ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 103

que llegó á cambiar radicalmente el sistema económico del Estado británico.

Vese, pues, por estas ligeras indicaciones, que la misión de tales Cámaras es puramente especulativa, que están destinadas á ilustrar las cuestiones generales, á preparar las discusiones de asuntos sometidos á la deliberación de otras corporaciones, como los Consejos superiores ó generales de Comercio é Industria, así como á las Asambleas legislativas, y que sus decisiones no alcanzan otro efecto positivo que influir con mayor ó menor eficacia en el ánimo de ministros y legisladores, pero también en el de la opinión pública, base fundamental de todo movimiento trascendental para un país.

II

Dada una idea de lo que son las Cámaras de Comercio, cumplenos exponer los antecedentes que esa institución, eminentemente democrática, tiene en España, donde, sin embargo, ni existe hoy, ni de ella se guarda recuerdo.

Harto conocida es la historia del Comercio y de la Industria en nuestro país, para que necesitemos enfriarnos ahora en una exposición retrospectiva de sus vicisitudes, y que por muy sucinta que fuese, había de resultar enfadosa é impertinente. Únicamente hemos de hacer notar que, habiendo tenido en la Península más prematuro desarrollo el Comercio, y sobre todo el Comercio marítimo, que la Industria y la fabricación, era natural que las corporaciones esencialmente mercantiles marítimas surgieran mucho antes que las industriales, y así vemos aparecer los Consulados primero, luego las Universidades de mercaderes, mucho antes que los gremios.

Fueron en su principio los consulados marítimos y terrestres Tribunales de Comercio naval, compuestos de individuos pertenecientes á esta profesión y elegidos por sufragio, en un principio, en el Reino de Aragón al menos.

El primer Consulado ó Juzgado particular de Comercio de
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 104

que se tenga noticia, es el que Rogerio I, Rey de Sicilia, concedió á la ciudad de Mesina en 1128. El segundo que aparece en la historia con consagración oficial, es el de Génova en 1250. Venecia no tuvo Ordenanzas hasta 1244, ni verdadero Tribunal hasta 1280.

Pero las provincias marítimas de la Corona de Aragón conocieron esta forma llana y expedita de la judicatura consular sobre la base del sufragio desde muy antiguo, si bien no se encuentra reconocida oficialmente hasta 1283, en que don Pedro III de Aragón otorgó á Valencia un Fuero sobre la materia. Sucesivamente obtuvieron Consulados marítimos: Mallorca, en 1343; Barcelona en 1347, y Perpiñán en 1388. En esta última época los tenían ya también Gerona, San Feliú de Guixols, Tortosa y Tarragona, siendo de notar que en estos dos últimos usaban los jueces el nombre de procuradores los del primero y de administradores los del segundo, lo cual parece indicar que estas corporaciones fueron tomando, á poco de creadas, un carácter mixto de Consulado y de lo que andando los tiempos vino á llamarse Cámara de Comercio.

Fué el primero que se estableció en España, no se sabe en qué época, el de Valencia, como hemos dicho, y en el Fuero de 1283 que hemos citado se establece el procedimiento para las elecciones anuales de los Cónsules y del Juez de alzada en estos términos:

«Todos los años, después de medio día, el dia de Navidad, los prohombres navegantes, patrones y marineros, ó parte de ellos, reunidos en concejo en la iglesia de Santa Tecla, de la ciudad de Valencia, allí por elección, y no por suerte, todos, por unanimidad ó por mayoría, elegirán hombres buenos del arte de la mar para ser Cónsules, y otro hombre de dicho arte y no de otro alguno, oficio ó ciencia, para Juez de alzada de las sentencias de los primeros: dichas elecciones se harán por privilegio que los prohombres del arte de la mar tienen del señor Rey y de sus predecesores.»

Como se ve por estas últimas palabras, el Consulado existía y los Cónsules se elegían en primer grado desde tiempos
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 105

muy anteriores al de la fecha del Fuero; y ha sido un error, nunca hasta ahora enmendado, el admitir como fecha de creación de aquel tribunal la de 1283.

En otros muchos puntos de España debieron existir asimismo, si no Consulados establecidos formalmente, instituciones más elementales, que en el tránscurso de los tiempos produjeron diversas Ordenanzas, ya puramente mercantiles, como en Burgos, ya mercantiles y marítimas, como en los puertos cantábricos y los de Levante; siendo al fin resultado de esta evolución las Universidades de mercaderes, de las cuales fué la de Burgos la primera, y á la cual se adaptaron las que sucesivamente fueron constituyéndose, y en las cuales se refundieron, por decirlo así, los Consulados de las respectivas localidades.

Pero puede decirse que hasta fines del siglo.xv no gozaron los Reinos de Castilla de las grandes y trascendentales ventajas que la institución de los Consulados reportaba en Aragón y Cataluña al Comercio, á la navegación y á la Industria; por lo menos no las alcanzaron con perfecta organización y con la sanción régia.

Componíanse los Consulados de marinos y navieros primero, luégo de comerciantes también, libremente elegidos por individuos de la clase, entre los que formaban la matrícula ó corporación mercantil de las plazas en donde residían.

Su cometido era decidir los negocios contenciosos de Comercio breve y sumariamente, á la verdad sabida y buena fe guardada, y fomentar el Comercio, resolviendo en otras muchas cuestiones de detalle y procedimiento puramente mercantiles.

Pero habiéndose buscado desde luégo dentro de la organización de los Consulados los fondos necesarios para mantener á sus dependientes y para dotar las escuelas que se proyectaron para el fomento de la Industria, impúsose un tanto por ciento sobre los géneros que entraran en los puertos de su distrito; y si bien desde luégo fué pingüe el recurso en sus productos acarreó grandes daños al Comercio, y con el tiempo el crédito y la ruina de la institución.

Los Reyes Católicos daban á 21 de Julio de 1494 una ley
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 106

estableciendo la jurisdicción del Prior y Cónsules de Burgos y Bilbao, y determinando el conocimiento que habían de tener en los negocios entre mercaderes, que eran quienes los elegían. Continuaron los Consulados con las mismas atribuciones que tenían los de Aragón, puramente contenciosas, mas por esta ley se establecía como Tribunal de alzada, y sin apelación, el que constituía el Corregidor de la ciudad, asistido de dos mercaderes de ella, «los que á él le pareciese que son hombres de buenas conciencias.»

Pero antes de pasar adelante, parécenos necesario dar una noticia detallada de lo que fué la Universidad ó Casa de contratación de Burgos, principal y original antecedente de las modernas Cámaras de Comercio, y que existía en Castilla cuando no se pensaba en tal cosa en ninguna otra nación.

La Casa de contratación de Burgos era conocida desde mediados del siglo xv. Extendía su jurisdicción gubernativa y económica desde el puerto de Pasajes hasta el de la Coruña, comprendiendo las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y los Reinos de León y Castilla, pues alcanzaba hasta Valladolid, Segovia, Logroño, Vitoria, Medina del Campo, famosa por sus dos ferias anuales, y á Medina de Rioseco, pueblos todos que ya en aquellos tiempos florecían por su giro y contratación, ya de cambios, ya de artículos de exportación. Figuraba principalmente entre éstos el de lanas, producto que había alcanzado gran prosperidad desde la introducción del rebaño de ovejas merinas de Inglaterra, inapreciable elemento de mejora para las castas españolas, que como parte de su dote trajo al Infante D. Enrique de Castilla en 1388 la Princesa Catalina de Lancaster.

En el siglo xv y á mediados del xvi, enviaba y pagaba Cónsules y comisionados en varios Reinos de Europa, en cuyas ciudades y puertos principales tenía sus factorías generales y mercados, con el nombre de estaplas, como eran Lóndres, Gante, Amberes, Ruan, La Rochela, Nantes, Lyon y Florencia; Cónsules que debían defender los intereses y libertades del Comercio español y administrar justicia á los nacionales de Castilla.
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 107

Era Burgos la residencia de la Universidad y Hermandad de Mercaderes, cargadores, navieros y cambistas de Castilla, que formaban un cuerpo político-económico, representante de la sociedad ó gremio del Comercio, que dirigía su policia interna y externa y defendía sus libertades y franquicias. Matriculábanse en ella los mercaderes de las ciudades y puertos del territorio de la Universidad que querían gozar de los privilegios, exenciones y preeminencias que tenía la corporación, disfrutando de grandes ventajas en todo lo relativo á su Comercio, pues la Universidad se encargaba de los fletes, despacho de flotas, aduanas y portazgos, comunicaciones y giros en España y el extranjero, seguros, etc. Con este objeto tenía la Hermandad agentes y un representante en la corte, comisionados en los embarcaderos de las costas cantábricas, y más tarde, en Lisboa y Sevilla, sus factores para la navegación á las Indias.

Pero el comerciante no incorporado no tenía derecho á concurrir á las Juntas de la Universidad, ni tenía voz ni voto en sus deliberaciones, ni podía aspirar á sus oficios de Prior, Consul, Diputado, etc.; carecía, en fin, de opción á los socorros y protección que la Hermandad daba á sus miembros contra cualquier injusticia ó agravio que ni el caudal, ni la autoridad ó influencia del comerciante aislado podía repeler ni enmendar, ni en España ni en países remotos.

Esa protección se extendía hasta dar limosnas á los pobres y pensiones y viudedades á los parientes de los asociados, víctimas de los golpes de la fortuna, tan frecuentes en el Comercio marítimo, que constituía la parte más principal de la Hermandad.

Disfrutó ésta de grandes libertades y preeminencias para hacer Ordenanzas y deliberar como cuerpo parlamentario tratando de puntos económicos y gubernativos del Comercio y los comerciantes, estando autorizada para hacer representaciones y peticiones á los Reyes, que la protegieron mucho, sobre todo los Reyes Católicos, Doña Juana, Carlos I y hasta Felipe II; mas no tuvo jurisdicción consular para el conocimiento de las
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 11

los toros fueron fríos y de poco gusto, comparados con los que habíamos visto en otras ocasiones semejantes. Con todo, el aspecto de la Plaza Mayor de Valladolid, con sus ventanas y balcones materialmente cuajados de gente, estuvo, como siempre, radiante de hermosura. Conviene, á saber, que cada corrida de estas cuesta, cuando menos 30.000 cruzados, porque no sólo se lidian casi siempre de diez y ocho á veinte toros, de los cuales muchos se pierden, otros se dan á los hospitales, sino que hay que preparar balcones y ventanas para los Consejos, palenques y tendidos para sus oficiales y criados, y además proveer buena cantidad de cruzados para la merienda de los consejeros, secretarios, sus porteros y demás oficiales, lo cual monta cada vez que se corren toros á cien cruzados cuando menos, porque á cada uno se le da su merienda, mayor ó menor, según su rango y categoría; y como hay Consejos de Estado, de Guerra, Real, Hacienda, Órdenes y Contaduría general, además de los de Portugal, Italia, Aragón, Indias, Junta de Fábricas, Minas y otros, resulta que el gasto de la provision es muy crecido. Además, hoy día piden los consejeros mismos otra merienda de dulces y confites, que como son tantos, importa otros cien cruzados cada vez que hay fiesta y asisten; porque otra que antes había se ha convertido ya en gratificaciones y gages, que se dan en dinero contante por cuenta del Rey cuando es él el que paga los toros, y cuando no de los fondos del Consejo y penas de Cámara que se les aplican.

»Otra circunstancia notable en las meriendas que digo, es que dan pretexto para que los que las disponen y pagan sean prodigiosamente generosos y caritativos con los pobres. Señor hay que se la manda llevar á la plaza descubierta, para que la gente vea los platos de que se compone. El Condestable de Castilla [Don Juan] mandó hacer un pasadizo desde sus casas hasta la barrera ó palenque de la plaza de toros, á donde se la llevaron con dulces y otras cosas menudas, además de todo género de bizcochos, rosquillas, suplicaciones, barquillos, nuégados, narajadas y otras cosas semejantes en abundancia, todo puesto en unos tableros; por donde se podrá conocer lo que en tales días se gasta.

»Había antes en Valladolid multitud de casas de figones, que son hombres (1) que á cualquier hora del dia ó de la noche tenían prepara-

(1) Havia allem disso en Valladolid casas de figones, que saõ bomes (2) que tinhaõ á todas horas, etc.
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 110

tiembre de 1538. Fuéronlo posteriormente por Felipe II. En este cuerpo de Ordenanzas se leen algunas que tratan de varios puntos económicos y gubernativos de la Universidad, como elecciones, facultades y obligaciones de los oficios, repartimiento de las contribuciones e inversión de sus caudales, etc.

Tuvo Bilbao su Universidad á imitación de esta de Burgos, y sus orígenes debieron ser tan antiguos, por lo menos, como los de esta ciudad; mas al confirmar sus Ordenanzas doña Juana en 1511, y darlas licencia para que se gobernase como la de Burgos, el poder Real otorgaba el reconocimiento en los pleitos mercantiles y Ordenanzas marítimas; pero absorbía otras facultades que pudieranmos llamar de gobierno interior, y si bien seguía consagrando el principio consultivo, no parecía concederle mayor consideración que este reconocimiento formal.

Las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M. N. y M. L. Villa de Bilbao, son ya un perfecto Código de Comercio, pero aún en algunos de sus capítulos conservan algo del carácter de Cámara de Comercio que tuvieron estas hermandades. Así, tratando el V de las «Juntas ordinarias y extraordinarias de Prior, Cónsules y Consiliarios,» establece que deberán celebrarse las primeras seis veces en el año «en el Salón de la Universidad y Casa de Contratación, y no en otra parte... para tratar en ellas de lo tocante á gobierno, obras, gastos y demás que se ofreciere del bien común del Comercio.» En la parte de obras y gastos se prescribe que «las tocantes á la ría, muelles y demás que fueren del cargo del Prior, Cónsules y Consiliarios, excediendo el coste de cualquiera de ellas de 12.000 maravedís de vellón, se han de sacar al pregón, y rematarse en el mejor postor, y de otra forma no se ha de abonar su coste.»

Estas Ordenanzas se reimprimieron autorizadamente en el reinado de Fernando VII.

A Sevilla concedían doña Juana y D. Carlos I la fundación de un Consulado en 1514, y en 1554 aprobaba Felipe II las Ordenanzas de la Universidad de los Mercaderes, calcado todo sobre las de Burgos y las de Bilbao; y dado que lo principal de
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 111

aquella época era el comercio marítimo, ha de tenerse en cuenta que los Consulados ó Universidades fueron unas perfectas Cámaras de Comercio, tal cual podía exigirlas el espíritu y las necesidades de la época. En las Ordenanzas del Consulado de Sevilla es digno de observarse que se daba ya alguna parte á la agricultura también.

Los Consulados y la Universidad de Burgos, así como las que á imitación suya se establecieron, tuvieron, pues, en sus primeros tiempos el carácter democrático de las instituciones municipales de la Edad Media, hasta que la monarquía absoluta introdujo en ellos la acción absorbente de la reglamentación y del patronato oficiales, desvirtuando poco á poco el carácter fundamental de aquellas corporaciones. Así se las vió día tras día, hasta tiempos muy próximos, ser objeto de reorganizaciones y modificaciones incesantes, que nunca han alcanzado á devolverles su antigua eficacia, mucho más difícil de obtener desde que se desterró por completo el sistema de elección directa por sufragio en aquellas Juntas, creadas por Carlos II, sostenidas y modificadas por sus sucesores, así como en los Consejos, que posteriormente recogieron, para esterilizarlo, el germen de la intervención directa de los comerciantes e industriales en los negocios públicos, que las buenas costumbres democráticas de los tiempos medios habían dejado en las Universidades de mercaderes.

III

Aparte de estos precedentes que hemos examinado, las Cámaras de Comercio propiamente tales no han existido nunca en España, pues las instituciones, llamémoslas así, que en algunos puntos se les han parecido, han carecido siempre y carecen de los dos caracteres esenciales que distinguen á aquellas corporaciones mercantiles e industriales: su íntima relación con el sufragio de las clases interesadas y la eficacia que en sus
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 112

movimientos había de haber teniendo su constitución tal origen.

Creadas en Francia en la época en que apareció el sistema económico que viene á apellidarse posteriormente Colbertismo, de su iniciador el célebre hacendista de Luis XIV, España, donde en las postrimerías de la casa de Austria tenía ya la Sociedad francesa tanta influencia, aceptó en principio, entre otras cosas, la idea de las Cámaras de Comercio, creadas allí en 1650. Pero la situación política y económica en España era harto distinta, para que tal institución pudiese ser adoptada ni plantecada en sus legítimos y naturales términos. Todo lo que se alcanzó á organizar, fué una Cámara oficial supeditada directamente al poder central, imitación más servil del Consejo Superior de Comercio creado en Francia.

Por real decreto de 19 de Enero de 1679, el Rey Don Carlos II instituyó la Real Junta de Comercio «para restablecer y aumentar el Comercio general de estos Reynos,» nombrando para constituirla cuatro Ministros de los Consejos de Castilla, Indias, Hacienda y Guerra. Debía celebrar esta Junta en días fijos sus sesiones, á las cuales eran llamadas y oídas, siempre que se juzgase conveniente, personas prácticas é inteligentes; fué sufriendo varias modificaciones y reorganizaciones hasta 17 de Noviembre de 1691, en que quedaba constituida por ocho Ministros, con plena y privativa jurisdicción e inhibición de todos los Consejos, Tribunales y Justicias.

Felipe V la reorganizó en 4 de Junio de 1705, denominándola Junta del establecimiento de Comercio, determinando que en ella se tratase este grave punto por Ministros de la mayor satisfacción, que habían de ser: cinco del Consejo de Indias, dos del de Hacienda, un Togado de la Casa de Contratación de Sevilla y un Secretario, dos Intendentes de la Nación francesa «muy inteligentes en el Comercio y zelosos del bien de las dos Monarquías, para la unión que debía haber en ellas y sus comercios, y otras personas de igual confianza é inteligencia de diferentes partes y puestos de estos Reynos.» Confirmaba las atribuciones privativas concedidas por las leyes y decretos de
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 113

Carlos II, y concedía además la facultad de subdelegar esta jurisdicción, cuando conviniera, en la persona ó personas que la Junta tuviese por conveniente.

Posteriormente fuérsonse aún ensanchando por este Rey las atribuciones y alcance de esta Junta, agregándole competencia en todo lo relativo á la moneda primero, y después á las minas, de donde vino denominarse «Junta general de Comercio; Moneda y Minas.»

Carlos III le dió facultades para aprobar y rectificar todas las Ordenanzas gremiales de Comercio, artes y manufacturas, en la parte facultativa, gubernativa, política y económica, y estas facultades le fueron ratificadas más de una vez hasta 1817.

En 1818 existía en Barcelona también, por lo menos, una Junta de Comercio que disfrutaba de las mismas atribuciones que la Central. Pero todas estas y otras que hasta épocas más modernas han existido, eran tan ineficaces para la administración como para los intereses que debían fomentar; y allá hacia el año 1840, se empezó á pensar en establecer un Consejo Superior, copiado más exactamente del que existía en Francia siglo y medio hacía.

El Consejo de Agricultura y Comercio, creado en 9 de Abril de 1847 y modificado en Octubre del mismo año, era un cuerpo dependiente en absoluto del Ministro de Comercio, Instrucción y Obras públicas, y su cometido, dar dictamen sobre todas las cuestiones que dicho funcionario juzgase conveniente someterle.

Reorganizado el Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio en 14 de Diciembre de 1859, se compuso todo de individuos nombrados por Real decreto, ó de Vocales natós, cuyo mandato tenía la misma procedencia, debiendo emitir dictamen en consultas que se le habían de dirigir por conducto de cualquiera de los Ministerios, cuando el Gobierno lo estimase conveniente.

Creáronse en la misma fecha las Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, á las que, al parecer, se preten-
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 114

dió dar cierto carácter de Cámaras. Componíanse de 23 Vocales natos, funcionarios públicos retribuidos por el Estado y de 15 electivos. Presidía la el Gobernador de la provincia, quien nombraba su Vicepresidente y su Secretario.

La elección de estos Vocales correspondía á los cincuenta mayores contribuyentes de propiedad rural, de la industria fabril y manufacturera y de la clase de comerciantes, quienes elegían respectivamente los Vocales de su sección. Presidía la elección el Gobernador, quien designaba los Secretarios escrutadores y resolvía de plano cualquier incidente que ocurriese en la elección.

En Mayo de 1869, suprimido en el mes anterior el Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, creábase en Madrid una Junta Superior con organización y atribuciones muy parecidas á aquél, y asimismo en provincias, si bien en esta reorganización se reconocía la necesidad de renovar periódicamente estos cuerpos consultivos, «llevando á su seno las altas capacidades que cada día se dan á conocer en las esferas del saber.» Reducíase el número de Vocales natos á once en las provinciales, y se fijaba el de la Junta Superior en nueve. Veinte habían de ser los de libre elección para ésta, domiciliados en Madrid, y que debían haberse distinguido por sus servicios y especiales conocimientos en los ramos que abrazaba la Junta. Los 15 Vocales electivos de las Juntas provinciales se reducían á 12, y debían reunir las mismas condiciones que los de la Superior. El Ministro de Fomento, Presidente de ésta, designaba los Vocales de libre elección, y el Gobernador en las provincias, á propuesta en terna de las Diputaciones.

Sorprende ver firmado este decreto, en el que tan radical retroceso se advierte en el sentido de la libertad y de la sinceridad de la representación de los intereses comerciales e industriales, por D. Manuel Ruiz Zorrilla, poco tiempo después de haber sido aprobada por las Cortes Constituyentes la Constitución, en que se establecían las bases á que debía acomodarse en lo sucesivo el régimen provincial y municipal.

Las vicisitudes por que ha pasado esta institución, tan