de la Reina Victoria, así como en Bélgica y aun en Grecia no muestran impaciencia, ni aun revisten, como partido político, verdadera importancia los partidarios de la República.

En España las experiencias no han sido de poca monta. Ahí está, por lo menos, el ejemplo de Fernando VII, que así en 1814 como en 1820 y 23 resultó absolutamente incompatible con la Constitución gaditana y la Soberanía Nacional.

Por manera que el propósito de los doceañistas al proclamar su Monarquía moderada, resultó incumplido; mas no por eso aquellos ilustres estadistas y filósofos dejaron de entrever, anticipándose á los tiempos, una solución que en nuestros mis-
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mos días patrocinan los pueblos más adelantados y tranquilos y los publicistas de mayor nombradía en los centros científicos y políticos. La Monarquía moderada debía ser para los hombres de Cádiz la institución armonizadora, ya en el juego de los Poderes públicos y en el orden propiamente constitucional, ya en la esfera extrajurídica y social, donde se encontraban y rozaban los intereses históricos y las aspiraciones de lo porvenir.

Aquella institución debía ser lo que el Poder moderador de la Constitución del Brasil, y lo que el Senado en la Constitución norte-americana. A pesar de lo cual, por la fuerza de las circunstancias, por las exigencias de la Revolución y por los compromisos anejos á la representación del Rey Fernando VII, la Monarquía moderada sólo fué un objeto de prevenciones y reservas por parte de todas las demás instituciones constitucionales, y una amenaza constante de la libertad y del orden en España.

Pero el dato quedó, y quedaron, para producir excelentes efectos en el curso de nuestra agitada historia política, los valiosos detalles de aquel meritorio empeño.

En 1812 no era fácil que prevaleciesen, ni aun se formula- ran, aquellas ideas de correspondencia y armonía de elementos, intereses e instituciones que constituyen hoy el supuesto indiscutible de una Constitución política. Así como en otra época la libertad del ciudadano se había confundido con el derecho de éste á participar del Gobierno, en sus formas más elementales y hasta groseras, así la libertad se entendía como una serie de limitaciones, resistencias y acometimientos contra el Poder Real, cuya acción ó cuya inspiración se veía en todas partes.

Cómo y por qué se creía esto, no hay para qué recordarlo. Los abusos de la Corte y la licencia de los señores y de las autoridades, no podrian producir otra cosa. Pero, en cambio, no es tan sencillo poner en relación estas soluciones y estos rigores de los doceañistas con los arts. 179 y 180 de la Constitución, que aclaman como Rey de las Españas «al Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina» (así dice), y á
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APUNTES

SOBRE EL NUEVO ARTE DE ESCRIBIR NOVELAS(1)

IX

He terminado la lectura de Germinal, é insisto en creer que las trescientas primeras páginas pudieran reducirse á tres, y el libro ganaría. Desde un punto de vista imparcial y severo, nadie perdonará al autor aquellas trescientas primeras páginas. Son un grave delito de redundancia. Pero cuantos hoy escribimos para el público debemos ser indulgentes. Todos somos difusos.

Allá, en siglos pasados, cuando no había imprenta, cualquiera autor pensaba, al escribir, en el trabajo que había de costar copiarle, y en que la dificultad y carestía de las copias irían en aumento mientras él fuese más palabrero. Esto le refrenaba. Hoy, nadie se refrena, antes sirve como de acicate para que corramos desbocados, vertiendo tinta sobre el papel, la consideración de que el tomo impreso tendrá luégo muchas

(1) Véanse las REVISTAS de 10 y 25 de Agosto, 10 y 25 de Setiembre, 10 y 25 de Octubre, 10 de Diciembre y 25 de Enero.
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triunfo de Aranda había exaltado contra mi y contra mi familia las pasiones hasta de nuestros mayores amigos, en términos de asegurarme que, si me presentaba en el pueblo, sería atropellado sin respeto á la declaración oficial de mi inocencia.

En este estado pedí y se me concedió pasaporte para Yepes, ya que se me negaba para Madrid, en donde á todo trance me proponía introducirme, y me introduje, en efecto, entrando como de paseo el 20 de Noviembre y logrando, por medio de un amigo, una orden del Superintendente general de policía para permanecer en la capital. No era bastante este permiso para mi carácter militar; pero era cuanto yo necesitaba por el momento.

Me presenté por la noche al General D. Diego Ballesteros, Inspector general de Caballería, á cuya arma había vuelto yo á pertenecer en consecuencia de la anulación de todos los actos del Gobierno constitucional, y merecí á aquel Jefe la recepción más lisonjera. Luégo que leyó la certificación del fallo de mi causa, mandó á su Secretario particular y mi amigo D. Antolín Santelices, que se hallaba presente, que inmediatamente se me diera colocación en un regimiento. No aprobó esta disposición el Secretario de la Inspección D. Vicente Minio, á quien consideraba yo como uno de mis mayores amigos desde que habíamos trabajado en la misma Inspección: él, en verdad, veía los inconvenientes que harían hasta peligrosa para mí la entrada en un cuerpo en que todavía no se encontraban más que Oficiales realistas; pero se opuso además á que se me diera comisión alguna que me autorizase para permanecer en Madrid, que era lo que yo deseaba únicamente. Temía Minio á Bessières, mi enemigo personal, que continuaba con influjo en la corte; pero el Inspector no participó de este temor: retrocedió, sí, de la idea de enviarme á un regimiento, pero me adhirió como Secretario á un Teniente coronel encargado de disolver unos cuerpos de realistas en el pueblo de Métrida, y después me dió la comisión de reconocer y clasificar todos los documentos de Mayoria y Caja de los antiguos regimientos ya
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falta de éste, «á sus descendientes legítimos, así varones como hembras,» etc., etc.

«Si llegaran á extinguirse todas las líneas, las Cortes harían nuevos llamamientos como viesen que más importaba á la Nación» (art. 482). Además, ya se ha visto cómo las Cortes se reservaban el derecho «de excluir de la sucesión de la Corona á aquella persona ó personas que fuesen incapaces para gobernar ó hubieran hecho cosa por que mereciesen perderla» (art. 181).

Una batalla siempre en perspectiva. Pero un gran aliento siempre en la obra constitucional.

Rafael M. de Labra.

(Continuará.)
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LAS ISLAS BALEARES

SU TERRITORIO, POBLACIÓN Y COMERCIO

I

Encierra el Mediterráneo dentro de su perímetro de 18.180 kilómetros cuadrados (1) multitud de islas exparcidas por su vasta superficie de 2.473.368 (2). Son tantas, que miden en conjunto 101.785 kilómetros cuadrados (3) y sólo las mayores, de 100 kilómetros cuadrados, ascienden á 46, á saber:

(1) Comprendiendo el mar Jónico y el Egeo, pero no el Adriático, cuyo litoral mide 3.865 kilómetros, de los que corresponden 1.410 á Italia, 2.004 á Austria y 401 á Turquía. De los 18.180 kilómetros que miden las costas del Mediterráneo, pertenecen 1.755 á España, 869 á Francia, 2.975 á Italia, 2.970 á Grecia, 2.278 á la Turquía europea, 2.967 á la Turquía asiática, 752 á Egipto, 2.753 á Benghari, Tripoli y Túnez, 1.179 á Argelia y 284 á Marruecos.

(2) La extensión superficial de los diversos mares de Europa es la siguiente:

    Kilómetros cuadrados

    Mediterráneo
    2.473.368

    Mar del Norte ó de Alemania
    536.202

    Mar Báltico
    477.825

    Mar Negro
    423.994

    Mar Adriático
    135.231

    Mar Blanco
    84.100

    Mar de Azof
    37.604

    Mar de Mármara
    11.655

    4.179.979

(3) De estos 101.785 que mide en conjunto la superficie de las islas bañadas por el
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    ISLAS
    NACIONES á que pertenecen.
    Kilómetros cuadrados.

  Sicilia	Italia	25.537

  Cerdeña	—	23.555

  Chipre	Inglaterra	9.589

  Córcega	Francia	8.862

  Candía ó Creta	Turquía	8.591

  Mallorca	España	3.652

  Eubea	Grecia	3.575

  Lesbos	Turquía	1.750

  Rhodas	—	1.460

  Chios	—	827

  Corfú	Grecia	719

  Cefalonia	—	689

  Menorca	España	665

  Ibiza	—	565

  Lemnos	Turquía	477

  Naxos	Grecia	449

  Zante	—	434

  Andros	—	405

  Skarpanto	Turquía	332

  Tasso	—	294

  Santa Maura	Grecia	288

  Pago	—	288

  Kos	Turquía	286

  Cerigo	Grecia	285

  Icarta	Turquía	267

  Imbros	—	255

  Malta	Inglaterra	249

  Elba	Italia	222

  Paros	Grecia	209

  Scyros	—	208

  Tinos	—	201

  Samotraki	Turquía	177

  Zea	Grecia	173

  Milo	—	148

  Amorgos	—	135

  Skopelós	—	123

  Ios	—	120

  Formentera	España	115

  Kalimnos	Turquía	109

  San Antonio	Italia	107

Mediterráneo, corresponden: 50.082 á Italia, 16.239 á la Turquía asiática, 10.028 á Grecia, 9.969 á la Turquía europea, 8.912 á Francia, 5.014 á España, 1.220 á Túnez y 323 á Inglaterra. Todos estos datos, lo mismo que los incluidos en las anteriores notas, están tomados del notableísimo trabajo estadístico recientemente publicado con el título de La superficie de Europa, por el General ruso de Estado Mayor I. Strellbitsky.
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Fácilmente se observa, al examinar el precedente cuadro, que entre las islas del Mediterráneo ocupan preferente lugar las antiguas Pitiusas y Gymnestas, que en conjunto miden 5.014 kilómetros cuadrados, como puede verse á continuación:

    ISLAS
    Kilómetros cuadrados.

    Mallorca
    3,652'209

    Menorca
    664'857

    Ibiza
    564'714

    Formentera
    115'290

    Cabrera
    17'037

Naturalmente, en la superficie de las predichas islas se halla comprendida la de todas sus dependencias geográficas; así es que en la de Mallorca está incluida la isla Dragonera, de 4'3 kilómetros cuadrados, y las más pequeñas de Formentor, Malgret, Plana, Larga, Pelada, Porrasa, Salas, Gavina y León; en la de Menorca se hallan comprendidas las islas del Aire, Den Colom y Dels Porros; en la de Ibiza, la isla Tagomago, de 1'5 kilómetros cuadrados, y las de Verda, Vedranel, Cunillera, Den Caldes, Santa Eulalia, Hormiga, Ahorcasdos, Den Pou, Grosa y los islotes Bledas; en la de Formentera, la isla del Empalmador, de 1'3 kilómetros cuadrados, y la de Espardell, y en la de Cabrera la de Conejera, de 1'7 kilómetros cuadrados.

Sabido es que las islas Baleares, no sólo pertenecen á España bajo el aspecto político, sino que constituyen una dependencia geográfica de la Península ibérica, por ser la prolongación de una de sus principales cordilleras, cuyas cimas van asomando á trechos sobre el nivel del Mediterráneo. Esta cordillera—también lo saben nuestros lectores—es la que pasa por la sierra Sagra y que, cortada más al E. por el río Segura, continúa con fuertes interrupciones y compuesta de varias cumbres aisladas hasta los cabos San Martín y de la Nao, en la provincia de Alicante, que son los puntos más próximos á Ibi-
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za, de cuyos islotes más avanzados hacia Occidente distan sólo 85 kilómetros. La distancia entre Ibiza y Mallorca es de 81 kilómetros; la que separa esta última isla de la de Menorca, 37; la isla de Cabrera dista sólo 14 kilómetros del cabo de Salinas, perteneciente á Mallorca, y parte de este espacio, que forma un canal de poco fondo, se halla ocupado por la isla Conejera y otros islotes aún más pequeños, que marcan perfectamente el enlace de entrambas. Por último, la isla de Formentera dista muy poco más de 6 kilómetros de la punta del Borrónar, perteneciente á Ibiza, y se halla unida á ésta por una cadena de islas y bajos, en que sobresale la isleta del Espalmador, y que recuerda al famoso Puente de Adam en la isla de Ceylan.

Por último, la mayor longitud que presenta Mallorca es de 99 kilómetros, entre las puntas Rebasada ó del Jueu y el cabo de Pera, que son los puntos más salientes por O. y E.; la mayor longitud de Menorca es de 52 kilómetros, que median entre el cabo Bajoli, el más occidental, y la Mola, al Oriente; Ibiza tiene una longitud máxima de 39 kilómetros, entre Punta Grosa y el cabo Llentúsea, situados respectivamente al N.E. y S.O. La mayor extensión de Formentera es de poco más de 20 kilómetros, y de 7 la de Cabrera.

II

Hace un siglo, en 1787, las Islas Baleares tenían 176.152 habitantes, en esta forma:

    Mallorca
    134.787

    Menorca
    27.728

    Ibiza y Formentera
    13.637

    176.152

Diez años después del Censo de aquella fecha, se practicó otro y dió por resultado las siguientes cifras:
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Mallorca ................................. 140.699
Menorca .................................. 30.990
Ibiza y Formentera ....................... 15.290

186.979

En 1833 se hizo, no un verdadero Censo, sino un cómputo de la población de España, y en él figuran las Baleares con 229.197 habitantes. Nuevos cálculos efectuados en 1850 asignaron á estas islas 236.600 habitantes; en el Censo de 1857 figuran con 262.893; en el de 1860 con 269.818; en el de 1877 con 289.035, y en la Estadística demográfico-sanitaria, publicada por el Ministerio de la Gobernación, se calcula que la población total de las Baleares era en fin de 1884 de 300.473 habitantes.

De suerte que, en los 97 años trascurridos entre el Censo de 1787 y el cálculo referente al 31 de Diciembre de 1884, la población de las Baleares ha aumentado en un 70'63 por 100, que equivale á un aumento anual de 0'73 por 100.

Si se comparan las cifras correspondientes á los años 1787 y 1877, por ser la población de estos años resultado, no de cálculos más ó menos fundados, sino de verdaderos censos, aparece ser el aumento de 64'08 por 100 durante los 90 años que el periodo comprende, y de 0'71 al año, casi el mismo que ofrece la comparación entre el Censo de 1787 y el cómputo referente á 1884. Y si todavía queremos ampliar más las comparaciones, poniendo en parangón los dos últimos censos efectuados en nuestra patria, los de 1860 y 1877, resulta que, en los 17 años que median entre ambas fechas, la población balear ha recibido un aumento del 7'12 por 100, que equivale á un aumento anual de 0'42; de suerte que, desde 1860, ha crecido la población de las Baleares con mucho mayor lentitud que antes de aquella fecha. Y sin embargo, es esta provincia una de las que presentan en este punto cifras más ventajosas, pues de las 49 que comprende España, sólo 14 aparecen con mayor aumento (1).

(1) Las de Madrid, Huelva, Canarias, Murcia, Jaén, Barcelona, Vizcaya, Málaga, Almería, Valencia, Salamanca, Granada, Córdoba y Badajoz, cuya respectiva población ha recibido durante todo el período 1880-77 un aumento que oscila entre 21'43 y el 7'20 por 100.