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y otras poblaciones importantes. Un delegado de orden público ejerce en Reus la autoridad del alcalde y las funciones del Ayuntamiento. Lo propio hace en Sevilla el Gobernador de la provincia. No se han constituido Ayuntamientos interinos, porque los ex-Concejales por elección popular no aceptan los nombramientos que el Gobierno les ofrece. La vida municipal está, pues, suspendida en varios pueblos y la situación en que estos se hallan no es solamente animal y difícil, como ha dicho el Gobierno, sino monstruosa.

No es prudente ni patriótica la conducta de los hombres de posición que han renunciado sus cargos de Concejales propietarios, ó no han aceptado los de Concejales interinos, por hacer el vacío en derredor del Gobierno y demostrar la impopularidad de los Ministros; porque en circunstancias como las actuales es cuando más necesitan los pueblos de los cuidados y de los sacrificios de la administración municipal; pero menos sensata es la medida que el Gobierno ha adoptado para resolver estos conflictos, porque, con ella, ha infringido la Constitución y la Ley municipal.

Con los telegramas y las comunicaciones del Gobernador de Tarragona, dando cuenta de los sucesos de Reus, el Ministro de la Gobernación formó un expediente para determinar la conducta legal que deban seguir los Gobernadores en la constitución de Ayuntamientos interinos donde no fuere posible sustituir á los Concejales propietarios con personas que hubiesen pertenecido á la misma municipalidad, por elección, en épocas anteriores. El expediente pasó á informe del Consejo de Estado y este alto cuerpo cuya utilidad en las Monarquías constitucionales y parlamentarias no está cumplidamente demostrada, ni como cuerpo consultivo ni como tribunal de justicia, conformándose con la nota del Subsecretario de Gobernación, aconsejó al Gobierno que autorizara á los Gobernadores de las provincias para que «en los casos de suspensión ó destitución de los Ayuntamientos, y después de apurados infructuosamente los medios posibles para constituir la municipalidad en la forma que la Ley establece, nombre Comisiones municipales que se encarguen de la misión que la Ley encomienda á los Ayuntamientos.» Y en este sentido ha dictado el Sr. Villaverde la Real orden de 14 del actual.

Bajo su aspecto político, la Real orden á que nos referimos es una confesión palmaria de que el Gobierno está en pugna con todas las clases, partidos e intereses del país; pues ni entre los elementos conservadores encuentra veinte ó treinta personas de capacidad
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legal que se presten á constituir Ayuntamientos interinos en las grandes poblaciones en que los Concejales propietarios han renunciado: confesión que, seguramente, no hubiera hecho el Sr. Romero Robledo y que no nos explicamos cómo la ha consentido el señor Cánovas, sabiendo, como sabe, que la naturaleza del sistema representativo estriba principalmente en que tan pronto como de algún modo se manifiesta que la opinión pública no está franca y resueltamente al lado del gobierno, éste ha perdido su razón de ser. Bajo su aspecto legal, la cuestión es más grave, porque constituye, como hemos indicado, una infracción de la Ley fundamental del Estado y de la Ley municipal.

El art. 83 de la Constitución establece que en los pueblos haya Alcaldes y Ayuntamientos y que los Ayuntamientos sean nombrados por los vecinos á quienes la Ley confiera este derecho, y el art. 46 de la Ley municipal dispone que las vacantes que ocurran en los Ayuntamientos sean cubiertas interinamente..., por los Concejales que el Gobernador designe de entre los que, en épocas anteriores, hayan pertenecido por elección al Ayuntamiento. En presencia de estos terminantes preceptos, ¿ha podido el Gobierno alterar por una Real orden el carácter de una institución? ¿Ha podido autorizar á los Gobernadores para que constituyan esas extravagantes Comisiones municipales con personas que no hayan pertenecido por elección al Ayuntamiento? ¿Dónde está definido, explícita ó implícitamente, su poder para crear este nuevo derecho? El Consejo de Estado le dice en su medroso dictamen que, usando de las atribuciones de que se halla investido para proveer ó llenar, por medio de disposiciones especiales, las deficiencias que se observen en las leyes y para resolver las dificultades que en la práctica ofrezca la realización de los servicios públicos, singularmente en los casos en que la urgencia no permita hacerlo llenando las formalidades de una reforma legislativa, puede adoptar, en concepto de medida excepcional y extraordinaria impuesta por las circunstancias, la resolución que propone la Subsecretaría; pero el Consejo de Estado no ha dicho, como debiera, dónde están consignadas esas prodigiosas atribuciones. ¿Lo están en el título IV de la Constitución que determina las facultades y prerrogativas del Rey bajo la responsabilidad de sus Ministros? ¿Lo están en el título X que instituye las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos? ¿Lo están en la Ley orgánica municipal? ¿Lo están en alguna otra disposición de nuestro derecho político ó de nuestro derecho ad-
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ministrativo? No lo están, ó no lo vemos claro. Lo que sí está claro es que el Ministerio de la Gobernación inició, en la nota del Subsecretario, una arbitrariedad y extravagancia, y que el Consejo de Estado, lejos de contener al Ministro, señalándole el límite de sus atribuciones legales y la responsabilidad en que podía incurrir, si lo traspasaba, le ha empujado para que las sancione.

El Consejo de Estado es una institución importantísima cuando la dignidad de Consejero no se obtiene como simple recompensa de servicios políticos ó como resultado de combinaciones inspiradas en los intereses egoístas de los partidos, sino que se reserva para aquellos hombres de Estado que más se han distinguido por la altura de sus ideas, por la energía de su carácter, por la extensión de sus conocimientos y por su práctica en el manejo de los negocios públicos; cuando representa la suprema cordura y la suprema sabiduría; cuando realmente es una garantía de acierto para los Ministros y para los ciudadanos. Pero cuando esta augusta corporación está constituida por medianías de inteligencia y de carácter; cuando en sus deliberaciones prevalece sistemáticamente la influencia de los Ministros; cuando no es una garantía de acierto ni para los Ministros ni para los ciudadanos, porque á cada paso veímos en sus informes errores y debilidades desplorables, entonces el Consejo de Estado, el cuerpo que suple al Rey en la libre reflexión y en la sensata deliberación, no sólo es inútil, sino que es una institución funesta para las Monarquías y para las Repúblicas.

El poder excepcional de los gobiernos constitucionales, que ningún tratadista de mediana autoridad niega ya de una manera rotunda, nace de la suprema necesidad de salvar el Estado y de la imposibilidad de apelar á medios legales para proveer á esta necesidad; pero, como este poder redunda siempre en menoscabo de la libertad y del derecho, porque toma el carácter de los poderes absolutos y propende, como éstos, á la violencia y á la opresión no exigidas por ningún género de necesidad, los pueblos, siempre que han tenido medios de hacerlo, lo han limitado á lo puramente indispensable para salvar el Estado y asegurar el orden público, ya reconociéndolo en las Constituciones y reservando á las Asambleas legislativas el examen de su ejercicio, ya estableciendo disposiciones detalladas para la comprobación oficial de la necesidad. En Roma se exigía un Senatus-consultus para establecer la Dictadura; en Inglaterra se necesita un acto del Parlamento para suspender el acta Habeas Corpus y en todas las
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naciones del Continente, regidas por instituciones representativas, se pueden suspender temporalmente las garantías individuales, cuando lo exige la seguridad del Estado, por medio de una ley ó por medio de un decreto del gobierno responsable si las Cortes no se hallan reunidas y el caso es grave y de reconocida urgencia. De aquí que el poder excepcional de los gobiernos constitucionales arranque de una necesidad esencialmente política y tenga un solo fin: salvar el Estado de una agresión exterior y salvar las instituciones y la paz pública de una rebelión interior. Fuera de esta necesidad y de este fin, no puede invocarse aquel poder.

Los Ministros no tienen atribuciones para suplir por medio de disposiciones especiales las deficiencias que se observen en las leyes, como equivocadamente sostiene el Consejo de Estado, y si las tuvieran, por que tal extensión se diese al párrafo 1.º del art. 54 de la Constitución, que confiere al Rey la potestad de expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes, nunca sus atribuciones llegarían hasta poder alterar, por medio de una disposición reglamentaria, la esencia de la ley, que está en su letra y en su sentido. La Constitución establece que los pueblos se rijan por Alcaldes y Ayuntamientos, y solamente las Cortes con el Rey pueden reformar este precepto constitucional, disponiendo que, en casos excepcionales, puedan nombrarse por el Gobierno Comisiones municipales. La Ley municipal dice que los Concejales interinos que designe el Gobernador para cubrir vacantes, reúnan la cualidad de haber pertenecido al Ayuntamiento, por elección, y solamente las Cortes con el Rey pueden reformar esta Ley ó sustituirla por otra en que se autorice al Gobierno para nombrar Concejales interinos á personas que no hayan pertenecido á la Municipalidad. Infringir la Constitución y la Ley municipal, por medio de una disposición excepcional y extraordinaria, á pretexto de que la urgencia del caso no permite hacerlo llenando las formalidades de una reforma legislativa, es saltar por encima de todo y proclamar la omnipotencia ministerial, peor mil veces que el gobierno personal de un Rey, porque siquiera estos gobiernos tienen el valor de venir franca y resueltamente, por medio de golpes de Estado, imponiendo su derecho al derecho de las naciones y aceptando las consecuencias de la lucha, mientras que actos como el que examinamos, socavan de una manera hipócrita el régimen constitucional, dan pábulo para que se acentúen y tomen cuerpo los rumores que en la pasada primavera se propalaron, menoscaban el prestigio
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de la Monarquía y crean lentamente la desconfianza y el vacío.

Pero, ¿qué había de hacer el Gobierno—preguntan los periódicos ministeriales—para resolver el conflicto en Reus, en Sevilla y en otras poblaciones donde no ha podido constituir Ayuntamientos con arreglo á la Ley? Emplear temperamentos hábiles, sin salirse nunca de la legalidad; y si su gestión era infructuosa, abandonar el poder para que otros hombres del partido conservador ó del partido liberal que no hubiesen suscitado la animadversión de los pueblos con sus disposiciones sanitarias ó con sus disposiciones económicas, resolvieran el conflicto de una manera tranquila y legal. ¿Sería esto un acto de debilidad indigno del poder público? Sería un acto de altísima prudencia que la opinión pública aplaudiría con la misma razón que ahora censura el procedimiento contrario, que es el que ha seguido el Gobierno, apelando á la resistencia temeraria que fatalmente tenía que conducirle, como le ha conducido, á la ilegalidad.

Vengamos á la cuestión de las Carolinas.

El archipiélago carolino consta de unas 500 islas que ocupan, en el mar Pacífico, una longitud de 450 leguas y una superficie marítima de 45.000 cuadradas. Legaspi descubrió algunos grupos de estas islas en el viaje que desde México hizo á las Filipinas, en 1565, para continuar la empresa del infortunado Magallanes. Más tarde, reinando Carlos II, el marino español Francisco Lescano desembarcó en una de aquellas islas y tomó posesión de ella en nombre del Rey de España; reconoció varias otras y dió á todas el nombre de Carolinas en honor de su soberano. Desde entonces, quedó este archipiélago inscrito en los documentos geográficos y diplomáticos como dominio de España, perteneciente al territorio del Gobierno general de Filipinas.

El gran número de islas que componen el archipiélago filipino y la Sultanía de Joló (más de 1.200), la vasta extensión de muchas de ellas, la escasa población laboriosa con relación al suelo, las dificultades y la carestía de los viajes desde España al extremo Oriente, el antiguo monopolio del comercio entre Filipinas y Nueva-España, las guerras extranjeras y discordias civiles que han afligido á España y á sus colonias de América y de Oceania desde el advenimiento de la dinastía de los Borbones hasta hace ocho años, y las preocupaciones políticas, económicas y religiosas que han dominado en Europa y en el resto del mundo desde el siglo xvi hasta el presente, han retardado
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ó menos pronto el envidiable lugar que todavía conserva bajo punto de vista tan interesante. Existe, pues, el aviso, y quien lo ha dado ha sido, como en la mayor parte de los casos, la Estadística, nunca cansada de llamar la pública atención, con sus elocuentes cifras, cuando hay males que combatir ó progresos que realizar. Recojan ahora el dato todos los que obligación tienen, por su sagrado ministerio, de sostener al hombre en sus luchas con las pasiones y las adversidades; recójanlo asimismo los que, por amor á la ciencia y á sus semejantes, se han impuesto la santa tarea de inquirir las causas, á la vez que los remedios de los padecimientos sociales; recójanlo, en fin, los que por su participación en los poderes públicos pueden hacer que la vida, en vez de difícil y odiosa para muchos, á causa de grandes absurdos e injusticias legales, llegue á ser siquiera soportable para todos en cuanto de la ley dependa, y hagamos todos fervientes votos porque, merced á tanto esfuerzo reunido, no sea Noruega la única nación en Europa en que el número de suicidios disminuye, porque la excepción comprenda siquiera también á nuestra patria.

J. Jimeno Agius.
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demasiado tiempo el progreso moral y material de las Filipinas, y á esto se debe que las islas Carolinas no hayan sido colonizadas y organizadas de una manera conveniente. Pero la influencia de las nuevas ideas, los progresos de la navegación y, sobre todo, la apertura del Canal de Suez, han trasformado y siguen trasformando el carácter del archipiélago filipino que, en pocos años, ha reunido una población española importantísima; ha roturado grandes bosques, estrechando cada vez más á los salvajes; ha creado una marina mercante que honra á España por el número y calidad de los vapores que pasean su bandera por el Océano Índico y por el Pacífico; ha reprimido las piraterías de los moros de Joló, de Borneo y de Mindanao; ha creado Bancos y Sociedades de crédito; ha montado industrias fabriles y manufactureras; ha ofrecido al comercio peninsular y al extranjero campo para sus operaciones; ha cultivado las ciencias y las artes y ha llegado á ser, á pesar de que la Administración no lo impulse todo lo que debiera, un rico imperio que puede compensar á España de sus perdidas colonias americanas.

Así y todo, en las islas Filipinas queda mucho que hacer. Estamos casi en el principio de la empresa. La isla de Luzón tiene provincias como las de Manila, Bulacán, Batangas, Ilocos y varias otras cuya población y cuyo cultivo no son inferiores á la población y al cultivo de las provincias de Castilla, Andalucía y Galicia, en proporción del territorio de cada una; pero á pocas millas de la bahía de Manila se levanta, fértil y hermosa, la isla de Mindoro que está casi inexplorada y que tiene una población cristiana menor que la que tenía hace un siglo. Las principales islas Visayas están bien pobladas y cultivadas, pero hay algunas, como las de Samar y Leyte, que tienen una población insignificante en proporción de su suelo, y como Negros, que, á pesar de su gran cultivo y de su gran producción azucarera, que le han dado el nombre de la Cuba de Filipinas, aún tiene por desmontar las tres cuartas partes de su territorio laborable. La isla de Mindanao tiene pobladas y cultivadas las costas; pero á poca distancia de los pueblos cristianos empiezan los bosques y los valles que ocupan los moros, dueños del interior y de casi todas las márgenes del río Grande, navegable en una extensión verdaderamente asombrosa. En Joló está poblada la plaza; pero donde termina su recinto empiezan los terrenos de los moros, que constantemente están atacando e inquietando á los cristianos. Lo mismo sucede con la isla de la Paragua, las Batanes y otras mil que, si no están totalmente
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desiertas, tienen una agricultura insignificante y una población cristiana muy inferior á la que podrían sustentar.

España, por todas estas razones, ha tenido las islas Carolinas descuidadas, pero no abandonadas. Como no estaban precisamente en la carrera de Filipinas á América y, no podían ofrecer, como ofrecían las Marianas, uno ó varios puntos de escala convenientes á la navegación; como no eran, ni por su población indígena, ni por la riqueza y variedad de sus productos, un gran aliciente para la colonización, habiendo, como había en el Archipiélago filipino, muchas islas que poblar y muchos bosques que romper; como jamás rechazaron sus naturales la soberanía de España, ni protestaron contra ella reconociendo la soberanía ó el protectorado de otra potencia; como no se había dado el caso que de los carolinos cometiesen el más leve acto de piratería, ni el más ligero atentado contra los barcos balleneros, ni contra los barcos mercantes, ni contra los extranjeros que saltaban á sus puertos para dedicarse al comercio; y como ninguna nación disputaba á España su soberanía, ni en las cancillerías, ni por medio de las armas, pensó, y estuvo en su derecho para pensar de este modo, que debía aplazar para más adelante, para cuando su propio interés lo exigiera, la organización política y administrativa de aquel archipiélago y, mientras tanto, enviar algunas misiones religiosas que fueran preparando los ánimos de aquellos pacíficos naturales. Hubiérale disputado alguna potencia la posesión y el dominio pleno de las Carolinas, y España las habría defendido con su sangre, como con su sangre defendió las Filipinas contra los holandeses, los ingleses y los chinos, grabando en la historia epopeyas como la derrota de Limahong y como la resistencia de Don Simón de Anda.

No es, pues, exacto—y la prensa española y algunos altos funcionarios del Estado deben rectificar el error de concepto en que han incurrido—que España tratase ahora de tomar posesión de las Carolinas. España tomó posesión de este Archipiélago en 1686, con arreglo al derecho que entonces regulaba las relaciones de los Estados. Aquella posesión, por nadie contradicha en el transcurso de dos siglos, es su título originario para probar y para mantener su derecho. El decreto del Gobierno de S. M. creando un gobierno político-militar en las islas Carolinas y grupo de las Palaos; el viaje que el crucero Velasco hizo, en el mes de Febrero de este año, para ver el punto que ofrecía más ventajas para establecer el Gobierno y sus de-
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pendencias, y la partida de los vapores Manila y San Quintín, llevando á bordo al Gobernador, á los misioneros y á la guarnición de la plaza de Yap, no son ni pueden llamarse actos de posesión, sino actos de imperio y de dominio derivados de la soberanía.

Hemos expuesto sucintamente, tal como las condiciones de estas Crónicas lo permiten, los derechos que España tiene sobre las islas Carolinas. Veamos ahora cuál ha sido la conducta de Alemania.

Mientras el Gobierno español preparaba los elementos necesarios para establecer en la isla de Yap una Administración, el Gobierno de Alemania, avisado por sus agentes diplomáticos y consulares, envió á las Carolinas dos acorazados con la misión de ocupar una de las islas y proclamar en ella y en todas las demás la soberanía del Emperador. Las razones en que el Príncipe de Bismarck se ha fundado para proceder de este modo se reducen: á que en las islas Carolinas hay factorías alemanas que el gobierno imperial debe proteger y á que España no tiene derecho alguno sobre aquellas islas, porque su posesión es nominal y no real y efectiva. La primera de estas razones no es totalmente exacta; en las islas Carolinas existen, es verdad, cuatro casas extranjeras que importan algunos objetos de comercio y exportan cocos, que es el principal de los productos del país; pero una de estas casas es inglesa, otra es norte-americana y dos pertenecen á súbditos alemanes, y con el mismo fundamento de derecho que Alemania, hubieran podido izar sus banderas y declararse dueños de las 500 islas Carolinas los Estados Unidos de América y la Inglaterra. Además, si la existencia de una ó muchas factorías da derecho al gobierno de la nación á que pertenecen sus dueños para apropiarse el país en que se hallen establecidas á título de protector de los intereses de sus súbditos, entonces ya sabemos lo que haría mañana con las islas Filipinas, donde existen más de cincuenta casas de comercio de súbditos alemanes; lo que podría hacer con las islas de Cuba y Puerto Rico, que también tienen la fortuna de contar en su comercio á muchos súbditos del moderno Imperio, y, hasta, apurando un poco el principio, lo que sería capaz de hacer con España, donde tantos alemanes viven comerciando. He aquí á dónde conduce el principio de derecho de gentes que ahora proclama el genio de la diplomacia moderna: al absurdo y á la hilaridad. Los Estados tienen, efectivamente, el deber de proteger á sus súbditos residentes en una nación extranjera; pero esta protección no puede ser directa, porque viola-