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teza. Hasta ahora no hemos experimentado más que el mal administrativo, que se dice derivado de la amovilidad de los empleados. Faltan nos conocer el mal que sobrevendrá de la inamovilidad; porque por excelente y provechosa que ésta sea en la teoría y en la práctica, es indudable que algún mal ha de traer. Sería preciso eliminar el sistema de la ley común, y suponer su virtud tal que regenerase los hombres cambiando totalmente su naturaleza moral, cosa que por desgracia no ha de suceder.

La experiencia aún no nos enseñó nada; la inamovilidad, parcialmente establecida para algunos ramos de la administración activa y corporaciones tales como Telégrafos, Consejo de Estado, Diputaciones provinciales y algunos otros centros consultivos, no dan la norma y la medida de lo que acontecerá cuando la inamovilidad sea un hecho para todas las carreras del Estado y para todos los servicios de la administración. No obstante, algo se echa de ver hoy de lo que quizá entonces ocurra, si bien por lo que hoy ocurre no puede juzgarse con probabilidad de acierto del mañana, ni presagiarle el carácter, extensión y forma con que el mal se anunciará.

Los centros administrativos servidos por empleados inamovibles, resientense de cierta severidad formularia, que unas veces no se aviene bien con la educación y la prudencia, y otras con el respeto y solicitud con que tienen derecho á ser tratados los administrados—que son los que pagan, y á quienes, en último término, se sirve y se debe el empleado—cuando van á las oficinas públicas en demanda de lo que por este ó el otro concepto les interesa saber y gestionar. Esto es causa de que en tales centros pululen los llamados agentes como personas intermediarias entre el administrado y la administración. Estos agentes hacen, por una parte, gravoso y retribuido un servicio que el Estado y la administración prestan gratuitamente; y por la otra, engendra la posibilidad, desgraciadamente más real que imaginaria, del llamado negocio, y como consecuencia de todo, el descontento de los administrados y el descrédito de la administración.

Yo no afirmaré que esto suceda; pero, ¿quién me asegura
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que no sucederá? Inmune el empleado, sin más temor que el expediente de responsabilidad, donde es difícilísimo probar la prevaricación ó la falta; interesado, como ha de estarlo, el espíritu de clase en encubrir las irregularidades y los malos pasos por honra del cuerpo y mutua protección y defensa, no es aventurado predecir por dónde asoma el nuevo inconveniente con que ha de tropezar la inamovilidad. Hoy, la simple sospecha, el convencimiento moral de la falta, basta para que el Jefe del departamento y el Gobierno puedan hacer in continentí salutable y ejemplar castigo con la cesantía del empleado. Entonces no bastará ni el convencimiento, ni la presunción, sino que será precisa la prueba. Este inconveniente no se allana ni se vence, porque nace del sistema, es hijo del sistema; á lo más, procuraráse disminuir sus funestos efectos por medios indirectos de inspección, de vigilancia y de corrección; pero el inconveniente subsistirá.

Comparados sus dañosos resultados con los que produce en el día la amovilidad, ¿serán mayores, ó más pequeños? Entre dos males, es lógico elegir el menor. He aquí la dificultad, he aquí el nuevo problema que por sí mismo se plantea.

Discutamos hipotéticamente. Según la reforma se haga, la manera con que se establezca y las cualidades de los Jefes de los centros administrativos, así será saludable ó desdichado el sistema. La competencia, autoridad y probidad del Jefe ha de ser más que nunca necesaria, ya para no dejarse sorprender, ya para imponerse cuando preciso sea, y siempre para conocer cumplidamente los asuntos que estén á su cuidado y tener conciencia de la legalidad y el acierto de la resolución que en ellos recaiga. Tiene que habérselas, no con empleados sumisos y temerosos de disgustar ó contrariar al Jefe para no exponerse á una cesantía que por todas partes les amaga, sino con hombres independientes, ciertos de su derecho, amparados por el escudo de la inamovilidad, arma poderosa que sabrán esgrimir á maravilla. Aun considerándolos dotados de saber, probidad y obediencia, la docilidad de hoy ha de trocarse en aust eridad burocrática, alguna vez en intolerancia y pasiva re-
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sistencia, sin que ni el orgullo ni otros defectos humanos dejen de exhibirse harto frecuentemente, con el obligado cortejo de las fragilidades inherentes á toda colectividad unida por un interés común y por lazos de reciproca utilidad.

No hay que hacerse ilusiones sobre este punto: toda institución, y la inamovilidad bien merece esta denominación, por buena y santa que sea, lleva envuelta entre sus pliegues é inoculado en su organismo cierta idea egoísta para con los miembros que la forman, idea que se traduce en síntomas de hostilidad hacia todo aquello que pueda mermar su importancia, debilitar su prestigio ó contrariar su acción; de donde brotan los lamentables excesos é inconcebibles extravíos que todos los días presenciamos, y el espíritu absorbente y autónomo que, quizá sin pretenderlo, revelan todas sus manifestaciones.

Figurémonos, por un momento, establecida la inamovilidad administrativa. Ella representará un número muy considerable de individuos, gente útil é inteligente esparcida por todos los pueblos de la Nación, estrechados en un pensamiento común, calentados por el foco de una idea, seguros de su puesto, que ninguna influencia arrebatará, y digáseme si la institución no constituirá y desarrollará una fuerza poderosa, activa y eficaz, que sirva como de manto protector de las demasias burocráticas, de escudo de inviolabilidad individual, de motivo de perturbaciones administrativas y fuente de donde manen infinidad de reclamaciones, de quejas y de lamentos.

Porque tóngase muy en cuenta que la inamovilidad, así vista y considerada, favorece en primer término la personalidad del empleado, que adquiere una especie de vínculo en tenuta ó posesión, una verdadera propiedad, hasta el extremo de que, si por adversos sucesos el Estado se encontrase en la precisión de suprimir una parte de los empleos, sólo lo podría hacer amortizando las plazas vacantes que resultasen después de los ascensos de escala, ó satisfaciendo los sueldos á los empleados suprimidos, pues á tanto obliga al Estado el derecho por el empleado obtenido al ingresar á su servicio.

Este es uno de los lados oscuros y peligrosos que ofrece la
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inamovilidad, cuyas consecuencias se hacen más sensibles y favorosas á medida que se afina el raciocinio y se profundiza la materia. Pero este orden de ideas puede considerarse demasiado individual y estrecho para basar en ellas un argumento decisivo en contra de la inamovilidad, y por eso abandonamos este camino, omitiendo otras muchas consideraciones que surgen de las indicadas.

El Estado tiene intereses permanentes que defender y amparar en todos los instantes y circunstancias de la vida social, en lo que se diferencia de todas las otras entidades jurídicas. El Estado, como Estado, no puede perecer y es eterno en la materia, y de aquí se desprende irremisiblemente el concepto jurídico que abona la inamovilidad. Mientras que la causa política, origen del mal creado, que se trata de corregir, subsista, subsistirá la razón esencial de la inamovilidad. Así es que, según más atrás hicimos notar, la inamovilidad de que tratamos, que solamente toca á la administración, va directamente á influir sobre la política en un sentido claro y determinado para mejorar sus organismos, contener sus excesos y corregir los abusos á que se presta. Véase hasta dónde está relacionada la administración y la política, y hasta dónde llega la idea de separación de las dos.

Paréceme á mí que la inamovilidad no separa la administración de la política, sino que subordina ésta á aquélla en cuanto á la parte mecánica y personal de los servicios públicos, haciéndolos dependientes, no de los Gobiernos y de los Parlamentos, sino de reglas inmutables y obligatorias para los unos y de principios de conveniencia para los otros, que la sucesión de los partidos deben de aceptar en beneficio común. Parece también deducirse, como al principio de este escrito significamos, el nacimiento ó vislumbre de otro poder, el poder administrativo, si no constitucional de derecho, constitucional de hecho, que, dado el número e importancia de la clase que la inamovilidad crea, ha de dejarse sentir bien perceptiblemente en la cosa pública, siendo este otro de los aspectos que no pueden pasar desapercibidos á la observación, al análisis y á la crítica.
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V.

Con ser este programa tan razonable, que sus ventajas no se oscurecerán á persona alguna, hay una objeción contra la posibilidad de realizarlo, cuya importancia no es lícito desconocer. «En las grandes ciudades—se dirá—tanto á causa del precio, cuanto por otras varias razones, ¿sería fácil disponer del terreno necesario para ese campo escolar?» Aun reduciendo las exigencias al último límite aceptable, implican siempre una superficie doble, y aun triple de la que hoy suele consagrarse, por término medio, á una escuela; y esto, so pena de prescindir de toda condición económica, no cabe sino en las poblaciones pequeñas. De otra suerte, habría que establecer las escuelas en puntos alejados de los barrios á cuyo vecindario han de servir; con lo cual, la distancia que los niños tendrían que recorrer cada día nada menos que cuatro veces (dado el sistema actual de idas y venidas), podría resultar en ocasiones tan excseiva, que quizá todo el tiempo se les fuese en andarla. Considerérase además la fatiga que á los más pequeños impondrían tales distancias, la molestia de las familias para acompañarlos, el abandono y difícil vigilancia de los que fuesen solos, y tantos otros muchos inconvenientes.

A estas objeciones cabría contestar desde luego que, á fuerza de dinero, aun en los barrios más céntricos de las ciudades más populosas, podría, sin disputa, obtenerse lo que la salud y la educación necesitan; y esta respuesta sería tanto menos absurda, cuanto que precisamente en esos grandes centros, únicos cuyas distancias se invocan, es también donde más abundan los recursos para atender á condiciones que no son privativas de la Escuela, sino comunes á todas aquellas instituciones, sea cualquiera su índole, que aglomeran á muchos individuos en un mismo local: v. gr., hospitales, prisiones, asilos, cuarteles, etc.
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Pero, en fin, ya tenemos, ó al menos lo esperamos fundadamente de la inamovilidad, que los destinos públicos no han de servir de arma política y de partido para escalar el poder y mantenerse en él; ya tenemos libre la administración de las intrigas de la política de bajo imperio; ya tenemos las garantías de inteligencia y responsabilidad en el empleado para el más exacto cumplimiento de los servicios; ya nos hemos librado de la calmaidad empleomaníaca que corroía las entrañas de la Estado; ya damos, en suma, á la política activa y á los partidos un campo más desembarazado y más limpio de impurezas donde moverse y desarrollar sus ideales; ya la atmósfera en que han de respirar es más sana y pura. Hemos llegado al desideratum político en orden á la administración activa. ¡Ossanna en las alturas!

Invirtamos ahora los términos de la cuestión. La fuerza política que antes obraba indudablemente sobre el Estado á expensas de la amovilidad administrativa, ¿no podrá convertirse en otra fuerza política que obre colectivamente en sentido contrario?

Ó al empleado hay que dejarle: como ciudadano, libertad é independencia para que ejerçite sus derechos civiles y políticos, ó no; si lo primero, no es dable privarle de tener y defender públicamente sus opiniones políticas, y de practicar el derecho electoral y los demás derechos consiguientes á la ciudadanía; si lo segundo, se establecería una cortapisá incompatible con la personalidad humana, é incompatible también con la conveniencia pública. La inamovilidad implicaría la pérdida de los derechos políticos, y, por consiguiente, y en último término, una pena, ó, por lo menos, una censura. El empleado sería un paria político, un ciudadano á medias. Esto no es racional que suceda; esto no debe suceder.

Pero entonces, ¿que sucederá por la lógica hilación de las cosas? Sucederá, una de dos: ó que la masa de empleados inamovibles preste su voto y su apoyo á todos los Gobiernos que se sucedan en el poder, lo cual mermaría notablemente la sinceridad y prestigio del derecho electoral, ó que cada uno siga
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el impulso de sus opiniones, dándose el caso de que un servidor de Estado, monárquico, trabaje en pro de candidatos absolutistas, republicanos y hasta colectivistas. Si lo primero, los distritos electorales serían, más que nunca, patrimonio exclusivo de los gobiernos; porque, ¿cómo luchar en los comicios, donde además de los adeptos políticos tendría el poder los adeptos obligados, por razón del empleo inamovible que disfrutan? La política estaría del todo centralizada en el Ministerio de la Gobernación, máxime limitado, como se halla hoy el derecho de Sufragio. Un sencillo cálculo estadístico lo comprueba, del cual hacemos gracia á nuestros lectores, porque, sin exponerle, le alcanzan claramente. Si lo segundo, sería anómalo é irregular permitir que fuera contra la legalidad existente aquél que la está sirviendo en un puesto público mediante una retribución. La confianza, condición esencial en el empleado, desaparecería, ó, por lo menos, se debilitaría, en términos de que, moralmente, haría al empleado incapaz para el desempeño del cargo. Y, en uno ú en otro caso, siempre resultará una fuerza política perfectamente organizada, que obraría en sentido opuesto á como hoy obra la fuerza que nace de la amovilidad; es decir, que el mal actual no desaparecería, sino que se presentaría en otra forma más perjudicial á la sinceridad electoral, base del régimen constitucional parlamentario, perdiendo hasta el pudoroso velo que todavía la cubre y la preserva de muchos ataques que entonces, con razón, recibiría sin medios de defensa.

Y que ha de acontecer en más ó en menos lo que las dos hipótesis expuestas indican, lo tenemos por indudable. La pasividad podrá darse individual, pero no colectivamente; será tal vez la excepción, no ciertamente la regla. No queremos recargar el cuadro, ni tan siquiera explicar lo que pasa hoy en las oficinas del Estado cuando hay unas elecciones. Sólo sí significaremos que los Gobiernos parece que se consideran con derecho para que sus empleados acudan á las urnas á depositar su sufragio en pró de los candidatos adictos. Se dirá quizá: es por la amovilidad, es porque sobre la cabeza del empleado pende la
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espada de Damocles en forma de cesantía. Pero mañana se dirá: es por la inamovilidad; es porque el empleado sirve al Estado, que el Gobierno personifica; si disiente de él, que renuncie; no se puede combatir aquello mismo que se sirve. Agregaré: no, el empleado sirve al Estado como entidad jurídica, sin consideración al Gobierno; sirve á la Administración en un puesto dado, y mientras no falte á sus deberes y obligaciones, nada hay que reprocharle; la política es independiente de la administración. No: se argüirá, que el Gobierno no puede tener personalmente confianza del empleado que le es hostil y que procuro su caída; el Gobierno ocupa necesariamente el lugar del Estado, á quien representa como su viviente personalidad; la confianza personal, lo mismo alcanza á la política que á la administración.

¡Qué dédalo de luchas y de inconvenientes! Si el empleado se muestra pasivo á las contiendas políticas, malo; si toma parte á favor del Gobierno, ¿qué queda de la sinceridad y libertad electoral? Si se muestra adversario, se hace sospechoso. Y si supusiéramos por un instante que, agradecido al Gobierno ó partido político que estableciera la inamovilidad, se pronunciase á su favor y le otorgase su apoyo, ¿qué se diría? Poderoso arsenal de argumentos en manos de todos los partidos. Lo mejor acaso sería negarle el voto, cosa no nueva en Europa.

Y si, á pesar de todo esto, la inamovilidad acabase con la empleomanía, podríamos darnos por contentos; ¿pero acabará? Veamos.

La inamovilidad abre una carrera dilatada y extensa á nuestra juventud, como en otro tiempo la abrió el claustro y la iglesia, poblando aquél y ésta de individuos que, seres inactivos para la producción y el trabajo, por más que prestaran algún servicio moral y también social, contuvieron el desenvolvimiento de nuestra riqueza, retrasaron nuestra civilización y nos condujeron al más lastimoso estado económico-social que registra la historia de nuestra Patria. Acabadas las guerras, ó disminuidas notablemente; aminorada la emigración á nuestro Imperio colonial, allí tuvieron asidero la savia y la vida de
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fuerzas llamadas á dar prosperidad á nuestros campos, ensanche á nuestro comercio, desarrollo á nuestra agricultura, bienestar general á la Patria; y trocándose en elementos parásitos los que debían haber sido grandes y poderosos agentes de progreso, arribamos fatal y desgraciadamente á una época y á unos tiempos, bien recientes por cierto, que el rubor nacional obliga á no recordar.

De este mal no nos hemos curado; no hemos logrado extirpar todavía esta levadura que, merced al influjo de las ideas modernas y de los moldes de la sociedad del día, se presenta, no en aquella forma imposible ya, sino en otra forma adecuada á las circunstancias, en la forma empleomaníaca. No es dable hoy la sopa de los conventos y la holgura y descanso del cláustro, ni el beneficio de la Iglesia; pero se aspira á la sopa del Estado, pues muchos buscan un destino público para seguir una carrera literaria (lo cual es loable, aunque lo sería más que fuera para una carrera comercial, artística ó especial), ó para ayudarse, como vulgarmente se dice, lo cual significa que el pretendiente tiene otra ocupación independiente en que cifra su subsistencia con especialidad: se aspira al reposo y tranquilidad de la oficina, que asegura el presente y el mañana, sin temores, sobresaltos y molestias, contentándose con un pasar modesto, especie de coro y de rectoría conventual; se aspira luégo á una jubilación, descanso para la vejez, especie de diezmo y de primicia con que el Estado subviene á las necesidades del que á él ha vivido adscrito toda la vida, ó la mayor parte de la vida.

No quiero ni debo continuar trazando el cuadro que solamente he borrajeado, para recordar nada más la semejanza que ofrece en tesis general la entidad empleado público de hoy con la entidad monástica y presbiterial de otros tiempos, dicho sea sin ofender ni lastimar á nadie; que bien sé yo que hay muchas y honrosas excepciones, como las hubo en los conventos é iglesias, de donde brotaron rayos luminosos de saber y de virtud, y hombres que ilustraron con el ejemplo y la enseñanza, y prestaron con sus consejos y energía eminentes servicios á la Patria.
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Entonces es de advertir que los cargos públicos no brindaban gran interés y gozaban de hecho de una verdadera inamovilidad, no sé si porque los llamados covachuelistas no disfrutaban pingües sueldos, porque no fueran bien mirados por el predominio que ejercía el espíritu más teocrático que religioso, ó por otras causas que no he de meterme ahora á investigar. Únicamente indicaré que entonces los destinos públicos eran escasos en número, por la simplicidad de funciones que el Estado desempeñaba y la gran descentralización administrativa, ó, mejor dicho, abandono administrativo que existía, pues los Ayuntamientos ó Concejos eran autónomos, gozaban de grandes inmunidades y privilegios, ejercitaban libremente su acción y su iniciativa, vivían de tradiciones, de fueros locales, de costumbres particulares, sin verdadera organización jurídico-legal, y menos en la parte referente á su hacienda municipal, que justo es decir no andaba por eso peor que en los tiempos que corremos. Mas ni el sistema de presupuestos estaba establecido, ni los tributos legislados sobre bases convenientes, ni deslindadas las funciones y la esfera de acción del Estado, de la Provincia y del Municipio, ni, por consiguiente, tenía ninguna de estas tres entidades definidos sus derechos en orden al impuesto y á la administración propiamente dicha.

Lo que si estaba bien marcado era el orden político, que residía en una sola personalidad con poderes discrecionales ó casi discrecionales, que en su ejercicio no tenía facultad de contener ningún otro organismo social, aunque de hecho muchas veces le contuviera. Así es que, como no había, ni el llamado juego de los partidos, ni el movimiento, cambio y trasformación gubernamental en las personas y en las cosas, parece natural que los empleados públicos se murieran de viejos, empolvados en los archivos del reino e ignorados en una miserable covacha. Por otra parte, como la Iglesia ejercía un dominio tan extenso y absorbente, y poseía inmensas riquezas, natural parece también que á ella se acogiera la juventud y fuera el punto de mira de todos, ya que proporcionaba honra y provecho á un mismo tiempo.
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Apuntamos estas ideas para venir á nuestro objeto de examinar en su fuente y raíz los inconvenientes que en el sentido expresado puede originar la inamovilidad.

Bien cercana tenemos aquella época en que las principales, por no decir únicas carreras que emprendía la juventud, era la de Abogado, Médico y Cura; poco á poco fué haciéndose paso la carrera militar, y los que no podían ó no querían seguir ninguna de las tres, tomaban el camino de las Américas: la carrera de la emigración y de la aventura, para la que tampoco estaban preparados, porque desconocían las nociones científicas más elementales y necesarias para dedicarse desde el momento con fruto á las ocupaciones del comercio y de la industria, únicas que por su manera de ser eran aptos ó capaces de abrazar y desempeñar.

Vese, por tanto, que la juventud se movía en un círculo reducido; y aquel que de la escuela pasaba á la segunda enseñanza ó á la Universidad, ya se consideraba inhábil para todo trabajo mecánico ó agrícola, y de aquí que, cuando no podía arribar á un título académico, ó por su desaplicación ó por desgracias materiales de familia, ésta ó sus padres procurasen conseguirle un empleo público, cualquiera que él fuese, pues para desempeñarle no dudaba nadie de la suficiencia de sus aptitudes; que corre como máxima que «para un destino del Estado todo el mundo sirve;» y cuando llegaba á adquirir un título académico, verificábase lo propio, aunque en otra escala, resultando de todo esto el descuido ó abandono de ciertos estudios y de determinadas carreras llamadas especiales, con grave daño de la agricultura, de la industria, del comercio, consideradas cosas empíricas ó rutinarias, y, por consiguiente, con visible menoscabo de la riqueza pública.

Va hoy poco á poco, merced al influjo de las ideas, á la reglamentación de ciertas carreras, á la oposición y al desarrollo de los intereses materiales, debilitándose tan perniciosa corriente, y se ve á la juventud entregada ya al estudio de conocimientos de índole distinta, pero que son los únicos que pueden servir para acrecentar y desenvolver las fuentes de la