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sociedad, á cuyo servicio se ha sacrificado esta víctima, la debe su resarcimiento...» Aun así y todo siempre queda sin poder ser aliviado el padecimiento moral, que no es en tales casos pena leve.

El modo de proceder en los indultos y en la rebaja de penas y rehabilitación de los delincuentes, marcábalo cuidadosamente el Código de procedimiento criminal en los capítulos 9.º y 10, título II, parte 3.ª No pudo este Código pasar de la categoría de proyecto; pero en él dieron aquellas Cortes una prueba más de su ilustrada laboriosidad, y de que no querían dejar incompletos sus trabajos, evitando así que los no realizados sirviesen luego de obstáculo al cumplimiento de los concluidos y aprobados. No es pequeño motivo de mérito la decisión con que acometieron la empresa de formular todas las leyes necesarias para reducir á hechos los principios consignados en la Constitución, y esto en medio de las dificilísimas circunstancias que conspiraciones y rebeldías de arriba y de abajo iban aumentando hasta el extremo de provocar una guerra civil y una intervención extranjera. El tiempo borra la memoria de los sucesos; la historia cumple su gran misión conservándola.

El proyectado Código de procedimiento no desmerecía del penal, aunque mayores obstáculos tuviése que vencer. Necesitaba introducir grandes y para muchos imprevistas novedades, y tenía, sobre todo, que arrinconar las viejas prácticas curialescas, que dilataban un término las causas, que explotaban la duración y confusión de diligencias, oscureciendo la verdad, y que á abusos punibles y repugnantes se prestaban. Hacia oportuna distinción en los procedimientos para culpas y delitos leves ó graves; detallaba los trámites del sumario, diferenciándolos para los delitos infraganti y los que no podían reputarse tales, establecia el juicio por jurados, admitiendo la división del conocimiento entre el jurado de acusación y el de calificación; reglamentaba la tramitación de los procedimientos especiales contra jueces y empleados públicos; hacíase cargo de lo que convenía en diferentes casos comunes á todos los juicios criminales; y concluía con disposiciones referentes á la división del territorio español para la administración de la justicia criminal.
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FRANCISCO DE VITORIA, PRECURSOR DE GROCIO.

(Conclusion.)

III

Hemos seguido paso á paso á Vitoria en su disertacion sobre el derecho de la guerra, traduciendo las más de las veces, casi literalmente, sus palabras y procurando siempre no omitir ninguno de los argumentos que sirven de fundamento á su doctrina (1). Para apreciar su mérito hay que tener presente, de una parte, que estas reelecciones estaban destinadas á la cátedra y no á la imprenta, y de otra, que se escribieron en la primera mitad del siglo xvi. Y, sin embargo, vamos á juzgar el derecho de la guerra de Vitoria, no ya comparándolo con el de Ayala y Belli, el de Gentili y Grocio, sino examinándolo á la luz de los principios que hoy proclama la ciencia.

Entre todas las cuestiones que abraza la ciencia del derecho internacional, revisten tal importancia las que á la guerra se refieren, que la mayor parte de los autores, considerando que esta intervencion de la fuerza para obtener el restablecimiento del derecho, modifica esencialmente la naturaleza de las rela-

(1) Nuestra version difiere en algunos puntos del extracto de Wheaton, que ha servido después de texto á los escritores que han tratado de Vitoria.
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Eran ciertamente en esto,—y volvemos á decirlo,—más radicales las reformas, chocaban más con las antiguas prácticas forenses, cuyos vicios siempre se habían conocido, y nunca en el fondo se habían enmendado; necesitaban importantes preparaciones como las de la división territorial; sorprendían al pueblo desacostumbrado, por su desgracia, á tomar parte activa en las cosas que más á sus derechos e intereses afectaban; pero todo esto tenía remedio, si con buena voluntad se buscaba, y ya aquellas mismas Cortes se estaban ocupando de realizarlo.

Probable es que la discusion hubiese introducido algunas reformas en dicho proyecto, pero sobre todo ello, cayó el envenenado soplo de la reaccion absolutista, y nada quedó de cuanto para honra y bien de España habían pensado y obrado aquellas llamadas Cortes, (estilo del Rey Fernando.)

El frenesí realista-teocrático llegó á su colmo en los desdichados periodos de 1814 á 1820, y de 1824 á 1834. Sin esos dos borrones de sangre y lodo caídos sobre nuestra historia, hubiérase librado España de una larga serie de desventuras. Se calculan en 6.000 las personas que durante aquel reinado perecieron en el patíbulo por opiniones políticas, en 15.000 los proscritos arrojados de la Península en 1814, y en 20.000, en fin, los expatriados en 1823; entre estos españoles estaban la flor del saber, del valor, del patriotismo y la virtud... Aun no es exacto este severo juicio (1): cosas hubo que recuerdan los tiempos de mayor degradacion porque la humanidad ha pasado.

ALVARO GIL SANZ.

(Concluirá.)

(1) Fernandez de los Rios. Estudio histórico de las luchas políticas de la España del siglo XIX.
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LA AGRICULTURA

Y LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Admira el gran sentido práctico del pueblo inglés, el cual, aun sabiendo los muchos males que ocasiona la variedad del sistema antiguo de pesas y medidas, sigue sin introducir las del moderno, y eso que allí nadie ignora que estas son mucho mejores. Lo mismo sucede con la moneda; consérvese todavía la libra esterlina, el chelin y el penique, sin que esto impida que la Inglaterra sea la primera nación de Europa, la que ejecuta las obras más colosales y la que tiene el comercio más floreciente del mundo. Aquel pueblo lleva hasta la terquedad (en opinión de los que no le comprenden) su espíritu conservador: allí se prescinde de toda reforma que no sea absolutamente necesaria, porque se sabe que los beneficios que puedan reportar no compensan los inmensos males que siempre ocasiona la perturbación que es consiguiente cuando se trata de innovaciones que afectan á todas las clases y á todas las relaciones de la vida económica del país. Por esta causa, ni los gobernantes ni los ingenieros y comerciantes del pueblo inglés, se preocupan de cambiar el sistema monetario ni el de pesas y medidas, aun persuadidos de que allí donde la opinión se impone, respecto á una reforma cualquiera, no tarda esta en realizarse.
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En cambio, en nuestro país, cuya administración tiene en lamentable abandono hasta los servicios más necesarios, servicios que en Inglaterra se hallan perfectamente atendidos, preocupa vivamente á los gobernantes, ingenieros y demás gente facultativa, como si se tratara de una cuestión capital, la introducción del nuevo sistema de pesos y medidas, produciéndose con ello una perturbación lamentable que sufren de continuo hasta las clases más ínfimas y menos ilustradas. En pocos años hemos visto, sólo en lo que al sistema monetario se refiere, tres tipos de unidad: desecharse el real y se adoptó el escudo y las milésimas, reforma que se hizo porque científicamente era necesaria; y al poco tiempo hubo que adoptar una nueva unidad, la de la peseta, porque así lo exigía también el progreso. En cuanto á la moneda divisionaria, la anarquía que en ella reina con tan frecuentes cambios, ha llegado á ser deliciosa: ¡hoy tenemos cuartos, ochavos, medios reales, cuartillos, décimas de peseta, medias décimas y céntimos! Este sistema de innovar produce en la mayoría de los españoles marcada repugnancia hacia todo lo que emana de la administración pública, y es natural que así sea; al espíritu práctico no se le oculta que los hombres de ciencia no tocan ninguna de las reformas que verdaderamente interesan al país, reformas que podrían llevarse á cabo sin perturbar á nadie más que á 50 ó 100 individuos que en cada provincia viven del caciquismo político y del abandono administrativo. Sin que desconozcamos la posibilidad de hacer algunas innovaciones, tanto en el sistema monetario como en lo que se refiere á la unificación de pesos y medidas, abrigamos el convencimiento de que lo que pueda hacerse necesita mucho estudio y discreción para ser planteados con fruto, y no con esta frívola ligereza, tan característica ya de nuestro país, y que tan amargos frutos está produciendo en el mismo.

Administración especial de los pueblos.

Expuesto el estado de los más interesantes servicios que las actuales leyes encomiendan á nuestros Ayuntamientos, vamos á indicar ahora el que se refiere á la administración de cada uno de los nueve pueblos que constituyen este distrito municipal.
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Siete de estos lugares tienen una poblacion que oscila entre 40 y 80 vecinos, y los otros dos, de cortísimo vecindario, se consideraban en lo antiguo como barrios de uno de los pueblos anteriores, por cuyo motivo formaban con él un solo Concejo.

Antes de haberse destruido el régimen municipal que aquí estaba en vigor á principios de siglo, cada uno de los siete lugares citados formaban la unidad administrativa, conocida con el nombre de Concejo, unidad cuyas funciones hemos dado á conocer en la sección precedente. Entonces cada pueblo confiaba á sus propios habitantes la administracion y direccion de todos los servicios que le eran peculiares. La centralización anuló despues totalmente la vida de los Concejos, sin organizar la de los Ayuntamientos para la difícil y penosa tutela que se les encomendaba.

Durante muchos años, la administracion especial de los pueblos ha estado reducida á que los Ayuntamientos mantengan en ellos un pedáneo ó alcalde de barrio (nuestros legisladores se han distinguido mucho en variar el nombre de las cosas), cuyo cargo, de carácter obligatorio y gratuito, no tenía más funciones que las de suplir al portero municipal en cierta clase de servicios y ser una especie de agente de la alcaldía para notificar al vecindario las órdenes de la misma y todo lo que en muchas poblaciones de España se anuncia á son de tamboril ó por pregón público. Han estado, pues, los pueblos, y siguen estando todavía, completamente desprovistos de la administración más necesaria é interesante de todo país culto.

Gracias á la ley de 1870, la cual constituyó una verdadera mejora, si se la compara con la que antes regía, se concedieron, aunque escasas, algunas facultades á los Ayuntamientos. Establecióse en ella el precepto de que los pueblos que formando con otros término municipal tuvieran territorio propio, aguas, pastos, ó cualesquiera derechos que les fueren peculiares, conservasen sobre ellos su administración particular, nombrando al efecto una junta compuesta de un presidente y cuatro vocales, elegidos todos directamente por el vecindario de entre los mismos habitantes de la localidad. Dichos vocales se reducían á dos, en vez de cuatro, cuando el pueblo no llegaba á contar 60 vecinos. Según la citada ley, el nombramiento de dichas juntas debe ha-
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cerle el vecindario por eleccion directa y dentro de los ocho dias despues que hayan tomado posesion los concejales electos para la renovacion bienal de los Ayuntamientos. El presidente nato de las juntas administrativas era, con arreglo á la referida ley de 1870, el alcalde de barrio, disposicion que ha sido mantenida por la de 1876, hoy vigente.

Aquí la ley, de caracter organico, se detuvo, y, como de costumbre, no se han hecho despues los reglamentos, quedando los pueblos como estaban antes y hasta con una complicacion mas: para probarlo, bastará citar lo que en este distrito municipal de Cabuérniga viene ocurriendo desde 1877 á la fecha. Con motivo de haber recaido el nombramiento de alcaldes de barrio en sujetos que no merecian la confianza de los pueblos, se reclamó oportunamente al Ayuntamiento, á fin de que hiciera cumplir el precepto legal relativo á la eleccion de juntas administrativas, para que el pueblo mismo administrara sus bienes peculiares. Pero el Ayuntamiento no hizo caso, y hubo que recurrir al gobernador de la provincia, cuya autoridad desatendió tambien la queja, no obstante habersele dirigido en varias ocasiones. Lo mismo hicieron la Diputacion provincial y la comision de la misma, sin que haya sido posible en los cuatro años trascurridos que se efectué el nombramiento de las citadas juntas.

Este ejemplo manifiesta claramente las tendencias de los alcaldes, gobernadores y diputaciones provinciales á mantener á los pueblos unidos al yugo del caciquismo politico. Temen toda eleccion directa que hagan los pueblos, porque ella les impide monopolizar los servicios locales, para convertirlos en instrumentos de politica personal, propia de las autoridades de Marruecos más bien que de las de España, donde, despues de todo, se pretende mayor civilizacion y cultura.

Escusado nos parece, hasta cierto punto, insistir sobre los males que produce la falta de medios para la administracion especial de los pueblos pequenos que tienen que agruparse, como aqui sucede, para formar un distrito municipal. En ellos, ni si quiera existe hoy una representacion de caracter constante, á manera de los antiguos fieles de fechos, pues hasta se carece de la garantia de que el alcalde de barrio este permanentemente
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en el pueblo, porque, siendo labradores y ganaderos los que de ordinario ejercen ese cargo, unas veces se van al monte, á los invernales ó á las ferias, y otras á ejecutar las labores que exigen las tierras y los prados casi siempre lejanos de la población.

De la rápida y sucinta descripción que acabamos de hacer de la mayor parte de los servicios encomendados á la Administración municipal, se desprende la carencia absoluta de vida local que sufren los pueblos, desde que los legisladores de este siglo anularon y destruyeron completamente el sistema comunal antiguo, para reemplazarle por el que hoy existe, ó, mejor dicho, por el que hoy no existe, cuyos complicados é inútiles engranajes hemos descrito á la ligera.

Nosotros, que abrigamos el íntimo convencimiento de que la regeneración del país depende de la organización de un sistema comunal adecuado á los tiempos y á las condiciones especiales de nuestra patria, vemos con profundo sentimiento que la Administración pública, en vez de ocuparse, como debiera, de resolver tan importante problema, sólo se ocupa de llenar continuamente las columnas de la Gaceta con disposiciones que no pueden cumplirse, porque están dictadas en el falso supuesto de que existe de hecho toda la organización administrativa escrita en la ley; y como ya hemos probado que esto no es cierto, resulta que esas disposiciones sólo llegan al secretario de Ayuntamiento, el cual sale del paso con observar en la apariencia alguna de las formalidades que ellas exigen.

Mientras no haya órganos apropiados para llevar á efecto las medidas que la ley estipule, así como las que emanan de los centros superiores del Estado, lo prudente, lo serio, debe ser prescindir de tales medidas y ocuparse, en cambio, de crear órganos en que puedan encarnarse, porque, sin ellos, será estéril, como lo es ahora, el trabajo que se les encomienda. Es preciso, pues, que desaparezca el funesto sistema, seguido hasta hoy, de sostener una ficción en toda organización administrativa, si hemos de obtener que las nobles aspiraciones que abundantemente emanan del Gobierno y de la iniciativa particular, lleguen á producir los fecundos resultados que merecen.
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No cerraremos este capítulo sin advertir que en él no hemos podido exponer, por la índole del trabajo, sino muy sucintamente, y á grandes rasgos, los defectos de que adolece la administración local.

SECCION SÉTIMA.

DE LA ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL.

Preliminar.

En las dos secciones precedentes hemos dado á conocer lo que fué la administración local en el régimen antiguo, y lo que es actualmente en el régimen moderno. Demostrado también ya el estado de abandono en que se hallan los servicios municipales, merced á las reformas introducidas por nuestros legisladores en lo que vá de siglo, nos proponemos tratar en esta sección lo que concierne á la organización municipal. Al efecto, expondremos préviamente todo lo que acerca del estudio de dicho problema hicimos con carácter experimental en el Ayuntamiento de Cabuérniga. Hablaremos, después, de la importancia que tiene el Municipio como unidad administrativa más accesible y necesaria para despertar la actividad de los habitantes de los pueblos hacia la vida pública, en el sentido de influir favorablemente por medio de dicho organismo en las esferas sociales, económicas y políticas. En otro capítulo trataremos de la división municipal, y, finalmente, de las dos bases fundamentales que han de servir de asiento á la organización de todos los servicios que han de ser objeto de un sistema municipal que nos permita salir del actual estado de anarquía y colocarnos al nivel de los pueblos cultos; la primera se refiere al personal de las secretarías de Ayuntamientos, y la segunda á la contabilidad y publicidad, servicios interesantes escenrecidos para casi todos los habitantes de los pueblos que, merced al embrollo administrativo, se ven alejados de la gestión de sus intereses locales.
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CAPÍTULO PRIMERO.

ESTUDIO DE CARÁCTER EXPERIMENTAL, HECHO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CABUÉRNIGA, ACERCA DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

Vamos á tomar aquí por base del cuadro que nos proponemos bosquejar—como lo hicimos en la seccion de Enseñanza,—el estudio práctico que realizamos en los cuatro años que nos tocó regir el Ayuntamiento de Cabuérniga. De este modo, el lector, mejor que con abstracciones vagas, podrá recorrer sin extraviar- se, como si fuera llevado de la mano, los tortuosos e intrincados caminos trazados por la moderna legislacion, y que constituyen el laberinto de la administracion local, conociendo así la manera cómo se atienden en nuestro país los servicios que demanda la direccion de un distrito municipal. Y lo mismo que dijimos en la seccion de Enseñanza, vamos á repetirlo ahora en ésta. Como el carácter general que han tenido las leyes que destruyeron el sistema comunal antiguo, ha llevado su funesto influjo á todos los Municipios de España, puede conocerse por la descripcion de uno de ellos la situacion en que se encuentran los demás; pues las diferencias en lo que concierne á los fines á que se encaminan estos trabajos, no merecen ser citadas, ni establecerse siquiera las que existan entre los Municipios rurales y los de las poblaciones importantes.

Hechas estas advertencias, é indicada en la seccion precedente la organizacion que la ley actual ha dado á todos los servicios de carácter municipal, así como las condiciones en que éstos se realizaban en el Ayuntamiento citado, debemos manifestar que la persona á quien reemplazamos en la direccion del Municipio, inspirada muy excepcionalmente en el cumplimiento de sus deberes, logró iniciar la mejora de diferentes servicios, si bien en la escala modesta que lo permitia la mala organizacion del régimen existente. Sin embargo, como el fin que nos proponíamos era absolutamente incompatible con tal organizacion, puesto que era radical el carácter del mismo, no podíamos ceñirnos puramente á lo que puede pedirse á la generalidad de los alcaldes, es decir, al buen desempeño de una magistratura
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pública y hourosa, ni tampoco se nos ocultaban desde un principio los obstáculos y dificultades graves con que íbamos á luchar, como sucede siempre que se trata de corregir abusos y desarrugar males inveterados.

Primeras reformas intentadas.

Al inaugurar nuestras tareas, nos fijamos muy especialmente en organizar, desde luego, el personal de la secretaría, la contabilidad y la guardería rural, pues considerábamos fundamentales dichos servicios para toda ulterior reforma. Al efecto, se adoptaron por la Corporación municipal en 7 de Setiembre de 1873 los siguientes acuerdos:

1.º La provision de la secretaría del Ayuntamiento por oposición, cuyos ejercicios habían de tener lugar ante el alto personal de la Diputación provincial, en aspirante que no fuese natural del distrito municipal, ni tuviese en él parientes dentro del cuarto grado.

El sueldo se fijaba en 6.000 reales anuales, y se hacía obligatoria la asistencia del secretario al local destinado para despacho en casa capitular, durante las horas hábiles para el trabajo en los días no festivos. También se imponía la condición de ser incompatible el cargo de secretario con otra clase de destinos y de empresas mercantiles ó industriales.

Acordóse, igualmente, que la persona que venía desempeñando la secretaría sin poderla atender asiduamente por la profesión de abogado á que estaba consagrada, continuase con el carácter de asesor del Ayuntamiento, y con la retribución de 3.000 reales anuales, en atención á sus buenos conocimientos en la administración municipal.

2.º Respecto á contabilidad, se dispuso que se rindiese en corto plazo todas las cuentas pendientes, y especialmente las que correspondían al tiempo en que el depositario municipal venía ejerciendo este cargo.

3.º Se acordó también que la guardería rural, organizada cinco meses antes, como se ha dicho, con dos plazas de guardias, dotadas con cinco reales y medio diarios cada una, para atender tan sólo durante los siete meses comprendidos desde Abril
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bajo, iniciarse, aunque muy débilmente, una propaganda favorable á la creación de la carrera de secretarios municipales, tanto en proposiciones de ley presentadas en el Congreso en estos últimos años, como en la prensa política y profesional, llegándose en esta última á crear un órgano especial con dicho fin.

El capítulo aludido dice así:

Personal de secretaría.

"Indicadas ya las reformas que inmediatamente pueden plantearse, resta tratar la que se refiere al personal de la Secretaría del Ayuntamiento. Como toda organización perfecta exige más personal y trabajo, se ha pensado en aumentar el personal de la Secretaría, organizándolo de modo que se ocupe en ella todas las horas hábiles del día, según se practica, v. gr., en las casas de comercio. Serán precisas dos personas que trabajen constantemente en las horas que se fijen, y escribientes temporeros en circunstancias extraordinarias.

Por una economía mal entendida, se tienen generalmente las Secretarías de Ayuntamientos mal retribuidas y sin el personal necesario, con cuyo motivo acontece que las empresas más interesantes y las reformas más útiles no se llevan á cabo por el aumento de trabajo que cuestan. Ocurre en la mayor parte de nuestros Ayuntamientos, que quien necesita acudir á ellos generalmente halla las Secretarías cerradas, y á fuerza de fatigas y corriendo de pueblo en pueblo, logra arreglar sus asuntos con el Alcalde y el Secretario. Este mal causa vejámenes sin cuento, perturba por completo todo conato de buen régimen, y constituye una de las bases del abandono administrativo en que nos hallamos.

Ninguna reforma que se emprenda dará resultado, si no se cura este mal antiguo, y que se sufre, con raras excepciones, en toda España.

La instrucción teórica y práctica, y la capacidad, así intelectual como moral, de los Secretarios de Ayuntamientos, son tan esenciales para el buen régimen de las localidades, que deberían exigirse á estos funcionarios severas condiciones y pruebas de idoneidad, declarándoseles inamovibles en sus cargos; y