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El daño se reparó fácilmente, continuando en prisión el procesado otros cuantos meses mientras le reconocían médicos y academias, no porque su imbecilidad ofreciese dudas, sino para paliar la culpable negligencia de los curiales. Por último, fué declarado imbecil oficial y puesto en la calle. ¿Y qué decir de los motivos por que se decretan algunas prisiones sólo para que el reo agradezca el auto de soltura? ¿Qué de esas fianzas de veinte y treinta mil duros por delitos insignificantes? No faltan hoy Ruanos ni Padillas, y fuerza es confesar que los hábitos judiciales no han progresado al compás del tiempo transcurrido.

Y si nos fijásemos en las reacciones del 14 y 23, ¿podríamos en justicia elogiar á aquella magistratura? El Cojo de Málaga, condenado á la horca por haber aplaudido á los Diputados de Cádiz; doña María Villalba, sentenciada á muerte por habérsele interceptado una carta en que hablaba con cierto donaire de los amorios del Rey; Ripoll, el maestro de Ruzafa, ejecutado por hereje; Riego, Empecinado, La Chica, la Pineda y cientos y miles, clamarán eternamente contra aquellos verdugos, que no Jueces, Vadillo, Fuentenebro, Pedrosa y las salas del crimen de Madrid y Valencia. No podrá señalarse del Jurado español un solo veredicto que haya sublevado la conciencia humana como cualquiera de las sentencias citadas, no obstante ser institución nueva y haber funcionado en tiempos revueltos, de extraordinaria exacerbación política y ardiendo en guerra civil la mayor parte del territorio.

Pero hay que ser justos. Nuestra magistratura mal pagada; atendida, no en razón á sus méritos y servicios, sino en razón á sus complacencias ó al favor del Ministro; sin la garantía de la inamovilidad, ha necesitado un valor heroico, y no pocas veces, y aun pudieran citarse casos recientes, lo ha demostrado, para resistir las obsesiones y las amenazas de los Gobiernos. Mas el heroísmo no es cualidad ordinaria y común en los humanos, sino excepcional, ni tampoco es para diario, y no puede ofrecerse, por tanto, como eficaz garantía. No sin grandes tropiezos y desviaciones ha prevalecido, al cabo, ciert-
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ta especie de inamovilidad teórica, y no ha contribuido poco á ello el partido republicano. ¡Cosa singular! Tenían de antiguo los partidos en lucha, cada uno un personal judicial que seguía su buena ó mala fortuna, subiendo ó bajando al compás de los Gobiernos. Fué necesario el advenimiento del partido republicano, de quien era adversario no poco extremado uno y otro personal, para que fuesen respetados los derechos de todos, puestos bajo la salvaguardia del Supremo. Diéronse de esta suerte al Poder judicial las condiciones de un verdadero poder independiente por el único partido que no contaba acaso un sólo adepto en todo el personal de Jueces y Magistrados. No se les violentó en su concienciá, y se respetó su honor, eximiéndoles de juramentos y adhesiones que no podían prestarse con sinceridad.

Y no se confió sin éxito en la dignidad de la magistratura. De aquel tiempo no recordamos quejas, ni de los Jueces ni de los ciudadanos, hoy tan repetidas, por desgracia. Y es que, para que haya dignidad y prestigio en la magistratura, han de empezar los Gobiernos por tratarla dignamente y por no prostituirla. Fué aquel ejemplo elogiado por todos los partidos, imitado por ninguno. El capricho ó el interés del Gobierno, paliado con estos ó los otros pretextos, sigue rigiendo en la materia. Es para poner espanto en el ánimo más entero el ver cómo en los preliminares de las elecciones se habla con indiferencia, como de cosa de poca monta, del nombramiento ad hoc de Jueces y Magistrados; cómo viene á depender en la práctica el Poder judicial, no ya del Monarca, ni del Ejecutivo, ni siquiera del Ministro, ni del candidato adicto, sino del anónimo elector influyente ó del indigno criminal, fautor de trapacerías electorales, que remite el acta limpia á ese candidato.

No es, ciertamente, la inamovilidad por sí sola garantía de buena justicia, cuando tiene el Magistrado ante sí la seductora perspectiva del ascenso, los honores y otras ventajas de que dispone el Ministro. Ya dijo Saavedra Fajardo «que en los hombres es más eficaz la esperanza que el agradecimiento.» El Juez prevaricador y corrompido lo será, con inamovilidad y sin ella,
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en provecho de los gobiernos en algún caso; en los más, en provecho y granjería propia. Mas el Juez íntegro y recto podrá no ser ascendido ni premiado; pero, al menos, tampoco será castigado con la traslación y cesantía por su integridad y honradez, lo cual no es poco. Sobre todo, ante el tristísimo espectáculo que, por confesión de liberales y conservadores se viene dando al país, son notorias la sospecha y la desconfianza; y en tal materia, para que el estrago sea real y efectivo y pavoroso, no es menester que lo sea la corrupción del Magistrado: basta con que se sospeche y tema. Meos tam suspicione quam criminè judicò carere oportere. Y no hay otra esperanza, de concluir con la realidad, ó la sospecha, ó el temor, que la intervención en el juicio de la sociedad toda, de todos los ciudadanos que no tienen que esperar ni que temer de los gobiernos.

IV

Es el Jurado, según la Academia de Ciencias morales y políticas, «un modo de enjuiciar inventado para administrar justicia sin peligro de la sociedad y de la inocencia.» A esta llana definición, exenta de pretensiones científicas, nos atenemos, prescindiendo de inquirir si el Jurado es un derecho natural ó político, si es una función, ó el cumplimiento de un deber, ó el pago de algo como un impuesto de rectitud y honradez, análogo al de sangre, exigible en bien de la sociedad y de la patria. La institución, una vez planteadas, es todo eso y algo más. Un derecho que puede reclamar, mediante recursos legales, el ciudadano, por error ó malicia excluido de las listas; una función, dado que se confiere á los considerados por la ley capaces para su desempeño; un deber, cuyo cumplimiento está sancionado por correcciones disciplinarias y penas comunes; una carga ó impuesto, exigible en consideración al procomún;
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honor de los más estimables, puesto que supone rectitud y conciencia indiscutibles en los llamados á ejercer el cargo. Es propiamente lo que llamamos cargo concejil, honorífico, gratuito, obligatorio y sujeto á responsabilidad; y es, sobre todo esto, la conciencia de la sociedad juzgando á sus miembros.

 Nótese que todos hablan del derecho de la sociedad á garantir su reposo y existencia: según unos, por la acción dé los Jueces togados; según otros, por la intervención de los ciudadanos en la administración de justicia. Pocos se curan de un derecho, si no superior, igual á este: el derecho del acusado á buena y pronta justicia. Ningún interés más sagrado, ningún derecho más respetable. La justicia social se descompone en dos elementos dignos de igual atención: el interés de la acusación, para que no quede impune el delito; el interés de la defensa, para que no caiga el castigo sino sobre el verdadero culpable. La inviolabilidad de la inocencia es un interés no menos general, del propio orden y de tanta importancia como la certidumbre de la represión. El reposo de todos, más peligra por una condena inmerecida, que por la impunidad de algún delincuente. En suma, estos dos intereses, que parecen opuestos, se resuelven realmente en un solo y mismo interés. La garantía de cada individuo es la garantía de la sociedad entera.

 El hábito nos hace ver en el delincuente vulgar un ser aparte. ¿Qué hay de común entre su situación y la del hombre honrado? ¿Qué importa que el procedimiento á que se le someta sea regular ó arbitrario, humano ó bárbaro; que se le sujete ó no á dilatada é innecesaria prisión preventiva; que se pudra ó no, física y moralmente, en aquel asiento de abominaciones, llamado patio de la cárcel; que el Juez sentencie más tuerto ó más derecho? Allá se las hayan hampones, policías, alcaides y Jueces. ¿Qué importa todo eso á quien rige su vida conforme á los preceptos de la moral y del Código? Y sin embargo, pese á la confianza imprudente de los hombres integros, ellos tienen grandísimo interés en todo eso. Aparte de que la flaqueza humana no es un seguro contra la caída, todo hombre honrado puede ser reo efectivo de un delito, dado que hay delitos que
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no cometen de ordinario sino los hombres honrados, como son los políticos, los de imprenta, el duelo, la imprudencia temeraria. ¿Quién está á cubierto de las asechanzas de algún enemigo, de la denuncia calumniosa, y, lo que es más grave, de la persecución maliciosa del Poder publico? ¿Quién no está expuesto á ser concejal? Y es visto que, por ahora, concejal y procesado es todo uno. Hablen los de toda España, acusados fríamente de crímenes vulgares, diluvio infamante que vierten sobre ellos los poderosos del dia. A pocos cambios de Gobierno, la plana mayor de todos los partidos, lo más selecto de España, tendrá su registro civil en el general de procesados, onus multorum camellorum. Y si esto pasa con las clases influyentes, ¿qué no ocurrirá con las desvalidas? Ellas son las más interesadas en la reforma: que, no estando protegidas por las influencias sociales el día de la falta ó la desgracia, deben contar con la protección de las leyes.

El derecho del procesado á la justicia es, á nuestro juicio, el principal fundamento del Jurado. Porque no es justicia aquella parte mecánica del juicio que compara un hecho con un artículo, y mediante una operación aritmética, obtiene la pena y duración, sino la que aprecia las condiciones del reo, las especiales en que ha delinquido, sus móviles, las modificaciones introducidas por la intervención de pasiones, prejuicios, afeciones y odios, supersticiones, extravíos, la influencia de otras personas y del medio ambiente, y, sobre todo, el valor de las pruebas, graduadas por la impresión que dejan en el ánimo las múltiples y complejas indicaciones que pueden resultar de la actitud y del dicho de los testigos, los peritos y los mismos reos. Suprimida la prueba tasada, el juicio no tiene otra base, ni el acusado otra garantía, que la conciencia recta de sus jueces; y para que la garantía sea eficaz, es indispensable la concurrencia de muchas conciencias rectas e independientes. Esa impresión imparcial, exenta de toda sospecha, producto de lo que todo el mundo, y no una clase privilegiada, tiene por justo, es el derecho del acusado. Es cuanto en materia de justicia puede pedirse á la limitación humana.
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La noción de lo justo, en cuanto se refiere y toca á los delitos, penas, procedimientos y probanzas, varía con frecuencia por el influjo, tanto del elemento letrado, como de la opinión lega. ¿Cuántos delitos han dejado de serlo? La hechicería, la apostasía, la herejía, los más graves hasta hace poco; han desaparecido de la ley penal: la opinión se ha impuesto á los que todavía creen en hechizos y embrujamientos, á los que abominan del hereje y del apóstata. ¿Cuántas penas crueles se han suprimido, y cuántas se han dulcificado? Los medios de prueba antiguos abolidos están, por más que haya todavía quien se infame con la ignominia del tormento. Reniegan ya todos del procedimiento escrito y secreto, aún vigente. La convicción racional y la conciencia del juzgador, se ha impuesto á la prueba tasada: el Tribunal colegiado, al Juez único. La fuerza invisible, pero incontrastable de la opinión; por más que no tomase asiento en el tribunal, encarnada en el Jurado, ha influido notablemente, aun sobre la antigua magistratura. Toda, ó la mayor parte de nuestra añeja penalidad, había caído en desuso á la aparición del Código, en virtud de sentencias de los Tribunales togados, contrarias á la ley, conformes con la opinión. Sin el concurso y labor de esta opinión, á la que todas las clases sociales contribuyen, el progreso en el Derecho penal sería imposible. Todas las clases, decimos, aun las más ignorantes y desvalidas, que éstas vienen prestando de antiguo el mayor contingente, en el cual, anima vili de esta clínica social, se ensayaron las iniquidades y barbaries que han aleccionado á los sabios, sublevado la opinión y movido á los legisladores.

El Jurado debe ser, pues, la expresión de la conciencia social sobre cada hecho, declarada por los doce individuos que la representan. Representación que tienen ciertamente en virtud de una ficción legal, no tan violenta y forzada, como la que atribuye representación semejante al Poder Real, delegado en el Juez único ó en el Tribunal colegiado. El Derecho todo descansa sobre ficciones y presunciones análogas. El Poder legislativo, Cámaras y Rey, se supone expresión de la voluntad
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nacional: tiéñese á Diputados y Senadores por fiel trasunto de la mayoría del país, presuponiéndose que votan con perfecta competencia en todas materias. La irresponsabilidad del Monarca, base del sistema constitucional, sobre una ficción legal se asienta. La promulgación, por cuya virtud la ley se supone conocida de todos, origina la ineficacia, como excusa de la ignorancia del Derecho, base de toda vida social. La paternidad legítima, demostrada por las justas nupcias, fundamento de la familia. La presunción de muerte, la adopción, el lapso de términos fatales, ficciones y presunciones de Derecho, todas indispensables, aunque no siempre conformes con la realidad de las cosas.

Pero toda presunción ó ficción de Derecho ha de acercarse lo más posible á la verdad y á la naturaleza, y será tanto más respetable y eficaz, cuanto más se aproxime á lo real y efectivo: necesita de términos hábiles. No cabe dudar que la Soberanía reside en la Nación y que de ella emanan todos los poderes: y, sin embargo, desde el despotismo imperial romano, basado en la ficción de la ley regia, hasta nuestros sistemas representativos, ¿cuántas ficciones legales no se han inventado para determinar las instituciones, órgano de aquella Soberanía? La tendencia á poner en conformidad la ficción de la ley con la verdad de los hechos es constante y creciente, como lo demuestra la adopción general del sistema representativo, la creación plebiscitaria de las nacionalidades y la extensión progresiva del sufragio.

La Soberanía nacional reúne en sí todos los poderes. Por necesidades de la práctica y por cautela prudente contra sus propios errores, el pueblo los delega, distingue y separa, no tanto, sin embargo, que no se compenetren por algún punto y mutuamente se influyan alguna vez. El Poder legislativo, propio es de los representantes del pueblo y de intereses determinados, Congreso y Senado, mas con la iniciativa y sanción del Jefe del Poder ejecutivo. El Poder ejecutivo propio es del Jefe del Estado, asistido del Ministerio responsable, pero indicado éste por las Cámaras y sancionada la indicación por la negativa del
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impuesto y de la fuerza pública. El Poder judicial se ejerce exclusivamente por funcionarios dependientes del Poder ejecutivo; pero ha de ejercerse también por el Jurado, representante de los ciudadanos, que deben intervenir en este como en los demás poderes.

«No comprendo, dice con su hermosa palabra el Sr. Martos en su discurso de la Academia de Jurisprudencia, no comprendo que sea principio universalmente admitido la participación del común de los ciudadanos en el Poder legislativo en las funciones del régimen y administración municipal y provincial, y, sin embargo, no puedan intervenir directamente en la administración de la justicia. Si es necesario á los ciudadanos la garantía de su propia intervención para la salud de sus intereses y para la realidad de algunos de sus derechos, no es racional, ni justo, ni es político ni humano privarles de esa garantía y negarles esa intervención, cual si se tratara de materia parva, de asuntos menores y casos livianos, en juicios que versan á veces sobre la vida y resuelven siempre sobre la libertad y la honra, que son en el orden moral bienes de más subido precio y de más alta estimación que la vida misma.»

La potestad judicial debe ser ejercida por el cuerpo general de ciudadanos, si bien con precauciones análogas á las que regulan el ejercicio de la potestad legislativa y ejecutiva. Hay que dotar á la ficción legal de términos hábiles, para que la justicia sea, en cuanto cabe en lo humano, la expresión de la conciencia del pueblo. Y entendemos esta palabra del propio modo que hace siglos la entendía el Rey Sabio. «Pueblo llaman el ayuntamiento de todos los homes comunalmente, de los mayores, de los medianos é de los menores. Ca todos son menester é non se pueden excusar, porque se han de ayudar unos á otros porque puedan bien vivir é ser guardados é mantenidos.» El veredicto del Jurado es el juicio de la conciencia pública, expresado por los órganos legales de ella. Tanto más fielmente se traducirá, cuanto más adecuados sean sus órganos de expresión y más en contacto se encuentren con todos los elementos que la constituyen. Y si es evidente que contribuyen á formar la
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opinión y conciencia pública todas las clases sociales, las altas, las medias y las humildes, influyendo naturalmente en mayor grado, no en absoluto, las más ilustradas, lógicamente se deduce que deben dar su contingente al Jurado todas las clases sociales, proporcionalmente, no tan sólo á su importancia numérica, sino habida en cuenta su ilustración y aun sus intereses y posibles preocupaciones.

V

Al organizar el Jurado se corren dos peligros. Procede el uno de suponer y aun provocar un ínfimo grado de ilustración y rectitud moral en la masa general de ciudadanos; derívase el otro de la posibilidad de organizar una justicia de clase al constituir el cuerpo de jurados con determinados y exclusivos elementos. Toca al legislador evitar estos peligros, ó por lo menos disminuirlos en la medida asequible á la previsión humana. Procurase de ordinario tal propósito limitando la extensión de este derecho ó función, excluyendo suspicazmente de ella gran número de ciudadanos. En el último proyecto quedan eliminados los no contribuyentes, los pequeños y aun muchos de los medianos, ó lo que es lo mismo, la propiedad modesta, la pequeña industria y las clases obreras; categorías sociales respetables por su número, y no despreciables por la opinión que forma sobre las cosas. Queda excluida de esta suerte gran parte de ciudadanos, quizá la mayoría, lo cual va, no sólo contra la igualdad, sino contra la justicia, y por tanto, contra la conveniencia general. Excluirlos de intervenir en la administración de justicia á causa de su posición social, es infingirles, quiérase ó no, por ministerio de la ley, una degradación injustificada; es dar pretexto á que se estimen y digan sacrificados á los intereses y prejuicios de las clases superiores, haciendo sospechosa la justicia; es coadyuvar, sin quererlo, á la influen-
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odios. Ha de haber, pues, ante la Historia uno que sea responsable de la confusión de nombres de Fontaine y Fuentes; y puesto que ha de haber reo aunque involuntario sin duda, criminal aunque inocente quizás; séalo enhorabuena... Voltaire.

Reum habetis: léese, en efecto, en El siglo de Luis XIV (edición Furne, pág. 74) la siguiente frase:

«Le vieux Comte de Fuentes, qui commandait cette infanterie espagnole, mourut percé de coups. Condé en l'apprenant dit qu'il voudrait être mort comme lui s'il n'avait pas vaincu.»

Ni más, ni menos. Basta evidentemente para que se declare á Voltaire responsable de la universalización (ya que se ha puesto de moda la palabra) del famoso error, por ser esta su obra la más conocida, leída y vulgarizada, sin duda, de cuantas, aunque incidentalmente, hayan tratado de Rocroy; pero, dicho esto, veamos si el error de Voltaire arranca de Voltaire mismo, si cabe suponer, al contrario, que sencillamente siguió una versión española, y por fin, si el error suyo es tan grave como algunos podrían creer.

Ante todo conviene observar que Voltaire presenta al General, á quien llama Conde de Fuentes, como Jefe de la infantería española, lo que es rigurosamente exacto, y no como Jefe de todo el ejército, como el continuador de Mariana, por ejemplo (1).

Conviene también reparar que en su citada frase no hay una sola palabra que indique haya creído que éste, á quien llama Fuentes, era el gran Conde de Fuentes; pero hay más: para que en este pleito todo sea curioso y todo anómalo, he de traer á colación un detalle bibliográfico que, hasta cierto punto, demuestra que es internacional la responsabilidad de la alteración del nombre de Fontaine.

En el año de 1739 diéronse á la estampa en París los dos pri-

(1) «Capítulo XIII. Anduvieron muy desgraciados los españoles por el lado de Planados. Tomaron éstos la iniciativa á las órdenes del Conde de Fuentes; veterano en quien los acabaques no hacían sombra al valor...»
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cia malsana que aviva los odios de las clases jornaleras, presentándolas como esclavizadas, sin derechos ni garantías en una sociedad y bajo unos poderes organizados en su daño.

Debe, pues, comprenderse en el cuerpo de jurados á todos los ciudadanos mayores de edad que sepan leer y escribir y que no tengan tacha legal de las ordinarias que se refieren á la incapacidad, indignidad, incompatibilidad, etc. Pero esto no basta. ¿Cómo se designarán las listas trimestrales? Por la ley del 72 eran producto de dos selecciones sucesivas operadas por Jueces y Magistrados. Hubo quejas con este motivo. Personas ilustradas eludian éste deber, solicitando su eliminación. Complacencias censurables de los funcionarios de justicia hacían que la carga fuese mal repartida, con daño de los ciudadanos y de la institución misma. No es bien tampoco que un mismo poder tenga á su cargo la instrucción y dirección de las actuaciones y el nombramiento de aquellos que han de conocer y pronunciar sobre sus propios actos. Aparte de que, dados los pésimos hábitos gubernamentales á que antes nos hemos referido, mientras estos no varien, confiar tal designación á los Jueces municipales, de instrucción y Magistrados, sería en puridad tanto como entregarla á los Alcaldes y Gobernadores. La parte del cuerpo de jurados que podríamos llamar en activo, se compondría casi exclusivamente de adictos y servidores del partido imperante; los demás quedarían en eterno reemplazo: el Jurado podría trocarse en instrumento de opresión. La desconfianza pública llega á tal punto, que no faltará quien mire con reservas aun el propio sorteo.

Y no se crea que exageráramos las audacias de los gobiernos y la forzada sumisión del orden judicial. El nombramiento de los Jueces municipales nos da una idea aproximada de lo que sería entre nosotros hoy tal selección. Confiado por la ley al Presidente de la Audiencia, á propuesta en terna de los Jueces, notorio y público es que las ternas las indican los Alcaldes, y los nombramientos los Gobernadores y el Ministro: que en caso de disidencia preponderan las influencias gubernativas sobre las judiciales, siendo evidente que, con motivo de tales nom-