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Revista de España (1885-03-01 00:00:00), página 294

¡Cómo cambian los tiempos! Allá, en el último período de la Edad Media, cuando los Papas tenían la pretensión de gobernar el mundo y creían que los Reyes eran sus delegados; cuando los Reyes tenían mermado su poder por el poder de los nobles, un Obispo español descubrió la autoridad del Rey; y el Rey le hizo prender. Súpolo el Papa y reconviño al Monarca; pero éste (Juan II) le contestó: «Que á todo Obispo que fuese revolvedor en sus Reinos, le haría prender la persona y limpiaría y doblaría el hábito para lo enviar al Santo Padre.» En el último período de la Monarquía absoluta, reinando Carlos III, el Obispo de Cuenca, D. Isidro Carvajal, dijo en una carta al Padre Osma, confesor del Rey, que «España corría á su ruina;» que «el Reino estaba perdido sin remedio, humano,» y que todo esto procedía «de la persecución que sufría la Iglesia, saqueada en sus bienes, ultrajada en sus ministros y atropellada en sus inmunidades;» y el Rey sometió al prelado al Consejo de Castilla, y el Consejo le condenó á reprensión pública, para que otra vez escribiera con verdad, moderación y respeto. En plena época constitucional, en 1841, el Obispo de Pamplona, D. Severo Adriani, elevó al Ministerio de Gracia y Justicia una exposición en que emitía ideas y opiniones que atacaban la independencia de la potestad civil, y aquel gobierno decretó, en el acto, el extrañamiento del prelado y la ocupación de sus temporalidades; pero, ¿qué más? en aquella misma época el Santo Padre hizo, en un Consistorio reservado, declaraciones contrarias ó dudosas acerca del derecho de la Reina Isabel al trono de España, y censuró la conducta de los gobiernos, como perseguidores de la Iglesia y sospechosos en la fe, amenazando á la nación con excluirla del gremio de la Cristiandad; y el gobierno pidió consejo al Tribunal Supremo de Justicia; y con su acuerdo dictó el célebre decreto de 28 de Junio de 1841 mandando recojer la alocución del Papa y dictando otras importantes medidas, una de las cuales fué publicar un Manifesto defendiendo á la Reina y vindicando á sus gobiernos y á la nación. En este Manifesto, que es, sin disputa, uno de los documentos más luminosos que registra nuestra historia contemporánea, se decía: «Por fortuna, no estamos ya en los tiempos de odiosa memoria en que, á un amago del Vaticano, temblaban los tronos y se agitaban las naciones. No hay duda en que ahora la intención es en gran manera hostil; pero no debe haberla tampoco en que será repelida y con todo rigor escarmentada, porque los españoles sabrán en esta ocasión, como ya lo han hecho en otras muchas, distinguir perfectamente entre lo que deben á su fe, no maculada jamás, y lo que deben á su seguridad e independencia; entre los intereses verdaderamente respetables de la Iglesia de Jesucristo y las pretensiones injustas, nunca abandonadas, de la Curia romana.»
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«La violenta alocución del Santo Padre—añadía—no puede considerarse sino como una declaración de guerra contra la Reina Doña Isabel II, contra la seguridad pública y contra la Constitución del Estado. Es, en realidad... una provocación escandalosa de cisma, de discordia, de desorden y de rebelión, y no puede ya, por lo mismo, el Gobierno de S. M., sin mengua de su lealtad y de su honor, guardar silencio sobre tan enorme atentado ni dejar de emplear, para contenerle, todos los medios justos que ponen en su mano la razón, la conveniencia, la disciplina de la Iglesia y el poder de una nación grande y noble tan indignamente agraviada.»

Compárese esta conducta varonil de los gobiernos de España en los tiempos de la Edad Media, de la Monarquía absoluta y de la Monarquía constitucional, con la conducta del Gobierno que preside el Sr. Cánovas y se verá, con pena, cuánto ha rejado nuestro antiguo carácter. Aquellos ministros prendían por justas causas á un prelado, ó lo procesaban y condenaban, ó lo extrañaban del Reino y le ocupaban las temporalidades. Estos ministros, cuando un prelado publica una pastoral atacándolos y atacando los principios del Gobierno, acuden á Roma para que el Papa lo reconvenga. Aquéllos no se intimidaban cuando Roma les disparaba una alocución, como la de 1841. Éstos tiemblan cuando un Obispo les amaga con una interpolación, y acuden al Papa para que le imponga silencio. Aquéllos contestaban á las amenazas de Roma con la dignidad y la entereza propia de hombres de gobierno. Éstos, cuando Roma les amenaza en una simple nota diplomática, que es mucho menos que una alocución, contestan como contestaba el Sr. Cánovas del Castillo hace dos meses, en el Congreso: «Si alguna amenaza—dijo—hubiera habido de parte de la Santa Sede, ella es el poder de la tierra de quien yo la hubiera soportado con más paciencia.»

¿A dónde vamos á parar por este camino?

Algún dia tocaremos los resultados de esta desatentada política.

Hace más de seis meses que la prensa oficiosa anunció, como un gran acontecimiento, que el Sr. Romero Robledo había aprovechado las vacaciones de verano para redactar un Código de Administración local y otro electoral, y que estos trabajos se someterían á la deliberación de las Cortes tan pronto como éstas reanudasen sus tareas. Se dijo entonces que, en el nuevo régimen que creaba el Sr. Romero Robledo, desaparecían las Diputaciones provinciales, para que los Municipios tuviesen más independencia; que las corporaciones municipales serían completamente autónomas, y que el gobierno político de los pueblos dejaría de estar á cargo de los alcaldes y Ayuntamientos. Estas noticias alarmaron un tanto á la opinión pública que anhelaba
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se reuniesen las Cortes para conocer los proyectos y, sobre todo, para aplaudir con entusiasmo al partido conservador que, abando- nando sus principios de escuela, acometía una reforma á que no se habían lanzado los partidos liberales; pero llegó el deseado momento; leyó el Sr. Romero Robledo, en el Congreso, sus decantados trabajos, y el interés se convirtió en desencanto; porque se vió que el Código de Administración local era, en lo que pretendía tener de nuevo, un arreglo de la legislación francesa, hecho con más valor que sentido práctico, y porque ni desaparecían las Diputaciones provinciales, ni los Municipios eran más autónomos, ni el gobierno político de los pueblos dejaba de estar á cargo de los alcaldes y Ayuntamientos. Entonces, el partido liberal, que estaba dispuesto á coadyuvar á la obra del Sr. Romero Robledo, tuvo que variar de plan y atacar este pro- yecto, en su totalidad y en sus artículos, presentando un gran núme- ro de enmiendas.

El primer error del Sr. Romero Robledo, en cuanto al procedi- miento, ha sido el de redactar el proyecto de ley de Administración local sin ponerse de acuerdo con la oposición gubernamental, ó con la oposición de S. M., como dicen los ingleses; porque una ley de esta naturaleza, en que se altera el carácter de instituciones tan arraigadas en nuestras costumbres y en nuestra historia como los Ayuntamientos y las Diputaciones, y en que se crean instituciones nuevas, como las Juntas regionales, no puede ser producto de la ini- ciativa de un partido, si ha de tener condiciones de estabilidad. Estas leyes se preparan con el concurso de las oposiciones, como la elec- toral de 1878, ó como el Sr. León y Castillo quiso que se discutiera la ley de empleados de las provincias de Ultramar; porque, cuando se prescinde de los ideales de concordia y de armonía entre partidos que han de turnar en la dirección del poder, se corre el peligro de que el que ha sufrido la imposición del Gobierno y de la mayoría se considere desligado de todo compromiso y, á su vuelta, procure re- formar la ley ó sustituirla por otra, por los medios constitucionales y parlamentarios. A esto aludía, sin duda, el diputado demócrata Sr. Pacheco, cuando dijo en una de sus brillantes rectificaciones: «Con este trabajo se ha simplificado la tarea del partido liberal para el día en que vuelva á ocupar el poder, pues en ese mismo momento podrá proponer su derogación, y es el mayor bien que hará al país y á la Administración local.»

La historia de nuestra legislación municipal y provincial prueba, que la obra de un solo partido, en materia de organización de las Di- putaciones y Ayuntamientos, no vive más tiempo que el que vive en el poder el partido que la realiza. La ley municipal de 20 de Agosto de 1870 está todavía en vigor, porque á su elaboración contribuye-
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ron todos los partidos de la Revolución de Setiembre: los demócratas, que hicieron el proyecto en el Ministerio de la Gobernación y el dictamen de la Comisión en la Cámara; los progresistas, los unionistas, el grupo conservador liberal que capitaneaba el Sr. Cánovas y los republicanos unitarios y federales. Esta ley era el resultado de un acuerdo entre todos los elementos de la política y, por lo mismo, ofrecía condiciones de estabilidad; así es que la reforma que decretaron las primeras Cortes de la Restauración, en 16 de Diciembre de 1876, si no fué accidental, porque modificó las condiciones del elector y del elegible y concedió al Gobierno de S. M. la facultad de nombrar los alcaldes en las capitales de provincia, en las cabezas de partido y en otros pueblos de gran vecindario, siguiendo en esto las tradiciones del partido conservador, no destruyó la parte fundamental de la ley de Rivero, en lo referente á las facultades y funciones de los Ayuntamientos, como administradores de los intereses de los pueblos.

Fuera de este caso, cada partido ha legislado á su arbitrio y su legislación ha sido efímera. Los liberales de 1812 decretaron en el artículo 312 de la Constitución que cesaran los regidores y demás oficios perpétuos de los Ayuntamientos y que estas Corporaciones fueran elegidas por los pueblos; pero el partido absolutista disolvió, en 1814, los Ayuntamientos constitucionales, declarando nulos y de ningún valor ni efecto los decretos y disposiciones de las Cortes de Cádiz, en todo lo que fueran contrarios á las leyes, costumbres y ordenanzas municipales de los pueblos que regían en 18 de Marzo de 1808. El partido constitucional restablece, en Febrero de 1823, los Ayuntamientos y los alcaldes, definiendo sus atribuciones y proclamando el principio de la autonomía municipal; pero el partido absolutista declara nulos, en 1.º de Octubre de aquel mismo año, todos los actos del Gobierno constitucional. El partido liberal restablece en 1835 los Ayuntamientos de libre elección de los pueblos, suprimiendo los oficios de regidores, veinticuatro, jurados, alféreces, alguaciles mayores y cualesquiera otros enajenados por la Corona, á perpetuidad ó por vida; restablece las leyes y decretos de las Cortes de 1812 y 1823 y proclama la excentralización municipal; pero el partido moderado deroga esta legislación y dicta la ley de 14 de Julio de 1840, anulando casi por completo el carácter y las facultades de los Ayuntamientos é infringiendo el artículo 70 del Código fundamental, conducta que motivó las insurrecciones y el violento cambio político de aquel año. El partido liberal anula en 1854 la ley municipal del 45, y restablece primero la ley del 23 y después dicta una nueva; pero el partido unionista dejó sin efecto esta ley y por real decreto de 16 de Octubre de 1856 restablece
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la del 45. Dicta el Sr. Posada Herrera en 1863 algunas medidas descentralizando la acción administrativa de los Ayuntamientos y Diputaciones, y vuelve al poder el partido moderado, y acuerda, por real decreto de 21 de Octubre de 1866, reformar tal legislación municipal y provincial; y en estas condiciones sobreviene la Revolución de 1868 y el Sr. Sagasta dicta un decreto-ley que estuvo rigiendo hasta la promulgación de la de 20 de Agosto de 1870. Esta ligera reseña basta para probar que ninguna ley municipal ó provincial hecha por un partido é inspirada exclusivamente en los principios é intereses de éste ha prosperado; y que si la ley de 1870, con la reforma de 1876 y la de 1882, vive todavía, es porque representaba una transacción entre la escuela liberal y la conservadora.

Pero hay, además de esta razón de procedimiento, muchas otras que hacen inadmisible la ley de gobierno y administración local del Sr. Romero Robledo; porque, como han demostrado los oradores que han combatido la totalidad y singularmente el Sr. Gullón, el proyecto está en pugna con la Constitución; no responde á los ideales del partido liberal, ni á los del partido conservador; no realiza el pensamiento de sustraer á las corporaciones populares de la pesada tutela de los gobiernos; es más centralizador que la ley actual y aun que la ley de 1845; no alivia las cargas de los pequeños pueblos, é introduce en éstos la anarquía de la democracia directa; convierte los Ayuntamientos en asambleas y las comisiones ejecutivas en poderes arbitrarios; se crea, por último, una institución innecesaria y costosa, que ni está justificada por un interés económico administrativo, ni puede acomodarse á nuestras costumbres; y de aquí nace la actitud enérgica de la oposición liberal para combatir este extravagante proyecto.

Autorizado por real decreto de 5 del actual, el señor Ministro de Hacienda ha leído, en el Congreso de los Diputados, el proyecto de presupuesto para el próximo año económico de 1885-86.

El Sr. Cos-Gayón merece plácemes por haber presentado sus trabajos con tiempo suficiente para que las Cámaras puedan discutirlos y votarlos, antes de que empiece el ejercicio en que han de regir; pero también merece la más justa censura por haberse aferrado innecesariamente, ó cuando menos por más tiempo del que debiera, al artículo 85 de la Constitución, para continuar aplicando el presupuesto que las Cortes liberales votaron para 1883-84; porque esta conducta, que podría disculparse en un hacendista liliputiense, no tiene disculpa posible en quien pretende medirse con los hombres de más competencia y más autoridad en el gobierno de la Hacienda.

Cuando el partido liberal fué llamado á la dirección del poder, en
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Febrero de 1881, se encontró con un presupuesto discutido y votado por las Cortes conservadoras y sancionado por el Rey, para aquel ejercicio, que terminaba á los cinco meses. Los hombres del partido liberal habían combatido este presupuesto, como los anteriores, y era lógico esperar que, cuando fueran llamados á los consejos de la Corona, presentarían un plan económico y financiero que resumiese sus doctrinas y sus ideas expuestas en la oposición. La circunstancia de estar disueltas las Cortes, no permitió al Sr. Camacho cumplir este compromiso de honor, antes del 30 de Junio, y apeló al art. 85 de la Constitución para autorizar provisionalmente el presupuesto del año anterior; pero tan pronto como las nuevas Cortes se reunieron les presentó un proyecto para el segundo semestre de 1881-82 y otro para el año económico de 1882-83. Con el primero, declaró terminado en fin de Diciembre de 1881 el período natural del presupuesto que puso en ejercicio por real decreto de 28 de Junio, redujo á 396 millones de pesetas los 418 que se autorizaron como gastos (por semestre) en el presupuesto de los conservadores y puso en práctica el criterio constitucional y parlamentario de que las Cortes, y diríamos mejor el Congreso de los Diputados, deben votar anualmente los impuestos, á menos que una causa superior á su voluntad lo haga imposible. Con el proyecto para 1882-83, acompañó un plan económico-administrativo inspirado en los ideales de la ciencia moderna, completo y de tal sentido práctico que los hacendistas de Alemania, de Italia y de otras naciones de Europa lo consideraron—y así lo atestiguau las Revistas y los diarios de aquella época—como un trabajo que podía honrar y honraba á un partido y á una nación.

¿Qué han hecho, en circunstancias más favorables, el partido conservador y su Ministro de Hacienda, Sr. Cos-Gayón?

Cuando el partido conservador fué, esta vez, llamado á la dirección del poder, en Enero de 1884, se encontró con un presupuesto discutido y votado por las Cortes liberales y sancionado por el Rey, para aquel ejercicio, que terminaba á los seis meses. Los hombres del partido conservador habían combatido rudamente aquel presupuesto y el anterior, y era lógico esperar que, cuando volvieran á los consejos de la Corona, presentarían un nuevo plan económico y financiero que resumiese las doctrinas y las ideas que habían expuesto en la oposición. La circunstancia de estar convocadas las nuevas Cortes para principios de Mayo permitía al Sr. Cos-Gayón cumplir este compromiso de honor, antes de que empezara á regir el ejercicio de 1884-85; pero, en vez de presentar su proyecto de presupuesto, para remediar los estragos que estaba causando el llamado funesto plan del Sr. Camacho, apeló al art. 85 de la Constitución para autorizar el presupuesto de 1883-84. Nadie le censuró entonces, porque todos esperaban que,
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LA FILOSOFÍA DEL INDIVIDUO

AL COMIENZO DEL SIGLO

El representante verdadero de la revolución filosófica de Alemania es, en el sentir universal, Kant, fundador de la escuela crítica. Desmintiera el siglo décimoctavo su espíritu progresivo, faltara por completo á su destino, si á la par que destruía las instituciones históricas en la sociedad, no destruyese las ideas tradicionales en la conciencia. Toda sociedad que se renueva, ha de renovar por precisión el espíritu, y con el espíritu las ideas, en que el alma de las generaciones se alimenta y el organismo de los poderes se forma. El siglo décimo octavo no podía promulgar el derecho natural sin conocer la naturaleza humana. Y no podía conocer la naturaleza humana sin profundizar el problema humano por excelencia, el problema del conocimiento. Para profundizar este problema, nada más necesario que trazar los límites de nuestra inteligencia; decir hasta dónde puede llegar con sus pruebas y con sus racioncinos. Y para profundizar este problema, el nudo de la dificultad se halla en las relaciones entre el objeto y el sujeto. Renunciemos á conocer las cosas en sí—exclamó Kant.—Distingamos en todo conocimiento aquello que suministra la experiencia de aquello que pone nuestro propio ser. Ningún fenómeno externo sucede para nosotros, si no sucede en el
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ban los turcos, y esta detención hacia arremolinarse entre las trincheras á los españoles bisoños que debían seguirles en el asalto. El Emperador, atento á todos los movimientos, se fué á ellos gritando: ¡Oh, mis leones de España!, y concertados entonces en sus filas, acometieron con igual esfuerzo que los demás. No hubo portillo por donde no se entrara, elevándose las banderas en todas las brechas y alturas. Los turcos quisieron, en su último trance, hacerse fuertes en la plaza, y ni aun allí pudieron resistir el empuje de las tropas imperiales, y la Goleta quedó tomada.

La retirada en su huida fué desastrosa para los turcos, á quienes no quedaban más que pasos forzados, y muchos se echaron al agua en las lagunas del Estaño, con las marlotas llenas de cieno á buscar su salvación en algunas barcas. Gran número perecieron acuchillados, y, además, las tropas que estaban en el campo persiguieron á los moros, que en número de unos diez mil aguardaban el fin de aquel combate, por espacio de más de dos millas, hasta que rendidos de sed y cansancio no pudieron seguirlos más tiempo. Grande fué la matanza, distinguiéndose al frente de los perseguidores á Fray Ludovico, fraile francisco, que con un alfange en las manos hacia gran daño en la morisma, y herido de un alcabuzazo el brazo en que llevaba el alfange, siguió todavía el alcance animando á los cristianos, hasta morir en servicio de Dios.

Los primeros soldados que entraron en la Goleta fueron Antonio de Toro y Miguel de Salas, naturales de Toledo; á éstos hizo el Emperador merced de doscientosducados de renta de por vida. Tan alto honor de haber sido los primeros disputáronselo muchos, porque entrando al mismo tiempo por diversas partes, todos creían serlo. Las dos primeras banderas que se clavaron en sus muros fueron de españoles, llevadas por los alféreces Fuensalida y Alonso Carrillo, y la primera que se puso en el castillo fué del alférez del capitán Jaén; también éstos obtuvieron recompensas. Por la mar fué el primero que entró en la brecha D. Álvaro de Bazán, que, acompañado de solos cinco hombres, saltó en tierra y tomó el primero el portillo. A la
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al reanudar las Cortes sus tareas, llevaría á ellas un presupuesto para el segundo semestre, como lo hizo el Sr. Camacho; pero cuando se ha visto que tampoco ha imitado este ejemplo, sin duda porque, en el poder, no le parecen los trabajos de sus adversarios tan malos como le parecieron en la oposición, la opinión de los hacendistas y de los hombres de negocios se ha pronunciado de una manera concluyente, censurando al partido conservador y á su Ministro de Hacienda: al primero, porque, amparándose de un precepto constitucional dictado para casos extraordinarios, impide que las Cortes discutan y voten los impuestos, con menoscabo de la más importante de sus prerrogativas; al Sr. Cos-Gayón, porque no se pueden tener pretensiones de autoridad ni de competencia, en el gobierno de la Hacienda, cuando se aceptan, con más ó menos resignación, las doctrinas y los procedimientos que se han combatido y menos si se ha tenido tiempo y medios legales para reformar unos y otras, en bien del país.

Después de todo, el partido conservador y el Sr. Cos-Gayón obran con perfecta lógica; aquél, porque cuantas veces ha podido eludir el precepto constitucional de presentar anualmente los presupuestos á las deliberaciones de las Cámaras, lo ha hecho, sin preocuparse de que anulaba la prerrogativa de los diputados: veánsese los presupuestos que se han discutido y votado por las Cortes bajo la dominación de los conservadores, y los que han regido por autorización, desde el año 1875 hasta ahora, y se hallará la prueba; el Sr. Cos-Gayón, porque, no habiéndose distinguido, ni en el Parlamento, ni en el Ministerio de Hacienda, por actos más notables que por haber secundado las ideas económicas y financieras de D. Pedro Salaverría, D. José García Barzanallana y D. Manuel de Orovio, hasta el punto de que el presupuesto de 1880-81, primero que refrendó el Sr. Cos-Gayón como Ministro, es casi una copia del anterior, no había motivo para que ahora dejara de secundar las ideas del Sr. Camacho, aun cuando, en aras de su partido, hubiese hecho el sacrificio de combatirlas.

Comparado el proyecto de presupuesto del Sr. Cos-Gayón con el que votaron las Cortes liberales para el año económico de 1883-84, resulta más caro; porque, mientras los gastos que en éste se autorizaron ascendían á 895 millones de pesetas, los gastos que ahora se presuponen montan á 898, habiendo, por lo tanto, un exceso de más de tres millones de pesetas. Pero los presupuestos no son caros ni baratos cuando son buenos y, sobre todo, cuando el país puede soportarlos. Ha pasado de moda el afán de pedir, á todo trance, economías, desde que se sabe que hay economías ruinosas y gastos reproductivos. El espíritu moderno, cansado de teorías y de especulaciones que hacen de la política, en vez de una ciencia de aplicaciones prácticas,