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en pocas horas, se formó lo que vulgarmente llamamos la bola de nieve y se habló de planes de un golpe de Estado y se citaron nombres y jerarquías y se dijo, en fin, que estábamos á punto de volver al antiguo régimen. Y estos rumores, á que ningún político formal daba importancia, sirvieron de arma de combate al diputado cubano Sr. Portuondo para excitar á las minorías liberales, diciéndoles:

«Si supiéseis que existe un país regido constitucionalmente, donde el Jefe del Estado puede, tomando el mando de los ejércitos, disponer sus movimientos, llevar á cabo las campañas, dirigir las guerras sin ninguna responsabilidad ministerial; si supiéseis que en un país el Jefe del Estado resuelve todas las crisis sin el Parlamento...»

El Presidente de la Cámara, Sr. Conde de Toreno, no permitió al orador que continuase éste período cuyo rumbo y cuyo fin ya se distinguían; pero el Sr. Portuondo, sin desistir de su propósito y apelando á recursos de habilidad, concluyó exhortando á las minorías liberales á que manifestasen, en alta voz, para que España lo supiera, que estaban preparadas y dispuestas á defender y salvar siempre la libertad, contra toda tendencia y contra todo propósito de gobiernos reaccionarios.

«Para mí—repitió—el interés predominante, el interés principal, está en que estas minorías liberales declaren que están dispuestas á defender la libertad, si llegasen á tomar cuerpo los rumores que corren, de que se preparan y son posibles días de vergüenza para la patria.»

Las excitaciones del Sr. Portuondo movieron al Presidente de la Cámara á pronunciar estas breves, oportunas palabras:

«Señor Portuondo: S. S. se ha hecho eco, al terminar su discurso, de rumores verdaderamente absurdos, contra los cuales protesta el Presidente desde este alto sitio.»

Las palabras del Conde de Toreno fueron sinceramente aplaudidas; pero el Presidente del Consejo de Ministros las acentuó diciendo, con marcadas muestras de convicción:

«¿Quién hay en el territorio español que crea, á estas horas, que está el país amenazado de un golpe de Estado y de la pérdida de sus libertades constitucionales? Podrá gobernarse mejor ó peor, á gusto de unos ó á disgusto de otros; pero de la completa lealtad de nuestras instituciones, de que la Constitución del Estado está sobre todo, de que hay quien la guarde y quien la custodie, de eso está todo el mundo seguro.»
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El general López Domínguez intervino en el debate, con dos objetos: negar la posibilidad de un golpe de Estado que arraque al país sus libertades políticas y partir de esta posibilidad para justificar la necesidad de la reforma de la Constitución, llevando á ella—dijo—«como previsión para lo porvenir, los artículos que determinen cómo y de qué manera ha de llevarse á cabo la revisión constitucional, para que no pueda el Código fundamental ser víctima de una sorpresa y que, por medio de una reforma ordinaria, nos encontremos sin los derechos y libertades constitucionales.»

«Y no es que yo lo tema—añadió—porque tengo la conciencia y tengo la esperanza de que esos medios, cualesquiera que ellos sean, que tiendan á robarnos los derechos adquiridos á costa de tanta sangre y de tanto sacrificio, no prevalecerán, sea cualquiera la forma ó manera de ponerlos en práctica, ó de ensayarlos, en perjuicio de los derechos y de los intereses del pueblo español.»

Otro detalle de esta discusión debemos apuntar. El Sr. Portuondo terminó su rectificación, ó su réplica, al Presidente del Consejo de Ministros con estas enérgicas frases:

«Contra la posibilidad de que alguna vez pueda intentarse por alguien que esos rumores lleguen á ser una realidad, se levantará siempre España entera para rechazarla y para conservar sus libertades.»

Y el Sr. Cánovas del Castillo añadió: «Incluso el Gobierno actual.»

Este ha sido el incidente de los rumores de un golpe de Estado. ¿Qué debemos pensar de la protesta del Presidente de la Cámara, de las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, de las excitaciones del Sr. Portuondo, de las palabras del general López Domínguez, á nombre de la izquierda, y del patriótico silencio del partido liberal? En el orden puramente parlamentario, pensamos que el diputado republicano procedió correctamente al excitar al Gobierno á que, con su palabra, desvaneciese los rumores; que la protesta del Presidente de la Cámara fué digna y oportuna; que el Presidente del Consejo de Ministros habló como correspondía á su posición y á su historia; que el general López Domínguez, si no daba importancia á los rumores, ni temía que alguien tratara de sorprender á las Cortes con una reforma ordinaria, para privar al país de sus derechos y libertades constitucionales, no fué enteramente lógico en emplear esta posibilidad como el argumento de más peso para pedir la reforma de la Constitución de 1876; y por último, que el Sr. Sagasta obró con
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altísima prudencia al no terceriar en este debate. Y en otro orden de consideraciones, pensamos que en España son posibles todas las ideas, todos los principios y todos los sistemas de gobierno, menos el cesarismo y mucho menos que la nación española abandone voluntariamente el sistema constitucional y parlamentario, para volver al antiguo régimen; porque, enfrente de esta idea, estarían desde el Marqués de Novaliches y D. Claudio Moyano, que viven y piensan como los moderados de 1845, hasta Castelar. No afirmaremos que deje de haber diputados ultramontanos que algún día se atrevan—como los Persas de 1814—á elevar una exposición al Rey pidiéndole la anulación del régimen constitucional, ni que no salga, cuando menos se espere, un nuevo Elío juramentando á un puñado de oficiales del ejército para «sostener al Rey—como aquél decía—en la plenitud de sus derechos,» ni que un gobierno nacido de las disidencias del partido conservador no pueda lanzarse—como se lanzó el gobierno de Bravo Murillo, nacido de las disidencias del partido moderado—á los peligros de una reforma constitucional, para anular el poder parlamentario; pero contra estas improbables contingencias tenemos la garantía de la lealtad del Rey; tenemos la garantía del partido conservador que, antes y después de la Restauración, ha declarado que la Patria, la Libertad, la Monarquía y la Dinastía son sus primordiales intereses; tenemos la garantía del partido liberal que no ama la Monarquía con una fidelidad feudal—como dijo, en un momento solemne, nuestro ilustre amigo D. Manuel Alonso Martínez—sino que la acepta y la ama y la defiende, en cuanto es la representación más adecuada, en este período histórico, del sistema constitucional y parlamentario; y tenemos, por último, la garantía del país, que sabe que nada hay en el mundo que baste á compensar la libertad de un pueblo.

Los deplorables sucesos de Río Oro han proporcionado al Presidente del Consejo de Ministros uno de sus mayores triunfos parlamentarios: el de que la mayoría y la minoría, los conservadores y los liberales, los monárquicos y los republicanos aplaudieran sus ideas y sus palabras con el más espontáneo entusiasmo; pero este triunfo deberá hacer pensar mucho al Sr. Cánovas del Castillo y á los demás jefes de partido y á los que aspiran á serlo, porque él les enseñaría que, por encima de las gallardías de la palabra y de las bellezas del arte y de los destellos del ingenio, están el sentimiento de la patria y la sinceridad de la política. Quizás no sea el mejor de sus discursos el que pronunció el Sr. Cánovas explicando las desgracias
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ocurridas en la factoría de Río Oro; quizás, si lo estudiásemos desde un punto de vista puramente literario, nos parecería muy inferior á otros del ilustre estadista; pero, en éste, tuvo la inspiración de sustraerse al interés de partido para defendor, en nombre de más altos ideales, el interés y el prestigio de la nación, y éste fué el secreto de los aplausos y de los plácemes que arrancó de todos los lados de la Cámara popular.

A fines del año último se constituyó, con el título de Compañía mercantil hispano-africana, una sociedad anónima para la colonización de los territorios de África próximos á las islas Canarias. Uno de los primeros actos de la Compañía fué enviar á la península de Río Oro al alférez de ejército Sr. Bonelli, «digno rival—dijo el Presidente del Consejo de Ministros—de cualquiera de los más audaces y más hábiles exploradores que hayan podido ir á la costa de África» para entablar relaciones con los indígenas del Sahara y estudiar la construcción de factorías. El Sr. Bonelli desempeñó su misión con gran fortuna; y el Gobierno de S. M., con cuyo acuerdo se habían hecho las exploraciones, auxiliadas por un buque de guerra, dictó, en Diciembre próximo pasado, una real orden diciendo:

«S. M., queriendo dar una prueba de la solicitud con que procura fomentar los intereses de la industria y del comercio de España, ha tenido á bien, á propuesta del Ministro que suscribe (el de Estado) y de acuerdo con su Consejo de Ministros, confirmar las actas de adhesión formadas por el Sr. Bonelli y tomar bajo su protección los territorios de la costa occidental de África comprendidos entre la bahía del Oeste y el Cabo Bojador, y en el cual se encuentran, además de los terrenos citados, las Puntas y la Bombarda, sin perjuicio de los derechos subsistentes de tercero y que puedan probarse.»

Esta real orden fué comunicada á los representantes de España en el extranjero y especialmente á la Conferencia de Berlín, que no hizo objeción alguna.

Con la protección decidida de parte del Gobierno y con la promesa de facilitarle armas, municiones y cuanto necesitase para su defensa, la Compañía mercantil hispano-africana llevó gente á Río Oro, construyó una casa factoría, que á la vez era un fuerte, y otros edificios de carácter provisional y emprendió resueltamente los negocios. Todo marchaba bien, mientras que al frente de los trabajos y de la colonia se hallaba el Sr. Bonelli y mientras que la goleta Caridad, mandada por el inteligente marino D. Víctor Concas, vi-
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gilaba aquellas costas; pero este barco tuvo que ir al apostadero de Canarias á proveerse de víveres, Bonelli tuvo que venir á Madrid á gestionar cerca del Gobierno ciertos asuntos y, en estas circunstancias, se presentaron unos cuantos moros en la factoría, con 60 camellos cargados de lana, manifestando deseos de cambiarla por otras mercancías. De repente acometieron á los españoles, matando á seis; los colonos que pudieron escapar á la sorpresa, se encerraron en las habitaciones; pero, careciendo de medios de defensa, tuvieron, al fin, que entregarse.

Desde el 6 hasta el 19 de Marzo, en que los indígenas estuvieron hechos duños del campo, robaron el cargamento de un pailebot que se hallaba fondeado en la rada; saquearon la factoría; quemaron las casetas de madera y obligaron á los españoles á destruir la casa-fuerte y á que se embarcaran para las Palmas. El telégrafo dió cuenta de estos sucesos el 26, y el 27 se pidieron explicaciones al Gobierno, en el Senado, por el Sr. Alau. La contestación del Ministro de Estado fué menos satisfactoria de lo que podía y debía esperarse de un Gobierno que había hecho público su protectorado sobre aquellos territorios; y la minoría liberal creyó entonces necesario provocar la cuestión, en el Congreso, por medio de una pregunta que, hábilmente hecha por el Sr. Azcárraga, dió lugar á que el Presidente del Consejo de Ministros, rectificando, en parte, las ideas del Sr. Elduayen, y supliendo sus omisiones, tratase el asunto con una gran alteza de miras, haciendo estas declaraciones:

«El Gobierno no puede pedir reparación á esas docenas de moros del Sahara, que Dios sabe á cuántas leguas estarán de los puntos en que cometieron su alevosa hazaña. Toda demostración militar sobre el caso, en la costa misma, podría llegar hasta ser ridícula. Un barco de guerra podía estar allí esperando á esos moros mucho tiempo, sin que los moros volvieran. A un destacamento militar, si era bastante fuerte para intimidarlos, le pasaría lo mismo; no se pondrían á tiro; porque á ellos, ¿qué les importa, ni qué territorio defienden, ni qué nacionalidad, ni qué nada?»

«Yo estoy dispuesto, creyendo interpretar los sentimientos de la Cámara, y desde luego ajustándome á los propósitos elevados de S. M. el Rey, á redoblar la protección, si es posible, en los límites de la protección misma. Y si la sociedad está dispuesta á reparar allí lo que se ha destruido, á llevar allí nuevos capitales y á continuar sus obras
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(aun cuando yo creo que con alguna precaución de parte de sus mismos agentes é individuos y con alguna pequeña obra provisional antes de hacerse las definitivas se hubiera evitado lo que ha sucedido), el Gobierno está dispuesto también hasta asegurarles el territorio que necesiten, por la fuerza, mientras ellos establecen sus factorías.»

¡Así es como se impulsan los intereses coloniales de una nación. Así se fomentan las industrias y el comercio que, arrostrando todo género de peligros, van á llevar la civilización y la riqueza á territorios salvajes, para bien de la humanidad. Así es como hablan los verdaderos hombres de Estado.

La interpelación del Obispo de Puerto Rico, ahogada por un telegrama del Vaticano, se ha trasformado en un folleto profusamente repartido. El Rdo. P. Puig no ha querido condenarse á perpetuo silencio, sin duda porque á tanto no le obligaba el mandato de Su Santidad; y ya que, cediendo á la razón de Estado, no pronunció su discurso en la alta Cámara, cediendo á su deber de conciencia, ha hecho de sus notas un folleto combatiendo la opinión y la conducta del Presidente del Consejo de Ministros con más energía y con más saña que hubiera podido hacerlo en su interpelación:

«Lamento—dice—que el Gobierno español haya dado al de Italia humillantes satisfacciones, asegurando, contra el sentimiento general del país, que en España nadie disputa ya sobre el poder temporal de la Santa Sede, y vivamente protesto contra aseveración tan rotunda.»

«Protesto del mismo modo—añade—contra la sanción, sin reserva, dada por el Gobierno de S. M. á los hechos consumados, con todas sus consecuencias, con la pública y solemne declaración hecha en las Cámaras por el Presidente del Gobierno, de que las relaciones entre el Gobierno de Italia y la Santa Sede acerca del poder temporal constituyen una cuestión de orden interior del reino de Italia.»

Y en este tono sigue ocupándose de los discursos del Sr. Cánovas del Castillo, para venir á este cristiano y edificante apóstrofe:

«¿Cómo se atreverán á hablar de legitimidades y de tronos seculares los que, aceptando la teoría de los hechos consumados, vienen á sancionar el atentado contra la primera legitimidad que aparece en el orden de la historia? Esto, en suma, no es más que la consagración del derecho de la fuerza, la fuerza de las bayonetas. Y lo que es más irritante, en el caso concreto que nos ocupa, contra un
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CRÓNICA POLÍTICA INTERIOR

Estado débil y pacífico que respetaron los bárbaros conquistadores de la Edad Media, y que han venido á destruir los pretendidos sostenedores del derecho y de la justicia en el siglo xix.»

El triunfo del Sr. Cánovas sobre el Obispo de Puerto Rico ha quedado, pues, reducido á que Roma prohibiera al Prelado hacer, en el Parlamento, un discurso contra el Gobierno; pero dejándole abierto otro camino más práctico y más eficaz. Lo mismo que ha sucedido con la famosa desautorización al Obispo de Plasencia; porque si es cierto que éste recibió una carta del Vaticano requiriéndole para que, en bien de la Iglesia, no se ocupara en otros asuntos que en los de su diócesis, también lo es que en ella hay párrafos de gran alabanza para el Prelado y que, con este sistema, Roma satisface, á un tiempo, las exigencias diplomáticas del Gobierno, aprueba in partibus la conducta de los Obispos integristas y no condena la de los afiliados á la Unión Católica.

El folleto del Obispo de Puerto Rico ha sido leído y comentado en la Cámara popular, en virtud de una pregunta hábilmente hecha por el diputado republicano Sr. Colleruelo; y faltaríamos á la más vulgar sinceridad si no declarásemos que las contestaciones del Presidente del Consejo de Ministros fueron, desde el punto de vista de la doctrina constitucional y parlamentaria, irreprochables y dignas de un jefe de Gabinete. Empezó por negar que el Gobierno hubiera hecho gestiones, como Gobierno, para que Roma prohibiese al Prelado tratar la cuestión en la alta Camara, negativa que, aun con el distingo de como gobierno, no podemos menos de aplaudir, sin traer á cuenta para discutirla, las noticias que, por aquellos días, publicó la prensa oficiosa; porque nos importa más que desde luego se borre un precedente que podría ser funesto, que una réplica inspirada por el amor propio. Dijo, además, que en el folleto no había ofensa para el Presidente del Consejo, sino la simple exposición de ideas y de principios que profesaba su autor; que entre este folleto y la pastoral del Obispo de Plasencia existía una gran distancia, porque «cuando un eclesiástico cualquiera no ejerce su carácter de Prelado, sino que obra fuera de la prelación, como un particular cualquiera, apelando á medios que nada tienen que ver con los procedimientos de la Iglesia, no se produce conflicto entre la Iglesia y el Estado, y el autor del escrito queda sometido á las leyes comunes; mientras que una pastoral como la del Obispo de Plasencia era un acto de la representación del poder espiritual de la Iglesia atacando al poder
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temporal, de poder á poder, de jurisdicción á jurisdicción; por eso contra éste había entablado reclamaciones cerca de la Santa Sede, mientras que el folleto del de Puerto Rico lo conceptuaba como un acto político, como un simple hecho de imprenta;» y terminó declarando que los conflictos entre la Iglesia y el Estado tienen «su modo de dirimirse, modo de dirimirse que puede variar, habiendo creído el Gobierno de S. M. que lo más prudente, en estas circunstancias, para dirimir el conflicto antes de que pudiera tomar proporciones desagradables, era reclamar de la Santa Sede que reprimiera los excesos del Prelado de Plasencia.»

En esto es en lo que ha sido débil el Presidente del Consejo, y ya veremos, cuando publique el resultado de sus negociaciones diplomáticas con el Vaticano, que lo hará según ha anunciado, dentro de pocos días, qué es lo que prácticamente ha conseguido á costa de la prescripción de nuestro derecho patrio y del olvido de tantos y tan adecuados precedentes.

El partido conservador, que hasta ahora había ostentado como uno de sus mejores títulos el apoyo del episcopado y del Vaticano, está sufriendo, desde hace algún tiempo, la más ruda oposición. Quizás dependa esto de que en el seno de la Iglesia española hay un profundo malestar, porque los encargados de enseñar la verdad divina atienden con más celo á otros intereses. Algo así debe suceder, cuando La Cruz, revista católica que se publica hace treinta años, se lamenta de las perturbaciones que sufren los espíritus religiosos, y dice con profunda amargura:

«La Religión católica es divina, porque existe, á pesar de la conducta que observamos los que nos llamamos católicos.»

«La soberbia es el demonio de los revolucionarios. La envidia es el demonio de los que nos llamamos católicos.»

Triste es, en verdad, que los Prelados españoles anden tan mal avenidos y, á lo que parece, tan devorados por la envidia; pero todavía es más sensible que el episcopado y el Vaticano hayan declarado una especie de guerra santa al Gobierno actual que, cualquiera que sea la distancia que de él nos separe, al fin representa la autoridad constitucional del Rey y del Parlamento. Todavía no se ha apagado la chispa producida por la pastoral del de Plasencia y el Obispo de Osma ha salido con otra que no pecaríamos de exageración si la tomásemos por una catilinaria contra el Ministro de Fomento, con mo-
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tivo del ya célebre discurso del Sr. Morayta y de las teorías del señor Pidal.

Mucho nos vamos extendiendo, pero no creemos ocioso reproducir estos dos párrafos de la nueva Pastoral:

«¿Es preciso, por ventura, tener carácter de juez de la doctrina para reprobar, por ejemplo, una blasfemia ó un error contra la Santísima Trinidad ó contra la presencia de Nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía? Pues tampoco se necesita tener ese carácter para refutar los errores del Sr. Morayta. Un niño sabe que es una herejía el decir que Adán no fué el primer hombre. Un niño sabe que es otra herejía el negar que en tiempos antiquísimos se inundó todo el globo terráqueo, pereciendo todo el linaje humano, á excepción de Noé y su familia. Un niño, pues, refuta al Sr. Morayta, sin que por eso sea el niño el juez de la doctrina. ¿Y no sabe el Sr. Ministro de Fomento lo que sabe ese niño? La salida de los que esa necesidad exigen, no es sino simple sofistería, cuya vaciedad fácilmente puede reconocer cualquiera.»

«La religión del Estado hemos dicho, y mejor diríamos la de la nación, porque el Estado no tiene ninguna. Un Estado que admite todas las religiones es ateo, y lo es con mayoría de razón si al tolerar las falsas no ha sido impelido por una fuerza imperiosa y movido por el bien común. No hay ejemplo en la historia de que en alguna nación se haya introducido la tolerancia sin poderosos motivos que lo justificasen, cuales han sido el acabar sangrientas guerras. En España no había tal necesidad; ¿dónde está, pues, esa hipótesis de que hablaba no mucho tiempo há el señor Ministro de Fomento?...»

¿Qué partido tomará ahora el Sr. Cánovas? ¿Acudirá otra vez á Roma?

No conocemos una época en que más rudamente haya sido atacado un gobierno por la Iglesia. Un periódico francés que sigue de cerca este siniestro movimiento, dijo hace pocos días:

«El Gobierno de Don Alfonso es tan vivamente atacado por la Iglesia, como pudiera haberlo sido un gobierno republicano presidido por Castelar ó Pi y Margall. Al frente del Ministerio de Instrucción pública, el Gobierno ha puesto un ultra-católico; pero ni con esta concesión se satisfacen los Obispos, á quienes no bastan los amplios beneficios de que los colma el Sr. Cánovas; beneficios pecuniarios, beneficios morales, beneficios políticos, beneficios de todo género.»