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pronto con pretensiones de semejanza á las Cámaras de Comercio de otras naciones, llamándose Juntas, ya con intentos de que fuesen altos cuerpos consultivos con el nombre de Consejos, bastarían para trazar una historia pintoresca de lo que en todo tiempo ha sido la Administración española.

No es de extrañar, pues, que después de haber quedado sin vigor, á poco de nacidos, el decreto de 28 de Mayo de 1869, en que se cambiaba el Real Consejo en Junta Superior, y el real decreto de 7 de Julio de 1871, reorganizando una vez más esa Junta Superior, en 13 de Noviembre de 1874 se resucitase el antiguo Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, haciendole surgir del Consejo Superior de Agricultura, entonces existente. Porque una de las preocupaciones de todos los Ministros que en este asunto han pretendido entender, ha sido la de que la Industria, el Comercio y la Agricultura habían de andar siempre unidas. A este propósito parecemos oportuno citar aquí algunas de las razones, curiosas por lo menos, en que se fundaba el Ministro que proponía la última metamorfosis del asendereado Consejo.

Para ayudar «al desenvolvimiento de la Industria y del Comercio, quitándoles trabas y favoreciendo las miras de la colectividad cuando llevarse razón en el procedimiento,» declaraba base que el Gobierno «necesitaba del concurso de la ciencia, de la experiencia y del interés.» «Bien quisiera—decía el Ministro—poder tener la honra de proponer á V. E. la creación de un Consejo Superior de Industria y Comercio, semejante á los que existen en las naciones más adelantadas de Europa, con Cámaras provinciales ocupadas con más ó menos iniciativa del pormenor y del conjunto de los deberes y derechos de la fabricación y de sus relaciones con la vida mercantil; pero aún no sabemos si estamos á esa altura: por otra parte, la ciencia no ha dicho aún su última palabra fijando el punto donde acaba la Agricultura y empieza la Industria; y como cada país tiene su modo de ser distinto, siendo distinta asimismo la forma de sus movimientos, sería imprudente aplicar lo extraño antes de estudiar lo propio.» La vaguedad de conceptos que se advierte
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en todo este documento, corresponde al escaso conocimiento que en él se demuestra de la organización de las Cámaras de Comercio en las naciones extranjeras y de los antecedentes que en España tienen, muy propio todo del pie forzado á que se sujeta toda exposición ó preámbulo de decreto.

Por fin, en éste que citamos se sostiene la organización tradicional del Consejo, como tal cuerpo consultivo oficial, bajo la directa e inmediata dependencia del Ministro, con lo que continúa siendo un organismo de todo en todo diverso de las Cámaras de Comercio. Y así continúa hoy, sin que desde 1874 se haya hecho en él más modificación que declarar Vocales natos del Consejo al presidente del gremio de fabricantes de Sabadell y al de la Junta consultiva agronómica.

Hoy, como siempre, los cargos de Consejero son políticos, su provisión es secuela obligada de cada cambio político y aun de Ministro, y las relaciones entre la Industria, y el Comercio y la Administración están muy lejos de realizarse por el conducto de los verdadera e inmediatamente interesados en aquéllos, como sucede en naciones que disfrutan las ventajas de un sistema verdaderamente parlamentario, ¡como sucedía en Castilla hace cuatro siglos!

IV

Vamos ahora á examinar detalladamente la organización de las Cámaras de Comercio en diversos países.

En Francia se encuentra el origen de las Cámaras en las reuniones que en tiempos antiguos celebraban los principales comerciantes de Marsella en la casa común donde tenían su residencia oficial, por decirlo así, con objeto de ponerse de acuerdo acerca de sus intereses. Llegó el momento en que el Consejo del gremio creyó oportuno y necesario sustituir aquéllas reuniones, que carecían de toda regularidad, con una institución permanente, y con este objeto, en 3 de Noviembre de 1650 se creó la primera Cámara de Comercio, que se com-
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puso de 12 personas: cuatro delegadas del Comercio y otras ocho interesadas en él por diversos modos, y competentes en asuntos mercantiles. En breve tiempo adquirió una gran importancia esta Cámara, y los servicios que hizo al Comercio y á la Industria fueron causa de que el Gobierno ocupase por primera vez su atención en aquella corporación, á imitación de la cual se fundaron á poco las de Dunkerke y París. En 1700 se restablecía el Consejo Superior ó Central de Comercio, que se compuso de seis Consejeros de nombramiento real y de doce negociantes mercaderes de entre los principales del Reino: dos de París y uno de cada una de las 10 ciudades, Ruan, Burdeos, Lyon, Marsella, La Rochela, Nantes, Saint-Malo, Lila, Bayona y Dunkerke. Estos eran nombrados por los Consejos y los negociantes mercaderes de dichas ciudades.

Mas como la competencia del Consejo Superior de Comercio de 1700 alcanzaba á todos los asuntos relativos al comercio marítimo y al terrestre, á las fábricas y talleres, los Consejeros residían en París y se reunían diariamente. De aquí que necesitasen recibir continuamente de las provincias informes y noticias que les tuviesen al corriente de las novedades que en ellas ocurrian, de las cuestiones que surgían entre el Comercio y la Administración, de las necesidades locales, de las violaciones de antiguos privilegios, de las obras públicas exigidas por las necesidades del Comercio. Para proveer á estas naturales exigencias del Consejo Superior, se instituyó oficialmente por el Gobierno central, en 30 de Agosto de 1701, las Cámaras particulares de Comercio en las ciudades designadas anteriormente para enviar delegados al Consejo. Por este decreto se dejaba á los mercaderes y negociantes completa libertad para organizar sus Cámaras respectivas con arreglo á las formas y usos de las localidades; pero en cambio no se les daba otras funciones que las puramente administrativas, y en realidad sólo fueron delegaciones del Consejo Superior de Comercio.

Trece Cámaras de Comercio existían en 1789, cuando el decreto de 1791 las suprimió como consecuencia de la anulación de toda la antigua legislación comercial, no siendo restableci-
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das hasta Diciembre de 1802. Su organización se completó y modificó sucesivamente por el decreto de 23 de Setiembre de 1806, por la ley de presupuestos de 23 de Julio de 1820, por la real orden de 16 de Junio de 1832, por los decretos de 19 de Junio de 1848, de 3 de Setiembre de 1851, de 30 de Agosto de 1852, y por fin, por el decreto de 22 de Enero de 1872. En estas últimas disposiciones es donde se encuentran las prescripciones generales por que se rigen las Cámaras de Comercio francesas, mientras que las disposiciones especiales de carácter económico se encuentran consignadas en la ley de Hacienda de 23 de Julio de 1820, en la de 25 de Abril de 1841 y en otras sobre las patentes.

Cuando se trata de establecer una Cámara de Comercio, se pide informe al Consejo general del departamento en cuya circunscripción haya de residir; á los Consejos de los distritos y á los Tribunales de Comercio comprendidos en dicha circunscripción, y en fin, á cualquiera otra Cámara que en ella pueda existir ya. Reunidos todos estos informes por el Prefecto, emite éste su opinión también y remite el expediente al Ministro de Comercio. Si éste opina por el establecimiento de la Cámara, pide informe al Consejo de Estado, y después de haberle oído, presenta una memoria al Jefe del Estado, quien promulga el decreto autorizando la creación de la Cámara de Comercio.

En este decreto se determina la jurisdicción de la Cámara, se fija el número de sus individuos, que varía entre nueve y veintiuno, sin contar al Prefecto y al Subprefecto, quienes son por derecho propio miembros de ella. Elíjense éstos por los comerciantes residentes en la circunscripción, siempre que figuren en las listas electorales formadas para los Tribunales de Comercio, y el número de electores debe ser igual á la décima parte de los comerciantes matriculados, pero ordinariamente no puede ser mayor de 1.000 ni menor de 50. Exceptúase París, donde aquel número puede ser de 3.000. Debe agregarse á la lista de electores inscritos: los antiguos miembros de la Cámara y del Tribunal de Comercio, y los que han
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sido presidentes de los Consejos de los Prud'hommes (1). La Comisión cuida todos los años de que se provean las vacantes que ya por defunción, ya por causa de incapacidad legal, hayan ocurrido posteriormente á la última revisión.

Según el Código de Comercio, con las modificaciones contenidas en la ley de 21 de Diciembre de 1871, pueden ser electores: los comerciantes, los directores de Sociedades anónimas, los agentes de cambio, los Capitanes de la marina mercante de altura, de edad de treinta años, inscritos en las listas electorales ó que reunan las condiciones necesarias para serlo; pero con tal de que su nombre figure desde cinco años antes en la matrícula, y de que en el momento de la elección estén domiciliados en la circunscripción de la Cámara.

Son elegibles los antiguos comerciantes y agentes de cambio si han ejercido su profesión durante cinco años. Solamente los ciudadanos franceses pueden ser electos miembros de las Cámaras de Comercio. Las elecciones se hacen por una sola lista de candidatos para toda la circunscripción, en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos de electores presentes, bastando la mayoría relativa en segunda votación. En caso de empate, queda electo el mayor de edad. El Ministro examina el acta, y si no la encuentra limpia, ordena que se proceda á nueva elección.

Pero esta legislación, que fué muy bien acogida por el Comercio, por más que se haya estado aplicando sin dificultades, ha cedido en el trascurso de doce años á las corrientes políticas, que van poco á poco sometiendo al sufragio universal la elección de todas las asambleas, y en la ley de 8 de Diciembre de 1883 sobre los Tribunales de Comercio, que ha restituido la elección de sus individuos al sufragio de todos los comerciantes franceses matriculados desde cinco años antes de la elección,

(1) Corporación constituida por maestros ó patronos y obreros, con objeto de resolver las cuestiones que surgen entre unos y otros. Los alcaldes de mar en algunas provincias del Norte, los antiguos alcaldes de la Mesta y los prohoms de las provincias de Levante, eran & son en España algo equivalente.
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dos todo género de alimentos y manjares, como empanadas, tortas, pasteles, toda clase de carne, ave y pescado, y además dulces. Si alguno quería convidar á sus amigos, no tenía más que acudir á uno de estos figones, concertarse con el dueño en cuanto al día y hora, número de platos, personas que habían de asistir, huerta donde se había de servir, y esto por diez, quince ó veinte cruzados, según el número de convidados. Los mismos figones daban la plata y demás servicio de mesa, y todo estaba á punto á la hora señalada. Mas como esto arruinaba á la gente, y por otra parte los dueños de estas casas de comida pública no podían excusarse de recibir gente, prohibiéronse, no tanto por el descaro con que aquéllos exigen precios exorbitantes por lo que sirven, como por el crédito que suelen hacer á sus parroquianos cuando ejecutan sus órdenes.

Pero si faltan ya hoy día las casas públicas de comida á que me refiero, preciso es confesar que por otra parte es tal la abundancia de cocinas de grandes señores, que en todo tiempo y á cualquiera hora se halla en ellas cuanto uno pueda desear por su dinero, y además llevan los cocineros á vender fuera platos extraordinarios, como sollos, salmon, ternera, uvas y otras frutas fuera de tiempo, y cosas semejantes, de que están siempre bien provistas dichas cocinas, contándose hoy día en Valladolid más de 15 de ellas.

Todo esto se necesita para que los grandes señores de esta tierra puedan gastar sus inmensas rentas de 200 y 300.000 ducados, y estar además empeñados como nuestros señores de Portugal. Algunos hay que deben millones, como el de Medina Sidonia, con una renta anual de 300.000, el de Osuna con 150.000, y otros varios que tienen poco menos de renta de la que se necesitaría para construir las pirámides de Egipto, en que trabajaron, según es fama, 360.000 operarios durante setenta años. Y cuentan que el Rey pasado, padre de éste, fué el que indujo á los grandes á hacer tamaños gastos, y contraer deudas, sin duda porque de esa manera, y faltándoles el dinero, no se les reverdecería la sangre.

Mas volviendo á las meriendas de la gente, consisten éstas, por lo general, en tortas de todas clases y especies, como manjar blanco, de mermelada, pezegada (1), guindas, membrillos, ciruelas y demás

(1) Mermelo en portugués es membrillo, y mermelada la pasta ó carne de él cocida y revuelta con azúcar. Pezegada la que se hace del peixigo ó pesego, que nosotros llamamos melocoton persico.
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se consignaba igual procedimiento para los miembros de las Cámaras. Sin embargo, en el curso de la discusión de aquella ley en el Senado, quedó aplazada esta reforma, habiendo ofrecido el Ministro del ramo presentar un proyecto de ley reorganizando las Cámaras.

Las Cámaras de Comercio designan de entre sus miembros su Presidente cada año, y si es necesario un Vicepresidente, un Secretario-tesorero, ó un Secretario y un Tesorero. Al Prefecto ó al Subprefecto incumbe de derecho la presidencia cuando asiste á las sesiones. Los miembros son electos por un plazo de seis años, y se renuevan por terceras partes cada bienio. Al terminar el segundo año subsiguiente á las elecciones generales, se sacan por suerte los nombres de los miembros salientes, procediéndose luego por orden de antigüedad. Los miembros salientes son siempre reelegibles. Las vacantes por defunción ó por dimisión se proveen en las primeras elecciones, pero los miembros que las ocupan no ejercen las funciones del cargo sino por el tiempo que debieron ejercerlas los sustituidos.

Son considerados, de hecho, como dimisionarios, los miembros que sin motivo legítimo reconocido por la Cámara se abstengan de asistir á sus sesiones durante seis meses. Sin embargo, y como consecuencia de esta disposición, como los miembros que tienen sus ocupaciones en localidades lejanas de la residencia de la Cámara, tendrían que renunciar á formar parte de ella en muchos casos, se ha establecido que la Cámara elija en diversos puntos de su jurisdicción miembros correspondientes que puedan asistir á las deliberaciones con voz consultiva, ó bien puedan facilitar por escrito á la Cámara dictámenes y noticias. Esta medida se adoptó con objeto de que no faltase representación en la Cámara á ningún interés positivo. El número de estos miembros correspondientes puede ser igual al de los miembros titulares.

Las atribuciones de las Cámaras de Comercio son de dos clases: las que les conciernen como representación oficial del Comercio ante el Gobierno, y las que les competen en calidad de
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mandatarias del Comercio, para la gestión de intereses colectivos.

Como órganos oficiales del Comercio, las Cámaras tienen el derecho de exponer al Gobierno, por iniciativa propia, su opinión acerca de los medios de aumentar la prosperidad industrial y las relaciones mercantiles; sobre las mejoras que deban introducirse en la legislación mercantil, denominación bajo la cual se comprenden también los aranceles de aduanas y las tarifas de consumos; sobre la ejecución de obras y servicios públicos interesantes al Comercio ó á la Industria, como son las obras en los puertos, la navegación por ríos y canales, las comunicaciones, los ferrocarriles, etc.

Facilitan al Gobierno los datos que éste necesita acerca de la situación del Comercio y de la Industria. Son consultadas sobre las reformas que puedan introducirse en la legislación mercantil; sobre creación de Cámaras de Comercio, Bolsas, plazas de agentes y corredores; sobre aranceles de aduanas; sobre tarifas y reglamentos de trasportes y otros servicios establecidos en interés del comercio; sobre las tarifas de corretaje marítimo y de seguros de mercancías, cambio y efectos públicos; sobre creación de Tribunales de Comercio en el distrito de las mismas Cámaras; sobre los proyectos de obras públicas locales que interesen á la Industria y al Comercio. Como mandatarios del Comercio para la gestión de intereses colectivos, las Cámaras están encargadas de la administración de la Bolsa que exista en la ciudad donde residen, salvo la vigilancia que incumbe al alcalde y á la administración municipal, en cuanto se refiere á las reuniones públicas.

Las Cámaras de Comercio administran igualmente los establecimientos fundados en interés del Comercio, como son los almacenes de salvamento, los depósitos, los establecimientos para la calidad de las sedas, las escuelas para la difusión de la enseñanza industrial y mercantil, cuando tales establecimientos están costeados por comerciantes. Si han sido fundados por algún donativo, legado ó alguna otra base parecida, las Cámaras de Comercio pueden administrarlas si tal ha sido la volunt-
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tad del donatario, del legatario ó de la Administración pública aun para las instituciones que haya fundado.

Las Cámaras de Comercio se consideran como personas civiles y legalmente reconocidas como instituciones de autoridad pública. Dependen directamente del Ministerio de Comercio, al cual deben remitir los datos y reclamaciones que dirigen á los demás Ministros. No pueden publicar ni imprimir trabajo alguno sin autorización del Ministro de Comercio; no obstante, la administración no exige la rigurosa observancia de esta prescripción.

Las Cámaras proveen á sus gastos mediante una contribución pagada por los matriculados de la circunscripción y designados por el art. 33 de la Ley de 25 de Abril de 1844, modificada por posteriores leyes de Hacienda. Este impuesto se percibe anualmente en virtud de derechos especiales del Ministro de Comercio, y después de examinado su presupuesto por las mismas Cámaras, las cuales con este objeto presentan por duplicado al Prefecto de su departamento el presupuesto del año próximo venidero. El Prefecto trasmite el presupuesto al Ministro de Comercio con las observaciones y dictamen que estima oportunos.

Las Cámaras encargadas de la administración de establecimientos de utilidad comercial remiten todos los años á la aprobación del Ministro de Comercio un presupuesto especial relativo á estos establecimientos. Esos presupuestos se redactan con sujeción á las condiciones particulares contenidas en las bases sobre que se fundaron aquellos establecimientos y cuya gestión está á cargo de las Cámaras.

Felipe Benicio Navarro.

(Continuará)
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CRÓNICA POLÍTICA INTERIOR

10 de Julio de 1831.

El día 19 del mes último empezó en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Mensaje, que ha terminado á última hora en el día de ayer; se han invertido, pues, veinte sesiones en esa discusión. Nosotros, sin embargo, no caeremos en el error—tal nos parece—de unir nuevas lamentaciones á las lamentaciones que de continuo arranca á la mayoría de las gentes el largo espacio que nuestros hombres públicos emplean en ella. Cierto es que nuestro temperamento nacional, dispuesto á dejarse influir por la belleza y esplendidez de la palabra, incita constantemente á los oradores más distinguidos á usar de ella en una medida quizá excesiva, tratándose de oraciones parlamentarias; pero ciertísimo es también, para desgracia nuestra, que España ha llegado tarde á la regeneradora vida política en que ya están ejercitados otros pueblos modernos; el período constituyente que empezara en 1812 no se ha cerrado aún, y parece que estamos condenados á perpetua interinidad, al ver como hay necesidad de suscitar todavía en nuestro Parlamento controversias que serían incomprensibles en el Parlamento de aquellos Estados que lograron afianzar la libertad y el derecho de todos dentro del régimen representativo. No, no es posible en las condiciones presentes exigir á nuestras Cámaras aquella circunspección y aquella mesura tan aplaudidas en las Asambleas de otros países, preocupados casi exclusivamente de su mejoramiento material.
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El Gobierno parlamentario, á pesar de la repugnancia que oponen á esta afirmación algunos publicistas modernos, necesariamente ha de ser Gobierno de partido; y para que el sistema parlamentario funcione metódica y regularmente, produciendo los sazonados frutos que de él pueden esperarse, ya lo hemos dicho en otra ocasión, es preciso que los partidos políticos llamados á intervenir de un modo directo en los asuntos públicos, estén vigorosamente conformados, que sus programas sean definidos con limpieza y que sus relaciones mútuas estén garantidas por la lealtad y el patriotismo. Sólo de este modo podrán conseguir duración conveniente los Gobiernos, autoridad las oposiciones, confianza el país, condiciones todas indispeusables para que, limpios de intransigencia y solicitados por grandes intereses, cada uno en la medida de sus fuerzas, intente reformas provechosas y mejoras indudables, relegando á último término querellas y recri- minaciones de dudosa conveniencia.

En las naciones en que no se ha logrado alcanzar todavía aquella organización y disciplina necesarias en los partidos políticos para facilitar la marcha del régimen parlamentario, nosotros creemos, por las razones apuntadas, que la primera aspiración y el hecho más trascendente que han de realizarse, es el de conseguirlas con prontitud á cualquier precio. En nuestro país, para buscar ejemplos en los hechos que están á la vista, dada la desunión en que persisten los hombres que debieran formar el gran partido liberal de la Monarquía; dada la malquerencia que existe entre los que intentaron desacertadamente organizar un partido que representase las ideas de la extrema izquierda dinástica; y dada, sobre todo, la actitud imprudente y ocasionada á graves peligros que ha venido guardando el partido conservador desde el momento en que los propósitos de los disidentes y demócratas se hicieron sentir; ¿cómo han de esperarse y brotar de las deliberaciones de nuestras Cortes saludables reformas para el interior, y cómo hemos de salir de esa pasividad absoluta que nos niega en el exterior, si una y otra política deben por necesidad estar inspiradas en un sentimiento común atento á la voz de la opinión nacional?

Lo perentorio, lo urgente es normalizar nuestra situación política, delimitar con franqueza el terreno en que ha de moverse cada uno de los dos partidos monárquicos, indispensables á las necesidades del poder, y afianzar las relaciones que deben unir á uno y otro en el deseo de conseguir el bienestar público. Por eso empezábamos di-