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comprado en el año 1866 por el Cónsul de Francia en Panamá, con aprobación del Gobierno español, para trasportar víveres y efectos á la escuadra del Pacífico.

Y se decretaba que este crédito se cubriese provisionalmente con la Deuda flotante. Por medio del pago de esta clase de Deuda, se acordaron en poco tiempo los pagos siguientes:

Pesetas 800.000.—Haberes del personal de los distintos cuerpos de la Armada que prestaban servicios por efecto de la guerra el 25 de Mayo de 1875.

Pesetas 700.000.—Adquisición de cartas, pertrechos, víveres, carbones, medicinas y otros gastos producidos por la guerra en la fecha que está acabada de expresar.

Sin embargo de que, al redactarse los Presupuestos generales del Estado para el año económico de 1875, que fueron aprobados por decreto de 26 de Junio del año 1874, se comprendieron en el extraordinario del Ministerio de Marina los mayores gastos que ocasionaba en aquella época la guerra civil.

En el mismo mes de Mayo del año 1875 fueron concedidos tres suplementos de crédito para personal del Consejo Supremo de la Armada, para arsenales y para gastos diversos, que importaban en totalidad 370.000 pesetas, cuyos créditos explicaba así el Poder Ejecutivo:

Que con el objeto de conocer la situación de los créditos del presupuesto ordinario de gastos del Ministerio de Marina para el corriente año económico, el referido departamento practicó una liquidación de las obligaciones devengadas hasta la terminación del periodo natural del presupuesto.

Resultado de la liquidación fué que casi todos los créditos eran necesarios en su totalidad, para los servicios á que fueron asignados, y que existía un déficit en los concedidos con aplicación á determinados capítulos, que ocasionaron los tres suplementos enumerados antes.

En Marzo del mismo año 1875 decretó también el Ministerio de Hacienda que 6.250.000 pesetas que el Consejo de Gobierno y Administración, del fondo de Redención y enganches del servicio militar, que anticipó al Tesoro en virtud de
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la ley de 3 de Agosto, 1866, así como los intereses devengados desde la fecha del ingreso hasta que se realizase el pago, quese-ría reintegrado el capital con los recursos de la Deuda flotante, y los intereses con cargo al capítulo V, artículo I.ª sección 3.ª del presupuesto vigente de Obligaciones generales del Estado, intereses de la Deuda flotante del Tesoro y de los Bonos de nueva creación.

Textuales palabras, sí, que ponen de manifiesto la existencia penosa que arrastraba la vida de nuestra Hacienda nacional. Porque, así como en las industrias que el Estado monopoliza, ante los municipios, ante el extranjero, resulta la Hacienda pública atravesando un periodo de desorden, de igual manera, tratándose de atender obligaciones que no estaban prescritas en el presupuesto (lo que será siempre lamentable), se dispone satisfacer esas imprevisiones con recursos que se arbitrasen por medio de la Deuda flotante, desnaturalizando ésta, que no deberá ser nunca lo que se ha querido que fuera en España, que es en realidad ocasión de satisfacer la usura sus apetitos, y, sobre todo, medio poderoso de alejar el capital de las industrias nacionales.

Así que, sólo en los casos que acabamos de consignar, resulta que fueron adquiridos por medio de la Deuda flotante

    Pesetas
    para atenciones del año 1866,

    800.000 para el personal de la Armada,

    700.000 para atenciones de material,

    370.000 en su mayor parte para el Consejo Supremo de la Armada;

Pesetas 2.470.000 en suma, que venían á aumentar la considerable cantidad que estaba representada por la Deuda flotante.

El Ministerio de Hacienda, que resulta siendo como el centro de aquellos despilfarros que están condenados anteriormente por él, autorizó el 10 de Abril de 1875 un crédito de pesetas 566.000, que estaba representado en presupuestos por pesetas 10.000.
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tianos vasallos de moros, que no pocos buscaron mejoría de suerte en la mudanza de religión, aunque, como la mudanza era más debida al cálculo que al convencimiento, muchos tornaseu después á sus primitivas creencias: trastornos que castigaban con rigor, lo mismo los gobernantes inspirados en el Koran que los inspirados en el Evangelio. De aquí el triste fenómeno de que la división de razas, que ante el común peligro disminuía entre los indómitos restauradores de Asturias y Sobrarbe, aumentara entre los débiles muzárabes de los Estados agarenos. A la antigua discordia que devoraba á godos y romanos, unióse ahora el continuo apostatar de siervos que de aquel modo recobraban su libertad, de ingénuos que de aquel modo recobraban su hacienda, y de unos y otros que, arrastrados por el amor ó el interés, se enlazaban á mujeres infieles, ya por matrimonios, ya por concubinatos; de donde resultó la población denominada afrentosamente «muladi» ó «mestiza.»

La fusión de árabes y muzárabes fué uno de los pensamientos de los califas de Córdoba. Abderrahmán I (756-788) la intentó por la dulzura, otorgando á los cristianos, mediante el pago de ciertos tributos anuales, seguridad para sus personas y bienes y tolerancia para sus leyes y magistrados. Hixem I (788-796) la intentó por el rigor, prohibiendo á dichos cristianos el uso del latín y hasta obligándoles á que enviaran sus hijos á las escuelas musulmanas. Pero ninguna de ambas políticas logró el fin apetecido. La corrupción del latín preparó el nacimiento de nuestro romance, y la perfidia de los apóstatas acrecentó la gloria del numeroso cortejo de fieles que, como Adulfo y Juan, ensalzados por el abad Spera in Deo, ó como Nunila y Alodia, ensalzadas por el arzobispo San Eulogio, sellaron con su sangre la verdad evangélica desde Andalucía á la Rioja.

La persecución fué subiendo de punto. Á las violencias del ilustrado Abderrahmán II siguieron las del bárbaro Mahomed I. Oficialmente cayeron por tierra las iglesias levantadas desde la época visigoda; las más sencillas manifestaciones de nuestra
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¿Y para qué? Veamos, para saberlo, cómo empieza la exposición que precede al Real decreto: «Motivos de orden público y social—dice—obligarian sin duda á las administraciones que rigieron los destinos del país inmediatamente después del 3 de Enero de 1874, á tomar disposiciones en cuya virtud fué relegado á las Islas Filipinas considerable número de personas.

Estas fueron 1.316, que quedaron embarcadas en los meses de Mayo, Octubre y Noviembre de 1874.

El gasto del trasporte se dispuso que fuese pagado, haciendo uso el Ministro de la facultades que conceden al Gobierno el artículo 41 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870 y el 14 de los Presupuestos de 28 de Febrero de 1873, con cargo del gasto á la sección sexta del Presupuesto vigente de obligaciones de los departamentos ministeriales, y con aplicación á un artículo adicional del capítulo XIV, con el título de Gastos de conducción de deportados á Filipinas. Y otro crédito de 188.000 pesetas imputable al capítulo XX, artículo único, Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo. Y ambos créditos reunidos, que importan 750.000 pesetas en números redondos, se cubrirán provisionalmente con la Duda flotante del Tesoro.

Véase cómo con tanta ley, tanto presupuesto y tanto trámite, vienen á engranar y apoyarse la Hacienda de la Revolución y la de la Restauración.

Pudiera ser que con lo expuesto quedara demostrada a priori nuestra afirmación; porque ¡quien lo creyera! Aquella ley de Contabilidad que se hiciese para extirpar despilfarros desde el advenimiento al Trono de un Príncipe de Saboya; aquella ley de Presupuestos que fue hecha al advenimiento de la República, esas leyes de contabilidad y de presupuestos sirvieron para legalizar el trasporte á las islas Filipinas de un número de españoles cuando se anunciaba el advenimiento al trono español del descendiente de la última Reina destronada. Y aun cuando costaba tanto el trasporte de los 1.316 desterrados, puede creerse bien que no figurarían entre ellos los directores de trastornos; que jefes de partido hacen de este patrimonio la
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riqueza pública, por medio de mandatos dictatoriales. Tal es la historia de nuestra patria, por culpas de todos.

A la patria ofrecen los partidos políticos reformas, economías, medios de engrandecerse cada ciudadano, para que se pueda con la grandeza individual crear una nacional que, si no supere, al menos llegue á ser tan poderosa como las de las otras naciones europeas. Con ese programa fué dado el grito de reparación en el año 1868; con el mismo programa fueron dadas las promesas de libertad en el año 1873, las de orden en el año de 1874, y la de justicia en el año 1875.

Todo ello ilusiones, que fueron pronto convertidas en tristes realidades; pues si de la cuestión de los deportados políticos pasamos á considerar lo que fué en la Restauración el uso que se hizo del crédito público; si de los detalles de partidas que son relativamente pequeñas, con relación á un presupuesto importante, pasamos á considerar otras cantidades mayores, nos encontramos con lo siguiente:—El dia 24 de Enero de 1876, decía la Contaduría general de la Deuda pública á la nación española, por medio de la Gaceta.

Emisión por creaciones y conversiones.—Mes de Octubre de 1875.

    Pesetas.

    Creaciones
    38.000.000

    Id. en virtud del Real decreto de 14 de Agosto último á la Dirección general del Tesoro
    1.125.000.000

    Conversiones
    13.000.000

    Capitalizaciones
    17.000.000

    Renovaciones
    42.000.000

    Remesas
    »

    1.235.000.000

Parecía natural que al publicar este estado, que damos sólo en resumen, de los valores ingresados en la Tesorería de la Dirección general, correspondiente sólo al mes citado, parecía natural, decimos, que la Deuda flotante fuese disminuyendo, no obstante algunos aumentos, de los que acabamos de citar
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unos pocos; pero no sucedía nada de esto, y para ello tenemos diferentes razones que alegar, que consigna la Administración pública.

Según esta, daba autorización para la creación de los 1.235.000.000 millones de pesetas la ley. Sin embargo, no perdamos de vista que estaba por encima del imperio de ley la necesidad imperiosa de los tiempos. Por esto, el Poder Ejecutivo decía á las Cortes el 22 de Abril de 1876: «Aunque la paz felizmente alcanzada en la Península, poniendo término á los desastres de la guerra y evitando la completa ruina del país, veuga á descargar para lo sucesivo de enormes y apremiantes obligaciones al Tesoro, no por esto la situación económica ha dejado de ser penosa y el más árduo y trascendental de los problemas que deben resolver los poderes públicos.»

El más árduo y trascendental de los problemas reconoce (la Administración pública) que es resolver sobre la situación de la Hacienda nacional; pues como se resuelve, es midiendo con un mismo rasero á todos los partidos políticos. Por de pronto, convengamos ¡triste verdad! en que ellos gastan con rapidez la reputación de nuestros hombres públicos que están dedicados á resolver en asuntos económicos, rentísticos y financieros. Después veamos el cuadro que presenta España con su presupuesto y su Deuda pública en aumento; su administración dentro y fuera de España mirada con desconfianza, y la cotización de su crédito á bajo precio, sobre todo desde la depreciación que sufrieron los valores públicos españoles en el año 1883; á los diez años, que nos quedamos sin marina y sin ejército, y que, no nos hagamos ilusiones, no hemos vuelto á tenerlo aún, como no tenemos Hacienda, si nos comparamos con las otras naciones, á cuyo nivel nos obliga á procurar colocarnos nuestra historia y nuestra conveniencia actual.

Pero era imposible conseguirlo, y sigue siéndolo.

Así que decía el Ministerio de Hacienda á las Cortes en el año 1876: «Las extraordinarias circunstancias del período transcurrido desde que el 20 de Setiembre de 1873 suspendieron las Cortes sus tareas hasta el 25 de Abril de 1876, que éstas fueron
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reanudadas por los Cuerpos Colegisladores, aquéllas han sido causa de que los diversos gobiernos en ese tiempo se hayan visto obligados á expedir y promulgar por sí solos muchas disposiciones que por su índole deberían en épocas normales emanar de la autoridad del Poder legislativo.»

Sabido es lo que hace éste cuando se trata de presupuestos.

Sin embargo de que el Ministerio de Hacienda decía en el año 1876 á aquel poder que ninguna nación ha sufrido en la época moderna una crisis rentística igual á la que la desgracia ha reservado para la nuestra. Y decía más, porque la que Inglaterra experimentó en 1840, y cuya solución hizo la celebridad de un Ministro, sólo consistió en el déficit de 4 millones de libras sobre un presupuesto de más de 40 millones de libras de ingresos, es decir, en un 10 por 100 de descubierto. Allí ni la propiedad territorial, ni la industrial, ni la del comercio estaban gravadas con imposiciones directas á favor del Estado, y bastó restablecer un impuesto abolido para que un pueblo tan rico como la Gran Bretaña extinguiese desde luego aquel déficit, que era relativamente insignificante.

Francia, después de sus infortunios á causa de la guerra con Alemania, sin destruir su grande y anterior prosperidad, se ha encontrado con un déficit, que venía á ser la sexta parte del importe de su presupuesto de ingresos; y, con ampliar sus antiguos impuestos y establecer algunos nuevos, ha podido al cabo de algunos años establecer el equilibrio de sus presupuestos, aunque quizá no de un modo completamente sólido.

Italia, ante un déficit de mayor importancia que los de aquellas naciones, pero inferior al que á nosotros nos agobia, ha necesitado ir desarrollando de año en año (pero sin miramientos ni consideraciones de ninguna clase) sus recursos, y después de mucho tiempo parece acercarse á la nivelación de los ingresos con los gastos.

Como hemos dicho, las palabras que acabamos de reproducir son casi textuales. Ellas pintan de mano maestra la diferencia de situación en que estamos respecto de otras naciones
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que pudiéramos tomar como maestras, porque ocupan primeros puestos en el concierto europeo.

Italia, Francia, Inglaterra, tienen organización administrativa, y de ella cuidan todos los partidos; aquellas administraciones, con todos sus defectos, no llegan jamás á ser tales que sean un obstáculo invencible al desarrollo de la riqueza pública. Porque Inglaterra, en el año 1840, Francia en 1870, Italia en 1880, tuvieron siempre hombres de Estado que antepusieron el engrandecimiento de la patria á las conveniencias del partidario, porque sabían también que el país no había de consentirles que lo convirtiesen en instrumento de sus ambiciones personales, egoismos de caciquismo y deseos de monopolio de un partido.

Pero, ¿y en España? En España, como decía el Ministerio de Hacienda, ¿cómo se ha de pretender que España, en incesantes guerras exteriores e interiores durante un siglo, al siguiente día de terminar en la Península la última, teniendo pendiente otra en Ultramar, al frente un déficit que excede de la mitad de sus recursos hoy creados, pueda de golpe y por arte milagroso presentarse ante propios y extraños solvente de sus obligaciones?

Esto decía á la Representación Nacional el Poder Ejecutivo en el mes de Abril de 1876.

Mas no será por carecer de presupuestos en progresión ascendente:

Pues en pocos años ha sido la siguiente:

    AÑOS
    RESULTADOS

    Ingresos.
    Gastos.
    Proyectados.
    Definitivos.

    1869....
    448
    679
    231
    153 déficit.

    1874....
    708
    627
    81
    38 »

    1878....
    664
    654
    10
    12 »

    1885....
    850
    856
    6
    »

Resulta duplicada la tributación en diez y seis años. Si á
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esto añadimos que por las emisiones de Deuda pública, hechas de 1850 á 1875, ha sido preciso el arreglo de 1881 con los acreedores, no será necesario esforzarse mucho para convencer de que el contribuyente español y el laborioso ciudadano están siendo víctimas de una administración por cuyo medio explotan al país los partidos políticos.

En honor de la verdad, y cumpliendo con el fin propuesto, hemos de consignar que nuestra Administración pública sigue derroteros tan peligrosos como los de aquellos años que están llamando ahora nuestra atención.

Porque celebra ahora subastas la Administración pública para la adquisición de plata con que acuñar moneda, con lo cual puede ganar, por lo menos, 50 pesetas en kilo el Estado; y, por conseguir esto, expone al país á una alteración muy sensible en los cambios extranjeros, á una crisis monetaria de consecuencias desastrosas y á una depreciación en la plata como mercancía, que es incalculable.

Por otra parte, para el cumplimiento del amillaramiento, quien no pudo cumplirlo primero fué el Ministerio de Hacienda, que marcando un plazo breve para extender las cédulas, y estando él encargado de su impresión, tardó dos años á tenerlas y repartirlas.

Se publica en Octubre del año 1885 el reglamento provisional para la ejecución de la ley de 18 de Junio anterior en la parte respectiva á la rectificación de los amillaramientos, y en el artículo primero se dice que el servicio relativo á la rectificación de los amillaramientos, mandado llevar á efecto por las leyes de presupuestos de 1.º de Julio 1869, 8 de Junio 1870 y de 26 de Diciembre de 1872, por Decreto de 9 de Marzo de 1874 y por la ley de 18 de Junio 1885, continúa centralizado en la Dirección general de Contribuciones, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda.

Con estas citas queda demostrada la deficiencia administrativa; pero queremos dejarlo más probado aún, citando, entre otros ejemplos que pudieran presentarse, el de la provincia de Salamanca, donde en el año 1856, cuando existían ya los que
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se llaman trabajos de amillaramiento, los pueblos tributaban en esta proporción:

26 á 12 por 100
48 » 11 »
153 » 10 »
74 » 9 »
46 » 8 »
43 » 7 »
20 » 6 »
14 » 5 »
5 » 4 »
1 » 3 »

Mas sigue hoy el desorden; algunos contribuyentes pagan más de 30 por 100, y algunos pudieran justificar, con sus reclamaciones, que se tributa más de 50 por 100.

Tal es el efecto de la desorganización administrativa.

Si á esto, que pudiéramos llamar una verdadera perturbación social en el orden económico—dándose el caso en el año 1856 de haber contribuyente gravado con 3 por 100 de su riqueza imponible, y á existir en el año 1885 contribuyente sin poder evitar el pago de 50 por 100 de su renta—se añade que sufren como víctimas algunos contribuyentes el pago de una contribución territorial que les obliga á pagar un municipio, el que á su vez se apodera de la renta que es objeto del 50 por 100 de tributación, contra lo que repetidos Gobernadores de la provincia ordenan, para que aquella renta sea entregada al fin, se expide el libramiento de pago; por último, el Depositario municipal no quiere pagar, y el municipio cantonal, por medio de un recurso de alzada, encuentra el medio de dilatar un pago justísimo; el expediente se eleva al Gobierno de la provincia; en ésta tarda mucho tiempo en tramitarse, hasta que, pasados días, llega uno que el expediente sale para el Ministerio de la Gobernación, donde queda estancado algunos meses, mientras el caciquismo consigue su objeto, gracias á la corrupción general, á la impunidad del delincuente y á la deficiencia de la ley.

¿No puede llamarse, si esto sucede, entonces, la Administración pública una verdadera calamidad nacional? ¿No puede llárnársela así al saber que un Director de Propiedades y derechos
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del Estado deja sin despachar, al cesar en su destino, sobre las mesas de su despacho, centenares de expedientes, y quedan además por los Negociados de aquella Dirección tramitándose expedientes á millares?

¿Qué más inquisición, qué más plagas de Faraón que los partidos políticos sosteniendo esa vida oficial viciosa que todo lo corrompe, que empezando su deletérea influencia desde el municipio rural, llega á los Ministerios y sube hasta el recinto llamado augusta del Poder legislativo?

Podrá ser que haya quien crea ver en los detalles que voy enumerando, detalles sin mérito para mencionarse, para servir de prueba en una argumentación. Pues, á no dudarlo, con esos detalles tropezamos, impidiendo poder presentarnos dignamente en el paso del Mar Rojo, en la costa occidental de África, en los mares de Filipinas, en el mar Mediterráneo, donde si podemos exponer el pecho de nuestros marinos, no será posible hacerlo con barcos de último sistema, en bastante número, ni con ninguna condición ventajosa de combate, cuando lo exijan los acontecimientos. Y si de esto pasamos á considerar la cotización de nuestros valores en las Bolsas extranjeras, vemos que

el Consolidado inglés vale 100 \( \frac{7}{10} \) cuando vale únicamente el 4 por 100 francés vale 108,35| 59,20 por 100 el 4 por 100 Perpétuo español el 27 de Marzo de 1886.

Vemos también que surgen temores de una guerra entre dos colosos: el coloso de Occidente, que dispone de más recursos financieros que ninguna otra nación de Europa, su Consolidado desciende de 97 \( \frac{7}{10} \) á 94 \( \frac{11}{10} \) por 100, y el 4 por 100 Perpétuo exterior español de 60,65 á 58,60 por 100.

Nacen temores de una guerra entre el Águila victoriosa de Sedán y el León humillado en Yap: los valores ingleses y franceses no sufren depreciación; pero los españoles, casi en horas, descienden de 59,15 á 56,50 por 100. El Consolidado inglés permaneció firme á 100.

Mas pudiera preguntarse: ¿qué tiene esto que ver con la
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buena ó mala administración, con la conducta que siguen los partidos políticos españoles?

Pero esta pregunta puede contestarse con ésta: ¿Qué otras causas existen para que España esté mirada desdeñosamente por Europa?

Porque nuestra patria está en prosperidad, la cultura en desarrollo y su comercio extendiéndose. Sin embargo, no está considerada por las otras naciones.

También en Grecia y en Roma, cuando la usura trastornaba y aniquilaba las ciudades griegas, y en la segunda afligían guerras interiores entre patricios y plebeyos, no se veía que la causa de la guerra era la usura, que la usura nacía y se alimentaba por aquellas eminencias de la sabiduría, y porque lo eran más de las malas pasiones. Tácito aseguraba que la usura era un vicio muy arraigado entre los romanos, y la causa más general de sus discordias y de sus sediciones.

Y esto que ha dicho Tácito de Roma, lo mismo lo dice Laurent de Atenas y de Esparta; lo mismo dicen también en España los primeros Ministros de Hacienda á este país: que cuestan muy caros los motines, las insubordinaciones y las recompensas que ambas calamidades merecen de todos los gobiernos.

¡Oh!, sí, nuestros partidos políticos han tenido la desgracia de no saber ó de no querer variar más que en la forma los vicios que son atribuidos á los Felipes, á los Carlos y á los Fernandos, porque si éstos nos llevaron á la hecatombe de Trafalgar, aquéllos nos han llevado, desde la vergüenza de Cartagena en el año 1873, á las humillaciones de Marruecos, donde no ha dejado de haber una nación de las que tienen en aquellos territorios ambiciones, que detenga el engrandecimiento de la nuestra, con ser la que está con más antiguos y mejores títulos para influir en aquel país.

Con esto queremos decir que, si pequeños éramos al empezar el siglo xix ante las primeras potencias de Europa, tanto somos al aproximarse su terminación; y eso que si en el año 1845 teníamos un presupuesto de 307 millones de pesetas,