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del todo favorables, á consecuencia de otros elementos, basados en las costumbres complementarias, que vienen en algunas partes á dejar sin efecto aquella facultad consignada en las leyes. A tales excepciones deberá atenderse, compensando prudentemente las ventajas con los inconvenientes que ofrecieren; pero, en términos generales, la libertad de los padres para disponer de sus bienes en testamento teniendo descendientes, es contraria á razón y á naturaleza, además de llevar consigo cierta sombra de trasnochado absolutismo. Por el contrario, el sistema de las legítimas, dejando siempre un tanto proporcional libre para mejorar al que más lo mereciere, ó disponer de él en favor de un extraño, atiende á los vínculos preciosos de la sangre y permite mostrar la mayor distinción hacia el descendiente que fuese más digno de ella, al propio tiempo que pagar deudas de gratitud á personas extrañas al parentesco.

En cuanto á la sucesión intestada, los llamamientos deben comprender, en primer término, á los descendientes legítimos por iguales partes con los ilegítimos; á su falta, los hermanos de cualquiera clase que sean, prefiriéndose los de sangre á los adoptivos; después se dará entrada al cónyuge sobreviviente, quien, siendo pobre, tendrá derecho á sacar una parte de la herencia, aun habiendo descendientes, y en adelante seguirá el orden de grados de parentesco hasta el quinto inclusive, en vez del décimo que consignan nuestras leyes, á cuya considerable distancia, los vínculos con el testador son de todo punto nulos.

Como regla general debería establecerse también que no fuese adjudicada herencia alguna ab intestato á los parientes ó cónyuge con quien el finado tuviese enemistad manifiesta, ó se probase la carencia total de relaciones por causas diversas de alejamiento, señalándose tan sólo una excepción en favor de los hijos, entre tanto no constasen causas de desheredación expresadas por el padre. El fundamento de esta reforma estrivaria en que la sucesión intestada es la representación genuina de la voluntad presunta del finado; y como quiera que en los anteriores casos ha de suponerse que, de haber podido expresar-
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aquel su última voluntad, no hubiese dejado sus bienes á personas desconocidas, enemigas ó ingratas, resultaría injusto conceder á las mismas derechos y atribuciones que no mercerían en tal concepto.

Insensiblemente hemos venido á intornarnos en el escabroso terreno de la propiedad. Las escuelas comunistas y socialistas son exageradas en este punto. Ni la propiedad es el robo, como escribía Proudhon, ni debe hacerse comunidad de intereses ó repartimiento de bienes terrenales, como opinaban Saint-Simon, Fourrier, Louis Blanc, etc. La superficie terrestre no puede menos de ser de aprovechamiento general—no común—para los habitantes del planeta; y siendo el hombre la especie zoológica preeminente, natural parece que la disfrute en cuanto no perjudique ó dañc los derechos adquiridos por los demás. De aquí que el verdadero origen positivo de la propiedad radica en la prescripción, tomada en su más lato sentido de «tenencia de cosa.» El que posea de tiempo inmemorial, no debe ser molestado por nadie, aunque alegue mejor derecho de dominio; del propio modo, quien aproveche por largo tiempo lo que á nadie pertenecía, debe ser respetado como dueño legítimo.

Pero aparte de esta propiedad real ó en la cosa, existe, como surgiendo de las nobles elucubraciones del cerebro humano, otro derecho de estimulo y recompensa á la vez, que toma el título de propiedad intelectual ó inmaterial. También ésta ha sido objeto de infructíferas discusiones, abogando los unos por la absoluta libertad de reproducción de ideas ó invenciones, y otros por la protección de los derechos del pensamiento. En nuestro práctico criterio, somos partidarios de lo segundo. Hay muchas libertades de palabra que encierran marcadas paradojas, según tuvimos ocasión de apreciar más arriba con motivo de las legítimas testamentarias. Creemos que el derecho de propiedad intelectual debe concederse por toda la vida á los autores, inventores y traductores de obras literarias, artísticas ó industriales; pero sin pasar á los herederos, á no ser para completar el tiempo de la vida probable del hombre, cuando el autor falleciera prematuramente ó en término menor de diez años,
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dores de la pedagogía contemporánea; nada, en resolución, que se aproxime al ideal que ha inspirado estas modernas instituciones.

He aquí la raíz del mal y la clave que explica todos los síntomas apuntados en los artículos anteriores. Hay que decirlo francamente, porque en este linaje de asuntos la verdad á medias no hace más que agravar la situación hasta un punto que no meditan bien los que procuran persuadirse y persuadir á los demás de que el mal no es tan profundo como se dice, ó de que no reviste, por lo menos, los caracteres alarmantes con que se pinta. Si, el daño es bastante serio para que se examine con atención; las contadas escuelas de párvulos de Galicia yacen olvidadas de la masa general de las poblaciones mismas en cuyo recinto están enclavadas; muchas, muchísimas personas oyen hablar de ellas como si se tratase de una cosa lejana y extraña á la localidad; la existencia de alguna es un misterio, en cuanto se traspasa el límite del lugar donde radica (como ocurre con la escuela de Caldas aun en la capital de la provincia). Y ese vacío que las rodea, ese olvido y abandono á que viven condenadas, nace de que no han podido ofrecer hasta el presente testimonios palpables de los beneficios que están llamadas á producir. Y no han podido ofrecerlos, porque al nacer se apoyaron inadvertidamente sobre una base falsa que las desvió de su objetivo; creyeron posible aprovechar para su obra los mismos cimientos y materiales de la escuela tradicional, sin advertir que la misión de ésta, buena ó mala, no podía ser en modo alguno la suya, y que adoptar sus medios y recursos y seguir su camino era aceptar su fin sin posibilidad de lograrlo. No vieron, en efecto, que la escuela tradicional está organizada, ante todo, para dotar á la infancia de algunos instrumentos de cultura desde el instante en que se supone que puede recibirlas, ya que no usarlos (la lectura, la escritura, el cálculo aritmético), y que de todos los fines que pudieran soñarse para una escuela de párvulos, si alguno debiera proscribirse ó subordinarse á los demás, sería ese precisamente. He aquí cómo, suplantada su misión peculiar
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desde que empezó á hacer uso del referido derecho. En cuanto á las traducciones é introducciones de inventos, nunca debieran ser derechos reservados ni protegidos por las leyes, á fin de fomentar en lo posible la difusión de las ventajas del progreso y de los frutos de la civilización, respetando al propio tiempo la iniciativa y primer impulso de los autores en sus respectivos países.

La asociación de ideas nos conduce á tocar, aunque á la ligera, otra cuestión económico-jurídica de actualidad: el libre-cambio y el proteccionismo. El libre-cambio entre las naciones tiende á la igualdad distributiva de los productos, y á satisfacer del propio modo las necesidades de los hombres, por apartados que vivan de los centros de producción. Esto sólo bastaría para hacerlo simpático á la razón; pero además, la carencia de trabas hace que el comercio se desenvuelva en todas las esferas, y que la riqueza universal circule y crezca sin cesar, como la bola de nieve, dando la vuelta al mundo. A pesar de tan indiscutibles ventajas, las conveniencias accidentales ó de localidad parecen imponer, en ciertas regiones productivas, la necesidad de un proteccionismo más ó menos marcado, á fin de impedir la competencia exterior, que podría ser inminente causa de su ruina. Esta protección puede ponerse en práctica de dos maneras: prohibiéndose en absoluto la introducción de los artículos protegidos, ó bien recargándolos de derechos, que sirvan á la vez de ingresos para el Tesoro. Tanto el primero como el segundo son insostenibles en principio, y no tienen más defensa que la mayor ó menor conveniencia de los ciudadanos, cuando exista; pues si el uno es un modo encubierto y casi vergonzoso de impedir la competencia, lucrándose en cierta manera con daño de otro, el anterior revela un miedo manifiesto por la importación de géneros, que vienen á confesarse superiores desde el momento en que se les teme, demostrando además un egoísmo perjudicial al consumidor—que es el mayor número—privándosele de las demás mercancías extrañas al país, y casi siempre mejores en tales casos.

Más racional y práctico es la organización de aduanas sim-
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plemente fiscales, donde todos los géneros satisfagan módicos derechos según tarifas calculadas en consonancia con el consumo probable de cada artículo, su mayor ó menor abundancia en los mercados, su importancia para la vida, etc. Estos impuestos no deberían tener más objeto que el de proporcionar ingresos al Erario, prefiriéndose siempre el tipo mínimo de arancel, pues la experiencia demuestra que cuanto menores son los recargos, mayores son las importaciones y exportaciones, y mucho más considerables las pequeñas sumas de ingresos, produciendo un aumento cuantioso en el total de la renta.

Acusan algunos al positivismo de tener que defender por su cuenta las doctrinas proteccionistas, basándose en la ley de la lucha por la vida, aplicable á las sociedades y naciones, como á las especies zoológicas ó fitológicas. Pero el sofisma aparece á la vista, si se tiene en cuenta que la lucha de una colectividad para con otra sólo puede basarse en el interés del mayor número de miembros de cada una. El que los productores de un pueblo ó región traten de cerrar las puertas á las producciones de otras para mejor vivir, privándoles de las utilidades que pudieran obtener, no es que redunde en interés de aquella colectividad, pues precisamente la gran mayoría, que son tan sólo consumidores, perderán con tales restricciones, impuestas por unos cuantos para su lucro particular. La lucha por la existencia existe en las sociedades; pero debe ejercitarse en la libertad, debe ser la lucha del pensamiento, del progreso, del trabajo científico, artístico é industrial, ó, dicho de una vez, la competencia libre.

Los más inviolables derechos del ciudadano quedarían expuestos á merced de la fuerza bruta y del arbitraje, si no hubiese una sanción penal para los infractores de las disposiciones positivas. Mucho se ha discutido acerca del origen filosófico de este derecho de castigar. Para unos es el interés del mayor número; para otros el individual del ofendido—una especie de venganza tardía;—quién lo encuentra en el derecho de defensa directa ó indirecta por parte de la sociedad contra el que infringe las leyes penales; quién en el estado natural
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del hombre extrasocial, ó en una convención expresa ó tácita entre los individuos—pacto social.

Algunas de estas complejas teorías han pasado ya al dominio de la historia; otras envuelven confusión de ideas, y de las demás se ha abusado con una crítica cruel, para tergiversar su sentido, sacando consecuencias injustas ó exageradas, á fin de desprestigiarlas. Fijado, por nuestra parte, el criterio positivo y práctico de la moral y del derecho como fiel encarnación de aquélla, el de castigar es una necesidad social, aunque de mayor interés, si cabe, que cualquiera otra rama del mismo. En cierto modo, podríanse fundir con la imaginación la teoría de las defensas directa é indirecta y la de las utilidades individual y colectiva, y obtendríamos por resultante la doctrina positivista.

Recientemente ha probado la psicología-fisiológica que en el fondo misterioso del cerebro humano no hay más que estados de conciencia, motivos que impulsan la voluntad, determinando á obrar en un sentido ó en otro, según el mayor número de ellos que inclinen la balanza psíquica de la volición. De aquí la doctrina de la «determinación necesaria de la voluntad,» resultando, por tanto, como dice Herzen, que el hombre no es libre para desear todo lo que quiere, aunque lo será para ejecutar lo que desea, siempre que sea posible la práctica de su volición (1). Es, pues, un ser de circunstancias, y por más que existan predisposiciones internas para obrar mal ó contra las prescripciones legales, la educación, el ejemplo y el padecimiento—pena—que lleva por fin indirecto la intimidación, producirán por resultado otra serie de condiciones determinantes opuestas á las primeras; el criminal que se encuentre envuelto en esa nueva atmósfera de motivos, pensará de distinto modo y su voluntad será impulsada por nuevos derroteros; se habrá corregido.

La sociedad tiene este interés directo en restablecer el orden y armonía perturbada, volviendo al seno de la misma al miem-

(1) Fisiología de la voluntad, cap. VIII.
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bro perjudicial convertido en util y sano; pero, aparte de este interés colectivo, hay otro individual del ofendido ó sus allegados, reclamando castigo para el culpable y reparación del daño causado en cuanto fuere posible. ¿Es justo este derecho de imponer un padecimiento al que obra contra los principios asentados como buenos y respetables, perturbando el orden social y ocasionando males físicos y morales á los individuos, á las familias ó á los pueblos? La razón unánime de todos los países y de todos los tiempos, incluso de los actuales, nos dice que sí. Esto sólo nos bastaría para aceptarlo como verdaderamente justo.

De lo dicho se deduce que la pena, no sólo tiene por fin principal la corrección del delincuente, siempre que hubiera términos hábiles para ello, sino también la prevención de los males-futuros, que tal viene á ser la defensa indirecta por parte de la sociedad en cuanto á la agresión que sufre con el delito. «¿Qué es lo que deseamos?—escribe Romagnosi.—Prevenir la ejecución del delito. Pero, ¿cómo prevenirle, si no os oponéis á las causas, si no obráis sobre la conciencia del hombre y si no detencís los impulsos impetuosos que siente? Es necesario, pues, cortar, por decirlo así, los brazos al hombre que está próximo á faltar, del mismo modo que en la defensa física se sujetan los esfuerzos de un agresor» (1).

Á un hombre que nunca hubiese delinquido, no hay posibilidad de conocerle cuándo puede tener intención de atentar contra las leyes penales, y, por tanto, no cabe aquí defensa indirecta; pero del que ha cometido uno ó varios hechos punibles, es de temer fundadamente que ejecute otros, si no se modifican sus determinaciones por medios correccionales, sirviendo también de eficaz ejemplo á los demás que intentasen cometer otros análogos. Por eso el ilustre Filangieri pensaba con gran sentido práctico que «el objeto de las leyes al castigar los delitos no puede ser otro que el de impedir al delincuente que cause otros perjuicios á la sociedad, y, al mismo

(1) Romagnosi, Génesis del derecho penal.
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tiempo, el disuadir á los demás de que imiten su ejemplo, puesto que el castigo sufrido por el primero debe influir sobre el espíritu de los demás» (1).

De lo expuesto resulta un corolario de gran trascendencia, origen de una eterna lucha jurídico-filosófica, á saber: cuando no se considere posible la corrección del delincuente, dadas sus arraigadas inclinaciones al mal, y cuando á la enormidad del delito no se le encuentre adecuada ni análoga penalidad que satisfaga las aspiraciones de la defensa social, se hará necesario extirpar de un modo eficaz estos cánceres que corroen la sociedad, privándoles de la existencia ó aniquilando de otra suerte su acción destructora. Por desgracia, esta clase de seres, nacidos para la perversidad y el crimen, son más numerosos de lo que fuera de desear. Tomemos al acaso una estadística penal cualquiera, la de la población penitenciaria de condenados en el mes de Agosto del año último—por ejemplo.—Existían durante dicho periodo, en los diversos establecimientos de España, 19.819 penados; de entre éstos, 9.427 lo eran por delitos de patricidio, asesinato, homicidio y sus análogos; aparecen como desobedientes en la prisión 117, y como de todo punto incorregibles 79. Cuando los datos estadísticos fidedignos nos presentasen un cero en esta casilla, calamitosa siempre, la sociedad podría regocijarse de marchar muy á la vista de la tierra prometida, de la perfección moral.

Para algunos—médicos generalmente—esta clase de individuos son verdaderos enfermos, cuya perturbación cerebral debe ser más objeto de curación y lástima que de castigo. En los casos que se demuestren científicamente tales vesanias, será muy justo que se proceda patológicamente; pero, en términos generales, opinamos, con cierto eminente tratadista italiano, que el legislador debe colocarse en un lugar intermedio, á igual distancia del parecer de los filósofos, que van de prisa por el camino del progreso, y del pueblo, poco reflexivo en sus pretensiones.

(1) Scienza della legislazione.
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En cuanto á la pena de muerte, objeto de las anteriores consideraciones, no debe ser calificada de tal modo, puesto que no reune ninguno de los caracteres esenciales de las demás, ni pueden repararse sus efectos en caso de error, ni corrige al delincuente ni le sirve de intimidación. Es un recurso extremo, una facultad excepcional, terrible y necesaria, á falta de otro medio que haga sus veces, de que debe hacer uso la sociedad con muy esmerado tino. Lo mejor sería que desapareciera de los códigos, cosa en que todo el mundo marcha de acuerdo. Sin embargo, vemos que ningún pueblo se atreve á suprimirla de raíz, y que algunos donde fué abolida con júbilo, se apresuraron á restablecerla al poco tiempo. Austria la suprimió en 1787, y la instituyó de nuevo en 1803, continuando desde entonces en vigor; Suiza, que la tenía abolida, la restableció en su Constitución federal; la República americana de Bolivia la había suprimido igualmente, y se vió obligada á restablecerla para los delitos graves contra las personas y la patria. En España, las Cortes republicanas de 1873 aprobaron la abolición de la pena de muerte; pero las fatales consecuencias de tal medida obligaron al Sr. Salmerón á declinar el poder, que fué conferido al Sr. Castelar, quien la restableció como una necesidad imperiosa para el sostenimiento del orden social y de la disciplina del ejército. Portugal la tiene suprimida en cuanto á los delitos políticos y privados, pero la sostiene en el Código militar.

No es cierto, por lo demás, que la sociedad no tenga derecho para privar de la vida á uno de sus miembros en casos especiales. Si en todos los códigos se consigna y ampara el derecho de defensa individual; si el que matare á otro rechazando una agresión ilegítima con falta de provocación suficiente, está exento de toda responsabilidad, y del propio modo obrando en defensa de un pariente ó extraño cuando no es impulsado por resentimientos ó móviles de venganza; si el militar en campaña dispara impunemente su arma contra el enemigo común, ¿por qué negar este mismo derecho á la sociedad, que no es sino una reunión de individuos organizados, donde
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el orden y la moralidad son sus bases esenciales? Que sólo Dios puede disponer de la vida de los hombres, es un argumento teológico apoyado en la metafísica, el cual está muy lejos de aparecer probado ni probable. Conformes estamos, por lo demás, con el ilustre Rossi, al resolver prácticamente este intrincado y espinoso problema de filosofía del derecho:

«Los que deseen vivamente—dice—y nosotros somos de ese número, ver llegado el día en que la pena de muerte quede completamente abolida, deben trabajar, ante todo, á fin de que se organice un sistema penitenciario que haga imposibles las evasiones. Cuando hubieren trascurrido así diez ó veinte años sin que un solo penado se pudiese escapar de su prisión; cuando tal hecho se hiciese constar solemnemente, quizá habría llegado el instante de reclamar la abolición completa de la pena de muerte» (1).

Relacionado directamente con las bases del derecho penal está la organización y planteamiento de un buen sistema penitenciario; pues si los establecimientos destinados á extinguir las condenas, en vez de corregir al culpable le desesperan é irritan tan sólo, envolviéndole en una atmósfera viciada, los gérmenes del mal se propagarán con doble fuerza y las penas habrán perdido una de sus más esenciales cualidades: la corrección del culpable. El que hoy parece acercarse más á las legítimas aspiraciones de la ciencia y de la razón, es el llamado sistema irlandés, debido á Crofton, planteadó con apreciable éxito por vía de ensayo en Milbank. Consiste en una transición lenta del estado de reclusión y aislamiento al de libertad y sociabilidad, mediante grados de mejoría, que se van ganando con la buena conducta y buenas cualidades desenvueltas en el recluso, terminando por concedérsele licencia condicional si se ha hecho digna de ella.

Así se va preparando al delincuente, alejado en mal hora por su culpa del seno social, para que al entrar de nuevo en la vida civil se encuentre ya suficientemente relacionado con los

(1) Traité de droit penal, livre III.
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elementos sanos de la misma, acostumbrado al trabajo y en medio de un ambiente purificado que le haga renegar de la existencia anterior, llena de sombras y rodeada de precipicios.

Constituida así la sociedad sobre los cimientos que tan á la ligera acabamos de bosquejar, la ley de la herencia y de la selección natural en su más amplio sentido irían formando á la larga generaciones cada vez más moralizadas y más justas, al propio tiempo que la marcha del progreso seguiría su curso sobre el planeta, preparando la era de civilización y de ventura á que aspira la humanidad.

No es, pues, el positivismo—como se quiere todavía—la desmoralización, la anarquía, el materialismo grosero que no respira sino á compás de móviles eminentemente egoístas, relajando los sentimientos naturales; no es el desquiciamiento de la sociedad, sino, por el contrario, su más firme y arraigado apoyo. Llevando por lemas la razón y la experiencia, trata de plantear lo más útil bajo el concepto general de lo relativo, prescindiendo de las oscuridades idealistas, imaginarias, incognoscibles, que se esconden en absoluto á la investigación humana.

Que los pueblos pueden vivir civilizados, moralizados, libres, tranquilos y poseídos del espíritu de justicia: he aquí lo que constituye el verdadero ideal positivista.

Octavio Lois.
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ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS

APUNTES PARA LA HISTORIA MONUMENTAL DE SEVILLA
DURANTE LA DOMINACIÓN MUSULMANA

Al publicar hace algunos años las Inscripciones árabes de Sevilla, la prensa en general, y especialmente la sevillana, mostróse para con aquél nuestro ensayo epigráfico por todo extremo benigna, acogiéndole con singular benevolencia, muy superior al mérito del trabajo que ofreciamos cual primicias de nuestras aficiones y vigilias, y con el cual pensábamos inaugurar la serie de especiales monografías consagradas á recoger y guardar las memorias epigráficas de los musulmanes, conservadas así en Sevilla como en Córdoba, en Granada como en Almería, en Málaga como en Murcia, en Valencia, en Alicante, en Toledo, en Extremadura, en Zaragoza y, por decirlo de una vez, en todas aquellas regiones donde la permanencia de los mahometanos hiciera presumir que los indicados monumentos litológicos podrían brindar algún interés en el concepto histórico, en el geográfico, en el artístico, en el industrial ó en el literario.

Alentados por lo lisonjero de la acogida dispensada á nuestro ensayo tanto en la prensa cuanto en las Corporaciones doc-