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critos. Ni era idea de la España de principios del siglo xviii la supresión de aquel Tribunal, ni posible acaso intentarla sin gran riesgo. En las mismas Cortes de Cádiz tuvo, un siglo después, á su favor 60 contra 90 votos el Santo Oficio. Lo que Macanaz pretendió, fué colocar á la Inquisición bajo la dependencia del Monarca, atribuyendo á éste la facultad de nombrar y separar á los Inquisidores generales, como lo habían hecho el mismo Felipe V. con D. Baltasar de Mendoza en 1704 y Carlos II con el P. Everardo Nithard; negando al Santo Oficio competencia para proceder en materias que no eran de fe contra los Ministros ó Consejeros reales cuya conducta hubiese sido aprobada por el Soberano, privándole de las confiscaciones de los bienes de los penitenciados y reformando no pocos abusos de análoga índole y trascedencia que ya intentara reformar en 1677 el mismo Carlos II.

Tales eran el espíritu y el alcance de la luminosa consulta formada por los Fiscales D. Martín Mirabal y D. Melchor Macanaz, aludiendo á la cual y á los hechos que la motivaron, el historiador Ferrer del Río y otros escritores coetáneos han atribuido á Felipe V, á Orry y á la Princesa de los Ursinos el proyecto de la supresión del Santo Oficio. En lo que no cabe duda es, en que esta institución, que además del religioso revistió carácter político, y más ó menos estuvo siempre al servicio de los Monarcas españoles, hubiese quedado herida de muerte y como anulada desde el momento en que perdiera su libre acción, á la par que su prestigio, con una reforma tan pública y tan extensa como la que Macanaz estuvo á punto de realizar. La decadencia de la Inquisición española se hubiese anticipado medio siglo, y acaso, por efecto de ella, se hubiesen evitado los numerosos autos de fe que en tiempo de los Inquisidores generales Camargo y Bonifaz se celebraron.

V

No contentos los adversarios de Macanaz con calificarle de regalista, en lo cual no yerran, supusieron que seguía las
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máximas de la escuela galicana. Sugirió tal vez esa especie el ver condenado el pedimento fiscal al propio tiempo y en el mismo edicto que las obras de Barclai y Talón. El cargo era injusto: Macanaz expresa que las Cortes de 1713 acababan de dar al Rey, para que sirviese en las negociaciones con Roma, el Memorial de Chumacero y Pimentel, que data del reinado de Felipe IV, y en él y en los trabajos de la junta de teólogos y prelados de 1709, y en las obras de Salgado y Solorzano, se inspiró el Fiscal general para escribir su documento. De los libros de Talón y Barclai, ni de los de otros regalistas franceses, no se encuentra citación ni extracto en los de Macanaz, impresos ó manuscritos, mientras que en la Historia eclesiástica, que escribió en Pau, trata con predilección y con entusiasmo del Concilio de Trento, no recibido en Francia, aplaudiendo que lo fuese en España y Flandes, sin prohijar la máxima galicana de la supremacía del Concilio sobre el Papa.

Ni es justo tampoco en nuestros días olvidar, como lo hace la escuela ultramontana, el aspecto patriótico que el regalismo ofrece en sus luchas con Roma. Ahora, que ha desaparecido el poder temporal del Pontífice y que Italia forma un solo Estado independiente, es grato escribir como si el primero no hubiese existido y como si aquella otra península no hubiese sido durante siglos teatro de la lucha entre las grandes naciones de Europa, y particularmente de las de España con Francia hasta 1695, y con Austria hasta mediado el siglo xviii. A partir de la Liga Santa hasta las guerras de la Revolución francesa, dejando á un lado la Edad Media, muy rara vez los Pontífices, soberanos de Roma, disfrutaron aquella libertad de acción necesaria para el bien de la Iglesia católica; antes es licito decir que el poder temporal, que debía garantirla, no sirvió nunca en tan largo periodo más que para comprometerla. Paulo III y Paulo IV, fueron del partido francés y agresores contra Carlos I y su hijo Felipe II; Urbano VIII (Barberini) fue más francés todavía que aquéllos; Clemente XI fue alternativamente austriaco y borbónico, según que los imperiales se apoderaban de Ancona y Comachio ó que los hispano-franceses penetraban
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en Turín y Parma, y unas veces reconocía á Felipe V, otras á Carlos III. En estas vicisitudes y oposiciones, lo espiritual y lo temporal andaban mezclados y padecían á un tiempo. Las rentas eclesiásticas del Noveno, Subsidio, Cruzada, etc., formaban acaso la parte más saneada del tesoro español, y los Pontífices renovaban ó negaban las concesiones según los sucesos, más fuertes que su voluntad, les movían á ello. ¿Podía la dignidad de un Estado llevar con paciencia que en un mismo año ó en un solo mes fuesen reconocidos ó negados por un soberano temporal, siquiera se tratase del Papa, el derecho y la legitimidad de la dinastía reinante? ¿Podían los Monarcas españoles, siempre escasos de recursos, conformarse con las consecuencias de aquellas vacilaciones? ¿Debían tolerar la intervención peligrosa que ejercieron Paulo IV en la rivalidad y guerra con Francia, Urbano VIII en la insurrección de Cataluña, Clemente XI en la del mismo Principado y en la de Aragón en 1709, levantando el juramento de fidelidad á los vasallos ó celebrando en Roma jubileo por el triunfo de las armas enemigas? Claro está que no, y que la condición y los intereses de soberano temporal influían de un modo harto eficaz en las resoluciones de los Pontífices, para que á los monarcas y á los pueblos agredidos no fuera lícito á su vez distinguir entre el carácter temporal y el espiritual, y aprisionar al Pontífice soberano de Roma en Sant Angelo, al propio tiempo que ordenaban rogativas por la libertad del Cabeza visible de la Iglesia.

En muchas de estas ocasiones, los legistas, los regalistas no son los más ardientes; les superan los teólogos, cuyo dictamen, como se vió en Melchor Cano y Fray Angel Manrique en el periodo austriaco, en los PP. Blanco y Ramírez y los obispos Solís y Arellano bajo los Borbones, es el más fuerte, el más ágrio en las juntas ó consultas que preceden al rompimiento de las relaciones con Roma. Frailes y teólogos eran, en verdad, en aquella época más accesibles al sentimiento del amor patrio que lo son hoy día (sin que pretendamos negar á los actuales su españolismo), no solamente porque el Pontífice era un poderoso de la tierra, á veces injusto ó agresor,
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constituido, siempre que no le mande cosas declaradas injustas por sus pastores, únicos maestros que en religión y moral debe seguir.

Si se levantase, pues—lo que Dios no permita—el ignominioso pendón de otra guerra civil, nadie puede sostener que sea religiosa, que sea de religión, como otras veces se ha sostenido.

Podrá ser guerra dinástica, guerra política, pero de ningún modo por eso religiosa; y todo el que quiera llamarse y ser católico, no puede ni debe en ella tomar parte.

V

El saludable silencio que ante estas luminosas enseñanzas guardan los órganos intransigentes del integrismo caótico-religioso-político, demuestran que el efecto de tales enseñanzas trasciende saludablemente á todas las clases sociales, que distan afortunadamente cada día más de ese caotismo intransigente, de esas tendencias belicosas, propias de tribus nómadas y no de pueblos cultos.

Si de la importancia de la buena y mutua inteligencia entre la Iglesia y el Estado no se hubiesen todavía penetrado bastantemente nuestras escuelas diversas, nuestros desgraciadamente múltiples partidos, nuestros diferentes hombres públicos, esas actitudes, esa paz de nuestros días, á pesar de los trascendentales sucesos que en ellos se vienen desenvolviendo, no les debía dejar lugar siquiera de vacilar un momento.

Compárese la línea de los hechos de 1833 con la de 1885, y esta sola comparación sobradamente demostrará á toda mente sana la valía del progreso que se ha operado en las buenas y saludables relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Lo caótico imperaba entonces en este terreno, lo mismo en los radicalismos de la derecha que en los de la izquierda.

La ciega y desbordada pasión voraz, era la égida que guiaaba á unos y otros contendientes.
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sino también porque la Iglesia vivía entonces por completo dentro del derecho común, siendo propietaria de una gran parte del suelo, lo que no podía menos de engendrar cierta comunidad de intereses y de sentimientos con las demás clases sociales. La desamortización eclesiástica y la civil, la secularización de la enseñanza y de la beneficencia han hecho de la Iglesia como una sociedad aparte, ligada á las otras clases únicamente por vínculos morales, y han favorecido en la propia medida las aspiraciones de Roma á la absoluta centralización católica, hoy preponderante, y cuyo grado máximo se vió en el último pontificado. A la vez, el eclipse del poder temporal ha estimulado aquel movimiento de concentración, porque el Papa no es ya, de hecho, más que el Vicario de Cristo, el Cabeza visible de la Iglesia, neutral entre los soberanos y las naciones, ajeno á los conflictos que éstas promuevan. Ya no escribirá de Roma ningún católico como Melchor Cano en 1557: «Mal conoce á Roma quien pretende sanarla.»

Con esta trasformación, el regalismo como sistema político, ha muerto; pertenece al pasado. Cuando se ha intentado resucitarlo ha sido en vano. Mas no por eso será justo olvidar que tuvo su raíz en la precisa e inevitable distinción entre lo temporal y lo espiritual, en el doble carácter que concurría en los Pontífices, y en el doble deber de nuestros Reyes de mostrarse hijos sumisos de la Iglesia y de sacar á salvo su soberanía y los derechos e intereses de sus pueblos; que sirvió para cortar grandes abusos, y que fué patriótico y sincero en la mayor parte de los que lo profesaron, eclesiásticos ó seglares, y compatible con la fe religiosa más pura y persistente. El sentimiento religioso y monárquico fué en nuestros abuelos, preciso es reconocerlo, más sincero que en nosotros el de la libertad; que no es la sinceridad carácter distintivo del tiempo presente, aunque nunca por completo haya sido desterrada del mundo.
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VI

He terminado mi tarea. No fué mi objeto, como dije, trazar la biografía de D. Melchor Macanaz, sino apreciar á este célebre cuanto infortunado Ministro bajo el doble aspecto de político y de regalista. Desde su salida de España hasta su muerte en Hellin en 2 de Noviembre de 1760, trascurrieron cuarenta y cinco años. De ellos vivió treinta y tres en el destierro y doce en una prisión en la Coruña. No fueron perdidos ciertamente los primeros para las letras ni para la patria, pues Macanaz intervino en diversas negociaciones diplomáticas, como las de Soissons, Cambrai y Breda, escribió obras históricas ó científicas notables, y mantuvo en varias cortes, y con personajes ilustres, interesante correspondencia. El juicio de ese periodo y de esos aspectos de la vida de Macanaz, no entra hoy en mi programa. Si, como dijo un escritor de la antigüedad, no hay espectáculo más noble que el de un varón justo luchando sin desesperar con la adversidad, ese espectáculo es dado contemplarlo en la vida de aquel ilustre magistrado en el destierro y en la prisión.

Macanaz luchó en vano para regresar á España. Siempre el edicto de Inquisición le salía al paso y hacía inútiles sus esfuerzos, así como la simpatía que inspiró al Monarca. No hay que olvidar que en el reinado de Felipe V el Santo Oficio celebró mayor número de autos de fe y relajó al brazo secular mayor número de procesados que en el de Carlos II. Atacar á una institución que aún tenía tanta vida y causaba tanta muerte, era empresa arriesgada, y Macanaz lo experimentó á su costa. El italiano Alberoni conocía bien al gobierno español de aquella época y á la corte de Madrid, cuando ponderaba en sus epístolas al Secretario de Estado de Su Santidad, el Cardenal Pau- luci: cuán fácil era á un ministro, con manto de religión, engañar al uno y á la otra y sacar triunfantes la ambición y la codicia.

Joaquín Maldonado Macanaz.
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LA DEUDA PÚBLICA DE ESPAÑA

XIV

Á solicitud de la Diputación de la Grandeza de España, y en consideración á que era una clase tan distinguida, se le autorizó por Real orden de 11 de Setiembre de 1829 para pagar en Juros los atrasos de lanzas desde 1809, y que fuesen extinguíendose según determinaba la Real orden de 30 de Marzo de 1826, sin perjuicio de que, liquidados ya los Juros en maravedís desde aquella fecha hasta 1824, se liquidasen también á maravedís los Juros en especie, expidiéndose á favor de los interesados las correspondientes certificaciones de crédito.

Por Real orden de 6 de Noviembre del mencionado año 1829, se dispuso que la quinta parte del producto de propios, aplicada á la Real Caja de Amortización, se dedujese como los demás cargos legales, que exceptuaba el art. 18 de la Real instrucción de 13 de Junio de 1824 sobre frutos civiles, para pagar la expresada renta, y que el quince al millar, ó uno y medio por ciento señalado al depositario, era una partida que estaba comprendida en los gastos de administración.

Por Real decreto de 31 de Diciembre de 1829 se mandó que la consignación de la Real Caja de Amortización fuese comprendida en el presupuesto general del Estado inmediatamente

(1) Véanse las Revistas del 25 de Febrero y 10 de Marzo.
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después de la Real Casa, detallando las obligaciones de la Caja, para que los acreedores del Estado de dentro y fuera del Reino vieran que, con los arbitrios que se le tenían destinados, se hallaba completamente cubierta, según se consignaba en el presupuesto de la citada Real Caja de Amortización.

Penetrado Fernando VII de la justicia, necesidad y conveniencia de cumplir las obligaciones contraídas por la nación, de las cuales era una de ellas la Deuda de Holanda, determinó, por Real decreto de 6 de Enero de 1830, lo siguiente:

Artículo 1.º Los títulos y obligaciones de la Deuda legítima y reconocida de Holanda, se convertirían en inscripciones de renta perpétua de 5 por 100 de España, valor por valor ó capital por capital, y á razón de dos y medio florines por peso fuerte, en el preciso término de seis meses, á contar desde la fecha de aquel Decreto.

Art. 2.º Las inscripciones que se diesen por los títulos primitivos serían enteramente conformes á las que circulaban en Paris, y su numeración correlativa á la de éstas, sin otra diferencia que la de pagarse en Amsterdam los intereses y el 1 por 100 de amortización.

Art. 3.º El goce de los intereses de las obligaciones convertidas ó de las inscripciones que se diesen en su lugar, empezarían á correr desde 1.º de Enero de 1830.

Art. 4.º Los intereses atrasados de la misma deuda hasta 31 de Diciembre de 1829, serían capitalizados y convertidos igualmente en inscripciones de renta perpétua; pero el cambio del florin corriente de Holanda sería de siete reales vellón, y los intereses de aquella conversión empezarían á correr desde 1.º de Enero de 1831.

Cuatro Reales decretos se expidieron en 1.º de Marzo de 1830, dirigidos á mejorar la suerte de los acreedores del Estado, por los cuales se determinó el pago de intereses de la Deuda consolidada en 1.º de Abril y 1.º de Octubre de cada año, y que la renovación de Vales se verificase sin expresar su creación, sustituyendo los nuevos semestres. Que se capitalizasen todos los réditos y anualidades atrasadas de la Deuda consoli-
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dada, devengando el interés de 5 por 100 desde 1.º de Abril de 1831, inscribiéndose en el Gran Libro como partida de dicha deuda. Que la amortización de la Deuda interior se ejecutase en lo sucesivo á interés compuesto, quedando á beneficio de la Caja los réditos de los capitales que adquiriesen.

Por Reales decretos de 18 de Marzo de 1831, se mandó que los intereses de la Deuda pública no pagasen contribución, arbitrios ni derechos, por dar esta prueba de seguridad á los tenedores de valores del Estado, cuya clase de propiedad está más expuesta que otras á vicisitudes y alteraciones eventuales. Que los efectos de la Deuda consolidada se recibiesen por todo su valor nominal en pago de los atrasos por contribuciones, arbitrios ó derechos á la Real hacienda hasta fin de 1827, siendo de primeros contribuyentes. Que se recibiesen también los intereses corrientes de la Deuda consolidada por todo su valor, y sin ningún descuento, en pago de las contribuciones de cuota fija. Que las oficinas encargadas de la liquidación de la Deuda la activasen todo lo posible, y entre tanto pudiesen los acreedores hacer uso de sus documentos pendientes de liquidación, vendiéndolos, donándolos y cediéndolos por medio de los resguardos y carpetas que hubiesen recibido en dichas oficinas, y que se derogaban las Leyes y Reales órdenes que imponían la pérdida de capital é intereses de los Vales no presentados en las épocas señaladas por las mismas.

Continuaron los sistemas ruinosos de operaciones de préstamos y la Deuda pública; á pesar del corte de cuentas y de no reconocer la procedente de la Era constitucional, se elevó hasta 7.000.000.000 de reales, ó sean 1.750.000.000 de pesetas.

XV

Los que no quieren reconocer que el crédito es el elemento vital de las naciones, pueden registrar la historia y veran que, desde la caída del Imperio romano, el Tesoro público ó administración de Hacienda ha ido organizándose en razón de la mayor ó menor cultura de las naciones y de sus gastos y riqueza.
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Una nueva disposición del 4 de Agosto de 1830 fijaba el modo de pagar en efectos de la Deuda consolidada los atrasos de sales recibidas ó de las que dejaron de sacar los pueblos por cuenta de su acopio hasta fin de 1827.

Con el noble y honroso propósito de afirmar sobre bases sólidas el crédito nacional, se dispuso por Real decreto de 28 de Marzo de 1831 reducir la Deuda pública á una denominación reglamentaria; pero tan laudable pensamiento fué tan irregular en su planteamiento, que el buen propósito de conversión de la Deuda pública quedó reducido á la mitad de los Vales consolidados, dando inscripciones trasferibles ó títulos al portador al 4 por 100, y los residuos en inscripciones al 5 por 100; lo cual equivalía, más que á simplificar, á complicar la administración.

Carecía España de un centro de contratación de valores, y por Real decreto de 10 de Setiembre de 1831 se creó en Madrid la Bolsa de comercio de negociación pública con sus correspondientes estatutos y reglamentos.

La creación de papel para la conversión de Bonos de Cortes, se elevó á la cantidad de 666.000.000 de reales en obligaciones sorteadas por cuadragésimas partes, para que sucesiva y anualmente se fuesen convirtiendo de Deuda sin interés en renta al 3 por 100 anual; pero en 1831 sólo se entregaron á los acreedores de esta clase de deuda la suma de 73.400.000 reales veillón nominales.

Las diferentes clases de Deuda pública de España que se hallaban reconocidas en 1832, eran tal como se expresan á continuación:

    Reales veillón.

    Deuda interior consolidada al 5 por 100
    252.806.099

    Ídem, id., id. al 4 por 100
    494.022.776

    Deuda no consolidada
    1.394.122.505

    Deuda sin interés
    1.222.775.679

    Deuda exterior consolidada al 5 por 100
    1.251.606.000

    Ídem, id., id. al 3 por 100
    966.732.114

    Para la conversión de Bonos á Cortes
    666.666.666

    TOTAL de reales veillón
    6.248.731.839
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En el anterior resumen no estaba comprendida la Deuda de Vitalicios, importante 62.590.779 reales vellón, cuyos intereses ascendían anualmente á 5.039.681 reales vellón.

Tampoco se comprendía en la anterior cifra de la Deuda pública el anticipo hecho por el Banco Español de San Fernando, de 6.380.000 reales vellón, que tenian hipoteca especial para su amortización en los bienes de la Orden de San Juan.

La variación de sistemas de administración continuó por los Ministros que se sucedieron en la Secretaría de Hacienda después de la salida de D. Luis López Ballesteros hasta el fallecimiento del Rey Don Fernando VII, acaecido en el dia 29 de Setiembre de 1833, que dejó elevada la Deuda pública á reales 11.000.000.000, ó sean 2.750.000.000 de pesetas.

XVI

Empezada la tercera Época constitucional, cambió la faz la administración financiera de España. Se abrió el capítulo rentístico de los dos periodos anteriores, y olvidando lo que una prudente experiencia aconsejaba, volvieron á introducirse reformas económicas, con la misma precipitación y respondiendo más al criterio político que al que convenía á los intereses generales del país y á los del Erario.

Con el reconocimiento de los créditos de que habían sido despojados inhumanamente los acreedores del Estado, y con arreglo á los buenos principios de la equidad y de la justicia, acreció la Deuda pública á 18.830.868.188 reales vellon, ó sean 4.707.717.047 pesetas, aunque así no estuviera consignado en el Gran Libro de la Deuda pública de España.

El nuevo cambio de gobierno fué saludado con una alza extraordinaria en los fondos españoles, debido á las esperanzas que concibieron, muy justificadamente, los acreedores del Estado, de que serían atendidos cual correspondía al decoro y al crédito de la nación.

Los Bonos de Cortes, cuyo reconocimiento había sido ne-
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gado por el gobierno absoluto, y que llevaban once años sin cobrar intereses, se elevaron al tipo de 50 por 100, y las emisiones de los empréstitos de Aguado al 84 por 100.

Un nuevo infortunio se presentó para el país y para el Tesoro con la guerra civil emprendida por los defensores de Carlos V, reproduciéndose los desastres para la desgraciada nación española, con todos los horrores consiguientes á las luchas fratricidas.

Aprobado y sancionado el proyecto relativo al arreglo y reconocimiento de la Deuda extranjera, se convirtió en activa y pasiva, dándose en la conversión dos terceras partes de la primera y otra tercera parte en pasiva. La Deuda activa era representada por un fondo nuevo que se creó al 5 por 100, en el que se convirtió la parte de los antiguos préstamos extranjeros. En la Deuda activa se comprendía la Deuda con interés que se crease nuevamente. La Deuda pasaria sucesivamente á ser activa en el espacio de doce años, á contarse desde 1.º de Enero de 1838, formándose de la tercera parte de los créditos ya mencionados, de los intereses atrasados, de los antiguos empréstitos, así como de los billetes llamados de premio. Las obligaciones de la Deuda pasiva no gozaban interés, y debían proveerse ulteriormente á su amortización.

La valoración de los créditos anteriores y posteriores á 1823 para convertirlos en Deuda activa y pasiva del Estado, se fijó: á la par las procedentes de las rentas del 5 por 100, y al 6 por 100 las rentas constituidas al 3 por 100 anual. Las certificaciones de Deuda sin interés, conocidas en el extranjero bajo la razón de Deuda diferida al 60 por 100; pero recibiendo la totalidad del producto en Deuda pasiva. Los intereses vencidos y los billetes de prima á la par en Deuda pasiva que, con arreglo á la ley, deberia empezarse á convertir en activa en el plazo de doce años, á contar desde 1.º de Enero de 1838.

La operación del arreglo de las deudas extranjeras y de conversión ofreció, al espirar el término, el siguiente resultado: