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Estos revéses de la política, ó de la fortuna, hubieran aconsejado á otro hombre de Estado de menos resistencia, de menos pasiones, pero de más altos ideales que el Sr. Cánovas la resolución de retirarse del poder para que otros hombres de su mismo partido—si es que el Rey no creía conveniente un cambio de política—hubieran seguido gobernando, sin tantas apelaciones á la fuerza, sin tanto hablar de los planes y de los trabajos de la revolución, sin intimidar un día y otro día á las instituciones y á las clases indiferentes á la política, para hacerles creer que el partido conservador y el Sr. Cánovas eran la única garantía del orden y el único baluarte de la Monarquía, sin exagerar la represión contra la prensa, para no darle motivo á que traspasara, á su vez, los límites de la conveniencia y de la legalidad, sin desdénar, en fin, el concurso de la opinión pública, que es el fundamento de los gobiernos parlamentarios. Pero, desgraciadamente, el Sr. Cánovas profesa otras ideas y no es de extrañar que ajuste á ellas su conducta. Abandonar el Gobierno, como lo hizo ó lo pretendió hacer el Sr. Romero Robledo, por haber sido derrotado en una lucha electoral que él provocó, era para el Sr. Cánovas un contrasentido; porque, no siendo los Ayuntamientos instituciones políticas, no había podido el cuerpo electoral de Madrid condenar la política conservadora. Dejar el poder, porque se hubieran presentado unos cuantos conflictos interiores y otros cuantos conflictos internacionales que, después de todo, no habían hundido lo existente, era, en opinión del Sr. Cánovas, una gran debilidad; porque, ¿qué gobierno no tiene que luchar alguna vez con dificultades y que saborear amarguras? Aconsejar al Rey que, en consideración á las circunstancias, encargase á otro partido la dirección del poder, era una puerilidad; porque, ¿qué gobierno se considera derrotado en su política, mientras el Rey no le retire su confianza y las Cortes le sigan apoyando? Indicar la conveniencia de que otros hombres de su mismo partido, menos gastados y de más ascendiente en la opinión, vinieran á reemplazarle, por más ó menos tiempo, era la última de las locuras; porque, ¿qué jefe de partido se aviene á que sus mismos amigos le corrijan su política?, ¿Qué quedaría entonces de la autoridad del jefe y de la disciplina de esas grandes colectividades que se llaman instrumentos de gobierno? De estas ideas que el Sr. Cá-
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novas profesas con una convicción profunda y que constituyen lo que podríamos llamar el fondo de su carácter, arranca su política actual.

Entre esta política y la que el Sr. Cánovas siguió en la primera época de la Restauración hay tanta distancia como de un polo á otro polo. Entonces resistía de una manera varonil las pretensiones de los ultramontanos, para quienes la Restauración era, cuando menos, la vuelta á la Constitución de 1845 y la preponderancia de la Iglesia en el Estado. Hoy hace depender la fuerza y el prestigio de la Restauración del apoyo que le prestan aquellos elementos y permite que el Vaticano dicte reglas á los Obispos y á los católicos sobre materias que incumben al gobierno temporal. Entonces se levantaba continuamente en las Cámaras, entre los aplausos de la mayoría y de las minorías y del país, á declarar que se consideraría derrotado en toda su política si el jefe del partido liberal, Sr. Sagasta, no venía más ó menos pronto, cuando la opinión pública lo indicase, á sustituirle en el Gobierno. Hoy, después de haber pasado el Sr. Sagasta por el poder y de haber probado que bajo su dirección no peligran ni la patria, ni la libertad, ni la Monarquía, ni ningún interés social, sino que todos ellos se armonizan y se afianzan y se compenetran para formar juntos la base del progreso moral y material de la nación, pone el Sr. Cánovas todo su empeño en que el partido liberal, tal y como está hoy organizado, no le reemplace, y para ello empieza por considerarlo dividido; por combatir su política con más encono que si la estuviese atacando desde la oposición; por anunciar—criterio impropio de los hombres de la escuela conservadora—que las reformas que plantee durarán el tiempo que duren sus hombres en el gobierno, y, lo que es más triste—porque esto demuestra hasta qué punto es víctima de sus pasiones—por presentar las doctrinas y los hombres del partido liberal como un peligro para la Monarquía, para la propiedad y para la paz pública.

Por fortuna, esta política deplorable no prevalecerá; porque si prosperara, iríamos á parar, insensiblemente, á la política de las predilecciones y de los ódios; á la política de la fe ciega en un partido y más que en un partido en un hombre de Estado, y de la desconfianza sistemática en otros partidos y en otras personalidades; á la política personal, disfrazada con los atavíos accidentales del sistema repre-
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sentativo; á los gobiernos de prerrogativa; á los Parlamentos facticios; á las situaciones de fuerza, que casi siempre tienen un desenlace doloroso. ¿Quiere el Sr. Cánovas conducirnos á esta política en que comprometería algo más que su posición y algo más que su partido? Esto empiezan á creer los pesimistas, que todo lo ven con los ojos del recelo, esperando siempre el bien del exceso del mal; pero ningún espíritu recto puede pensar, por graves y concluyentes que parezcan los indicios que se van amontonando, que el ilustre jefe del partido conservador esté ya tan falto de patriotismo y tan reñido con la realidad, que no comprenda cuál sería su culpa si se obstinase en abrir un abismo entre la Restauración y todos los elementos que combaten la política conservadora, lanzando al partido liberal por derroteros que condena y condenará siempre, por más que alguna vez hayan sido una triste necesidad para los pueblos.

La cruzada que el Gobierno ha emprendido contra la prensa de todos matices, es moralmente intolerable. Una situación que tiene que apelar á estos medios para defenderse, confundiendo sus intereses con los intereses permanentes del país, no sólo es imposible, sino monstruosa. Denunciar La Ilustración Española por la publicación de grabados que representan hechos desgraciadamente exactos, hechos que los periódicos ministeriales han relatado con sus más nimios detalles, aunque fuera muy legal, no es un celo para envidiado. Denunciar los periódicos monárquico-liberales por haber expuesto su opinión sobre el concepto de la patria y sobre el concepto de la Monarquía, probando que estos intereses son distintos, pero no contrarios, contra la opinión de la prensa conservadora, que ha sostenido la teoría panteísta de que la patria es el Rey y el Rey es la patria, podrá ser muy conforme á derecho, no lo discutimos; pero, en el orden político, es el error más funesto en que ha podido incurrir este Gobierno; porque, ó los procesos contra La Iberia, El Correo, La Izquierda Dinástica, El Resumen, La Gaceta Universal y otros periódicos de este matiz, por supuestos ataques á la forma de gobierno, no significan nada, ó quieren significar algo de que el país puede sacar las más graves consecuencias. ¡Cómo calificará esta política el eminente hombre público D. Manuel Silvela, que en la Academia de Jurisprudencia sostenía, hace pocos meses, que el mejor régimen para
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la prensa era el régimen de la impunidad! ¡Qué armonía de criterio entre el Presidente del Consejo de Ministros y el ex-embajador de París!

Teníamos el propósito de no ocuparnos en esta Crónica de la cuestión de las Carolinas, porque realmente, en esta quincena no han ocurrido incidentes que merecieran discutirse. El asunto seguía sometido á las negociaciones diplomáticas; el Gobierno nos había dicho, por medio de sus periódicos, que tenía fundados motivos para creer que Alemania no insistiría en la idea del arbitraje y, sobre todo, «la esperanza de que los buenos oficios de las grandes potencias vendrían en apoyo de España, para robustecer nuestro derecho y dirimir la contienda, sin que, en poco ni en mucho, se desmembre la integridad del territorio ni se desconozca nuestra soberanía.» En vista de una declaración tan explícita y tan concreta, creímos que lo más prudente era esperar el resultado de las negociaciones; pero en los momentos en que escribimos este artículo nos sorprende la noticia de un incidente que puede alterar la faz de la cuestión, y esto nos obliga á abandonar el examen que íbamos haciendo de la política general del Gobierno y á fijarnos en el conflicto provocado por Alemania.

Por de pronto, diremos que en la Presidencia del Consejo de Ministros se dió ayer á la prensa la siguiente nota:

«La conferencia que ayer celebró el Conde de Benomar con el Príncipe de Bismarck, fué cordial y se empieza á discutir en ella el asunto de las Carolinas con un espíritu amistoso, que permite esperar una solución satisfactoria.»

Además de esta noticia oficial, circulaban otras, según las cuales, las impresiones del Conde de Benomar, comunicadas al Gobierno en un despacho que se recibió en Madrid el lunes 21 del actual, son favorables á un arreglo satisfactorio, sobre la base del reconocimiento de la soberanía de España en las islas Carolinas; pero estas versiones contrastaban de una manera extraña con un telegrama de Berlín, de la misma fecha, en que se decía que la Gaceta Nacional, órgano del Príncipe de Bismarck, declaraba que Alemania no admitirá la prioridad de la ocupación de Yap por España sino con ciertas condiciones.
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El asunto, como se ve, está poco más que en el principio, y no es fácil formar conjeturas sobre su solución.

Pero, más que estos telegramas y estas impresiones, fué ayer y sigue siendo hoy y lo será por muchos días, objeto de los más vivos comentarios una declaración que el Presidente del Consejo de Ministros, Sr. Cánovas, hizo á Mr. Layard, ministro plenipotenciario de Inglaterra en Madrid, el día 14 de Noviembre de 1876, sobre los derechos de España á las islas Carolinas. De esta declaración tomó nota el representante de Inglaterra, y la comunicó á su gobierno, que la publicó en el Libro azul de 1882 con el núm. 3.108.

Los párrafos del despacho de Mr. Layard que más concretamente se refieren al caso, dicen así:

«Le indiqué (al Sr. Cánovas del Castillo) que las pretensiones de España á la soberanía sobre otras partes del Archipiélago oriental no podían ser reconocidas por Inglaterra y Alemania, y le recordé que de las protestas dirigidas en 4 de Marzo de 1875 por el Conde de Hatzfeldt y por mí al Gobierno español, de acuerdo con nuestras instrucciones contra la pretensión de España á las islas Carolinas, el Gobierno español no se había dado siquiera por entendido.

»Añadi que hasta ahora no había recibido instrucciones para dar ningún paso más en este asunto; pero que tenía razones para creer que buques de guerra españoles y autoridades estaban tratando de afirmar un derecho de intervención y jurisdicción en aquellas islas, á lo cual ni Inglaterra ni Alemania se someterían.

»El presidente del Consejo declaró que no sabía nada acerca de este asunto, y que España nunca había pretendido soberanía sobre el grupo de Carolinas. Para adquirir la completa certeza de esta afirmación, induje á su excelencia á repetirla más de una vez.»

Este despacho ha sido reproducido ahora por la prensa alemana, y como el Príncipe de Bismarck, al contestar á la protesta del Gobierno español de 12 de Agosto último, se refirió á la nota colectiva que los representantes de Inglaterra y Alemania presentaron en 4 de Marzo de 1875 á nuestro Ministro de Estado, manifestándole que sus gobiernos no reconocían la soberanía de España sobre las islas Carolinas, es lógico suponer que el despacho de Mr. Layard de 1876, que se refiere al mismo asunto y contiene una declaración categórica del
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Gobierno de España, sea otra pieza importante del expediente diplomático.

Si esto sucediera, la situación de España, ante la Cancillería alemana y ante las demás naciones, no sería tan despejada y tan gallarda como deseáramos; porque una declaración oficial del Presidente del Consejo de Ministros manifestando que nunca España había tenido pretensiones á la soberanía de las Carolinas, no puede dejar de influir en el curso de las negociaciones, y, sobre todo, en el juicio arbitral, si, por fin, se recurre por ambas partes á este medio de avenencia. En previsión de lo que pudiera acontecer, el Sr. Cánovas se ha apresurado á explicar el alcance y sentido de sus palabras, y he aquí cómo las explica La Época:

«Una vez—dice—en presencia del Sr. Cánovas, se entabla una conversación que versa, según el mismo Gobierno inglés ha reconocido, sobre la libertad de comercio en ciertos Archipiélagos del Pacífico occidental, ó lo que es lo mismo, en el de Joló y en el de las Carolinas.

»El Sr. Cánovas, no viendo en los antecedentes de esta cuestión la menor pretensión, por parte de Inglaterra ni Alemania, á ocupar dichos Archipiélagos, y constándole que lo que discutían estas naciones era la soberanía de facto de España, y no el principio mismo de su soberanía de derecho—según consta por otros documentos británicos que en su día verán la luz—declaró que no se permitirían ni se habían autorizado actos jurisdiccionales de autoridades españolas en aquellos territorios, á causa de que el Gobierno no los consideraba compatibles con el estado de hecho en que las Carolinas se encontraban entonces.

»Esta declaración, condicional y relativa, única hecha por el señor Cánovas, es la que Sir A. Layard tradujo libremente á su gobierno por la frase impropia y excesiva de que «nunca España había tenido pretensiones á la soberanía de aquel Archipiélago.»

Después de esta explicación, respecto de la cual nada hemos de decir, porque sólo al gobierno de Inglaterra toca apreciarla, para saber si fué bien informado por su ministro en Madrid, ó para convenecerse, y esto sería muy grave, de que Mr. Layard no había expresado fielmente el pensamiento del Gobierno de España; después de esta
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cuestión, que es muy espinosa y muy delicada, pero que al fin es de carácter personal, plantea el Sr. Cánovas otra de evidente interés público: la de fijar el valor legal que pueda tener el despacho de Mr. Layad con arreglo al derecho internacional y al derecho público español; y he aquí cómo la resuelve el periódico ministerial á que antes nos hemos referido:

«Si el Sr. Cánovas—habla La Época—hubiese dicho la enormidad anticonstitucional que el ministro inglés pretende, y si tal dicho hubiese de tener algún valor internacional, Sir A. Layard, al tomar nota de él para trasmitirlo al Conde Derby, á la sazón jefe del Foreign-Office, lo hubiera redactado en presencia de su interlocutor y le hubiese pedido su ratificación, según es uso y costumbre constante é imperativa en las relaciones diplomáticas. Pero como el Presidente del Consejo no tiene calidad personal para negociar, y su conferencia con Sir A. Layard era, por lo tanto, una mera conversación privada, no se llenó semejante requisito, ni acudió el ministro inglés, como habría sido natural, si hubiese estado persuadido de que existía declaración de tanto alcance, al Sr. Calderón Collantes, Ministro de Estado, para que sancionase semejante concepto, que, sólo partiendo de sus labios y autorizado por él, en el ejercicio de las atribuciones peculiares y exclusivas de su cargo, habría tenido valor internacional.

»La declaración atribuida por Sir A. Layard al Sr. Cánovas—añade el mismo periódico—es, por lo tanto, un error mayúsculo sobre la inteligencia de un diálogo privado, y acaba de quitarle toda significación la protesta que contra tan torcida interpretación de su pensamiento y sus palabras hizo el actual Presidente del Consejo tan pronto como llegó oficialmente á su noticia la existencia del despacho de 12 de Noviembre del 76 del ministro británico en Madrid.»

Aquí, como se ve, se afirma que, tan pronto como llegó oficialmente á noticia del Sr. Cánovas la existencia del despacho del ministro británico en Madrid, protestó contra tan torcida interpretación de su pensamiento y sus palabras; pero hubiera sido muy del caso añadir, cuando se formuló esta protesta, qué tramitación ha llevado y qué ha resuelto, en vista de ella, el gobierno de Inglaterra, que es el responsable del despacho desde que aparece publicado en el Libro azul.
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Claro está que si el Sr. Cánovas ha pedido, por la vía diplomática, que se rectifique el despacho de Mr. Layard, este documento no puede venir el expediente actual, ni aun como elemento de juicio; pero nos llama la atención cómo la prensa oficial no ha publicado, aunque fuera en sucintas referencias, estos antecedentes, que contribuirían á poner la opinión pública de parte del Sr. Cánovas.

En lo que está flojo el autor de la explicación, es en sostener que el Presidente del Consejo de Ministros no tiene calidad para tratar cuestiones internacionales; en decir que la conferencia del Sr. Cánovas con Mr. Layard fué una conversación privada y en apelar á la escusa de que la nota del representante de Inglaterra tendría algún valor si Mr. Layard la hubiese redactado en presencia de su interlocutor y le hubiese pedido su rectificación. En esta argumentación hay algo de subterfugio; porque el Sr. Cánovas del Castillo no puede ignorar que, en los gobiernos de gabinete, el Jefe, ó Presidente del Consejo, puede intervenir los asuntos de todos los Ministerios y, principalmente, los que han de reflejar la política interior y exterior del Gobierno; por eso los Presidentes del Consejo de todas las naciones regidas por el sistema representativo celebran constantemente conferencias con los representantes acreditados de las naciones extranjeras, para oír sus reclamaciones ó sus indicaciones y para manifestar el pensamiento político del gabinete en cada ocasión y en cada asunto, sin que pueda decirse, porque esto sería absurdo, que estas conferencias, en que se ventilan intereses públicos de importancia suma, son ó tienen el carácter de conversaciones privadas. Lo que hay es, que las declaraciones que causan estado y ligan de algún modo á la nación que las hace, necesitan ir revestidas de las formalidades que el derecho internacional, positivo ó consuetudinario, tiene establecidas, y que estas formalidades, que son los convenios, los tratados, las declaraciones, las ratificaciones y todos los demás actos y contratos que acreditan un consentimiento expreso y solemne, deben estar autorizados por el Ministro responsable que tiene á su especial cargo las relaciones extranjeras.

Según esta teoría, la declaración del Sr. Cánovas del Castillo á Mr. Layard no tiene valor de derecho, porque no constituyó entonces un compromiso formal para la nación española; pero, si no existe
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condición que enviase anualmente á Córdoba cierta cantidad de adargas y de caballos, pagase asimismo todos los años una suma muy considerable de dinero y dejase su hijo en rehenes. Con igual devoción sirvió Muaz á Abd-er-Rahman Ren-Almanzor (Sanchuelo) Príncipe que sucedió á su hermano Abdelmelic, muerto envenenado (109 de J. C.) en su cargo cerca del Califa y el cual inauguró su gobierno agradeciendo el regalo de 150 caballos que le envió Muaz, despachando libre al hijo que el Príncipe mogrebino tenía en rehenes en Córdoba. Agradecido Muaz, quien acababa de conquistar á Sigilmesa para el Monarca de Córdoba, reunió todos sus caballos y los envió de regalo al Califa español, obsequio en que se cifraba uno de los mayores sacrificios que podía imponerse un magnate de aquellos tiempos, según el espíritu de la civilización arábigo-africana. Refieren los historiadores que los caballos regalados en aquella sazón fueron 900, y tanpreciados por su brio y resistencia, que no había memoria de que se hubiese hecho un regalo de mayor gusto á los Monarcas de España. La sumisión de Muaz duró hasta que Ali el Hammudita, descendiente de los antiguos Edrisics, ocupó á Córdoba, año 1016 de J. C., declarando oficialmente que había muerto Hixem II, y que debía sucederle la dinastía de los Edrisics. Con esta fecha, termina también el primer período de los establecimientos y dominación de españoles en África, como quiera que algunos años después hay todavía sucesores de los Omeyas, como los Benu-Abbed en Sevilla tienen todavía posesiones en África; pero esto es una excepción, predominando á los principios, en el periodo inmediato la influencia del Mogreb en España, hasta que los cristianos de la Península ibérica, formando en los ejércitos musulmanes, como mozárabes forzados ó como bandas auxiliares, y almogávarcs libres, se conquistaban en el segundo período mayor importancia é influencia.

Por lo que toca al periodo historiado, resta decir que la dominación española en África no fué tan efímera en aquellos tiempo, que no dejase huellas en las comarcas mogrebinas, pudiendo asegurarse que Fez, la capital del Mogreb-Alacsa, en
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el compromiso de la nación, está en pie el compromiso moral contraído por el Sr. Cánovas siendo, como ahora, Presidente del Consejo de Ministros; y, ya fuese su declaración tan categórica como afirma Mr. Layard, ya fuera tan ambigua y tan condicional como ha dicho ahora su interlocutor, siempre resultará que el Sr. Cánovas está incapacitado para proseguir las negociaciones con Alemania y para concurrir al juicio arbitral; porque, mientras el despacho del representante de Inglaterra no quede cancelado y retirado del Libro azul, el Sr. Cánovas del Castillo no puede representar ni defender dignamente los derechos de España sobre las islas Carolinas.

Francisco Calvo Muñoz.
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CRÓNICA POLÍTICA EXTERIOR

Sería una evidente inexactitud decir que el recuerdo de las opiniones expresadas por el Sr. Cánovas en 1876 á Sir Henry Layard acerca de los derechos de España sobre las Carolinas (suponiendo que el ministro inglés repitiera fielmente á su gobierno las palabras del Presidente del Consejo de Ministros español) perjudica al derecho de España y debilita su situación ante la diplomacia para obtener el reconocimiento de este derecho por Alemania en primer término, y por todas las demás naciones después. O el derecho existe, ó no. En el segundo caso, nada habría que decir. En el primero, resultaría, sí, que el Sr. Cánovas creía, como los gobiernos de Alemania y de Inglaterra, que España nunca había pretendido la soberanía de las Carolinas; aparecería también más justificada la creencia que el gobierno alemán, para explicar su conducta, alega, de que no pensaba que la ocupación de aquellas islas por sus barcos pudiera lastimar en lo más mínimo á España; podría, además, aducir el mismo gobierno alemán la opinión del Sr. Cánovas, como un argumento en favor del derecho de Alemania á realizar aquella ocupación, de la misma manera que ha aducido sus propias opiniones y las de otros. Pero no resultaría más; y entiéndase que siempre hablamos en el supuesto de que el señor Cánovas hubiera pronunciado las palabras que le entendió Sir Henry Layard. El derecho de España conservaría intacto el valor que tuviera antes de pronunciarse aquellas palabras. No resultaría abso-