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oyeron en Worms á Lutero y compartieron, en cierto grado, las doctrinas de Melanchton. De modo que, á raíz de la protesta, la España de la cruzada anti-mahometana no permaneció insensible al movimiento crítico con que se inauguraba la Edad Moderna. En ello influyó poderosamente la relación directa y constante en que nuestra patria estuvo por aquel tiempo, y por efecto de la extensión del imperio de Carlos I, con Alemania y todo el centro europeo.

A poco; las influencias y excitaciones vinieron de los Países Bajos. De la Universidad de Lovaina procedieron los hermanos Encinas; de Breme, Francisco San Román, quizá el primer español quemado como hereje luterano. Pronto (antes de treinta años) ya la semilla ha dado frutos en la misma tierra de la intolerancia clásica. De la Universidad de Salamanca salen Juan Vergara, el Doctor Mateo Pascual y el Canciller D. Pedro de Lerma, todos propagadores de la doctrina evangélica, protestando un sentido anti-luterano. A mediados del siglo xvi, Medina del Campo y Sevilla vienen á ser los principales centros de la propaganda religiosa. Rodrigo de Valer, Juan Gil (Egidius), el Doctor Vargas y el Capellán Constantino Ponce de la Fuente (casi todos salidos de la Universidad de Alcalá, que produjo á Arias Montano y publicó en 1514 la Biblia poliglota) dan nombre á la escuela reformista andaluza; como el Bachiller Herrezuelo y el Canónigo salmantino Agustín Cazalla bastarian para dárselo á la escuela castellana, si ésta no hubiera adquirido un valor extraordinario, así por las feroces persecuciones de que fué objeto y por los numerosos autos de fe de Valladolid, como por la calidad de las víctimas, entre las que figuraron frecuentemente muchas mujeres de distinción por su nacimiento, su posición, su belleza y su inteligencia.

El protestantismo, pues, se produjo con extraordinaria viveza en España, encontrando sus principales devotos en las clases superiores y más ilustradas de la sociedad del siglo xvi. La Universidad de Alcalá, caracterizada por su independencia y su altura científica, se señaló grandemente en este camino.
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Luégo, los conventos de Jerónimos de San Isidoro y de Valle de Ecija, de Andalucía. Y, por último, la ola revolucionaria llegó al mismo Palacio Arzobispal de Toledo, envolviendo al Primado de las Españas, al famoso Carranza, perseguido furiosamente por la Inquisición, depuesto y condenado por herético en Roma, después de verdaderos escándalos y de una lucha tenaz entre la Inquisición española y el Pontificado, en un proceso de más de diez y siete años. Con el golpe dado á Carranza en 1559 fué sofocado el movimiento reformista español, por desgracia muy poco ó nada conocido en nuestra patria, á pesar de los notables trabajos de D. Adolfo de Castro (Historia de los protestantes españoles), Mr. J. M. Guardia (La Reforma en España), D. Marcelino Menéndez Pelayo (Historia de los heterodoxos españoles, tomo 4.º) y D. Luis Vidart (La Filosofía Española), amén del libro clásico de Du Chesne sobre la Histoire de l'Etat du Pays Bas et de la Religion d'Espagne, 1658.

Por tanto, no hay que extrañar que la intolerancia religiosa fuese consagrada por las Cortes de Cádiz. Allí á lo más que se llegó fué á aquel sentido católico liberal, después puesto en gran boga por Montalembert y el Abate Lamennais, en su primer período, más aún por los liberales italianos de 1840 al 48, en cuyas filas figuraron tantos ilustres y venerables sacerdotes, pronto arrepentidos ó llevados á soluciones más radicales, en el terreno religioso, por la corriente renovadora y protestante. A pesar de lo cual, y respetando todas las intenciones, no es posible excusar la censura; porque la doctrina es fundamentalmente falsa y porque esa intransigencia, unida laboriosamente á una reforma general expansiva, en el orden político, sobre dañar á ésta, contribuía á perpetuar en nuestro país una de las más indiscutibles causas de su estancamiento moral y de su atraso material y económico.

Sólo puede ponerse á su nivel la pasión de la aventura y de la guerra, que nos ha llevado al abandono de los empeños y los hábitos del trabajo reflexivo y moralizador; á la exaltación de la fuerza y del acaso en el comercio de las gentes y el discurso de la vida; y á agotar nuestros medios en empresas lejanas,
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del ejército, de su situación y estado, de sus operaciones; y habiendo sabido que se hallaba en Valencia mi íntimo amigo don Miguel de Iribarren (1), primer Comandante del batallón de Milicia activa de Soria, y con esta sola graduación, Jefe de una brigada del ejército, me dirigi inmediatamente en su busca. No tardé en encontrarle y en adquirir por él las noticias que yo deseaba. Toda la fuerza disponible del ejército estaba reducida á unos diez mil hombres, cuya mayor parte se hallaba con el General en Jefe, sitiando el castillo de Murviedro, ocupado, como ya he dicho, por los facciosos. Las operaciones de este sitio se activaban con la mayor energía, y la disposición de llevar á él una numerosa artillería gruesa hacia creer que nada había que temer por entonces del ejército francés. En esta confianza permanecían en Valencia y pueblos inmediatos multitud de cuadros de Oficiales, Generales sin empleo, Diputados provinciales, Jefes políticos, Jueces y familias de todas clases emigradas de Castilla, Aragón y Cataluña, cuando en la mañana del 10 se dio la orden de evacuar la ciudad en horas, por la aproximación de los enemigos, en número considerable. Supuso después que el primer aviso que el General recibió le fue dado por un paisano que había visto entrar á los franceses en Segorbe, y que no creyéndole el General, le tuvo arrestado hasta que desgraciadamente la noticia se confirmó, cuando aquéllos estaban ya á tres ó cuatro leguas de Murviedro. No menos sorprendida se vió la brigada de vanguardia que se hallaba sobre Castellón, la cual se salvó cortando la línea de operaciones del ejército francés por la retaguardia de éste y marchando hacia Chinchilla, como igualmente lo hizo una brigada de Caballería que, á las órdenes del Barón de Carondelet, se hallaba hacia la parte de Requena; todo esto confirma lo que ya dejó manifestado del aislamiento en que el país nos había dejado.

La orden de evacuar instantáneamente á Valencia produjo,

(1) Este distinguido Jefe murió de Mariscal de campo en la última guerra civil, mandando el cuerpo de ejército que atacó á los carlistas en Iluesca.
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por lo común desastrosas, y donde quizá está el secreto de nuestra despoblación y nuestras turbulencias.

Pero si el texto del art. 12 aquí analizado se explica por las razones expuestas, no parece, á primera vista, tan fácil de entender y de relacionar con este sentido religioso y exclusivo toda aquella parte de la Constitución gaditana que tiende á reducir el poder eclesiástico conforme el sentido de la época de Carlos III. Sin embargo, esta contradicción es muy propia de la época, y por ella la Constitución doceañista está, á pesar de otras equivocaciones en este orden de ideas y preceptos, dentro del sentido contemporáneo, que tiende á extremar los esfuerzos y los medios para reducir la importancia del elemento teocrático, en vista de la secularización de la vida y del predominio del poder civil, hasta que llegue la hora de la separación de la Iglesia y del Estado, fórmula perfecta del derecho en esta delicadísima materia.

Es indudable que, en la esfera de los principios, la primera de las libertades es la libertad de conciencia, por donde se viene á la conclusión de que, negada ésta, todas las demás quedan en el aire, pues que por tal negación se trae á la vida política y social un elemento suprahumano y una autoridad á que nadie, lógica y racionalmente, puede poner límites; ni persona alguna puede representar, si no es por efecto de una designación misteriosa, privilegiada, verdaderamente divina. Es decir, todo lo contrario de fuerza: las presentaciones de Obispos, el exequatur, la abolición de las inmunidades eclesiásticas, la desaparición del Tribunal del Santo Oficio, el apoyo dado á los Concilios nacionales, los Concordatos, etc., etc. Es un período de agresión por parte del Poder Civil.

Pero como esta campaña no puede hacerse sino en nombre de un interés general y de un derecho puramente humano, por el desprestigio del poder supranatural de la Iglesia en la vida común y política y por la fuerza adquirida en estos últimos doscientos años por todos los demás elementos de la sociedad moderna, resulta que ya también es imposible el absolutismo de la Monarquía y que la Iglesia misma, constreñida, batida y
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reducida á las modestas condiciones de uno de tantos altos intereses del orden social, puede invocar, y necesariamente ha de obtener, las propias garantías é idénticas libertades que todas las instituciones análogas.

Quizá todavía no ha llegado la hora feliz de esta plena libertad para la Iglesia. La Democracia, que no hace veinte años se mostraba intratable en este punto, parece como que últimamente ha retrocedido y que no cree oportuno aceptar por completo la solución norte-americana de la separación de la Iglesia y el Estado, prefiriendo, en cambio—en los países católicos—el régimen del Concordato, porque entiende que no ha concluido el periodo de lucha. ¡Calcúlese, por esto, si podría estimarse concluso en 1812!!

No hay, pues, que extrañar, bajo este punto de vista, que los legisladores de Cádiz mantuvieran el sentido de los Reyes filósofos en consideración á un interés puramente político, así como que se mostrasen preocupados de lo que supone la vida civil de los pueblos y el dogma de la Soberanía Nacional.

En otros términos, apenas se comprende cómo en el rigor de la doctrina, luégo de afirmada la unidad religiosa en los términos absolutos de la Constitución de 1812, puede prescindirse de la teoría de los dos luminares ó de las dos espadas, de Inocencio III y, en general, del sentido de los gobiernos teocráticos de la Edad Media, de la Roma pontifical ó de las misiones del Paraguay. Pero, como esto es absurdo, se ha producido un doble y sucesivo fenómeno en la historia moderna.

Primero, el poder civil, comprometiéndose en numerosas contradicciones, ha hecho de la Religión un mero instrumentum regni; y de este modo, sin chocar con la Iglesia, antes por el contrario, ensalzándola, ayudándola y casi declarándose su servidor, ha utilizado todos sus medios, dando á su acción un cierto carácter temporal y buscando, por la unidad de las conciencias, la dominación de las voluntades.

En todo este periodo (siglos xvi y xvii), el Poder civil apenas si ha podido hacer otra cosa que distinguirse: es decir, afirmar, con más ó menos vaguedades, su propia personalidad,
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saliendo de la tutela (real ó moral) de la Iglesia. En esto consiste uno de los mayores méritos de la Monarquía moderna, nacida en el siglo xv. Después el Poder civil se preocupa, no sólo de distinguir lo temporal y lo espiritual, sino de determinar el carácter puramente político de la acción de la Iglesia y de reducir á ésta á la condición de una fuerza auxiliar y de un elemento inferior en el juego de los intereses terrenales. De aquí que por las regalías de la Corona, recursos de un interés puramente moral, se pretendiera consagrar, con la unidad religiosa y por efecto de la ley, la unidad de las conciencias, que verdaderamente no se produce sino por la libre discusión y el desinteresado convencimiento. Aquí está el error de los doceañistas: el mantenimiento de esta irreconciliable oposición.

Error lamentable, tanto por lo que es en sí, cuanto porque sostenido por el prestigio de aquellos ejemplares varones, ha subsistido casi hasta nuestros tiempos, proporcionándonos vergüenzas tan singulares como el proceso y condenación de Matamoros en 1867 á cadena perpetua, por el delito, hoy apenas concebible, de propagar la doctrina evangélica. Europa entera protestó contra este atentado á lo más puro y santo de la civilización contemporánea, y pasamos par el bochorno de que los Gabinetes extranjeros se concertaran y trabajaran sobre el español, de idéntica suerte á como se conciertan y trabajan cerca de los Príncipes y Reyes bárbaros para recabar la libertad de los misioneros cristianos ó lograr la aceptación de algunos principios ó algunas prácticas ya indiscutibles en el mundo culto. Por estos medios, Matamoros trocó su cadena por el desierto perpetuo.

¡Y asombra que el ilustre Olózaga persistiera hasta última hora en su ciega adhesión á la intolerancia religiosa! Como se explica difícilmente que después de la Revolución de 1854, en plenas Cortes Constituyentes, donde por primera vez en España se discutió la Monarquía y se votó contra la dinastía de Borbón, fuera la cuestión batallona la llamada base 2.ª, ó sea el art. 14 de la Constitución nonnata de 1856, que después de establecer la obligación de la Nación española de mantener y
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proteger el culto y los ministros de la religión católica, «que es (dice el artículo) la que profesan los españoles,» establece que «ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones ó creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la religión.»

Sólo por la tradición de 1812 puede explicarse la parsimonia y hasta el temor del enérgico partido progresista, alma de la situación de 1854, en este particular. Bien es que la fórmula de la Constitución doceañista es más rigurosa que las utilizadas luégo en las diversas Cartas que rigieron á España antes de 1868. Así el Estatuto Real de Abril de 1834 prescinde de mencionar el punto, dando por vigentes todas las antiguas leyes sobre materia religiosa. La Constitución de 1837 se limita en su art. 11 á afirmar que «la Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles,» y la Constitución del 45 repite el concepto en esta otra forma: «La religión de la Nación española es la Católica Apostólica Romana. El Estado se obliga á mantener el culto y sus ministros.»

En el proyecto de Constitución de Bravo Murillo (1.º de Diciembre de 1852) se acentúa el exclusivismo, y por caso raro, volviendo sobre los preceptos de 1812. El título primero de aquel precepto se dedica á la Religión, y sus dos artículos dicen así:

«Artículo 1.º La religión de la Nación española es exclusivamente la Católica Apostólica Romana.

»Art. 2.º Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fijarán por la Corona y el Sumo Pontífice, en virtud de Concordatos, que tendrán carácter y fuerza de ley.»

Pero este proyecto no fué ley, como no lo fué el de las Constituyentes del 55, y con la Constitución de los moderados del 45 se llegó á la Revolución del 68. Aquel gran movimiento nacional nos rescató, sacándonos de la barra en que nos tenían colocados nuestros inverterados errores y la reprobación de las naciones civilizadas. Por el art. 21, «la Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la Religión Católica. El ejer-
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cicio público ó privado de cualquiera otro culto queda garantizado á todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la Católica, es aplicable á los mismos todo lo dispuesto anteriormente.

Este artículo sancionó, con una circunspección exquisita y con un evidente espíritu de concesión y armonía, aquel término propio de nuestra época, sin el cual estarían muy en litigio las conquistas de los últimos treinta años de crítica científica, movimiento religioso y trato comercial; por cuanto consagrando en principio, no tan sólo la mera libertad de conciencia, si que la libertad de sus manifestaciones por medio de la prensa y del culto, transige por diversos motivos con intereses é instituciones cuya conservación no hiere de un modo directo é incondicional el derecho de los no creyentes.

Hoy se conocen cuatro modelos en Europa. La Constitución belga de 1831 sanciona explícitamente la completa separación de la Iglesia y del Estado (art. 16), así como la libertad de cultos y de su ejercicio público. En Suiza (por el art. 49 de la Constitución de 1874) rigen estos mismos principios, desenvueltos con gran claridad y detalle, por lo mismo que en aquel país, y al amparo de la legislación cantonal, la libertad religiosa fué objeto de grandes debates y batallas, aun dentro del siglo XIX.

A esta doctrina radical se ha adherido el Gobierno inglés al decretar, en 1871, la abolición de la Iglesia oficial (anglicana) y privilegiada en Irlanda, y en ella parece inspirarse la Constitución de Prusia de 1850, que establece (artículos 12, 15, 16 y 18) la libertad de creencia y la práctica de todos los cultos, lo mismo que el derecho de las sociedades religiosas á gobernarse por sí, salvo el del Estado de hacerlas cumplir la ley común en materia de imprenta, propiedad, etc., advirtiendo que «la Religión cristiana será considerada como la fundamental del Estado en los puntos relacionados con las instituciones políticas, sin perjuicio de la libertad religiosa.» (Art. 14).
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En Francia, por el contrario, el Estado sostiene por medio de su presupuesto y con ciertos derechos á intervenir en su organización y disciplina, nada menos que tres religiones: la Católica, que según el Concordato de 1801 (que con la ley de 8 de Abril de 1802 es lo vigente), es «la Religión de la gran mayoría de los franceses; la protestante (luterana y calvinista), conforme á la ley de 2 de Abril de 1802 y al decreto de 26 de Marzo de 1852; y la israelita, conforme á los decretos de Marzo y Diciembre de 1808, Mayo de 1844 y Agosto de 1862. Pero al lado de los cultos reconocidos (así se llaman los subvencionados é intervenidos por el Estado) existen los no reconocidos, al amparo de la libertad de cultos, consagrada explícitamente por la Declaración de Derechos de 1789 y la Constitución de 1852, y las reuniones de fieles son asimiladas á las reuniones políticas, necesitando de autorización previa de la autoridad. Así hay en Francia 7.000 anabaptistas.

En Austria, por la ley de 1867 (que rompió el Concordato de 1855), «el goce de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos es independiente de toda confesión religiosa,» y establece «la libertad de los ejercicios religiosos en edificios privados.»

En Inglaterra existe una Iglesia del Estado: la anglicana, sostenida y favorecida por el presupuesto y toda clase de honores, pero, en realidad, bajo la autoridad del Poder civil, conforme al juramento de supremacía de 1555, al comentario de 1559, y, sobre todo, al acta (del test) de 1673. Mas aparte de esto, existe la más completa y absoluta libertad de opiniones y de cultos, principalmente después de la emancipación de los judíos y de los católicos de 1829 y 1833.

En América, el sentido de la separación de la Iglesia y el Estado domina así en la Constitución de los Estados Unidos como en el Acta de Canadá; en el art 1.º de la adición de 1873 á la Constitución de México; en el 15 de la de Colombia de 1863; en el 9.º de la de Honduras de 1880, y en el 23 de la de Guatemala de 1879. Es religión del Estado la Católica, pero con libertad para los demás cultos, en Santo Domingo, la República
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Argentina y el Paraguay, desde 1870. Se tolera el culto privado, al mismo tiempo que existe la religión Católica oficial, en Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Salvador y el Brasil. Y domina la intolerancia en el Ecuador, y legalmente en Nicaragua y Uruguay, bien que negada por la práctica y la interpretación dada á la libertad de imprenta.

Hoy en España rigen el art. 11 de la Constitución de 1876 y los arts. 236 al 241 del Código penal de 1870 que, como hecho para aplicar y sostener la Constitución de 1869, contradice positivamente la Constitución vigente. Por esta contradicción en realidad vive la libertad religiosa en España, porque de esta suerte es posible discutir todos los dogmas y resistir cualquiera imposición de culto ó demostración opuesta á las creencias religiosas del atropellado. Por la Constitución (1876) la Nación se obliga á mantener el culto y los ministros de la religión Católica; «nadie será molestado por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, pero no se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.»

Es ocioso insistir, así en la incompatibilidad de esta fórmula con el estado general de las conciencias y la extensión de las relaciones mercantiles y sociales en el mundo contemporáneo, que celebra como triunfos indisentibles tanto los tratados de Paris de 1856, que consagraron la libertad de conciencia en el Oriente europeo, y el tratado de paz de Francia ó Inglaterra con China en 1880, que deroga todas las penalidades e incapacidades que ofendían á los cristianos en el Celeste Imperio, asegurando la protección especial de las autoridades divinas á los misioneros cristianos, como los tratados de 1859 del Japón con Inglaterra, Francia y los Estados Unidos para consagrar con la apertura del convenio japonés á los europeos y americanos la libertad de cultos de éstos en los puertos del Imperio: libertad luego desenvuelta ampliamente en 1873 por las influencias francesa y alemana.

Tampoco es oportuno volver sobre los incalculables males que la intolerancia religiosa (sólo superada en Portugal) ha
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producido á España, principiando por la rota del Guadalete y la rápida invasión y dominación de la Península por los árabes, apoyados por los judíos españoles oprimidos y atropellados, hasta concluir con la ruina completa de nuestra industria y nuestro comercio interior por la brutal expulsión de los moriscos de Granada y los judíos del Centro y Oeste de España.

Ni, en fin, para el efecto particular de estas observaciones interesa demostrar cómo esa misma intolerancia religiosa ha producido el escepticismo y la inmoralidad más profunda en la masa del país de estos últimos doscientos años, entregado á los abusos políticos del clero, á la rutina de la Iglesia y á la propaganda irreflexiva y desordenada de los enemigos del Catolicismo, falta del contrapeso del celo de las asociaciones religiosas y de la emulación de las escuelas y las iglesias distintas, que en su fecunda lucha han mantenido en otros países el interés del mundo moral.

Pero lo que si procede, y mayormente por la severidad con que se ha hecho constar el grave pecado de los doceañistas al consagrar la intolerancia religiosa y la Iglesia oficial, es registrar también la ventaja que para el progreso político de nuestro país ha traído, por otro concepto, aquella excesiva devoción religiosa de los padres y fundadores de nuestro partido progresista, relacionada con su voluntad decidida de reducir la acción política de la Iglesia, sometiéndola, á veces con extremado rigor, al Poder civil. Quizá á esta misma contradicción se deba la separación cada día más acentuada en los partidos liberales, y en gran parte del país, de la opinión política y de la opinión religiosa. Los progresistas han sido por mucho tiempo objeto de críticas y burlas, so pretexto de que perseguían al clero al mismo tiempo que concurrían á las procesiones é iban á misa.

Aparte todas las irregularidades de la conducta puramente individual, y dejando á un lado las exageraciones propias de nuestro temperamento y del actual larguísimo periodo revolucionario de España, sería imposible negar, primeramente, que el más acentuado progreso de las ideas y las costumbres de