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Revista de España (1885-09-01 00:00:00), página 395

DECRETO SOBRE ENSEÑANZA

Veamos ahora los Seminarios conciliares:

1.º Pueden gozar de subvención del Estado, la provincia y el municipio; y como ya gozan de una por el Estado, según el Concordato, en su caso podrán tener dos subvenciones. 2.º Para asimilarse, esto es, para examinar á fin de curso, con validez oficial, á sus alumnos, y para llevar dos vocales seguros al tribunal de grados de bachiller, les basta la solicitud del diocesano, pues por el art. 42 se les dispensa a); de que sus profesores tengan título profesional y de que éstos den cátedra á un tiempo en más de dos establecimientos de enseñanza b); de que lleven los Seminarios más de dos años de existencia en la población en que soliciten la asimilación y prueben que han tenido un número de alumnos que exceda por lo menos ocho veces del de profesores que les corresponde c); de que el edificio sea propio del director ó fiadores, y de probar que reúne en sus locales el material y los medios de enseñanza debidos y convenientes á juicio de la inspección d); de que presenten tres socios fiadores.

En suma; que en donde quiera que, según el Concordato, exista ó pueda existir un Seminario conciliar, puede erigirse éste en instituto de segunda enseñanza, con subvención ó sin ella, con los profesores que quiera, con los medios de enseñanza que pueda, con los alumnos que asistan, sin local propio ni fiadores, ni inspección, pues bastará el hecho de su voluntad para tenerle y considerarle como asimilado, ó sea con más facultades que los actuales Institutos del Estado. Y como según el Concordato estos centros de instrucción gozan de determinado auxilio por el Estado, y su objeto es únicamente educar á los jóvenes que piensan dedicarse al sacerdocio, el volverles á subvencionar y el sustituirlos en facultades á los Institutos del Estado, es sacarlos del fin y medios y propósito que presidió á su creación.

Creo probado el segundo punto, y paso al tercero, ó sea de la anulación de la razón de ser de los Institutos sostenidos por el Estado, de su postergación en la intervención de las pruebas y de la enorme disminución que van á sufrir el Estado, las provincias y los municipios en sus actuales ingresos para sostenerlos, los profesores en los emolumentos de que hoy gozan, y el material científico y las
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pensiones de los alumnos pobres aventajados en las fuentes de que se mantenían.

Por lo que al profesorado oficial toca, está de verdadero pésame; repito que sólo me voy á ocupar del de los Institutos de segunda enseñanza, para los cuales con razón, en el preámbulo, se dan esperanzas de compensaciones, pues por el articulado se da suficiente lugar á aquéllas, toda vez que se priva á los establecimientos públicos del derecho de conferir los grados de bachiller, hasta el punto que todos los de un distrito, lo más que pueden tener de representantes en dichos actos son dos profesores, y pudieran no tener ninguno; privaseles también de la libertad de texto y programa, con lo que se ataca la libertad científica de la cátedra, y se extingue el principio del movimiento científico y literario que en ellos existe: merced á los textos, se aminoran hasta hacer ilusorios los derechos de examen y los académicos; y por si no bastase, se priva á los establecimientos de la mayor parte de sus entradas por matrículas, condenando así á casi todos al lamentable estado en que hoy están algunos.

Pero no son ellos solos los perjudicados; que si, después de todo, redundara en provecho de la enseñanza, bien hecho estaría; sino que conservando el Estado, por el Real decreto, el derecho de señalar y mantener la norma y pauta de los grados públicos académicos y profesionales, se priva de sus naturales agentes para ello, y crea unos tribunales en los que concede al interés político y de empresa privada una ingenerencia decisiva, que niega á los establecimientos oficiales, colocándolos, no sólo en peor situación que los asimilados, si que también negándoles su razón de ser.

Veamos si es verdad, y empecemos por la colación de grados de bachiller. Según el art. 46, los tribunales para la concesión de grados serán los mismos para los alumnos oficiales ó libres (en todas sus categorías) y los nombrará el Ministro de Fomento, con sujeción á las reglas siguientes:

Art. 51. Para el grado de Bachiller se constituirá en la cabeza del distrito universitario un tribunal, nombrado en la forma que sigue:

1.º Un Vocal elegido por el Ministro de Fomento, á propuesta en terna del Consejo de Instrucción pública.
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2.º Un Vocal elegido por el claustro de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad oficial del distrito.

3.º Un Vocal elegido por el claustro de la facultad de Ciencias de la Universidad.

Cuando no existiere en la Universidad del distrito alguna de dichas facultades, el Rector hará la propuesta en terna, para el nombramiento de Vocal, con Doctores de la facultad respectiva.

4.º Dos Vocales Catedráticos, propuestos por los claustros de los Institutos oficiales del distrito universitario correspondiente, debiendo pertenecer uno á la sección de Letras y otro á la de Ciencias.

5.º Dos Vocales, con grado de Licenciado uno en Letras y otro en Ciencias, propuestos por los Directores de establecimientos de segunda enseñanza libre asimilada que existan en el distrito universitario, y designados en la misma forma electiva que para los oficiales se establece.

Cuando no existan establecimientos libres de esta clase, el Rector propondrá en terna (¡á quién?) para el nombramiento de estos Vocales, Licenciados en cualquiera de las Facultades expresadas, con dos años de ejercicio en la enseñanza libre.

Art. 53. En los días, y por el orden que anunciará el Rector con la anticipación debida, el tribunal de exámenes se constituirá con cinco Vocales designados por sorteo entre los que no tengan el carácter de Presidente del concepto de representantes de la enseñanza libre. Los otros dos Vocales tendrán el carácter de suplentes, para el caso en que no pueda asistir al tribunal alguno de los demás Vocales.

Desmenuzemos esto: en primer lugar, se acabó para los Institutos el conferir grados de bachiller, y de los seis ó ocho Institutos que á cada distrito universitario corresponden, ó sea de entre sesenta ó ochenta catedráticos oficiales de segunda enseñanza, sólo se consienten dos para que entren en sorteo con otros dos de Universidad para formar parte del tribunal de grados: ahora bien; como la suerte es cicga, ocurrirá todo género de combinaciones entre estos cuatro individuos, y entre ellos está; ó que se quede sin representación la Universidad, ó que se queden para suplentes los dos catedráticos de los
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Institutos oficiales, y éstos, por tanto, como si no existieran (1). Supongamos el caso más favorable, y que entren los dos profesores de Instituto; pues como de dos á cinco van tres, quiere decir que su influencia en el tribunal no es decisiva. Pero aún hay más. El presidente lo nombra el Ministro, de una terna que le propone el Consejo, y los dos vocales libres, ó los establecimientos asimilados, ó el Rector: supongamos un Ministro ultramontano fogoso, y nadie dudará que, por muy liberal que sea el Consejo de Instrucción pública, algún ultramontano irá en la terna: pues ese será, seguramente, el elegido. En cuanto á los dos vocales, los nombran, ó los establecimientos asimilados, y ya sabemos que no lo pueden ser más que los Seminarios conciliares (que habrá más que institutos), ó dirigidos por corporaciones religiosas, ó el Rector en su defecto: en el primer caso, dicho se está que no serán muy liberales los vocales; y en el segundo, un Rector de la confianza del susodicho Ministro (que precisamente lo ha de ser), también está dicho de qué opiniones los elegirá; resultado: que queda asegurada, aun en el caso más desfavorable, la preponderancia de las opiniones ultramontanas en el omnímodo y universal tribunal que va á juzgar, por dos años consecutivos, de todos los grados de la segunda enseñanza de todos los establecimientos del distrito: también podría darse el caso de que alguno ó los dos profesores oficiales, sean de Universidad ó Instituto, fueran ultramontanos, que se dan casos, y entonces ya el tribunal tendría un solo color. Pues supongamos

(1) Posteriormente, y quizá pareciendo exagerada la exclusión en tal caso de suerte, de toda representación del profesorado de institutos, se ha modificado este sorteo del modo siguiente: Con motivo de la publicación de los cuestionarios para los grados (Gaceta del 4 de Setiembre de 1885), se ingiere una sección que se llama de Constitución del Tribunal de grados, y en el párrafo 2.º del art. 5.º se dice: «Se sortearán primero los Vocales representantes de Facultad. Si resulta elegido el de la de Letras, formará, sijsso facto, parte del Tribunal el representante de la segunda enseñanza oficial, correspondiente á la sección de Ciencias y viceversa.»

Quedamos, pues, hasta ahora (porque no sabemos si con motivo, de los deberes de los Profesores vendrá otra variación del Tribunal de grados), en que solo entrará un Profesor de la segunda enseñanza en el Tribunal, con lo cual, como no se altera el fundamento de los razonamientos que hago, no los modifico de conformidad con esta novísima modificación.
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tiempos de dominación liberal tan fogosa como la ultramontana que hemos supuesto, que también se dan, aunque con más largos intervalos, y supongamos que rige el actual decreto, que todo cabe en hipótesis; pues el presidente será liberal, y si el Rector eligiese los dos vocales libres, serían liberales, resultando mayoría liberal; esto no es tan seguro; porque si lo es que habiendo en cada distrito universitario más Seminarios asimilados que establecimientos del Estado, resulta que, aun en tiempos liberales, el tribunal puede tener dos vocales ultramontanos; pero concedamos que predomina el elemento liberal ó en absoluto domina; pues ya tendremos otro tribunal de tinte político marcado. De manera que, sin decir yo por esto que el tribunal fuese injusto, precisamente ha de tener color político, y más veces ultramontano que liberal.

Resulta, pues, que, en todo caso, un tribunal tan importante, que á poco que incline la balanza en un sentido inclina á su vez en el mismo un aluvión de alumnos que sana ó mata el lucro de empresas que de ellos depende, lleva en sus entrañas, á más del germen de los intereses materiales, antagonismos políticos.

Quizá ocurra decir que los tribunales actuales, compuestos de profesores oficiales, también serían tachables, por tener los que le componen opiniones políticas: admito el argumento; pero veamos qué razones han hecho que hasta ahora la diversidad de opiniones políticas de los jueces oficiales no haya sido un origen de recelos y quejas de los exámenes, como lo será, sin duda, de ambas cosas esa especie de suprema comisión bienal facedora de bachilleres, que crea el decreto.

En primer lugar, la multiplicidad de tribunales en cada distrito, que si lo suponemos compuesto de ocho Institutos y en cada uno cuatro comisiones de grados darían 32 tribunales, hace imposible todo monopolio en la colocación de ellos, y concede amplitud al candidato para huir de uno determinado de quien por este concepto recelese; al contrario será ahora: para todos los aspirantes en cada distrito, se establece en la cabeza de él, un solo y único tribunal, al cual precisamente ha de someterse.

En segundo lugar, los profesores oficiales pertenecen (los que de política se ocupan, que son pocos) al partido que más les place; por lo
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una casi completa certeza de que, siendo campo mucho más amplio de invenciones el que ofrecen, por una parte, la fabricación de cañones, y, por otra, el empleo de los explosivos con toda clase de aparatos, siempre será la armadura inferior á los medios para combatirla.

En el pasado decenio, y á proporción que el espesor de blindajes ha ido aumentando, se han ido fundiendo ó forjando cañones de 30, 40, 50, 80 y 100 toneladas. Hoy los hay de 110, y Surr Krupp funde en este momento uno de 121 toneladas, cuya cureña pesará poco menos que el cañón; naturalmente, los calibres también han aumentado á proporción, y hoy se lanzan proyectiles de 45 centímetros de diámetro por 115 de alto y con más de 20 quintales métricos de peso.

Estos monstruos de la artillería, de más de 13 metros de largo, y que con su montaje pesan cerca de 250 toneladas, necesitan para su manejo, puntería y carga el auxilio de poderosas máquinas, ya de vapor, ya hidráulicas, formando un conjunto tan complicado como costoso. El precio de uno de estos cañones equivale ó supera al de uno de nuestros cruceros de segunda clase, completamente armado. Los disparos son dispendiosos y lentos, el tiro poco seguro, y hoy son muchos los que creen las ventajas de estas enormes piezas inferiores á sus muchos inconvenientes; y en la generalidad de los casos estiman de mucha más utilidad y valor militar una veintena de cañones de 18 á 20 centímetros y de unas cinco toneladas de peso, que todos juntos cuestan mucho menos que el grande y le son muy superiores como facilidad de manejo, baratura, seguridad y rapidez en los disparos, lanzando cada vez y frecuentemente una masa doble de la que el gran cañón lanza de tarde en tarde.

El emplazamiento á bordo de estas pesadas piezas ofrece no pocas dificultades, y marinos e ingenieros difieren sobre su más conveniente colocación. La torre aislada para cada pieza tiene sus defensores, entre otros Gerard V. Noel (1); pero des-

(1) The gun, ram. and torpedo; G. V. Noel.
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que, y sólo per accidens, habrá en un tribunal (variable después de todo á voluntad del director del establecimiento) dos profesores que piensen lo mismo en política, y, sobre todo, que como con sus juicios no pueden favorecer ni dañar éstos á aquellos intereses políticos, de lo que menos se acuerdan es de que existen divergencias de opiniones al formular sus juicios; en cambio, el tribunal ó comité bienal y único ha de tener precisamente (y per se, como he probado) un tinte religioso político marcado, porque su modo de constituirse lo impone, y después tiene en su mano sanar ó matar sus propios intereses y los de los de su oficio, y, lo que es más, los de su oficio, que han hecho declaraciones públicas de distinta religión; y dígase si con los antagonismos nacidos de las preferencias que el decreto produce con la durísima lucha por la existencia que se ha de entablar entre los organismos privilegiados y los postergados, y en un país en que aún están mal apagados los odios y esperanzas entre liberales y absolutistas, dígase, repito, si un tribunal en que predomine precisamente uno de los partidos enemigos, al decidir como único juez de la vida ó muerte de los intereses materiales y morales de las clases que representan, merecerá de la vencida el concepto de imparcial y á dónde llegan hoy los recebos y mañana llegarán las quejas.

No ha pensado bien el Sr. Ministro este punto; pues de lo contrario, otros caminos podría haber tomado, que, aun favoreciendo á los establecimientos asimilados, no suscitases los recebos y quejas del que adopta; me permitiré indicarlos: el más consecuente con aquel principio que sienta en su preámbulo, de que el Estado debe mirar con perfecta igualdad á los candidatos, procedan de donde procedan, sería el haber dispuesto que los tribunales de grados se compusieran en los establecimientos asimilados y oficiales en cada uno con sus profesores, con entera independencia, y bajo el régimen y con la presencia de los delegados que el gobierno dispusiese. Otro camino sería el cometer la colación de grados á tribunales compuestos como hoy lo están, los que conceden los llamados de estudios libres, contra los cuales ninguna dificultad se ha suscitado y ya estaban admitidos en la opinión, et sic de ceteris. Pero no ha sido así; el autor del articulado ha concedido quizá más de lo que los establecimientos asimilados le hubieran pedido; pues no sólo ha despojado de la facultad
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de colacionar los grados á los establecimientos oficiales y se ha dado intervención á los libres, sino que ha combinado las cosas de modo que ahora queden sin representación los que antes tenían la facultad exclusiva y predominen los que antes no intervenían; esto es, pasar de extremo á extremo y no legislar con cordura.

En cuanto á la función del tribunal único, desde luégo puede declararse que es casi imposible, revelándose aquí la poca práctica de los que dictaron el articulado. Por término medio, en el distrito de Madrid tendrá que conferir el tribunal facodor de bachilleres unos mil grados que, á dos actos, uno escrito y otro oral, hacen 2.000 actos: dividámosles en grupos de á 10, y resultan 200 grupos (1). Y no es poco suponer que el tribunal no invierta más de seis horas en el examen de cada grupo, ó sea el trabajo máximo diario de los jueces, según el artículo 86: resultan 200 días de trabajo que, suprimidas las fiestas y convocatorias y meses de estío, apenas si basta el año solar; pues si se añade el que el tribunal puede pedirse que vaya á ejecutar los actos en el centro oficial ó asimilado que lo solicite para sus alumnos, precisamente en los viajes, idas y venidas de este jurado locomóvil, se han de perder no pocos días: verdad es que estas peticiones tienen el correctivo del art. 55, que obliga á los establecimientos que soliciten el beneficio de tener en su seno al tribunal, á pagar 40 pesetas diarias sobre los derechos de examen á cada examinador, ó sean cuarenta duros diarios; con lo que, por ejemplo, el Instituto del Cardenal Cisneros, que tiene al año que graduar unos 300 alumnos, habría de pagar por el beneficio 40 duros durante treinta días, ó sean 1.200 duros de dietas; prescindiendo si es mucho ó poco, y pregunto: ¿de dónde han de salir esas misas? Porque en los establecimientos oficiales no hay sacrístias, que es de donde salen las misas: quiero decir, que los centros oficiales no tienen fondos para aplicarlos á estos lujos; y estoy hablando de centros pagados por el Estado, pues si á los Institutos en general me refiriese, en vez de fondos, lo que tienen es un déficit, por no pagarles las Diputaciones provinciales, el que entre sus ingre-

(1) También novísimamente se dispone que los grupos sean de 10: allá verá el tribunal cómo se las maneja para hacer su trabajo en seis horas: poco altera esta disposición el argumento que hago.
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sos y gastos resulta. En resumen: que este beneficio, como le titula el artículo 55, no se ha hecho para que gocen de él los centros oficiales.

Y esta observación la he hecho de propósito y para prevenir una contestación sofística ó interpretación torcida de un artículo, de una ley vigente que se contraria por el Real decreto. En efecto, según se reconoce por todos, en el cómulo de leyes, decretos-leyes, reales decretos y demás disposiciones de Fomento sobre enseñanza, la legalidad vigente es la que establece la Ley del 57, suscrita por el señor D. Claudio Moyano, cuyas disposiciones son las que actualmente rigen en cuanto no hayan sido anuladas ó modificadas por otras leyes posteriores. Ahora bien; según el art. 82 de dicha Ley, «en cada establecimiento de enseñanza se conferirán los grados correspondientes á los estudios que en él se hagan, y se verificarán los exámenes y ejercicios necesarios para obtener los títulos profesionales á que den derecho las carreras que en él se sigan.» Es claro que una interpretación recta de este artículo, y dados los órdenes de enseñanza que en la Ley se reconocen, quiere decir, respecto á los Institutos, que en cada uno y según los reglamentos se conferirán los grados de bachiller. Ahora bien: ¿Cómo por un Real decreto se despoja á los Institutos oficiales de las facultades que una ley les tiene concedidas? ¿Contestarán, acaso, los autores del decreto, que lo que quiere decir este artículo es puramente que en el local de cada establecimiento se han de constituir los tribunales que confieran los grados, y que para eso da el Real decreto la facultad de pedir que vaya la comisión de bachilleres á su local? Si tal contestación se diera á esta grave dificultad de haber sobrepuesto un Real decreto á una Ley, por mi parte me sometería desde luego á la interpretación auténtica del respetable Sr. Moyano, y aun en el caso, que no creo posible, de que su opinión fuese ésta, que yo considero torcida, creo haber probado que será imposible que la comisión de bachilleres se constituya en todos y quizá en ninguno de los Institutos de un distrito. En cualquier caso, pues, el art. 82 de la Ley del 57 quedará anulado por el Real decreto.

Pero vamos á tratar la cuestión bajo otro aspecto. Preparándose el preámbulo para la gran novedad que iba á introducir el decreto, y golpe rudo al prestigio de los centros oficiales, dice: «Partiendo de la base constitucional de que al Estado corresponde expedir los tí-
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»tulos profesionales y establecer las condiciones de los que pretenden obtenerlos y la forma en que han de probar su aptitud; y armonizando esta base constitucional con el principio fundamental para la libertad de enseñanza, de que el Estado debe considerar perfectamente iguales ante el derecho, su propia enseñanza oficial y la debida á la iniciativa privada, se impone como lógica y necesaria consecuencia que, para la validez académica de los estudios y concesiones de grados, el Estado, cualquiera que sea la procedencia de los estudios, se ha de limitar á someterlos á las pruebas convenientes, juzgándolos á todos con el criterio de imparcialidad de un mismo tribunal y no teniendo en cuenta otro dato que la prueba de suficiencia.»

Si se admite la base constitucional citada, preciso es organizar las pruebas de colación de los grados académicos y profesionales. Innegable es también el derecho á la igualdad en la ley de las pruebas á que han de someterse los candidatos, provengan de donde provengan, y cada uno según las reglas correspondientes al método que en sus estudios haya seguido: ¿quién no ha de estar conforme, si lo contrario sería evidente y repugnante injusticia? ¿Cómo no deseas también que los tribunales tengan en lo posible un criterio igual, y, sobre todo, que resplandezcan por su imparcialidad? En resumen, la base constitucional y su armonía con la libertad de enseñanza, son principios elementales de sentido común. Ahora bien; la dificultad no está en las teorías, sino en la práctica. Hombres son los que han de constituir los tribunales, y para quien los conozca no es dudoso que la primer condición para la imparcialidad de un juez es su independencia personal, cualesquiera que sea su juicio y su desinterés en el asunto sobre que juzga. Esto también es de sentido común. Y ¿cómo se ha buscado por los Estados esa reunión de hombres aptos, independientes y desinteresados que juzguen de los actos académicos? Hasta ahora, sosteniendo un cuerpo docente oficial, independiente en sus juicios y ajeno á todo interés de empresas, á las cuales se les prohibe terminantemente pertenecer. El Estado paga sus catedráticos, tengan muchos ó pocos alumnos, sean rigurosos ó no; ellos no dependen ni acrecientan sus ingresos porque florezcan y se acreciente tal colegio ó aquella institución; de su cátedra no es privado