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encargados de hacer efectiva, cada cual en su esfera, la unidad de la persona jurídica. Aparece primero esta unidad expresada por el jefe del Estado, y viene después á determinarse en particular por las actividades que, aceptando la denominación comúnmente usada, llamaremos legislativa, ejecutiva y judicial.

El jefe del Estado simboliza, como decimos, la unidad pura de la persona jurídica, y su función, por lo tanto, no puede jamás, sin contrariar su cometido, hacerse especial en sentido de alguna de las funciones particulares. Ni legisla ni ejecuta las leyes, ni juzga con arreglo á ellas. Pudo hacerlo cuando por falta de diferenciación del Estado representativo encerraba en sí como en gémen las actividades que el desarrollo de la persona jurídica ha ido distinguiendo y concentrando en órganos propios. Logrado este progreso, queda definida su misión, verdaderamente unitaria, y como función de funciones media entre todas para concertar su ejercicio. Le corresponde, pues, primeramente, una actividad reguladora encaminada á evitar las extralimitaciones de las actividades representativas y á resolver los conflictos de competencia que entre ellas se susciten. Y le corresponde además una actividad armonizadora dirigida á conseguir que el Estado representativo, en su totalidad y en cada una de sus partes, llene fielmente su cometido, interpretando con exactitud el espíritu del representado. A este fin, aparte de su continua intervención indirecta en la gestión de los negocios públicos puede oponer su veto á las leyes votadas por las Cámaras, disolver éstas convocando otras nuevas, nombrar y separar los ministros y ejercer la alta inspección de los tribunales de Justicia.

Cuanto llevamos dicho acerca del estado representativo en general, se puede repetir á propósito del jefe del Estado, y á él más concretamente que á otro órgano se refiere, por lo mismo que su función es la genérica por excelencia. De su sentido superiormente artístico para apreciar con elevación á la par que

á un fin determinado, lo cual implica como uno de sus atributos el poder necesario para cumplirse, además de la finalidad de sus actos y de la orgánica dependencia en que, unas respecto de otras, viven las funciones particulares en que se expresa cualquier función total.
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con exactitud el ideal del Estado, y de su continuo empeño en someter su criterio individual al de la persona jurídica, cuya unidad representa, depende en grandísima parte el ordenado curso de la vida pública. En aquellos países sobre todo, donde por desgracia es muy común que se establezca divorcio entre los órganos oficiales y los inmediatos de la Sociedad, donde ni éstos expresan con claridad el pensamiento colectivo, ni aquéllos suelen interpretarle exactamente, la acción del jefe del Estado es la llamada á restaurar el orden jurídico, influyendo sin descanso para que nunca se desvien las corrientes políticas de sus cauces naturales. Nada tan funesto en tales naciones como un jefe inactivo que cruzándose de brazos cree cumplir sus altos deberes limitando su mirada á los menguados horizontes de la legalidad aparente que le rodea. Si por ignorancia de su misión ó por pobreza de espíritu se convierte en máquina de autorizar leyes y decretos, no ha de extrañarse que los pueblos le exijan en su día la misma responsabilidad que deben exigirle si pretende sobreponer los dictados de su propia voluntad á las exigencias legítimas del país. Que de igual modo deja de llenar su cometido permaneciendo pasivo cuando las necesidades del Estado representado son sistemáticamente desatendidas por los que debieran representarle, como perturbando con su inoportuna ingenericia el proceso regular de esa representación.

Vemos, pues, que el jefe de Estado puede ser infiel á su misión de dos maneras muy distintas. En ambos casos, si las protestas del Estado representado son descuidadas, y el descontento y el malestar provocados por una falsa política llegan á su colmo, producense en el seno de la Nación agitaciones violentas y el jefe del Estado es sustituido por otro en medio del fragor de la revolución. Asimismo hay momentos (que suelen seguir inmediatamente á los períodos revolucionarios), en que rotos ó quebrantados los lazos sociales, no acierta el Estado representado á formular con fijeza su ideal, ni á hacerse superior á los movimientos convulsivos de fuerzas contrarias desencadenadas que se consumen en mortal inquietud; y entonces el jefe del Estado asume en su persona la representación entera de la Sociedad, y haciéndose eco de sus necesidades permanentes trata de restablecer las condiciones normales del organismo jurídico, me-
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diante el ejercicio de una dictadura. La revolución y la dictadura son, por lo tanto, hechos de fuerza que vienen á quebrantar por opuestos motivos el orden del Derecho, acusando la existencia de una grave enfermedad, que si no cede, concluye por matar al Estado. Tristes negaciones del Derecho bajo su aspecto positivo, sólo cabe admitirlas en cuanto se imponen ante las grandes catástrofes como medios absolutamente indispensables para ejercitar el derecho de defensa social contra el despotismo ó la anarquía. A la conciencia del que los emplea corresponde apreciar, si males semejantes son, en efecto, el único camino posible de evitar un mal mayor. A la Sociedad interesa, por su parte, cuidarse muy mucho de no ensalzar, ni glorificar nunca tales procedimientos, sean cuales fueren los resultados que produzcan. Felicitese de estos en buen hora si son satisfactorios, pero no olvide que llamar á cada paso gloriosa á una dictadura ó á una revolución, vale tanto como hacer propaganda en favor de los revolucionarios y dictadores de oficio.

Hasta aquí lo que nos importa indicar respecto de las reivindicaciones violentas de sus fueros, á que tienen que recurrir algunas veces el Estado representado ó el representativo para salvar la existencia de la persona jurídica-social, amenazada de destrucción en la variedad de sus órganos, ó en la unidad de su concepto. Volviendo ahora á la realización normal del Derecho, expongamos en breves términos las funciones particulares en que se desenvuelve el Estado representativo, aparte de la función genérica del jefe del Estado (1).

(1) Nada debemos decir aquí de la debatida cuestión acerca de las formas de Gobierno, tanto porque no lo consienten los estrechos límites que nuestro propósito nos marca para esta rápida ojeada de las funciones del Estado representativo, cuanto porque dicha cuestión, aparte de las llamadas fórmulas constitucionales que sólo tienen valor y existencia en los códigos escritos, sin trasceder para nada á la vida real de la política, viene á quedar reducida en pureza á resolver si, dadas las circunstancias de cada pueblo, le conviene que el jefe del Estado sea amovible en determinados períodos, ó que ejerza permanentemente las funciones de su cargo, las cuales en uno y otro caso suelen ser las mismas.
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XII

La unidad de la persona social en sus leyes, se expresa constantemente por la función legislativa. Cumplenla los representantes designados al efecto por el Estado, congregados en asambleas deliberantes que van definiendo el Derecho social, y declarándole positivo y obligatorio para todos con vista de las leyes que le determinan en la conciencia pública. Unas veces condensan primero en una Constitución los principios fundamentales á que debe ajustarse toda la vida jurídica, proclamando su estabilidad, y desarrollan después esos principios en una serie de preceptos que sirven de norma á las múltiples relaciones sociales. Otras veces, sin necesidad de más Código supremo que el que les dicta el espíritu de la sociedad en que viven, van legislando libremente según lo exigen las necesidades del momento. Desde luego está más conforme este sistema con la naturaleza viviente del Estado, porque permite renovar lenta y casi imperceptiblemente la Constitución exterior al compás del movimiento trasformador de la Constitución interna, mientras que con el otro hay que resignarse á proceder á saltos, manteniendo á veces algún tiempo formas jurídicas, desautorizadas ya en la opinión, y poniendo en su lugar de pronto otras contrarias; con lo cual, sobre quebrantarse el ritmo de la vida, se acostumbran los pueblos á ver en las modificaciones introducidas, antes la acción personal del legislador que la obra laboriosa del sentido público. Pero á pesar de tales defectos, conviene seguramente hacer constituciones y rodearlas de garantías de permanencia en donde sea de temer que de otro modo intente á todas horas la pasión trastornar por completo las bases del Derecho.

Aunque el carácter formalista de la Política contemporánea haya dado motivo á que en las constituciones no se consigne por lo comun más que las reglas de la organización y atribuciones de los poderes públicos, acompañadas á veces de la consagración incompleta de algunos derechos individuales, es indudable que en ellas, en cuanto son códigos fundamentales, debe tener cabida con mucho más justo título el reconocimiento de los prin-
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cipios superiores que en todos los órdenes, como la contratación, la propiedad, y en todas las esferas, como la personalidad, la familia ó el Estado internacional, aparecen como debiendo regir constantemente las relaciones jurídicas. Y es indudable también que, sea cual fuere el contenido de la Constitución, ésta es, por su naturaleza, reformable. Bien está que por el mismo motivo que hace necesario escribirla, se ponga su revisión al abrigo de cualquier intemperante propósito de reforma; pero pretender imprimir el sello de la eternidad á un texto entero ó á algunos de sus artículos, es empeño aún más que absurdo, altamente peligroso, porque equivale á cerrar al incesante movimiento social los caminos legales para manifestarse (2). Digan lo que quieran los legisladores, las constituciones desaparecen cuando no tienen razón de ser, arrastrando con frecuencia en su ruina á los poderes á quienes quisieron servir de escudo, proclamándose indestructibles. ¡Cuánto más valdría á todos que dando ejemplo de moderación los que más obligados están á ello, se resignasen á buscar en la posibilidad del cambio el fundamento más seguro de su conservación!

El Estado representado, además de hacer en su diversidad las leyes consuetudinarias y de elevarse á la ley constituyente, según hemos visto, concurre á la función unitaria legislativa, designando directamente sus representantes, es decir, aquellos que por su aptitud y sus opiniones estima que sabrán interpretarle con acierto. Pero al hacer esa designación, los individuos desempeñan á su vez una función social, de índole muy distinta de la que llevan á cabo en la esfera puramente representada. Allí actúan como tales individuos que ejercitan su derecho, y la conducta de todos ellos, sean las que fueren sus condiciones, por el solo hecho de formar parte de la Sociedad, debe servir de dato para apreciar los rumbos que sigue la vida del Estado. Precisamente su función consiste en expresar de un modo libre

(2) La conveniencia de hacer posible la reforma de las leyes fundamentales, está reconocida en casi todos los países del mundo. Autorizanla, sujetándola á trámites diversos, entre otras muchas, las legislaciones de Suiza, Bélgica, Austria, Alemania, Rusia, Portugal, Estados Unidos, Holanda, Suecia y Noruega. También la autorizaba, como es sabido, la Constitución española de 1869.
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é inmediato su ley individual, y armonizarla en igual forma con las leyes de los otros individuos. Bien sea espontánea, bien sea reflexiva su actividad, tengan mucha ó poca conciencia del sentido del acto que realizan ó de la opinión que emiten, acto y opinión expresan su espíritu propio; á los demás toca estimarlos en lo que valgan, como signos del estado social, y hacerlos suyos, asociándose á aquél espíritu ó prescindir de ellos si son eco aislado de un pensamiento individual. Aquí los individuos no son, como en el caso anterior, órganos que cumplen indistintamente la función total: no se trata de que contribuyan á un fin jurídico, consciente ó inconscientemente; antes al contrario, han de obrar con conciencia de lo que hacen, porque de no ser así, carecería de objeto la función. Al escoger un representante han de saber para qué le escogen. Por consiguiente, para el ejercicio del sufragio, se requiere en el individuo capacidad intelectual para llevarle á cabo. Necesita, además, libertad de obrar, porque es él, y no otra persona, por su conducto, quien ha de elegir el representante del Estado. Tomando en cuenta estas dos condiciones, es como ha de limitarse la función electoral, en manera alguna atendiendo cómo hacen las legislaciones de algunos países á la fortuna, á la profesión ó á otros criterios tan irrationales como éstos. Sobre tales bases se establece el sufragio universal (1), así llamado para distinguirle del restringido, porque permite participar de la función que nos ocupa á todos los que son aptos para desempeñarla, fijándose en la persona en sí y no en los accidentes de su posición social.

Por último, esta intervención del Estado representado en la función legislativa del representativo, es, á la vez que limitada, obligatoria, de Derecho definido. En el hecho de constituir

(1) Para que el ejercicio del sufragio dé por resultado la verdadera opinión de los electores, es preciso que obtengan las minorías proporcional representación. A fin de conseguirlo, han hecho diferentes ensayos las legislaciones electorales de Dinamarca, Brasil, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y España. En el interesante folleto del Dr. Brunialti, La justa representación de los electores, publicado por la Revista de los Tribunales, se expone con detenimiento los cuatro sistemas principales que se han escogitado á este propósito, el del voto limitado, el del acumulativo, el de las listas concurrentes y el del codiente, y se consignan curiosísimos datos acerca de la creciente atención que en todos los países se va prestando á este asunto.
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una función social no puede quedar al arbitrio de los órganos su omisión o su cumplimiento. El individuo tiene, respecto del Estado, el deber de ejercerla desde el momento en que se le atribuye este cometido. Maravilla ver cómo la exageración individualista en ciertas esferas ha llegado hasta hacer que parezcan extrañas en nuestros tiempos aplicaciones como esta del principio de los deberes políticos del ciudadano, tan reconocido en las repúblicas clásicas (1).

XIII

Dando un paso más en la realización del Estado representativo, encontramos que esta produce sistemáticamente la unidad de la persona social en los hechos mediante la función ejecutiva. Ley y hecho son palabras que expresan una mera relación: cualquier ley es un hecho, respecto de otra ley más abstracta de donde se deriva; cualquier hecho es una ley, respecto de otros hechos más concretos en que se particulariza. Hay, de consiguiente, entre las actividades legislativa y ejecutiva una continuidad indiscutible; una y otra realizan á la vez leyes y hechos al hacer efectivo el Derecho, con la diferencia de que en los actos de aquella predomina el carácter teórico, la regla, y en las leyes de ésta el carácter práctico, su cumplimiento en la vida. Por virtud de tal distinción se determinan separadamente las dos funciones, atribuyéndose á órganos distintos. Como es natural, la legislativa es la que practica el deslinde de ambas esferas, llevando hasta los límites que estima racionales su definición teórica de la Ley, no siempre, sin duda, con acierto, pues unas veces entrega á la actividad ejecutiva la confección de reglamentos importantísimos, que debiera corresponder á las Cámaras, y otras desciende á legislar sobre detalles más propios para ser tratados en las oficinas de un Ministerio. De todas suer-

(1) Hasta el extremo de que una ley de Solon declaraba infame al ciudadano que en una revuelta ó sedición pública no se decidía á favor de alguno de los partidos contendientes, porque, según dijo Plutarco en su Vida de Solon, no podía permitirse que nadie se mostrase indiferente ó insensible á las calamidades públicas, contentándose con asegurar su persona y sus bienes.
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gencia, le señalan los medios adecuados para satisfacerlas, excitán su celo y remueven los obstáculos con que tropieza, aproximán, en una palabra, la Sociedad á sus representantes para que no cese de estar confundidos en un espíritu comun, y se com- penetren sus actividades respectivas. Sin la inspiracion y el calor que su apoyo los proporciona, la accion de los funcionarios públicos sería siempre desmayada y torpe. Cuanto menos se acentúa ese íntimo contacto, más inactiva es la Administracion, más irregular la vida de los administrados. Si desapareciese por completo, la función ejecutiva quedaría paralizada porque no podría obrar en el vacío. Producese aquí, como en todas partes, entre los Estados representativo y representado, un continuo flujo y reflujo, por virtud del cual se mantienen mutuamente. Aquel se retira apenas ejecuta este un punto espontáneamente el Derecho definido y acude donde por un momento deja de ejecutarle. Entre tanto, ambas se robustecen, comunicándose los distintos elementos que poseen para lograr el mismo fin.

XIV

Pero no basta que el Estado se imponga representativamente con leyes y con actos la unidad de su derecho. La actividad de la persona individual no se limita á dictarse preceptos y cumplir hechos, sino que además, comparando en cada caso el precepto con el hecho, aprecia la conformidad ó disconformidad que puede existir entre ambos y formula la ley particular que, en su concepto, debe regir en cada relación jurídica. Así juzga su conducta ó la de cualquier otra persona, afirmando de ella que está ó no ajustada á la norma establecida. Cuando entiende que lo está la califica de justa; cuando estima que existe una disconformidad, nacida únicamente de haberse interpretado por error la ley en un sentido que no es el suyo, sostiene que el hecho es injusto y debe corregirse por más que sea justa la intención del que lo ha llevado á cabo; y cuando advierte que no por error del agente, sino con intención deliberada de negar la ley y de infringirla se ha producido el hecho disconforme, declara que la injusticia es doble, porque alcanza á dos actos,
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y que las leyes de la guerra reconocen y amparan. De aquí el respeto á la libertad personal y á la propiedad del enemigo, si bien la inviolabilidad de la propiedad individual no es un hecho sino en la guerra terrestre, pues en la marítima aún subsiste el derecho de botín con el nombre de presa.

En cuanto á la lucha en sí, es decir, al combate mismo, el adelanto y perfeccionamiento de los medios de destrucción lo han hecho más mortífero y terrible que en la antigüedad; pero el derecho ha condenado las crueldades innecesarias, y una vez terminado el combate ó cuando el enemigo se rinde á discreción, ya en una plaza fuerte, ya en campo abierto, no tiene ningún derecho el vencedor sobre la vida del vencido.

La aplicación de estos principios generales á cada caso práctico y la deducción lógica de las consecuencias que de aquellos se desprenden, constituyen el actual derecho de la guerra, cuya exposición detallada nos llevaría muy lejos de nuestro objeto.

Volviendo á él, es decir, á la relación de jure belli, veamos cómo, adelantándose á su siglo nuestro Francisco de Vitoria, alcanzó á comprender el carácter penal que debía revestir la guerra, muy distinto del de conquista que entonces presentaba y del de exterminio que le atribuyen las leyes militares del Deuteronomio.

Para Vitoria es guerra justa la que tiene por causa una injuria, ó sea una negación ó violación del derecho, y por objeto el restablecimiento del orden jurídico. Y al demostrar lo primero, niega que pueda ser causa justificativa de una guerra la propaganda religiosa que entonces se invocaba por los españoles como uno de los títulos para la conquista de América.

Sé dirá que Vitoria establece, sin embargo, una distinción, en cuanto á los derechos de los beligerantes, entre los cristianos y los infieles, negando á estos últimos algunos de los derechos que á los primeros concede. Pero ni existe la contradicción que á primera vista resulta, ni la distinción carece de fundado motivo; porque los principios del derecho de gentes sólo son aplicables á los pueblos que los conocen y practican. En apoyo de esta opinión basta citar la de Heffter (á quien puede considerarse como una autoridad entre los escritores contemporáneos),
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viles; y como persona pública, reconociendo la autonomía de los seres individuales ó sociales que se hallan comprendidos en la Nación, respetando y haciendo respetar el libre desarrollo de la actividad de cada uno, reprimiendo las extralimitaciones ó ingerencias de cualquiera de ellos respecto de los demás, velando por la conservación del orden público, cooperando á la acción de los tribunales, constituyendo, en fin, un Estado para los bienes particulares de los asociados, que se reduce á mantener la disciplina con el mero restablecimiento del Derecho, donde de alguna manera aparezca perturbado.

En su función ejecutivo-inmanente, el Estado representativo cuida de sus bienes, administra sus fincas, atiende á las necesidades comunes, lleva á cabo servicios públicos, recauda impuestos, coopera con su gestión al desarrollo y á la armonía de todos los intereses, cumple los deberes sociales de asistencia, así en el orden físico como en el espiritual, creando y sosteniendo fundaciones ó institutos al efecto en todos los casos en que el Estado representado no llena plenamente esta exigencia jurídica; se realiza, en suma, como Estado para el Bien social, que llega con su acción á hacer efectivos los derechos del ser colectivo y de sus miembros, donde no alcanzan más que en parte, ó no pueden alcanzar en modo alguno los esfuerzos de la actividad de los individuos.

En una y otra esfera de la función á que nos venimos refiriendo es continua la colaboración del Estado representado en la obra del representativo, además de cumplirla él por su parte libremente en la diversidad social. No sólo mantienen los individuos el orden, garantizándose unos á otros el ejercicio de su libertad, sino que coadyuwan á la acción de los funcionarios públicos, les prestan auxilio para reprimir cualquier trasgresión, les denuncian los abusos cometidos y les sugieren diariamente medios eficaces para conservar la paz pública. Por otra parte, no se contraen á procurar el desenvolvimiento de la cultura y el aumento del público bienestar con su particular iniciativa, ni á multiplicar, asociándose, institutos privados de beneficencia ó de enseñanza, antes se apresuran á prestar á la acción oficial un concurso del que no puede nunca prescindir. Le muestran con viveza las necesidades que hay que atender con mayor ur-