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cuando antes salían á los catorce y las mujeres al casarse, lo que fomentó aquellas y otras guerras en las minorías de Alfonso XI, Enrique III y Juan II; y nada decimos sobre que «el reyno es como huerta, é el pueblo como árboles, é el rey señor della» (ley 3 del título X), declaración absurda, tan digna del servilismo de Aristóteles, filósofo á la sazón en moda, cuanto indigna de la independencia del Fuero Juzgo, que había recordado: «Roy serás si obrares rectamente, y si no, nó»: Rex eris si recta facis; si autem non facis, non eris (1).—La Tercera trata «De la justicia,» y aunque llena vacíos de la legislación municipal, ocasiona, por ceder á nimiedades extranjeras, tal aumento de empleados y fórmulas, y por ende de términos y gastos, que convirtió la sencillez en caos, gracias al cual trastornaron el foro voceros, personeros y sayones, esto es, abogados, procuradores y alguaciles, sin contar escribanos, hasta el punto de que el mismo Alfonso adoptara en las Cortes de Jeréz de la Frontera de 1268 y en las de Burgos de 1269 medidas represivas, y dispusiera en las de Zaragoza de 1274 «que los de Castiella é Extremadura, si non han abogados segund su fuero, que los non hayan, mas que libren sus pleytos segund que lo usaron,» y Don Jaime el Conquistador, seguro del origen del mal, prohibiera á los legistas abogar en los tribunales aragoneses, y mandara que en los negocios seculares únicamente se invocaran los «Usatges de Barcelona,» Usaticos Barchinonae, y en sus deficencias «el sentido común,» sensum naturalem (2).

—La Cuarta, la más defectuosa, trata «De los desposorios y casamientos,» y por el vicio de siempre, por anteponer lo de fuera á lo de casa, presenta, no ya confusión en la mayoría de sus títulos, sino omisiones como la de la sociedad legal entre los cónyuges, é inmunidades como la de la patria potestad á la usanza gentilica. Pase que castigue con mayor rigor que los fueros de Sepúlveda, Villavicencio y otros á la viuda que contrae nuevas nupcias sin esperar á que termine el año de viudez, porque lo demandan la legitimidad del

(1) Fuero Juzgo, primer título. Concilios IV y VIII de Toledo.
(2) Marca hisp., apénd. núm. 518.
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hijo nacido en aquel periodo y el respeto al marido difunto. Pase que la hembra dote al varón, según el derecho romano, y no el varón á la hembra, según la costumbre goda, sancionada en Castilla, Navarra y Aragón, porque será nuevo atractivo para que el más fuerte se rinda á la coyunda. Pero, ¿cómo tolerar sin acerba censura que un legislador católico, excediendo á Constantino, gentil, á quien copió Justiniano (1), autorice al padre, no sólo para vender ó empeñar á su hijo, sino para comérselo, antes de entregar por sí la fortaleza en que se viere tan cercado y «tan cuytado de fambre que non ouisse al que comer?» (ley 8 del título XVII). El fanatismo del honor nos convertía en Saturnos.—La Quinta trata «De los préstamos, ventas, compras y cambios,» y se inspira más que ninguna en los universales principios de justicia que invocaran los latinos, inapreciable tesoro que utilizaron todos los códigos del mundo. Sin embargo, olvidado nuestro derecho, incluso el Fuero Real (leyes 3 y 9 del libro III del título V), que limitaba al quinto de los bienes la donación por motivos piadosos ó en beneficio de extraños, dispone que será válida la que para tales fines haga «todo ome..., por carta ó sin ella, d'undo quanto quisiere» (ley 9 del título IV), sin que obste hallarse enfermo, «temiendose de la muerte ó de otro peligro» (ley 11 del mismo título).—La Sexta trata «De los testamentos y herencias,» y altera nuestras leyes sobre sucesiones con perjuicio de los seres más necesitados. Antes la mujer quedaba al enviudar usufructuaria con sus hijos de los bienes del marido; ahora sólo percibía de estos bienes, siendo pobre, la cuarta parte, siempre que no pasara de cierta suma (ley 7 del título XIII.) Antes nadie disputaba á los hijos la herencia de sus padres; ahora casi igual que ellos podían heredar las personas extrañas (ley 3 del título XV). Antes había gananciales, costumbre goda sancionada por Recesvinto (2) y confirmada por nuestras cartas de

(1) Código de Justiniano, leyes 1 y 2, tit. XLIII, lib. IV.
(2) Fuero Juzgo, ley 17, tit. III, lib. IV, que establece los gananciales á prorata del caudal aportado por cada cónyuge: «Quanto fuere mayor (el caudal), tanto deve aver mayor partida en la ganancia.»
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arras y fueros de Castilla (1); ahora se hacia proterción de ellos, y eso que los habian reconocido el Fuero Real y el Especulo (2).—La Séptima trata «De las acusaciones y maleficios y de sus penas correspondientes,» y, sobre resucitar para los indoctos y plebeyos (ley 2 del título XXX) el tormento que los visigodos aplicaban á toda persona, «siquier sea noble, siquier sea de menor guisa» (3), muestra las incoherencias de costumbre. La ley 6 del título XXXI suprime la muerte por crucifixión, pedrea ó despeñamiento, amén de prohibir sacar los ojos, cortar las narices y quemar la cara, «porque la cara del ome hizo Dios á su semejanza.» Lo cual no obsta para que añada que el criminal puede morir arrojado á las llamas ó á las fieras, ni para que la ley 10 del título XXV mande apedrear al moro que yaciere con cristiana virgen ó casada, ni para que la 4 del título XXVIII disponga que á «los menores que non ayan nada» y blasfemen de Dios ó de la Virgen, la segunda vez se les señalen los labios con un hierro ardiendo, y la tercera se les corte la lengua. La ley 9 del título XXXI establece «que por yerro que el padre fiziere non deuen recibir pena nin escarmientos los fijos, nin los otros parientes, nin la muger por el marido.» Lo cual no obsta para que exceptúe el caso de traición, «ca entonces los fijos serían desheredados e agraviados en algunas cosas por la traycion que su padre hizo.» Y aquellas algunas cosas se reducian á «fincar por enfamados para siempre, de manera que nunca puedan auer honra de caualleria, nin de dignidad, nin oficio, nin puedan heredar á parientes que hayan (los bienes del padre ajusticiado se confiscaban), nin á otro extraño que los establesciesse por herederos, nin puedan auer las mandas que les fuesen fechas.» Y continúa: «Pero las fijas de los traydores bien pueden heredar fasta la quarta parte de los bie-

(1) Historia de Sahagún, apéndice III, escritura 83 del año 1034. Carta do arras do Ansur Gómez. Ordenamiento de Nájera, títulos XXIX y XCIX. Fueros de Cuenca, Alcalá y otros. Y Fuero Viejo, leyes 1 y 7, tít. I, lib. V.
(3) Fuero Real, lib. III, tít. III, leyes 1 y 3, y Especulo, lib. IV, tít. XII, ley 39.
(2) Fuero Juzgo, lib. VI, tít. I, ley 2.
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nes de sus madres...» Seiscientos años hacía que los autores del Fuero Juzgo, siguiendo á los Profetas (1), habían escrito: «Aquel solo sea penado que fizier el pecado, y el pecado muera con él, é sus fíos ni sus crederos sean tenudos por ende» (2). ¿Por qué no se cumplía tan hermosa ley sin distingos farisáicos?

Á pesar de tamaños lunares, semillero de pleitos y guerras, basta el hecho codificador, sistemático, científico, que en la Edad Media simbolizan las Partidas, amén de sus virtudes de fijar nuestro idioma, impulsar nuestra literatura y ampliar nuestros estudios políticos, económicos, militares, jurídicos y hasta canónicos, para que se las admire como el primer código de aquella época, cuyos problemas se discutirian en las cátedras y se anotarian en los tribunales, siquiera pasara el reinado de su autor, y el de su hijo Sancho IV, y el de su nieto Fernando IV, sin que revistieran verdadera autoridad legal, hasta que llegó el de Alfonso XI en que la revistieron.

El insigne vencedor del Salado y reconquistador de Algeciras, «uno de los más excelentes príncipes del mundo,» al decir de sus mismos adversarios los árabes (3), no se limitó al reconocimiento de los códigos de su bisabuelo, ni á la redacción de fueros, como el de la villa de Cabra y el de la ciudad de Badajoz, sino que nos dejó una compilación gloriosa de carácter enciclopédico, según los buenos usos antiguos, en prueba de las grandezas que realizara á no sorprenderle la muerte, á la temprana edad de treinta y nueve años, en el sitio de Gibraltar. Quien acertó á limpiar su reino de foragidos, y reprimió á los nobles, y arregló los tribunales, y dió fuerza á las leyes, y llevó sus armas á las puertas de África, natural era que acertase en sus empresas legislativas, ilustrando en las Cortes, desde las de Valladolid de 1325 á las de León de 1349, los puntos difíciles del gobierno, y elevando la jurisprudencia á un grado de esplendor, sencillez y firmeza que nunca había tenido.

(1) Deuteronomio, XXIV, 16; Eccueiél, XVIII, 19 y 20, y otros.
(2) Fuero Juzgo, lib. VI, tit. I, ley 8.
(3) Conde, parte IV, cap. XXIII.
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Hasta entonces, efecto de pasiones y torpezas, habíase legislado más para discusión de estudiantes que para norma de jueces. Contra la extranjera levadura del Fuero Real y de las Partidas, había clamado de continuo la opinión pública, sin que la vergonzante defensa del error y del interés impidiera que las Cortes de Segovia de 1347 calificaran aquellas leyes de «gran perjuicio, é desafuero, é desheredamiento de los de la tierra.» Aguajoneado por cuyas manifestaciones, un príncipe valeroso y discreto mandaría, con decisión insólita, que desde ahora todos los pleitos, civiles y criminales, se fallaran por el Ordenamiento de Alcalá, y cuando no bastara, por los Fueros Municipales, y cuando uno y otros resultaran deficientes, por las Partidas. ¡Con qué arte las examina y corrige, evocando recuerdos místicos y patrióticos, á fin de darles valor práctico, siquiera humildemente supletorio! «Como quier que fasta aquí non se falla que sean publicadas por mandado del rey, nin fueron havidas por leys, mandámoslas requerir, è concertar, è emendar en algunas cosas que cumplian; et assi concertadas è emendas, porque fueron sacadas de los dichos de los Santos Padres, è de los derechos è dichos de muchos sabios antiguos, è de fueros è de costumbres antiguas de Espanna (sobre todo la segunda), dámolas por nuestras leys (1).» De manera tan suave armonizó el hijo de Fernando IV los intereses de su potestad con los del clero, municipio y nobleza, legalizando, aunque en último término, la enciclopedia de Alfonso el Sabio.

De las diez y seis leyes sancionadas en Villareal (hoy Ciudad Real) el año de 1346, y de las treinta y dos sancionadas en Segovia el año de 1347, á que se unieron las nobiliarias de Nájera de 1138, acordadas con las democráticas de Sancho García por Fernando III, resultaron, amén de otras renovadas ó nuevas, las ciento veinticinco de que consta aquel Ordenamiento, hecho en las Cortes de Alcalá de Henares el año de 1348. «Bien sabedes—escribe Don Pedro I en la carta que le precede—en como Don Alfonso, mio padre, que Dios perdone, ha-

(1) Ordenamiento de Alcalá, ley 1 del tít. XXVIII.
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viendo muy grant voluntat que todos los de su senhorio pasasen en justicia è en egualdad, è que las contiendas è los pleytos que entre ellos fueren se librasen sin alongamiento... fiço leys muy buenas, è muy provechosas sobre esta razon.» Y tan excelentes parecieron, que confirmaron su autoridad, superior á todas, Enrique II en las Cortes de Burgos de 1367 y en las de Toro de 1369; Juan I en las de Burgos de 1379, en las de Valladolid de 1385 y en las de Briviesca de 1387; Juan II en las de Ocaña de 1422 y en las de Madrid de 1433; Enrique IV en las de Córdoba de 1455, y Don Fernando y Doña Juana en las de Toro de 1505. No merecía menos una obra que iniciaba la restauración de nuestro derecho, adulterado por Alfonso X, ora mejorando nuestras disposiciones sobre asonadas, desafíos, tribunales, minas, caminos, naves, etc., ora recabando para el soberano la facultad absoluta de nombrar merinos, de que se administrara justicia por delegación suya, único medio de cortar las numerosas tropelías con que los nobles tiranizaban á los pecheros, ora recordándonos los antiguos señoríos de solar y behetría, los reglamentos de las antiguas milicias y el Patronato Real sobre nuestras iglesias.

Por seguir esta marcha, aparece Don Pedro I, al través de los siglos, eminentemente simpático en medio de los crímenes de que se le acusa. Y, en efecto, nadie como él, heredero de los ánimos y talentos de su padre; nadie como él, tipo digno de nuestra raza en el hecho de reunir las condiciones de galán, supersticioso y duelista, y digno de su época en el hecho de sujetar con igual dura mano á infanzones, que á municipios, que á clérigos, tendió, con la energía con que había promulgado el Ordenamiento de menestrales (1351), á que vivieran imperecederas nuestras leyes patrias en aquel su Fuero Viejo de Castilla (1356).

De los cuadernos de los concejos, de las sentencias de los tribunales, de las peticiones de las Cortes y de los ordenamientos de los príncipes había ido elaborándose esta nuestra más genuina compilación, cuyas primitivas ciento setenta y tres leyes del conde Don Sancho (995), confirmadas por Fernan-
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do I (1050), extendidas por Alfonso VI (1067-1108) y ampliadas en pró de los nobles por Alfonso VII (1138) y en pró de los municipios por Fernando III (1250), subsistieron constantemente, exceptuando los diez y siete años que duró el Fuero Real (1255-1272), mereciendo que Don Alfonso XI las eligiera como final integrante de su código de Alcalá, y Don Pedro I las coleccionara por separado, con reformas y aumentos, según las vemos hoy, para que Enrique II, en las Cortes de Burgos de 1367, y Juan II, en la Pragmática de Toro de 1427, les reconocieran la supremacía que el vencedor del Salado les diera sobre las Partidas.

Don Pedro acometió entusiasta la empresa de perfeccionar el estudio del derecho, la división de las jurisdicciones y la práctica de la justicia. El primero de los cinco libros de que consta su trabajo abarca el derecho político, las relaciones entre el rey, el abad, el rico-hombre y el concejo, notándose en él la saludable aspiración de imponerse la monarquía, dentro de ciertos límites, á las demás potestades temporales; comprende el segundo el derecho penal, desde la prohibición de matar á nadie, cristiano ó moro, «ca todo esto es justicia del rey,» hasta la prohibición de cortar césped en tierra ajena; instruye el tercero á los alcaldes y merinos y á los abogados y alguaciles en los procedimientos á que han de sujetarse las demandas que interesen á jornaleros, hidalgos, fráiles y municipios; ocúpase el cuarto en el derecho general, en asuntos tan discordes como compra-ventas, arrendamientos, prescripciones, obras nuevas y viejas, molinos y pesca, y fija el quinto el derecho civil en lo tocante á las arras y donaciones del marido á la mujer, á las herencias, mandas y particiones, á la guarda de los huérfanos y á los desheredamientos é hijos de barragana.

Al través de todos y cada uno de ellos observase la tendencia de enaltecer la tradición democrática del Fuero de Sancho García sobre la aristocrática del Fuero de hijodalgo. De aquí la conservación de las primitivas leyes de carácter más popular, como la que autoriza al labrador solariego á variar de ser-
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vidumbre, sin que su antiguo señor le prenda ni haga otro mal que despojarle de los bienes muebles que lleve consigo, «è si lo ficiere, puédese el labrador querellar al rey, è el rey non deve consentir que le peche más desto» (ley 1 del título VII del libro I); ó la que autoriza al señor de cualquiera behetria á que tome por la fuerza lo que compren allí los hidalgos que no sean deviseros, que no tengan en aquel lugar herencia paterna, de cuyos poseedores cobraban el tributo llamado devisa (ley 1 del título I del libro IV); ó la que autoriza á los mancebos asalaria-dos por cierto tiempo y despedidos injustamente á que reclamen de sus amos doble sueldo (ley 5 del título III del mismo libro).

La multitud de códigos publicados, y la dudosa autoridad de algunos, llevaron la perturbación á las escuelas, y por ende á los tribunales, siendo causa de que en el último tercio del siglo xv se necesitara la formación de un nuevo cuerpo legal que opusiera el orden al desorden y la rectitud al privilegio; necesidad tanto más urgente, cuanto que ya Rodrigo de Cota había escrito en el último acto de su Celestina: «la ley que no es igual á todos es inicia.» Ni la restauración de nuestro derecho, iniciada por el vencedor de Tarifa y continuada por el traicionado de Montiel, podía hallar soberanos más dignos de acabarla que los Reyes Católicos, ni los Reyes Católicos, respondiendo á las indicaciones que los procuradores hicieran á Juan II en las Cortes de Madrid de 1438 y á Enrique IV en las de dicha villa de 1458 (1), podían encomendar la obra en las Cortes de Toledo de 1480 á sujeto menos conveniente que el Doctor Alfonso Díaz de Montalvo, «oidor de su Audiencia, è su refrendario, è de su Consejo.» Tratábase de un jurisconsulto eximio, celoso de nuestro derecho patrio, que con infatigable laboriosidad, y, apenas introducida la imprenta en España, había publicado el Fuero Real y publicaría las Partidas; pero hombre anciano, achacoso, medio ciego, que si en los dos reinados anteriores había deslumbrado como sol, debía ahora envolverse en

(1) Montalvo. Prólogo de las Ordenanzas Reales.
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el fulgido manto de sus glorias para no deslustrarlas nimia-
mente.

El 11 de noviembre de 1484 acabó Montalvo en Huete sus Ordenanzas de Castilla, compuestas de ocho libros, que tratan: el primero, «De la religion christiana;» el segundo, «De los oficios reales y Corte del Rey;» el tercero, «De los juycios y pleitos;» el cuarto, «De los cavalleros, hidalgos y exemptos;» el quinto, «De los matrimonios, herencias y últimas voluntades;» el sexto, «De las rentas reales;» el séptimo «De los propios de las ciudades, villas y concejos,» y el octavo «De los deli-
tos.» Y el 20 de Marzo de 1485 las sancionaron sus compañeros de Consejo, por Real Cédula expedida en Córdoba.

Tan probado resulta que la mencionada compilación fué de derecho autorizado, y no de mero estudio, como que abundaba en inexactitudes y defectos. Isabel la Católica lo revela clara-
mente al suplicar al rey, su marido, y encargar á la princesa, su hija, y al príncipe, su yerno, y mandar á los otros sus tes-
tamentarios, en el codicilo que otorgó espirante en Medina del Campo á 23 de Noviembre de 1504, «que luego hagan jun-
tar un perlado de scienza è consciencia (¿el Padre Talavera ?) con personas rectas, è sabias, è experimentadas en los derechos, è vean todas las dichas leyes del Fuero (para mi el Viejo), è los Ordenamientos (para mi los de Alcalá y Montalvo), è las Premá-
ticas (las reunidas y autorizadas el año anterior en Segovia), è las pongan ó reduzcan todas á un cuerpo, do estén más bre-
ves è compendiosamente complidas» (acabadas, perfectas).

A este constante deseo de la reina habían ya respondido las Cortes de Toledo de 1502, pidiendo la reforma y aclaración de las leyes más usuales en el foro; á cuyo efecto habiase nom-
brado una Junta de letrados, entre los que descollaba el famoso Palacios Rubios. Terminado el trabajo al ocurrir el óbito de Isab-
el, su esposo Fernando le publicó al año siguiente, á instancia de las Cortes que reunió en Toro, para que, en vista del testa-
mento de su esposa y de la incapacidad de su hija Doña Juana, fuese ésta jurada por reina y él por gobernador de Castilla.

Las ochenta y tres Leyes de Toro, que tienden á robustecer
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la constitución de la familia, y, por tanto, se refieren principalmente á matrimonios, dotes y herencias, lejos de extirpar los males que todos lamentaban, vinieron á aumentarlos con la antihumanitaria facilidad que dieron para la vinculación ó mayorazgamiento de bienes raíces, facultad repulsiva á nuestros Licurgos municipales, que en sus aspiraciones igualitarias prohibieron hasta las mejoras. Los procuradores de Nájera ordenaron con Alfonso VII: «Después que fueren alchigados de enfermedad (postrados en cama), nin á la hora de la muerte, non pueden dar á un fijo más que á otro ninguna cosa (1).» Y Alfonso VIII escribió en el Fuero de Cuenca: «Nin padre nin madre non hayan poder de dar á alguno de sus fíos mas que á otro, nin enfermos, nin sanos, mas todos egualmente tomen su parte, así en mueble como en raíz (2).»

Cierto que en el Fuero Juzgo, que autoriza la mejora del hijo ó del nieto en el tercio del haber del padre ó del abuelo (3), encontramos ya el primer asomo de vinculación: «El omne que es solariego non puede vender la heredad por ninguna manera, é si alguno la comprare debe perder el precio, é quanto ende recibiere» (4). Cierto que Alfonso X otorgó á Diego de Haro, señor de Vizcaya, los fueros de Valderejo (Álava) á condición de que pasaran al heredero de aquel «mayorazgo, é nunca sean partidos, nin vendidos, nin donados, nin cambiados, nin empeñados» (5). Cierto que Sancho IV, en són de contrapeso á la amortización eclesiástica (cuyos abusos venían corrigiéndose desde el Non detis vestros honores, nec vendatis ad Ecclesiam, neque ad infanzones, del fuero de Jaca de 1064), apoyó abiertamente la amortización civil, autorizando la de bienes de leales servidores, como hizo por cédula de 1291 con su camarero mayor Juan Mathe, «porque su casa (la del Mathe)

(1) Ordenamiento de Nájera, tit. LII, y Fuero Viejo de Castilla, leyes 4 del tit. II y 8 del tit. III del lib. V.
(2) Fuero de Cuenca, ley 27 del cap. X, copiada en los de Baeza, Plasencia y otros.
(3) Fuero Juzgo, ley 1, tit. V, lib. IV.
(4) Id., ley 20, tit. IV, lib. V.
(5) Colección de documentos sobre las Provincias Vascongadas, tomo V, pág. 187.