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mos representantes, unos y otros unidos por vínculos de la más estrecha amistad particular y política, ó cuando menos por los lazos del compañerismo, que á veces ligan tanto á los hombres como la misma amistad. Pero no vayamos donde nunca pensamos ir; sigamos el camino que desde luego emprendimos; continuemos relatando los sucesos.

Los dimisionarios fueron sustituidos el 10 de Noviembre por D. Manuel Villafañé, que luego fué nombrado presidente del Tribunal; D. Manuel de Rojas, D. Francisco Lopez Lisperguer, D. José Antonio Lopez de la Plata y D. Guillermo Moragues, á quienes se les participó el 13 su nombramiento, al propio tiempo que á los individuos sujetos al fallo del Tribunal. Eran éstos los dichos Gonzalez y García Quintana, por los motivos expresados, y Freire Castrillon por la publicacion en la Gaceta de Cádiz, de 28 de Marzo de 1811, de un escrito titulado Aviso al público, que fué denunciado como subversivo por el fiscal del Consejo Real, D. Antonio Cano Manuel.

Las causas incoadas terminaron declarando que Gonzalez se hallaba suficientemente castigado con la privacion que habia sufrido de asistir al Congreso, y García Quintana con su largo arresto y la privacion de dietas por todo el tiempo que duró la causa, admitiéndosele la renuncia que del cargo había solicitado. La causa seguida á Freire Castrillon quedó sobreescida, por no haberse hallado méritos para continuarla.

Tambien se formó causa á D. Manuel Ros, por la publicacion, en el Procurador general de la Nacion y del Rey, de un escrito titulado Carta misiva, que se consideró atentatorio á la inviolabilidad de los Diputados. El Tribunal consideró suficientemente castigado al autor con la privacion que le fué impuesta desde luego de poder asistir al Congreso, á donde no concurrió en los seis meses que duró la causa, conformándose la Cámara con esa resolucion.

Entablóse tambien otra contra D. Juan Bernardo O'Gaban, por la demanda de injuria que contra él dirigió el Ministro de Gracia y Justicia, con motivo de las personales ofensas que aquel le habia hecho en la sesion pública de 13 de Mayo; pero nada llegó á resolverse, porque de allí á poco terminaron sus tareas aquellas Cortes.
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Y ya que de su Tribunal nos hemos ocupado, parécenos conveniente traer ahora en este lugar de otro especial, nombrado igualmente por el Congreso, aunque compuesto de individuos de fuera de su seno.

Sentado dejamos, en todo lo que llevamos dicho, que desde el establecimiento de la Junta Central existió siempre un numeroso partido, cuymigo declarado de toda reforma, porque sólo á la sombra del vicioso sistema de administracion que hasta el principio de nuestra revolucion habia existido, cifraba su existencia.

Primeramente declaró á la Suprema Junta una guerra sorda y perfida, que dió por resultado su descrédito y por último su destrucción. Congratularonse con la formacion de la Regencia, porque la centaron partidaria de su politica, y por consiguiente enemiga decidida de toda reforma. Y no se equivocaron. Durante su gobierno se paralizaron la serie de reformas emprendidas, y hasta se habría desistido de la reunion de las Córtes, si sus partidarios, confiando en las continuadas y mentidas promesas del Gobierno, no hubieran trabajado decididamente, sin tener para nada en cuenta los obstáculos e inconvenientes que á cada paso se les presentaban, porque aquellas se estableciesen á la mayor brevedad. Con gran extension hemos tratado ya este punto, acerca del que hemos procurado dejar demostrado que la Regencia siempre trato de impedir, ó por lo menos dilatar aquella reunion que, si se llevó á cabo, fué porque los Regentes, como más tarde declararon por conducto de uno de sus miembros, no contaban, el 24 de Setiembre de 1810, con el ejército ni con el pueblo. Abrieronse al fin las Córtes, y la Regencia, declarándose vencida, presentó su dimision.

Los primeros decretos del Soberano Congreso aterraron por el momento á sus enemigos; pero atribuyendo después á cobardía la templanza de las Córtes, toman bien pronto nuevos brios y se revuelven contra su autoridad; y recobrando sus perdidas esperanzas, se dedican á desacreditar las salvadoras providencias emanadas de aquel soberano poder.

Si hasta entonces los partidarios del oscurantismo habian procurado el descrédito de las Córtes, una vez que se nombró la Comision constitucional, y principalmente desde que se hubo
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dado lectura en la Cámara de las dos primeras partes del trabajo de aquella, usaron de cuantos medios les sugeria su imaginacion para llevar á cabo sus dañadas intenciones de impedir la discusion del Código fundamental.

El Consejo Real preparaba por aquella época una consulta, de que muy luego nos ocuparemos; varios escritores preparaban escritos dedicados exclusivamente á zaherir á las Cortes, y demostrar la ilegitimidad de éstas y su falta de autoridad para establecer la Constitucion. Entonces apareció en Alicante (Septiembre de 1811) un escrito titulado Manifiesto que presenta á la Nacion el Consejero de Estado D. Miguel de Lardizabal y Uribe, uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España e Indias, sobre su politica en la noche del 24 de Setiembre de 1810.

«Comenzó en Octubre, dice Toreno, á circular el papel en Cádiz; y como salia de la pluma, no de un escritor desconocido y cualquiera, sino de un hombre elevado en dignidad y de un ex-Regente, metió gran ruido y causó impresion muy señalada, mayormente cuando no se trataba sólo en él de opiniones que tuviera el autor, mas tambien de los pensamientos e intenciones aviesas que al instalarse las Cortes habia abrigado la Regencia de que Lardizábal era individuo.»

Sólo éste tuvo la osadia de circular su escrito; los demás, ó no se atrevieron, ó, más cautos, esperaban el resultado de esa tentativa. El autor del folleto España vindicada en sus clases y jerarquías, que bien pronto se probó lo era el decano del Consejo Real, D. José Colon, se determinó tambien á poner en circulacion algunos ejemplares que trató de recoger cuando vió la energía de las Cortes y la mala impresion que en el público causáran escritos que revestian intentos tan abominables. De esa publicacion se entregaron al Congreso dos ejemplares y el original, que se acordó pasasen al Tribunal especial, por haberse supuesto que semejante produccion tenía enlace con el asunto de Lardizábal; mas quedó paralizado este negocio, porque la Suprema Junta de censura declaró al autor absuelto de toda culpa.

Circunscribiéndonos al manifiesto de Lardizábal, causa y origen de la creacion del Tribunal especial nombrado por las
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Córtes y de la excitacion que se produjo en la opinion contra los perturbadores del orden y enemigos de la libertad, manifestaremos que la lectura de aquel en el Congreso el 14 de Octubre de 1811, cumpleaños de Fernando VII, produjo en los oyentes una desagradable impresion, que excito la indignacion de cuantos la escucharon, y las Córtes le consideraron como «una mordaz invectiva contra ellas, dirigida á persuadir su ilegitimidad y que la Soberania no residia en la Nacion.»

Si era censurable que unos cuantos escritores, guiados sólo por la ambicion y el despecho, mal encubierto con la idea politica, combatiesen uno y otro dia las disposiciones emanadas de la Suprema autoridad para desprestigiarla e imposibilitar la serie de reformas proyectadas; si era censurable, decimos, semejante conducta, era imperdonable y hasta criminal la del ex-Regente que con sin igual descaro y osadia tuvo el atrevimiento, ó, mejor dicho, la avilantez de publicar un escrito destinado exclusivamente á negar la Soberania de la Nacion, la legitimidad y autoridad de las Córtes; en una palabra, á negar todo lo que un año antes jurara ante la Representacion nacional, cuando por confesion propia sabemos que pensaba en el modo de reformar la marcha de las Córtes ó destruirlas, si hubiera contado con el pueblo ó con el ejército.

En la misma sesion del 14 se trató de ese desatentado escrito, y abriendo el debate Argüelles, ponderó con gran energia el peligro de la patria, anatematizó al autor y su obra, y reclamó medidas fuertes para contener la guerra sorda que existia contra las Córtes desde el 24 de Setiembre.

Hé aquí cómo calificó y brevisimamente explicó el contenido del manifiesto: «Yo bien veo que se debe deliberar con mucha madurez y meditar mucho para dar, no una providencia aislada, sino la única que puede salvar á la Nacion. Si no fuera por la agitacion que veo en el Congreso, y porque se creyera que tomo parte personal en ultrajes que son más claros que la luz del medio dia, diría mucho más; pero me reservo hablar cuando S. M. determine tomar alguna providencia sobre este libelo, que por tal le califico.

»Este libelo, continuaba, contiene dos partes. La primera abraza las opiniones de un español, que, como ciudadano, y
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estando en el goce de sus derechos, ha podido y debido manifestarlos, y está bien que diga lo que quiera y sostenga su opinión, hasta cierto punto. Pero la otra parte no es opinión; son hechos que atacan á V. M., á la Nación y á la causa pública: pone en cuestión si hemos de ser ó no franceses.»

A ese sentido y patriótico discurso siguió otro de Mejía, en que propuso que el folleto pasase á la Junta de Censura y la Regencia recogiese y entregase á las Cortes los papeles á que aquél se refería, y más adelante pidió que se hiciese un ejemplar castigo. Toreno, después de declamar contra el escrito y considerarlo obra de muchos malvados, dijo: «que se suspendiese á todos los agentes del Gobierno que lo eran cuando la Regencia, entre los que debieran incluirse los individuos de los Tribunales Supremos que decían relación con el asunto, como se deducía de su narración.»

García Herreros, en un arranque de ira, siempre mala consejera, llegó hasta proponer que inmediatamente se cortase la cabeza al autor.

Después de haber terciado en el debate otros Diputados, terminó aquella sesión, en que el público demostró vivísimo interés, con la aprobación de la siguiente proposición:

«Pásese orden al Consejo de Regencia para que proceda al arresto del autor del papel, y su remisión á Cádiz; que se recojan todos los ejemplares del impreso; que al autor del papel se le ocupen todos los que se le encuentren al tiempo de prenderle, entendiéndose que la orden, en todos sus extremos, será cumplida bien y puntualmente bajo la responsabilidad personal del ministro á quien corresponda su ejecución.»

La discusión continuó el 15 con más calor aún, por haberse dicho que el Consejo de Castilla se hallaba complicado en el asunto, y que, de común acuerdo con Lardizabal, había extendido una consulta en que se deprimía la autoridad de las Cortes, terminando la discusión con la aprobación de estas dos proposiciones de Calatrava:

«1." Que se nombre una Comisión de dos Diputados para que inmediatamente pasen al Consejo Real, y recojan, de donde quiera que se hallen, la exposición ó protesta remitida por el Rdo. Obispo de Orense, según el manifiesto de Lardizá-
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»bal y la consulta que se dice de público haber extendido últimamente el mismo Consejo acerca de la autoridad de las Córtes y otros particulares relativos.

»2.º Que otra Comision de igual número pase tambien á recoger la exposicion ó protesta del mismo Rdo. Obispo, archivada en la Secretaria de Gracia y Justicia.»

Procedióse despues al nombramiento de los individuos de esas Comisiones, y fueron elegidos para la primera Giraldo y Calatrava, y para la segunda Garcia Herreros y Zumalacarregui.

Otra tercera proposicion habia hecho tambien el autor de las anteriores, para que una Comision de cinco Diputados juzgase al autor del Manifiesto; pero fué desechara despues de un ligero debate, y en su lugar quedó aprobada esta otra:

«Que una Comision del Congreso proponga en el dia de mañana doce sujetos, que actualmente no ejerzan la magistratura, para que entre ellos elijan las Córtes cinco Jueces y un Fiscal que juzguen al autor del Manifiesto y entiendan en la causa que debe formarse desde luego para descubrir todas sus ramificaciones, procediendo breve y sumariamente, con amplias facultades y con la actividad que exige la gravedad del negocio.»

Tan de prisa llevaron éste las Córtes, que el mismo dia evacuaron su cometido aquellas dos Comisiones, pero sin resultado alguno. La destinada al Consejo Real no halló la consulta que se dijo extendida por el Conde del Pinar, y sólo supo por él que había sido inutilizada por la oposicion que hallaran en muchos Consejeros los principios en ella consignados; pero, en cambio, recogió y presentó á las Córtes tres votos que contra ella habían presentado Ibar Navarro, Quilez y Talon y Navarro Vidal.

Leyeronse estos tres votos, que fueron oídos con gran entusiasmo por el numeroso público que asistia á la sesion; así como demostró su desagrado con murmullos cuando oyó que la mayoria del Tribunal había aprobado la consulta.

Los votos de Navarro Vidal y Quilez y Talon, disintiendo de la consulta proyectada, reconocian la legitimidad de las Córtes como depositarias de la Soberania Nacional y con la autoridad necesaria para formar la Constitucion y ejercer todos
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mientras que el que las ha recibido se encuentra más pobre que anteriormente. Tales y tan fuertes contradicciones, que así se encuentran en la vida de las sociedades como en la de los individuos, no pueden explicarse más que por la intervención caprichosa de una providencia que tuviera todas las complacencias y malas pasiones del hombre, y se diera la singular diversión de elevar arbitrariamente hasta las nubes á un pueblo para hacerlo descender, sin motivo que lo justifique, hasta los más profundos abismos; ó bien porque, bajo el brillo exterior del poderío de un pueblo, se ocultaban grandes flaquezas, importantísimas condiciones deletéreas y enfermedades anémicas que se manifestarán con fuerza en la primer circunstancia que se presente. Es decir, que aquel grado de poder lo era tan sólo en una dirección dada, mientras que en todas las demás existía una grandísima deficiencia, y batida en la primera y sin los medios de la paz indispensables para sostener la guerra, en realidad la decadencia no empezaba, no hacia más que manifestarse; ó, por el contrario, si el pueblo de que se trata tenía en sí gran virtualidad, ya por sus condiciones fisiológicas, ya por sus prendas de carácter, ya por bases fundamentales, necesarias á toda sociedad, que no habían sido perturbadas, ya por su trabajo, ya por los elementos de riqueza, ya por su afición á la industria ó por otras razones, tenía en sí grandes elementos de fuerza, de progreso y de desarrollo, y sólo por circunstancias accidentales ó momentáneas en la dirección guerrera, estaban destinados á ser vencidos en los primeros encuentros, á pasar, al menos, por grandes apuros; pero que el choque rudo venido del exterior ha servido, bien para sacarles de su letargo y recordarles que, por el camino seguido, que les había conducido á la desgracia, no era posible su regeneración, y era indispensable emprender nuevos derroteros, ó bien volver á explotar todos los recursos de que disponía, para corregir los descuidos y defectos de coordinación que completaran el fondo de eliminación en su parte deficiente.

Todas estas razones, someramente expuestas, tienen aplicación al asunto que nos ocupa, ó sea á las grandezas y decadencias del Imperio Ibérico. Hemos examinado sólo á grandes rasgos y con la brevedad que el caso requiere el grado de poder y de cultura que alcanzaron en la Península Ibérica las civilizaciones romana y árabe; y hemos visto en la segunda que al lado y marchando á la par con una organización social defectuosa que constantemente se ha movido entre el
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los demás actos del poder legislativo. En el de Ibar Navarro, bastante más extenso que los anteriores, por la disertación histórica que hacia para probar que el proyecto constitucional no alteraba la forma de gobierno ni perjudicaba á Fernando VII, se reconocía igualmente la legitimidad de las Cortes y la justicia de sus decretos relativos á la Soberanía Nacional y división de poderes.

La Comisión destinada á Gracia y Justicia expuso á las Cortes que no había hallado otros papeles que la protesta del Obispo de Orense, que fué presentada á las Cortes en 3 de Octubre de 1810, de que ya nos hemos ocupado.

Las Cortes, antes de terminar la sesión de aquel día, acordaron, á propuesta de Toreno, declarar suspensos á todos los consejeros que habían intervenido en la aprobación de la consulta, quedando aquel Cuerpo sólo compuesto de los tres ministros cuyos votos fueron leídos, y de aquellos que por hallarse ausentes no hubiesen ejercido sus cargos hasta después de aprobada aquella (1).

El 17 quedaron elegidos los individuos para el Tribunal especial que había de juzgar á Lardizábal y al Consejo, jurando su cargo ante las Cortes el inmediato día.

Por decreto de 25 (2) se fija el título y consideraciones del Tribunal que por falta de local no se constituyó hasta un mes después (25 de Noviembre), aunque sus individuos desde el día de la elección venían ya trabajando en sus propios domicilios.

Lardizábal, que de orden de las Cortes fué arrestado en Ali-

(1) Quedaron suspendidos al siguiente día, en virtud de orden de las Cortes trasmitida por el ministerio de Gracia y Justicia, que el Consejo pleno aprobó el mismo 16, los siguientes: D. José Colon, D. Manuel de Lardizábal, el conde del Pinar, D. Sebastián de Torres, D. Bernardo Riega, don Domingo Fernández de Campomanes, D. Andrés Lasanca, D. Tomás Moyano, D. Ignacio Martínez de Villela, D. Francisco Arjona, D. José Antonio de Larrumbide, D. Benito Arias, D. Juan Antonio González Carrillo y Ampuero y D. Vicente Duque de Estrada.

Desde ese día el Consejo se compuso de Navarro y Vidal, que quedó ejerciendo el cargo de decano; Quílez y Talon, Ibar Navarro, Puig y los fiscales Cano y Diez, cuyos tres individuos habían estado ausentes con licencia.

(2) Decretos de las Cortes, tomo II, página 19.
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cante, donde se hallaba cuando aquéllas se ocupaban de su Manifiesto, fué trasladado á Cádiz á mediados de Noviembre, y constituido en prision en el cuartel de San Fernando, dirigió desde él algunas exposiciones á la Representacion Nacional.

Tambien los consejeros suspensos elevaron otras en los siete meses que duró su causa. De ninguna habremos de ocuparnos, pues la única que podia merecer llamar nuestra atencion, por haber sido causa de un alboroto á las puertas del Congreso, fué la que D. José Colon dirigió en peticion de permiso para exponer á las Cortes ó al Tribunal cuanto creyese conveniente, y de ella hemos tratado ya.

A primera vista parece que las Cortes se habian extralimitado y cometido una infraccion de la ley de libertad de imprenta decretando el arresto de Lardizábal; pero si bien se medita, se observará que no perseguian al autor de un escrito, sino al criminal que declaraba á la faz de la Nacion, que habia intentado valerse de la fuerza para destruir las Cortes, sin inmiscuirse en las atribuciones de las Juntas de censura á donde aquellas pasaron el escrito para su calificacion.

También la formacion del Tribunal especial podia dar lugar á suposiciones poco favorables á las Cortes; pero las razones que éstas tuvieron para obrar así; nos las explica Toreno de esta manera:

«Tal vez parecerá que hubo demasia en ingerirse les Cortes directamente en este asunto, y en nombrar un Tribunal especial, separándose de los trámites regulares y ordinarios. Pero el acontecimiento en si era grave; tratábase de personas de categoria, de las que constantemente se habian opuesto á las reformas y actuales mudanzas, y de un Cuerpo como el Consejo, enemigo, por lo comun, de cuanto le hiciese sombra y no se acodase á sus prerrogativas y extraordinarias pretensiones. Además, ibase á juzgar á Lardizábal como á Regente; y á los consejeros, si habia lugar á ello, como á magistrados. Era caso de responsabilidad; las leyes antiguas estaban silenciosas en la materia, ó confusas y poco terminantes, y la Constitucion no se habia acabado de discutir. Necesario, pues, era llenar por ahora el vacio.»

Precedida de una exposicion, el Tribunal elevó á las Cortes.
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el 30 de Mayo la sentencia pronunciada el dia anterior en la causa seguida á los consejeros, de la cual resultaba «que, conformándose el Tribunal con el dictamen fiscal, consideraban que los 14 ministros del Consejo Real no habian faltado á su ministerio por haber pensado dirigir al Congreso sus observaciones sobre algunos artículos de la primera parte de la Constitucion, cuando aun no se hallaban sancionados, ni en haber desistido de hacerlo por respeto al mismo Congreso, cuando ya lo estaban; y administrando justicia, los debian declarar y declararon libres y exentos de toda culpa y cargo, y desvanecidas enteramente las sospechas que motivaron la suspension acordada por las Cortes en el ejercicio de sus empleos, en que deberian continuar, si existiesen en dicho ejercicio los demás individuos del mismo Consejo Real, sin que la formacion de la causa pudiese perjudicarles jamás á su honor y reputacion, ni les obstase para servir al Soberano y á la Patria en los destinos que fuesen de su agrado, sin excepcion alguna. Tambien declaran, continuaba la sentencia, que el señor decano, D. José Colon, obró bien y prudentemente en reservar en sí la representacion del Reverendo Obispo de Orense, y no comunicarla al Consejo en aquellas circunstancias.»

Grande fué el disgusto de las Cortes por el resultado de esa causa, que los representantes no podian menos de acatar, porque ellos mismos autorizaron al Tribunal para que juzgase, sentencias é hiciese llevar á efecto su fallo.

Ahora todos se sorprendieron; es más, dudaron de la rectitud de los jueces. El único que no podia sorprenderse era García Herreros, que ya habia pronosticado este resultado cuando, tratándose de decidir si el Tribunal se compondria ó no de Diputados, dijo:

«Para este asunto, recordare á V. M. dos causas que se mandaron formar fuera del Congreso. Una fué la del Obispo de Orense, y la otra la del marqués del Palacio. Pregunto: ¿Cómo se salió de ellas?»

No pudiendo ya las Cortes hacer otra cosa, acordaron que se imprimiese integra toda la causa, con los votos particulares que pudiera haber habido, porque algunos de los jueces hubiesen disentido de la mayoria.