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en Castilla, y que en lo criminal, sobre todo, no sufre dilacion; debido todo principalmente á dos leyes que se observan escrupulosamente.

»Es la primera de ellas que en toda ejecucion ó embargo los alguaciles cobran siempre el diezmo, porque con exhibir escritura ó cédula auténtica, y no pagar el deudor dentro de las veinticuatro horas, luego tienen derecho para sí á la décima parte de toda la hacienda embargada, la cual suele á veces importar 500 ó 1.000 duca- dos, y aun más, con lo cual no sufre dilacion la justicia, y si el deudor no paga, es condenado á cadena, sin contar que los hidalgos que al noble se le ponen como guardas de vista reciben cada uno tres ó cuatro ducados diariamente. Y este oficio ejercen los alguaciles con tal tiranía, que lo mismo es entrar en casa de un conde ó duque, que luego echan mano sobre la vajilla de plata, joyas, paños de Arrás y de Damasco, vestidos y demás objetos de valor, y por cualquier descortesía ó desacato á la justicia queda un noble de éstos perdido y arruinado para toda su vida.

»Es la segunda la visita de cárcoles que cada sábado hace uno del Consejo, con tal soberanía y autoridad, que con sólo estar presente el teniente corregidor, hace comparecer delante de sí á los presos, y sólo de viva voz, y sin que preceda escrito, destierra ó manda azotar, ó bien da por libres á los reos. A medida que éstos van compareciendo, el Consejero les pregunta:—«Y vos, ¿por qué estáis »preso?» Luego acude el escribano de la causa y dice:—«Señor, por »estar amancebado; ya otra vez estuvo preso por lo mismo.»—«¿Hay »testigos?»—«Sí, señor, uno afirmativo, otro de oídas, y además tiene »fama de ello.» Y contesta el oidor:—«Pues bien, si la cosa es así, »vaya desterrado por dos años de la corte, y sea azotado ó suelto.» Cualquiera que sea la sentencia, luego, aquella misma tarde, sin esperar más, se ejecuta y queda el negocio despachado. De la misma manera en casos de homicidio ó muerte alevosa, los alcaldes juntos deciden, y la sentencia se ejecuta sin demora. De estos dos modos es respetada y tomida la justicia aquí en Castilla, lo cual se debe en cierta manera á la buena memoria del Rey pasado, que Dios tenga, el cual fué, como todo el mundo sabe, gran honrador y sacerdote de ella, puesto que propio filio non pepercit, Carolus filio ejus. Temblaban ante él los grandes señores, y, por lo tanto, ninguno de ellos se atrevía á tener homicidados dentro de su casa, ni menos osaban los delincuentes acogerse bajo su amparo, porque sin guardarles los anti-
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nos, ni para la Corona ni para el país, los términos de una transacción que, por las circunstancias en que España se encuentra, sería lo más práctico y asequible para dejar establecida la legalidad común que rompió la Constitución de 1837 para sustituirla con la de 1845, obra igualmente honrosa para dos partidos antitéticos, como lo eran en 1837 el moderado y el progresista, los que en bien de la patria descartaron sus intransigencias para dar el ejemplo de cómo los partidos que representan grandes intereses saben olvidarse de sí mismos para cumplir con el sagrado deber patrio de no ser obstáculo á la felicidad común.

Posible considero, sin embargo, que la doctrina conciliadora presentada en estas pobres páginas, aunque vertida en términos que no pueden ser considerados como ofensivos para ninguno de los partidos militantes sea por ellos rechazada, sin reparar que acrecentarían las dolencias de la patria amada desoyendo la desinteresada voz del modesto pero probado defensor de la Monarquía y de la libertad, que impelido por el más hondo y honrado convencimiento, exclama muy alto que, ni para la Corona ni para la democracia habrá porvenir asegurado interin no acaben de contraer una sincera alianza cual la que sellaron las generaciones de nuestros antepasados, interrumpida por vicisitudes históricas comunes á todos los pueblos de la Edad Moderna, para venir á refundirse hoy en una aspiración general de adelantos, de progreso y de estabilidad.

El día en que la inteligencia, á la par que la observancia de las condiciones del Gobierno representativo, según lo requiere la esencia misma de la Monarquía constitucional, dejen de ser entre nosotros una vana palabra, un ideal engañoso que encubre la inobservancia de sus principios bajo las arbitrariedades del Gobierno absoluto; el día en que la administración de justicia cese de ser un instrumento de partido, en que la libertad electoral no sea una ficción, en que la prensa anteponga á móviles de pasión influencias independientes y honradas que sepan conquistar la confianza pública, para con-
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ducirla por senderos rectos y conformes al interés general; el día en que veamos restablecida entre las diferentes clases de la sociedad la benevolencia y el interés que en la España de nuestros abuelos mostraban los ricos hacia los menos afortunados; cuando los partidos dejen de ser ligas de explotadores de la docilidad y de la ignorancia, y tomen enteramente el carácter de asociaciones inspiradas en propósitos de moralidad; beneficios todos los que enuncro más fáciles de adquirir por medio de la balanza del poder hereditario, pesando en su desinteresada imparcialidad hacia donde se incline la mayor suma de voluntades, ese día la Monarquía constitucional habrá dado de sí todas las saludables consecuencias que no podrá menos de dar una clase de gobierno, en la cual el jefe del Estado tenga la precisión de escoger sus Ministros entre los delegados de la opinión pública, designados por las mayorías parlamentarias, cuando lleguen las elecciones á ser la verdadera expresión de la libertad y de las aspiraciones del pueblo español.

Alcanzado que hayamos lo que habrá de ser el resultado y el premio de la educación política del país, comenzada hace cincuenta años bajo los más lisonjeros auspicios, pero que se vió interrumpida y viciada por causas harto conocidas y explicadas, entonces la Monarquía constitucional dará sus naturales sazonados frutos, y entonces también habrán cesado de ofrecer un peligro para la paz y la prosperidad del país las militantes aspiraciones de un republicanismo todavía sin base en las costumbres del pueblo, opinión que se produjo en 1872 y 73 como signo de descontento contra los errores y excesos de malos Gobiernos; tendencia que acabará por entrar por sí sola en el carril de las ideas, de las costumbres y de las necesidades de la inmensa mayoría de los españoles dedicados al preferente objeto de mejorar la condición de todas las clases por medio de la instrucción y del trabajo, aprendiendo todos y enriqueciéndose los más aplicados y sóbrios.

Realizado que fuese un estado de cosas que someramente señaló sin profundizarlo, la opinión republicana entrará en el cauce que legítimamente le corresponde, el de escuela docente,
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de doctrina filosófica, de estudio que no desdeñaron los sabios en los tiempos de Felipe II y de la Inquisición.

Fuera de estas plausibles condiciones, el republicanismo imperativo y militante no tiene otro significado ni obedece á otro móvil que el que le comunica la importancia de hombres muy dignos, empeñados por amor propio en imponer al país su fórmula favorita antes que la acción del tiempo y el interés general la legitimen.

Por lo demás, y aplicando el verdadero remedio, que no es otro sino el de restituir la paz á los espíritus, para que mejor prevalezcan los intereses de la estabilidad y los del progreso por medio de la coexistencia del poder con la libertad, no es verosímil que necesidad tan imperiosa deje de verse satisfecha por una de aquellas potentes personalidades que la historia de todos los países señala como instrumentos y apóstoles de reformas ansiadas por la íntima conciencia de las generaciones, que silenciosa, pero unánimemente piden la aparición del guía que se hallan dispuestas á seguir.

La nación española, que tan grandes hombres produjo en épocas memorables, reclama en el trance á que hemos llegado un exponente de la más urgente de nuestras necesidades sociales, la de que por alguien sea llenada en España la misión gloriosamente llevada á cabo en Hungría por Deak, el grande apóstol de la reconciliación de aquel altivo pueblo con la dinastía de los Augsburgos, de la que tan hondas heridas tenía recibidas, ofensas generosamente pospuestas ante el grandioso interés de hermanar con las históricas instituciones de los magyares las aspiraciones de la libertad moderna.

Ningún agravio hemos recibido los españoles de la casa de Borbón posteriormente á Fernando VII, Rey que tantos daños nos ocasionó, cuando tantos y tan heroicos servicios nos debía. Por el contrario, su viuda, Doña María Cristina, y su sucesora inmediata Doña Isabel II, han merecido bien de la patria.

A la que fué Gobernadora del Reino somos principalmente deudores de haber triunfado contra D. Carlos, y la Reina, su augusta hija, no incurrió en otras faltas sino en las que los
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representantes de los partidos le hicieron cometer, arrastrándola al destierro y haciéndola llevar la pena de su generosidad y de su fatal confianza en los que tan mal la sirvieron.

El Rey D. Alfonso fué recibido como un símbolo de paz, y ha excitado en los últimos tiempos tales presentimientos de acierto y de respeto á la opinión pública, que muy triste sería no alimentar la esperanza de que semejantes prendas dejen de verse coronadas por el grandioso propósito de que el Gobierno representativo llegue á ser entre nosotros una verdad, purificándolo de la mancha de los artificios y de las falsedades que convierten al pueblo español en siervo y víctima de los partidos que alternativamente llegan á las alturas del poder, pues cumple no desconozca el Rey que, al entregar su confianza á un partido, no sólo le entrega el ejercicio de su autoridad, sino, tal es el deplorable estado de nuestras costumbres políticas, que al mismo tiempo pone en manos de sus Ministros la fácil posibilidad de eludir el cumplimiento de las leyes, y de ser tan arbitrarios como en su tiempo, y según las costumbres de la época, lo fueron los señores de horca y cuchillo.

XI

De la legalidad de los partidos políticos dentro del régimen de la libertad.

El presente estudio se hallaba terminado cuando la discusión en el Congreso del Mensaje en contestación al discurso de la Corona ha colocado en tela de juicio ante el criterio parlamentario las condiciones y los límites de las aspiraciones en pugna acerca de la institución fundamental vigente.

Un discurso del Sr. Ministro de Fomento, que calificó de más noble y más levantado el procedimiento de combatir la institución monárquica por medio de la fuerza y en el campo de la rebelión, que socavarla por medio de la palabra en el Parlamento y en la prensa, ha dado ocasión al Sr. Castelar
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para una réplica tan explícita como razonada, por medio de la cual ha hecho dos importantísimas declaraciones: la primera, la de reivindicar para la oposición republicana el derecho de usar de su iniciativa parlamentaria para proponer reformas en el sistema político, y la segunda, la solemne afirmación de que jamás, para realizarlas; aceptaría el apelar á la rebelión, ni menos recibirla jamás el poder sino cuando llegase á sus manos por medios completamente legales.

Estas declaraciones envuelven otro gravísimo problema: él de la latitud, forma y términos de obrar en el sentido de cambiar la índole del Gobierno que sirve de base fundamental á la Constitución del país.

Anteriormente dejo sentado que, realizada que se vea la sinceridad del régimen monárquico constitucional, asentado en sus genuinas condiciones, la opinión republicana considerada como doctrina docente, deberá gozar de la omnímoda libertad que le aseguran el libro, la cátedra y el ancho campo de acción para fines licitos, entendiéndolo por tales las manifestaciones que se hagan por medio de procedimientos en los que no se trate de derribar el régimen existente valiéndose de una propaganda activa y facciosa, cual lo sería toda demostración reprobada por la opinión de la mayoría, y capaz, por tanto, de comprometer el sosiego público.

Sobre este delicado punto basta el criterio de la autoridad, contenida siempre por el freno de la responsabilidad que ha de acompañar los actos oficiales, eventualidad acerca de la cual todo equívoco desaparece, con tal que los que no son republicanos se opongan á las demostraciones que repugnen usando del derecho de petición, del de asociación y demás medios que la ley ofrece á los ciudadanos cerca de la autoridad local.

Este y no otro es el verdadero correctivo para que la opinión republicana no se imponga á la legalidad existente.

Dentro del régimen de libertad que comporta la Monarquía constitucional, tal cual la tengo expuesta y definida en mis libros, caben garantías todavía más efectivas que las que facilita el régimen presidencial como es practicado en los Estados-
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Unidos de América. Todas las franquicias que el ciudadano puede hallar dentro de aquel régimen, y que por principios se deducen del sistema electoral en absoluto, las ofrecen plenas las condiciones de mi programa de 1838, que no contradijeron los progresistas, toda vez que los condujo, como ya lo tengo dicho, á buscar en la complicidad de las bayonetas los medios de derribar la situación más legalmente ganada por medios pacíficos que se haya conocido en España.

En efecto, por procedimientos legales logró la opinión que aceptó el programa de El Correo Nacional descartar el rutinario radicalismo implantado por la asonada soldadesca de la Granja, y que cuando sobrevino el alzamiento de 1844 reunió todas las fuerzas vivas del país contra el pretorianismo de los Ayacuchos. Si abusando los moderados de su victoria de Torrejón de Ardoz, no hubieran repudiado la bandera liberal, reparadora de antiguos agravios, levantada por la memorable coalición que derribó á Espartero, y no hubiesen enarbolado la de la reacción de 1845, abatiendo el lábaro santo de la Constitución de 1837, imponiendo al país los once años de compresión doctrinaria que condujeron al movimiento de 1854 y más tarde á la revolución de 1868; si no se hubieren cometido aquellos deplorables errores, ya años hace que nos hallaríamos en plena posesión del Gobierno representativo, de cuyas formas únicamente gozamos, sin que pasen sus garantías de ser puramente nominales.

Los sistemas y procedimientos de los Gabinetes que se sucedieron durante los años en que el régimen de la Constitución de 1845 se sustituyó al de la de 1837, ¿ofrecieron jamás, por acaso, ejemplos de cívica vitalidad comparables al del movimiento de opinión pública que arrancó al general Mina su dimisión del mando del ejército de Cataluña en expiación del inhumano fusilamiento de la madre de Cabrera? ¿Qué voz autorizada entre los conservadores de la época actual se atrevería á protestar contra actos de su partido análogos al de la ejecución de Zurbano y de sus hijos que El Español condenó, si no por injustas, por innecesarias? ¿Quién podría ser actualmente señalado, entre los conservadores de nota, como capaz,
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ante un hecho de la gravedad que lo fué el de la calumniosa invención de que D. Salustiano de Olózaga había materialmente forzado la mano de la Reina Doña Isabel para que firmase un decreto, se permitiese decir á sus corregligionarios que una acusación semejante á aquella era tan inverosímil como absurda?

Y todavía en tiempos en los que, aunque ya muy decaído el temple de opinión, que hacia perfectamente lícitas tales protestas de moralidad, el periódico citado pudo denunciar ante las Cortes, y como contrario á la Constitución y á la Pragmática de Felipe V, que se llevarse á efecto el contrato de matrimonio firmado en el Real Palacio para el casamiento de la Infanta doña María Luisa Fernanda. Aquel arrojo, costó á la empresa del Español multas que alcanzaron á la suma de 32.000 reales, los que, en honor á la verdad, el severo, pero recto Gobernador de la provincia, D. Simón de Roda, tuvo la generosidad de devolver más tarde á la empresa, por haber estado en sus facultades el poder hacerlo así.

El modesto autor del presente estudio, escribía lo siguiente cinco años hace en un impreso titulado La Monarquía constitucional y la República:

«1.º Que la libertad no se aclimata y arraiga sino en los pueblos que han adquirido cierta educación política, con la práctica y el calor de instituciones municipales y provinciales hermanadas con las costumbres y tradiciones del país.

2.º Que la teoría del Monarca hereditario é irresponsable ofrece á la libertad garantías superiores á las que las Cámaras de elección popular encuentran en un Presidente electivo, como lo acreditó el hecho de que en los Estados Unidos el General Andrés Jackson y Mr. Johnson tuvieron un criterio que pudo imponerse al de las Cámaras. Todo publicista imparcial convendrá además en que, excepto en punto á oropel y á pompa exterior, el poder del Presidente de los Estados Unidos supera al de la Reina Victoria.

3.º Que la mejor y más breve preparación que puede tener un país para llegar al pleno goce de las instituciones representativas se adquiere más fácilmente bajo un régimen que ponga á los ciudadanos
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en posesión de determinados, pero bien definidos y respetados derechos, acompañados de las garantías necesarias para sostenerlos y acrecentarlos ante un gobierno fuerte.

Ahora bien; tales condiciones son perfectamente asequibles bajo una Monarquía constitucional, institución secular en España, y cuyo ascendiente nada prueba de una manera tan incontestable como el desarrollo que las tres guerras civiles que nos han afligido en el presente siglo adquirieron bajo la bandera de desacreditados pretendientes.

No es de ahora la opinión que emitimos; se produjo en 1857, en el más brillante periodo de la inoculación en España de la doctrina democrática, período inaugurado por la inolvidable y enérgica pluma del Sr. D. Nicolás María Rivero, fundador de la democracia militante.

Dirigióse á el acreditado periódico que este hombre público inspiraba una comunicación, por la que se le proponía discutir la tesis de si la Monarquía constitucional, tal cual la entendía y la había explicado el iniciador de la controversia, funcionando aquélla por el intermedio de Ministros delegados ó por lo menos aceptos á la Cámara popular, juntamente con las demás indispensables garantías de prensa libre y de tribunas independientes, ofrecía ó no superiores franquicias para la libertad que las que ésta puede hallar en las presidencias electivas.

Aceptó el periódico La Discusión el debate; escribióse el primer artículo, firmado por el publicista á que nos referimos, pero no fué recogido el guante; silencio que no es de atribuir á que en punto á talento no fuesen superiores al del contendedor los que adornaban á los brillantes escritores de La Discusión, y sin duda motivó su retraimiento el justo temor de los rigores de la severa ley de imprenta entonces vigente.

Mas de todos modos, no debe quedar olvidado que el defensor de la Monarquía constitucional, la cual, sea dicho de paso, no ha tenido entre nosotros época en la que haya gozado de mayor ascendiente moral que en los años trascurridos de 1835 á 1846, cuando la enseñanza del publicista en cuestión era mirada como un evangelio por los conservadores, el iniciador, declamos, de la tesis propuesta en su día á
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La Discusión, ha renovado en tiempos posteriores el ofrecimiento de sostenerla con los que aceptasen el debate, exclusivamente en el terreno de la ciencia y de la historia, sin valerse en ningún caso de arranques de pasión ni de argumentos de partido.

Y como no es un estímulo de interés de partido lo que ha podido inducirme á mantener abierto el certamen para los que se hubiesen sentido inclinados á entrar en él, debemos, en justificación de la sinceridad de nuestras convicciones, dejar asentado, ahora que ventilamos, por decirlo así, la causa de las dos instituciones, que nuestra preferencia por la forma constitucional hereditaria nunca fué hija de un sentimiento de fetiquismo. Creímos ver para nuestra patria mayores azares y peligros en la movilidad de apasionadas luchas presidenciales, que siempre degeneran en personales en las regiones del Mediodía, que en los temores que podía inspirar lo eventual del carácter de los Príncipes reinantes, quienes no teniendo nada que re- celer en su elevada posición de Monarcas irresponsables, necesariamente han de ser respetados y queridos con sólo que ejerzan atinadamente y con prudencia las atribuciones del poder moderador.

Sobre este tema, y estudiando la esencia misma de los Gobiernos representativos, consideramos perfectamente adaptable para España una forma constitutiva que, participando de la grandeza de la Monarquía británica, de la indígena tradición española y de la lozania del espíritu moderno, nos diese por jefes hereditarios Reyes comparables á los jueces del pueblo de Israel, á los caudillos de la Reconquista y á los populares Monarcas de Aragón.

Semejantes condiciones, hermanadas con leyes que en punto á libertades y franquicias no coloquen á los españoles en situación no inferior á la de que gozan los ingleses, los belgas, los alemanes y demás pueblos cultos de Europa, la consideramos como un estado de cosas preferible al que nos dió la federal, y al que mucho es de temer pueda todavía verse expuesto á ser el pueblo francés.

Que de, pues, bien entendido, que la Monarquía constitucional, puesta en parangón con la institución por la que en 1857 pugnaba el Sr. D. Nicolás María Rivero, sin que debiera ser precisamente aquella la Monarquía radical de D. Amadeo, á quien se puso en una situación de todo punto insostenible, no puede ser tampoco la Monar-
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quía acariciada por aquella clase de conservadores que por dos veces, en 1854 y 1868, en vez de haber sabido defenderlo, echaron á rodar el Trono.»

Más como el cumplimiento de todos los deberes implica la existencia y posesión de derechos; los hombres que participen de las convicciones en que descansa la religión política del autor del presente estudio, no separamos la monarquía de la libertad y para hablar sin reticencias de la democracia, pero de aquella democracia indígena, de aquella sensata y sesuda plebe que tanto engrandeció el linaje de nuestros antepasados.

Contrato libre y recíproco es el que liga á los pueblos á sus Monarcas, cuando éstos se muestran dignos de su alta misión; no ya contrato por el estilo del imaginado por Juan Jacobo Rousseau, sino como el que contraían, sin escribirlo, los aragoneses en sus buenos tiempos, y los castellanos desde el siglo xiii al siglo xvi.

Aquel contrato, grabado por las costumbres en la conciencia del pueblo español, lo borró el despotismo, esquilmando las fuerzas de la nación cuando apenas había ésta constituido su unidad y gastando su pujanza en las guerras, conquistas y descubrimientos, que esparcieron nuestra sustancia por el mundo entero, antes que el cuerpo de la nación hubiera acabado de constituirse unificando sus instituciones ni podido entrar con paso firme por los senderos de la civilización, que tanto contribuyó España á franquear á los demás pueblos, á costa del sacrificio de nuestro propio desarrollo, sofocado en la época crítica en que iba á efectuarse la expansión del carácter, del génio y de la ciencia, ganados durante la epopeya de los siglos de la Reconquista.

Andrés Borrego.