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Revista de España (1886-05-01 00:00:00), página 407

ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO

que declaraciones y protestas puramente teóricas, en cuanto á acabar sus interiores discordias, ni poder el Estado afianzar el cumplimiento de varias disposiciones relativas á la libertad de cultos, construcción de cementerios, aplicación del Concordato de 1851, etc.

I

Si por las sumarias indicaciones que preceden nos persuadimos que los términos de la cuestión han cambiado totalmente, ó dicho más en concreto, que las relaciones del Estado con la Iglesia no pueden ser discutidas y establecidas con las ideas que dominaban antes de la aparición y constitución de lo que se ha llamado «Estado moderno,» hay que estudiar: 1.º, cómo se plantecaba y resolvía esta cuestión; 2.º, cómo se plantea y resuelve en la actualidad aun por los que, juzgando la situación presente como si fuera mera continuadora de la pasada, persisten aparentemente en mantener las conclusiones tradicionales de las antiguas escuelas, bien que en realidad cedan más de lo que se figuran, en obsequio de las ideas modernas, de las cuales, con más presunción que verdad, imaginan hallarse apartados en un todo.

La Edad Media, «más cristiana de corazón y entendimiento que de costumbres,» según la frase de la distinguida autora de la Vida de San Francisco, vivió bajo el Sacerdocio y el Imperio, encargados, aquél de dirigir el orden espiritual, éste de gobernar el mundo de lo temporal y humano. Y aunque no siempre fué un hecho la concordia entre ambos, más deseada entonces y progonada después de lo que fuera en realidad, lo cierto es que toda la vida social se desarrollaba bajo la dirección de aquellas instituciones, en que encarnaban, en la una, ó sea la Iglesia, la religión; en la otra, ó sea el Estado, el orden civil y principalmente el derecho. En torno de ambas se agrupaban las universidades, los comunes, los gremios, las clases sociales.
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y los organismos todos que de su seno procedían. Si había gentes no bien avenidas con las doctrinas que enseñaba la Iglesia, éstas eran, ó bien toleradas, como sucedía con los judíos, y entre nosotros además con los mudéjares, vasallos moros de los reyes cristianos, ó en situación más desgraciada, merecían todos los rigores y crueldades que sobre sus personas y haciendas acumulaban las autoridades de uno y otro orden, en esto perfectamente acordes: tal sucedía con los herejes. Pero ni éstos, ni los que profesaban otras religiones que la cristiana, eran tantos ni de tanto valer, que pudieran llamar la atención de los legisladores y de los jurisconsultos al efecto de modificar en su beneficio las bases fundamentales de la organización político-eclesiástica, demasiado cimentadas y defendidas con el rigor y persecuciones á que conducía la intolerancia de los tiempos, principalmente desde la época de las Decretales, para temer por su existencia.

Así que, las cuestiones relativas á los cultos no podían plantearse con la amplitud que las circunstancias impusieran más tarde; quedaban reducidas simplemente á las que pudiera haber con la Iglesia, cuya autoridad en principio acataba el Estado, aunque en las aplicaciones surgieran desavenencias continuadas. Y el criterio para resolverlas no podía ser otro que el que conviniese á una de las dos posiciones en que durante los siglos medios se hallaron, como frente á frente, las dos potestades. Ó la iglesia conseguía que su autoridad fuese estimada como superior á la civil, ó ésta, luchando por su independencia, no sólo se sustraía á la dominación de la primera, por la cual trabajaran con tanto tesón los más grandes Pontífices de aquella edad (Gregorio VII, Inocencio III), sino que pretendía apoderarse de la supremacía que anteriormente ejerciera la Iglesia: si lo primero, el triunfo de ésta debía dar origen á aquel orden de doctrinas que desde entonces vienen formando la enseña de lo que se ha llamado el ultramontanismo; si lo segundo, la idea del Estado, dominador de la Iglesia, al par que su hijo y protector, debió servir de base para las doctrinas conocidas con el nombre de regalismo. Pero ultramontanismo y
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regalismo, notese bien, no aparecen ni se sostienen más que en tanto que había que determinar la situación exclusiva y peculiar de la Iglesia católica.

Cuando su autoridad es desconocida y la organización social de la Edad Media destruida por efecto de la Reforma, la aparición de ésta, su desarrollo, la importancia que alcanzará a pesar de las condenaciones de la Santa Sede y de los anatemas del Concilio de Trento, hubieron de modificar profundamente el sistema de relaciones establecido, y sobre el cual no discutían á la sazón más que ultramontanos y regalistas. Porque el luterano ó el calvinista del siglo xvi, que había logrado el apoyo de los Electores alemanes ó de los Reyes de Inglaterra, convertidos á la nueva doctrina, no podía ser tratado tan duramente y, ¿por qué no decirlo? con tan flagrante infracción de las doctrinas evangélicas y eclesiásticas de los primeros siglos (1), como el hereje de la Edad Media, que tuvo contra sí el poder y la fuerza del Estado, y que privado de los auxilios espirituales por la excomunión contra él lanzada, se veía además perseguido por el brazo segar, quien le confiscaba los bienes, ó le desterraba, ó quitaba la vida, ó mirado por sus vecinos y compatriotas como un ser maldito, de cuyo trato, como del apestado, era forzoso alejarse para no incurrir en todas las privaciones de derechos civiles que la excomunión mayor llevaba consigo.

¿Cómo proceder de igual suerte contra millares ó millones de gentes, contra ciudades y pueblos enteros que habían secundado la conducta de aquel fraile agustino, promovedor de la mayor de las herejías que la Cristiandad conociera en su historia? ¿Cómo intentar siquiera la persecución y menos el exterminio contra quienes, levantados en armas, contrabalancearon el poder único del César que sofocara con sangre las comunidades de Castilla, y, prolongando su tenaz rebelión por años,

(1) Recuérdese á los italianos y á la censura que de su conducta sanguinaria y antichristiana hiciera San Martín de Tours.
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bastarian diez Ministros de Hacienda para dirigir la Administración del Estado; y todavía no ha trascurrido este tiempo, y llevamos ya en España, como dije anteriormente, 130 individualidades notables, que han ocupado el departamento de Hacienda sin ventajas reconocidas para el país, ni para los contribuyentes.

XXX

El año 1845 empezó bajo la gestión financiera del Sr. Mon, poco más o poco menos sin variación en los procedimientos económico-administrativos; pues para que los contribuyentes solemnizasen el día primero del año, se tomaron 150.000.000 de reales del Banco de España para cubrir obligaciones de Enero, Febrero y Marzo. ¡Buen principio de año!

Llegó el 2 de Enero y se hizo sobre las Cajas de la Habana, de igual procedencia de contratos, en los términos y por los tipos establecidos en los Reales decretos de 26 de Junio, 13 de Setiembre y 9 de Octubre de 1844, y, por consecuencia de todo, el resultado de la conversión fue el siguiente:

    CAPITAL CONVERTIBLE
    TIPOS DE CONVERSIÓN
    TÍTULOS DE LA RENTA AL 3 POR 100.

    Reales vellón.
    Ms.
    Reales vellón.
    Ms.

    Anticipaciones
    301.579.046,19
    33 por 100
    861.654.418,26

    Billetes del Tesoro
    65.026.756,02
    32 por 100
    203.208.612,23

    Deuda flotante
    274.293.181,22
    40 por 100
    685.732.954,05

    Libranzas de Ultramar
    69.343.808,14
    35 por 100
    198.125.166,30

    740.242.792,23

    1.948.721.152,16

Término medio de la conversión, á 35 \(^{3/4}\) por 100; y renta anual, 58.461.634 reales vellón.

Inflexible el Ministro Mon en su sistema ruinoso de contra-
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supieron imponer el reconocimiento legal de su existencia en la paz de Westfalia?

Y desde el punto y hora en que tal sucedía, el Estado se hallaba, no sólo con la Iglesia católica, sino con aquellas otras iglesias reformadas, que surgían á menudo y se renovaban de continuo, bastante poderosas todas para exigir una consideración legal análoga, cuando no idéntica á la que se otorgaba á la primera. Al influjo de estas circunstancias se debe que fueran los primeros los protestantes en reemplazar á la antigua doctrina de las relaciones entre ambas potestades, aquella otra que bajo múltiples manifestaciones permitía colocar á sus confesiones e iglesias en la situación correspondiente á la protección que á ellas dispensaran los soberanos y á los derechos que en su régimen ellos procuraban mantener; como al influjo de las circunstancias que rodearan la Iglesia católica, temerosa del engrandecimiento del poder civil, en los pueblos que pudieron sustraerse á la propagación de la Reforma, se debe á su vez que en ellos se pugnase por combatir en su fundamento el principio del derecho divino inmediato, con que pretendía igualarse el César ó Rey Católico con el Papa, que lo ostentaba para afirmar la superior dignidad de su poder. Así son autores protestantes quienes, como Moser con el sistema llamado territorial, como Bochmero en su Introducción al Derecho público universal, su discípulo Pertsch, Pfaffius, etc., estableciendo éstos el sistema colegial y discutiendo los derechos del soberano circa sacra, los que vienen á apartarse de la doctrina recibida, negando á la Iglesia el carácter público con que apareciera investida en la Edad Media; mientras que en los pueblos católicos, á donde no pudiera arraigar la Reforma, combatida por la férrea mano de Felipe II, tales doctrinas no aparecen, sino que se afirman las antiguas, recordando al poder civil que su origen se halla inmediatamente en la multitud y sólo indirectamente en Dios, á diferencia del poder del Papa, que de éste deriva inmediatamente. Con todo lo cual se pugnaba por elevar el poder eclesiástico cuanto se rebajaba el civil, obligado, por ser segundo en orden e importancia, á someterse
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al primero: que no es otra la razón (razón impuesta por los hechos y no más) por la cual escriben á favor del derecho de la multitud Belarmino y Suárez, éste en su Defensa de la fé católica contra las máximas sustentadas por Jacobo de Inglaterra, como no pueden menos de reconocer dos autoridades nada sospechosas contra la Iglesia, Andisio y Balmes, y con los teólogos citados, escritores de menor importancia, como Billuart, Mariana, Saavedra Fajardo, etc.

Si, en la esfera de los hechos, su carácter y desarrollo daban pie á haber de fijar de nuevo y según otro criterio las bases para la situación jurídica de las diferentes confesiones religiosas en que se disgregara la unidad cristiana de la Edad Media, con el progreso de la ciencia del Derecho natural y sus afines, se operaba una innovación que, lejos de oponerse á las nuevas doctrinas jurídicas, servía para consolidarlas y fundamentarlas. Puesto que los estudios acerca de la naturaleza del Derecho, si en los llamados precursores de Grocio, buena parte de los cuales son nombres gloriosos para nuestra patria, todavía se muestran supeditados á la teología en aquel insigne maestro y fundador de la llamada escuela naturalista, la emancipación es completa y se dispone con ello el pensamiento á que, pugnando por establecer la propia realidad del principio del Derecho, rompa los vínculos que lo tenían subyugado, más que meramente unido, á la Moral, lo cual hace, como es sabido, Thomasius, de cuya doctrina, en este punto concreto, había de ser el propagador más autorizado Kant, robusteciendo y elevando con toda la fuerza de su poderoso talento las ideas de su predecesor.

Y ¿quién no ve en esta separación que se opera entre la Moral y el Derecho un fenómeno análogo al que por virtud de la Reforma hemos notado en el orden positivo de los hechos? ¿Y quién no descubre en estos dos órdenes una secreta y viva unidad que preside á la diversidad de caminos por los cuales se planteara el mismo problema y se resolvía en el fondo de un modo idéntico, aunque en las aplicaciones peculiares de la vida real, que interesa más inmediatamente á los legislado-
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res, se procediera con mayor lentitud y menos rigor lógico?

II

Si la presencia de iglesias disidentes de la Católica había de producir alteración en el sistema de relaciones con el Estado, más profunda aún en aquellos pueblos en que el último hiciera gala de su protección á la Iglesia, tal acontecimiento histórico debía á la vez modificar el sentido de las antiguas doctrinas, atenuando su rigor y disponiéndolas á encontrarse en su día en el terreno de soluciones comunes, ó que aun permaneciendo contrarias, no distasen tanto entre sí. Tal es la ley de la vida: al punto que una doctrina, hija de la especulación pura ó deducida de la impresión que en el espíritu social han de producir las condiciones en medio de las cuales se desarrolla y vive, se difunde y toma cuerpo, entre las diversas y á veces hostiles corrientes de la opinión, aun las más alejadas y contrarias, atestiguan á su manera su influjo, tanto más visible, cuanto más se considera á aquéllas apartadas de su primer movimiento de resistencia, en que se exaltan y parece que cobran mayores brios.

Ultramontanos y regalistas, ni defienden hoy las mismas soluciones que un día les dividieran profundamente, ni en su exposición y defensa buscan sus argumentos sólo en el arsenal de las ciencias de otro tiempo, pues aun los procedentes de éstas se nos presentan con otro ropaje y formas, que bien á las claras acusan la influencia de los tiempos actuales. Los primeros defensores al principio del poder directo de los Pontífices en ambos órdenes y mundos espiritual y temporal, abandonan esta doctrina para limitarse á sostener la del poder indirecto de la autoridad suprema de la Iglesia bajo la influencia decisiva de Belarmino y de Suárez; y aun ese poder indirecto sobre los asuntos temporales se reduce en algún escritor contemporáneo, ilustre por la vasta erudición que llena sus obras, el señor de la Fuente, á ser no más que aquella consideración y respeto
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que en todo momento de su vida ha de guardar, como á su madre, el hijo que de su autoridad llega á emanciparse (1).

En el regalismo, la evolución no es menos visible; pues á aquel Emperador que se proclamaba, aunque en cierto sentido y con restricciones, Obispo (tal se dijo de Constantino y de Carlomagno), fundándose en este carácter la ingerencia que en materias de suyo eclesiásticas se atribuyen los citados, como en general todos los soberanos, sucede más tarde el que éstos, abandonando el título indicado, concreten su poder al de meros defensores y protectores, interviniendo en menos asuntos y como asociados casi siempre á las autoridades eclesiásticas. Y si las facultades sobre la llamada disciplina externa se ejercen al propio tiempo que los jurisconsultos y teólogos procuran justificarlas, todavía se ha de reducir más el campo de esta intervención atribuida al Estado cuando, como hacen escritores modernos y contemporáneos, á quienes no cabe aplicar plenamente la antigua calificación de regalistas, aquélla debe concretarse al régimen jurídico, especialmente establecido para determinar la condición que dentro del general, común á todos los individuos y las más de las corporaciones, hubiese de ser peculiar y exclusiva de la Iglesia católica.

Y ahora puede preguntarse, para sacar la deducción debida de los hechos expuestos, si no se hallan más cerca unos de otros los partidarios de las escuelas tradicionalmente seguidas, desde el punto y hora en que el predominio de la Iglesia no

(1) «Pero al llamar y considerar á la Iglesia como Madre, hay que tener en cuenta que las relaciones del hijo con la Madre no siempre son las mismas: que no es igual la condición del hijo menor y en la patria potestad, á la del hijo casado y velado. En esto estuvo el error de los jurisconsultos que, al estudiar los deberes del Estado cristiano con la Iglesia, no han estudiado el desarrollo de su propia vida. Los unos, en su deseo de favorecer á la Iglesia dándole más que lo que pingo á Dios darle, han querido condenar á los pueblos cristianos á vivir en una tutela perpetua, por adultos, por ilustrados que fuesen. Los otros han querido que al emanciparse lo hiciéram de un modo altanero e insolente, como el hijo prodigo al pedir la hijuela á su bondadoso padre.» Disc. ante la R. Acad. de Cienc. mor. y politic. Madrid, 1875, p. 16.
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significa la posesión por ésta de las atribuciones y facultades propias del poder civil, cuya independencia se protesta despertar en sus límites peculiares, y en que el Estado no ha de pretender inmiscuirse en los negocios puramente religiosos por ser tales, sino en aplicación de sus facultades jurídicas, si bien éstas, más que por la ley común, hayan de regularse por leyes especiales.

Pues, aparte las direcciones mencionadas, hay que tomar en cuenta lo que aportan para el planteamiento de la cuestión todas las que bajo la denominación genérica del liberalismo moderno, son la más propia y adecuada manifestación de las ideas de nuestro tiempo. Cuyo liberalismo, entrañando sentidos y soluciones otros que los enseñados por las escuelas antiguas, no siempre bien recibidos por la Iglesia, antes, por el contrario, pugnando con las doctrinas por esta mantenidas en lo tocante al orden social y político, ha sido objeto de muy diversas calificaciones, según los matices que del mismo se consideren. Y á la hora presente, nadie puede desconocer la importancia que las últimas doctrinas expuestas por la Santa Sede en su Encíclica Inmortalis Dei, alcanzan respecto á este punto (1). Por donde la solución concreta que sobre el régimen que en el Estado moderno é informado en los principios del liberalismo, hubiere de aplicarse tanto á la Iglesia católica como á los demás cultos, aunque no aceptada por aquélla en su integridad, tanto pudiera distar de las tendencias llamadas separatistas cuanto de las ultramontanas, al menos en el rigor y con

(1) «La participación más ó menos grande del pueblo en el gobierno de los negocios públicos, no es objeto de censura alguna; porque en ciertas épocas y con la garantía de ciertas leyes, esta participación puede ser, no sólo una ventaja, sino un deber para los ciudadanos. Que los católicos presten su concurso á la administración de los asuntos municipales. Que lleven más allá de los límites demasiado estrechos de la vida municipal y la dediquen á todos los servicios públicos.» «La doctrina profesada por los católicos les impone la obligación de llenar íntegramente y en conciencia todos sus deberes de ciudadanos.» Vease sobre el particular en el Boletín de la Institución Lib. de Enseñanza, núm. de Dic., 1885 y Enero último, nuestro artículo «Doctrinas políticas de la última Encíclica.»
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el alcance con que venian siendo sustentadas. Y si es lícito á los católicos, al tenor de la Encíclica dicha, participar en el gobierno de los negocios públicos, más expresamente esti proclamada por los llamados católicos liberales la doctrina, no de la separación, pero si de la independencia entre ambas potestades, la cual, apartándose en esto de la ultramontana y de la regalista, prepara en el orden de la teoría y dentro de los partidos católicos un nuevo sentido, al cual, como se ha visto, marchan las últimas por la fuerza de las cosas.

Y en cuanto á las direcciones del liberalismo, que se mueven por otros resortes fuera del campo de las doctrinas enseñadas por la Iglesia, cuando no en abierta oposición y aun hostilidad con ellas, hay que distinguir entre los hechos históricos y las teorías, ó sea entre el liberalismo político y militante y el científico, si se ha de hacer una apreciación equitativa y exacta del conjunto. Cierto que el primero resulta como patrocinador de no pocos atentados cometidos contra el derecho de la Iglesia y sus instituciones particulares, juzgados (no es posible desconocerlo) con una severidad y pasión que no se muestran cuando de los realizados en las monarquías católicas y absolutas de los tres últimos siglos hay que ocuparse: cierto que las frases de Montalembert á Cavour en su carta de 1860 (1), «violáis todas las garantías; la primera, suprimiendo el poder temporal del Papa; la segunda, dispensando las comunidades religiosas; la tercera, violentando los Obispos; la cuarta, confiscando su patrimonio,» han podido decirse entonces como antes y después, lo mismo al eminente estadista, cuyo nombre señala el comienzo de la nacionalidad italiana, que á cualquiera de los hombres públicos que lo han sido en todos los pueblos y Estados modernos.

Pero sin propósito de pronunciar juicios de ningún género, ni históricos ni filosóficos, para lo cual no se han traído en este momento aquéllos hechos, apreciando tan sólo como en ellos se muestra cuánto han cedido de su originaria crudeza

(1) V. Ouvres de Montalembert.
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las aspiraciones del liberalismo práctico, que ha informado las legislaciones contemporáneas en orden á los cultos, y especialmente á los bienes de la Iglesia, á su derecho de asociación, á la libre comunicación en su seno del Padre común de los fieles con éstos, á la independencia de sus tribunales y á otras mil cuestiones, vemos hoy atenuado el espíritu de violencia, tan pujante en la primera mitad de la presente centuria, merced á lo cual ha podido llegar la Iglesia católica á una situación, que describe con las frases que copiamos á seguida una autoridad científica, irrecusable por su amor á determinadas doctrinas é instituciones, el Sr. de la Fuente, en el discurso antes citado (1): «La independencia y cohesión de la Iglesia, cual hacía »siglos no la tuvo; la energía de las asociaciones católicas lai- »cales...; el gran desarrollo de la santa caridad en numerosos »y nuevos institutos..., el haber roto las fuertes ligaduras de »un añejo y tiránico regalismo, el llamar las cosas por su ver- »dadero nombre, la creación de estudios católicos y escuelas »parroquiales y gratuitas, el sostener el culto y sus ministros »con pobres y santas obligaciones... sin meudigar de gobiernos »perseguidores é impíos, el bastarse á sí mismos y vivir por sí »mismos sin vejatorios protectorados, todo este conjunto de »cosas que no se aprecian porque ya se tienen...; ¿no es un »triunfo, un gran triunfo de la Iglesia? ¿Lo tenía la Iglesia »hace cien años? ¿Podía ni siquiera esperarlo? Y hoy lo tiene, »hoy lo disfruta, y no se aprecia porque ya se tiene, y esto se »llama independencia, independencia que en su día será libe- »r-tad. ¿Valía acaso el oro antiguo por la independencia de ahora?»

Y si algunas de las ventajas alcanzadas por la Iglesia lo han sido á pesar del liberalismo ó por lo menos independientemente de éste, aumentándose la vitalidad de sus fundaciones y el poder de sus medios económicos por la razón que inspiraba al Apóstol la frase, que nunca debiera ser olvidada, oportet haereses esse, ¿no sería injusticia enorme negar al Estado moderno el he-

(1) P. 31.