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ras transitan por ellas, ni los bandos y pregones mandando no haya fuera gallinas, puercos y otros animales, han sido parte para estorbar tamaño abuso en una población como esta. Pasando esta mañana el Corregidor por la plaza, vió acaso un cerdo que ya otra vez había visto, y luego dió orden que como á pitagórico le enforcasen, por no hallar en sus leyes más sentencia que el sacrificio del puercos á Ceres, y el de la cabra á Baco, como criminales y dañinos, aquél á las uves, ésta á las uvas. Al gruñir de su natural enemigo, acudieron presurosos y alborozados los moriscos de Valladolid, los cuales son visiblemente tan moros como el alma de Mafamede (Mahoma), y hablan hoy día ellos y sus hijos la algarabía ó lengua de sus antepasados. Los quejidos de la víctima y los descompasados gritos de tanta chusma como allí acudió de moriscos y rapaces, hizo venir al lugar un alcalde que por allí pasaba, el cual mandó á sus alguaciles pusiesen al cerdo en libertad, diciendo que más parecía sentencia de alcalde de monterilla que de corregidor de una corte como Valladolid. Súpolo el corregidor, y tomando la cosa por punto de honra, mandó buscar al alguacil, y aseándole lo que había hecho sin orden suya, dispuso que el pobre delincuente fuese empicotado por segunda vez. Juntáronse entonces los alcaldes de corte, y proveyeron que el cerdo fuese suelto y libre, y aun decretaron fuese el Corregidor reducido á prisión. Fiado éste en que era un Sandoval, y que una gota sola de tan ilustre sangre era bastante para calificar su persona y sacarle ileso del agravio que se le pretendía hacer, insistió en la justicia de su causa, y reclamó al Consejo Real de Castilla, quien visto el proceso, dió la razón á la parte contraria y mandó pretender al Corregidor. Recurrió éste al duque de Lerma, su pariente, quejándose del conde de Miranda, presidente, á lo que el Duque contestó que hiciese nueva instancia, pero que respetase como debía la autoridad y preminencias del Consejo. Remitido de nuevo el proceso á la Junta de alcaldes de corte, fué en definitiva condenado el Corregidor á 400 ducados de multa y pago de las costas, y fuérnole puestos dos alguaciles de guardia hasta que se cumpliera la sentencia. Aun así fuéle preciso presentar un memorial á los alcaldes, pidiendo le alzaren el arresto, con lo cual y el pago de la multa y costas del proceso se le levantó de hecho el arresto y quedó libre y en el ejercicio de sus funciones.

»Varios ejemplos pudiera yo citar como el anterior, en prueba de que la justicia y sus ministros están muy considerados aquí
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por las dos mitades que por entonces componían el partido reformador, toda vez que dejaba á salvo el gran símbolo de los progresistas, la Soberanía de la Nación, dogma del que hacían emanar los demás principios de gobierno, especialmente consignados en aquel Código, respecto al cual bastará decir que, al prestarle su más explícito reconocimiento, Martínez de la Rosa declaró en el Congreso que aquella Constitución era perfectamente compatible con los principios de la escuela conservadora. Pero harto sabido es que en política no bastan las afirmaciones si los procedimientos no las ratifican en condiciones que la práctica no contradiga.

La escuela conservadora no contaba en la prensa, en 1838, otro órgano autorizado sino El Correo Nacional, y á éste cupo la misión de formular las aplicaciones que el partido se propone hacer de los preceptos del pacto de legalidad común, aplicaciones que expuso en los explícitos siguientes términos:

1.º Que la Constitución jurada fuese adoptada como base y punto de partida de todos los progresos y mejoras apetecibles.

2.º Introducir en nuestro derecho público el principio de que la inteligencia del dogma de la Soberanía popular no podía entenderse en la práctica de otra manera sino como siendo la expresión de la supremacía de los poderes públicos, ó sea de la supremacía parlamentaria, vinculada en las Cortes con el Rey.

3.º Inculcar cuantas ideas tuviesen por objeto desarrollar el principio de la nacionalidad, y como su primera consecuencia, estrechar nuestras relaciones políticas y comerciales con el vecino reino de Portugal.

4.º Considerar al Gobierno como expresión de la autoridad pública y robustecer el Trono como centro de unidad y primer representante de los intereses de la nación.

5.º Que la acción del Poder Real ha de ejercerse por medio de sus Ministros responsables en calidad de exponentes de la mayoría parlamentaria, y en tal concepto de delegados amovibles de la opinión.

6.º Que la acción política debía residir toda entera en los poderes del Estado, ó sea en la Corona y en las Cortes.
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7.º Que las provincias deberían tener una amplia intervención en sus negocios económicos y en los municipales, en términos que la acción de los agentes del Gobierno no entorpeciera la inteligencia y satisfacción de las necesidades locales, al paso que el espíritu de provincialismo quedase sin medios para embarazar la acción política de la autoridad central.

8.º Deslindar las atribuciones de la Iglesia y del Estado, para que sin entorpecerse mútuamente coadyuven, y como consecuencia de este principio terminar la ingenerencia del derecho canónico considerado como ley civil, para ir preparando así también el futuro y progresivo establecimiento de la tolerancia religiosa, al mismo tiempo que dispensando protección á la Iglesia y al clero contra los ataques de que fuesen objeto.

9.º Promover el más pronto establecimiento de un sistema general de instrucción primaria, y la formación de colegios de segunda enseñanza en las provincias

10. Excitar la cooperación de los ciudadanos y de los amantes del bien público á favor de la reforma de nuestro sistema de cárceles, y á la creación de casas de corrección y de establecimientos penitenciarios, con objeto de ir modificando nuestra situación penal y llegar gradualmente á la abolición de la pena de muerte (1).

Seguía en las bases 11, 12, 13, 14, 15 y hasta la 17 la exposición de procedimientos dirigidos á dar á los bienes nacionales una aplicación conforme al interés social, al alivio de las clases menesterosas, al fomento de la beneficencia y de la mejor organización del crédito, excitaciones estas últimas que no fueron desgraciadamente acogidas en aquellos días por los reformadores oficiales, y de cuyo menosprecio se han seguido los graves inconvenientes que en la actualidad ofrecen las eventualidades de la cuestión social y el retraso de la riqueza pública, á la cual se habría dado mayor impulso si á las reformas económicas hubiesen aplicado los moderados y los progresistas principios científicos mejor estudiados.

(1) Las medidas propuestas en las bases 9.º y 10 no han sido convertidas en leyes hasta nueve años después de formuladas por el programa de El Correo Nacional.
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VII

Criterio que observó el partido conservador de 1838 á 1848 y su retroceso en 1845.

La aparición de aquel programa, cuyo espíritu liberal no podía ser rechazado por el sano criterio gubernamental, fué aceptado por los conservadores, y por ellos practicado en 1838, 39 y 40, bajo los Gabinetes de Ofalia, del Duque de Frias y de Pérez de Castro. En el último de dichos años cayó y tuvo que expatriarse la Reina Gobernadora, ocupando la Regencia el general Espartero, sin que tuvieran los conservadores desde 1838 hasta 1845 otro programa que el de El Correo Nacional, programa adoptado por el partido en términos tan ostensibles, que los progresistas de más antiguo abolengo, Cortina, Olózaga, Prim, no dudando fuese definitiva la adquisición de la legalidad común ajustada en 1837, buscaron á los conservadores como aliados para combatir el predominio de los Ayacuchos, repugnado igualmente por los dos partidos, sin más excepción que la de la minoría que siguió la fortuna del Regente.

La mayoría de la Reina Doña Isabel, proclamada antes de que hubiese cumplido los años señalados por la Constitución, fué la obra común e inmediata de la coalición de 1844. Llegado á este punto, debo abstenerme de proseguir haciéndome cargo de los hechos que mediaron para la ruptura de aquella situación transitoria, la que sin duda no podía ni debía ser duradera, pero que pudo tener término mediante procedimientos perfectamente constitucionales, dejando á cada uno de los dos partidos en sus respectivos campos, sin haber forzado la mano para anticipar eventualidades que más tarde se hubiesen producido por medios regulares que no menoscabasen la obra consumada en 1844. Nada importaba que Olózaga y sus amigos hubiesen quedado dueños del poder, que no habrían tardado en tener que ceder á los conservadores, lo que á todas luces hu-
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biese sido más conveniente para el interés público y de más saludable enseñanza y ejemplo para la educación política del país que el procedimiento de haber echado mano de los reprobados medios empleados para precipitar la ruptura de la coalición.

La principal enseñanza que se desprende de los hechos que acabó de enumerar, es la de que dentro del principio constitucional y sin necesidad de reñir con el dogma de la soberanía de la nación, sin necesidad de revocarlo ni de restringirlo, cabe perfectamente entenderlo de la manera que lo explicó, propuso y sostuvo en 1838 y años siguientes El Correo Nacional, sin que los conservadores lo impugnasen, pues con aquellos principios pudieron gobernar y hacer elecciones completamente libres, como lo fueron las de 1840, que dieron por resultado unas Cortes tumultuarias e irregularmente despedidas por los progresistas, á consecuencia de la asonada municipal de Madrid y la asonada castrense de Barcelona, que motivaron la forzada disolución de las Cortes de 1840.

Pero desde que cesó de inspirarse el partido conservador en los derroteros que de vencido lo habían hecho pasar á la categoría de vencedor, situación en la que se mantuvo, siendo poder como siendo oposición, desde 1838 á 1845, no ha habido manera de hacerle comprender que todo el secreto de su influjo sobre la opinión en aquellos años dependió de haber procedido con tanto tino y discreción, que sin abandonar en un solo punto los principios de interés social en que descansan los de la nación toda entera, y antes bien, habiéndose afirmado en ellos sin descuidar la abogacía de las reformas de sabor popular señaladas en las bases del programa conservador de 1838, supo dar al controvertido problema de la Soberanía de la nación, á la procedencia y significación de los Ministros, á la tolerancia religiosa y al sistema municipal, soluciones que también habría del mismo modo sabido formular el partido relativamente al problema electoral, si entonces semejante asunto hubiese presentado las escabrosidades que en el día ofrece.
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VIII

Perplejidades del publicista que logró en 1838 liberalizar al partido moderado.—Criterio de la Soberanía de la Nación.

Confieso que carezco de libertad para dar campo á mis ideas en materia de reformas de actualidad. Las soluciones que concibo pudieran ser de provechosa aplicación, participando á la vez de inspiracion tan liberal como monárquica.

Respecto á las que de la primera clase pudiera yo recomendar, no abrigo la menor duda de que no serian rechazadas por las escuelas democráticas; pero no participo de igual persuasión respecto á que mis soluciones fuesen aceptadas por los conservadores, con la plena confianza que merecieron de las lumbre ras del partido las que produjo El Correo Nacional en 1838. Ejercía mi humilde persona en aquella época un ascendiente tan señalado entre la familia conservadora, ascendiente que no me ha correspondido conservar en tiempos posteriores, en los que eminencias que me son tan superiores en ilustración y en la práctica de los negocios dirigen el partido conservador, en cuyo jefe, el Sr. Cánovas del Castillo, reconoci, desde que tuve ocasión de medir el alcance de sus ideas, una superioridad que me harian mirar como heterodoxas aquellas de mis conclusiones que, aunque análogas á las que formulé en 1838, no tendría tal vez por ortodoxas el reputado actual jefe del partido conservador.

Bastante dejo dicho respecto á los antecedentes históricos del problema, de dónde reside, en qué consiste y en qué relaciones se halla con las instituciones de la Monarquía hereditaria el problema de la Soberanía nacional.

La desaparición de la Constitución de 1837, de aquel símbolo de legalidad común, repudiado bajo la nominal acepción de reformarlo, dejó de nuevo en pie todas las diferencias y antagonismos que habían motivado el divorcio entre Doña María
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Cristina y el partido liberal, que tan ingrataente se condujo con aquella excelsa Señora, como creo haberlo dejado demostrado en otra ocasión (1); anomalía que en parte explica por qué surgió la división entre la inauguradora de la tercera época de nuestro régimen constitucional y los que pretendían ser sus exclusivos defensores, ruptura que no fué producida por agravios reales ó supuestos, sino que lo fué por cuestión de principios, hija de la pugna de los que mantienen como suyos é innegables derechos que no consienten en recibir como dádiva por otorgamiento de la Corona.

En 1837, el pacto no fué impuesto; pues si bien tuvo origen en la escandalosa asonada del 17 de Agosto de 1736 en la Granja, la protesta contra el Estatuto se hallaba sostenida por el levantamiento general de todas las provincias del Reino; y si aquel triunfo popular trajo una Asamblea á la que tuvieron los moderados por revolucionaria, ella les dió el ejemplo de patriotismo, de moderación y de cordura de ofrecerles una Constitución tan monárquica, que el autor del Estatuto declaró en pleno Parlamento, como antes dejo dicho, que aquel Código estaba inspirado en principios conservadores. Conquista tan preciosa, transacción tan honrosa, fué un crimen de lesa nación haberla roto, y lo más pronto que sin procedimientos revolucionarios podamos llegar á algo que, como lo hacia aquella Constitución, deje ilesos los derechos de la Corona y los sueros de la nación, antes habremos alcanzado el gran desideratum por que deben suspirar no menos los dinásticos que los demócratas.

IX

Cómo entiende el autor la doctrina del poder constituyente

La existencia de los Reyes los constituye, á la vez que en artífices de su propia gloria, en operarios del bienestar y del

(1) Véase la obra titulada Datos para la historia de la Revolución, de la intervintad y del advenimiento de la Restauración.
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adelantamiento del pueblo que gobiernan. Su autoridad, fija é inamovible, debe hallarse revestida de todo el poder necesario para que el Monarca sea obedecido en todo y para todo, con tal que sus mandatos lleven la firma de uno de sus Ministros, responsables ante la Representación nacional, de que se ha obrado conforme á las leyes, cuya infracción ha de recaer para la culpa, como para el castigo, sobre el Ministro que ha autorizado los mandatos del Rey.

Teniendo la nación, por medio de sus delegados en las Cortes, plena participación en la formación de las leyes, cuya incondicional sanción corresponde al Monarca, y atendido á que ninguna ley puede adquirir carácter de tal sin haber sido votada ó autorizada su promulgación por las Cortes, queda justificado nuestro aserto respecto á que, para todas las medidas de carácter legislativo conducentes á iniciar resoluciones que afecten al interés de los pueblos, no tiene límites la esfera de la voluntad nacional relativamente á cuanto concierne á los derechos individuales ó colectivos de la nación, afirmación que no contradice ni merma la atribución regia de seguir libremente el Monarca su propio criterio respecto á la sanción de las leyes; porque cuando la medida cuya sanción no hubiese tenido el asentimiento de la Corona sea de interés tan general que la opinión la reclame, su reproducción por el Parlamento siempre acabará por disipar los escrúpulos del Príncipe reinante.

Pero no es por ello lícito, constitucionalmente hablando, menoscabar ni poner en duda las atribuciones de la Corona consignadas en la Constitución ó sancionadas por la tradición y recomendadas por el ejemplo de otros países en los que impera el gobierno representativo; esto no quiere decir que sea preceptivo invocar como aplicable á toda Monarquía constitucional lo que se practica en otras naciones constituidas sobre la base de análogos principios, si bien es conforme á los fines de la sociedad moderna que, en los países donde los Parlamentos dividen con el Monarca la autoridad suprema, sean aproximadamente las mismas las atribuciones del Jefe del Estado, en
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prueba de cuyo aserto milita el hecho de que poca ó ninguna diferencia esencial existe entre el poder de la Corona en Inglaterra, en Bélgica, en Italia, en Portugal y algunos Estados de Alemania.

Lo expuesto se refiere, en tesis general, á los países donde no se ha interrumpido la pacífica y regular posesión de las instituciones representativas, hipótesis que apenas es aplicable á ningún país, pues hasta la misma Inglaterra, la más tradicional y clásica de las Monarquías constitucionales, ha experimentado también sus interrupciones y percances en el desarrollo de sus instituciones.

Hay más: como ninguna de las Monarquías de Europa ha mantenido sin alteración la observancia de sus leyes fundamentales, habiendo sido notable la diferencia entre la situación interior de los Estados en la Edad Media, y mientras se sostuvieron en vigor las Asambleas representativas coetáneas del feudalismo, comparativamente á la suerte que ha cabido á los mismos Estados después de la decadencia experimentada por las Asambleas populares, que existieron hasta que en el siglo xvi se efectuó la concentración del poder regio de que participaron todas las Monarquías del Continente, de aquí proceden los cambios de situación, de los que se originaron revoluciones y mudanzas de dinastía y restauraciones que han hecho pre- valecer condiciones completamente distintas, según los antecedentes y las historias de cada país.

X

Aplicación de la doctrina.

Basta de preparación, para llegar á la cuestión culminante: la de cuál debe ser el concepto que en España cumple llenar al principio de la Soberanía de la nación dentro del régimen de nuestra Monarquía constitucional histórica y hereditaria.

Que algo falta á la Constitución de 1876 para que sea la le-
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galidad común aceptada por todos los partidos liberales, lo dice el hecho incuestionable de que, aunque no fué precisamente otorgada por la Corona, no tuvieron, sin embargo, parte en su elaboración las agrupaciones del partido democrático.

Aquella falta de participación la suplió, en verdad, en lo posible, la previsión del Sr. Cánovas, aconsejando á sus amigos que en el Código que ellos solos confeccionaban introdujesen tales disposiciones, que con ellas pudieran gobernar los demócratas más caracterizados, á condición de que no se pusiesen en pugna con la legalidad á la que la mayoría de la nación había dado asentimiento el más explícito, acogiendo la venida de D. Alfonso como remedio á las calamidades de todo género que sobre España atrajeron las exageraciones y la debilidad de los gobiernos de la Revolución de 1868.

Siendo, pues, buena en sí misma la Constitución de 1876, para ingerir en ella lo que de popular puede faltarle, no hay para qué trastornar el Estado, ni por qué abrir de nuevo la puerta al ejercicio de un poder constituyente fuera de sazón.

En el curso del presente estudio, dejo sentada la línea divisoria entre las legítimas exigencias inspiradas por las necesidades de los pueblos y las indispensables atribuciones de la Corona, como mandataria del poderío de la nación, poderío histórico y constitucionalmente depositado en el Monarca, como centro y cabeza del poder ejecutivo y como tradicional custodio de las costumbres y de la manera de ser de las generaciones que de muchos siglos á esta parte han venido formando el carácter y la manera de ser del pueblo español.

Partiendo de estos principios de eterna justicia y de sana doctrina, inspirados pórlas luminosas teorías de los más esclarecidos publicistas, los mandatarios del pueblo, estipulando en el interés de éste, no tienen para qué traspasar la línea divisoria entre los fueros de la nación y las atribuciones que ésta, desde tiempo inmemorial, confirió á sus Reyes, para gobernarla con arreglo á las leyes, en cuya confección ella misma tiene participación por medio de sus representantes.

La pretensión de que sea íntegramente y en todas sus par-
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tes restablecida la Constitución de 1869, como emanada de jure propio independiente de toda atenuación, equivale á querer imponer al Monarca que ocupa el Trono una Constitución expresamente hecha para expeler del Reino á su dinastía.

Si, como se hizo en Inglaterra con Guillermo III y María, conferiéndoles la Corona arrancada de las sienes de Jacobo II, unas Cortes convocadas en tiempo de la interinidad hubiesen llamado á reinar á D. Alfonso de Borbón, se habría estado en el caso de exigir condiciones al Príncipe restaurado; pero como D. Alfonso ha ocupado el Trono traído por sus amigos y aceptado por la gran mayoría de la nación, ansiosa de estabilidad y de reposo, y cansada de infecundos trastornos, la pretensión de querer imponer al Rey como condición expresa una Constitución hecha contra él, equivaldría á compelir al vencedor á aceptar en su daño la situación de vencido, condición que no puede ser propuesta á un Príncipe que, además de apoyarse en títulos históricos valederos, reina sobre un pueblo cuya inmensa mayoría no conoce otra forma ni otros procedimientos de gobierno que los que de la Monarquía ha aprendido, y que solo puede ir mejorando lentamente su educación política, en la que todavía tiene tanto que aprender.

Pero toda dificultad desaparece si, dejando á un lado la forma de pacto impuesto, se presentase á las Cortes un proyecto de ley en forma de acta adicional, bien fuese en uso del ejercicio de la prerrogativa parlamentaria ó por el Gobierno; acta que contuviese tales adiciones y reformas á la Constitución vigente, que dejasen intactas las atribuciones de la Corona, y añadiendo todo lo que además se requiera para que los derechos individuales y los fueros municipales y provinciales tengan gran latitud para que, tomando origen en las franquicias de los populares Concejos de la antigua España, se vean enriquecidos por las conquistas populares consumadas en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, en Italia y en Portugal, podrá, dentro de semejantes condiciones, ser tachado de presuntuoso, afirmando que no habrá autoridad competente, hija de la escuela liberal, que califique de insuficientes ó de poco dig-