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mos supuestos, y se compone, por tanto, de las principales de las escuelas notadas.

Phillips (1), Lammenais, Ahrens (2), Giner y Calderón (3) asientan como relaciones posibles la subordinación en sus dos formas y la igualdad. J. Simón (4) considera no más que tres sistemas: el de la unión ó de las relaciones; el de la separación y el de las concesiones recíprocas ó de los Concordatos; y el Sr. de la Fuente (5), bajo las denominaciones de cesarismo y hierocracia comprende la absorción de la Iglesia por el Estado y la de éste en aquella, añadiendo el régimen de alianza entre ambos (Concordatos) y el de independencia recíproca.

Bajo otro punto de vista, se ha solido considerar la clasificación, mirando á la situación en que la Iglesia puede hallarse en el régimen legal establecido por el Estado, viene diciéndose que ella puede estar perseguida, tolerada y protegida. Los estados, pues, de persecución, tolerancia y protección, cada uno con sus condiciones jurídicas especiales, son entonces materia de estudio, como hacen los tratadistas españoles, en cuyos libros ha aprendido las nociones del derecho eclesiástico la generación presente, los Sres. Aguirre y Golmayo, aquél en su obra de Disciplina, éste en la de Instituciones. El Sr. de la Fuente, examinando aquellas tres situaciones en que históricamente se ha encontrado la Iglesia católica, que cree la de protección (6) puede ser de diversos grados, por lo que añade un nuevo estado, el de la protección exclusiva. Montalembert, en su famoso Discurso pronunciado en el Congreso de Malinas de 1863, combinando los dos conceptos de libertad y esclavitud, aplicables tanto á la Iglesia como al Estado, fijaba las siguientes situaciones: 1.ª, Iglesia libre en país esclavo. 2.ª, Iglesia esclava en país

(1) Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux, tr. par Crouzet: segunda edición, Paris, 1865: par. 115 (vol. 2.º, p. 436).
(2) Curs. de Der. nat., 3.ª edict. españ., Madrid, 1877, pár. 131.
(3) Princip. de Der. nat., Madrid.
(4) Liberté de conscience.
(5) La pluralidad de cultos, Madrid, 1865, pág. 242.
(6) Obra citada.
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esclavo, 3.ª, Iglesia esclava en país libre; 4.ª, Iglesia libre en país libre.

El valor de este punto de vista para la clasificación nos parece limitado á la Iglesia católica, única comunió religiosa que se tiene en cuenta para un problema que teóricamente siempre, y en la historia las más de las veces, ha de afectar á las demás confesiones. En segundo lugar, si la cuestión interesa á todas, no menos afecta al Estado, desde cuyo lado hay que estudiarlo, si se ha de abarcar en su totalidad. Hablar, pues, de las situaciones de la Iglesia sin preocuparse de las del Estado, es, por tanto, posponer, cuando no omitía del todo, uno de los términos esenciales de la relación.

Tal es el cuadro de las doctrinas dominantes. Con su exclusivismo, y en ocasiones con la pasión en que se han tratado recíprocamente sus defensores, no han hecho infructuosa la discusión entre ellos. Mediante ésta, se han allegado materiales en abundancia, para en su vista poder trazar al mémos las líneas generales de una doctrina que, apartándose de las exageraciones en que han caído las anteriores, dé solución á las dificultades con que siempre habrá de tropezar el Estado cuando haya de llevar á la realidad los principios jurídicos que son su éxito y sus reglas.

Eduardo Soler
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LA HACIENDA NACIONAL

ANTES Y DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN

Administración.

La organización administrativa del país ha sido objeto de preferente atención en todas las naciones que han querido elevarse al rango de las de primer orden; porque sin buena organización, los tributos y los servicios públicos han de contribuir á su decadencia en vez de fomentar su engrandecimiento. Testigo es de esto España, que por carecer de buena administración ha visto constantemente en mala situación al Tesoro público, aumentar su Deuda pública y no poder atender exactamente el pago de sus intereses. Y como prueba de los males que causa una mala organización administrativa, y los daños que origina la mala situación del Tesoro público, haciéndose necesaria una Deuda pública cuyas obligaciones son de difícil cumplimiento, están poniéndolo de manifiesto los presupuestos y balances de España, que arrojan déficits y más déficits; un pasivo mayor que un activo. Pero lo singular del caso es que los males que sobrevienen de una deficiente organización administrativa está en la conciencia de los Ministros de Hacienda, y sin embargo, autorizan gastos que no entran en sus planes rentísticos y que la ciencia condena abiertamente.

Nada es más cierto.
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EXPULSION DE LOS MOROS

La inesperada rapidez con que los invasores del Atlas conquistaron nuestro territorio, menos por la indiferencia de la raza indígena, siempre esclava, que por la ayuda de la raza goda, siempre turbulenta, y de la raza judía, siempre ambiciosa, fué causa, unida á lo exígulo de las huestes de Tarick y á lo flaco del gobierno de los emires, de la relativa moderación de los musulmanes para con los cristianos. Por otra parte, la fortuna, que nos hace tan generosos cuanto la desgracia vengativos, excitó la altivez semita, y los sectarios del Koran tuvieron á menos emplear sus invencibles armas contra el puñado de ilusos acogidos al Norte de nuestra Península.

Mientras éstos pensaron, sobre todo, en reconquistar con la fiereza propia de la magnitud de su catástrofe, aquéllos pensaron, sobre todo, en atraer con la seducción propia de los adelantos de su cultura. Sólo cuando vieron nuestros rápidos triunfos, comprendieron lo difícil de la empresa. Y dispuestos, como nosotros, á guerra formidable, mútuamente arrasamos templos, saqueamos casas, degollamos combatientes y esclavizamos campesinos y artesanos con sus niños y mujeres, para su venta en la plaza con destino á las faenas más penosas. Tan insostenible llegó á ser la situación de «mudéjares» y «muzárabes,» de los moros vasallos de cristianos y de los cris-
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En el año 1868, en el año 1874 y en el año 1875, que aparecen distintos programas ó planes de Hacienda que tienen los distintos partidos que representan la política española, están demostradas las imprudencias que pueden cometerse en la vida económica de este país, que es llevado y traído entre planes halagüeños y promesas de grandes esperanzas, para tocar luégo amargos desengaños.

Habla la Revolución y condena á los hombres públicos de aquellos años que habían erigido en sistema fortalecer sus huestes con el cebo de los destinos públicos. Quiere encauzarse la Revolución, y se persigue energicamente al contribuyente por el temor de que hay ocultaciones de la riqueza imponible, y se conmina al pago de los débitos que existen á favor del Estado. Viene luégo la Restauración, con aspiración, desde sus primeros actos, de reparar las lesiones que habían producido las turbulencias de los últimos tiempos.

Revolución, ordenación y Restauración, las tres representaciones de la vida activa de la política, protestan unánimes en reconocer la necesidad de un plan de Hacienda que sea beneficioso al país.

Que esa necesidad es apremiante lo hemos de ver en el curso de este estudio, y ha de verse más en acontecimientos posteriores á medida que nos acerquemos á tiempos menos anormales, con lo que habrá que perder la esperanza de salvación, al menos en algunos años.

Porque si en el año 1868 la desorganización administrativa es reconocida y existe el propósito decidido de hacer que termine tal desorden, cuando se llega á la realización de las determinaciones tomadas, se oponen y triunfan los obstáculos tradicionales.

Y no puede concluirse con las huestes creadas por medio del cebo de los destinos públicos, ni tampoco con las influencias del caciquismo para mantener oculta riqueza imponible, ni tampoco con las turbulencias, que son causa de nuestra pobreza. ¿Qué otra cosa significa, si no, el aumento de Deuda pública, que el año 1850 importa 1.750 millones de pesetas, as-
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ciende ya el año 1868 á 5.250 millones, y sube el año 1873 á la enorme suma de 7.000 millones?

Si á esto añadimos la Deuda flotante, cuya suma es de una exorbitancia abrumadora, podremos asegurar que nos encontramos en un verdadero estado de pobreza.

Porque empobrece una mala administración.

Y es administrar mal sujetar á cambios frecuentes centros de la importancia de la Asesoría ó Cuerpo consultivo de letardos, como la Inspección general, como la Comisión de Hacienda en el extranjero.

Y tratándose de ésta, tanto más, cuanto que ha de ser la complicación mayor, teniendo que mantener relaciones internacionales con países que están bastante mejor administrados.

Efectivamente, el desorden de la administración pública nos ha causado, y nos causa tanto daño, que cuando parecen borradas las huellas de los trastornos y debieran ó pudieran estarlo, en un período de tranquilidad ó paz relativa, administrando el Ministerio de Hacienda la renta de tabacos, porque ha querido ser él quien explote exclusivamente esta industria contra toda noción de derecho, y, sobre todo, contra el espíritu que ha de informar la vida económica de nuestros días.

Pues bien; la Administración pública, una de sus fábricas de tabacos la tiene en Santander. El edificio que ocupa fué convento, que está medio destruido; la fabricación de tabacos se halla en la mitad de la nave de la iglesia. La Hacienda vendió los edificios anejos á la iglesia, y dispuso que en la misma se pusiera la fábrica; por consecuencia, no había almacenes ni sitios donde depositar ningún efecto, y hubo necesidad (que se está todavía sintiendo) de arrendar aquellos mismos edificios anejos. Casi todas las otras fábricas de tabacos, pudiendo citarse como ejemplo la de Madrid, no son establecimientos industriales, que son más bien hediondos albergues de donde hay que apartar, según aquella célebre frase, la vista con horror y el estómago con asco. Allí, por regla general, las maestras de labores explotan de una manera escandalosa á las po-
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bres operarias, mortificándolas y estableciendo una industria que no se halla comprendida en las tarifas de la Contribución industrial. Si se trata del surtido, la fábrica de San Sebastián está siéndolo casi en el nombre; costosa en sus gastos generales, inconveniente en su producción, tiene un depósito superior á las necesidades de sus facturas. El Ayuntamiento de San Sebastián quiso contribuir á la regularización de la industria tabaquera; pero la Hacienda ha preferido gastar unos cuantos millones en el establecimiento de otra fábrica en Málaga y desatender las ofertas de San Sebastián.

La nota descriptiva que fué leída el 18 de Abril de 1885 en el Senado, de la situación en fábricas de las existencias de tabacos en rama, en 1.º de Enero de dicho año, justifica una vez más el desorden de nuestra administración. La nota expresada revela como se explota la industria nacional de tabacos en las fábricas de Alicante, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gijón, Madrid, San Sebastián, Santander, Sevilla y Valencia.

Es verdad que sucedió siempre, sobre poco más ó menos, lo mismo. Dígalo, si no, la historia del estanco del tabaco, á contar de su supresión por las Cortes de 1813, y el Real decreto de su restablecimiento en 1814, la libertad de venta de tabacos de Cuba y Puerto Rico, que fué permitida en el año 1886, y el Real decreto, prohibiendo esa libertad, del año 1874.

Si de una industria explotada por el Estado pasamos á considerar lo que sucedió después que la ley de Presupuestos de 23 de Febrero de 1873 dispuso que, para atender á la construcción de carreteras, fuese la forma de pago parte de los gastos satisfechos en metálico, y parte en acciones de obras públicas, cuya emisión quedó autorizada por la misma ley. Por esta razón, las relaciones de créditos del presupuesto de 1872-73 y las relativas á 1873-74, toda vez que en éste se declararon vigentes unos créditos iguales á los de aquél, se redactaron señalando una cantidad total á los respectivos capítulos, bajando de ella la que habrá de abonarse en las expresadas acciones, y dejando el resto como obligación pagadera en metálico y computada entre los créditos inscritos en el presupuesto.
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Mas por efecto de las circunstancias en que se encontró el país no se emitieron las acciones; pero ejecutadas las obras, todos los pagos por cuenta de ellas se efectuaron en metálico, viéndose á resultar, no una extralimitación legal de facultades en la ordenación de los gastos, sino una variación en la forma de pago.

El resultado para la Nación es el mismo, habiendo atendido á estas obligaciones con los recursos de la Deuda flotante.

Cuanto precede está tomado casi literalmente de explicaciones dadas y teorías sostenidas por la Administración pública, para la que, que se desvirtúe una ley hecha en Cortes, en una de sus partes esenciales, no tiene trascendencia, ni se falta á la legislación general, ni afecta al crédito público, ni afecta al régimen de la contratación.

¡Parecen increíbles tantos errores en tan pocas líneas!

Pero es así; si del año 1868 á 1874 pudimos demostrar en el anterior que la Hacienda nacional y el crédito público, valiéndonos de las mismas frases de nuestros hacendistas, quedaron por los suelos, en los años 1875 y 1876 puede asegurarse lo mismo, según opinión que salía del Ministerio de Hacienda de la Restauración.

Como que las causas estaban latentes. Viviase entonces bajo la influencia de aquellos actos de fuerza, entre los que hubimos de enumerar cuatro, por considerarlos principales dentro de aquel periodo, que hemos convenido en llamar revolucionario, en el que, con colores muy subidos, se puso de manifiesto la influencia destructora que ejercen los partidos políticos en nuestro país.

Acabamos de ver indicada la mala administración que preside á dos grandes veneros de riqueza, como pueden serlo la industria de la elaboración de los tabacos y la construcción de carreteras, aunque consideradas nada más, estas dos importan- tísimas cuestiones por alguno de sus aspectos.

Pues paremos nuestra atención de igual modo, fijándonos en las relaciones que existen entre los municipios y el Estado.

Éste, en el año 1875, decía, por medio del Ministerio de Ha-
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cienda, que eran muchos los ayuntamientos que habían recurrido á aquél, haciendo presente las dificultades y aun la imposibilidad de satisfacer los encabezamientos que para el corriente año económico había fijado la Administración por los impuestos de consumos, cereales y sal, por diferentes causas.

Al Estado reclamaban los municipios contra la situación que les creaba la penuria del Tesoro, exigiendo la Hacienda pública á la municipal sus débitos por toda clase de deudas, al mismo tiempo que no pagaba las que tenía contraídas, fijándose principalmente en los intereses vencidos de las inscripciones de la Deuda pública procedentes de la venta de Propios, por sus créditos como participes en los recargos de las contribuciones, ó por otros conceptos.

Porque los municipios resultaban gravados con cuotas superiores á las fuerzas de los pueblos.

El año 1874, el impuesto de consumos importaba 96 millones de pesetas, y para el presupuesto corriente (1885) importa 108 millones de pesetas.

Diferencia contra el pueblo español, 12 millones.

Véase cómo y con qué facilidad el principio autonómico de las municipalidades, por los desaciertos de nuestros partidos políticos, llevan á sus primeros personajes á cometer los mayores errores y las más grandes injusticias.

Las libertades municipales, sin las cuales no pueden tenerse las provinciales, y las que puedan ser creación del Estado, por medio de éste, que necesita dinero para sus necesidades, sean ó no legítimas, para sus apuros estén ó no justificados; ponen á los pies del dictador más ó menos vestido á la usanza de la libertad moderna, y conducen á aquellos despilfarros que un distinguido Ministro de Hacienda decía acertadamente que eran ocasión de nuestra Deuda, más que las obras públicas.

Sin embargo de los importantes descubiertos á favor del Tesoro municipal, ya sabéis que no se pagaban tampoco los intereses de las otras deudas públicas.

Circunstancias tan extraordinarias, exigían más que nunca que hubiese habido una buena contabilidad.
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Pues, sin embargo, en el mes de Enero del año 1875, decía el Director del Tesoro público al Ministerio de Hacienda que la redacción de los datos y la remisión de antecedentes reclamados á aquel centro, que exigía bastante tiempo, porque el desarreglo de los papeles, la falta de registros de éstos, la carencia absoluta de una contabilidad que permita conocer en el momento el estado de los débitos por Deuda flotante, y la informalidad de los pocos e incompletos cuadernos que se habían llevado, harían indispensable una minuciosa investigación de las operaciones ejecutadas en los últimos años.

De la minuciosa investigación resultaron casos de haber tenedores de valores del Tesoro que, habiendo querido liquidarlos en la fecha debida, no pudieron lograrlo de la Dirección del Tesoro; y por haber sucedido así las cosas en el año 1873, en el año 1875 se obligó á pagar sumas indebidas, reconociéndolo eso los mismos funcionarios públicos. Mientras que es sabido cuántos casos sospechosos hubo de defraudación á la Hacienda pública que tuvieron que quedar sin liquidarse, y de los que dijo en su día bastante una parte de la prensa periódica, que, como no está siempre á la disposición de las pasiones políticas, vuelve noblemente por los fueros de la justicia atropellada y del honor ofendido.

De igual manera que sucedía con las industrias de la elaboración de cigarros y de la construcción de carreteras, que sucedía también con la gestión municipal y con el orden administrativo del Tesoro público, acontecía igualmente con las comisiones de Hacienda en el extranjero.

Creadas éstas permanentes el año 1834 en París y Londres, dependientes de la Dirección de la Real Caja de Administración, pasaron luego á depender de la Dirección general de la Deuda, y por la instrucción de 31 de Diciembre de 1850 debieron quedar más regularizados sus trabajos. Con algunas modificaciones de organización, siguieron funcionando aquellas comisiones, ocupándose de administrar intereses que estaban á cargo de la Dirección de la Deuda, y otros que estaban puestos al cuidado de la Dirección del Tesoro.
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Por un decreto de 27 de Abril de 1873, con el propósito de encomendar el pago de los intereses de la Deuda exterior á una Casa-Banca extranjera, fueron suprimidas las Comisiones y creadas en su lugar unas Comisarias, con la misión de cancelar y remitir á Madrid los cupones pagados y las cuentas de estos pagos. A poco de estas alteraciones sobrevinieron empréstitos importantísimos, realizados por España en el extranjero, y un gran movimiento de Deuda flotante del Tesoro.

El atraso en la rendición de cuentas que venía experimentándose desde las antiguas Comisiones, siguió ó aumentó cuando las Comisarias, y para remediar estos males, se creó, por decreto de 9 de Marzo de 1874, unas Delegaciones que dependiesen directamente del Ministerio de Hacienda, aunque no llegaron á funcionar normalmente.

El mal arrancaba de la fecha de la conversión de las Deudas amortizables; siguió latente cuando los certificados de cupones y cuando la contratación de tres empréstitos, que fueron realizados en el extranjero. No dejó de contribuir á ello la guerra franco-prusiana; contribuyó en mucha parte al desorden administrativo permanente el inmenso número de operaciones de todas clases que tuvieron lugar en los años anteriores al de 1875. Sobre todo, la falta de asientos y formalización de cuentas generales. Estas son palabras oficiales.

Hemos querido hacer historia de nuestras oficinas de Hacienda en el extranjero, porque en esa historia, si fuese estudiada detenidamente, encontraríamos el reflejo fiel de las vicisitudes por que ha pasado la Hacienda española; esa historia pone de manifiesto la imposibilidad en que están los españoles de poder aspirar á normalizar y poner en buenas condiciones nuestra vida económica.

No nos basta que la Administración pública esté en el interior del país en verdadero estado de perturbación, y que resulte como la heredera de aquellos gobernantes que en los siglos xvii y xviii precipitaron á la nación española á una gran postración; porque si el gobierno del despotismo tuvo una administración que destruía la riqueza pública, en la era consti-
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tucional ha sucedido lo mismo. Tampoco hemos sabido evitar que tuviéramos una mala administración en la Península; tampoco hemos sabido (cosa muy natural) evitarlo en París y Londres, en cuyas grandes metrópolis podrán encontrarse bastantes defectos administrativos, pero no tantos como los que registra la historia de nuestras Comisiones, Comisarias y Delegaciones que nos han representado administrativamente en el extranjero.

Ellas tuvieron nuestra representación, y por los hechos que resultan pueden hacerse los comentarios.

Los hechos en cuestiones económicas, como se expongan bien, son la manifestación más convincente que puede hacer la inteligencia humana.

Y bajo este punto de vista, ante la conveniencia del procedimiento que consiste en acumular hechos que sean prueba irrefutable de los desastres que causan á la riqueza pública nuestros gobernantes, disponiendo á su antojo y según su capricho del dinero del contribuyente, mientras que unos partidos bajo una forma, otros bajo otra; quiénes á nombre de los derechos individuales, quiénes á nombre del principio de autoridad, todos oponiendo grandes obstáculos al progreso nacional, de modo alguno dando facilidades, todos decretan á su antojo gastos y más gastos, que encuentran luego medios de que el poder legislativo apruebe como cosa corriente.

Con esta confianza, y no teniéndola perdida de poder levantar fondos por medio de la Deuda flotante la Hacienda pública de la Restauración, ella dispuso pagos que sería prolijo enumerar, pero que citaremos algunos de ellos, para precisar mejor su índole, carácter y tendencias.

En el mes de Mayo de 1875, el Poder constituido decía que usando de las facultades concedidas al Gobierno por el art. 41 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870, y por el 14 de los Presupuestos de 23 de Febrero de 1873, se concedía al Ministerio de Marina 600.000 pesetas con destino al pago de una letra girada en Bogotá contra el Tesoro español, por igual suma satisfecha al Gobierno de Colombia, precio de un vapor