Revista de España (1882-09-01 00:00:00), página 142

Una carta de Biarritz, publicada por El Imparcial, atribuyendo al señor duque de la Torre el propósito de levantar como bandera la Constitución de 1869, es la que ha dado lugar a esta polémica sobre el tema de las Constituciones á que nos referimos.

No intentamos profundizar aquí los grados de exactitud que encierre la carta de El Imparcial. Sus grandes merecimientos elevaron al señor duque de la Torre á los más altos puestos del Estado, y le han colocado á tal altura, que es natural se pretenda suponerle en tal ó cual actitud, para aplicar la influencia de su nombre á los fines que se desean; y como su misma posición le impide descender al terreno de la polémica para rectificar cada concepto que se le atribuye, su persona y sus opiniones no cesan de ser traídas y llevadas, cada día en un sentido, y sin temor á incurrir en las mayores contradicciones. Recursos son estos lícitos y usados en política; y como los inconvenientes que pueden producir son siempre remediables en el momento en que lo quieran los interesados, no hay por qué censurar su uso ni quejarse de su aplicación. Muchas veces se acierta; y aunque otras se yerra, como se puede deshacer el error, todo queda subsanado.

No podemos menos de apuntar, sin embargo, algunas consideraciones.

Todo el mundo sabe que en 1875 (fecha del documento declaración del general Serrano, exhumado por la carta de El Imparcial) como bastante después, hasta que se promulgó la Constitución de 1876, el partido constitucional consideró vigente la de 1869, cuyo mantenimiento defendieron sus representantes en las Cortes con gran elocuencia.

En aquella fecha, por consiguiente, era exacto lo que en la declaración del general Serrano se consigna: que de los tres grandes objetos de las Cortes de 1869, hacer un rey, una Constitución y un presupuesto, sólo quedaba la Constitución. Y hoy es evidente que no puede sostenerse semejante cosa, ni podrían repetirse estas palabras con fecha de 1882, puesto que la Constitución de 1869 no está vigente, y para que vuelva á estarlo, será preciso restablecerla. ¿Se aspira hoy por alguien á este restablecimiento? Nadie que discuta de buena fé pueda contestar afirmativamente. La personalidad más ilustre de la disidencia, el general López Domínguez, ha explicado repetidas veces cómo el partido constitucional aceptó y por qué debió aceptar la Constitución de 1876, sin perjuicio de llevar á las leyes orgánicas, no todos, sino aquellos preceptos de la del 69 que se consideren convenientes. El mismo Sr. Balaguer, en el número programa de su periódico La Reconquista, veía á decir lo mismo. El Sr. Moret ha declarado también explícitamente su aceptación del Código de 1876.

¿Quién queda, pues, al lado de la Constitución de 1869? Sólo el Sr. Montero Ríos, que aún no ha aceptado tampoco la legalidad.

No podemos, pues, creer que un político tan experto y de las condiciones del señor duque de la Torre haya hecho las declaraciones que le atribuye la carta de El Imparcial.

Pero dejando á un lado este punto, veamos si tienen fundamento las razones que, con ocasión de esta carta, se han expuesto en pró de la necesidad de restablecer de un golpe y por procedimientos inaceptables el Código de 1869. La Constitución de 1876 es una ley como otra cualquiera, que por otra cualquiera puede ser reformada, sin las solemnidades y el aparato de Cortes extraordinarias, lo cual nosotros, lejos de considerarlo un defecto, lo juzgamos una gran ventaja.

Pues bien. ¿Por qué los que desean el restablecimiento de la Constitución de 1869 no presentan á las Cortes, en forma de proposiciones de ley, todas las modificaciones que hagan falta para convertir la Constitución vigente en la de 1869, sustituyendo los artículos de la una por los de la otra?

¿Es que se teme que no logren tener mayoría en las Cámaras esas modificaciones?

Entonces lo que se pretende, sin duda, es que se traigan unas Cortes, con cuya mayoría, favorable á la Constitución de 1869, se cuente de antemano.

El procedimiento para obtener esa mayoría es lo que nadie se atreve á indicar.

Cítense algunos artículos de la Constitución de 1869, pretendiendo que son incompatibles con la de 1876; pero la simple lectura de esos artículos basta para comprender que no tienen razón los que tal dicen.

Sólo uno de ellos nos obliga reconocer nuestra buena fé, que es más amplio que su correspondiente en el Código de 1876. Nos referimos al art. 21 del de 1869, que establecía la libertad religiosa, mientras que el 11 del vigente establece la tolerancia. El credo democrático, sin embargo, exigiría la separación de la Iglesia y del Estado, y de esto se hallan tan distantes uno como otro artículo.

En cuanto al art. 32 de la Constitución de 1869, que dice que «la soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes», es un principio que ha proclamado siempre y que sigue proclamando el partido liberal. El no consignarlo la