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Revista de España (1884-01-01 00:00:00), página 321

EL CÓDIGO CIVIL
EN SUS RELACIONES CON LAS LEGISLACIONES FORALES

INTRODUCCIÓN

¿Qué me propongo al escribir este libro?
Mover la opinión en favor de una idea, cuya encarnación en los hechos sería el progreso más útil y trascendental de cuantos pueden realizarse en el estado actual de la sociedad española. Quisiera poseer talento privilegiado, vasta ciencia y autoridad irrecusable en el Derecho, juntamente con una frase y un estilo seductores, para ejercer con fruto el apostolado en favor de la publicación de un Código Civil que, desterrando la anarquía legislativa en que vivimos, afirmara más y más la grande obra de la unidad nacional.
Careciendo de aquellas dotes, temo que mi voz se pierda.

(1) Delemos á la amistad del Sr. Alonso Martínez las primicias de un libro, todavía inédito, que está sin duda destinado á interesar vivamente la atención pública. No conocemos de él más que algunos capítulos; pero la impresión que nos ha dejado su lectura es la de que su publicación facilitará en gran manera la obra de la Codificación civil y será un gran paso en el camino de la unidad legislativa en nuestra Patria. Sin perjuicio de insertar en otros números de esta Revista los capítulos más interesantes, damos hoy á la estampa el prólogo, porque en él explica el ilustre jurisconsulto, con toda precisión y claridad, la índole y objeto de su libro.—(N. de la R.)
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entre el bullicio y la gritería de los partidos políticos, exclusivamente dedicados en nuestra infortunada Patria á disputarse la presa del poder, más por los goces que produce que por la gloria de acertar en el cumplimiento de los altísimos deberes que impone.

Pero si me falta confianza en el éxito, me sobra fe en la bondad de la empresa, y no debo, por tanto, arredrarme ante el temor de un fracaso. Son muchos los que en España piensan como yo, Condiciones tienen superiores á las mías para hacer la propaganda en la Academia, en el Ateneo, en la Prensa, en el Parlamento, en los Congresos de Jurisconsultos. ¡Que cada cual lleve su óbolo al acervo común, y no tardará el triunfo en coronar nuestros patrióticos esfuerzos!

Una circunstancia me da tal vez el derecho, si es que no me impone el deber, de tomar la iniciativa en este debate.

Por Real decreto de 2 de Febrero de 1880, fueron agregados á la Comisión general de Codificación los Sres. Durán y Bás, Franco y López, Morales, Lecanda, Ripoll y López de Lago, en representación de Cataluña, Mallorca, Aragón, Navarra, Vizcaya y Galicia, con encargo de que cada cual redactase una Memoria sobre las instituciones forales más importantes de su respectiva provincia. Cumplida por dichos señores esta disposición soberana, que honra ciertamente al Ministro que la aconsejó á S M., y ocupando yo á la sazón el Ministerio de Gracia y Justicia, entendí que debía convocarles, y les convoqué en efecto, para discutir con ellos hasta qué punto podían transigirse las diferencias. Había tenido ya para entonces la honra de presentar en el Senado los dos primeros libros del proyecto de Código Civil, seguro de que en ellos no había nada que chocase con el régimen de las provincias forales. Faltaba articular todo lo relativo á sucesiones y contratos, que es donde el particularismo opone fuertes obstáculos á la unidad legislativa de nuestra Patria; pero por si en esto me equivocaba, y de todas suertes para prevenir todo género de quejas y disgustos, reuní privadamente á los Sres. Durán y Bás, Franco y Morales, y les invité á que formularan por sí mismos las cuestiones que debía
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yo someter á las deliberaciones de la Comisión de Codificación.

Obra es, pues, el cuestionario de los representantes de las provincias de Navarra, Aragón y Cataluña, y esto me hace creer racionalmente que no se ha omitido en él nada que sea sustancial.

La Comisión en pleno ocupó numerosas sesiones en la discusión de las bases á que había de sujetarse la redacción del resto del proyecto de Código Civil; y ya que á sus deliberaciones no asisten taquígrafos que recojan íntegros los discursos, justo es que debate tan luminoso no permanezca en la oscuridad y el misterio. Yo, que tuve la honra y la fortuna de presidirle, estoy en el deber moral de dar cuenta al país de su resultado. Cumplo, pues, por mi parte, abriendo la campaña para que la lleven á feliz término adalides más hábiles y esforzados.

Por último, la publicación de este libro llena otro fin que, si por ser en parte personal puede parecer pequeño al lado de los dos fines primordiales ya mencionados, no carece, sin embargo, de verdadero interés.

Los hombres públicos se deben á su país, y están, por tanto, obligados á darle cuenta de sus actos, demostrando con pruebas positivas—que no con bellas y sonoras frases—la formalidad de sus propósitos y la sinceridad de sus promesas. Al aceptar en Febrero de 1881 la cartera de Gracia y Justicia, expuse el programa de las reformas legislativas que imperiosamente exige nuestro estado social. Ofrecí entonces someter á la deliberación de las Cortes el proyecto de un nuevo Código de Comercio, la reforma del Código Penal, una nueva organización de la justicia criminal con el juicio oral y público, la instancia única y Tribunales colegiados, y finalmente, un proyecto de Código Civil con leyes especiales, que le sirvieran como de apéndice para las provincias de régimen foral.

El proyecto de Código de Comercio, presentado en 18 de Marzo de 1882, discutido y aprobado está á la hora presente por el Congreso de los Diputados. El proyecto de Código Penal
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reformado, fué leído en el Senado el día 11 de Abril de 1882, y los Sres. Senadores de la Comisión son buenos testigos de mis excitaciones y apremios amistosos para que á la posible brevedad redactaran su dictamen. Movianme á apremiarlos, no sólo el convencimiento de las grandes mejoras que contiene el proyecto, sino también la circunstancia de ser su promulgación un complemento indispensable del nuevo procedimiento criminal. Hay una multitud de hechos que el Código vigente clasifica entre los delitos, y que por su insignificancia no merecen ser sometidos á los solemnes debates del juicio oral y público. Levantando el nivel de las faltas en el libro 3.º del Código Penal, se impedirá la excesiva acumulación y consiguiente estancamiento de los negocios en las Audiencias de lo criminal, ganando en ello la celeridad de los fallos á la par que la dignidad y el prestigio de la Justicia. Votada la reforma en los términos por mí propuestos, se calcula en ocho mil el número de causas que deben pasar á la Justicia municipal, en cuya organización hay que pensar seriamente, porque es la que más interesa á la inmensa mayoría de la Nación.

En cuanto al juicio oral y público, funcionando está en toda España desde el día 1.º de Enero de 1883, no tocándome á mí decidir si anduve ó no acertado en su planteamiento. Lo que sí digo, es que reforma tan trascendental no podía demorarse sin desdoro del buen nombre español—que mengua de la Nación era conservar en nuestras leyes un procedimiento criminal condenado por la ciencia y proscrito en todo el mundo civilizado.—A decir verdad, y para hacer justicia á todos, el pensamiento de esta reforma no es mío, ni de mi digno antecesor, ni siquiera de la Revolución de 1868. Son muchos los Ministros que durante el reinado de doña Isabel II pensaron en su establecimiento, dando de esto testimonio irrecusable los libros de actas de la Comisión de Códigos. La dificultad con que siempre se tropezó, no fué por cierto el espíritu más ó menos liberal y progresivo de la ley de Enjuiciamiento, sino la composición de los Tribunales colegiados; porque no acertando en esto, se corría el riesgo de desacreditar en nuestra Patria una institu-
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ción jurídica que ha adquirido carta de naturaleza en todos los pueblos cultos. Difícil era el problema, dado el estado del Erario y la imposibilidad de echar nuevos gravámenes sobre los atribulados contribuyentes; pero me lisonjea la esperanza de que el sistema iniciado por mí siendo Ministro de Gracia y Justicia en 1874, aprobado por la Comisión de Códigos en 1875 y 1882, y mejorado posteriormente por el Congreso de Diputados, dará por resultado el arraigo del juicio oral, que ha comenzado á funcionar bajo los más brillantes auspicios y asociándose á él con efusión la masa del país. La práctica del juicio oral ha puesto de relieve que el secreto de la investigación judicial privaba á los testigos—y en los crímenes colectivos á los co-reos que han sido meros instrumentos materiales del delito—del valor viril que para decir á la Justicia la verdad les infunden hoy la solemnidad de los debates, la presencia del pueblo y la garantía y respetabilidad de la Audiencia de lo criminal; siendo, por último, sorprendente la espontaneidad con que acuden los testigos al llamamiento del Ministerio público, y la soltura y serenidad con que dan su testimonio, á pesar de la falta de preparación y costumbres adecuadas á la índole de la institución. Puestos ya felizmente de acuerdo los Ministerios de Gracia y Justicia y Hacienda sobre el modo de pagar la indemnización en el acto á los testigos que vivan de su trabajo, podemos lisonjarnos con la idea de que el pueblo español ha conquistado definitivamente el juicio oral y público para la administración de la justicia criminal.

No quiere esto decir que no haya algo que reformar así en la ley de Enjuiciamiento como en la orgánica de Tribunales. Cabalmente al determinar el número y distribución de éstos, supe con sorpresa y pena que el cuadro sinóptico de los trabajos judiciales que se publica todos los años como apéndice al discurso solemne de apertura, no retrata la verdad de cerca ni de lejos, ni puede tomarse siquiera como un dato de aproximación. Encontrándome, pues, sin estadística, hube de improvisarla. ¿Cómo y por qué medios?

Recordé que en las Audiencias territoriales se llevan tres
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libros: uno en que se insertan los partes de formación de causas, otro en que se anotan los autos de sobreseimiento, y un tercero en que se copian íntegramente las sentencias definitivas recaídas en las causas criminales. Pedí, pues, á los Presidentes un extracto fiel de los tres libros; y no contento todavía con esto, ordené á los Jueces de primera instancia que me remitieran un estado de todos los procesos incoados, sobreseídos y sentenciados en su juzgado respectivo durante el año inmediatamente anterior. La conformidad de ambos datos, ó sea la identidad de su resultado, me inspiró gran confianza en su certeza, hasta el punto de creer que había suplido con ventaja la falta de una buena estadística en la Secretaría del Ministerio. Ahora es cuando empiezo á dudar, en vista de lo que leo en documentos oficiales revestidos de gran autoridad. Me atrevo, sin embargo, á pedir, ya que carezco de títulos para aconsejar, que no se proceda con precipitación, sino que antes bien se espere para la reforma á reunir mayor caudal de experiencia, pues es todavía escaso el que hasta aquí hemos podido allegar.

Y en la hora de la reforma, es menester no olvidar tampoco que la estadística criminal no es más que uno de los elementos del problema, siendo tanto ó más esencial que él el de las distancias, sobre todo si éste se combina con el estado de las carreteras y vías férreas, y con los accidentes del terreno y las condiciones del clima, que en ocasiones impiden comunicarse á dos pueblos próximos, tal vez limítrofes, pero separados por una montaña, que hacen las nieves inaccesible durante meses enteros. Yo formé un estado comparativo de nuestras Audiencias de lo criminal con los Tribunales similares establecidos en Francia, Italia, Bélgica y Alemania, y de él resulta: que si bien es menor el número de causas criminales de que por término medio debe conocer cada una de nuestras Audiencias, en cambio es inmensamente mayor la distancia que tienen que recorrer los testigos; estando, por tanto, más lejos, mucho más lejos la justicia del justiciable en España que en el extranjero. Por último, hay en la división judicial y distribución de las Audiencias irregularidades que nacen de nuestra defectuosa
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división de provincias, y que por lo mismo son irremediables, al menos para el Ministro de Gracia y Justicia.

Pido perdón á mis lectores por esta digresión; y reanudando ahora el hilo de mis ideas, momentáneamente roto en interés de una institución que no quisiera ver malograda, diré, en cuanto al Jurado, que estaba revisando y corrigiendo el proyecto de ley que el Sr. Romero Girón había redactado por encargo mío, cuando surgió la crisis que me obligó á retirarme del Ministerio, habiéndose leído pocos días después en el Senado dicho proyecto tal como salió de las manos de su ilustre autor.

De mi programa de reformas legislativas sólo ha quedado, pues, sin cumplir en parte la relativa al Código Civil. Y no ciertamente por tibieza, poco celo ó escasa actividad: no, cabalmente, mi más viva aspiración era dotar de ese Código á mi país. Y temeroso de que los acontecimientos se precipitaran y el giro de la política me obligase á dimitir, me apresuré á leer un proyecto de autorización, que va inserto en el Apéndice, al día siguiente de terminarse en el Senado la discusión del Mensaje. Entendía yo que éste era el método más breve y expedito para realizar pronto y bien reforma tan codiciada: y por cierto que no he cambiado en este punto de opinión. Dos Asambleas numerosas, y de carácter eminentemente político, pueden y deben discutir los grandes principios y las bases fundamentales de la legislación civil; pero no hacer el Código, que es una obra científica y artística, más propia de una comisión facultativa; y aun ésta debe componerse de un personal muy reducido, para que la obra no se resienta de falta de unidad.

¡Contraste singular! Nadie ha extrañado que las Cortes die- ran al Gobierno una especie de voto de confianza para reformar radicalmente la Administración de la justicia criminal, y en cambio se tiene por temeraria la autorización para la promul- gación de un nuevo Código Civil. Pues, bien; yo digo, con la más profunda convicción, que lo primero era mucho más grave y arriesgado que lo segundo. Las bases para el procedimiento criminal eran tan vagas, y sus términos tan elásticos, que lo
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mismo podía hacerse con ellas una ley de Enjuiciamiento muy liberal y progresiva, que otra restrictiva y reaccionaria. Y por otra parte, la organización de los Tribunales colegiados, llave verdadera del edificio, era una novedad, iba á ensayarse por vez primera, y, por lo tanto, corriamos el riesgo inminente de equivocarnos de buena fe, desacreditando la institución del juicio oral y perturbando hondamente la Administración de la justicia, en lo que ésta tiene de más íntimo y esencial para el mantenimiento de los más altos intereses sociales, á la vez que para la garantía de los derechos sagrados del individuo siempre amenazados por el poder absorbente del Estado; mientras que en la redacción de un Código civil, la Comisión de Codificación y el Ministro, podían, sin duda, andar más ó menos acertados, pero siempre su obra habría sido un gran progreso sobre lo existente.

Compréndese que las provincias de régimen foral se alarma- ran á la idea de dejar en manos de la Comisión Codificadora, y en último resorte á merced del Gobierno, la suerte de sus queridas instituciones seculares; pero para obviar este inconveniente y llevar al ánimo de los habitantes de esas provincias la tranquilidad, el Gobierno respetaba sus usos, fueros y costumbres, prometiendo solemnemente someter en su día á la deliberación de las Cortes los oportunos proyectos de ley.

Concíbese igualmente que la Nación entera se hubiera mostrado inquieta y mal contenta, si sus representantes hubieran abdicado en los Ministros la facultad de resolver en este ó el otro sentido la cuestión vital del matrimonio, que por un lado afecta á la libertad de la conciencia, y por otro se liga con tradiciones venerandas y creencias seculares del pueblo español, que ningún Gobierno podrá herir en mucho tiempo impunemente; mas el proyecto de ley orillaba esta dificultad planteando el problema é indicando su resolución en una base que podía ser desacertada, pero que estaba concebida en términos muy claros y concretos, sin disimular ni ambigüedades, y que podía ser corregida y mejorada por las Cortes.

No había, pues, ningún peligro serio en otorgar la autori-
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zación; porque las bases, por su precisión y por su número, bastaban á aquietar todos los escrúpulos. Por de pronto, había una que por sí sola debía infundir tranquilidad á los más asustadizos, es, á saber: la que se refería al proyecto de Código Civil de 1851, obra de nuestros más ilustres Jurisconsultos contemporáneos. Sustancialmente, lo que había que elevar á ley del Reino era este proyecto, conocido de todos cuantos en España se dedican al estudio del Derecho; por manera que la autorización en rigor se concretaba: Primero, á las modificaciones que la Comisión general de Codificación estimara oportuno introducir en él con vista de los informes elevados al Ministerio por los Tribunales, Colegios de Abogados y otras corporaciones. Segundo, á cualesquiera alteraciones que á juicio de la misma Comisión demandasen el estado actual del país y los adelantos que ha hecho la ciencia desde 1851 hasta el presente. Y tercero y último, á los cambios que exigieran las 17 bases que contenía el proyecto, ó, más bien, las que en definitiva votaran las Cortes.

Si este proyecto de autorización se hubiera aprobado, tendríamos ya á estas horas, ó estaríamos muy cerca de poseer el Código Civil.

La Comisión que nombró el Senado, aunque compuesta de amigos personales muy queridos y de corregigionarios políticos sumamente benévolos conmigo, parecía como preocupada de la magnitud de la empresa y de su inmensa responsabilidad moral; y con el mejor deseo del acierto, así como para disipar todo género de escrúpulos, decidió celebrar públicas y solemnes conferencias, invitando á los Sres. Senadores y Diputados, y á insignes Jurisconsultos que á la sazón no pertenecían á ninguna de ambas Cámaras legislativas, para que la ilustraran con su experiencia y sus luces. Diéronse cita en aquellas solemnes reuniones insignes Prelados de la Iglesia española, á la vez que Jurisconsultos eminentes y hombres políticos de primera fuerza, luchando cortésmente, pero con energía y con fe, apóstoles de la idea católica tan elocuentes como el Cardenal Payá y el Obispo de Salamanca, y representantes de la es-
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todas, ha sucedido en nuestro tiempo vivo interés por promover la mejora de las construcciones y mobiliario escolares. Alemania y Suiza dieron la señal, en punto á lo primero; los Estados Unidos, en cuanto á lo segundo (1). Pero en esta saludable reacción, que comienza á extenderse hasta nosotros, se han descuidado muchas veces los más razonables principios; porque, ni los constructores, por su parte, ni los maestros y pedagogos, por la suya, han solidó procurar informarse convenientemente de las verdaderas exigencias del problema. De aquí que la mayoría de las nuevas escuelas, aun en los pueblos más adelantados, se hayan hecho sin atender á dichas exigencias, teniendo en cuenta, casi en exclusivo, ciertas reglas generales de arquitectura aplicables á muchas clases de edificios—es decir, sin estudiar lo que es una escuela—y sólo ahora es cuando empieza á comprenderse que hay que preocuparse de las condiciones peculiares de tal género de construcciones. Desde este momento, lo que podría llamarse la dictadura del arquitecto, está herida de muerte. Pero á esta dictadura amenaza sustituir otra, quizá más disculpable, pero no menos parcial e injusta: la del médico, ó para hablar con mayor propiedad, del higienista. Todavía en el Congreso de Bruselas (1880), las cuestiones de local y mobiliario se han discutido—muy bien por cierto, en ocasiones—como pertenecientes á la higiene escolar (2).

Del exclusivismo de ambas dictaduras, la antigua y la novísima, nace que el movimiento actual, con ser tan fecundo, padezca de ciertos vicios, fáciles de corregir, con sólo atender á los preceptos pedagógicos; y que las escuelas suizas y alemanas, entre otras, ó muchas de las últimamente construidas en París, muestren el más lamentable abandono en punto á condiciones de fundamental interés para la educación en los

(1) Los primeros estudios y ensayos hechos en Norte-América para dar á la mezcla ciertas condiciones, datan de 1854.
(2) Véanse los Rapports préliminaires, así como las Discusiones posteriormente dadas á luz, en 1883.—También Riant, Hygiène et éducation dans les internats, páginas 45 y siguientes.
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cuela democrática tan distinguidos como el Sr. Montero Ríos y el malogrado Sr. Figueras. ¡Ah! ¡No se borrará de mi memoria, mientras viva, el grato recuerdo de aquellas luminosasísimas conferencias!

Debo ser, sin embargo, sincero: al país se le debe siempre la verdad, como á los Monarcas, á quienes sólo se sirve bien cuando se les habla con franqueza, aunque con respeto. El interés, ardimiento y pasión de los debates se concentraron en la cuestión candente del matrimonio; luégo que ésta pasó, sobrevinieron el decaimiento y el desmayo; la discusión se deslizó tranquila, ó, mejor, languidamente; los escaños estaban casi desertos, y apenas si pude sacar, de aquella especie de diálogo ligero que sucedió á la discusión de la tercera base, más que dos impresiones: la una, que difícilmente se encontrarán en el Senado ni en el Congreso mayorías que se presten á renunciar al sistema de las legítimas y las mejoras de Castilla en materia de sucesiones ó herencias; y otra, que era bastante general el deseo de que el Gobierno sustituyera á las bases el proyecto íntegro de Código Civil, siquiera la votación hubiera de recaer tan sólo sobre un artículo único que autorizase su publicación como ley del Reino.

Como en mi afán de no perder un momento, reunía frecuentemente á la Comisión de Codificación y me ocupaba con ella en la discusión y redacción definitiva del proyecto de Código Civil, inspirándome, hasta donde me fué posible, en las ideas reinantes en las conferencias del Senado, me fué fácil satisfacer este deseo de muchos de los señores Senadores y Diputados, pidiendo la venia de S. M. para presentar, como presenté, los dos primeros libros del Código Civil. (Véase el Apéndice 2.º).

En cuanto al resto, ó sea á la materia de sucesiones y contratos, ya he indicado antes que, como este es el punto en que chocan y se excluyen la legislación general del Reino y las instituciones forales de varias provincias españolas, antes de presentar el proyecto á las Córtes, y, lo que es más, antes de articularlo, era menester convocar á los dignos Jurisconsultos