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como Prim y Madoz, que profesaban ideas contrarias; y de esta libertad de opiniones económicas, dentro de los partidos, resultaba cierta transacción patriótica que contenía á los liberales para no acometer las reformas arancelarias de una manera irreflexiva y contenía á los conservadores para no destruir las reformas que encontraban planteadas cuando la experiencia estaba desmostrando que eran beneficiosas. Esta tradición ha sido negada dos veces por el partido conservador que preside el Sr. Cánovas del Castillo: una en 17 de Junio de 1875, suspendiendo, por un real decreto, la base 5.ª de la ley de 1.º de Julio de 1869, «según la cual, á contar desde 1.º de Julio próximo (de 1875), deberían reducirse gradualmente los derechos extraordinarios de Aduanas hasta llegar al máximo del tipo de los fiscales;» y otra en 1882, declarándose resueltamente proteccionista para combatir, desde la oposición, el tratado de comercio con Francia; de aquí que los diputados conservadores de Cataluña, y especialmente el Sr. Durán y Bas, hayan acusado de inconsecuencia al señor Cánovas y á los demás ministros, por proclamar ahora, en el modus vivendi, los principios de la escuela librecambista que, hace dos años, impugnaron como sistema.

Las provincias catalanas tienen iniciativa, espíritu de asociación, y, sobre todo, un gran amor á su historia, á su suelo y á sus intereses. A beneficio de las Aduanas que han sido, por la exageración de las tarifas, barreras contra los productos de la industria extranjera y aliciente eficacísimo para el contrabando, han levantado grandes fábricas y han hecho grandes fortunas, y cuando se ha pensado en reformar los aranceles, para satisfacer quejas legítimas del comercio ó de los consumidores, han clamado, en todos los tonos, haciendo creer que la industria nacional se arruinaba, que faltaría trabajo á los obreros, que sobrevendría la miseria y, con la miseria, el problema social, en su forma más aterradora. Se abren informaciones parlamentarias ó administrativas, como las de 1865 y 1879, para examinar la conveniencia de suprimir el derecho diferencial de bandera, ó la conveniencia de reformar las tarifas, ó la conveniencia de rectificar las tablas que son la base del arancel y, mientras las ciudades marítimas y las ciudades fabriles, como Cádiz, Santander, Bilbao, Málaga, Bejar, Alcoy y tantas otras, apenas exponen su opinión en una Me-
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moria, Barcelona y, con Barcelona, las demás provincias del Principado, presentan las Memorias á centenares y agitan la opinión, en la prensa, y nombran comisiones especiales que les defiendan, y exponen sus quejas á los ministros, y llevan la cuestión al Parlamento, y acuden al Rey, y subordinan sus ideas y sus intereses políticos á sus intereses económicos, y luchan con valor, cuando no luchan con temeridad. ¿Cómo no ha de inspirar respeto y cómo no ha de sacar el partido posible un pueblo que así lucha por sus intereses? En 1869, cuando Figuerola, con la confianza de aquellas Cortes soberanas y con el apoyo del general Prim, acometió la reforma, consiguieron que se impusiera un derecho extraordinario hasta el 30 por 100 á las mercancías hasta entonces gravadas con un derecho protector, y que este recargo durase doce años. Esta concesión equivalía á decir á los fabricantes de tejidos de lana y algodón, que eran y son los que más han clamado: «Tenéis seis años de plazo para organizar vuestras industrias de manera que puedan producir mejor y más barato. Durante este plazo, los derechos extraordinarios del arancel os ponen á cubierto de la competencia extranjera. Tenéis después otros seis años, dentro de los cuales el derecho extraordinario no desaparecerá, sino que irá reduciéndose gradualmente. Si en este segundo período se os presenta la competencia, podéis luchar con grandes ventajas. Y cuando estos plazos hayan terminado, al consumidor toca escoger libremente entre vuestros productos y los productos extranjeros, porque sería injusto tener que obligarle á que compre éstos por su valor y por el derecho extraordinario, porque la industria nacional no quiera ó no pueda producir mejor y más barato.» Y ¿cómo correspondieron á esta concesión generosa? Apoyándose en la Restauración para conseguir de aquel gobierno que derogara la base 5.a por un real decreto.

En 1882, cuando el Sr. Camacho presentó su proyecto de ley de presupuestos y, cediendo á las exigencias de la opinión pública, restableció la base 5.a, los proteccionistas consiguieron que ésta se mistificara con nuevos y más largos plazos. ¿Y qué han hecho después? Apoyarse en el partido conservador para conseguir, como han conseguido, que el Sr. Cos-Gayón presente á las Cortes un proyecto de ley, que en breve será discutido, y votado y sancionado, suprimiendo
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en absoluto la tan cuestionada base y declarando permanentes los derechos del arancel de 1869, reformado en 1877, en el cual hay artículos de la industria inglesa que, aun concediéndoseles el trato de la nación más favorecida, adeudarán en nuestras Aduanas el 35, el 40 y hasta el 60 por 100 de su valor.

Las cuestiones de protección y libre cambio, no se discuten ya en el terreno científico. Los mismos proteccionistas, rechazando el restablecimiento de las Aduanas interiores, como el más funesto de los errores, pidiendo franquicias para los artículos que ellos llaman primeras materias y reconociendo, como han tenido que reconocer, ante la elocuencia incontestable de las Balanzas y de los demás datos estadísticos, que la reforma de 1869 no perjudicó á la industria nacional, ni al comercio marítimo, que antes bien han crecido considerablemente, han condenado su sistema, ante la justicia y ante el buen sentido. La cuestión, para ellos, queda reducida á intereses del momento, á mantener más ó menos tiempo los elevados derechos del arancel, para que durante este tiempo siga el privilegio para los tejidos de lana y de algodón y para los hierros, y siga el contrabando, en perjuicio de otras industrias, en perjuicio del comerciante y del consumidor, en perjuicio del Tesoro y en mengua de la moral y de la ciencia; por eso es sensible que el partido conservador se empeñe en suprimir la base 5.; porque esta conducta que rompe con todas las transacciones y con todos los miramientos, pondrá al partido liberal, cuando vuelva al poder, en el caso de plantear, por medio de una ley, la reforma que proponía el Sr. Camacho en 1882, si es que no adopta otra solución más radical.

Que la reforma arancelaria de 1869 ha sido beneficiosa para el país, lo prueba el incremento que han tomado la producción del suelo y de la industria y el comercio terrestre y marítimo. Compárense los valores de la importación y la exportación, en el trienio anterior á la reforma y en el trienio último de 1882, 1883 y 1884:
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    AÑOS
    IMPORTACIÓN
    EXPORTACIÓN

    Pesetas.

    Pesetas.

    1866
    328.032.415

    309.971.570

    1867
    400.056.245

    294.842.762

    1868
    573.893.342

    277.485.157

    <i>Promedio</i>
    433.994.000

    294.099.829

    1882
    620.542.463

    721.850.826

    1883
    644.003.164

    670.847.346

    1884
    588.438.783

    596.282.517

    <i>Promedio</i>
    617.661.470

    662.993.563

Esta comparación nos demuestra que mientras, en el trienio anterior á la reforma, recibíamos del extranjero artículos por valor de 433 millones de pesetas, á los catorce años los recibimos por 617 millones, y que mientras entonces los productos del suelo y de la industria que dábamos á los países extranjeros, después de satisfecho el consumo interior, valían, por término medio, en cada año, 294 millones de pesetas, hoy vale lo que producimos y exportamos 662 millones. Lo primero prueba, sin acudir á otro orden de ideas, que nuestros medios de adquirir han aumentado en una tercera parte; lo segundo, que nuestra riqueza agrícola, fabril y manufacturera, ha aumentado en dos terceras partes. Y he aquí por qué la reforma arancelaria de 1869 que constituye la página más gloriosa de la historia de nuestra Hacienda, no necesita más defensa que la simple exposición de sus resultados.

Antes de examinar el modus vivendi que, como al principio hemos dicho, es el asunto que más poderosamente preocupa la opinión pública, en estos momentos, creamos indispensable hacer una ligera reseña de las relaciones comerciales entre España e Inglaterra, desde la reforma del Sr. Figuerola, para indicar las causas que han determinado las negociaciones preliminares entre los gobiernos de ambas naciones; apuntaremos después el curso que estas negociaciones han
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llevado hasta convertirse en declaraciones diplomáticas; veremos, de paso, el efecto que estas declaraciones han causado en el Parlamento y en el país y completaremos nuestro modesto trabajo con el estudio de las ventajas positivas que este convenio provisional puede producir á las industrias nacionales, al comercio, al consumidor y á la renta.

Nuestras relaciones comerciales con la Gran Bretaña se regulaban y regulan todavía por el tratado anglo-francés de 23 de Enero de 1860. En este tratado, que fué un verdadero acontecimiento para Francia, porque, cuando nadie lo esperaba, Napoleón III y su primer ministro M. Rouher abandonaron el sistema proteccionista, á que dió en llamarse sistema francés, desde que Colbert lo expuso en 1687 en su famosa memoria á Luis XIV, para proclamar la libertad de comercio; en este tratado, que Cobden, y Bastiat, y Chevalier y otros economistas consideraron como el triunfo más completo de sus ideas, dadas las preocupaciones del comercio y de la industria francesa, se acordó que los vinos de todas clases que se importasen en Inglaterra devengaran un chelin, por gallón, hasta llegar á los 26 grados; (hidrómetro Sykes) dos chelines y seis peniques desde 26 á 42 grados y tres peniques para los que excediesen de los 42. Esta escala que viene formando parte de las tarifas inglesas, sin haberse alterado desde el año 1860, se aplica por igual á todas las naciones; pero, á pesar de esta igualdad, ha producido y produce desigualdades relativas y perjuicios para la industria vinícola española, lo primero, porque el pensamiento á que responde es anti-económico, porque, ya se atienda al impuesto fiscal, ya al fin del comercio, los derechos de importación, para los productos extranjeros se deben regular en razón del precio en el mercado consumidor y de la importancia del consumo y de ningún modo tomando por base lo que es un accidente de la mercancía, un accidente que será más ó menos estimable, pero que no influye exclusivamente, ni en el valor de aquélla, ni en la importancia de su demanda; lo segundo, porque, amparados en este error económico, los vinos franceses, que casi en su totalidad no llegan á los 26 grados, entran en Inglaterra pagando un chelin por gallón, mientras que los de España, que casi en su totalidad pasan de los 26 grados, entran pagando dos chelines y seis peniques, ó sea el 150 por 100 más que
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los de Francia; y finalmente porque, apoyados en esta desigualdad, que en rigor constituye un privilegio, bien ha podido el comercio y la industria de Francia hacer á los vinos españoles, en el mercado inglés, una competencia ventajosa.

Estas anomalías motivaron varias reclamaciones de nuestros gobiernos al gobierno británico, antes de la Revolución de 1868; pero todas fueron infructuosas, porque entonces la política francesa pesaba mucho en Europa y porque la modificación de la escala alcoholíca podía, en aquellas circunstancias, crear complicaciones entre el Reino Unido y el Imperio: y en estas condiciones, acometió el Sr. Figuerola la reforma de los aranceles, empezando por suprimir el derecho diferencial de bandera.

A consecuencia de esta reforma que planteara una nueva política comercial, todas las naciones de Europa, excepción hecha de Francia é Inglaterra, se apresuraron á celebrar tratados comerciales con España, concediéndole el trato de la nación más favorecida. Y ¿por qué Inglaterra no quiso entonces tratar con nosotros ni modificar la escala alcoholíca? Al principio, porque aún no había sido destrozado Napoleón III; después, por la instabilidad de los gobiernos de España, desde la muerte del general Prim hasta la Restauración, y últimamente, porque el decreto dictatorial de 17 de Junio de 1875 suspendiendo la aplicación de la base 5.a, persuadió á los ingleses de que en España continuarían por mucho tiempo los derechos protectores, que gravan los productos de su industria con un 30 y un 40 y hasta un 60 por 100, y esta consideración les dispensaba de acceder á las exigencias de España.

Y así se fueron atirantando nuestras relaciones con Inglaterra.

La reforma de 1877, que fué obra del partido conservador, lejos de mejorar estas relaciones, las empeoró, porque, autorizado el gobierno, por los artículos 31 y 35 de la ley de presupuestos de 11 de Julio de aquel año, para rectificar los valores y las clasificaciones del arancel, convirtiendo en derechos fijos los que se hallaban establecidos al avalúo, y para no aplicar las reducciones de derechos que resultasen de esta rectificación á los productos y procedencias de las naciones que no otorgasen á España el trato de nación más favorcida, se publicó un nuevo arancel con tres tarifas, una para las naciones no
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convenidas con España, que eran Francia é Inglaterra, otra para las convenidas y la tercera para todas, por tratarse de un impuesto transitorio establecido por las necesidades extraordinarias del Tesoro. Esta reforma exasperó á los industriales ingleses que en Manchester y en otras capitales del Reino Unido celebraron reuniones públicas ó meetings para pedir á su gobierno que reclamase al de España la suspensión de la tarifa diferencial. Y con efecto, lord Derby, que á la sazón era ministro de Negocios extranjeros, pasó una expresiva nota á nuestro gobierno significando que Inglaterra no tenía aranceles especiales para España, sino una tarifa general que, por igual, aplicaba á todas las naciones, por lo cual se creía en el caso de pedir que España la considerase como á las demás potencias con las cuales tenía celebrados convenios sobre la base del trato de la nación más favorecida.

El partido conservador dejó esta cuestión por resolver al abandonar el gobierno en Febrero de 1881. Era, pues, necesario que el partido liberal la afrontase, porque así lo exigía el interés del país y porque comprendía que era peligroso provocar á Inglaterra á una lucha de tarifas cuyo resultado sería funesto para los dos pueblos, pero más funesto para España; porque mientras nosotros importamos de Inglaterra artículos por valor de 186 millones de pesetas, exportamos para sus mercados artículos que importan 203 millones (1); porque mientras la mayor parte de nuestros productos entran libres en Inglaterra, puesto que sólo adeudan derechos fiscales los vinos, los higos secos y las pasas, todos ó casi todos los productos británicos entran en España adeudando derechos; y sobre todo, porque entendía y entiende que la política del aislamiento y de las represalias está condenada, en todas partes, por la ciencia y por el buen sentido. Pero antes de empezar las negociaciones con el gobierno inglés, tenía que resolver otros dos problemas que debían servir de punto de partida: el tratado de comercio con Francia y el restablecimiento de la base 5.* del arancel de 1869, para empezar dando á Inglaterra la seguridad de que los derechos protectores desaparecerían gradualmente hasta convertirse en derechos puramente fiscales. Estas dos

(1) Balanza del año 1883.
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cuestiones, que tan laboriosas fueron para el Sr. Sagasta y para los ministros de su primer gabinete, dada la actitud resueltamente hostil del partido conservador que, por móviles puramente políticos, hizo causa común con los proteccionistas, debían ser el prólogo del convenio con Inglaterra; pero, al poco tiempo, fué llamado al poder el Sr. Posada Herrera y entonces el ministro de Estado, Sr. Ruiz Gómez, entabló las negociaciones, con tanta fortuna que, al mes, consignió venir á un acuerdo provisional con el ministro plenipotenciario de Inglaterra, firmando el protocolo de 1.º de Diciembre de 1883, en que se consignaba que España admitiría los productos ingleses con los derechos de la segunda columna del arancel; que Inglaterra extendería la escala de un chelin desde los 26 grados á los 30; que ambas naciones, concediéndose, desde luego, el trato de nación más favorecida, abrían negociaciones para formalizar un tratado de comercio que comprendería un convenio consular y un tratado de navegación. La caída del ministerio Posada Herrera dejó en suspenso la aprobación del modus vivendi que el Sr. Ruiz Gómez se apresuró á presentar en el Senado; pero el partido conservador entendió que el protocolo firmado por el Ministro de Estado de España y por el representante de Inglaterra, Sir Roberto Morier, constituía un compromiso nacional y, si no lo hizo suyo totalmente, entabló nuevas negociaciones para modificarlo en algunos puntos accidentales, firmando, como resultado final, una nueva declaración en 21 de Diciembre de 1884.

Desde que el acuerdo del ministro de Estado de España y el ministro Plenipotenciario de Inglaterra fué conocido, los fabricantes de tejidos de lana y de algodón de Barcelona empezaron á agitarse, poniendo de su parte, como siempre, á los senadores, diputados y corporaciones populares de las cuatro provincias catalanas; elevando exposiciones al Rey y á las Cortes; nombrando comisiones para presentarse al Rey y á los ministros; publicando, en todos los periódicos de aquella región, artículos y documentos inspirados por el despecho, y diciendo en todos los tonos y en todas partes que la industria nacional quedaría arruinada. El gobierno resistió en los primeros momentos; pero, anteponiendo sus intereses ó sus conveniencias políticas al interés general del país y aun á respetables consideracio-
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al implacable contrario de tantos siglos, cuyo exterminio demandaban de consumo la diferencia de religión y de raza.

La vanguardia quedó formada con los cuatro mil soldados veteranos, esperanza de todo el ejército por su aguerrido valor; seguía la el escuadrón de los italianos, y luego los alemanes, quedando los españoles bisoños para ocupar las alturas de una pequeña montaña en que estaba edificada una torre, y que dominando el campamento aseguraba la retirada y comunicación con la armada, donde quedaban los víveres y provisiones. En tanto que el ejército, así dispuesto, hacia su primera marcha, las naves de Andrea Doria combatieron y ganaron la Torre del Agua, fortificación cercana á la costa, que contenía pozos y cisternas con agua potable, de que recibía su nombre. Los soldados, caminando en buen orden, fueron ocupando algunos lugares pequeños y castillejos que componían entre todos siete torres, restos de las ruinas de la antigua Cartago, y continuando su marcha, dieron vista á una comarca poblada de olivares, plantados en las inmediaciones del sumptuoso acueducto romano que surtió de aguas á Cartago al través de una extensión de sesenta millas. Aquel acueducto, del que sólo quedaban altísimos arcos, ostentando la solidez de su fábrica, atestiguaba además la escasez de aguas en toda aquella comarca, cuya necesidad había de sentirse en el ejército, produciendo una de sus penosas privaciones.

Llegados cerca de los olivares y arcos del acueducto, mandó el Emperador hacer alto y afirmarse los escuadrones. Aquel fué luego el teatro de toda la guerra en los días que se invirtieron en preparar el sitio de la Goleta, teniendo por base la Torre del Agua y colocando el campamento dando vista á todos los puntos de donde podían recibirse ataques. El enemigo, aficionado á la continua escaramuza, hostilizaba desde donde pudiera guarecerse, y había escogido aquel lugar como el más á propósito para su género de guerra. Empezaron, pues, á salir de los olivares, dando vista al campo imperial, crecido número de alarabes, cuyas fuerzas no era posible apreciar. Con gran gritería hacían sus acometidas, pretendiendo poner es-
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nes internacionales, transigió, al fin, con los proteccionistas, retirando del modus vivendi la base 4.*, según la cual los dos gobiernos se comprometían á llegar de aquí al próximo mes de Abril á un arreglo, en virtud del cual el Gobierno de S. M. Católica introduciría modificaciones en ciertos artículos del arancel español actual que harían desaparecer las desventajas existentes para el comercio británico, y por su parte el Gobierno de S. M. Británica haría modificaciones más extensas en la escala alcoholíca, bastantes á satisfacer las exigencias legítimas del comercio español. Retirada esta base y diferido el compromiso que en ella se anunciaba, queda el modus vivendi reducido á que desaparezca de nuestro arancel la tarifa diferencial, ó sea la columna primera, para los productos y procedencias de Inglaterra; á que se amplíe, en las tarifas inglesas, la parte inferior de la escala alcoholíca desde 26 á 30 grados, y á que ambas partes se concedan recíprocamente el trato de la nación más favorecida, en todo lo concerniente al comercio, la navegación y los derechos y privilegios consulares.

Los proteccionistas, como se ve, han triunfado en esta ocasión, porque el motivo principal de sus quejas era el tratado de comercio. La desaparición de la columna diferencial no afecta á la industria catalana, porque todavía tienen en el arancel derechos más que protectores, para los tejidos ingleses de lana y de algodón; pero, así y todo, los diputados de aquellas provincias han combatido el proyecto con el mismo calor y la misma dureza que si el Gobierno hubiese mantenido el compromiso de celebrar el tratado en el próximo mes de Abril.

Aun cuando el modus vivendi no tuviese más significación ni más alcance que poner término á las tarifa diferencial de nuestro arancel, para establecer, con Inglaterra, relaciones comerciales más conformes al espíritu de los tiempos, esto sólo bastaría para que, lejos de censurarlo, lo consideremos como un progreso en nuestro régimen arancelario y en nuestra política internacional.

El trato de la nación más favorecida, es una fórmula que la escuela librecambista ha encontrado para contrarrestar las desigualdades que pudieran producir los tratados de comercio. Según ella, cada