Revista de España (1883-01-01 00:00:00), página 283

das violentas, que sus adversarios hubieran interpretado como síntomas de miedo, tampoco podía permanecer indiferente ante la expectativa del país.

El proyecto relativo á los pretendientes, manifiesta, en su artículo primero, que un decreto del Presidente de la República, acordado en Consejo de ministros, podrá obligar á cualquier individuo de una de las familias que han reinado en Francia, y cuya presencia pueda comprometer la seguridad del Estado, á salir inmediatamente del territorio de la República. Con los poderes que este artículo le da, queda el gobierno suficientemente aunado contra todas las eventualidades. Verdades, que estos poderes imponen una gran responsabilidad á los ministros, y áun al prefecto de policía; pero su adhesión á la República es una garantía del rigor de la vigilancia que deben ejercer sobre los manejos e intrigas de los pretendientes y de sus partidarios.

El artículo segundo del proyecto dispone que, toda persona que después de ser conducida á la frontera vuelva á entrar en Francia sin autorización del gobierno, será llevada ante los tribunales correccionales, y castigada con prisión de uno á cinco años.

El tercer artículo se refiere á los miembros de las familias que hayan retirado en Francia y forman hoy día parte del ejército. El gobierno se reserva el derecho de proceder contra estas personas, según las circunstancias exijan.

Las modificaciones propuestas á la ley de imprenta de 1881, tienen por objeto llenar las lagunas que habían escapado á la prevision de los legisladores. Los republicanos creyeron entonces, con su generosidad habitual, que podían establecer en la ley una libertad ilimitada, y habían cerrado voluntariamente los ojos á los ultrajes contra el gobierno. Parecía que la República no estaba sometida á las necesidades de todos los demás gobiernos, y se entregaba, sin defensa, á los ataques de sus enemigos.

La experiencia ha demostrado que esta era una ilusión generosa; la República concede á los ciudadanos libertades á las cuales no resistiría una Monarquía largo tiempo; pero esto no la dispensa de adoptar medidas contra los adversarios poco escrupulosos, y es, por lo tanto, preciso introducir en la ley de imprenta algunas modificaciones.

Tal es el objeto del proyect de ley presentado á la Cámara francesa por el ministro de Justicia. Con arreglo á este proyecto, será castigado el ultraje al gobierno de la República con prisión de seis meses á dos años: la ostentación ó degradación de los signos públicos de la autoridad del gobierno republicano, la exposición en lugares ó reuniones públicas, la distribución ó venta de todos los signos ó símbolos propios para propagar el espíritu de rebelión, con prisión de tres meses á un año, y de una multa de 100 á 2.000 francos.

En el Consejo de ministros celebrado el dia 25 bajo la presidencia de Mr. Grevy, se reprodujeron los grandes disentimientos que la víspera habían hecho anunciar á los noticieros la crisis total.

Efectivamente, la situación particularísima de los príncipes de Orleans no se aviene fácilmente con la aprobación de la proposición Floquet.

El ministro de la Guerra manifestó que su honor militar no le permite aceptar la medida propuesta. El almirante Jaureguiberry va más lejos; es opuesto á que se conceda al gobierno la facultad de privar eventualmente de sus empleos á los mencionados príncipes.

Mr. Duclerc se inclinó á esta opinión; pero los demás ministros se mostraron partidarios de una transacción con lo propuesto por MM. Floquet y Lockroy.

El Presidente de la República, al ver de nuevo patentes estas diferencias, suplicó y obtuvo de los ministros que se aplace la crisis para que el gobierno pueda hacer presente ante la comisión las razones contrarias á las proposiciones Floquet y Lockroy.