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haber pasado vinieron grandes desastres. El Pontificado buscó cada día más, en la necesidad de defenderse, una organización propia de la defensa, la organización guerrera, la organización jerárquica, la organización absolutista, la organización de combate, porque al fin y al cabo la guerra es un despotismo opuesto á otro despotismo. La Reforma, á su vez, en el afán de cambiar el dogma sin cambiar la esencia del Cristianismo, si bien trajo el principio de libre examen que nunca le agradecerá la humanidad bastante, si bien dió al pueblo la lectura de los libros sagrados, cayó en los dogmas agustinos, exageró la predestinación y la gracia, combatió la doctrina pelagiana del libre albedrío en el momento mismo en que la resurrección de esa doctrina tenía hasta el don de la oportunidad. Luégo, declarada la Reforma en abierta rebelión, tuvo que buscar el auxilio de los príncipes cristianos, y tuvo que perder lo más necesario á su existencia y á su desarrollo: el carácter puramente democrático. Fué una Iglesia oficial, una Iglesia burocrática, una Iglesia monárquica, la que debiera haber sido una Iglesia democrática, una Iglesia liberal, una Iglesia republicana. Luégo, tuvo el mal de todas la revoluciones, el mal de suscitar á los exagerados, de lanzarlos al campo, de traer la guerra de los campesinos, es decir, la demagogia desenfrenada. Y la reacción contra esta demagogia la obligó á dos cosas: á confirmar las monarquías existentes, y á perder el carácter democrático.

Emilio Castelar
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nacional. Donde se ha admitido lealmente y se han admitido con sinceridad todas sus lógicas consecuencias, la transición se ha verificado de un modo pacífico y se ha consolidado un orden de libre estabilidad. Donde, por el contrario, se mutiló ó se mistificó, encontrándose la sociedad fuera de su natural asiento, ó se ha proclamado la República, como ha hecho Francia, segura de que son incompatibles con aquel principio, así la Monarquía legítima, no obstante aceptar todas las libertades, hasta la religiosa y la de enseñanza, como la doctrinaria, aunque enarbole la bandera tricolor, como la cesarista, aun cuando ensalce y enaltezca el sufragio universal; ó se halla en la condición de nuestra España, intranquila en la superficie y alterada en el fondo, con la convicción en todo el mundo de que su estado al presente es por esencia transitorio, y con la eterna pregunta en todos los labios: ¿qué sucederá mañana?

Si se proclama como base de la organización política de un país el derecho de éste á gobernarse á sí mismo, de regir su propia vida, de ser dueño de sus destinos, es evidente la incompatibilidad con ella de los tres caracteres que revestía la Monarquía: de legítima, patrimonial y de derecho divino, puesto que, prescindiendo del último, sin valor alguno ya en la teoría y en la práctica, salta á la vista que los otros dos implican: el primero, un derecho anterior y preexistente en el Monarca á desempeñar una función pública, con más ó menos trabas ó limitaciones, pero al fin sin derivar la facultad de ejercerla de nada ni de nadie, sino de la propia institución real; el segundo, consecuencia del anterior, la constitución de un cargo en cosa apropiada, al modo de los antiguos oficios enajenados, por donde la sociedad deja de ser sujeto en esta relación jurídica para convertirse en objeto.

Ahora bien, de tal modo es la soberanía nacional absoluta y radicalmente incompatible con la legitimidad y con la patrimonialidad, que no cabe composición ni transacción entre éstas y aquélla; porque desde el momento en que se deja una institución inmóvil en medio del movimiento, dueña más ó menos del país en vez de ser su servidora, pudiendo estorbar y paralizar
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la acción social en vez de secundarla y ser su órgano, y siendo, en fin, no un elemento integrante é interno del organismo político, sino exterior y sobrepuesto, y, por consecuencia, impuesto, desde ese momento no es ya el país quien se gobierna á sí mismo, no es la sociedad la que rige su propia vida, no es la Nación la dueña de sus destinos, sino que la institución real comparte con ella aquel gobierno, ese régimen y esta dirección, resultando así la Monarquía intervenida y limitada de la Edad media, pero no la parlamentaria de nuestro tiempo.

Para que la Monarquía se haga compatible con la soberanía nacional, es preciso que el Rey cambie de título, trocando el que se funda en la herencia por el que arranca de la voluntad social, del voto de los pueblos. Así lo entendía Leopoldo I cuando en 1848, al primer amago de revolución, dijo á los belgas que no era menester para prescindir de él, porque sabía á qué debía el trono y estaba dispuesto á abandonarlo tan pronto como viera que era ese el deseo del país. Aunque este trueque de título implicara la mortificación de alguien, no es dudosa la elección entre el derecho de todo un pueblo y la molestia de una persona; pero, lejos de ser así, encontramos que es honroso y debía ser grato para el poseedor, al modo que sería para cualquiera más grato y más honroso ser regidor perpetuo por el voto de sus conciudadanos, que no por haber heredado de su abuelo el derecho de serlo.

Es indispensable, además, que la Monarquía pierda todos aquellos atributos cuyo fin era ejercer el poder al modo antiguo, conservando tan sólo los precisos para ejercerlo al modo nuevo; esto es, los necesarios para el desempeño de la función propia del Jefe del Estado, la cual es sustancialmente la misma en una República que en una Monarquía democrática; consistiendo, en suma, en mantener la armonía entre los distintos poderes oficiales y entre todos éstos y aquél que es el primero, el permanente y el fundamental: el poder supremo del país. Lo único en que cabe que los pueblos transijan, es con esa serie de atributos accidentales que se llaman: tratamiento de Majestad, armas reales, guardia real, lista civil, etc.; pues, aun
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cuando son unos anacrónicos y otros un tanto caros, no empe- cenan el ejercicio de la soberanía por parte de la sociedad, que es lo que importa.

Preciso es, por tanto, que, lejos de afirmarse la Monarquía como algo indiscutible, irreformable, inmóvil, puedan alcanzarle la discusión, la reforma y el movimiento; de suerte y manera que si subsiste uno, diez, cien años, le sea dado decir al Rey que lo es por la voluntad de las generaciones pasadas y de la presente, y que á nadie sea dado acusarle de que se ha impuesto á la Nación, cosa que con sano sentido consideraba pecaminosa D. Amadeo I, Rey legítimo que fué de España. Por esto decía en 1871 el Sr. Márto, con sentido igualmente sano, que Dios le conserve, que el procedimiento de reforma establecido en la Constitución de 1869 alcanzaba á todos sus artículos, y, por tanto, á aquellos en que se declara que la Monarquía es la forma de gobierno; y por esto, finalmente, someter las modificaciones del Código fundamental á la sanción de la Corona, es incompatible con la soberanía nacional, porque esa prerrogativa del Rey, en una Monarquía democrática, procede de la Constitución, por donde no cabe aplicarlo á ella misma, y se le confiere, no para que comparta con el país el poder supremo, sino para que en ningún caso se ponga en contradicción con aquél el Parlamento, que desempeña ordinariamente la función legislativa.

Pero en nada se revelan tan á las claras los términos de la cuestión como en el dinastismo de los partidos monárquicos. Hay tres modos de entender lo que éste término comprende y encierra: el antiguo, el doctrinario y el moderno. Según el primero, el ser dinástico implica el reconocimiento, en favor de una familia, de su derecho á regir y gobernar jure proprio, sin tener para nada en cuenta ninguna otra consideración. Este es el dinastismo de los legitimistas franceses, devotos antes del Conde de Chambord y hoy del Conde de París, porque, gusteles ó no, es el heredero político de aquél.

Para los doctrinarios, el dinastismo arguye el reconocimiento de una legitimidad condicional. Puede tener su origen en el
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nacimiento ó en la revolución; pero, de todos modos, una vez establecida la Monarquía, queda sometida al principio de la herencia, aunque en el bien entendido de que es precisa una cierta consagración de aquella por la voluntad nacional. El Rey reina por virtud de un título de fecha antigua, como las Siete Partidas, ó de fecha moderna, como la Carta de 1830, pero á condición de que su interés se haga compatible con el de la libertad y el de la patria. Es verdad que no se sabe quién es el llamado á declarar si existe ó no esta compatibilidad, ni se dice lo que se ha de hacer cuando un pueblo no tenga á bien reconocer y consagrar, ó mejor completar, esa legitimidad; pero el hecho es que los dinásticos de esta laya rechazan por igual el sentido de los que convierten á un pueblo en objeto, en cosa, respecto de la que el Monarca tiene un derecho análogo al que cualquiera ciudadano tiene sobre sus bienes, y el de aquellos otros que desde el campo opuesto afirman que todos los poderes, y, por tanto, el del Jefe del Estado, emanan de la Nación. Este es el dinastismo de los doctrinarios franceses y españoles.

El dinastismo en el sentido moderno quiere decir, lisa y llanamente, que un pueblo estima del caso establecer la Monarquía hereditaria, y que juzga oportuno confirmar la existente ó llamar una nueva, á reserva de sustituirla con otra, y aun de cambiar la forma de gobierno, si llegare un día en que así lo exigiera el supremo interés del país. Este es el dinastismo de los liberales ingleses, belgas, italianos, etc.

Con el primer modo de entender el dinastismo, no surge el dualismo entre el interés de la patria y el de la dinastía, entre la libertad y la Monarquía; porque ésta es lo primero y lo fundamental, y á ella está subordinado todo lo demás; y también porque, procediendo de la misma los derechos que se conceden á los súbditos, es evidente que nunca pueden implicar éstos la merma de las prerrogativas de la Corona, ni el menoscabo de los intereses de la familia reinante.

Con el tercer modo de entender el dinastismo, tampoco cabe el conflicto ni es posible el dualismo, porque aplicando al Monarca el principio de que «el hombre es para el cargo, y no el
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»cargo para el hombre,» claro está que la institución real no es un fin respecto del cual sea el país medio, sino todo lo contrario; y, por tanto, en este caso el interés del Monarca y el de su familia son los que se han de subordinar, como el de cualquiera otro funcionario, al supremo interés de la patria y de la justicia.

Pero, en cambio, la dificultad aparece desde el momento en que se acepta el sentido de los doctrinarios, quienes creen resolverla sin más que poner los dos términos el uno al lado del otro, y por eso á toda hora nos hablan conjuntamente del Rey y de la patria, de la Monarquía y de la libertad, como de dos cosas á que hay que atender al mismo tiempo por igual, y que se han de armonizar cediendo cada una algo de su parte, para llegar á una especie de transacción ó compromiso, al modo de dos litigantes que transigen un pleito.

Si en el seno de una diputación provincial dijera uno de sus miembros: «vengo aquí con el propósito de atender á la vez »á los intereses de la provincia y al del gobernador civil,» ¿qué efecto haría declaración semejante? Si un empleado de Hacienda ó de Fomento dijera que al desempeñar su destino, que al despachar un expediente, tenía en cuenta á la par el interés público y el suyo propio y el de su familia, ¿qué no se diría ante una manifestación tan extraña? Sin embargo, eso, que parecería estrambótico en labios de un diputado provincial, se oye por muchos sin extrañeza en los de un diputado á Cortes; y eso, que parece incomprensible en labios de un funcionario inferior del Estado, se encuentra natural que salga de los del que es el primero de los servidores del país, y no otra cosa.

La preocupación de los gobiernos mixtos pesa grandemente todavía en el espíritu de ciertos políticos, y por eso, y por confundir además con aquella teoría la de la división de poderes, ponen todo su empeño en hallar una fórmula de perfecto equilibrio entre la Monarquía, la aristocracia y la democracia. La Monarquía á sus ojos es una institución, no política, sino social; la aristocracia no es una clase que se distingue de las demás por su cultura, su riqueza y su prestigio, sino una casta
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á la que se concede, por privilegio, una participación excepcional en el régimen del Estado; y es la democracia, no la sociedad toda entera, sino la sucesora del demos de Grecia, de la plebe de Roma, del tercer Estado de la Edad Media. Así admiten de buen grado que la Monarquía conceda ciertos derechos á los súbditos, y que dé participación en la gestión de los negocios públicos á los pueblos, pero no que se someta al supremo poder de la sociedad; y lejos de ver en tal empeño una transformación patriótica, oportuna y aun inevitable, lo consideran como una abdicación, como un abandono de aquellas prerrogativas por virtud de las cuales el Rey, á la postre, guía y dirige con propio criterio la vida del Estado. Puede otorgar cartas ó celebrar pactos constitucionales, porque en ambos casos resulta afirmado su poder preexistente, sobre el país en el primero, y al lado y fuera de él en el segundo, pero no le es dado descender de las alturas para recibir la investidura de manos del pueblo, trocar por este título nuevo el histórico y heredado, y confundirse en lo esencial con todos los funcionarios del Estado, sin conservar otras preeminencias que ciertos atributos exteriores y accidentales. Consideran que hacer esto implica la retirada de una institución, de una fuerza, de un elemento, que es lo primero en la sociedad, ante otro elemento y otra fuerza, la de las muchedumbres, que es sólo parte, y no principal, de aquélla.

Planteado así el problema, resulta que es cuestión de honor para los Reyes mantener incólume el poder que heredaron de sus mayores por un doble motivo: en cuanto es, de un lado, un verdadero patrimonio que deben trasmitir á sus sucesores, y de otro, escudo con que han de defenderse ciertas clases sociales contra los embates de la plebe. Por eso, cuando tal acontece, la Monarquía explota el miedo de sus protegidos, y éstos explotan el egoísmo personal y dinástico de los Reyes, viniendo así á parar todos ellos en poner el interés de una familia que estiman, los unos como fin, y los otros como medio, sobre el interés superior de la patria y el supremo de la justicia y del derecho.
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Refléjase este prejuicio en el modo singular de entender el deber de lealtad para con el Jefe del Estado, deber que ha cambiado en fondo y forma, como todo lo humano. Así como nadie pretende que el soldado tenga hoy á su jefe el género de devoción que tenía en la Edad media el vasallo á su señor, de igual modo no es posible resucitar aquel sentimiento, que mejor que nadie ha descrito Michelet, expresado en las palabras: mi Rey. La diferencia esencial entre unos y otros tiempos en este respecto, procede precisamente del distinto concepto del poder, admitido y consagrado en cada uno de ellos; porque cuando las relaciones públicas andaban confundidas con las privadas, y confundida la soberanía con la propiedad, la obediencia y la lealtad del súbdito arrancaban de la necesidad de respetar un derecho indiscutible; y cuando más tarde, sobre los escombros del poder de los señores se levanta la Monarquía patrimonial, heredando este carácter del feudalismo, se encontraron los súbditos, respecto del Rey, en la misma situación que antes los vasallos respecto de su señor. Entonces no era posible separar el hombre del funcionario, y no lo era, por tanto, discernir los sentimientos personales y privados que inspira aquél de los que despierta la conducta pública de éste. Hoy, por el contrario, es una exigencia de nuestra época, traída por el nuevo concepto de las funciones públicas y por el progreso de la cultura y de la tolerancia, la distinción entre uno y otro orden. Por eso puede uno no ser amigo de un corregidor, y serlo muy devoto de un adversario político; por eso no empecen el afecto y la intimidad á la lucha resulta entre quienes se hallan en distintos campos, y por eso se censura, y con razón, á los que militan en este ó en aquel bando sin otro motivo que el de seguir á una persona á la cual están ligados por la gratitud ó por la amistad. La lealtad y la fidelidad debidas á los Reyes no pueden ser hoy otras que las que se guardan y prestan los hombres unos á otros en la vida privada, y las que se deben los ciudadanos y los políticos dentro de cada partido y fuera de ellos en el seno de la sociedad, en la vida pública. Esos históricos deberes, con el carácter de vínculo personal, eran propios del
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feudalismo y de la Monarquía absoluta, porque en aquél se derivaban de un compromiso contraído por virtud de un pacto bilateral, y en ésta, además, se asemejaban á los indiscutibles e invariables del hijo para con el padre. Hoy, lo único que los ciudadanos deben al poder, en todas sus esferas, es el respeto, la obediencia; así como la lealtad y la fidelidad de los políticos se resuelven en aquella virtud, que es la condición primera de los gobiernos libres y parlamentarios: la sinceridad, la cual, en suma, consiste en estas tres cosas: decir lo que se siente, hacer lo que se dice y cumplir lo que se ofrece. ¡Holgariáanse los Reyes y los pueblos de no conocer sino hombres devotos de este nuevo género de lealtad!

Aplíquese ese torcido sentido del interés dinástico á la conducta de los ciudadanos, de los funcionarios públicos todos y de los políticos, y se verán á seguida sus deslizables consecuencias. ¿Por qué censurar al elector que al depositar su sufragio, en vez de ejercitar este importante derecho inspirándose en una idea ó en un interés general y colectivo, lo hace atendiendo al suyo propio y egoista, eligiendo por diputado á quien espera le ha de procurar un provecho personal? ¿Por qué vituperar al funcionario que tuerce las leyes y reglamentos, facilita ó estorba la marcha de los negocios, da ó quita, concede ó niega, según que le convenga hacer una u otra cosa para congraciarse con quien puede conservarle ó mejorarle la posición á que debe su sustento y el de su familia? ¿Por qué lamentar que el diputado cultive su distrito, haciendo las veces de arado, de riego y de abono las intrigas, el expediente y los destinos, á fin de que no le falte aquella base de su engrandecimiento y de su gloria, ó de sus ambiciones y concupiscencias? ¿Por qué sorprenderse de que los jefes de los partidos, en vez de servir á éstos, los conviertan en escabel de su vanidad y en medio de dar importancia á su persona? En todos estos extravíos, tan dignos de vituperio, el mal consiste en lo mismo: en convertir la función pública en asunto de interés privado; en olvidar que el hombre es para el cargo, y no el cargo para el hombre.

Pues mucho más grave es el error, y mucho más graves las
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consecuencias, cuando se autoriza y consagra el interés dinástico al modo que lo hacen legitimistas y doctrinarios. Prescindiendo de tantas guerras de sucesión, de conquista y de rivalidad entre las familias reinantes, en que corrió á torrentes la sangre por instigación de ese interés, y viniendo á nuestros mismos días, Francia nos presenta en este punto dos ejemplos elocuentes, que en otra parte hemos recordado. Es sabido que la ofuscación dinástica contribuyó no poco á la ruina de la Monarquía de Luis Felipe, harto preocupado con el presente y el porvenir de los suyos; y en cuanto á la vergonzosa caída del Imperio, «ella, decía el Times á la sazón, ha mostrado, entre otras cosas, cuál es la suerte de toda dinastía que se cuida más de su propio interés que del de la Nación que rige.» El mismo periódico añadía: «si no hubiera sido por la presión de los que querían salvar á todo trance la dinastía, el mariscal Mac-Mahón habría retrocedido de Châlons á París, en vez de marchar á reunirse con Bazaine, y entonces no hubiese sucedido lo de Sedán y habría sido cosa muy diferente lo del sitio de París; y si Bazaine no se hubiera considerado servidor de una dinastía antes que de la Nación, habría sido el sitio de Metz una página menos ignominiosa de la guerra.» ¿Puede leerse esto con calma?

Ahora bien; es natural que los tradicionalistas sigan aferrados á esa preocupación y continúen sintiendo al modo antiguo el amor al Rey, y se comprende que los reaccionarios busquen en esta como en tantas otras cosas, una componenda bajo el influjo de sus conocidos prejuicios; pero no tiene explicación ni excusa la invocación del interés dinástico, ni en el sentido tradicional ni en el doctrinario, no ya en labios de quienes pretenden conservar el dictado de demócratas, mas ni siquiera en los de los que quieran merecer en justicia el de liberales. Porque la supresión del quid semidivino y misterioso de la Monarquía, la ruina de sus históricos atributos de legítima y de patrimonial, el reconocimiento de que el Rey es un funcionario como otro cualquiera, todas estas cosas son conquistas del liberalismo, no de la democracia. La Revolución de Inglaterra de 1688, la de Francia de 1789 y la de España de 1868, eso significan en
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cuanto á la organización política. La democracia, es verdad, al ensalzar los derechos de la personalidad, hubo de rectificar el sentido histórico de la soberanía nacional, negando que fuera fuente de derecho; pero no sólo lo ha aceptado, haciéndolo suyo, en el sentido de que es única fuente de poder, sino que ha tomado á su cargo el reafirmarlo y sacar todas las lógicas consecuencias que de él se derivan, saliendo así al encuentro de las mistificaciones de los doctrinarios y de las concesiones arrancadas á la debilidad de aquéllos que, llamándose liberales y habiendo pasado toda su vida con el principio de la soberanía nacional en los labios á modo de muletilla, han renegado de él tan pronto como llegaron á las alturas del poder.

Por esto, porque se trata, no de una novedad, sino de un principio que viene desde hace más de un siglo aceptado en la teoría y pugnando por alcanzar su pleno reconocimiento en la práctica; porque es esta una cuestión hasta de dignidad y de decoro para los pueblos cultos, los cuales no pueden resignarse á ser todavía cosas, ni en mucho ni en poco; porque el país, en fin, es el único Soberano á quien todos deben en absoluto obediencia y acatamiento, no cabe en este punto transacciones ni componendas.

El dinastismo, entendido del modo que criticamos, tiene el grave inconveniente de estorbar el planteamiento de los problemas políticos en el terreno que debe estimar propio y adecuado todo liberal, y más aún todo demócrata. Así, por ejemplo, se trata de una prerrogativa del Jefe del Estado, y en vez de examinar la cuestión bajo el punto de vista de la función de aquél, se toma en cuenta el interés de la Monarquía, contemplándolo desligado y como exterior al Estado, y el personal interés del Rey, el cual no es otro que conservar su puesto; y de aquí frases como esta: no hay que dejar desarmada á la Monarquía. ¿Es que queda desarmada para cumplir la misión propia del Jefe del Estado en el régimen parlamentario? Pues no debe privársele de esa facultad. ¿Es que lo queda para imponerse al país cuando éste entre por caminos que aquél considera peligrosos para el interés de la Nación ó para el suyo