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los enviados á su vez pueden ser órganos que cooperen á los fines de aquella institución.

Finalmente, para extender la esfera de su propaganda, para mover la opinión, para atraer simpatías y aunar voluntades, los delegados del Patronato, á más de sus conferencias privadas con todas las personas dispuestas á prestarles apoyo, podrían organizar en las grandes poblaciones conferencias públicas que llamasen la atención y despertasen el interés general sobre el objeto de su visita. Y como consecuencia de unas y otras, donde quiera que hallasen elementos propicios, deberían provocar un acuerdo entre las personas que hubiesen revelado mayor adhesión á la empresa, para constituir con ellas un núcleo de acción, á modo de una sucursal voluntaria del Patronato, depositaria de su pensamiento y dispuesta á promover en su favor la iniciativa individual, á asegurarle el concurso de las influencias privadas, sin cuyo auxilio la mera acción oficial es impotente para promover el fomento y desarrollo de las escuelas: que esa acción alcanza á favorecer el progreso de instituciones sostenidas por el espíritu público, pero no á darles los elementos de vida que él les niega.

He aquí, de todo el plan de trabajos que ha de desenvolverse, los puntos que estimamos cardinales para hoy; y de intento omitimos los que no podrían abordarse sino después de los primeros resultados á que deben dirigirse las medidas anteriores y en una segunda etapa del proceso reformista. Esos primeros resultados quedan expuestos, y se resumen en esta conclusión: hay que ayudar al maestro á que se eleve ante todo y sobre todo, para que acredite la escuela y estreche los lazos que han de unirla á la sociedad, restableciendo entre ambas ese cambio de influencias que alimenta la vida de las instituciones. No se pierda de vista la unión indisoluble de estas dos fases del problema, y que no hay más que una garantía para la solución de ambas: el maestro. Podrá dudarse de su eficacia, mas por lo menos se aceptará que, si aun con esta garantía las poblaciones rehusan prestar su apoyo, menos puede esperarse que sin ella lo ofrezcan.
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La visita girada á las escuelas de párvulos de Galicia ha servido, entre otras cosas, para ofrecer una confirmación de esta verdad. Todas las personas que demostraron mayor interés en las cuestiones de enseñanza y fueron puestas en antecedentes sobre los propósitos del Patronato, coincidieron en una misma apreciación: que la promesa de enviar maestras con una preparación especial para su cargo, recomendadas por una Junta de personas competentes, y con un nombramiento condicional, sujeto á confirmaciones sucesivas, en vista de los servicios de las interesadas, era la fórmula de una aspiración latente en muchos espíritus y un resorte poderoso para vencer la desconfianza y el retraimiento general, que han hecho el vacío alrededor de las escuelas. En las poblaciones cuyo espíritu ha podido explorarse mejor durante la visita—en Santiago, en Pontevedra, en Vigo y en Caldas—puede afirmarse que existen elementos, en algunas de gran valor, dispuestos á asociarse á los proyectos del Patronato. No se olvide que son esas mismas poblaciones, tantas veces aludidas en estos artículos, donde cualquier tentativa á favor de las escuelas sobre la base de lo existente y por los trámites oficiales ordinarios, lejos de hallar apoyo, encuentra casi siempre una resistencia pasiva, cuando no oposición formal y declarada; y tan cierta es esta oposición, que no se recatan de confesarla las mismas corporaciones oficiales y las personas investidas de alguna autoridad. Un alcalde, invitado á influir en el Municipio que presidía para mejorar la situación de un maestro, á fin de que él á su vez mejorase la de su escuela, dió esta respuesta tan categórica como significativa: «No tendría inconveniente en hacer algo por él, como una cosa enteramente personal, en concepto de gratificación por sus servicios; pero de ningún modo como aumento de la dotación de la escuela, de que puedan disfrutar indistintamente todos los que la sirvan, porque ignoro quien será el sucesor.» Meditense estas palabras, que son de un hombre sincero y resumen la disposición general de los espíritus.

José de Caso.
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LA POLITICA COLONIAL DE INGLATERRA

Y LA FEDERACION DEL IMPERIO BRITANICO

Cuando los pueblos, sin sacudidas violentas y por medios naturales y ordenados, pueden desenvolver tranquilamente las fuerzas en su seno, en vida y acción, es indudable que éstas trazan de un modo más perfecto todas las sucesivas graduaciones de su desarrollo y evolución. No siempre, por desgracia, podemos disponer en la contemporánea historia de la acabada y cumplida evolución de uno de esos principios vitales, de una de esas grandes causas capaces de promover en un pueblo extensa serie de acontecimientos regulares y normales. A veces, á muy poco de haber entrado en juego, y cuando su influencia empieza á adquirir extensión y arraigo, cambios bruscos y precipitados, soluciones arbitrarias y opuestas, detienen inconveniente ó convenientemente su marcha, y permanecemos en la ignorancia de los efectos que su normal desenvolvimiento pudiera producir en la vida histórica del pueblo en que se iniciaron.

Larga, triste y penosa fuera la enumeración de tantos y tantos principios de acción repentinamente paralizados en sus movimientos de expansión y desarrollo. Pocas veces, por el contrario, tenemos ocasión de examinar con imparcialidad y estricta justicia todo el mérito, todos los defectos que de un principio ó un sistema político escrupulosamente aplicados pueden desprenderse, pues nunca, ó casi nunca, la intemperancia humana consiente permitirles todo el tiempo.
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LA FILOSOFÍA DEL INDIVIDUO

Separado por la crítica todo cuanto hay de interno y todo cuanto hay de externo en el conocimiento, demandaba casi una necesidad dialéctica que el espíritu llegase á creer la vida su propia sustancia, la luz su propio reflejo, el Universo su obra. Por tal razón es necesario juzgar los sistemas filosóficos, primero en sí, en sus principios fundamentales, independientes de todo momento histórico; pero después en su relación estrecha con el tiempo en que nacen y con la totalidad de la filosofía que desarrollan bajo una de sus fases. El esclavo, el siervo del terruño, el vasallo, iba á ser hombre en revolución que igualmente tocáse á la sociedad y á la conciencia. Para llegar á este resultado tenía que alzar su personalidad en absolutismo independiente de toda contingencia, y tenía que poner su derecho sobre todo derecho. Los reyes se divinizaron. En oposición á los reyes, el hombre libre se divinizó á sí mismo, se ungíó con el óleo sacratísimo de su absoluta dignidad personal. Fué aquel un momento necesario en la sucesión de los tiempos y un principio lógico en la serie de las ideas. La metafísica de la libertad llegó á extremos erróneos, mas lógicamente indispensables para la emancipación del espíritu humano en la totalidad de su ser, en la entidad de su esencia. Negar todo cuanto se opusiese á la individualidad, atrevido era, mas sin estos atrevimientos no llegará jamás la victoria de una idea. El progreso procede por oposiciones radicales y absolutas. La religión niega toda filosofía racional, y la filosofía toda religión revelada. El fisiólogo prescinde del espíritu, y el místico de la materia. Para el panteísmo del siglo anterior, no hay más que un ser con dos formas: extensión y pensamiento. La individualidad humana desaparecía en ese océano de la sustancia universal; la libertad quedaba reducida á fuerza mecánica del Universo. Para romper esta gran tiranía del panteísmo, Fichte forjó en sistema el hombre, su individualidad, su personalidad, y le declaró único ser real, y le puso la tierra por peana, el Universo por templo, donde todas las cosas eran modificaciones necesarias de nuestra propia sustancia.

Fichte personifica este instante del tiempo, esta fase del
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que para su perfecta evolución es menester. Antes de llegar por ésta á su justo término, condenamos de antemano sus definitivos frutos, juzgando por los inconvenientes que en su curso se suscitan, ó desde luégo proclamamos sus beneficios y excelencias, sin presumir el fin último que á la postre nos espera.

Pensamos en todas estas cosas que, después de todo, es la pugna constante que en el mundo de la política mantienen dos principios muy contrarios, la revolución y la evolución, al proponernos el examen y juicio de las consecuencias del sistema colonial inglés. Aquí, afortunadamente, tenemos favorable ocasión para estudiar este sistema en toda su extensión, á partir de los instantes primeros en que se inicia y llegando hasta la etapa última en que hoy se nos manifiesta, la última de una evolución continuada y normal, en que nada fortuito ó inesperado ha venido á interrumpir ó torcer la impulsión activa de sus naturales condiciones.

La colonización inglesa es un hecho acabado y completo, y el examen de su sistema político ofrece todas las garantías que pueden pedirse. En efecto, en su presente modo de ser, la evolución de su crecimiento, desarrollo y apogeo ha recorrido suavemente los ciclos de su existencia, sin obstáculos violentos y agudos y sin que la mano intempestiva y arbitraria de la revolución perturbe en lo más mínimo el curso de su vida. Nada en este nuevo período se asemeja al pasado del siglo anterior. Ni descontentos promovidos, como antes, por una dinastía ciega y autoritaria, ni impuestos como el del timbre ó del té, ni hechos de tan hondos resultados como el memorable del puerto de Bóston; nada, en suma, que sea síntoma revolucionario ha trastornado y arrollado las tranquilas y naturales pendientes por donde deslizó normal y lógicamente la evolución íntegra del principio de su sistema colonial.

Hasta ahora, en los presentes tiempos, ni España ni Inglaterra, los dos grandes pueblos colonizadores, pudieron contemplar la última evolución natural de sus respectivos principios coloniales, atajados prematuramente por la violencia de las revoluciones. No diremos si España pone ó no de su parte, como Inglaterra, los medios que se necesitan para que su sistema colonial se desprenda de los peligros revolucionarios que le amagan, pues es cosa que conceptuamos del
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todo inutil; pero por lo que respecta á Inglaterra, nada lo acredita mejor que las circunstancias actuales en que su sistema se encuentra, caracterizadas precisamente como críticas y definitivas, por el hecho de constituir su última etapa posible.

La evolución en el sistema colonial inglés alcanza su último grado y su necesario fin histórico. No cabe ya el dar otro nuevo paso, porque todos los grados se han recorrido naturalmente y evitado los tropiezos y peligros revolucionarios. Tenemos, pues, ante la vista un organismo acabado, que nada nuevo puede presentar, pues sus frutos todos penden ya de sus gajos y es llegado el momento de estimar su sabor.

Los juicios hasta ahora emitidos sobre su mérito fueron, como se va á ver muy pronto, juicios prematuros y arriesgados. En esta ocasión vamos á hallarnos en situación semejante á la que ocurrió hace cinco años con el sistema colonial holandés; y los Le Roi Beaulieu, Saco y Bernal, propagadores entusiastas de la política colonial inglesa, tendrán ante la evidencia de los hechos el triste desconsuelo de ver desprestigiados sus vaticinios y desacreditadas las bondades del sistema autonómico, bien así como vieron deshacerse sus doradas ilusiones sobre el sistema del cultivo forzado los Money, Davidson y Wallace.

I

Efecto de la lógica íntima con que se enlazan los grados todos de la evolución colonial inglesa, pocos sistemas políticos como éste pueden ser expuestos en menos palabras.

Dados sus antecedentes históricos, su desarrollo no presenta complejidad de ninguna especie, pues el que sigue es el que lógica y necesariamente en sí mismo contiene el principio fundamental de toda la colonización inglesa. Este principio es aquel que el antiguo tratadista Flinter consignó en dos líneas: «La idea fundamental de toda la política inglesa en las antiguas colonias, consistía en que, donde quiera que el inglés se hallara, llevaba consigo todos sus derechos, todos sus privilegios, fueran éstos los que fueran.»

De esta premisa, muy natural también, dada la índole de la colo-
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nización inglesa, á las consecuencias de la autonomía absoluta que ahora existe en sus colonias, no hay contradicciones de ninguna clase, sino que es ésta el único posible resultado que de ella puede emanar. Nada más comprensible, por tanto, como lo que dice Merivale, escritor inglés de gran autoridad sobre estas materias coloniales: «El mayor de todos los cambios políticos en las colonias inglesas, no ha costado apenas el cambio de una simple palabra en sus antiguas Cartas.» Y si se quiere comprender mejor, no ya sólo lo poco que podría costar una trasformación pequeña política, sino otras tan trascendentales y complicadas como las que han sufrido las colonias inglesas al pasar paulatinamente del sistema de los Estuardos al del gobierno propio responsable, reproduciremos el testimonio de otro autor no menos autorizado, Alpheus Todd: «El cambio en gobierno responsable no requirió un proceso legislativo que lo cumpliera ó ratificara. Apenas si fué menester variar un poco el texto de las instrucciones y reglamentos del gobernador.»

Háblase, ciertamente, de lo que se llama el gran período de transición, de 1839 á 1852, durante el que se verificó la total trasformación del sistema político colonial, obra en que parte tan grande tomaron Lord Russell, Stanley, Gladstone y Grey; pero yerra profundamente quien se imagine que tiene nombre este período por haberse visto surgir en él sabias leyes coloniales de nuevo cuño ó creaciones políticas abstractas, que, implantadas en las dependencias inglesas, preetaran á éstas vida robusta y lozana. Nada de esto: durante este período, lo que se hizo fué no coartar las expansiones naturales que se desprendían del mismo sistema colonial que las regía, permitiendo que prudentemente se desenvolvieran sus consecuencias, ya conocidas y establecidas en la Metrópoli.

Hecho es este de muy grande importancia, y que debiera hacer meditar á los que intentan en nuestras Antillas establecer el sistema colonial autonómico. Por él echarían de ver que no es la autonomía cosa que se pueda, por decreto ó fuerza de una ley, imponer; pues es de todo punto indispensable que antes esté precedida de ciertos antecedentes y requisitos, que son en realidad los solos que la llaman á la vida y la ponen en vigor.

«El principio histórico—dice Merivale—que se manifiesta desde
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los primeros días de nuestra colonización, fué erigido en principio legal por Lord Mansfield con estas memorables frases: «Todo ciudadano inglés lleva consigo sus libertades, á no importa qué sitio ó lugar deshabitados que vaya á ocupar.»

Esas libertades, esos derechos que el inglés guardaba incólumes, son los que fundamentan toda la trama de su política colonial. Así, pues, el sistema autonómico, el de gobierno responsable, no es cosa debida á la merced magnánima de un monarca ó ministro, y mémos es tampoco la obra filosófica ó histórica de un ideólogo ó político, sino el resultado inevitable del Commun Law, y notoriamente del Habeas Corpus, que en sus diferentes formas y aplicaciones, ad respondendum, ad satisfaciendum, cum causa, ad subjiciendum, etc., etc., contienen en germén todo lo que después se ha desarrollado de modo tan fácil y sencillo como de la flor se desenvuelve el fruto.

En los derechos civiles ingleses está contenido todo el sistema político en las colonias desarrollado, igual, y el mismo casi, que el de la Metrópoli, por la igualdad y semejanza de las causas que le producen. De esos derechos civiles nació espontáneamente la autonomía política, y no es posible explicarnos la existencia de ésta sin la prioridad de aquéllos. Nuestros políticos autonomistas, sin embargo, caen en el imperdonable error de pedir para nuestras colonias la autonomía política, enamorados del sistema inglés; pero quieren, á la vez y simultáneamente, la aplicación íntegra á nuestras colonias del Derecho civil español. Es decir, lo que es efecto obligado de una causa, lo piden como base de existencia, desechando la causa que lo produce y poniendo á su lado otra causa nueva, extraña del todo y antitética á la consecuencia con que se la intenta hermanar. Es esto, en nuestro sentir, el absurdo más enorme que en estos días se ha lanzado, y despropósito capaz de desacreditar para siempre al partido que le presenta como ideal político. Aplicando lealmente á Cuba el Derecho civil español, resultará lo que resulta cuando se le aplica del mismo modo á Castilla ó Andalucía: la perfecta y absoluta identidad entre aquellas Islas y estas provincias; y esa identidad aca- rreará imprescindiblemente su unidad política y administrativa, pero nunca, y en ninguna circunstancia, un modo de ser que proviene de la aplicación del Derecho civil inglés. ¿Hay diferencias, si ó nó, en-
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tre nuestro Derecho común y el británico? Pues si las hay, es absurdo poner al lado del nuestro lo que es consecuencia del otro. Después de todo, tiempo há que el mundo está convencido de que la política de los pueblos no es cosa que se forja en la fantasía de poetas y metafísicos; nuestra época no es ya la época de las teorías y de las abstracciones filosóficas, y todos los que llevan la voz en la ciencia moderna están acordes en reconocer que la fuente única del Derecho político es el Derecho civil.

El lazo íntimo y estrecho que ha ligado la Metrópoli inglesa á sus colonias, ha sido su identidad de derechos civiles, hasta el punto de que, no obstante la entera independencia política con que las autonómicas dirigen sus negocios públicos; no obstante la no intervención del Parlamento británico en ninguno de aquellos asuntos, aun cuando sean tan graves como los de Victoria y expresamente se le pida su auxilio y mediación; sin embargo de esta separación esencial, apenas disimulada al exterior con la presencia de un gobernador constitucional y parlamentario, hay entre las colonias y la Metrópoli la jerarquía judicial. Si una colonia autonómica, como Victoria, corriendo grave riesgo su Constitución política, pide al Parlamento inglés que resuelva sus dificultades interiores, se le contestará como Hicks-Beach en 1879: «La intervención del Parlamento Imperial en volvería el hecho de pedir la gran colonia Victoria al Parlamento que recogiera los poderes que antes le confirió, confiado en su capacidad y deseo de promover su bienestar. Eso sería enajenarse de las facultades que voluntariamente le dió para su self-government.» En cambio, sobre todas las decisiones locales de carácter jurídico ó legal, élévase siempre la autoridad suprema del gran Tribunal de Justicia de la Metrópoli, el solo que tiene el verdadero poder de interpretar el sentido justo de las instituciones coloniales. El derecho común inglés explica y autoriza debidamente esta disposición, que á alguno aquí parecerá extraña y contraria al sistema autonómico; pero que tiene un origen legítimo y fundado. El soberano, como fuente de justicia, está competentemente autorizado para recibir las apelaciones y demandas de todos sus súbditos, así de la Metrópoli como de las colonias y dependencias. Esto constituye uno de los derechos y libertades de que nunca un inglés se descarta; y sea la que se quiera
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la forma externa de su Constitución política, la base en que ésta se sustenta es siempre el propio Derecho común civil, al que en sus ejercicios y funciones naturales considérale siempre estrechamente aunado e identificado con lo que fué, es y sigue siendo su origen absoluto: el Derecho civil patrio.

De aquí la positiva dependencia en que en este respecto se han mantenido las colonias autonómicas, sin que nadie haya argüido que de esta suerte su self-government quedara menoscabado, á pesar de que en la esfera jurídica seguía la vida colonial supeditada en absoluto á la metropolitana. «Las leyes—dice Payne—de las diferentes colonias son consideradas en los tribunales ingleses lo mismo que las leyes de Escocia, Yersey é Isla of Man; es decir, como extranjeras. Sin embargo, puede apelarse al Consejo de la Reina contra las decisiones de los Tribunales Supremos de las colonias, y el Judicial Committee of the Privy Council, residente en Londres, examina y casa las sentencias de todas las colonias, aplicando á cada caso la ley particular que le conviene.»

No se crea tampoco que la apelación es sólo posible en ciertos rarísimos casos; pues como dice Todd, «puede hacerse, así contra la sentencia de un tribunal inferior de la colonia, como para demandar un derecho ó requerir la reparación de un perjuicio indebidamente recibido.»

«Este derecho—prosigue el mismo autor—se mantiene en beneficio propio de las colonias, y no en el de la madre patria. Con él se asegura á todo súbdito británico el derecho de apelar ante el Trono contra toda clase de perjuicios. De esta manera se facilita el modo de resolver muchas cuestiones que no entran bien dentro de la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia; saca á otras de la influencia local; promueve los medios de mantener la uniformidad de la ley inglesa en todas esas colonias que han formado sus instituciones todas según las de la Gran Bretaña, y facilita, por último, á los litigantes el recurso de llegar en sus contiendas hasta el más alto y decisivo Tribunal de Justicia que existe en la Metrópoli. Desde que se establecieron los gobiernos responsables en las principales colonias británicas, puede decirse que la suprema interpretación de la ley y su aplicación á las apelaciones en la madre patria han sido