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cierto, en sus verdaderas condiciones, allí donde todos obedecen, cada uno dentro de la esfera que le corresponde.

Convengamos de todas suertes en que el problema que nos ocupa es importantísimo, porque toca muy de cerca á los más hondos fundamentos de la sociedad política. Bien vale, pues, la pena de examinarle con algún detenimiento. En él va implícita la solucion de las empeñadas controversias, sin cesar reproduci-das, sobre la naturaleza del poder y la pública Soberanía, que, á decir verdad, se provocan y encienden más de una vez, por no tomarse el trabajo de fijar bien los términos de la cuestion.

Por no haberlos fijado con entera claridad, hablan, sin duda, de gobernantes y gobernados, quienes no pueden admitir seme-jante distincion absoluta dentro de su doctrina. Sea en éstos mero error de expresion, sea en otros exigencia ineludible de su ideal, ya que tanto y tanto se repite, importa ver hasta qué punto es legítima y es conveniente su aceptacion por la Ciencia política.

II

Antes de examinar si en la vida del Estado es realmente efectiva esa separacion que á primera vista se juzga indispensable entre los que mandan y los que obedecen, debemos deslindar con exactitud su alcance y su sentido, para tener un punto cierto de partida. Es necesario saber qué es lo que con ello se dice precisamente, aun cuando no sea lo que por muchos quiera decirse.

Al dividir en estos dos órdenes á la sociedad política, ¿se quiere únicamente oponer el concepto del Estado representati-vo, tal como le admiten y practican casi todos los pueblos mo-dernos á las pretensiones de la Democracia directa? Reconociendo sin reserva alguna que el Estado es la persona jurídica de la Sociedad, y estimando, por lo tanto, como inmanentes en ella todas las relaciones de derecho, ¿se pretende tan sólo afirmar que la pública actividad necesita manifestarse de dos maneras distintas, aunque no opuestas, ántes al contrario coordinadas, una inmediata, directa, espontánea, por virtud de la cual realiza-n el Derecho todos los ciudadanos, dentro de la esfera que
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traza á su alrededor la libre personalidad, y otra mediata, indirecta, reflexiva, en que el Derecho se cumple en forma artística por aquellos órganos sociales que, por ser especialmente aptos para tal función, vienen á constituir las instituciones llamadas oficiales? Pues nada tenemos que objetar contra el deslinde de estos dos modos de producirse la vida jurídica. Ya tendremos más adelante ocasión de hablar de la Democracia directa, y ya veremos cómo consiste uno de sus principales defectos en el desconocimiento completo del verdadero organismo del Estado. Pero nada más impropio entonces que la distinción entre gobernantes y gobernados para expresar ese doble proceso que caracteriza el régimen representativo. La actividad jurídica, no por afectar una u otra forma, deja de ser tal actividad. Muy lejos de eso: concebido de esta manera el Estado, hay que concebir á todos los individuos, sin excepción alguna, como seres activos por sí, que de algún modo cooperan á la acción social. No hay uno solo de quien pueda decirse que se limita á seguir pasivamente la dirección que se le impone. Adoptar, pues, la clasificación que nos ocupa es valerse de términos, no ya inexactos, sino de todo punto contrarios al fondo de la doctrina.

¿Se intenta, quizá, indicar que por lo mismo que es el Estado en su unidad completa y superior quien se gobierna á sí mismo libremente, es innegable que todos los órganos por medio de los cuales se hace positiva esa gobernación, son en suma gobernados por la persona total, á quien corresponde la dirección plena de su vida jurídica? Pues en tal caso, la cuestión quedaría reducida á un inocente juego de palabras. Como el sujeto del Estado no es un sujeto real, como toda su actividad se ejerce mediante los individuos que le componen, admitida la existencia de un gobernante ideal, vendremos á convenir en que gobiernan á nombre de él todos los gobernados, pero gobiernan al cabo, sin que entre ellos pueda marcarse la diferencia de clases que se pretende.

Pero aun concediendo que todos los ciudadanos gobiernen dentro del Estado, se dirá, hay que tener en cuenta que unos gobiernan más y otros menos: en esta variedad de grado estáriba la distinción genérica que entre ellos se establece. ¿Y cómo se hace esta distinción? ¿Dónde se marca la línea divisoria? ¡Son
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gobernantes ó gobernados el elector que deposita en la urna su sufragio y el jurado que emite su voto en el Tribunal? ¿Se entiende que gobierna aquel que desempeña una función pública, y que es gobernado todo el que cumple una relación privada de derecho? Pues no hay funcionario que no tenga regida su actividad por el mandato del superior gerárquico, y en último caso por el poder de la Sociedad entera encarnado en la ley; y en cambio no hay acto de derecho privado, por insignificante que sea, que después de haber sido libremente cumplido, no ejerza su influjo más ó menos ostensible, más ó menos decisivo sobre la Sociedad, cooperando de este modo á gobernarla. Por otra parte, ¿cómo es posible señalar este maximum y este minimum de gobierno, siendo cualitativamente distintas las funciones que desempeñan los órganos sociales? Entre cantidades heterogéneas no cabe comparación. ¿Quién gobierna más, un juez ó un alcalde? ¿El ministro que suscribe una Real orden ó el ciudadano oscuro que consigue ver elevado alguno de su hechos jurídicos á ley consuetudinaria, obligatoria para los demás?

Si la distinción de gobernantes y gobernados es cuestión meramente de grado ó cuestión de funciones, hay que hacerla efectiva de un modo arbitrario y convencional. No significando un deslinde terminante de individuos en dos grupos, á los que se asigne misión distinta en el Estado, carece en absoluto de objeto. Solo sirve para que se forme una idea completamente falsa de la vida jurídica.

Véase cómo la tal distinción no puede expresar sino lo que realmente expresa. Que existen en la Sociedad por la ley suprema de su organismo dos clases de personas radicalmente diferentes, bajo el punto de vista de la realización del Derecho; las que constituyen el Estado oficial, que al desempeñar sus múltiples magistraturas dirigen por sí, independientemente, todo el movimiento público y con arreglo á su criterio hacen las leyes, las ejecutan y mantienen su eficacia; y aquella otra clase de personas, que compuesta de cuantas no participan de las funciones de ese Estado, no tiene otro cometido que someterse buena- mente á lo dispuesto, y desenvolver debajo de la ley su actividad privada. En un ejército es donde más ostensiblemente se marca la separación necesaria entre los que mandan y los que
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obsdecen. El Estado, organizado como un ejército en cuanto se refiere al desempeño de las funciones públicas, es el modelo á que habremos de sujetarnos.

El ciudadano, en su esfera individual, como el soldado fuera de las filas, puede gobernarse á sí propio. Formado en sociedad, como elemento integrante de ella, sólo le toca obedecer y secundar las órdenes que reciba. Importa poco que para suavizar un tanto ese estado de sumisión permanente se le advierta que sólo en su bien se han de inspirar los actos de la autoridad imperante; ni significa mucho que le aseguren que esa autoridad se halla ejercida en su nombre; ni vale siquiera gran cosa que de vez en cuando le autoricen para elegir tirano. Mientras no se le considere más que gobernado, siempre resultará que por él discurre, que por él legisla y que por él gobierna el poder constituido.

Por fortuna esa organización militar de la Sociedad, es de todo punto irracional, y por lo mismo que lo es, resulta impracticable; no ha sido nunca practicada. Quien consultando la realidad histórica ha creído ver consagrada por los hechos esa gerarquía que convierte á unos hombres en meros instrumentos del Derecho, definido por los otros, ha incurrido en error, por haberse limitado á observar el Estado inmóvil, en un momento particular de su vida, y nada más que en alguna de sus múltiples relaciones. Hubiérale contemplado en su movimiento incesante, en la acción y reacción de sus diversos elementos, y entonces no habría podido menos de comprobar el íntimo enlace entre las funciones de sus individuos, su recíproca influencia y la solidaridad de todos ellos en la obra de producir el Derecho. Veamos, si no, cómo se nos muestra el Estado en su realización genérica. Tracemos, para ello, los rasgos característicos de la vida de ese Estado tipo, cuyo sentido no puede menos de reflejarse de algun modo en las vidas de los Estados particulares, sean las que fuere las circunstancias que en ellos contribuyan á hacer más ó menos patente su condición de organismos humanos.

III

Presentar el Estado viviendo, es lo mismo que mostrar la persona jurídica de la Sociedad entera en la producción y cum-
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plimiento del Derecho, formando y reformando su ideal, traducíendole en leyes positivas y haciendo estas leyes más y más particulares con sus actos. De cuadro tan vasto, sólo alcanzaremos á dibujar un pálido bosquejo; pero habremos conseguido nuestro propósito si al señalar las complejas funciones que directa ó indirectamente determinan la función total, hacemos patente la cooperación activa de todos los individuos en la vida del Estado. Para esto importa mucho más poner de relieve la orgánica distribución de los elementos jurídicos sociales, y su valor relativo, que detenerse á analizar minuciosamente la actividad de cada órgano dentro de su propia esfera. Un análisis de esta naturaleza sobre que vendría á constituir una teoría completa del Estado y no cabría dentro de los límites y pretensiones del presente estudio, sería de escaso interés para la comprensión sintética de las funciones todas, condicionándose mutua y simultáneamente.

Lo que bajo este punto de vista debemos primero esclarecer, es la misión genuina de la persona jurídica nacional en la vida de la Humanidad y las condiciones propias del organismo con que esa misión se cumple, es decir, lo que significa el Estado nacional respecto de las demás personas de derecho y lo que es en sí mismo como persona determinada.

Para conformarnos con el uso hemos llamado Estado á la Sociedad jurídica nacional; mas no se entienda que por eso privamos de semejante nombre á las demás personas, así individuales como sociales. Estados son seguramente, dentro de sus límites propios, así el individuo como la Familia, el Municipio y cuantas Sociedades existan dentro y fuera de la nación para el cumplimiento de todos los fines humanos; y Estados son también las iglesias, las asociaciones científicas, artísticas, económicas y cuantas, en suma, se establezcan para la realización exclusiva y particular de cualquier fin determinado. No hay organismo social que no constituya una persona (1), y no hay persona que

(1) Es de suma importancia reivindicar esta dignidad de Estado para toda persona jurídica, individual y social. El distinguido catedrático de la Universidad de Madrid, Sr. Giner, es uno de los que más han insistido entre nosotros acerca de este punto en sus notables escritos, entre los cuales merecen mencion sus Principios de Derecho natural y sus Estudios jurídicos y
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no tenga su derecho, y que deje, por lo tanto, de ser Estado para el efecto de su cumplimiento interior y en relación con las demás.

Así pues, en todas ellas, á la par que se desarrolla su actividad en dirección del fin ó fines fundamentales de la Vida que persiguen, se desarrolla asimismo respecto del fin formal de tales fines ó sea del Derecho, que señala las condiciones exteriores mediante las cuales ha de ordenar cada uno de los seres su conducta dentro de sí mismo y en la convivencia social, ya como persona independiente, ya como parte de un organismo superior.

Pero si la actividad de los individuos, solos ó asociados, es perfectamente libre para señalarse el fin ó fines de su vida y aspirar á realizarle, es innegable que tiene la obligación de obtener su cumplimiento en forma de Derecho. El Derecho es, pues, un orden de necesidad lógica en cuanto á los hechos, por más que deba también ser libremente reconocido y realizado. La relación entre un sujeto y su bien particular, en cuanto se determina como suyo en armonía con la ley del Bien universal, es su derecho; y esta relación, una vez definida como tal en la razón, necesita (1) ser un hecho en la realidad. La Ley moral, esencialmente indefinida, se limita á ordenar el bien por el Bien, dejando á cada sujeto la apreciación de los casos y circunstancias en que ha de hacerla efectiva; pero desde el momento en que ése sujeto, sea persona individual ó social, determina y concreta esa necesidad genérica que le solicita, respecto de una relación particular cualquiera, desde el instante en que cristalizándose, digámoslo así, el Bien abstracto en un bien definido, reconoce y afirma que tal ó cual hecho, en tales ó cuales

políticos, inspirados en la dirección que, á partir de la filosofía de Krause, tanto ha contribuido al progreso de la ciencia del Derecho, merced á los trabajos de Ahrens, Roeder, Leonhardi, Boncompagni, Pessina y otros varios. A este propósito, es de justicia reconocer que la moderna cultura jurídica de nuestro país se debe en gran parte á esta dirección, mucho más importante que por el pensamiento del maestro, por el elevado espíritu con que han sabido interpretarle libremente sus preclaros continuadores.

(1) Exousado creamos recordar que se trata aquí de una necesidad para la vida, impuesta á la voluntad racional y que, como todas las necesidades vivientes, obtiene sólo en parte su cumplimiento efectivo por el límite también necesario que le señala la libertad.
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condiciones debe ser, constituye un deber para sí mismo, un derecho para la persona ó personas á quienes corresponde ese bien particular, determinado como suyo.

Siendo, pues, el Derecho la razón ética del hecho, ó el hecho que debe ser, resulta que nunca aparecerá un hecho como jurídico sino en tanto en cuanto se manifieste ante la razón, como debiendo ser necesaria y exclusivamente aquel hecho y no otro alguno. Si el sujeto entiende que la tal relación particular, con ser ética en sí, y debida, por lo tanto, en general, puede dejar de cumplirse, y cumplirse en su lugar otra distinta, el hecho ofrecerá carácter moral pero jurídicamente continuará aún indefinido; si estimando desde luego que el hecho necesita cumplirse, se considera en libertad para cumplirle como le parezca, optando por cualquiera de los varios procedimientos que al efecto se le ofrecen, el Derecho se habrá definido respecto del hecho en sí, y seguirá en la indefinición en cuanto á los accidentes propios para realizarle. De aquí que el precepto supremo de la Moral sea el primer deber y el primer derecho de la Humanidad. Su forma categórica "el bien por el Bien," constituye su único cánon definido. Con lo cual se indica á un tiempo mismo que todo sujeto tiene el deber de someterse á este mandato y el derecho de cumplirle en la forma que estime más adecuada. Por eso no hay ni ha habido jamás otro Código moral que la conciencia humana. Podrán filósofos y teólogos aspirar á ilustrarla; pero ella es, en suma, la que en las hondas profundidades del Espíritu, á solas consigo misma, ha de ofrecer á la voluntad todos los datos para decidirse, y mediante ella se ha de producir libérrimamente la resolución que, tenga el valor objetivo que tuviere, será perfectamente moral, si se ha inspirado de una manera exclusiva en aquel mandamiento soberano, norte de la existencia que todos los hombres ven dentro de sí mismos, escrito como esperanza consoladora en el turbado cielo del pensamiento, en medio de las eternas nieblas que nos separan de lo Infinito.

Pero si la ley del Bien, bajo su aspecto ético, como necesidad pura de realización ó ley constituyente no tiene más que un artículo, bajo su aspecto jurídico, como ley hecha y constituida en la razón humana, ha de tener necesariamente tantos como
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bienes particulares propios de los sujetos de derecho aparezcan en la vida. Aquellas condiciones capitales, como por ejemplo, la vida, la dignidad, la autonomía, la libre actividad, inseparables de toda persona y precisas para el cumplimiento de su fin, aquellas otras exigidas de un modo ineludible para la relación entre los individuos y las utilidades de la Naturaleza, en que consiste la propiedad, ó para las relaciones de unos individuos con otros en forma de contrato, ó para la constitución y vida de los Estados familiar, nacional ó municipal de acuerdo con la idea á que cada uno ha de atender; todo aquello, en fin, que respecto de las diferentes personas jurídicas y de su váría esfera de acción se nos muestra como un hecho que necesariamente debe ser cumplido, sin distinción de tiempo, lugar ni circunstancia, constituye, por consiguiente, un orden de derechos necesarios, permanentes, inmutables, en cuanto los siguen reconociendo como tales dentro de sus órbitas respectivas los seres individuales ó sociales á quienes afectan. Y debajo de este Derecho definido que cada cual se dá á sí mismo é impone á los elementos subordinados que dentro de él viven en relación jurídica, se extiende el orden de las relaciones particulares en que se ha de ir realizando aquel Derecho, orden de bienes aun indefinidos que cada persona define libremente haciendo su derecho. Tal es la esfera del Derecho definible, que por lo común se llama potestativo ó voluntario, confundiendo el Derecho en sí con la facultad de obrar, libre para determinarse en uno ó en otro sentido dentro de los límites marcados, por lo mismo que allí no se ha impuesto aun la dirección necesaria de la regla jurídica.

Resulta, pues, que siendo el Derecho un proceso viviente, no sólo en el estadio histórico de las instituciones positivas, sino también en el estadio racional, se revela en cada momento de la evolución humana y en la conciencia de cada uno de los individuos y sociedades que le cumplen, como una ley en parte definida, necesaria, en parte indefinida libremente definible por el sujeto. Y aunque en esta definición continua de ella misma, la ley entera se va haciendo y deshaciendo sin cesar, viniendo á ser definido lo indefinido y vice-versa, siempre en medio del cambio, permanece algo inmutable y permanece también la posibilidad ilimitada de nuevas definiciones. Por eso en cada ins-
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tante, en cada pueblo, en cada persona aparece á la vez el Derecho como un Código de preceptos inflexibles, ante cuya necesidad se postra la razón y como una facultad inalienable en el sujeto de particularizar por sí esos preceptos, dictándose en la forma que estime mejor las máximas especiales de su vida, haciéndose bajo la ley genérica, su ley exclusivamente individual.

Sirva de ejemplo el llamado derecho de asistencia. Todo ser humano tiene derecho á las condiciones indispensables para el cumplimiento de su fin. Pero este derecho, respecto de los individuos entre sí, en su mera relación de hombre á hombre, es un derecho definido tan solo en su mayor indeterminación. Cada individuo tiene que cumplirle en general, pero no respecto de ningún otro individuo en particular, mientras no medie entre ellos un lazo especial de derecho, aparte del que les une como hombres. En tales circunstancias puede el sujeto llenar este deber humano de la manera que le parezca más acertada; puede prestar condiciones á unas personas y abstenerse de prestárselas á otras, determinar con absoluta libertad la clase y cuantía de esas prestaciones, señalarse á sí propio los límites de su deber, ampliando ó restringiendo su ejercicio. Siendo árbitro, en suma, de trazarle la marcha que su razón le dicte, nadie pue de compelirle á que defina en una relación y en un caso concretos lo que sólo está definido necesariamente para él de un modo genérico. En cambio, por lo que toca á los organismos sociales, tales como la Familia ó la Nación, aparece, por la índole propia de estas instituciones, mucho más definido el deber de asistencia á los individuos que los componen. Cada uno de ellos, como miembro de la colectividad social tiene derecho á obtenerla en cuanto es indispensable para la vida de su cuerpo ó de su espíritu; y el hijo la reclama del padre, el vecino y el ciudadano la exigen del Municipio y de la Nación; y la persona social reconoce este Derecho respecto de todos sus individuos en cuanto tiene de necesario, le asigna después sus límites y le cumple, bien espontáneamente por iniciativa de la Sociedad entera, bien cuando esta no alcanza á conseguirlo, por la acción de las instituciones oficiales. Véase cómo en cada caso aparecen deslindadas las esferas propias del Derecho definido y del definible.
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leriano y Galieno ocupan el trono. Los bárbaros de Occidente y del Oriente, germanos, francos, dacios y persas, le acometen. Valeriano muere hecho un miserable en la corte del orgulloso persa, sin haber tenido aliento para darse la muerte antes de haber sufrido tal ignominia, ya que no había sabido luchar como bueno; y su hijo, digno heredero suyo, deja el imperio en manos de los usurpadores conocidos con el nombre de los treinta tiranos. El genio de Diocleciano y los levantados propósitos de Maximiano dan momentáneamente unidad y vigorá las instituciones públicas y establecen la paz en el Oriente y Occidente. Aunque los amos del imperio no habían llegado aún á la peregrina teoría de la herencia, cuyo absurdo estaba reservado para épocas posteriores, iba tomando consistencia la costumbre de que cada emperador nombrará un César, sin perjuicio de que el capricho de las legiones resolviera otra cosa. Siguiendo esta costumbre, los dos que acabamos de enumerar nombraron á Constantio Chloro uno, y Galerio el otro, los cuales ocuparon el trono cuando Diocleciano y Maximiano tomaron el acuerdo, que tenía pocos imitadores, de renunciar á la púrpura para pasar á la vida privada. Y fuera por motivos religiosos ó sociales, es lo cierto que fue una época de gran persecución para los cristianos.

No era la primera que sufrían, pues estas se habían repetido, si bien con intermitencias, de una manera dura y cruel. Pero pronto vía cambiar la escena, no en el sentido, como sería de desear, de que cesarán las persecuciones, sino en el de que los perseguidores iban, á su vez, á ser los perseguidos. Como si la ley del progreso fuera una mentira, aquellas se harán continuas y sistemáticas; y, para que el mal sea completo, durará quince ó diez y seis siglos, y la Europa pasará por una época al parecer de retroceso y de tinieblas tan densas que la inteligencia se resistiría á comprenderlo si no fuera un hecho tan conocido en la historia, si no estuvieran aún como tocándolo, y, lo que es peor, si no quedáram en los mismos tiempos que abravemos hartos vestigios de aquella feroz intolerancia. Esta evolución, que no hacemos más que apuntar, habremos de tratar más tarde, con la extensión que esta clase de trabajos permite, y en todo lo referente al pueblo ibérico.