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que no había sometido aún á su potestad, y como bárbaros á cuantos se hallaban fuera de los límites de su civilización y su geografía—y la familia española moderna, que está basada en el poder de los afectos y en los vínculos naturales de la sangre, que excluye el artificio político de la agnación y que, examinada en sus orígenes, no desciende ciertamente de Roma, sino que tiene sus raíces en la legislación mosáica y se ha formado y desenvuelto bajo el imperio de la idea cristiana, de las costumbres de los germanos, del sistema feudal y de los progresos y aun de los extravíos de la filosofía de los siglos xviii y xix después que la razón, con una confianza excesiva en su virtud y poderío, se emancipó de toda autoridad y se declaró soberana.

Tal es, indicado á grandes rasgos, el estado de nuestra legislación. ¿Cuál debe ser? He aquí la segunda pregunta que he debido dirigirme y á la cual voy á contestar en breves frases.

La ley histórica y providencial del progreso humano no consiente que se estacione y petrifique el derecho. Ved lo que pasó en Roma. La Ley de las Doce Tablas fué, sin duda, la base de su Derecho civil y criminal; pero conforme aquel pueblo fué adelantando en las vías de la civilización, brotaron de su seno nuevas y más complejas relaciones sociales que, unidas á los cambios introducidos en su constitución política, hicieron sentir vivamente la necesidad de reunir y coordinar, bajo un plan racional y metódico, el nuevo derecho que paulatina y gradualmente se había ido creando por los Senado-consultos; los plebiscitos, los edictos de los Pretores, las constituciones de los Príncipes y los trabajos de los Jurisconsultos. Cúpole á Justiniano la gloria de haber dado satisfacción á esta necesidad indeclinable, y á sus Códigos se debe que Roma, vencida por los bárbaros, haya seguido empuñando el cetro del Universo por la sabiduría de sus leyes; dando de esto el testimonio más eloquente Mallorca y Cataluña, que hoy mismo se están rigiendo por el Corpus juris civilis que inmortalizó al célebre legislador romano.

El mismo fenómeno histórico se reproduce, después de la caída de Roma, en todos los pueblos de Europa. El Derecho ro-
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mano se impuso—es verdad—á los vencedores, pero no tanto que éstos abandonaran sus costumbres y peculiares instituciones. Por esto surgió al punto la idea de fundir ó armonizar el Derecho romano con el germánico, debiéndose á estas tentativas para la fusión de ambos derechos nuestro inmortal Fuero Juzgo y las Capitulares de Carlo-Magno.

La nación española no puede seguir gobernándose por Códigos muy anteriores á los adelantos que ha hecho la ciencia jurídica, debido á los trabajos de los ilustres jurisconsultos que durante los cuatro últimos siglos se han consagrado á conciliar el Derecho romano con el consuetudinario, y más principalmente aún á los filósofos que, penetrados, como el insigne Grocio, de que la legislación positiva era á menudo la expresión de una justicia convencional y estrecha, echáronse á buscar nuevos y más anchos moldes; para lo cual rompieron las ligaduras con que oprimían á la ciencia el empirismo y la rutina, y levantando su espíritu el vuelo por encima de la realidad hasta llegar á la noción pura del derecho, descubrieron al fin sus raíces en el fondo de la conciencia humana, y le dieron por base inquebrantable la ley moral y la justicia eterna.

El statu quo es imposible. Menester es que España deje de ser una excepción en el Continente europeo, y que no se quede á la zaga de algunas de nuestras antiguas posesiones de América, tan tranquilas bajo el suave imperio de nuestra paternal legislación de Indias, y tan hondamente perturbadas desde que rompieron el lazo que les unía á la Metrópoli, mostrándose ingratas con la madre cariñosa que, al comunicarles su propia lengua, infiltró en su mente el espíritu del Cristianismo y abrió sus ojos á la luz de la civilización.

El statu quo, lo mismo en las provincias de derecho común que en las de régimen foral, es la prolongación de la anarquía legislativa, la cual lleva tras sí, como obligado cortejo, la duda é incertidumbre en los derechos del ciudadano, el desconocimiento de sus deberes, la confusión y el embrollo en las discusiones judiciales, la variedad y contradicción en los fallos, la arbitrariedad judicial, la aglomeración de pleitos dispendio-
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sos, que, ó no llegarían á entablarse, ó se resolverían pronta y fácilmente con un Código conciso y claro; la necesidad en este Tribunal Supremo de la sala de admisión—con todos sus inconvenientes teóricos y prácticos,—la serie interminable de citas de leyes y doctrinas legales que, en cada recurso, se ven obligados á hacer los letrados defensores de los litigantes, y, por último, la esterilidad de la casación, cuyo fin esencial consiste en que un Tribunal único, el más alto en la escala judicial, uniforme la jurisprudencia en todo el Reino, realizando por tal manera una de las conquistas más preciadas de nuestro tiempo: la igualdad del ciudadano ante la ley.

Hay quienes, reconociendo la realidad del mal, se oponen, sin embargo, á la publicación de un Código civil, por creer que el país no está todavía preparado para recibirlle. El Gobierno no participa de esta opinión. La nacionalidad española no es una creación artificial, improvisada por accidentes afortunados, pero pasajeros: es la obra de los siglos y el resultado de una ley histórica, á que han obedecido fatal y tal vez inconscientemente los diversos pueblos que la forman. Aparte de la influencia que no pudo menos de ejercer la lucha titánica contra los árabes en la fusión de los españoles, unidos por el lazo de una religión y una patria comunes; y sin contar tampoco con los esfuerzos de varios Monarcas anteriores al siglo xv, es innegable que desde los Reyes Católicos se viene elaborando y consolidando la grande obra de la unidad nacional.

Hay en Europa otras naciones que no se hallaban en condiciones tan ventajosas: la Italia, por ejemplo, que en la Edad Media, fraccionada en Repúblicas independientes, celosas las unas de las otras, y víctima de sus cruentas rivalidades, no pudo hallar en el débil lazo de la federación fuerza bastante para mantener su independencia; la Italia, que, después de disueltá la liga lombarda, se agitó durante siglos en las convulsiones de la anarquía; y, mientras en el resto de Europa se constituyen vigorosas y pujantes nacionalidades, centralizándose el poder en manos de los Monarcas, ella, dividida, arrastraba una existencia miserable, sin poder sacudir el yugo ex-
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sistia por su parte en otro aspecto del problema, que en cierto modo completa las consideraciones del escritor francés, á saber: el de su trascendencia para una esfera capital de la vida del espíritu, la formación y desarrollo de sus gustos en punto á diversiones, ó sea la de su educación estética; toda vez que el juego, como en otro sentido ha afirmado el mismo Spencer, representa un primer momento de la creación poética de la fantasía. El problema de dirigir este género de actividad en el niño—problema cuya trascendencia Spencer no reconoce bastante, llevado de su preocupación en cuanto á la posterioridad del arte estético respecto de otros fines que reputa más indispensables, v. gr., el de la conservación individual y social—es de tan capital interés, en sentir de la escritora española; que de él pende en primer término que el hombre se salve ó se corrompa; ya que la causa más fundamental de sus extravíos está principalmente en sus diversiones, para atender á las cuales «pierde tantas veces la salud, la fortuna, la virtud y la honra.» Al fin y al cabo—dice M. Pécaut—todo el mundo tiene que salir de casa, buscar á la gente, dar de algún modo expansión al espíritu. El niño y el hombre, afirma la señora Arenal, necesitan saber divertirse; si no saben hacerlo de una manera noble y sana, lo harán brutalmente, con depravación y grosería.

Si se medita cual es debido sobre estas consideraciones, ¿cómo discutir siquiera la necesidad del campo escolar, donde únicamente pueden realizarse esos juegos?

Hay todavía otro punto de vista, que no es lícito desatender tampoco y que conviene indicar, siquiera brevisimamente.

En el sistema escolar, todavía reinante, que abruma monstruosamente al maestro y al discípulo, hasta casi agotar sus fuerzas intelectuales (cuando ambos llenan sus respectivos deberes), de todas partes se clama, con sobrado motivo, por la reducción de las horas de escuela, anhelado remedio á tanta fatiga y desventura. La indole y fastidiosa monotonia de los trabajos; la pobreza de sus programas; la falta de descanso libre suficiente, con que interrumpir siquiera de hora en hora las lecciones; el menosprecio del juego y aun de toda actividad
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tranjero, hasta que acontecimientos de todos conocidos y hábilmente explotados por la perspicacia de Cavour, la han permitido, en nuestros días, constituirse en nación y disponer de sus propios destinos. Pues bien; la Italia, no bien consumada aún su unidad política, se apresuró á publicar su Código civil, mejorando grandemente el Código Napoleón. Y no se atribuya la celeridad con que la Italia ha erigido el grandioso monumento de su unidad legislativa á la uniformidad de las leyes, usos y costumbres por que anteriormente se rigieran los diversos pueblos que se unieron bajo el cetro afortunado de Víctor Manuel, no. Deforme mosaico de Códigos y leyes llama un reputado Jurisconsulto italiano al conjunto de esos elementos que ha habido que armonizar y fundir en el nuevo Código. Es este, pues, la obra exclusiva del buen sentido y del patriotismo del pueblo italiano, felizmente convencido de que la unidad de la justicia es el más sólido cimiento de la unidad nacional.

Como se verá en el capítulo siguiente y en todo el curso de este libro, no es tan grande el sacrificio que yo pido al patriotismo del pueblo español.

II

De las dificultades que se oponen á la publicación del Código civil.

Son no más que dos y de muy distinta naturaleza. Tiene la una carácter general, mientras que la otra solamente alcanza á localidades determinadas; nace aquélla de las entrañas mismas de la sociedad española, de su historia, de sus creencias y hasta de sus preocupaciones religiosas; y se origina ésta en la existencia de ciertos particularismos, que debilitan y aflojan el lazo que une á las provincias españolas entre sí y deslucen la majestad de la unidad nacional.

De sobra han comprendido los lectores que las dos dificultades á que aludo son el matrimonio y el régimen foral.

Somos la nación de los Concilios de Toledo, la nación de San
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Fernando, de los Reyes Católicos, de Carlos I y de Felipe II. ¿Qué mucho que, habiendo sido nuestro pueblo en todas las edades, desde el hundimiento del Imperio romano, el representante genuíno del principio católico, y nuestros más grandes Monarcas los esforzados adalides de la unidad religiosa contra el protestantismo triunfante en Alemania, Inglaterra y otros países europeos, nos hayamos educado en la doctrina de la Iglesia, supeditándonos á su influjo en lo que la sociedad tiene de más importante y trascendental, que es el origen y constitución de la familia, y que se hayan formado sobre esta base las costumbres públicas y las creencias populares?

Locura insigne sería en el Legislador no respetar el sentimiento casi unánime de los españoles; pero no es menos temerario empeñarse en desconocer la modificación que en sus ideas ha introducido el progreso moderno, y querer luchar contra una conquista definitiva: la de la libertad de conciencia.

De todas suertes, es imposible renunciar á las inmensas ventajas del Código civil por una cuestión que, después de todo, podrá aplazarse unos meses, pero que á la postre no se elude, ni menos se resuelve, porque el Código deje de publicarse.

Otro tanto digo del régimen foral. De descart sería que no existiera; pero existe, y no se puede enmendar en un día la obra de los siglos. Por esto decía yo, al exponer mi programa de reformas legislativas: «¿Pretende el Gobierno que una misma ley rija en todo el territorio español, haciendo entrar en ella de pronto y con violencia, como en otro lecho de Procusto, las instituciones jurídicas especiales, secularmente conocidas y observadas en las provincias donde existe el régimen foral?» De modo alguno: el Gobierno es hostil á los procedimientos de la fuerza, y entiende que ha producido grandes males en España y otros pueblos la imitación servil de las ideas dominantes en Francia, donde con frecuencia se ha confundido el principio sacratísimo de la libertad con el más subalterno de igualdad, sacrificando las condiciones esenciales de la vida real á la simetría y al arte, y haciendo tabla rasa de esos grandes delicados organismos históricos que no pueden funcionar ord
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nada y regularmente, sino á condición de respetar en ellos determinadas y no bien conocidas instituciones seculares. No hay nada más temerario y arriesgado que el tocar, sin examen previo y muy profundo, á la organización peculiar en cada pueblo de la familia y la propiedad.

Por esto, el propósito del Gobierno es determinar en leyes especiales, que podrían adicionarse al Código civil, las instituciones jurídicas que, en cada provincia de régimen foral, deban de pronto conservarse; pero á condición de que, en todo aquello que no esté modificado por dichas leyes, rija el derecho común español, entrando á ocupar un Código nacional, á la altura de nuestros adelantos y de las necesidades de lo presente, el lugar que ahora ocupan las Decretales y los Códigos romanos.

Por este sistema, respetando el régimen foral en lo que sea necesario, cada aragonés, catalán, navarro, mallorquín y vizcaíno, tendrá, en un libro manuáble en que se inserten á la vez el Código civil y su ley especial, la cartilla de sus facultades y sus obligaciones; el Derecho dejará de ser un misterio impenetrable para los profanos en la ciencia jurídica; el Tribunal de casación funcionará rápidamente y con perfecta regularidad; y, sobre todo, desaparecerá la iniquidad que envuelve decir á un pueblo que no le aprovecha ni siquiera le excusa la ignorancia de la ley, y dejarle, al mismo tiempo, que se rija por multitud de Códigos para él ininteligibles, ya porque apenas basta una larga y laboriosa vida para depurar cuáles de sus preceptos siguen en vigor y qué otros han quedado derogados por el desuso y la jurisprudencia, y ya porque muchos de ellos ni siquiera están escritos en lengua nacional.

Quizás se oponga por algunos al pensamiento del Ministerio el reparo de inconstitucionalidad. ¡Donoso argumento sería éste sin duda! ¡Cómo! Manteniendo el Gobierno el régimen foral de varias provincias en toda su crudeza y la diversidad de Códigos de todas las edades que rigen hoy en España, ¿no infringiría el artículo de la Constitución, que declara que unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y sería reo de
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violación de este artículo constitucional en el hecho de publicar un Código general, por más que conservase algunas instituciones profundamente arraigadas en las costumbres de algunas de nuestras provincias, como, por ejemplo, el Fuero de troncalidad en Vizcaya, los Foros en Asturias y Galicia, el contrato de rabasa-morta en Cataluña, ó la viudedad en Navarra y Aragón? Sobre que algunas de estas instituciones jurídicas pueden y deben formar parte del Código civil, como acontece con la última, borrando así muchas de las diferencias que hoy existen entre los países de derecho común y los del régimen foral, es evidente que la sola publicación de un Código común, aplicable á las provincias forales en lo que no esté modificado por su ley especial, es un paso gigante hacia la unidad legislativa, prometida para un porvenir más ó menos remoto, que no decretada desde luégo por la ley fundamental del Estado.

Dan testimonio irrecusable de que el principio constitucional de la unidad e identidad de Códigos no es más que el ideal á cuya realización gradual y sucesiva deben las Cortes y el Gobierno enderezar sus pasos, en primer término, las célebres Cortes de Cádiz, que se apresuraron á proclamar esa unidad y á establecerla en la Constitución, y, sin embargo, se limitaron á iniciar el movimiento unitario con la publicación de la ley sobre abolición de señoríos, la declaración de que se consideraban acotadas y cerradas perpétuamente todas las dehesas y heredades, y sus acertadas disposiciones sobre arrendamientos; absteniéndose, en su gran prudencia, de borrar de una plumada instituciones seculares íntimamente enlazadas con la manera de ser de varias provincias de España. Y confirman la misma interpretación, la discreción y el pulso con que han procedido las Cortes y los Gobiernos que han venido sucediéndose en lo que va de siglo, toda vez que, repitiéndose en las Constituciones posteriores el principio de la unidad legislativa proclamado en la del 12, se han concretado los poderes públicos, en el largo período de más de sesenta años á ir unificando paulatina y parcialmente, hoy con la ley del disenso paterno, mañana con la hipotecaria, etc., la legislación civil del Reino.
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La objeción que combato, fundada en un exagerado puritanismo constitucional, ni siquiera tiene hoy en su abono la letra de la ley; porque la Constitución vigente, á imitación de la de 1869, al trasladar á su art. 75 la promesa contenida en las Constituciones anteriores de que unos mismos Códigos regirían en toda la Monarquía, añadió con exquisita previsión: «Sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes.» El Gobierno, por consiguiente, no hace más que interpretar con sinceridad y buena fe el espíritu y letra de la ley fundamental.

Lo declaro franca y noblemente: mi sueño dorado es la publicación del Código civil; y, sin embargo, renunciaría á esta ilusión de mi vida, la que más ambiciono en el puesto que hoy ocupo, y la que he acariciado más en la Comisión de Codificación, si para realizarla hubiera de pasarse de pronto el nivel sobre todas las provincias españolas, sometiéndolas á viva fuerza á una ley totalmente idéntica, siendo como es diferente en puntos esenciales su organismo jurídico, con el riesgo inminente de producir en su seno una honda perturbación. Hay que obrar por el convencimiento y la persuasión; hay que preparar la opinión y formar las costumbres antes de lanzarse á aventuradas reformas. El Gobierno, por lo tanto, entiende que debe dar á las provincias forales la seguridad de que las leyes especiales que las conciernen se discutirán préviamente en el Parlamento.»

Manuel Alonso Martínez.
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EL EDIFICIO DE LA ESCUELA

I

Ya en otra ocasión he aprovechado la generosa hospitalidad de la REVISTA DE ESPAÑA (1) para exponer la idea y condiciones generales á que debe satisfacer el terreno consagrado á una escuela, así como sus varios fines. Ahora bien; parte integrante y esencial de ese terreno, ó en otros términos, del campo escolar, es el solar, propiamente dicho: la porción destinada al edificio de la escuela, y cuyo objeto—nunca se repetirá demasiado—no es, como suele entenderse, servir de local para todas las lecciones, sino para aquellas tan solo que, por su índole, ó por circunstancias especiales del momento, deban darse en salas cerradas. No ha de olvidarse que la función de estas salas es análoga, por ejemplo, á la del gabinete del astrónomo ó del ingeniero, del arqueólogo, del historiador, del arquitecto, del político: ninguno de los cuales es allí donde acopía los más de sus datos, recogidos siempre al aire libre, ó en el museo, ó ante el monumento, en la sociedad, en el archivo... en suma, en medio de la realidad abierta, varia é inagotable. Lo que hace en el gabinete, es depurarlos, criticarlos, compararlos, clasificarlos,

(1) Véase el número de 18 de Enero último: Campos escolares.
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apreciarlos, hasta deducir de ellos la fórmula que condensa el resultado sustancial de ambos momentos de sus investigaciones. La primera escuela es la vida, y á ella tiene que ascemejarse en lo posible, dentro de sus límites, la institución que por autonomasía lleva tan alto nombre.

Poco hay que decir en punto á las condiciones del solar, que no convenga al campo ó terreno total de la escuela.

Si en la parte destinada, por ejemplo, al juego y abierta á la acción saludable del aire y el sol, se necesita adoptar precauciones para mantenerlo bien seco, ¿cuánto más indispensable no ha de ser, tratándose del suelo? Su humedad, estancada quizá sobre una capa impermeable poco profunda y propagada por capilaridad á través de los cimientos y las paredes, constituiría en el interior de las clases—ó más bien, y por desgracia, constituye con dolorosa frecuencia—una atmósfera tibia y húmeda, medio el más propio para el desarrollo de los miasmas producidos por la respiración y la traspiración de los niños, y cuyo influjo sobre el organismo de éstos facilita, hasta el punto de engendrar, ya enfermedades agudas, como las oftalmias ó los catarrros bronquiales, ya la terrible anemia que, á ciencia y paciencia de todos, envenena en sus orígenes poco á poco la raza y diezma cruelmente nuestra olvidada población escolar.

Pero, aun en la mayor y más calurosa parte de los mejores patriotas, cuesta mortales ánslas despertar la idea de que no hay más fuente viva de energía, de trabajo, de honor, de prosperidad para los pueblos, que la salud física y espiritual, cuyo bienhechor impulso penetra todo nuestro ser, vigoriza la voluntad y hace del hombre instrumento flexible siempre y ágil para las más esforzadas empresas. Mas, en fin, volvamos al asunto. Si la naturaleza y estado del solar lo requiere, deberá sanearse por medio de canalillos y atarjeas; y aun en caso de que esté perfectamente seco, elevarse 50 centímetros, al menos, sobre el terreno circundante, trabajo de poca importancia cuando se trata de un edificio pequeño; sería ocioso explicar la necesidad de dirigir la pendiente del campo todo de manera que las aguas