ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 488

comunicaron á los especuladores de Cádiz, de Madrid, de Málaga, de Sevilla y de Santander, como á la gran mayoría de los hombres que poseían capitales moviliarios y habían comenzado á interesarse en operaciones de crédito desde la época del Ministro Ballesteros, una comezón de negocios que valió á Mendizábal la clientela de los jugadores de bolsa y de cuantos fundaban esperanzas en que la guerra se terminaría en breve, mejorando la Hacienda y consolidando el crédito de la nación. Semejante espectativa mantenía en los ánimos una fiebre de especulación por demás convulsiva, pero que no hacía entrar en el Tesoro ni un solo maravedí; y como las necesidades del Erario eran grandes, y perentorias las del ejército, el hombre que se había, al pedir y recibir de las Cortes el voto de confianza, comprometido á encontrar recursos sin imponer contribuciones ni crear empréstitos, se aventuró á buscarlos en negociaciones clandestinas que efectuó en el extranjero.

Por un simple fiat, emanado de su sola voluntad, se apoderó de 350 millones de reales en certificados de la Deuda extranjera que se hallaban en poder de la comisión de Hacienda española en Londres, y destinados á la conversión á que había sido llamada la Deuda exterior por la ley de 1834 votada por los Estamentos al Conde de Toreno.

Negoció además Mendizábal en letras sobre Filipinas, la Habana y Puerto-Rico, en anticipación de futuros sobrantes de aquellas cajas, 50 millones; igual cantidad levantó sobre los rendimientos de las minas de azogue de Almadén, y, por último, libró al descubierto sobre el extranjero y las plazas del Reino otros 50 millones, cantidades que, juntas, componen la suma de 500 millones, cuyo producto efectivo escasamente llegó á la mitad; hechos de los que claramente se deduce que, emitiendo deuda extranjera, que aunque se hallaba en manos de las dependencias del Gobierno, no le pertenecía y tendría el Erario que reintegrar en su día, aumentaba Mendizábal, de hecho, el capital de la Deuda en circulación, y contraía un verdadero empréstito que obligaba á la nación al pago de muchos millones de intereses anuales. Del mismo modo absorbió,
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 489

consumiéndolos por anticipación, los rendimientos de los ramos más productivos, incurriendo para realizarlo en enormes sacrificios, calculados por los hombres más competentes en 50 por 100 de pérdida. Esta fué la manera que tuvo de levantar recursos el hacendista que había ofrecido que no los buscaría sino dentro de medidas regulares y con conocimiento y aprobación de las Cortes, las que ni siquiera fueron consultadas, y no siéndolo, no cabía legalizar las operaciones como comprendidas dentro de los artículos del voto de confianza.

Hasta el 16 de Febrero no adoptó Mendizábal su primera medida de carácter general en materia de crédito, consignada en un decreto por el que mandó proceder á la liquidación de los créditos comprendidos en el arreglo presentado á las Cortes por Toreno en 1834; mas como dicha operación alarmase á los tenedores del papel consolidado, en razón á la competencia que á esta clase de papel harían los nuevos títulos que se creasen en virtud de la anunciada nueva liquidación, creyó Mendizábal que calmaría la alarma de los interesados en títulos circulantes, haciendo declarar por medio de la Gaceta que no era la cuantía de la deuda la que debía preocupar á los acreedores del Estado, con tal que los medios aplicados ó que pudieran aplicarse á su pago alcanzasen, como el Gobierno se lo proponía, destinando los recursos necesarios para hacer frente á las nuevas obligaciones que contrajese.

Lejos de que semejante declaración tranquilizase á los interesados, produjo una baja en el curso de los efectos públicos, lo que afectó vivamente al Ministro, y lo dispuso á no retardar por más tiempo lo que tenía meditado y lo que constituía el secreto, el talismán de su sistema rentístico, que no era otro que la expropiación del clero regular de ambos sexos, declarando los predios rústicos y urbanos, censos y cuanta propiedad mueble é inmueble constituía la dotación de las numerosas casas religiosas existentes en España, como bienes pertenecientes á la nación.

Hasta aquí, y caso de haber sometido la radical medida á la aprobación de las Cortes, podía coherenciar como adoptada
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 49

la conciencia reflexiva recoge y compone cuantos datos le ofrecen experiencia (materia) y razón (forma) en una obra real ideal que resulta de la conjunción de la idea con el hecho y de la especulación con la experiencia; pues según dice Naville, «la experiencia no produce la razón, ni ésta aquélla, pero nuestro conocimiento resulta de la armonía de ambas.»

Por distinto camino que el seguido por los positivistas han contribuido á dar carta de naturaleza al error en que nos ocupamos (el de concebir el criterio de la conciencia con un valor exclusivamente subjetivo) los partidarios del espiritualismo francés ó cartesiano (1), que sólo reconocen un valor subjetivo (ideal) á las percepciones de conciencia, favoreciendo y justificando así el menosprecio de los naturalistas hacia la Psicología tradicional, que estiman sólo como especulación subjetiva que debe ser sustituida por lo que ellos denominan Psicología real ó realista.

Para los espiritualistas franceses, influídos por el empirismo subjetivo que late en el fondo del cartesianismo, cuyo principio cogito ergo sum, pone el fundamento de toda evidencia en un hecho (el de la existencia efectiva de un sujeto que piensa ó duda), se cae en los errores del panteísmo, cuando se entiende que la conciencia percibe con valor real sus estados interiores, á la vez que los objetos que con ella se relacionan. Confunden en este punto, que toca ya á los linderos de la Metafísica, la inmanencia de la percepción consciente con su trascendencia, y ahondan la secular excisión entre empíricos é idealistas que tantas dificultades ha opuesto al progreso real de la ciencia psicológica. Olvidan, además, que no es lo mismo declarar que la conciencia puede y debe percibir principio real de composición (principio cognoscendi) en el conocimiento sobre la división

(1) Maine de Biran, Joly, Liard, Caro y todos los colaboradores al Diccionario de ciencias filosóficas de Franck, participan del error que combatimos, sin que apenas se pueda contar entre las excepciones á Janet, que, aunque se atreve á declarar con Hamilton que todas las facultades intelectuales constituyen la conciencia transformada, deja todavía su pensamiento oscilar cuando se trata de afirmar el valor inqueestionablemente real del conocimiento de la conciencia.
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 490

en uso del voto de confianza; pero no se limitó á esto Mondizábal, sino que por un voto de la omnipotencia ministerial disponía de la fortuna pública (prejuzgando el destino que las Cortes determinasen más conveniente dar á los bienes) decreto su inmediata aplicación á la deuda, poniendo en venta las fincas cuyo pago había de efectuarse en las clases de papel menospreciado, sin mercado y sin empleo, que constituía los títulos de las diferentes clases de deuda activa, consolidada ó pendiente de liquidación, la que ganaba intereses á metálico, la que sólo los adeudaba á papel, y, por último, la llamada deuda sin interés, masas de créditos que desde los tiempos de la monarquía secular, y trayendo la rastra de los desastres de la invasión francesa de 1808, de la pérdida de las Américas, de la repudiación hecha por Fernando VII, de los empréstitos de las Cortes y de las pródigas emisiones de títulos autorizadas por aquel Rey para apuntalar su absolutismo, constituían un total de obligaciones que no bajaba de diez y seis mil millones de reales, en su mayor parte aún por liquidar, y á cuyos tenedores se entregaba el activo que la desamortización eclesiástica iba á poner en manos del Estado, sin saber en qué proporción se hallaba el valor de la hipoteca con el del importe de la deuda á que con aquellos bienes se quería hacer frente.

Todo el porvenir económico de la nación dependía, á juicio de los hombres más entendidos, y según la opinión universalmente admitida, del pingüe recurso de los bienes nacionales.

La naturaleza de éstos, consistente en predios rústicos y urbanos y en censos pertenecientes á las comunidades religiosas, constituía el haber nacional, la prenda y la garantía de la Deuda pública, cuyo arreglo y mejora, obedeciendo á los buenos principios de economía pública, debió haber tenido por base y punto de partida la liquidación y reconocimiento de la parte que no se hallaba consolidada, á fin de que, conocido que hubiese sido su guarismo y formado el inventario de lo que la nación adquiría á consecuencia de la abolición de las órdenes monásticas de hombres y de la apropiación al Estado de los bienes de las monjas (de los que también dispuso el Decreto
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 491

de 7 de Marzo de 1836) haber adquirido exacto y cabal conocimiento de si los predios nacionales bastaban á cubrir el capital de la deuda consolidada y el de la llamada sin interés, toda vez que las más sencillas nociones de equidad no consentían que, si dichos bienes no alcanzaban á la extinción de la deuda, se crease una situación privilegiada en favor de los acreedores que se apresurasen á adquirir bienes del Estado, dejando en el aire aquellos para cuyo pago no quedasen inmuebles que adjudicar.

Esta última trascendental medida, que desde el reinado de Carlos III y en el de Carlos IV preocupó á los Ministros de dichos Reyes, llevaba en su seno, además del problema económico, el no menos trascendental en el orden político, de cómo se haría el traspaso ó trasferencia de los bienes del clero si, como la gravedad del asunto lo exigía, se hubiese tenido muy presente que, tratándose de la desamortización eclesiástica, iba á ser España la última nación europea que la decretaba, por lo que importaba mucho evitar los gravísimos inconvenientes que los procedimientos empleados habían á la larga acarreado en Inglaterra, Alemania y Francia. En el primero de estos países, sabido es que Enrique VIII hizo del despejo y distribución de los bienes del clero regular el cebo y la granjería de los magnates que se le unieron para llevar á cabo su célebre reforma eclesiástica.

No habían obrado con más desinterés que Enrique VIII los Príncipes protestantes de Alemania cuando, protegiendo á Lutero, se separaron de Roma é hicieron la guerra al Emperador. El sistema de confiscación en masa á beneficio de sus Erarios, para ser distribuido á magnates que seguían la bandera de aquellos Príncipes, privó á la propiedad eclesiástica, tanto en Alemania como en Inglaterra, del carácter que la Iglesia le había dado de dotación aplicable á la instrucción, al socorro y á las necesidades á que en siglos anteriores proveía la Iglesia, sin que baste para privar á la propiedad eclesiástica de la bondad que caracterizó su primitiva aplicación, el hecho histórico de los abusos que de su riqueza había hecho el clero católico en todos los Estados de Europa, abusos que dieron en
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 492

gran parte, sin duda, origen á que estallase la reforma de Lutero, y á que al cisma y fraccionamiento de la Iglesia de Oriente siguiese en el siglo xvi el de la de Occidente.

Todavía más contrario, tanto á la índole de la propiedad eclesiástica como á los intereses bien entendidos de las clases populares, fué el sistema que la Revolución francesa aplicó á la desamortización. Los bienes del clero, tanto secular como regular, los vendió la Convención, disponiendo fuesen pagados en la clase de papel llamado asignados, y cuyo valor, á poco de puesto en curso, llegó á perder 1.000 por uno, pues se pagaban 1.000 francos en asignados por objetos de consumo que podían comprarse á metálico por un franco; y cuenta que este género de adquisiciones eran las de carácter más moral y de mayor legalidad en curso en aquella desastrosa época de la Revolución francesa, pues en su período álgido, las partidas de espoliadores que se derramaron por el territorio francés, y á las que se dio el nombre de bandes noires, se apoderaban por la fuerza de los edificios, saquaban su mobiliario ó lo reducían á cenizas, se repartían los muebles susceptibles de ser trasportados, ó ponían en venta los despojos de sus demoliciones.

Las tres citadas experiencias que suministraban las naciones que precedieron á España en las reformas de sus instituciones y de su estado social, no prueban seguramente que la trasferencia de la propiedad eclesiástica no debiera efectuarse; mas era harto evidente que los establecimientos religiosos se habían enriquecido en la Edad Media, no ya, como vulgarmente se ha creído, por fanatismo ó por efecto de la captación ejercida por los eclesiásticos, sino porque en realidad desempeñaba el clero en aquellos siglos una gran misión social y proveía todavía en sumo grado á las necesidades materiales de los indigentes como á las morales de la cristiandad.

El clero había conservado en sus catedrales y en sus conventos los depósitos de la ciencia, en medio de la oscuridad de los siglos feudales. El clero enseñaba, poblaba y mantenía las Universidades; suplía con su autoridad á la no existencia del derecho público, tanto patrio como internacional; fundaba y
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 493

sostenía escuelas y hospitales; redimía cautivos y hacía y desempeñaba, en suma, todas las funciones tutelares que el Estado ha tenido que ir sucesivamente llenando, porque el clero había cesado de proveer á ellas desde que pasó de sus manos á las de las clases laicales, la lumbre de la inteligencia y del saber.

Mas si estas consideraciones bastaban para justificar que la Iglesia fuese expropiada en el sentido de tomarle lo supérfluo de lo que había recibido en depósito en el interés de la sociedad, esto no desnaturalizaba el derecho de reivindicación que ejercía el Estado. Atendidos la índole y carácter de aquella propiedad, una vez llamada á componer parte del dominio público, lícito seguramente era para el Gobierno disponer libremente de ella; pero era su deber efectuarlo de la manera que mejor correspondiese al interés general; y como en la sociedad moderna, la instrucción primaria, la tecnológica, las vías de comunicación, los establecimientos de crédito, constituyen las grandes necesidades de la sociedad, justo, equitativo é imperioso era que á estas atenciones se destinase, en gran parte, lo que las generaciones de otro tiempo donaron para objetos análogos.

Aunque estas atendibles consideraciones no privaban, sin duda, al Estado de la facultad de considerar como interés de primer orden el pago de la deuda nacional, habiendo España llegado la última entre las naciones de nuestro Continente á abordar las grandes reformas económicas que habían de seguir á la desamortización y á la consiguiente trasformación de la propiedad territorial, estaba su Gobierno, estaban sus hombres públicos en la obligación de haber hecho objeto de profundo estudio y de escrupuloso examen cuál sería la mejor manera de disponer de los bienes nacionales.

Los pensadores, los patricios honrados de los tiempos que habrán de seguir á las deplorables luchas de los partidos que traen desgastada la vitalidad de España desde hace tres cuartos de siglo, dudarán sobre quién recae mayor responsabilidad, si sobre los autores del sistema de desamortización de 1836, ó sobre la ignorancia y la complicidad del país en haber deja-
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 494

do que un sistema empírico y á todas luces desastroso se sobrepusiese al más sabio y menos expuesto á decepciones, que en la época á que nos referimos sucumbió á impulso de las preocupaciones y á las perturbaciones de la guerra civil. El primero de los dos sistemas á que aludo, fué el que envolvían los decretos de Mendizábal, disponiendo que los bienes nacionales se entregasen para amortizar la deuda pública consolidada y la sin interés, admitiendo en pago un papel cuyo curso, evaluado al término medio del precio que tenían dichas dos clases de títulos, no excedía del 14 por 100 de su valor nominal, sistema con el que, si bien podía alimentarse la ilusión de creer que las pujas á que daría lugar la depreciación de dicho papel hiciesen subir las adjudicaciones á doble ó triple valor de la tasación, sólo llegaron á obtenerse tales resultados, cuando la terminación de la guerra y el concordato con Roma hicieron adquirir confianza en la estabilidad de las compras de bienes nacionales. Pero desde 1836 á 1844, y principalmente respecto á los bienes de los regulares y los de las monjas, fué lo más general que las adquisiciones se hiciesen, si no por el precio de la tasación, mediante pujas que trocaban papel depreciado por pingües fincas de un valor efectivo y que daban sus correspondientes réditos. En aquellos primeros años de la desamortización, no llegó la depreciación de nuestro papel al nivel de la de los asignados de Francia: tampoco, en verdad, tuvimos bandes noires que recorriesen el país y espoliasea impunemente y á mano armada las pertenencias de los conventos; pero no porque no se diese el ejemplo de idénticos escándalos dejaron los abusos de ser tan frecuentes, que fácil sería señalar, á no vedarlo la circunspecta reserva á que obliga el criterio histórico, los multiplicados casos en los que se adquirían fincas, no sólo de balde, sino que fueron pagadas con sus mismos productos y quedaron todavía sobrantes á beneficio de los compradores. Capital de provincia hubo donde, por mauejo de los muñidores que capitaneaban las turbas, no sólo fueron escandalosamente bajas las tasaciones de fincas de gran valor, sino que, ahuyentados de las subastas los licitadores por temor de
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 495

la brutal clientela de los privilegiados, se adjudicaban á éstos las fincas por un insignificante aumento sobre el valor de la amañada nominal tasación. Y no se limitaron á esto los fraudes y el peculado. Entre atrevidos especuladores y las oficinas de bienes nacionales, había inteligencias que permitían ocultar ó falsificar los títulos de las fincas y de sus linderos, en términos que, provincias hubo, y no lejanas de Madrid, en las que se extendieron los límites de las adquisiciones al extremo de hallarse en posesión de miles de fanegas de tierra compradores que sólo tuvieron que pagar algunos centenares de ellas.

Semejante fatal sistema, que abría la puerta á tales abusos, estribaba en un engaño y en una injusticia, siendo el primero pretender que se iba á pagar una deuda cuya importancia era desconocida, al mismo tiempo que se ignoraba si los recursos aplicables á su extinción alcanzarían á cubrirla; y en cuanto á la injusticia, no podía ser más evidente, en el mero hecho de que se pagaba instantáneamente, en bienes raíces, entregados á vil precio á los acreedores más osados y más diestros, ínterin el mayor número quedaba burlado, por haber absorbido aquéllos la masa de bienes sacados á la venta.

Y todavía más que la mala operación rentística que el Estado hacía, chocaba tal proceder al sentido moral de los hombres amantes de la causa de las reformas, á los que habían padecido todo género de sacrificios y arrostrado una larga emigración, hombres que, vuelto al seno patrio, no explotaban para su medro el movimiento político, y lamentaban que los bienes nacionales fuesen la granjería de unos cuantos especuladores atrevidos, desaprovechándose la ocasión de que se diese á dichos predios un destino más conforme al interés general.

La iniciativa opuesta al desastroso sistema de enajenación de bienes nacionales decretada por Mendizábal, cupo la honra de formularla al insigne patricio, al sabio economista Don Álvaro Flórez Estrada, uno de los muy contados liberales de 1812 que lograron, con Torceno, con D. Tomás Istúriz, el coronel Peón y Cabrera de Nevares, escapar buscando asilo en Inglaterra, á los furores de la reacción realista en 1814.
Revista de España (1884-07-01 00:00:00), página 496

Desde aquel país escribió Flórez Estrada su célebre representación á Fernando VII, escrito en el que, con respetuosa dignidad, pero con viril y patriótico acento, ponía de manifiesto los sacrificios hechos por la nación para rescatar al Rey de su cautiverio, la necesidad y el deber en que las Cortes se habían encontrado de votar la Constitución y el derecho que á los españoles asistía para reivindicar su libertad perdida. La representación de Flórez Estrada, impresa en Londres, y que con profusión había clandestinamente circulado por la Península, fué durante los seis años trascurridos desde 1814 hasta el restablecimiento en 1820 del régimen constitucional, la bandera, la apología, y en cierto modo el lábaro de las justas quejas del liberalismo español. Y siendo tan grandes, como de tales antecedentes se desprenden, los títulos que como hombre político tenía Flórez Estrada para ser escuchado en cuestiones tan de su competencia, iguales, si no mayores, eran los que como hombre de ciencia había merecido de todos los sabios de Europa su Tratado de economía política, el que posterior á las obras de Smith, de Ricardo y de Malthus, era un resumen de la ciencia económica anterior al advenimiento de la escuela socialista, cuyo advenimiento previó Flórez Estrada, y al que señaló prudentes límites.

Bajo la autoridad de este hombre tan competente en la materia, apareció en las columnas de El Español la exposición de un sistema por el que, fundándose en consideraciones contrarias al de la inmediata venta á papel, que anteriormente dejamos expuestas, y en otras razones de mayor peso, propiase la data á censo enfileútico de los bienes nacionales, adjudicándolos, en tal concepto, á los arrendadores del clero por un cánon igual á la renta en que los llevaran en arriendo, y cuyo producto podría aplicarse á las necesidades del Estado ó al pago de los intereses de la Deuda, según acordasen el Gobierno y las Cortes.

En su luminoso escrito probaba Flórez Estrada con argumentos de incontestable fuerza, no sólo que el sistema que proponía era el más aceptable, sino el único compatible con la