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tos. La causa de estas contradicciones, no he de ser yo el que ha de explicarla; sólo me propongo demostrar que existen en el actual decreto, quizá de más bulto y más importantes y claras que en otro alguno de los hasta ahora dictados por el actual señor Ministro; y para ello, haré ver que, lejos de levantarse por el decreto una institución de libertad que convenga por igual á todas los partidos, tanto desde el punto de vista de los intereses de gobierno, como para el afianzamiento y defensa de las libertades públicas que gozan los súbditos de esta Monarquía (constitucional, aunque no lo exprese el preámbulo), según asegura que ha sido el primordial propósito de sus autores, lo que se hace es crear una serie de dificultades á los individuos católicos, laicos ó nó, para fundar establecimientos de enseñanza, y conceder en cambio y para el mismo fin una serie de facilidades, por medio de privilegios, á las corporaciones religiosas docentes; negar á los súbditos no católicos de esta Monarquía constitucional sus derechos sobre enseñanza y colocar los Seminarios conciliares sobre todos los establecimientos privados y públicos de instrucción, sacándolos de la misión para que han sido instituidos. Proclamar la más completa imparcialidad del Estado en la colación de grados, y anular la intervención en ellos de los establecimientos oficiales, entregando la preponderancia de las decisiones á los representantes de los intereses de empresas particulares, y, sobre todo, de los seminarios; prometer compensaciones y recompensas al profesorado oficial y de momento, extinguir las fuentes de ingresos del Estado, las provincias y los municipios, para subvenir á los gastos de los establecimientos públicos de enseñanza, anulando además los emolumentos que fuera de su sueldo gozaban los catedráticos.

Si pues pruebo todo esto, quedará probada la flagrante contradicción que entre las manifestaciones y los hechos del señor Ministro existe, así como cuál sea su verdadero criterio sobre enseñanza; y después deduciré cuál será el estado á que llegará la instrucción pública en España, si el Real decreto subsiste, y la miseria y postergación á que condena á los establecimientos públicos y privados, en beneficio de las corporaciones religiosas docentes y de los Seminarios conciliares, haciendo ver de paso que no se ha podido hacer lo que se hace (hablo en derecho) por un mero Real decreto.
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DECRETO SOBRE ENSEÑANZA

Vamos al primer punto, ó sea probar que se crea á los ciudadanos españoles católicos una serie de dificultades para fundar y sostener establecimientos de enseñanza, y se conceden, en cambio, una serie de facilidades y privilegios para el mismo fin á las corporaciones religiosas docentes.

Ante todo, hago la advertencia general, sobre este trabajo, que sólo me voy á ocupar en él de las disposiciones referentes á la segunda enseñanza, porque son, á mi juicio, las más interesantes del decreto, y porque son las únicas también de que yo creo poder decir algo.

Según el decreto, los establecimientos de segunda enseñanza no oficiales pueden ser, ó simplemente libres, ó asimilados; porque si bien aún queda una tercera categoría no bien definida en el último de los artículos de las disposiciones transitorias que pudiera llamarse de colegios actualmente incorporados, esta situación debe ser pasajera y efímera.

Ahora bien: ¿qué es un colegio de segunda enseñanza libre simplemente, cuáles sus derechos y cuáles las condiciones de su fundación y sostenimiento? Todo esto se define y marca por el articulado; en efecto, según el art. 1.º, son establecimientos libres de enseñanza en general, los creados y sostenidos con fondos particulares, y también los subvencionados ó auxiliados por el Estado, las provincias ó los municipios, y (art. 3.º) en cuyas aulas reciban enseñanza más de cuatro alumnos que no tengan parentesco entre sí ni con el cabeza de familia.

¿Cuáles son las condiciones para fundar tales establecimientos?

Son de varias clases; á saber: económicas, políticas, morales, religiosas, científicas, higiénicas, nacionales, académicas y hasta de edad.

Las económicas, nacionales y académicas (art. 6.º) son para dirigir un establecimiento libre de segunda enseñanza que un ciudadano español mayor de veinte años, no inhabilitado por condena académica ni judicial, acredite el pago mensual de 500 pesetas por contribución directa, ó presente dos socios fiadores responsables, á los cuales (artículo 71) han de adornar idénticos requisitos.

Sin pasar por ahora á los otros, y deteniéndome en esta condición,
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es posible que, para la generalidad de los no dedicados á la enseñanza, esto de pagar 500 pesetas de contribución directa les parezca cosa fácil; yo no sé si para la generalidad de los españoles ilustrados será fácil ó difícil pagar esta cuota directa; lo que sí sé, que en más de veinte años que llevo de conocer y tratar profesores y directores de colegios de segunda enseñanza, he conocido muy pocos directores, y menos profesores, que sean tan dichosos que paguen esa contribución, y más bien he visto que, cuando alguna rara avis, entre los que empezaron su carrera profesional como casi todos empezamos y seguimos, sin más bienes raíces que nuestros cabellos y dientes, y forzados por la inexorable necesidad del pan nuestro de cada día, llegaba á reunir por fortuna que se consideraba monstruosa capital suficiente para pagar siquiera la mitad de esa cuota de contribución, le faltaba tiempo para irse á descansar de la ruda tarea del yunque diario; porque es preciso que se convenza el autor del decreto que, en general, la gente de letras y ciencias en España somos muy pobres al empezar la profesión de enseñar, y casi todos seguimos siéndolo en el medio y fin; de manera que de aquí en adelante, y en vista del decreto, ó no se crearán colegios libres, ó vendrán á dirigirlos caballeros que, hasta ahora, de lo que menos se han ocupado es de tales empresas, á menos que los fiadores de 500 pesetas (pues por si no alcanzaba uno para fiar, el decreto exige dos) no abunden, que creo que no abundarán; pues el art. 9.º les preceptúa que serán civil y solidariamente responsables del pago de las multas impuestas por la jurisdicción académica contra algún individuo de su centro de enseñanza, y en los artículos 113, 114 y 115 se hacen ascender estas multas á la cantidad de 1.000 pesetas, pagaderas dentro de los diez días de su imposición, so pena de clausura ipso facto del establecimiento, e inhabilitación de los directores y fiadores y recargo del duplo, y por reincidencia triplicada, inhabilitación temporal y penas disciplinarias. (Artículos 109 y 110).

Es, pues, evidente, á lo menos para los que por experiencia conocemos este terreno, que con la exigencia de la cuota se cerró la puerta á todos los hombres de letras y ciencias pobres (y repito que casi todos lo son) para buscarse la vida honrada y fatigosamente fundando un colegio de segunda enseñanza, como hasta aquí ha ve-
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nido sucediendo, sin que por ello se haya perjudicado en nada la Instrucción pública, cuyo mal tiene la raíz en otra parte, como creo haber probado en un artículo publicado en la REVISTA DE ESPAÑA del 10 y 25 de Junio de 1884, en donde aseguré que en el cuadro de asignaturas y método de su estudio consistía el mal. Pero dejando aparte lástimas y esperanzas fallidas, viene á ser, en resumen, este primer requisito un inconveniente tal para fundar colegios libres que, fuera de los ya prósperos por sus muchos años de existencia y crédito merecido, que están en estado de satisfacer la primera condición, puede asegurarse que en media docena de años no se fundarán en España media docena de tales colegios.

Los demás requisitos son, respecto al religioso (art. 11-1.º), declarar si es ó no católico el colegio y si se somete á la inspección diocesana: los efectos de esta declaración son muy importantes, como más adelante se verá; por el pronto, y supuesto que se haga, lleva consigo una inspección ó inquisición de doctrina muy expuesta á rozamientos duros y á caer en censuras ó denigrantes disimulos; porque, ¿quién asegura á un establecimiento de que no le toque un inspector demasiado celoso?

También han de echar al aire de la publicidad estos centros libres el cuadro de sus enseñanzas, número de sus profesores y títulos que les adornan, catálogos de sus gabinetes y todo material científico, certificado de buenas condiciones de higiene con arreglo á los reglamentos que se dicten y certificado de buena conducta del director. Además, el Gobierno se reserva el derecho de inspeccionar estos centros de enseñanza, en cuanto se refiere á la moral cristiana y á las instituciones fundamentales del Estado.

No le faltan, pues, condiciones que cumplir á los directores y centros libres, además de la primera y más difícil de las 500 pesetas, quedando de este modo bien limitado y restringido aquel mero derecho individual para que cada cual pueda fundar y costear libremente establecimientos de educación e instrucción de que habla el preámbulo. Ni se crea que son menos difíciles algunas de las otras, como sucede con la inspección religiosa, sobre cuya condición está su existencia académica á merced del criterio del delegado del diocesano, pues sin más requisito que la opinión de éste, de que un colegio libre no se
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íberos y gentes profesionales. Júzguennos, pues, éstos, no por el valor de esta exposición, que para ellos huelga aquí, sino por el móvil que nos anima.

«Hemos llegado al cañón de 150 toneladas y á la coraza de 61 centímetros (1).»

Efectivamente, ingenieros y artilleros han continuado en los últimos diez años, la lucha en que ya estaban empeñados. Buscaban los unos en las construcciones navales el mito de la guerra marítima; la máquina invulnerable, la máquina capaz de llevar la desolación y la muerte al campo enemigo sin exposición ninguna para el agresor: así han llegado á esas molles monstruosas por su tamaño, y más monstruosas todavía por la espesa capa de hierro que las cubre. Los artilleros, por su parte, respondían á cada aumento de espesor en los blindajes con un aumento del calibre y fuerza perforante en sus cañones que destrozaban fácilmente cuantas placas les presentaban.

Los blindajes han debido limitarse á garantir las partes más vitales de los grandes buques, sin haberse conseguido el objeto. Los numerosos experimentes hechos en Alemania, Francia e Inglaterra, y en el pasado año en Spezia por los italianos, vienen á confirmar los de los norte-americanos cuyo comité de ingenieros de las fortificaciones (U. S. board of engineers), ha expresado el resultado de sus experiencias con el siguiente axioma: «Las planchas de blindaje son inútiles, si no se las da un espesor tal que hace imposible su uso á flote.»

Los buques monstruosos son tan difíciles de manejar por su pesadez y calado excesivos, que no es probable que se construyan de dimensiones mayores que las ya empleadas; y aun cuando algo se pueda ganar todavía en la tenacidad y resistencia de los metales empleados en las planchas se puede tener

(1) La guerre d'escadre, et la guerre de côtes.—Dislere.
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sujeta á la pura doctrina católica, ni más apelación que al diocesano, incurre el establecimiento en la censura de no católico, la cual envuelve la pérdida de cuantos derechos se le reconocen por el decreto, y caída en el estado y prohibiciones que pronto veremos en que están los de este concepto, que casi equivale á una capite diminution.

Es, pues, el tal requisito é inspección una entrega discrecional de la suerte de todo colegio libre al criterio y celo de los inspectores, delegados del diocesano; y aunque sobre ellos no influya el interés por los establecimientos dirigidos por las corporaciones religiosas docentes y los Seminarios, no se podrá evitar el que la clausura de un colegio libre laico, por la censura eclesiástica, lleve consigo la sospecha de celos de los del mismo oficio.

¿Y qué estímulo ó franquicia nueva concede el decreto á estos establecimientos, para ser tan exigente en sus condiciones? Comparemos con su situación actual.

Según el art. 25, sus alumnos han de hacer las pruebas de asignaturas ante los jurados que hoy se llaman de estudios libres, ó sea ante cinco jueces, dos de ellos profesores oficiales, ninguno profesor del alumno, y en un acto escrito: por aquí salen perdiendo los alumnos la presencia de su profesor en el examen de que hoy gozan, y el ser el acto oral en el que menos tropiezos hay; tampoco pueden trasladarse de uno á otro orden de enseñanzas durante un curso completo (art. 28). Éstas, más bien parecen trabas y perjuicios: sólo parecen franquicias la que concede el art. 29, de poder aspirar al título de bachiller sin la aprobación previa de las asignaturas; pero tal facultad es extensiva á todo aspirante español que haya cumplido quince años, ya esté en colegio libre ó no. Por consiguiente, no se ve qué bienes les vengan á los colegios libres por el decreto, ni qué estímulo se da para fundarlos; y en cuanto á su organización científica, acabó para ellos aquella pauta que seguían copiando en más ó en menos el régimen de los Institutos: ya no tienen para qué esforzarse en seguir norma alguna en los estudios; basta que sufran la inspección del diocesano en lo católico y moral, la de la autoridad civil en lo de higiénico y subordinado político, la de la autoridad académica en lo respectivo á ser español mayor de edad en el pleno ejercicio de
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sus derechos civiles y académicos (artículos 13 y 17), y con esto ya tiene cumplida la casa de pensión su misión científica.

Como se ve, el decreto no se preocupa ni ocupa de cómo se enseña en estas casas y por qué norma. Merecen el nombre de pensionados libres.

Parece que el espíritu del Real decreto no es el de fomentar esta clase de establecimientos. En cambio, el orden de enseñanza que con más esmero desenvuelve y que ya anunció el preámbulo, como nuevo y esencial de él, es lo que se apellida enseñanza asimilada. ¿Y qué son establecimientos de enseñanza asimilados? Pues ni más ni menos que unos centros de enseñanza con las mismas facultades que los oficiales, y, por lo que á su intervención en la colación de grados respecta, con bastantes más que los Institutos del Estado. ¿Y quiénes pueden fundar y sostener estos favorecidos centros de enseñanza? Ahora lo veremos.

En primer lugar, los católicos que se sometan á la inspección eclesiástica (art. 39), y que además cumplan los requisitos siguientes, si ha de ser para la enseñanza secundaria:

«Art. 33. Para la asimilación académica y oficial de los establecimientos libres de enseñanza con los oficiales en los ramos de segunda enseñanza y en la superior, así como de las Escuelas profesionales, serán precisos los requisitos siguientes:

»1.º Que sus Profesores ó Maestros tengan el diploma del título profesional igual al requerido para ese magisterio en los centros oficiales de Instrucción pública, y que ninguno de estos Profesores, salvo los de lenguas vivas y clases de adorno, lo sea á un tiempo en más de dos establecimientos de enseñanza.

»2.º Que el cuadro de sus enseñanzas iguale por lo menos á la plantilla que corresponda, según la ley, en los establecimientos oficiales análogos, y que ninguno de sus Profesores podrá desempeñar más de dos asignaturas de las expresamente establecidas para las cátedras oficiales.

»3.º Que se han de enseñar en ellos todas y las mismas asignaturas que previene el plan de estudios para los respectivos centros oficiales de enseñanza, con los cuales solicitan asimilarse para los efectos legales y valor académico de los mismos, sin que por nin-
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según concepto puedan hacerse los estudios en menor número de cursos que en los establecimientos oficiales.

»4.º Que lleven más de dos años de existencia en la población donde solicitan su asimilación, habiendo concorrido á sus cátedras durante todo el año escolar último en concepto de alumnos matriculados en las mismas épocas que los de la enseñanza oficial, sean internos ó externos, un número de alumnos que exceda por lo menos ocho veces del número de Profesores que les corresponde según la condición segunda.

»Al efecto anterior, todo establecimiento asimilado de enseñanza remitirá al Rector, dentro de los ocho días siguientes á la terminación de cada plazo oficial de matrícula, una copia autorizada de los asientos de su libro de registro, en la que conste relación nominal de los alumnos ingresados en dicha época en el establecimiento, con expresión de la asignatura en que se hayan inscrito.

»Estas matrículas de inscripción en los establecimientos de enseñanza asimilada, no estarán sujetas á ningún abono por pagos á la provincia, al municipio ó al Estado.

»Los requisitos referentes á la matrícula, podrán sustituirlos los establecimientos de enseñanza de nueva creación justificando una renta ó capital propio que asegure por diez años la inversión anual en el ramo de enseñanza, cuya asimilación se solicita de una cantidad por lo menos á la consignada en los presupuestos del Estado para el sostenimiento de un establecimiento de enseñanza análogo.

»5.º Que el edificio ha de ser propio del director ó de alguno de los socios fiadores responsables, si reúne en sus locales el material y los medios de enseñanza debidos y convenientes, á juicio de la inspección.

»Sólo podrá dispensarse el acreditar la propiedad del edificio en los tres socios fiadores responsables ó en el director cuando acrediten cualquiera de éstos á su favor un contrato de usufructo ó arrendamiento de más de diez años inscrito en el Registro de la Propiedad.

»6.º Presenten tres socios fiadores responsables.»

¿Y quién está en aptitud de poder llenar tales requisitos? Ya lo dice el preámbulo: los organismos creados por el segundo principio de
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asociación, con fianza de amparo en el seno de la ley común y respeto á sus derechos para que se desencuelen libremente conforme á las condiciones de su propia naturaleza; ó, en términos vulgares, algunas corporaciones ó compañías poderosas y ricas de por sí, ó subvencionadas, católicas, y que en nombre propio ó por representación de un director ó de alguno ó algunos de los socios fiadores respondan del cumplimiento de las condiciones exigidas; ó más claro, alguna corporación religiosa de las que se dedican á la enseñanza; porque, si dificultad hay para que un individuo que pague 500 pesetas de cuota directa se dedique á fundar colegios de enseñanza como empresa industrial, ¿quién ó quiénes que sean capaces de afrontar lo que se exige para un Instituto asimilado, va á arriesgar sus capitales en tal empresa? Aun si á los no católicos se les permitiera, quizá el espíritu de propaganda alcanzaría á fundar algunos; pero consentidos solos los católicos sin competencia, ¿qué estímulo han de tener los ciudadanos católicos para fundar centros de enseñanza, que saben que forzosamente han de estar en manos de las corporaciones religiosas? Y si estas consideraciones no fueran bastantes á convencer que el decreto está combinado de modo que á la asimilación sólo pueden aspirar las corporaciones religiosas, los privilegios concedidos á las docentes legalmente autorizadas y que se consignan en las reglas 4.ª y 5.ª de las transitorias, y el más amplio aún que se concede por el art. 42 á los Seminarios conciliares, á los cuales se les exime de los requisitos más onerosos, que son los que establecen las reglas 1.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª del art. 33, probarán hasta la saciedad que en España, y por el decreto que analizo, sólo se fundarán Institutos asimilados por el clero secular ó regular, y será rarísimo que algún que otro colegio láico de los actualmente prósperos aspire á ello.

Con esto pueden ver los autores del decreto qué diferencia hay entre generalizar en un preámbulo y legislar después conforme á los principios generales vertidos, y cómo por mucho que los instintos de justicia y buena fe se revelen cuando de sólo discursos se trata, se vienen siempre á caer por los hombres de escuela en los exclusivismos de éstas cuando de la práctica se ocupan. Deseaban los autores del decreto, y consideraban su primer deber de lealtad, no proponer reforma alguna que por su bondad intrínseca no fuera institución necesaria
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de gobierno para cualquier ministro de cualquier partido, y en el articulado crean una escala de privilegios, perjudicando intereses creados que ponen así enfrente de lo que quieren proteger.

Entiendo, pues, probado el primer punto que me propuse, á saber: que el decreto dificulta la iniciativa individual de los católicos para crear centros de instrucción, y favorece con privilegios la fundación de ellos por las corporaciones religiosas docentes.

El segundo punto de mi demostración es hacer ver que la fundación de centros de enseñanza no católicos, mejor dicho, que no se sometan á la inspección del diocesano, se imposibilita hasta el grado máximo posible dentro del art. 11 de la Constitución; y, en cambio, á los Seminarios conciliares se les exalta, por todos los medios posibles, más allá de los fines y facultades que por el Concordato les corresponde.

En efecto; según el párrafo segundo del art. 17, el empresario, ó el fundador, ó el director de un establecimiento libre de instrucción que haga la expresa declaración de no someterse á la inspección eclesiástica, requisito necesario para llevar el título de católico, cae en las siguientes prohibiciones y anuncios:

1.º (párrafo segundo del art. 17). Las autoridades civiles y académicas cuidarán de que los padres de familia tengan conocimiento de esta declaración. 2.º Velarán dichas autoridades por que en dicho centro de enseñanza no se traspasen los límites de la tolerancia constitucional en materia de religión, ni se impugnen las instituciones fundamentales del Estado, ó se viertan doctrinas subversivas del orden social, ó atentatorias á la moral cristiana; como se ve, la vigilancia de las autoridades civiles y académicas no tiene poco que hacer en estos centros. 3.º No pueden gozar de subvención del Estado la provincia ni el municipio (art. 1.º). 4.º No pueden aspirar al beneficio de la asimilación (art. 39). 5.º No podrán incorporarse á los Institutos (art. 9.º transitorio). En resumen; un centro de enseñanza que no se someta á la inspección eclesiástica en materia de religión, no existe, según este decreto, más que para ser vigilado por las autoridades civiles y académicas, y publicada su clasificación de no católico; en cuanto á los derechos que á los demás centros se conceden, les están negados en absoluto.