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Viejo. Según el concepto que se tenga de la Soberanía y de la institución donde radica, así prevalecerá, ó la justicia administrada por el funcionario representante del poderio Real, ó la justicia intervenida por el funcionario representante de la Soberanía popular. Quien vincula y domicilia perpétuamente la Soberanía de la Nación en determinada persona y dinastía, no despojara, ni en todo ni en parte, al poder Real de esta prerrogativa de la justicia: ni aun reconocerá la existencia independiente del poder judicial, sino la administración de justicia, encomendada á una rama del poder ejecutivo. Mas quien admita la Soberanía de la Nación residiendo, siempre y en todo caso, en el cuerpo general de los ciudadanos, recabará para él la facultad, por lo menos, de intervenir en los juicios. Creemos encontrar en esto una de las causas del antagonismo existente en España, respecto al Jurado, entre el poder Real y los partidos liberales.

Ocurre además que nuestros partidos conservadores, en defensa de aquel poder, toman la administración de justicia como instrumento de gobierno; á los Jueces y Magistrados como á funcionarios político-administrativos, sin cuyo obsequioso concurso se hace imposible la tarea de gobernar. La magistratura no siempre ha de atender á la aplicación austera del Derecho; antes cuidará de no poner en olvido los intereses políticos del partido que la nombra, asciende y separa. El Juez y el Magistrado han de ser, no sólo íntegros, conocedores del Derecho, obedientes, como súbditos fieles, á las instituciones imperantes: han de ser, ante todo y sobre todo, hombres de partido, servidores del partido mismo. La teoría está consignada, hasta con cierta elocuencia, en el preámbulo de un decreto vigente expedido por el primer Ministerio de la Restauración. «Constituyendo, dice, los Juzgados municipales el primer grado de la jerarquía judicial, y administrándose justicia en nombre del Rey, es indispensable que los que ejercen en los pueblos esta función importante vivan, lo mismo que aquellos que la desempeñan en más alta esfera, unidos al Jefe del Estado, no sólo por el vínculo de la obediencia, como súbditos fieles, sino por el de
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voluntaria adhesión y respetuoso amor; que á tanto les obliga el ser depositarios y partícipes de la autoridad Soberana.» Por donde se ve que el principio, común á nuestras Constituciones, de que todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad, sufre aquí no pequeño menoscabo. No es la magistratura carrera abierta á los españoles de mérito y capacidad de todos los partidos, ni aun siquiera á los españoles indiferentes, sino á los que sientan ó muestren la adhesión voluntaria y amor respetuoso antes expresados. Circunstancia que puede excluir, y de hecho excluye, á muchos españoles, que ni sienten de tal suerte, ni se degradan hasta el fingimiento.

No puede menos de meditarse con cierto recelo en la trascendencia de esta doctrina, sustentada por un partido que se ofrece por modelo de previsión y cordura y como garantía única de los intereses sociales permanentes. ¿Cuál sería la suerte de tal magistratura en un país como el nuestro, de tan accidentada historia y de porvenir tal vez no menos accidentado, el día en que, cambiadas las instituciones, se tomasen por modelo, para garantía de la sociedad, estos principios genuinamente conservadores? Tan arraigado se encuentra en aquel partido ese concepto de la justicia y sus funcionarios, que no ha tenido empacho; antes complacencia, en anunciar por boca de su jefe el irrespetuoso propósito de corregir y enmendar; por los medios que el Gobierno proporciona, la jurisprudencia del Supremo sobre legalidad de la propaganda pacífica republicana: y el Fiscal del propio alto Tribunal no ha vacilado en suponer tímidos, y no sabemos si algo más, á los Magistrados que hacen justicia á los republicanos. Fernando VII, sentenciando á presidio por acto del poderío Real á Calatrava, Argüelles, Martínez de la Rosa y tantos otros, es la encarnación del sistema y el bello ideal del género.

De esta suerte se explican, por más que no se justifiquen, las audacias del primer Ministerio de la Restauración que, suspendiendo el Jurado por orden ministerial, sometió los españoles á otros Tribunales que los señalados por la ley. El procedi-
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miento criminal, garantía de la fortuna, la honra y la vida del ciudadano, allá fué do quiso el Ministro, con la propia solemnidad con que se nombra ó destituye un empleado de mediano sueldo. No rezaban con aquellos poderes las prudentísimas palabras de la Ley de Partida: «é porque el facer es muy grave cosa y el desfacer muy ligera; por ende el desatar de las leyes et tollerlas del todo que non valan, no se debe facer sino con gran consejo de todos los homes buenos de la tierra, los mas honrados é mas sabidores;» precepto que en aquella ocasión fué manifiestamente violado prescindiendo del consejo de los homes buenos, honrados y sabidores. Cosa baladí, después de todo, ante la encantadora llaneza con que se estimó lícito, y aun laudable, enredar la familia española, deshaciendo, y, lo que es más grave, haciendo matrimonios, por tan desvariada manera, que pone pavor en el ánimo la árdua tarea de reparar, según Derecho, las consecuencias jurídicas de tamaños atrevimientos. Traen á la memoria tales actos, y tanto hay que retroceder para hallarlos semejantes, aquellas cartas y albañales escritos ó en blanco, llamados cartas desaforadas, que en los siglos xiii y xiv solían expedir los Monarcas para que se atormentase ó matase á alguno, sin ser juzgado por sus Jueces naturales, ó para obligarle á casar con la persona que el Rey designase; cartas desaforadas, ineficaces y nulas, según las leyes vigentes de la Novísima, que, como tantas otras, no fueron de provecho alguno en aquella ocasión memorable.

Vemos, pues, que en España ha sido el Jurado, para los partidos que más genuinamente representan las instituciones fundamentales, como una usurpación de la Real potestad de la justicia; usurpación que ninguna ley puede convalidar: potestad reivindicable en todo caso sin formas legales, y aun manu militari, si la necesidad obliga. Habido esto en cuenta, dicho se está que no participamos de las esperanzas alimentadas por algunos con motivo de cierta alusión velada al establecimiento del Jurado, que se supone incidentalmente hecha por el actual señor Ministro de Gracia y Justicia en un documento oficial. Entre el partido conservador, represen-
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tante, hoy más que nunca, del antiguo poderío Real, y el Jurado, expresión de un aspecto de la Soberanía Nacional, subsisten, quizá más extremados, los antiguos prejuicios y la mortal enemiga. Se estima, con error á nuestro juicio, pero se estima al cabo, que es imposible la coexistencia de ambas instituciones. Vita Caroli, mors Conradini.

Quizás se afirmaría en ella el que haya seguido en la Alta Cámara la discusión sobre la ley del Jurado. No pudo ser más luminosa. Recopilación de cuantas razones se han dado en pro y en contra por los tratadistas de todos tiempos y países, adujéronse en ella originales argumentos. Pero donde el interés subió de punto, fué en la discusión sobre el conocimiento de los delitos de lesa majestad. Allí hubo de manifestarse claramente el recelo y la enemiga entre los representantes del poderío Real y el Jurado. Gran golpe de Senadores palatinos pronunciáronse contra esta parte del proyecto, poniendo en grave aprieto al Gobierno y reduciéndole á una transacción que desconceptuaba al Jurado, sin hacer gran favor á la institución régia. Porque, en suma, sustraído el conocimiento de tales delitos á la competencia de un tribunal, reconocido como imparcial y justo para todos los ciudadanos; y entregado á la de un tribunal de derecho, emanado directamente del mismo poder lesionado, ¿cómo evitar la sospecha de que se rehuye la independencia é imparcialidad del juicio? De lo contrario, se va derechamente á una de dos conclusiones igualmente absurdas. Es la primera, que un cuerpo de jurados, presumido prevaricador por la ley, no puede juzgar los delitos cometidos contra el Monarca, lo cual parece racional; pero si puede juzgar los delitos cometidos contra los particulares, lo cual no lo parece ya tantó. Es la segunda, que, excluidos los que no saben leer ni escribir, los proletarios y los contribuyentes que no paguen una cuota crecida; nutrido, por tanto, el cuerpo de jurados propuesto en el proyecto con las clases medias y elevadas de la sociedad; amplísimo el derecho de recusación; con todo ello, hay que suponer en esas clases tal apasionamiento contra las instituciones, que quien juzgaría en todos casos con sana intención y rectitud de
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conciencia, habría de claudicar en éste; hasta el punto de absolver por sistema al libelista, al conspirador y al regicida. Lo cual es á todas luces falso, contrario á la naturaleza humana y realmente imposible. Resulta, pues, como última expresión del estado de los ánimos en esta materia, la misma oposición irreductible que más arriba hemos señalado entre los representantes del poderío Real y el Jurado. Aquéllos han dicho á éste su última palabra:—«Si eres justicia, no te queremos por nuestra casa; si no lo eres, te permitimos por la ajena.» Pésima política la de los partidos que cimentan en la injusticia permanente la permanencia de los poderes.

II

Si el talento indiscutible y el donaire inagotable bastasen para matar una institución, el antiguo litigio del Jurado hubiera tenido fin y acabamiento al terminar su discurso en el Senado el Sr. D. Manuel Silvela. Hay que reconocer, usando de una frase vulgar, que se llevó de callé gran parte de Senadores. Y no podía ser de otra suerte. Tiene aquel discurso notas alegres y regocijadas, como la de sostener que los únicos ciudadanos que en España desean el Jurado, y eso con dietas, son el farmacéutico, el médico, el practicante y el veterinario de Monbeltran, pueblecito perdido en tierras de Ávila; acuarelas al uso, como la de aquel majo de Chiclana, caballero en brioso potro, que compra rumbosamente por un ochentín jerezana manta de vivos colores para hacer donación graciosas al Duque de Sajonia-Colburgo; rasgo característico de la raza española y clara muestra de que es refractaria al Jurado; afirmaciones aventuradas como aquella de que en comarcas enteras el Jurado absolvió siempre á las personas influyentes; comparaciones tan ingeniosas como la de equiparar el cuerpo de jurados á la benemérita Milicia Nacional; afirmaciones tan gratuitas y ofen-
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sivas como la de asemejár la organización del Jurado á la disolución y desarme de la Guardia civil; y retos tan temerarios como el de ofrecer el parangón entre los errores ó prevaricaciones del Jurado español y los errores ó prevaricaciones de los Jueces letrados.

Resultaba de todo ello que, según el criterio del partido conservador, expuesto por uno de sus hombres más esclarecidos, el Jurado en España no era ni podía ser órgano de la justicia; antes abrigaba en su seno el germen de toda iniquidad. Y es lo más triste que el mismo partido, por boca de su orador más discreto y más ilustre, el Sr. D. Francisco Silvela, hacia en el Congreso una pintura de nuestra justicia togada tan desconsoladora y sombría, que dejaba en mantillas la anterior. «Es un nuevo linaje de verdadera tiranía,» contra el cual «es preciso que nos coaliguemos todos, absolutamente todos;» que «poniéndose exageradamente al servicio del Poder ejecutivo y violando los procedimientos, desperta en los ánimos un temor y una desconfianza grande del orden judicial;» tiranía que se da la mano «con la de los golillas y alguaciles del siglo xvii, insosportable hasta tal punto, que no se concebía cómo los españoles la aguantaban sino por la fe religiosa que les hacía esperar el premio y la recompensa de sus males en el otro mundo, porque en este, con los golillas, los alguaciles, los jueces eclesiásticos y legos, ordinarios y de fuero, no había ni fortuna segura, ni hora de libertad tranquila para nadie;» tiranía que excitada «por el Poder ejecutivo y administrativo, da lugar al hecho de que á un Ayuntamiento que molesta, de que á una Diputación que incomoda, se determina empapelarla, como se dice en términos de curia, y mantenerla así hasta que las elecciones vengan y los amigos salgan habilitados de la urna,» tiranía que hace «que el proceso se siga y las costas se aumenten, y las inquietudes de las personas que no pueden prever su fin, se acrecienten; y se acrecientan mucho más todavía en las provincias, donde la desconfianza de las garantías del Poder judicial es mucho más grande que en Madrid, y donde se deslizan de oído en oído y de boca en boca tristísimas leyendas de
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tormentos sufridos por los procesados, de atropellos cometidos con ellos en el secreto de las cárceles, de influencias ejercidas por intereses políticos y personales;» y téngase en cuenta que no son estos «mérios rumores recogidos por la calle, que algunos de ellos muy graves han llegado á oídos del Sr. Ministro de Gracia y Justicia, expuestos por personas á quienes el Ministro y el orador reconocen grandísima respetabilidad y autoridad.»

De donde resulta que, en sentir del partido conservador, la justicia administrada por el Jurado es la iniquidad organizada; pero que en manos de los Jueces togados es la continuación de todo linaje de iniquidades. Y como los conservadores por voluntad, y los liberales quizá por impotencia, no ponen la mano en ello; siendo estos los únicos partidos legales que pudieran hacerlo, forzosamente habría que reconocer que en España, ni hay justicia, ni puede haberla, dando esto lugar á que algunos espíritus pudieran formular una tristísima paradoja, propia de este país paradójico: «La justicia y la legalidad se excluyen mutuamente.»

III

No vamos tan allá nosotros, ni es tan negro nuestro pesimismo. Cierto que la comparación provocada por el Senador Sr. Silvela está contestada cumplidamente, acaso con exceso, por el Diputado Sr. Silvela; sin contar con que el ilustre Senador dirigía sus acres censuras á un cuerpo de jurados producto de dos selecciones sucesivas, libremente operadas por los Jueces de derecho, y sin contar con que, á poco, censuraba no menos que al Tribunal Supremo en pleno por un auto en que declaraba en determinado caso irresponsables á sus individuos. Cierto que la antigua magistratura no ha llegado á nosotros con buena fama. Los Alcaldes legendarios, como Ronquillo,
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Santillana y tantos otros, no parecen modelo de magistrados. Es más simpático Pero Crespo, iletrado, elegido por el pueblo de Zalamea, y muy español, por lo expeditivo y menospreciador de enfadosas formas legales. Suprimid la perpetua flagelación en prosa y verso de golillas, escribanos y corchetes, y habréis suprimido la mitad de la literatura patria en el siglo de oro. «Pocas veces, decía Quevedo en una de sus obras serias, pocas veces deja de defenderse el que roba con lo propio que roba. Siempre los delincuentes fueron alegrón y hacienda de los malos Jueces; por esto los buscan, para hallarlos, no para corregirlos.» «Ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros,» llamaba Cervantes á los de la Santa Hermandad.

Nuestro romancero popular de guapezas ofrece de continuo, por origen de la desaforada vida del héroe, alguna mala pasada de un Juez venal ó de un escribano cohechable. El hábito, llegado hasta nosotros, de huir y desaparecer todo el mundo á la voz y apellido de «justicia,» dice por sí solo más que muchos volumenes. En tal estado encontraron á Jueces y Tribunales las Cortes de 1810. Mucho se ha progresado desde entonces, pero no tanto que no se registren todavía con dolorosa frecuencia actos de atavismo, hechos como los que sirvieron de escándalo á aquellos legisladores inmortales. Citemos un ejemplo.

Padecíanse en la cárcel de Cádiz calenturas contagiosas. Las Cortes ordenaron una visita. Encontráronse allí presos que nadie sabía por qué ni desde qué tiempo lo estaban. No fué posible encontrar los procesos, si por ventura los hubo. Uno de los presos era un Oficial del ejército llamado López de Padilla, el cual había llegado á Cádiz con cartas del General Copons relativas á la guerra. Sin que se haya averiguado la causa, fué el hecho que el Ayudante de plaza Ruano lo redujo á prisión en l.º de Junio de 1810, y allí quedó, sin que se instruyera ningún procedimiento. Púsole en libertad la visita, ofreciéndole reparación. Con gran sentido práctico se marchó á Gibraltar. A este propósito, en la sesión del 18 de Febrero de 1811 pronunció Argüelles un discurso, donde se pinta el cs-
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tado de la justicia en aquella época. «Entre nosotros, decía, no ha sido la falta de buenas leyes la que nos ha conducido al estado de abyección en que yacemos con respecto á la seguridad de nuestras personas, de nuestra reputación y nuestras propiedades.» Cita en prueba de ello las leyes 4.ª, título 3.ª, y 3.ª, título 8.ª, libro II del Fuero Real, que compara con el Habeas Corpus, y añade: «Vea ahora V. M. qué revolución tan asombrosa ha debido experimentar nuestra Constitución para que nos hayamos sometido á la dura esclavitud de ser el juguete de legisladores y jueces, que nos han preso, aherrojado y enterrado á su antojo; para que hayamos contraído el hábito de mirar con indiferencia, de vivir tranquilos y aun contentos en medio de tantos riesgos como los que amenazan á cada instante nuestra seguridad personal y nuestro honor. Han sido necesarios siglos enteros para producir tan espantosa alteración. Ha sido preciso una educación análoga, instituciones correlativas, un trastorno, en fin, de toda idea liberal, de todo principio de justicia.» Añade, por último, que, si viniese á España un extranjero y se enterase «de la facilidad con que se atropellan nuestras personas y se dispone de nuestra libertad, estoy seguro que se moriría de espanto y horror si se le obligase á permanecer sujeto á nuestro régimen. No parezca ésta declamación. Si en el corto recinto de Cádiz é isla de León se oyen tantas quejas y reclamaciones contra prisiones arbitrarias, delaciones injustas y maliciosas, procesos interminables, ¿qué sucederá en toda la Península? ¿Qué en el inmenso Continente de América?»

La profunda observación de Argüelles atribuyendo á la educación de las gentes gran parte del mal que lamentaba, recibió confirmación inmediata. El Diputado González se levantó en seguida y dijo: «Envidio en este momento no tener el don de la palabra del señor preopinante; y así como mi corazón se resiente de ver á la humanidad paciente y al pueblo español subyugado de la arbitrariedad, pido á V. M. que se haga pedazos al que ha hecho esas tropelías, porque no quisiera más que ser juez por dos días, para que cayera debajo de mi férrula.» Por fortuna, para
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Fontaine y Fuentes, y acusado á S. A. R. el Duque de Aumale de haber en esta parte, y, hasta hace poco, seguido «el generalizado error de Bossuet»?

No me lo explico, y, de fijo, otro tanto le pasará al ilustre historiador español, quien mejor que nadie sabe que «no era indigno Fontaine de los elogios que el gran Bossuet consagró en el púlpito á su memoria» (1).

Lapsus calami es, y, nada más, bien lo sé, mi General; pero el mal está en que este lapsus reviste la indisputable y universal autoridad de quien, no sólo en España, sino en todas partes, tiene numerosos lectores y tantos admiradores como lectores; y, como quiera que estas palabras mías nada valen, y por esta razón nada pueden, desde ahora, en opinión de todos, en boca de todos, Bossuet ha de pasar por autor del «generalizado error»—y esto para siempre, á menos que el Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo aproveche una ocasión para sincerar á Bossuet, compañero suyo como orador, historiador, pensador y también conservador.

Pero, una vez descargada la responsabilidad del Aguila de Meaux, ¿he de vacilar yo, en aceptarla para otro conciudadano mío, autor tan ilustre y renombrado como el mismo Bossuet? De ningún modo; y por más que pudiese amparar su defensa, indicando que quizás no padeció el primero este error, ó que por lo menos el continuador de Mariana lo aceptó sin reparo, no lo haré. Demasiado sé que en un nombre y hombre solemos todos simbolizar lo que casi siempre es resultado de muchos y producto de lenta y paulatina formación: pues hay estrecha relación entre la ley física y la intelectual. Victoria ó derrota, verdad ó error, adelanto ó retroceso, á todo damos cuerpo y forma. Quien tiene la fortuna de ser representación de lo bueno ó halagüeño, se aprovecha del trabajo y del esfuerzo de precursores ó auxiliares desconocidos: en quien tiene la desgracia de encarnar desastres ó errores, acumulamos todas las faltas y los

(1) Antonio Cánovas del Castillo.—«Del principio y fin que tuvo la supremacía militar de los españoles,» REVISTA DE ESPAÑA, 31 de Marzo de 1868, pág. 190.
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Ruano, era lego y no juez un tan exaltado partidario de las propias arbitrariedades que condenaba. El Diputado Terreiro va más allá, aunque con cierta clásica elegancia: «Pido que se averigüe quiénes son el árbol que hacía sombra á ese monstruo, á ese Napoleón español, á ese Ruano, para aplicarle la segur.»

Mejía dice después muy discretamente: «Ruego á V. M. que observe la conducta de este Oficial luégo que se le puso en libertad. Convidósele á reclamar su derecho y querellarse contra quien le hubiese ocasionado sus perjuicios y padecimientos; en una palabra, parecía ponersele en las manos la compensación y el desagravio. Pero, ¿qué hace Padilla? Lejos de tomarlo judicialmente, huye de este país de opresión, y pisando con horror un suelo manchado con el despotismo, no se cree seguro hasta verse refugiado en Gibraltar, conducta prudente y propia de un hombre desengañado, que, sin duda, diría: «Si no habiendo incomodado á nadie y llevando conmigo credenciales de mi honradez me persiguieron así, ¿cuál será mi suerte cuando para acreditar mi justicia he de patentizar la iniquidad de mis jueces?» ¡Ah! No imitemos á esos malvados que tienen en su mano la facultad de hacer infelices aun á los que no pueden volver criminales.»

Tanto ruido, en suma, porque uno ó varios hombres habían estado presos cinco ó seis meses. Han pasado setenta y cuatro años, revoluciones, Constituciones, leyes de procedimiento, y diariamente leemos en los periódicos, ya que un preso lleva en esa misma cárcel de Cádiz siete meses sin que se le haya tomado declaración, ya que continúan presos los procesados por los sucesos de Montilla y Bornos ocurridos en 1873, ¡once años de sumario y prisión preventiva! Tenemos noticia de un caso singular. A los diez meses de prisión preventiva se eleva una causa á plenario: el defensor echa de ver que el Alcalde del pueblo de que era natural el procesado por hurto, advertía en los primeros folios que el acusado era imbécil de nacimiento. Ni el Juez, ni el Escribano, ni el alcalde vieron la comunicación, ni al reo, el cual, como buen imbécil; no decía palabra.