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Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 348

CAPITAL CONVERTIBLE

    Pesos fuertes.

    El 66 \( \frac{2}{3} \) por 100 en Deuda activa
    104.829.473 \( \frac{1}{3} \)

    El 33 \( \frac{1}{3} \) por 100 en Deuda pasiva
    52.411.736 \( \frac{2}{3} \)

    El 100 por 100 en Deuda diferida
    49.541.532

    Total pesos fuertes
    206.782.742

CAPITAL CONVERTIDO

    Pesos fuertes.

    El 66 \( \frac{2}{3} \) por 100 en Deuda activa
    99.553.686 \( \frac{2}{3} \)

    El 33 \( \frac{1}{3} \) por 100 en Deuda pasiva
    49.776.543 \( \frac{1}{4} \)

    El 100 por 100 en Deuda diferida
    45.642.692

    Total pesos fuertes
    194.972.922

CAPITAL POR CONVERTIR

    Pesos fuertes.

    El 66 \( \frac{2}{3} \) por 100 en Deuda activa
    5.276.386 \( \frac{2}{3} \)

    El 33 \( \frac{1}{3} \) por 100 en Deuda pasiva
    2.638.193 \( \frac{1}{3} \)

    El 100 por 100 en Deuda diferida
    3.898.659

    Total pesos fuertes
    11.813.239

La comisión que se abonó del medio por ciento sobre la total conversión, ascendió á la cantidad de 22.678.556 reales vellón.

También se convirtieron en Deuda activa y pasiva los 22.000.000 de duros que quedaron sobrantes del empréstito autorizado por las Cortes de 1823.

XVII

El principio de equidad que debe existir entre el deudor y el acreedor, fué el movil del Real decreto de 9 de Enero de 1835,
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 349

haciendo un corte de cuentas con la supresión de las comisiones de atrasos de la Hacienda encargadas de liquidar las de todos los ramos y la de los pueblos por contribuciones deven-gadas desde el año 1808 hasta fin de 1827; pues si bien parece injusta la medida, fué basada en un fondo de justicia muy plausible; porque, aunque en las liquidaciones practicadas habían salido alcanzados algunos pueblos, esto procedía de que á unos no se les habían abonado los suministros, por no haberlas presentado en tiempo hábil, y á otros sólo por octavas partes del importe de los atrasos de contribuciones, conforme á las leyes que entonces regían.

Por Real decreto de 9 de Junio de 1835, se determinó, por una ley, el reintegro á los compradores de bienes vinculados adquiridos en virtud del Decreto de las Cortes de 27 de Setiembre de 1820, devolviéndoseles á los compradores ó reintegrándoles su precio, con más el interés de 3 por 100 desde la época que fueron despojados de ellos, á consecuencia de la Real cédula de 11 de Marzo de 1824.

Don Juan Álvarez y Meudizábal, que había nacido en Cádiz el 25 de Febrero de 1790, y bautizado con los nombres de Juan de Dios, Nicolás, Francisco de Paula, Rafaél, Cayetano, Cesáreo y María de los Dolores, era hijo de D. Rafaél Álvarez y de Doña Margarita Méndez, casados también en Cádiz el año 1785. Aunque la maledicencia le atribuía un origen lamentable, la verdad es que era español y de padres legítimos, cristianos y de reconocida honradez en el comercio. Para evitar los ultrajes, y tal vez la muerte en épocas de rencores y de cruel venganza, hizo la trasformación del apellido materno de Méndez en Meudizábal, bajo el cual se le conoce en la historia. Éste fué el formidable campeón de la Hacienda española en el reinado constitucional de Doña Isabel II de Borbón y durante la Regencia de su madre Doña María Cristina de Borbón. Fué nombrado Ministro de Hacienda en 13 de Julio de 1835; pero hallándose emigrado y domiciliado en Londres, no tomó posesión de su cargo hasta en el mes de Setiembre siguiente.

La desamortización eclesiástica, iniciada en el siglo xviii
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 35

LA IGLESIA Y EL ESTADO

La luz que se proyecta hoy desde uno y otro campo, lleva á los dos hemisferios saludables y bellos puntos de vista por el bien común.

¿A qué se debe esta saludable economía?

Sin duda al progreso general de las naciones, de las agrupaciones que forman la humanidad; pero lo especial para nuestro país, más necesitado de luz pacificadora que los demás, se debe al acalorado progreso que los órganos de la Iglesia y del Estado han hecho y hacen en sus mútuas relaciones, sobre todo á la egregia inteligencia, al augustó espíritu, al perspicuo y pacificador criterio de León XIII, que por la Encíclica Immortale Dei merece el dictado de magno, de pacificador de los pueblos, especialmente de España, que de un modo particular necesitaba de esa égida de pacificación.

VI

Si nobleza obliga, deben todos los gobiernos, todos los partidos, todas las escuelas, todos los hombres públicos de nuestra patria, todos los órganos de la opinión pública de todos los matices de nuestra prensa, corresponder á los beneficios que nos ha dispensado, nos dispensa y nos dispensará esa acción pacificadora del gran León XIII y del Episcopado español, guardándoles por ellos profundo reconocimiento, mutua cordialidad, toda clase de deferencias en las relaciones de nuestro país con la Iglesia que representan.

Obrando de este modo, altamente oportuno, conveniente, justo y político de alto vuelo, acabarian de extinguirse en nuestro país toda clase de hostilidades y discordancias religiosas, y con su desaparición languidecerán, morirán también hasta las yedras que á ellas se enroscaron en tiempos pasados.

Para ello es necesario ir sosteniendo y acreciendo el personal digno, legal, justo, ilustrado, armónico en el uso del inestimable privilegio del pedor español, el Derecho de patronato.

Que los órganos de los gobiernos en la prensa, en la tri-
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 350

por los ilustres D. Pedro Rodriguez de Campomanes y por don Gaspar Melchor de Jovellanos, fué la gran obra de Mendizábal para arraigar los principios liberales y amortizar la Deuda pública; pero los resultados sólo respondieron á necesidades del momento, enriqueciendo más á los ricos y empobreciendo más á los pobres.

XVIII

La propiedad, que retrata perfectamente la personalidad humana y la complementa en la esfera de los hechos, ha seguido paso á paso la historia del mundo, los gustos, las aspiraciones, las ideas, la política del hombre, su señor.

El hombre, para vivir, para ser verdaderamente libre, tiene que hacerse esclavo de una ley. La propiedad, por el contrario, para desarrollarse en todas sus manifestaciones, necesita libertad, mucha libertad.

Trocados los frenos del hombre y de la propiedad, aquél adquirió poder, riquezas y fausto, mientras esta otra se hizo débil, miserable y raquítica; por esta razón vinculó para el noble, amortizó para la iglesia, amortizó para el Estado, creó patentes, privilegios, artículos especiales para la industria; escribió diversos aranceles para el comercio; sujetó á ordenanzas la agricultura, y en todas partes la propiedad, que debía ser libre y sagrada, labró las cadenas que habían de sujetarla á la dura y mortal servidumbre del hombre y de la política.

La amortización en sí no es mala. Representa uno de tantos actos lícitos y honestos dentro de la vida civil á toda persona jurídica; pero los privilegios la sacan del fuero común, y esta es la causa de ser anatematizada por muchos economistas. Las franquicias que se conceden, sean en el sentido que quieran, lejos de ser convenientes, sólo sirven para mejorar las condiciones de uno en perjuicio de noventa y nueve, en cuyo número se halla comprendido el Tesoro público, que deja de percibir los ingresos necesarios para cubrir sus gastos por la desigualdad
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 351

en la tributación, resultando el déficit y el consiguiente aumento progresivo de la Deuda pública.

En tiempo de Constantino, ó sea en el año 321, se autorizó adquirir bienes inmuebles á las iglesias. Alfonso VI de León y I de Castilla, reconoció que ninguno pudiera, ni por contrato ni por título gracioso, dar ni dejar bienes raíces á la Iglesia, bajo pena de perderlos; cuya disposición fué sancionada por las Cortes de Nájera y Benavente en tiempo de Alfonso IX. Posteriormente hubo Concilios, Cortes y Reyes que prohibieron lo mismo, y hasta Fernando el Santo lo consignó en los Fueros de Córdoba, Cáceres y Toledo en 1222 y 1234.

Carlos III se apoderó ya de los bienes de los jesuitas. Carlos IV del 15 por 100 de las manos muertas, y Fernando VII impuso el 25 por 100 en las vinculaciones y adquisiciones de bienes eclesiásticos.

Diversas leyes, pragmáticas, decisiones y escritos se han publicado, ya en favor de la amortización civil y eclesiástica, ya en queja de la acumulación de la propiedad en manos muertas, respondiendo en todos los casos más al criterio político que á los sanos principios de justicia, de equidad y de conveniencia general.

Por Real decreto de 25 de Julio de 1835 se suprimieron los monasterios y conventos que no tuvieran doce religiosos profesos, incautándose el Estado de todos sus bienes y rentas, con destino á la extinción de la Deuda pública y pago de sus réditos.

La liquidación general de todos los créditos que por título legítimo fuesen cargo para la nación, se decretó en 16 de Febrero de 1836 bajo diferentes bases.

Las condiciones para el pago de las fincas enajenadas procedentes de la desamortización eclesiástica, fueron la de pagar la quinta parte del precio del remate al contado, en dinero ó en Deuda consolidada, y las cuatro quintas partes restantes en los ocho años siguientes, por cantidades iguales los que lo hiciesen en papel de la Deuda, y en diez y seis años los que lo verificasen en metálico, mediante un abono además del 2 por 100
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 352

desde la fecha del otorgamiento de la escritura hasta el pago total del remate. A los compradores se les admitía en pago títulos de la Deuda consolidada por todo su valor; pero con la condición precisa de hacerlo dando la tercera parte en consolidado al 5 por 100, otra tercera parte en consolidado al 4 por 100, y la restante tercera parte en nueva renta consolidada al 5 por 100; y á los que adelantaban los plazos, se les abonó el 5 por 100 por cada uno de ellos, y el 3 por 100 á los que lo hacían en metálico. El producto de la quinta parte de las fincas vendidas á dinero, debería invertirse por terceras partes en Deuda consolidada al 4 y 5 por 100, así como en Deuda sin interés que estuviera ya liquidada y reconocida. El producto íntegro de las cuatro quintas partes restantes vendidas á dinero, se habían de invertir: la mitad en amortizar Deuda consolidada al 4 y 5 por 100, y la otra mitad en la de Denda sin interés liquidada y reconocida.

Desde 1836 á 1854, el resultado de las ventas de la desamortización fué el siguiente:

CLERO REGULAR

67.479 fincas rústicas.......
7.509 idem urbanas.......
21.571 censos...........

La adjudicación produjo 2.874.638.480 reales vellón.

CLERO SECULAR

51.202 fincas rústicas.......
6.931 idem urbanas.......
7.703 censos.............

La adjudicación produjo 782.879.218 reales vellón.

DEL ESTADO, SECUESTROS Y ENCOMIENDAS.

3.372 fincas rústicas.......
435 idem urbanas.......
4.444 censos.............

La adjudicación produjo 61.066.336 reales vellón.
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 353

XIX

Ante la barrera insuperable que le presentaban al Gobierno las rentas y recursos del Estado, mal desenvueltas hasta entonces, por las desdichas de épocas anteriores, si no absorbidas además por la guerra fratricida que ensangrentaba el suelo patrio, que exigía esfuerzos titánicos para afrontar los enormes gastos consiguientes, no podían hacerse promesas halagüeñas á los acreedores del Estado, atendido que el origen de la confianza se hallaba enlazado con la posibilidad de cumplir religiosamente las obligaciones que se contrajesen, en lo que está basado el crédito de las naciones.

Por este motivo no fué posible consolidar de una vez toda la Deuda sin interés, según procedía en los sanos principios de la equidad y de la justicia, y, por lo tanto, se limitaron á publicar el Real decreto de 28 de Febrero de 1836, cuyas bases principales se reducían á la consolidación de la Deuda pública liquidada y reconocida, que todavía no disfrutaba de dicho beneficio, y consistían en las tres especies de Vales no consolidados, Deuda corriente con interés á papel y Deuda sin interés; comprendiéndose en esta consolidación todos los créditos liquidados y reconocidos hasta el 29 de Febrero de aquel mismo año de 1836, ya consistieran en títulos ó certificaciones expedidas por la Real Caja de Amortización ó ya en cualquiera otros documentos librados por la Dirección de la liquidación de la Deuda para ser convertidos en los títulos correspondientes.

Víctor Mariánsa.

(Continuará.)
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 354

ANARQUÍA, FEDERACIÓN Y COLECTIVISMO

I

He aquí la enseña alrededor de la cual se agrupan multitud de trabajadores de nuestro país, formando una sociedad, ni pública ni secreta, supuesto que de ambas cosas tiene un poco, por regiones, zonas y comarcas que, según sus ideales utópicos, deberán formar un día la gran federación de trabajadores españoles.

Reúnense frecuentemente en Congresos comarcales, tienen sus órganos en la prensa, y casi públicamente verifican sus colectas semanales de fondos que, como las aguas de los ríos, empiezan por intermitentes gotas para ir á perderse, formada caudalosa corriente, en el profundo cuanto desconocido océano de los fines de aquella sociedad.

Y causa maravilla, ciertamente, no el progresivo desarrollo de sus ideas, sino la indiferencia con que se miran sus evoluciones por las clases más interesadas en la defensa del principio de autoridad, en la unidad de la patria española y en el sagrado derecho de propiedad.

Nosotros, que no hemos de pedir á los gobiernos preventivas y peligrosas represiones, que más suelen dañar que ser provechosas á los principios que se proponen defender, llamamos la.
Revista de España (1886-03-01 00:00:00), página 355

pública atención sobre las asociaciones de trabajadores á que nos referimos, bien seguros de que no con medidas de gobierno, sino con la enseñanza, difusión y práctica de las buenas doctrinas, es como pueden satisfactoriamente combatirse.

Sólo el más absoluto y completo desconocimiento de la más sencilla noción del Estado político, puede justificar que se predique la anarquía como principio social; siendo el fin del Estado la realización del derecho, no puede menos de existir la autoridad, el gobierno encargado de velar por su cumplimiento, de restablecer el derecho ante las infracciones que puedan realizar los asociados.

Esto, en el orden interior y ante las más vulgares especulaciones de la ciencia; pues si recorremos las distintas funciones encomendadas al Estado como persona jurídica en la gran asociación de las naciones, aquella necesidad se hace tan evidente, que temeríamos ofender el buen sentido de nuestros lectores reforzando aquí nuestros argumentos.

Podrá discutirse sobre la naturaleza y forma del gobierno; podrán preferirse los poderes responsables á los irresponsables, los amovibles y transitorios á los permanentes é inmutables; podrán preferirse cualquiera de las formas que hoy existen en los diversos países del globo, ó cuya memoria nos ha transmitido la historia; podrán inventarse nuevas formas ó combinaciones de los poderes públicos; pero en todas ellas habrá de encarnar precisamente el principio de autoridad, y la anarquía es su negación, ó desconocemos el sentido en que se mantiene y se predica. ¿No eligen, por ventura, los trabajadores reunidos en Congreso un presidente que dirija sus discusiones? ¿No se reconoce en él el principio de autoridad delegada por los mismos asociados, con efectividad bastante para cumplir sus fines, que de otro modo serían imposibles? Es todo esto tan claro y evidente, que al ocuparnos de ello no podemos menos de dolernos de la falta de ilustración de gran número de nuestros trabajadores, á quienes alucina desgraciadamente su misma buena fe y su lamentable ignorancia.

Es una verdad inconcusa ante la ciencia, un dogma en la
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mayor parte de las religiones positivas la solidaridad de la especie humana, dentro de cuyo inmenso organismo se desenvuelven los Estados como entidades jurídicas, con personalidad propia, cuyas relaciones e intereses regulan los tratados.

Concibese, pues, como ideal á que dirigen sus miradas los hombres de ciencia, federaciones de Estados independientes, que en mayor ó menor número lleguen á realizar otra unidad superior en el orden jurídico; pero esa federación universal por clases, con independencia, al parecer, de todo fin político, pugna abiertamente con la razón y con la realidad. ¿Son, por ventura, los mismos los intereses, dado caso que ellos sólo puedan constituir verdadero lazo de unión de los obreros y trabajadores españoles, que los de la liberal y culta Inglaterra?

Y aunque así fuese, ¿son los mismos los intereses de las distintas clases de trabajadores dentro de un mismo Estado? ¿Quién habrá de regular sus relaciones, hermanar sus intereses y armonizar sus tendencias en el orden económico dentro de su anarquismo?

El contrato, la federación; pero esta federación, sin el poder coercitivo para resolver los conflictos que nacieran al calor de la oposición, acaso de la lucha, que los diversos intereses encendería necesariamente, no podría menos de desgarrar la patria. ¿Con qué derecho pediría la industriosa Cataluña protección para sus fábricas, onerosas prohibiciones para las demás provincias de España? No; la federación no cabe sino entre los Estados independientes, cada uno de los cuales realiza sus propios fines en el orden jurídico, económico, político y moral; de ninguna manera entre provincias de un mismo Estado, y menos aún entre las diversas clases sociales, cada una de las cuales necesita armonizar sus propios fines con las de todas las demás, realizando de esta manera la vida orgánica general. «El federalismo—dice May estudiando la Confederación Suiza—debilita los Estados grandes, porque se dividen sus fuerzas, mientras que robustece los pequeños al dejar libre desenvolvimiento á las energías individuales.»

Pudiera objetarse contra esto que los Estados Unidos de
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ANARQUÍA, FEDERACIÓN Y COLECTIVISMO

América han realizado y mantienen su federación, á pesar del asombroso desarrollo de su población y de su riqueza, á pesar de la desastrosa guerra separatista que en su relativamente corta existencia ha mantenido; pero aplicar las leyes biológicas de aquel gran pueblo, cuyo nacimiento, orígenes, clima, costumbres, tanto difieren de la generalidad, sino de todos los de Europa, sería lo mismo que someter á unas mismas leyes biológicas las distintas especies del reino animal, sin tener en cuenta las diferencias esenciales que los separan por su propia naturaleza.

Así como no puede comprenderse al Estado sin independencia, así tampoco podemos comprender al ciudadano sin libertad. Eterna aspiración del hombre, es el único medio ambiente en que desenvuelve y perfecciona su naturaleza, ejercitando aquella actividad de donde emanan todos los derechos que condicionan su existencia.

Acceptado este principio, que no negarán seguramente los modernos colectivistas, no sé en qué forma ni con qué fundamento puede negarse la propiedad individual, imponiéndole condiciones que de consumo rechazan el socialismo de todos los tiempos y el individualismo menos exagerado.

Si nadie puede disputar al fotógrafo el rayo de luz que aprisiona en su aparato, como dice un escritor ilustre, ¿quién podrá disputarle el dominio sobre el producto de su propia actividad? De ella emana la propiedad, que constituye un derecho natural, como el derecho á la vida, el derecho á la libertad de que necesariamente procede. Condicionan las leyes su ejercicio en armonía con las necesidades que están llamadas á garantir en el Estado, pero sin menoscabar un punto la justicia, que dignifica y proteje la personalidad humana.

Crear un Estado social bajo la base del colectivismo universal, es tan imposible de realizar como el utópico comunismo de Tomás Morus ó de la Ciudad del Sol de Campanella.

Pero dejando estas teorías por sobradamente refutadas ya, vengamos á otro género de argumentos.

La moderna revolución social, proclamando la libertad, ha
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destruido las desigualdades que el colectivismo ó comunismo monástico llevaba á la propiedad de la tierra, que el socialismo absolutista infiltraba en los mayorazgos, última trinchera del vencido feudalismo, y ha reconocido en todos los hombres la capacidad de hacer suyos por medios legítimos los bienes de la tierra, así como en éstos la capacidad de ser adquiridos desvinculando y desamortizando la propiedad.

La proclamación del colectivismo no sería otra cosa, si posible fuera realizarlo, que una amortización tanto más funesta cuanto mayor extensión pretendiera dárselle, un retroceso fúnestísimo en el orden social que acabaría con la libertad y la dignidad del hombre.

II

Hemos procurado demostrar, aunque á la ligera ciertamente, la falsedad de las bases en que descansan la asociación ó asociaciones de trabajadores de nuestro país, que en nuestro concepto no son otra cosa que escuelas ó ramificaciones de la desautorizada y famosa Internacional; pero nos falta todavía estudiar por qué existe, por qué constituye un verdadero peligro y cuáles sean los medios que en nuestro concepto deben emplearse para conjurarlo.

Es indudable el malestar que experimentan, no sólo en España, sino en el mundo entero, las clases pobres, y no ciertamente porque el pauperismo haya sido una consecuencia forzosa de la civilización moderna, como pretende cierta escuela, sino por la desigualdad social, inherente á las diferencias de aptitudes que para adquirir y conservar tienen los individuos y las familias.

Ni este malestar es nuevo, ni acaso pueda extinguirse nunca por completo. Lo que hoy sucede es que los males del pauperismo se exteriorizan más, porque lo mismo alumbra la luz del proceso social el esplendoroso brillo del potentado que la lacería del mendigo. De aquí el que los males, mejor vistos,
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sean mejor conocidos; por eso no bastarian seguramente á satisfacer sus necesidades hoy la antigua sopa del convento ni las profusas liberalidades de piadosos fundadores.

El jornal del obrero es insuficiente muchas veces, y nosotros no podemos menos de reconocerlo; pero nunca ha sido mejor retribuido, ni nunca ha encontrado mayores facilidades su aplicación ó su fortuna para consolidar los ahorros del trabajo, convirtiéndole de simple bracero en propietario.

Pero como la idea marcha siempre delante de la realidad, así la eterna aspiración del hombre á mejorar su existencia vuela en relación con los medios que tiene su actividad para conseguir aquel mejoramiento.

Y esta falta de equilibrio es la que pone en ebullición las ideas, á que la realidad niega el apetecido concurso, esperando entonces remedio á males positivos, mejor sentidos que expresados en utópicas quimeras más anheladas que comprendidas.

Ciento que aún subsisten desigualdades sociales en la distribución de la propiedad; pero proclamado y reconocido en todas las esferas del derecho el principio de libertad, preciada conquista de la revolución y de la moderna civilización, aquéllas no podrán menos de ir disminuyendo por las constantes evoluciones á que el progreso las somete, mejorando incesantemente la condición social del pobre, sin menoscabo de legítimos derechos reconocidos y sancionados por las leyes, aun cuando no puedan desaparecer del todo nunca.

Mientras el peso de odiosos privilegios no sólo ahogaban la propiedad, sino que hacían imposible la vida política de los pueblos, el sentimiento nacional unió las aspiraciones de todos en el común deseo de adquirir y consolidar la libertad, que informa hoy el derecho civil de casi todos los pueblos, y cuyo influjo se deja sentir muy poderosamente también en la organización política.

A aquellos, sin embargo, que entendieron que la libertad había de ser la panacea para todos los males sociales, porque habría de traer consigo aquella igualdad que el instinto de los pueblos, el espíritu cristiano y las utopías de algunos pensadores,