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Un empleado, después de varios años de servicios prestados con inteligencia, celo y probidad en una oficina, al salir de ella produce una verdadera perturbación en los negocios, más ó menos duradera y profunda, pero bastante para ser sensiblemente apreciada y causar menoscabo á los intereses públicos; y, como los empleados que en estas condiciones renuncian ó salen del servicio del Estado es para servir á una empresa particular ó emprender otros negocios, resulta por eso que son los más competentes, ilustrados y laboriosos, que de otra manera no serían solicitados ni se aventurarían á perder lo cierto por lo dudoso.

No los censuramos, no, porque tomen esa determinación; pero al mismo tiempo importa no olvidar que el Estado reconoce algún derecho á los servicios de ese empleado que así le abandona, supuesto que á su calor ha vivido, ha adquirido la práctica y conocimiento de los negocios y conseguido nombre y fama que le valen para conquistarse una independiente posición.

No pretendemos tampoco decir que este derecho sea tan fuerte y absoluto que sirva para retener al empleado contra su voluntad; mas si para ponerle cortapisas, tales como la de anunciar, con seis meses ó un año de anticipación, su renuncia ó dimisión, á fin de que el que haya de sucederle se vaya enterrando bien de los asuntos que estaban á su cuidado, limitar su vuelta al servicio, regular sus derechos pasivos, etc., etc., todo con la equidad, la moderación y la prudencia que debe presidir en resoluciones de esta índole. Pero no establecer ninguna cortapisa, ni poner ningún valladar, es constituirse el Estado en una especie de indefensión y exponer los intereses públicos á evidentes daños y amenazas.

Esto, de primera intención, no se ve ni se advierte; pero ¡ah! ¡cómo se toca en el seno de los departamentos! ¡Cómo allí se siente y se percibe! Si en una casa particular, en una empresa ó compañía ocasiona de momento visibles estorsiones la salida de un entendido y celoso administrador ó empleado, ¿se supone de distinta condición la casa del Estado, siquiera sea
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más vasta é importante, para que el mismo hecho no opere idénticas consecuencias? Sucede que no se ve ni advierte como cuando de particulares se trata, porque el Estado es más rico, abarca y comprende una extensión de servicios y de negocios que cierra los ojos á la luz de los detalles, para no apreciar y considerar más que el conjunto, que, en último término, con los detalles se forma. Los clamores contra la administración, contra los presupuestos, contra los servicios; los descuidos, despilfarros, irregularidades y filtraciones, vienen á revelarse después que los hechos están consumados, sin advertir que se producen en el fondo de las oficinas, entre el polvo de los expedientes y por empleados desapercibidos ó desconocidos, agentes invisibles y ciertos del mal.

Por todo esto se pide la inamovilidad, para producir la competencia, la moralidad y el orden administrativo; y por todo esto digo yo que no ha de ser igualmente estimado y recompensado aquel empleado que constantemente, durante toda su vida, presta al Estado sus servicios, que aquél otro que, abandonándole en los momentos y circunstancias en que era más valioso y útil su trabajo, por su propia voluntad, sin justa causa, va á entregar á una empresa ó á un particular el fruto de su saber é inteligencia, adquiridos mediante el presupuesto del Estado.

Si no estoy equivocado, porque no entiendo de las cosas de la milicia, al oficial que pide y obtiene el reemplazo, la separación del servicio ó la absoluta, se le ponen limitaciones y cortapisas para volver á él, y sus sueldos se regulan de otra manera. La analogía, en este caso, entre el empleado de guerra, si así puede decirse, y el empleado civil me parece bastante marcada para que, conforme á ella y á las indicaciones precedentes, con otras que en obsequio á la brevedad omito en punto á la libertad personal del empleado civil de abandonar ó renunciar su puesto, deje de establecerse alguna limitación ó medida que concilie los intereses comunes y ponga á salvo, ó, por lo menos disminuya, los perjuicios que por aquella causa pueda sufrir la administración.
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Sigamos examinando la inamovilidad en su aspecto jurídico.

Dijimos antes que el Estado no podía ser de peor condición que el particular, y que la inamovilidad administrativa constituía una ley de excepción. Esto sentado, ocurre preguntar: ¿Cuál será la causa motivo de la ley y de la convención? ¿Reunirá la cualidad esencial de licita? Porque si no reviste esta cualidad resultará un nuevo inconveniente, una nueva oposición entre el hecho y el derecho.

Es aforismo sobrado conocido el de que salus populi suprema lex esto; mas es de advertir también que tal máxima justifica el hecho transitoriamente, pero no justifica el derecho; de modo que ella por sí sola no serviría para fundamentar jurídica y permanentemente la inamovilidad. Es preciso, por tanto, remontar la investigación á más altas esferas, para hallar y examinar la causa que buscamos.

Estas esferas residen allí donde vive y funciona el organismo político social, que se diferencia por su índole y esencia de los organismos que constituyen las demás entidades ó personas jurídicas. El organismo del Estado difiere por razón del sujeto, del objeto y del servicio. Su extensa complejidad; la representación anónima, por decirlo así, y extremadamente variable que ostenta; la diversidad de intereses que le agitan; la serie de concausas individuales y sociales que le mueven; los fines á que aspira; los medios á que se presta; el juego de las pasiones que sin cesar pelican dentro y fuera de él; y el supremo factor de la política, que frecuentemente lo informa, lo absorbe y domina todo, subordinando y sotetiendo á su personal y utilitaria conveniencia los actos gubernamentales y las determinaciones del poder que manda y del poder que aspira á mandar, motivos son que, unida y separadamente, precisa considerar y tener muy en cuenta para determinar y apreciar la licitud de la causa que indicamos.

Aquí, por de pronto, hay que invertir por un momento los términos de la cuestión y del raciocinio. Al concurso de las circunstancias que acabamos de apuntar se atribuye el mal que
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sufre la administración, porque ellas dan por resultado la inmovilidad del empleado, y, como consecuencia, el desconcierto de las oficinas, el retraso de los expedientes, el abuso de los funcionarios, la lesión, en una palabra, que en este concepto experimentan los intereses públicos, que es lo que con la inmovilidad se trata de prever y evitar, ya que ninguno de los otros medios escogitados hasta el día han dado tan noble y justo resultado.

El fin es, pues, lícito de toda licitud, independiente de la personalidad del empleado. Si la inmovilidad se eleva á precepto legal, no es en su beneficio sino en beneficio del Estado, que así cree procurar por sus bienes y por los intereses generales que están á su cuidado y dirección. Por lo mismo se ve también que la causa es meramente real y perfectamente lícita en sí, sin que quepa decir que media error, ni sustancial ni accidental, supuesto que hasta aquí el hecho y el derecho guardan conformidad.

Lo único que podrá argüirse es que la inmovilidad administrativa no va á dar el satisfactorio resultado que con ella se pretende, lo cual, aun suponiendo por un instante que no careciera de verdad, nada demostraría en contra de la licitud de la causa motivo de la determinación, ni del fin que el Estado persigue, sino que sería un mero accidente apreciable á posteriori, y que de resultar cierto serviría para deshacer lo hecho e inventar otros procedimientos que condujesen al fin propuesto. Lo único que por ahora debe verse aquí, es que la inmovilidad no es ilícita, ni por razón de las cosas, ni por razón de las personas; y siendo incontrovertible este aserto, el pacto ó convención que se forma entre el Estado y el empleado jurídicamente no claudica ni encierra vicios de nulidad ó rescisión, máxime cuando la inmovilidad no es completamente absoluta, sino que está contenida y limitada, ya por los principios generales de la contratación que regulan su ejercicio, desenvolvimiento y efectos, y sobre todo por las reglas especiales que el Estado, en uso de su derecho, establezca para hacer eficaz el mútuo cumplimiento de las obligaciones respectivas,
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y dar por rota la convención cuando á ellas se falte, separando al empleado, suspendiéndole y exigiéndole la responsabilidad civil y criminal á que se haya hecho acreedor.

Por otra parte, el Estado legisla y contrata sobre materia suya propia, sin otra limitación que la que impone la moral y consigna el derecho escrito que, como hace un instante apuntamos, ni en poco ni en mucho se oponen á la inamovilidad.

Empero aún es de rigor ahondar este extremo capital de la cuestión presentándola descarnada y escueta en su aspecto propio, que es el aspecto político.

Que la política haya creado en nuestra Patria un mal tan grave, al que no se le encuentra más remedio que ligar y obligar á la administración á que sostenga sus empleados, haciendo una ley de excepción que ninguna sociedad ni particular consentiría ni aceptaría, es verdaderamente una acusación sensible al sistema y un cargo gravisimo á los Gobiernos y á los partidos. ¡A cuántas consideraciones tristes se presta este hecho! El mal es indudablemente muy grande y profundo, cuando el remedio propuesto es tan radical y depresivo para el Estado. Yo tengo un consuelo y una creencia, y es que el mal se exagera. La corrupción y el desconcierto no son, no, lo que se supone.

La ingerencia de la política en la administración, y más que ingerencia el dominio que la primera ejerce sobre la segunda, depende en gran parte del organismo del Estado, que suministra una cantidad no pequeña del mal que se lamenta. La centralización de los servicios públicos; la estrechez de facultades conferidas á sus agentes administrativos y á las autoridades (hoy, por ejemplo, un Gobernador de provincia no puede nombrar un agente de Orden público, excepto en Madrid); la tutela é inspección á que el Estado lo somete todo, debilita y empobrece las extremidades del cuerpo social, yendo su fuerza y energía á parar á la cabeza, que no puede soportar la enormidad del peso, dificultando, por consiguiente, ya que no paralice, los movimientos del cuerpo, y convirtiendo á la vez el
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Gobierno central en el único y necesario dispensador de todas las gracias, beneficios y favores.

¿Y qué resulta de aquí? Pues resulta como indeclinable secuela el sometimiento de la administración á la política, porque aquélla no puede moverse sin la intervención y consentimiento de ésta, sujeta á la ley de los partidos y á las exigencias consiguientes al parlamentarismo. De manera que, por lógica y precisa deducción, los empleados no son hijos de la administración, sino hijos, é hijos mimados, de la política; y como ésta cambia á cada momento, á cada momento cambian y se suceden sus hijos, que no pueden vivir, que se cree que no deben vivir sin el padre que les dió el ser, que se llega á suponer que no es dable que vivan, porque arrebatan el pan y el alimento á los verdaderos y legítimos hijos del partido dominante, que tienen sobre el presupuesto un derecho preferente á los del partido caído.

La descentralización disminuiría las desastrosas consecuencias de tan fatal concepto, y la vida y la acción, que reside ahora exclusivamente en el centro, iría á repartirse entre las extremidades.

Pero dejando á un lado este punto, que por sí solo constituye un vastísimo tema, es indudable que, contra la voluntad de los Gobiernos y los deseos de los partidos, mientras el Estado sea omnipotente y sólo tenga que habérselas, como actualmente sucede, con ciudadanos disgregados, con útonos sueltos, mal de que se lamenta Renau, diciendo: «que, por el espíritu que hasta ahora habían inspirado las revoluciones, se encontraban frente á frente millones de enanos y un gigante,» la calamidad empleomaníaca, como la llamó un festivo escritor, no se extinguirá ni aminorará.

Semejante idea la completa uno de los hombres más eminentes y prácticos de la Italia contemporánea, nación que en este particular tiene íntimas analogías con la nuestra, el ilustre Minghetti, con estas palabras: «La duración y eficacia del sistema parlamentario dependerán en gran parte de que se escogite el medio de dejar la justicia y la administración á salvo
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»de la ingerencia de los partidos políticos; lo primero se ha buscado en nuestra patria estableciendo la inamovilidad judicial; para conseguir lo segundo, hay que ir, se dice, á la inamovilidad administrativa.»

Adviértese que por este camino se intenta mantener la pureza del régimen parlamentario, quitando las ocasiones y los pretextos para solicitar y obtener, á expensas de su poder, casi omnímodo é irresponsable, favores y gracias del Estado y de los Gobiernos, y que no se corrompa y bastardee, poniendo así barrera y coto á las fragilidades y pasiones de los hombres públicos, que muchas veces no pueden excusar, porque los empujan sus comitentes, sus conciudadanos, que saben que únicamente de los Gobiernos les es lícito esperar mercedes y empleos, y que éstos, por el enlace natural de la política, no pueden negarlos, ó al menos no deben negarlos, á los representantes en Cortes.

Todo está eslabonado en la vida de los seres, y dada una premisa, un antecedente, las consecuencias son inevitables. Esta situación de las cosas, estas prácticas, este modo de ver y considerar las gentes la cosa pública cual si fuera una especie de patrimonio del que manda, distribuible á merced del capricho ó de la influencia, trae también, entre otros muchos males, la falta de sinceridad electoral, contra la que tanto se declama, falta atribuible á todos, los de arriba, los de abajo y los de en medio; falta que reside en el sistema mismo, ó, cuando menos, en los peligros del sistema, inevitables frecuentemente, sobre todo en tiempos de revuelta y de mudanza, que nosotros hemos, por desgracia, atravesado; tiempos que no son ni pueden ser á propósito para mejorar y consolidar las costumbres públicas, base de un buen régimen político y administrativo noblemente entendido y lealmente practicado.

Tenemos ya la inamovilidad administrativa obrando como medio sobre todo el organismo del Estado, para mejorarlo, purificarle y contenerle dentro de su verdadera esfera de acción legal y parlamentaria; y aunque no fuera más que esta sola consideración, sería más que suficiente para medir la importancia y
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trascendencia de la idea, y la licitud y justicia de la causa que la motiva y apoya.

Aparece también, por una serie de deducciones tan lógicas como convincentes, que el Estado es el principalmente interesado en ir á la inamovilidad administrativa, para corresponder á sus fines y realizar en la esfera del derecho los altos deberes y las sagradas obligaciones que sobre él pesan. Adviértese, asimismo, cómo una mera cuestión de procedimiento, cual es la inamovilidad, vá á influir directamente sobre el fondo y la esencia de un sistema, haciendo aquél las veces y el oficio de moderador, defensor y hasta director de los intereses generales y particulares confiados al Estado, y de los que es el sistema salvaguardia y mantenedor legal. Y se echa de ver, en conclusión, que la causa que determina la inamovilidad es, según dejamos repetido, licita y justa, real y personalmente. El hecho es armónico con el derecho.

La necesidad de las garantías administrativas, sin las cuales todo sistema político es imposible, exige la inamovilidad de los empleados, unida á su responsabilidad y á la responsabilidad también de todos los gestores de la cosa pública. Todos los tratadistas y publicistas convienen en que es preciso preservar la administración de la influencia del parlamentarismo y de la hipócrita doctrina de la responsabilidad de los Ministros, como si ella cubriese la de todos sus subordinados.

Ensayos parciales de inamovilidad administrativa se han hecho en nuestra Patria, y la verdad es que los que se llevaron á cabo todavía subsisten, sin que se pensara ni hubiera motivos para pensar en dejarlos sin efecto. Continúan, y seguramente continuarán, lo cual dice mucho en su favor.

La inamovilidad, por otra parte, es un gran alivio y un gran descanso por lo que toca á la personalidad de los gobernantes: les evita serios disgustos, orilla inmensas dificultades, quita de sobre sus hombros una carga pesadísima y casi insoportable. Preguntad á un Ministro que es lo que más le aterra, preocupa y disgusta, y contestará sin vacilar: «La cuestión del personal; no puedo con ella, no sé ya qué hacer». Y tiene razón; no
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estorba; como es también el campo el lugar donde el ojo disfruta durante el día la luz más saludable, enteramente difusa, nacida de un solo foco aparente, no de varias superficies de reflexión, sin fatigarse por el cruzamiento de rayos de desigual intensidad. Ni son menores los daños que en otros respectos se siguen de vivir en centros populosos y dentro de espacios pequeños y cerrados, que acortan, al par del horizonte de la vista, también el del espíritu, é impiden por do quiera la sana y vivificadora contemplación de la naturaleza: con que parece menos extraña y se disculpa aquella afirmación de Rousseau, de que las ciudades son los abismos de la especie humana.

Así, el ideal de la habitación, de toda habitación, está en aproximarse hasta el último grado posible á la vida al aire libre, á la vida del campo, en condiciones higiénicas, en amplitud, en alegría. De esta verdad han nacido infinitos principios de la moderna arquitectura civil, tales como la prescripción de las alcobas interiores, la altura de los techos, la multiplicación de los huecos, la de los paseos y plazas públicas, el afán por purificar siempre la atmósfera viciada y hacer que lleguen á todas partes la luz y el oxígeno; y, por último, el desarrollo del sistema de casas aisladas, rodeadas, ya que no de verdadero campo, de una faja de verdor, al menos, que les dé independencia y las embellezca y saneé.

Esta ley general se impone á todos los países, sin distinción alguna, si bien en cada cual varían su modo y límite, que evidentemente no serán idénticos en el Ecuador y en la Laponia.

¿Cuáles son, ahora, las condiciones propias de nuestro clima, en relación con ella?

En la zona cantábrica, llueve con frecuencia; pero, en cambio, y por esto mismo, la temperatura de sus costas y de la mayoría de sus valles es muy igual y casi primaveral, á lo menos durante ocho ó nueve meses. La sequedad característica del resto de nuestro territorio disminuye, por no decir suprime, una de las causas que más restringen la posibilidad de vivir al aire libre. Donde, al año, caen 131\textsuperscript{mm} de lluvia, como en Sa-
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siendo aventurado afirmar que por ella es por donde suele venir la caída de los Ministros y de los Gobiernos.

Y, sin embargo de eso ¿por qué ningún Gobierno se atreve á poner mano á esta cuestión y resolverla radicalmente, de una vez, con el concurso de todos los partidos? ¡Ah! es que éstos no se ponen de acuerdo: los que mandan, porque quieren mucho; los que están en la oposición, porque creen que se les da poco y esperan conseguir más haciendo la reforma cuando ocupen el poder. Porque ¡cosa extraña! el pensamiento es común; todos convienen en que es indispensable remediar el mal pronta y enérgicamente.

Acaso si se procediera por etapas se llegaría á un acuerdo mutuo y á una común legalidad. Por ejemplo, la experiencia ha demostrado, la práctica confirma, y el proceder de los Ministros ha sancionado hasta ahora, una casi inamovilidad en el departamento de Hacienda. No suscitaría, por tanto, dificultades que la inamovilidad sancionada por el hecho recibiera también la sanción del derecho. El paso estaba dado, el hielo roto, y en este orden y en esta medida, seguir haciendo lo mismo respecto á los otros departamentos y ramos de la administración.

No se nos oculta que se clamaría contra la medida, motejándola de privilegiada, porque hacia de mejor condición á unos empleados que á otros; pero entiendo esto preferible á mantener el statu quo, á dejar hacer y dejar pasar. Esas mismas reclamaciones que, no sin cierta razón, lo reconocemos, se levantarian, impulsarian la reforma general, influyendo poderosamente en los ánimos de todos para ponerla en práctica.

Podría igualmente alegarse que la ley de la inmovilidad carecería de unidad y armonía; pero partiendo de bases bien meditadas, acordadas en Consejo de Ministros y discutidas en el Parlamento, las variaciones que después en su totalidad habría que hacer paréceme á mí que no serian muy sustanciales. El antecedente está establecido: ¿no ha presentado el digno e inteligente Sr. León y Castillo, siendo Ministro de Ultramar, un proyecto de ley de empleados para Ultramar que tiene por
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base la inamovilidad, reconocida de hecho con aplauso público para los empleados de aquel Ministerio? Pues dado el criterio asimilador que inspira la política ultramarina hay perfecta identidad de casos, máxime cuando, si el remedio surge allende los mares, no es menos urgente en la Metrópoli, ni existen desigualdad de condiciones ni diferencia de motivos, para no hacer aquí lo que allí se ha intentado en este particular.

Empero, sea de esto lo que quiera, pues no hemos de hacer hincapié en ello, bastándonos apuntarlo, no cabe desconocer la nueva faz que ofrece la cuestión desde el instante en que dejamos sentado como principio justo y considerado como hecho necesario la inamovilidad. Sus consecuencias son, en todos conceptos, dignas de una detenida observación. Créese, y muy fundadamente, que mejorará desde luégo la administración, tanto en cuanto al personal como á los servicios; que aquél será más idóneo y aplicado, y éstos satisfechos más exacta y cumplidamente, siendo lo segundo consecuencia de lo primero, y como resultado general el palpable beneficio de los intereses públicos. Así las cosas, el problema parece resuelto.

Enrique G. Ceñal.

(Continuará)
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CALDERÓN Y SHAKSPEARE (1)

APUNTES PARA UN ESTUDIO

VI

Sin preparación ni estudio, sin que existieran reglas dictadas por preceptistas, Shakspeare tuvo la intuición que en su émulo no podemos reconocer.

El autor inglés da á la obra escénica la importancia que hoy le conceden los dramáticos contemporáneos: no aparece nunca en sus obras la personalidad del autor. Sólo en las comedias se trasparenta, y eso debido á la estructura que éstas tenían entonces, para explicar á los espectadores lo que ocurrió en el entreacto.

Así como ahora, para dar cuenta de lo que acontece fuera de la presencia del espectador, usa el autor del diálogo en el acto siguiente, en aquella época el autor tenía á su cargo la explicación citada, tal como en nuestro Teatro, antes de la aparición de Lope de Vega, usábase el prólogo que daba á conocer el argumento.

(1) Véase la Revista del 25 de Enero.