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Revista de España (1883-03-01 00:00:00), página 145

EL IMPERIO IBÉRICO

(Continuacion)

VI

Se verifica frecuentemente un error, si no de concepto, de lo que pudiéramos llamar sentido práctico, consistente en que, en el terreno científico, siempre que se hace un descubrimiento ó se inventa una teoría filosófica, no faltan imaginaciones privilegiadas ó inteligencias rápidas, no bastante sólidas ni sutiles, que quieran llegar á las últimas consecuencias que de aquella teoría puedan desprenderse; hasta que, al fin, después de varias decepciones, la experiencia, que es la piedra de toque de todas ellas, viene á demostrar que hay que seguir un camino méños halagüeño, pero más práctico y de mejores resultados, y que á cada generación, por la lógica misma de los hechos, no le es permitido llegar más allá de lo que ella misma determina. Esto mismo, y aún exagerado, sucede con las reformas políticas y áun sociales. Así se ve constantemente el siguiente fenómeno: sentado un principio, llevada al terreno de los hechos una doctrina, aparecen inmediatamente agrupaciones ó partidos que, sincera y lealmente, luchan por llevar á la práctica y á las leyes las últimas consecuencias que se desprenden del principio, sin comprender ó olvidando que, á las razones que existen en el terreno puramente especulativo que determina lo que indicado queda, hay que agregar en todas las cuestiones sociológicas, otras muchas y muy variadas, que vienen de la complicación de intereses, de sentimientos, de hábitos adquiridos y trasmitidos por la herencia orgánica, de los diferentes grados de cultura que tienen las distintas clases de una misma sociedad, de la muy
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diversa influencia que ejercen las creencias religiosas, representantes de la tradición, y de tantos otros factores como pudieran citarse. Y estas razones son las que informan y determinan el hecho consistente que se observa en las evoluciones sociales y políticas consistente en que, por una parte, los primeros partidos que luchan son los dos extremos, y después aparecen en el estadio de la política los distintos intermedios, y tras largos años de sendas luchas, de grandes adelantos científicos, industriales, etc., llegan, por último, las agrupaciones más avanzadas á conseguir llevar á la práctica y traducir en leyes aquellos mismos principios que los primeros reformadores han planteado, si bien expresados en otro lenguaje y adornados con galas en armonía con la moda de tiempos posteriores. Esto, que es verdad en general, lo es más marcadamente en aquellos países que, por sus condiciones climatológicas, por su temperatura media, por la cantidad de alcohol que tienen todos los productos de la tierra, por la grande cantidad de calor solar que recibe el territorio por las condiciones fisiológicas de las razas ó las adquiridas á través de las generaciones, debidas al medio ambiente en que éstas se desenvuelven ó suceden, la imaginación es más rica, la inteligencia más rápida, y la reflexión, la calma y la profundidad más escasas. Así es que en todas las naciones del Mediodía de Europa son las Constituciones ó Códigos fundamentales, en general, más artísticamente construidos, y cuando un principio se convierte en ley, se libran grandes batallas, leal y sinceramente sostenidas por los contendientes, á fin de que ésta tenga todo el alcance y grado de perfección que la inteligencia, el buen sentido y la imaginación indican, como si aquella hubiera de ser definitiva, olvidando que antes que dicha ley llegue á encarnarse en los hábitos y costumbres de la sociedad, ha de sufrir sendas modificaciones que vayan poniéndola sucesivamente en armonía con los diferentes términos de la evolución por que pasan las sociedades y que, los perfeccionamientos, así en política como en sociología, ciencias y artes, no pueden pertenecer á los primeros términos de la serie, y es el último lugar para ellos indicado. De aquí esas irregularidades, anomalías y contradicciones que se notan en lo que forma la legislación de un pueblo, y que en las naciones donde el sentido práctico domina, no se cuidan en gran manera de aquellas, sin desistir por esto de ir haciéndolas desaparecer tal como los tiempos lo permitan.
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Tiene todo esto aplicación inmediata al asunto de que venimos ocupándonos: el origen y desenvolvimiento del gobierno representativo de los diferentes Estados cristianos de la Península hasta la época del Renacimiento. Así hemos visto al lado de aquella fuerza y vigor, de aquel tesón y constancia con que los Concejos hacían valer su derecho y defendían sus intereses, la manera irregular con que eran citadas las Cortes para que los soberanos, especialmente en los reinos de Castilla, León, Galicia, etc., pudieran conceder fueros, privilegios y reales cédulas á unas villas y lugares que adquirían por este derecho el de representación, mientras que otras, en igualdad ó tal vez ventajosas condiciones, quedaban privadas de aquellos otros tan necesarios á sus propios intereses. Mientras por un lado afirmaban con tal fuerza la inviolabilidad de los procuradores ó personeros, por el otro ocupaban un lugar de marcada inferioridad al lado del monarca, magnates y prelados; mientras los reyes y sus consejeros hacían todos los esfuerzos posibles para recopilar en leyes generales el inmenso número de las que, aunque análogas, con distinto criterio, gozaban varias villas y lugares; y al propio tiempo, los mismos monarcas, que se esforzaban en concluir con la anarquía que tal estado de cosas llevaba consigo, con la otra concedían nuevas franquicias á ciudades, villas y pueblos que aumentaban el mal que con tal ahínco intentaban remediar. Hay más aún: especialmente en lo que podíamos llamar Castilla, en la monarquía que se formaba ocupando el centro y parte del Norte y Noroeste de España y que había de concluir por apoderarse de todas las demás, no sólo las Cortes no tenían punto fijo donde reunirse, ni período de tiempo bien definido para cuándo habían de verificarlo, sino que, con frecuencia, no mandaban sus representantes todos los pueblos que á ello tenían derecho, sino sólo un número de ellos que separadamente eran los más inmediatos al sitio donde las Cortes se reunían. Al lado de aquella fatal decisión de tiempo de Juan II, de que se ha hecho mención, y de las justas reclamaciones que los personeros y algunos nobles hicieron contra la fatal medida, los Concejos, al elegir sus representantes, señalaban en cuadernos escritos, donde cuidaban que no hubiera ninguna expresión ambigua, y con un buen sentido que hoy admiramos en otras naciones, sacrificando la belleza literaria á la claridad de los conceptos, lo que sus personeros habían de exigir de los monarcas y de los otros brazos; y si bien les dejaban cierta libertad para que en todos
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los casos no previstos obraran con ella para conseguir todo lo que fuese mejorar los intereses de sus representados, no dejaban de recordarles lo que pudiera acaecerles, caso de faltar á aquello á que se habían comprometido.

A propósito de esto, dice Viso, en su Historia del Derecho civil, mercantil y penal: «Hecha libremente por los Ayuntamientos y Concejos la eleccion de sus respectivos personeros, en aquellas personas que entendian ser más á propósito para desempeñar tan difícil comision, se trataba de otorgarles poder suficiente, no solamente para conferir, conceder ó negar el asunto ó proposicion principal expresada en la convocatoria y que determinaba las Córtes, sino tambien para promover los intereses de los Concejos y cuanto podria conducir á su prosperidad y bien general; para cuyo fin, además de las instrucciones verbales, les entregaban un cuaderno de peticiones dirigidas al monarca, con el encargo de librarles, á satisfaccion del Concejo, en la forma que lo hizo la ciudad de Ecija en el Cabildo celebrado para nombrar procuradores de las Córtes de Madrid del año 1391, en el cual, después de haberles otorgado sus poderes, extendieron un Memorial ó Instruccion de lo que, á nombre del Ayuntamiento, habian de negociar en las Córtes.» Así que, dirigiéndose á su vez este Cuerpo municipal á dichos procuradores, les decia: «Alfonso Fernandez e Pedro Diaz: estas son las peticiones que habedes de librar, que en este cuaderno van escritas, o habedes a tratar estas libranzas que se siguen de que levades el privilegio original de la poblacion de esta villa e la carta original del Rey e la carta original del conde Adelantado sobre el fecha de la justicia. Primeramente: habedes a recabdar confirmacion de los privilegios e cuadernos e cartas e gracias e mercedes que el Concejo ha, e de los buenos usos e buenas costumbres de que siempre usó de que habedes carta e privilegio. Otrosí, habedes a traer carta e privilegio del Rey sobre razon de la alcaldia que se ha apartado de lo ordinario. Otrosí, habedes a traer carta e privilegio del Rey de las calonas de la taquería.» Despues de instruirlos acerca de todo lo que habian de tratar y con qué personas, les dieron por escrito el formulario con que habian de presentar las demandas del Concejo en las Córtes, que empiezan así: «Señor: estas son las pretensiones que el Concejo de vuestra villa de Ecija vos envía a pedir de que les facedes merced, etc.»

Como se ve, este era un tono harto humilde dirigiéndose al rey;
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pero al lado de estas peticiones y humildad había un lenguaje bastante más firme que el que se usa en los tiempos modernos, reclamando sus fueros y privilegios, negándose á pagar los tributos ó fechos que se le pedían, si no se les hacía justicia, indicando bien claramente que estaban dispuestos á defenderla por todos los medios. El fastuoso y detallado ceremonial con que eran celebradas las Cortes, bien nos manifiesta la importancia que los reyes, incluso Isabel y Fernando, daban á su reunión. Y por grande que fuera el poder de estos últimos, que por su enlace habían reunido toda la Península, excepto Portugal, bajo su cetro, obligados fueron, como todos los demás, á jurar los fueros y privilegios, y tenían exquisito cuidado en reunir las Cortes para consultarlas en todos los casos árduos. Isabel I, en sus últimos momentos, encargaba especialmente al monarca que había de sucederle, que jamás gobernara sin las Cortes, ni tampoco dejaron de presidir los tribunales de justicia, por lo menos un día á la semana, en el cual eran recibidos, sin distinción de categoría, todos los que tenían que hacer una reclamación ó defender su derecho. A propósito de esto, dice un escritor, hablando de la reina de Castilla, de aquella ilustre usurpadora: «Acuérdome verla en el alcázar de Madrid con el Católico rey D. Fernando, V de tal nombre, sentados públicamente por tribunal todos los viernes, dando audiencia á chicos e grandes, cuantos querían pedir justicia, et á los lados en el mismo estrado alto de cinco ó seis gradas, en aquel espacio, fuera del cielo del dosel, estaba un banco de cada parte en que estaban sentados doce oidores del Consejo de la Justicia, el presidente de dicho Consejo Real, e de pie estaba un escribano de los del Consejo, llamado Castañeda, que leía públicamente las peticiones. Al pie de dichas gradas estaba otro escribano del Consejo, que en cada petición anotaba lo que se pro- veía, e á los costados de aquella mesa, donde estas peticiones pasaban, estaban de pie seis ballesteros de maza, y á la puerta de la sala de esta audiencia real estaban los porteros, que libremente dejaban entrar (así lo habían mandado) á todos los que querían dar peticio- nes, e los alcaldes de corte estaban allí para lo que convenía ó se había de remitir para consultar con ellos.»

Se deducen de aquí varias consecuencias. Una de ellas, la importancia que en aquella época tenían los oidores del Consejo, encarga- dos de dar su parecer sobre los casos de justicia, rodeándoles de ex- terioridad tan importante para entonces, cual la de sentarlos en
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que habían nacido para déspotas, y por equivocacion se encuentran formando en las filas de los igualitarios.

Tal fuerza tiene el hábito de obedecer y de mandar, y de tal suerte la vanidad de hacerse superior á los que un dia fueron sus iguales, que hay pocos hombres, salidos de las filas del pueblo, que no les extravie su amor propio, mal entendido, hasta el punto de engreirse con el trato ó la proteccion que les dispense los que, más afortunados que ellos, ocupan una posicion social más elevada. Esta idea la formulaba Richelieu diciendo que, de cien hombres salidos del pueblo, los noventa y siete conservaban vestigios de su servilisimo, y los tres restantes, que acostumbraban á ser de gran valía, eran de una susceptibilidad y una fieraza tales, que no se podia contar con dominarlos. Por más que los reyes se apoyaran en el estado llano para hacer frente á la nobleza, no podian olvidar, ni olvidarán jamás, que ellos son los primeros privilegiados, y jefes, por consiguiente, de éstos, á los cuales, si en más de una ocasion tenian que combatir por encontrados intereses, una vez conseguido lo que pedian, ó humillados sus adversarios, natural era que hicieran causa comun contra los de abajo, que habian de concluir, andando los tiempos, por discutir, aminorar y áun terminar, lo mismo con los privilegios reales, que con los de toda clase de aristocracia. Era, pues, consecuencia forzosa que, cuando ya la nobleza no les inspirara temores, formaran causa comun con ella contra aquellos que, en su vanidad y de cierta manera autorizados por los hechos históricos precedentes, miraban como unos séres inferiores, al mismo tiempo que enemigos temibles por su fuerza y por su número, si un dia llegaban á despertar, contarse á sí mismos y á los que lo creian ser todo; ó lo que es lo mismo, si llegaban á formular aquel terrible aforismo del abate Sieyes: «¿Qué es el estado llano? Nada. ¿Qué debe ser? Todo.»

Más tarde, cuando los nobles de la Península, lo mismo que los del Continente, dejaron sus casas y castillos para irse á vivir á la corte, á afeminarse con la molicie y los vicios, arruinarse por el despilfarro y el lujo, y á humillarse para obtener las gracias del amo, las monarquías creyeron y creen un adorno indispensable para el Trono ese brillo y boato con que las rodean las personas de los dos sexos que adulan á los reyes para obtener de ellos las gracias y favores que necesitan, y que éstos, á su vez, se aprovechan de esas exterioridades para imponer á las multitudes que pagan, y después se admiran de
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estrado tan alto como el del trono. Segunda, la idea más ó menos confusa de igualdad ante la ley, formulada, como queda dicho, en señalar aquel dia para hacer justicia á pequeños y á grandes, y la entrada libre á todo el que alguna reclamacion tuviera que hacer. En cuanto á administrar justicia los mismos reyes, costumbre tal vez tomada de los árabes, era la que dominó en todas las sociedades antiguas, y aún hoy sostenida en todos los países atrasados, en los cuales los soberanos, personal y directamente, fallan por sí mismos ó oyendo los consejos de las personas destinadas al efecto. De aquí proviene, en los modernos gobiernos constitucionales, el hábito ó rutina de que la justicia se administra á nombre del Rey, mientras que en las repúblicas se hace á nombre de la nación. Lo cual quiere decir, en último término, que la administracion de justicia se hace en todas las sociedades á nombre del soberano. De suerte que, en propiedad hablando, en los países parlamentariamente regidos y en los cuales la soberanía nacional está reconocida como base y origen de todos los poderes, á nombre de ella debía ejercerse la justicia; y al hacerlo en el del monarca, se sobreentiende que aquél es la representacion más permanente de dicha soberanía. Todo esto da lugar á una grave cuestión, que en los tiempos que atravesamos no se ha llegado aún á resolver; mejor dicho aún, á varias cuestiones á las cuales urge dar una solución. Es, á saber: ¿á quién corresponde la eleccion de los encargados de administrar justicia, por cuánto tiempo han de ser elegidos, serán amovibles ó inamovibles, qué condiciones han de exigirseles para investirles temporal ó permanentemente de tan importantes facultades, como son las de vigilar por el cumplimiento del derecho, decidir, con arreglo á las leyes, sobre la propiedad, la libertad, la vida y la honra de los ciudadanos? Las cuestiones apuntadas y el sinnúmero que con ellas se rozan son de fácil resolución en teoría, pero en la práctica están erizadas de inconvenientes que hasta ahora no se ha conseguido descartar. En las repúblicas bien organizadas, como Suiza y los Estados Unidos, la eleccion de jueces y magistrados se verifica por la masa de los ciudadanos aptos, según las leyes, para ejercer la función del sufragio, y sólo el corto número que está á la cabeza de la magistratura, por condiciones determinadas á priori, y una vez adquirida aquella categoría y posicion, son inamovibles, salvo el caso de ser encausados por motivo de delito y recaer sentencia firme; pero en la generalidad de los puestos de todo orden judi-
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cial, son elegidos sólo por tiempo determinado, pudiendo ser reelegidos. Pero este sistema está muy lejos de haber correspondido en la práctica á lo que de él debía esperarse; tiene el gravísimo y principal inconveniente de deber los magistrados su puesto, y, lo que es más grave aún, esperar su reelección, á aquellos mismos á los que ha de tener que juzgar; y, como por la naturaleza de las cosas, son los partidos políticos los que, en último término, han de decidir quiénes son las personas que hayan de ocupar los puestos de la judicatura ó magistratura, quedan éstas bajo la dependencia de aquellos con sus pasiones, sus intransigencias y sus egoismos de colectividad, y es seguro que sólo naturalezas excepcionales, caracteres de gran firmeza y espíritus muy severos, podrán resistir al deseo natural de asegurarse en su puesto y ascender, en frente de perder acaso toda esperanza de porvenir, según obren parcialmente ó con rectitud.

Si en los países regidos monárquicamente se obvian estos inconvenientes, reservando el nombramiento de jueces y magistrados, sujetos á determinadas condiciones, al poder gubernamental, que puede suponersele menos dominado por las pasiones que los partidos políticos; esta razón es más aparente que real, puesto que en los sistemas constitucionales modernos los que mandan son realmente los partidos, participando, por ende, de todas sus intransigencias, con circunstancias agravantes, en el sentido de que el ministro encargado del ramo, que alcanzó tan alto puesto, prescindiendo de los medios empleados para conseguirlo, no siempre de una severidad correcta, de que, aun sin aquellos medios irreprochables, son, por la naturaleza de las cosas, tales que no pueden servir de garantía á su imparcialidad y acierto, y que, además, sus pasiones y egoismo personal no están limitados y contenidos por los diferentes intereses que se cruzan en las multitudes; y agregando á esto lo complicado de los asuntos que dependen de su resolución y no le permiten disponer del tiempo necesario, ni tiene los medios de analizar por sí mismo y vigilar todo lo que á nombramientos, ascensos, etc., se refiere, no siéndole posible, además, negarse á las exigencias de aquellos solicitantes que pueden favorecerle con sus votos e influencia, y de otras varias consideraciones como pudieran hacerse sobre tan complicado asunto; producen la anomalía de que la ocupación de un puesto en el orden judicial ó el ascenso, según sus diferentes jerarquías, ó el traslado de este al otro punto de las personas llamadas á ejercer un poder
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harto más terrible que el que tienen hoy todos los reyes de Europa, depende del interés baldío de que un amigo parcial, político ó paniaguado, pueda ganar unas elecciones para diputados á Cortes, simplemente provinciales ó municipales, de una recomendación de tortulia, de la exigencia de un diputado que acaso debe su elección á la gracia del gobierno que, en faltándole su padrino, ha de volver á la oscuridad, de la cual, ni su palabra, ni su sentimiento, ni su instrucción, ni su importancia oran adecuadas para sacarle do la que ya está; y si la elección del magistrado no se debe á un simple escribiente que haya aprovechado los momentos de buen humor del ministro.

Por estas razones y otras que sería harto prolíjo exponer, está en la conciencia pública que el desgraciado cuyos intereses, cuya vida ó cuya honra pende del fallo de los tribunales, y tenga en contra suyas las antipatías del gobierno que rija los destinos de la nación, en la generalidad de los casos tiene escasas probabilidades de que se le administre recta justicia. En vano están consignados en las Constituciones más adelantadas, los derechos del individuo, si el poder judicial, administración de justicia ó lo que sea, dependen del capricho de un ministro, y de aquí el que todos hayan pensado, como un remedio á tan graves males, en la inamovilidad judicial. Pero si es cierto que la amovilidad puede trazar todos los perjuicios someramente anotados, lo es también que la inamovilidad tiene gravísimos inconvenientes. En primer lugar, es harto difícil el llegar á plantearla de tal suerte que el gobierno no pueda perjudicar ó favorecer á sus amigos ó adversarios, y no son en corto número los casos en los que un proceder severo y recto ha acarreado al juez ó magistrado que así sabía cumplir con su deber molestias traslaciones que si, en verdad, no eran su cesantía, sí le aproximaban á la miseria. Es, además, cosa de asustarse el pensar que un hombre, que ha logrado entrar en la carrera de la judicatura por la buena voluntad de un ministro, por condiciones á priori admitidas, por oposición rigorosa ó de otra cualquiera manera que asegure, siquiera en absoluto, su independencia, ha de tener por ocupación toda su vida decidir lo tuyo y lo mío y juzgar á sus semejantes. Aún dejando aparte los hábitos y falta de interés que engendra la rutina, pueden, aun en la misma oposición, ser garantía de que el que reúne las condiciones exigidas de la inteligencia necesaria y suficiente para desempeñar los puestos inferiores de la judicatura, los tenga igualmente para obtener cargos de superior-