Revista de España (1886-09-01 00:00:00), página 364

geraciones y escándalos como los de la República romana de 1848, que no pudieron ser tolerados sin abrir la puerta á mayores males.

Bajo la protección de esta garantía, fundada en la justicia y en las reconocidas máximas del derecho de gentes, el pueblo que una vez adquiriese garantías constitucionales y medios legales suficientes para que su voz sea escuchada y que sus quejas encuentren eco en la opinión, vería abierto delante de sí un horizonte asegurado de mejoras, de progreso interior, de paz duradera. Adquiriría la garantía del bien que posee y podrá contentarse con menos, en la confianza de ir infaliblemente adelantando hacia un bien que nadie podrá ni arrebatarle ni aun disputarle.

(2) Este principio encierra la esencia de toda una doctrina que procurará reasumir en esta nota, á fin de no hacer confusa la exposición de las bases fundamentales de la alianza permanente de los pueblos regidos por instituciones representativas,» que arriba dejó citadas.

Una combinación tan poderosa como la alianza formada bajo los auspicios de las dos primeras naciones del Occidente, y á la que estarían destinados á reunirse los pueblos más cultos y civilizados de Europa, no puede fundarse sin fe, ni dudando ella de sí misma.

Semejante alianza no tendría, es verdad, por objeto la agresión, ni la conquista, ni la propaganda. Lejos de perturbar la felicidad de que crean gozar los pueblos que viven bajo Gobiernos absolutos, la alianza constitucional los dejaría vivir en quietud y en reposo, y únicamente se cuidaría de ellos cultivando, como con las demás naciones, relaciones de comercio, y mirándolas como un objeto de curiosidad. Pero si á pesar de que la alianza se abstuviera de llevar la propaganda de sus principios á ningún país, así como de no excitar á los pueblos á la rebelión, en éstos, por impulso propio, sin provocación de nadie y por la fuerza de las cosas sobrevinieran insurrecciones en cualquiera de los Estados de Europa extraños á la alianza, ésta, que respetaría el derecho de los Gobiernos á comprender las revoluciones que en ellas estallasen, se cruzaría de brazos ante la lucha que sostuvieran aquellos Gobiernos con sus propios súbditos, no por ello deberían los aliados consentir que «otra nación extranjera» interviniese, ya en un sentido, ya en otro, en los asuntos interiores del país conmovido. Si lo intentasen los aliados en masa, harían del asunto un casus belli.

De esta manera los Gobiernos absolutos mirarían lo que se hacen, y no apreturían la cuerda de la opresión en términos de hacer saltar á sus súbditos, porque sabrían de antemano que, si el movimiento era tan popular que no podían contenerlo, sus Gobiernos no podrían apelar á las simpatías de otro Gobierno extranjero sin incurrir en el inconveniente mayor de encender la guerra general.

Con esta jurisprudencia, la posición de los Gobiernos antipopulares y opresivos, no podría ser tolerable ni llevadera, y el absolutismo sólo continuaria siendo posible allí donde las costumbres lo hagan admisible y apropiado.

Sin propaganda ni presión externa, los Gobiernos que aún resisten á la voz de las necesidades del siglo, como el de Nápoles, se verían obligados á consentir, por su propio interés, en aquellas reformas que bastasen á atraerles simpatías bastantes para en-