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mismo capítulo, por exigirlo así la naturaleza de la cuestion, el espíritu de las discusiones del Congreso y el contexto de algunas de las adiciones que se la han pasado por las Cortes; pero al mismo tiempo la Comision y los señores adjuntos han creído que era conveniente no alterar las máximas contenidas en los artículos anteriores al 7.º, que están ya aprobados por las Cortes, bastando sólo dar á algunos de ellos mayor explicacion ó extension.

»Como uno de los puntos que más se han controvertido ha sido el relativo al llamamiento de las hembras, pretendiendo los que han impugnado los artículos de la Comision que este llamamiento no se hallaba en ninguno de ellos con la terminante expresion que se requiere en materia de esta importancia; y como, por otra parte, es constante que la intencion de la Comision ha sido desde el principio llamar las hembras, como lo demuestra su primer proyecto, de modo que la sucesion quedase arreglada conforme al sistema de la ley de Partida; y lo es, asimismo, que las Cortes han sancionado este llamamiento del modo más expreso, la Comision y los señores adjuntos han reconocido la necesidad de aclarar ó dar mayor extension al artículo 1.º, que por esta razon presentan ampliado:

»En el art. 2.º no podia presentarse más que una duda, que aunque pueda creerse resuelta por los principios del derecho comun, ó por las doctrinas de los expositores, todavia ha parecido á la Comision que convendría remover en este articulo todo motivo de cuestion. Esta pudiera recaer sobre el hijo póstumo, si quedase el artículo como estaba; por esto se ha hecho la pequeña alteracion que no es sustancial.

»Al llegar al art. 3.º, han reconocido la Comision y los señores adjuntos, que despues de la base ya sancionada que en él se establece, era muy opportuno fijar el derecho de las hembras que sean de mejor línea, ó de mejor grado en la misma línea, porque de otro modo pudieran suscitarse dudas ó cavilaciones que en ninguna materia conviene más alejar escrupulosamente, en sentir de la Comision, que en punto de sucesiones, señaladamente á una Corona. Por eso se ha hecho al art. 4.º la adicion que determina con toda claridad y concision este punto.
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»En el art. 4.º, que establece la regla para el derecho de representacion, no se ha tenido por conveniente alterar nada, si se exceptúa la adición de la palabra hija, para que el llamamiento de las hembras quede sancionado en todos los pasajes en que puede ser oportuno hacerle valer, y para seguir así el lenguaje claro y terminante de nuestras leyes.

»Al art. 5.º, que establece la base de que hasta que no se extinga una línea no se puede pasar á la inmediata, no se ha creído deber hacer adición alguna, porque contiene con claridad y sencillez cuanto es necesario, después de todo lo expuesto en las precedentes bases.

»En el art. 6.º se presenta el voto unánime de toda la Nación, que ha proclamado mil veces por su Rey al Señor Don Fernando VII.

»Al llegar al art. 7.º, en que después de la descendencia legítima del Señor D. Fernando VII, debe fijarse determinadamente la sucesión de los colaterales ó transversales, de modo que, sin hacer llamamientos específicos, se contenga en la Constitución, con la claridad necesaria al llamamiento de las líneas transversales, han creído la Comisión y los señores adjuntos que debía hacerse expresa, aunque genérica mención, de los hermanos y tios del Señor D. Fernando VII, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de estos, por el mismo orden prevenido; de modo que todas estas líneas de los hermanos y tios queden llamadas á falta de la descendencia legítima del actual Rey.

»Por último, es de sentir la Comisión y los señores adjuntos, que se conserve en artículo separado, que es el 8.º, la base ya presentada, para que deban en todo tiempo ser excluidas por las Cortes la persona ó personas que, como dice la ley de Partida, sean incapaces para el gobierno ó hayan hecho cosa porque merezcan perder la Corona.

»En el art. 9.º se establece la máxima ya aprobada de que, si llegaren á faltar todas las líneas indicadas, las Cortes harán nuevos llamamientos, como más conveniente sea á la Nación, guardando siempre el orden y reglas de suceder que se fijan en la Constitución.

»Los dos siguientes y últimos artículos están ya aprobados,
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y nada ha ocurrido en las Cortes, ni ocurre á la Comision que decir sobre ellos.

»La Comision y los señores adjuntos opinan que debe reproducirse la idea de la Comision, reducida á que se haga un decreto ó ley separada, en que se excluyan de la sucesion al Infante D. Francisco de Paula y su descendencia, la Reina viuda de Etruria y la suya, y la descendencia de Napoleon, que por su mujer tiene tan próxima relacion con el Sr. D. Fernando VII (1).

»Si las Cortes estimasen que así conviene declararlo, la Comision podrá presentar la minuta del decreto. En cualesquiera caso, debe hacer presente la Comision que lo mas urgente para que pueda hacerse la copia auténtica de la Constitucion y procederse á su publicacion es el que se apruebe todo este capitulo sobre la sucesion, que tantas meditaciones ha costado.—Evaristo Perez de Castro, Secretario de la Comision.»

Despues de aprobado todo el capítulo en la sesion secreta de 28 de Febrero de 1812, fué leido á las Cortes en la pública de 17 de Marzo siguiente.

El capítulo que trata De la menor edad del Rey y de la Regencia, que era el que seguía, si exceptuamos el art. 189, que tuvo que volver á la Comision, pasó casi sin discusion.

Lo propio aconteció con los capitulos IV y V, que tratan De la familia real y del reconocimiento del Principe de Asturias aquel, y De la dotacion de la familia real este.

El VI, que se ocupa De los Secretarios del Despacho, mereció una larga discusion en su art. 222, y muy principalmente en la parte relativa al número de Secretarios para Ultramar, que la Comision creía necesario fuesen dos, y las Cortes aprobaron se nombrase uno solo. El resto, aunque sufrió alguna alteracion, no dió lugar á verdadera discusion.

El capítulo VII era referente al Consejo de Estado. Al tratarse de él descubriose una vez más la ambicion de empleos, mal que entonces se atribuyó á las circunstancias excepcionales porque el pais atravesaba, y que todos confiaban que des-

(1) Aprobose por las Cortes la idea, y se publicó el decreto de exclusion el 18 de Marzo de 1812. [Decretos de las Cortes, tomo II, página 180].
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apareceria cuando volviesen á normalizarse; pero desgraciadamente ha ido en aumento aquel furor de posiciones, y no se vislumbra el dia en que cesará. Respecto al número y clase de individuos que compondrian aquel Alto Cuerpo, tambien dió lugar á discusiones en que el amor propio, ó mejor dicho el de corporacion, no dejaba lugar á tratar este punto con aquella elevacion y desinterés con que debieran tratarse en el Parlamento aun las cuestiones más secundarias y que méños relacion pudieran tener con el bienestar de la Nacion. De todos los discursos pronunciados acerca de este título, merece una especial mencion el de Espiga, Diputado por Cataluña, que ya entonces fué considerado más bien que como discurso como una erudita recitacion histórica de aquel Cuerpo desde su creacion.

Mucho podríamos extendermos sobre este particular, porque la materia dió ocasion á resolver algunas dudas y tomar varios acuerdos; pero nos abstenemos de hacerlo, porque no recayeron sobre puntos de doctrina, sino sobre asuntos personales ó de interés particular para las altas clases del Estado.

Con esto terminó la segunda parte del proyecto. La tercera, que comprendia el título V, se leyó el 6 de Noviembre y fué recibida por el público con igual ó mayor regocijo y satisfaccion que las dos anteriores, empezando á discutirse el dia 15.

Tratábase en esta parte de asentar las bases constitucionales del poder judicial, y por consiguiente, de la seguridad individual. No es extraño, por tanto, que algunos de los articulos mereciesen tan detenido exámen de las Cortes. Nada diremos de la discusion, porque puede verse en el Diario de Sesiones; y si para algo habríamos de detenernos acerca de este punto, sería para emitir sobre él los juicios y observaciones que juzgásemos convenientes conforme á la opinion que tenemos formada sobre la materia; pero esto alteraria el orden establecido y nos llevaria á terreno ageno; así que sólo dejaremos consignado que al discutirse el art. 248 del proyecto, que pasó á ser 249 en la Constitucion, que trataba del fuero privilegiado del clero, le defendieron Dou, Guereña y el Obispo de Calahorra, y le combatieron Calatrava, Toreno, Garcia Herreros y Villanueva, que sólo deseaban se conservase para los negocios espirituales; pero aprobóse al fin tal y como fué presentado.
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Al tratarse del siguiente artículo, que privaba de su fuero á los militares, era natural que hubiese quien lo impugnara; porque si el eclesiástico había de continuar, esto es, si decididamente no se entraba en el camino de la abolición de los fueros privilegiados por quien tenía el deber de desprenderse de prerrogativas contrarias á su estado, mucha menos razón había para quitárselas á los militares, que por tantos motivos eran acreedores á que no se les considerase de peor condición. Acor-dóse en definitiva que el artículo volviese á la Comisión para que nuevamente lo redactase en sentido de la conservación del fuero militar, y fué presentado y aprobado en el siguiente día.

Con la aprobación, el 13 de Diciembre, del último artículo de esta tercera parte, se acercaba el feliz momento en que los españoles podrían considerarse libres y en posesión de unos derechos políticos que no tenía ninguna otra Constitución de Europa.

Antes de leerse la última parte del trabajo constitucional, propuso el Sr. Gallego, y aprobó el Congreso, que toda proposición que hiciera relación á alguno de los puntos que abrazaba la Constitución, pasase á la Comisión para que indicase ésta si se oponía á alguno de los artículos aprobados. Es de aplaudir la prevision del Diputado por Zamora y el acuerdo de las Cortes, porque de este modo se evitó que pudieran repetirse discusiones y que se hiciese interminable la formación de aquel Código.

La Comisión anunció que ya tenía terminada la última parte de su obra, y en su vista acordaron las Cortes que la leyese el día 26, como así se verificó. Su discusión empezó el 10 de Enero de 1812, y casi sin debate estaban aprobados el 17 la mayor parte de los artículos que abrazaba; sólo restaban los comprendidos en el título X y último, donde iba á darse la última batalla acerca de la ley constitucional.

Los americanos habían presentado pocos días antes un voto particular al art. 373 del proyecto, que luego en la Constitución fué 375. Ya por la importancia del artículo, ya también por la situación en que se habían colocado los Diputados americanos en esta cuestión, era de esperar una discusión tan extensa como luminosa acerca de la conveniencia de la fijación
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de plazo determinado para poder intentar reformas en la Constitución. No quedaron defraudadas las esperanzas: por una y otra parte se pronunciaron elocuentes discursos y se expusieron razones de principios y conveniencia política en aquella lucha, que podía haberse creído de razas, á juzgar por los dos bandos que en ella intervenían.

Defendieron el voto particular, que incluimos íntegro á continuación, los abogados Mendiola, Fernandez Leyva y Lopez de la Plata, los eclesiásticos Ostolaza y Guridi, y el capitán Riesco, todos americanos; lo combatieron los europeos Argüelles, Muñoz Torrero, Toreno y Oliveros, que obtuvieron la victoria, y con ellos la mayoría de la Comisión, que vió aprobado el artículo tal como lo había presentado.

El voto particular fué este:

«Señor: Nuestro ardiente deseo de que la firmeza de la Constitución se funde sobre las sólidas bases del consentimiento y voluntad nacional, legítimamente explicada, nos obliga á exponer á V. M. las siguientes reflexiones sobre el art. 373, que es uno de los puntos en que hemos discordado de la pluralidad de la Comisión, sin perjuicio de hacer á su tiempo acerca de algunos otros las observaciones que nos parezcan convenientes.

»Una ley que ha de gobernar á la Nación por tan largo tiempo como permita la naturaleza de las cosas humanas, no sólo debe ser hecha libremente por la Nación, sino libremente adoptada por la Nación misma. Ella, que ha tenido derecho para darse, por medio de sus actuales Diputados, una Constitución, lo tiene igualmente para examinar y ratificar la que éstos han formado por medio de representantes distintos. Porque es un axioma qué V. M. nada puede ni debe hacer contra la voluntad general de la Nación, y mucho menos una ley que eternamente la obligue. Luego V. M. puede y debe examinar la voluntad general de la Nación acerca de esta grande obra. Y ¿cómo se examinará? Si la Constitución se publica y se hace jurar inmediatamente como una cosa ya inmudable, y suponemos el caso de que los individuos y cuerpos que representen las provincias, puedan unos prestar el juramento por temor, y otros quizá resistirse á prestarlo, éstos serían sacrificados como rebeldes y traidores, y aquellos no habrían manifestado la vo-
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EL IMPERIO IBÉRICO

(Continuacion.)

XVII

La historia no había conocido una política tan desastrosa como la inaugurada en Bizancio. De la persecución á muerte á la ciencia profana y de la degradación intelectual que llegó á producir aquel sistema, apenas podríamos darnos razón, si, por desdicha, no notáramos aún hoy sus vestigios en todas las naciones civilizadas. La mayor parte de los originales de aquellas obras maestras que la Grecia y el Oriente nos legaron, hubieran desaparecido, poco menos que por completo, sin la intervención á tiempo, para acabar con tanta podredumbre, de aquellos guerreros sarracenos. Los doctores, que se habían apoderado del mando, se creyeron autorizados, por no sabemos qué delegación del Altísimo, á marcar el rumbo que había de seguir la inteligencia. Tal régimen llevaba en sí los gérmenes de su destrucción. A la viril inteligencia de las razas de la Arabia y del Occidente, y al apoyo de aquellos ilustres vencedores, de aquellos cuya rapidez de conquistas y civilización es la admiración de la historia, y que, á través de periodos momentáneos de fanatismo e intolerancia han puesto la fuerza que les daba sus prodigiosas victorias, no ya en oposición con la inteligencia y el progreso, sino resueltamente en su apoyo y ayuda, debece, principalmente, el que la Europa haya podido volver á leer los poemas de Homero, entusiasmarse admirando
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do derecho en aquel reino, y la presentó como la única nación que había resistido igualmente á los tiranos interiores y á los ataques de afuera.

«Cuantas luces, dijo, se han extendido por la faz de la Europa, han nacido de esta libertad, y las naciones se han elevado á proporcion que ella ha sido más perfecta. Las otras, obscurcidas por la ignorancia y encadenadas por el despótismo ó la superstición, se han sumergido en la proporción opuesta. España, siento decirlo, se halla entre estas últimas. Fijemos la vista en estos últimos veinte años: en este periodo, preñado de acontecimientos más extraordinarios que cuantos presentan los anteriores siglos, y en él podremos ver los portentosos efectos de este arma, a cuyo poder siempre ha cedido el de la espada. Por su influjo vimos caer de las manos de la nación francesa las cadenas que la habían tenido esclava tantos años. Una facción sanguinaria vino á inutilizar este grande acontecimiento, y el gobierno francés empezó á obrar directamente en contra de los principios que proclamaba. Después de haber declarado solemnemente y por aclamación que la República francesa renunciaba á toda conquista, dio orden para que se le reuniese la Saboya. La conducta de la República siguió siempre en contradicción con los principios de su Asamblea Nacional, tanto en su proceder respecto de los Estados que ocupó como en el que tuvo con sus aliados.

«España desde entonces se vió en la imposibilidad de formar ideas exactas del estado de la nación vecina, y de conocer y dar el verdadero valor á los principios de su revolución. Hubiera habido entre nosotros una arreglada libertad de imprenta, y la nación española no hubiera ignorado cuál era la situación política de la Francia al celebrarse la infame paz de Basilea. Nuestro Gobierno, dirigido por el favorito más corrompido y estúpido, era incapaz de conocer los intereses de España. Abandonóse ciegamente y sin tino á cuantos gobiernos tuvo la Francia, y desde la Convención hasta el Imperio seguimos todas las vicisitudes de su revolución, siempre en la más estrecha alianza, hasta el momento desgraciado en que vimos tomadas nuestras plazas fuertes y el ejército del pernicioso invasor en el corazón de España. Hasta aquel momento
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luntad pública; resultando de todo que la Nacion, á pesar de su derecho exclusivo para darse leyes fundamentales, era compelida á recibir una, ó sin su voluntad, ó contra ella.

»La Constitucion no debe entenderse obra de los Diputados que actualmente componen el Congreso, sino obra de la Nacion, á la que representan. Es, pues, justo que ella misma revea su obra, antes de ligarse las manos para siempre. Así, debe V. M. proceder, no interesándose en que la Constitucion tenga desde ahora toda su fuerza, sólo por sostener una produccion propia, sino por el convencimiento espontáneo que la Nacion manifieste de su utilidad.

»Pero indicaremos aún otra razon más grave. Es necesario poner la Constitucion á cubierto de las armas de todos aquellos que hoy ó mañana quieran destruir este baluarte de la libertad española. Las actuales Cortes se congregaron, del mejor modo posible, en las tristes circunstancias en que se hallaba la Nacion; pero estas mismas impidieron que hubiese toda la perfeccion absoluta en la representacion nacional. Es innegable que, aunque estas Cortes se instalaron bien y legítimamente, hubiera sido mucho mejor que hubiesen podido concurrir los Diputados de toda la Nacion elegidos uniforme y popularmente. Entonces sus mayores enemigos no tendrían por donde atacarlas; en vez de que ahora podrían alegar razones, aunque fuesen infundadas, para poner en duda la autoridad de la Constitucion. Y si estas razones encontrasen apoyo, por desgracia, la Constitucion caería sólo por haberla expuesto, digámoslo así, á la suerte y á las circunstancias del mundo, sin habérsele prestado toda la consistencia que podría recibir y que era muy fácil darle. Al contrario, si las inmediatas Cortes, representando más completa y uniformemente á toda la Nacion, aceptan y ratifican la Constitucion á nombre de la Nacion misma que las haya autorizado para ello con especial poder, la Constitucion habrá adquirido aquel grado de estabilidad inalterable que la asegura, en cuanto alcanza la prudeucia de los hombres, de los tiros que contra ella se pueden asestar.

»Así, nuestra opinion es que la Constitucion se plantifique y lleve á efecto desde el dia que V. M. la sancione, como uno de sus soberanos decretos para el buen régimen de la Monar-
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quía; pero que no por eso solo se entienda ya obligar irrevocablemente á la Nacion. Puesta en ejecucion, entendemos se debe encargar á todas las provincias que, enteradas de ella, autoricen expresamente á sus Diputados en las primeras Córtes para que, examinándola de nuevo, y arreglándose á las instrucciones que al efecto les comuniquen, la acepten, ratifiquen y juren en su nombre.

»Nosotros, Señor, nada tememos de los futuros Diputados; pero lo tememos todo de los enemigos de V. M. y de sus obras, y queremos, por lo mismo, que la nueva sancion de aquellos haga á la Constitucion superior á todas las maquinaciones de estos otros. Ni ¿qué puede temerse de los que nos sucedan en el cargo de representar la Nacion? ¿Se temerá que alteren la religion ó el sistema de gobierno de la Monarquía, ó que varíen la Constitucion en algun punto esencial? No, seguramente; porque si los suponemos tan faltos de saber, de seso y de virtud, nada se remediará con decir desde ahora que no puedan hacer mutacion ninguna en ningun articulo; ellos la harian atropellando por todo. Y si se recela que los futuros representantes, dotados, como es de esperar, de todas las prendas que los hagan dignos de serlo, alteren acaso alguno, ó algunos articulos, lo harán en virtud de las expresas facultades y avisos que para ello les dé la Nacion. Porque si ésta aprueba la Constitucion en todas y cada una de sus partes, los Diputados no tendrán poder ni facultad para hacer la alteracion más mínima; pero si al contrario, no se conviniese con algun articulo, no nos parece que estaria en el orden obligarla y forzarla á que lo guardase.

»Nadie dudará que es tambien mucho más útil y prudente dejar á las futuras Córtes un medio legitimo para alterar algun articulo de la Constitucion, que exponerse á que lo hagan sin que la Constitucion misma los autorice para ello. En aquel caso la alteracion no podria traer mal alguno, antes se hacia en observancia de la misma ley constitucional; en el otro seria una infraccion que conmovia á la Constitucion en sus cimientos y que la aproximaba á su total ruina. Además, así como las formalidades que deben concurrir para la derogacion de algun articulo constitucional, es justo que sean mucho mayo-
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res que las que se requieren para la derogacion de las leyes que sólo tienen por su naturaleza una existencia precaria, así, y por las mismas razones, la Constitucion, que es el pacto fundamental y eterno, debe ser establecida con la mayor posible solemnidad para que, rectificada por la Nacion, instruida de sus cláusulas, se someta ella misma á no alterarla, sino por los medios más difíciles.

»Nosotros, pues, creemos que estas Cortes y la Constitucion, lejos de perder, ganarian mucho con sujetarse en esta materia al juicio de las futuras. Ellas y la Nacion toda admirarian nuestra moderacion y prudencia; ellas y la Nacion toda aceptarian y ratificarían la Constitucion, por lo mismo que se habia tenido la justa consideracion en dejarlo á su arbitrio y voluntad soberana; y la Constitucion, de esta manera, se asentaba sobre un cimiento solidísimo e incolmovible. Para conseguirlo creemos necesario, y sobre ello hacemos proposicion formal, que despues del artículo 373 se ponga este otro:

«Artículo 374. Estos ocho años comenzaran á contarse despues que la Constitucion sea libremente aceptada y ratificada por la Nacion española, representada por sus Diputados en las primeras Cortes, autorizados expresamente al efecto.»

»Y en consecuencia de este artículo, deberia expresarse en el decreto por el cual V. M. convoque las Cortes futuras, que para este sólo caso se añada en los poderes de los Diputados, á continuacion de la cláusula «sin poder derogar, alterar ó variar en manera alguna ninguno de sus articulos bajo ningun pretesto,» la siguiente:

«Despues que haya sido aceptada y ratificada en nuestro nombre en virtud del poder especial y de las instrucciones que para ello le conferimos.»

»Y sobre esto hacemos tambien formal proposicion. Cádiz 26 de Diciembre de 1841.—Mariano Mendiola.—Vicente Morales Duarez.—Andrés de Jáuregui.—Joaquin Fernandez de Leyva.»

A pesar de nuestra ocasion, hemos traspasado los límites convenientes á obras de este género; por consiguiente, nos vemos precisados á pasar en silencio los notables discursos con que terminó campaña tan gloriosa para la libertad como fruct-