Revista de España (1885-01-01 00:00:00), página 636

cuales se destaca suficientemente del cuadro; pero su autor tiene cualidades de pintor de costumbres, goza viéndolas—lo cual ya es mucho—y está en el camino que ha de seguir por ahora la novela para obtener los favores del público ilustrado.

Revistas.—Revista de legislación y jurisprudencia.—Madrid Diciembre 1884.—Art. 655 de la ley de Enjuiciamiento criminal.—J. B. Esteve.—Partiendo del principio de que el sistema acusatorio puro no es el mejor para la sustanciación y sentencia de las causas criminales, examina el autor de este trabajo el espíritu que prevaleció al redactar los artículos 655 y 733 de la ley de Enjuiciamiento criminal, para deducir que en este punto la doctrina de la citada ley, es que el Tribunal puede separarse tanto de la calificación fiscal cuando no se hal'e conforme con ella, como imponer otra pena distinta de la solicitada por la acusación y la defensa cuando, estando conforme con la calificación por creerla acertada, estimaren que la pena no era la procedente. La falta de aparente congruencia entre uno y otro artículo, originando dudas entre varios jurisconsultos y hasta produciendo un conflicto en un caso determinado, le lleva á estudiar detenidamente ambas disposiciones, para concluir manifestando que ambos artículos son complementarios el uno del otro, y que en su consecuencia, el 655, que es el que da lugar á dudas, debe interpretarse en armonía con el 733. El gran interés que lleva consigo todo aquello que puede lastimar nuestro derecho, y el buen criterio que preside á las observaciones hechas por el Sr. Esteve, merecen fijar la atención en el mencionado artículo que ligeramente extractamos.

Journal des Economistes.—París, Febrero de 1885.—Del mandato del legislador y de sus limites, por E. Martincau.—Examínase en este trabajo la cuestión de si el legislador es un soberano con poderes ilimitados, investido por el pueblo de una autoridad análoga á la de los antiguos Reyes, ó si, por el contrario, es un mandatario con poderes esencialmente limitados, determinados por la naturaleza y extensión de los derechos de los comitentes. Encarece la importancia de este punto del derecho político, al ver que la generalidad de los individuos se vuelven hoy al legislador como hacia una providencia; y rechazando el sistema del gobierno directo por imposible, dada la población de los Estados modernos, no considera al legislador más que como un simple mandatario. Estudia los derechos del individuo, que niega sean absolutos, pues están limitados por el derecho de los demás, así como el de la sociedad por el derecho natural, que se funda en principios superiores de justicia; y partiendo de la definición que de la ley da Montesquieu, rechaza las teorías de Rousseau y de otros que proclaman la soberanía del pueblo como consecuencia de considerar á la sociedad fundada en la voluntad humana. Según Martineau, el gobierno nace de la necesidad, sentida por todos, de asegurar los derechos de los más débiles contra la usurpación de los más fuertes, y de mantener á todos y cada uno dentro de su derecho. ¿Cuál debe ser—dice—el oficio del legislador encargado de dictar las leyes positivas, que en nuestras sociedades modernas es un mandatario