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sino que se añadió la unidad del fuero para todos los españoles y en todos los juicios comunes; y en cuanto al poder judicial, que en 1845 se había rebajado á no ser más que administrador de la justicia, volvía á reproducir los buenos deseos de la de 1837. De no haber completado su obra, no son responsables los autores de aquella Constitución, que murió al nacer; pero por de pronto motivó una adición á la de 1845, que en la materia penal se limitó á exigir que el Rey estuviese autorizado por ley especial para conceder indultos generales y amnistías, condición que, deseando evitar abusos en materia tan ligada con la moralidad pública y buen efecto de las leyes penales, debió parecer urgente al autor del acta adicional (D. A. de los Ríos y Rosas), para comprenderla en el pequeño número de disposiciones que abarcaba. Un mes tuvo de vida aquella novedad, derogada por real decreto de 14 de Octubre, preparándose las más graves de la Constitución de 1869.

Entretanto la reforma jurídica había dado principio apenas acabó la tiranía del reinado absolutista, porque no podía continuar una situación cuyos bochornosos rasgos antes hemos delineado. Hubo el mal de no emprenderla con la decisión y plan preconcebido con que lo verificaron las Cortes de 1820 al 23; efectuóse en lo general por reales decretos ó autorizaciones; pero constituyó un progreso verdadero, si bien no tan completo como las mismas leyes constitucionales habían venido indicando.

Es singular,—y muestra ya algo el empuje que al Gobierno daban las necesidades jurídicas,—que en los años en que, después del 23, más dominaba el espíritu adverso á todo género de novedades, se pensase en codificar, aunque sólo fuera en materias comerciales, que por su carácter no infundian temor de peligros políticos. La legislación mercantil,—y esto no sólo en España,—hallábase reducida á las Ordenanzas de los consulados, que debían su origen á las que en 1258 formaron los hombres de mar en Barcelona, y se confirmaron en las de Bilbao, que regían desde 1737. Pero no era ya suficiente aquella especie de jurisprudencia consuetudinaria, confusa y cada vez más incompleta (1), según iban estendiéndose los negocios mercantiles; y por

(1) Por ser agena á nuestro principal objeto esta parte histórica del Derecho mercantil, no hacemos más que estas ligeras indicaciones.
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iniciativa del departamento menos reñido con la nueva vida de los pueblos, se mandó formar, y empezó á regir desde 1.º de Enero de 1830, un Código notable por su forma y por su contenido, y que en ambos conceptos merecía figurar al lado de los más acreditados. Tan meritoria obra se completó á poco con una ley de enjuiciamiento, que superaba mucho al observado en otros negocios civiles y en los criminales, y en la que se aceptaban procedimientos, que unos tardaron en entenderse y otros todavía hoy son disputados. Sirva de ejemplo la organización de los tribunales especiales,—que algún tinte tenían de jurado,—compuestos de cinco jueces (prior, cónsules y sustituto), propuestos por una comisión de comerciantes, que desempeñaban su cargo honorífico por espacio de dos años; y ante quienes no podían presentarse demandas sin preceder un juicio de avenencia. Los interesados podían seguir los pleitos por sí propios ó representados por sus factores ó mancobos, sin necesidad de procuradores ni abogados, género de reforma que siempre ha zozobrado, entre otras razones, por la oposición de las clases interesadas, y que inútilmente quiso establecer en Prusia el rey Federico, cuyo Código, promulgado en 1748, iniciaba además la publicidad y el debate oral.

La amplitud que cada vez más fueron tomando los negocios mercantiles, allá en los primeros tiempos de las Ordenanzas consulares casi reducidos á los del comercio marítimo, hizo conocer pronto la necesidad de otras reformas, relacionadas también con las variaciones políticas, para lo cual se nombraron, sin resultado, comisiones en 1838 y 1853. Algunas se hicieron en 1868 (decreto de 6 de Diciembre), y en lo relativo á la ley de Enjuiciamiento, fueron las reformas tan extensas, que no sólo desapareció el fuero especial, refundiéndose en el ordinario, sino que los procedimientos se sujetaron á la ley civil, salvo en lo relativo á quiebras, que también deben ser, en algunos casos, materia criminal. Como los asuntos y tratos de comercio han crecido y habrán de seguir creciendo con el progreso de la industria, el aumento y variedad de sociedades, la nueva faz é importancia del crédito y las relaciones internacionales para todo ello, subsiste y aumenta la necesidad de revisar el Código, cuidando, como conveniente, no alejarse de las prescripciones del civil, del que, en resumen, debiera formar parte.
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No eran de menor necesidad y trascendencia las reformas en materia civil, concretándolas en un Código que pudiese regir como único, y que hiciese desaparecer la confusión de los declarados vigentes desde el Fuero Juzgo en adelante. El que quiera tomarse el trabajo de registrar en la Novísima Recopilación la multitud de leyes que, por lo reñidas con el buen sentido jurídico y económico, llegan ya á aparecer hasta risibles, hallará la prueba más patente de lo injustificable de nuestro retraso ó indiferencia en el asunto. Nombráronse, ciertamente, comisiones en 1843 y 46, y la sección especial, formada con arreglo á otro decreto de 1846, en Mayo de 1851 presentó un proyecto, acompañándole las observaciones ó comentarios que sobre cada artículo había formado el reputado jurisconsulto D. Florencio García Goyena. Este proyecto se publicó de real orden, no para darle fuerza legal—que no podía obtener sin la aprobación de las Cortes,—sino para que se conociera, discutiera por personas competentes, y se ilustrase y preparase la opinión, porque "la existencia de fueros y legislaciones especiales, usos y costumbres varias y complicadas, no sólo en determinados territorios de la monarquía, que en otro tiempo formaron Estados independientes, sino también hasta en no pocos pueblos pertenecientes á provincias en que, por lo general, se observan los Códigos de Castilla, aumenta considerablemente las dificultades y obstáculos que siempre ofrece la publicación y ejecución de todo Código general." Estas razones, que se alegaron como pretexto para una dilación indefinida, eran, cabalmente, las que más debieron impeler á completar la obra. No era el obstáculo tan grande que no hubiera podido vencerse con algunas—acaso no muchas—adiciones ó reformas, ó disposiciones transitorias; ni será por falta de recuerdos, que bien se hicieron en decretos de 1855, 56 y 58; pero los veintinueve años trascurridos desde la terminación de dicho proyecto, acusan un abandono que deseamos no imite la comisión que ahora entiende en el asunto.

No es propio de esta reseña entrar en más amplios juicios y detalles, y así concluiremos este punto anotando el movimiento que empezó á sentirse al acabar el período del absolutismo; movimiento cuyos mejores resultados han tenido lugar en las épocas de más franco y avanzado liberalismo. Y aquí volvemos á
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encontrar otra nueva y autorizada confesión del legado que nos dejó el funestísimo género de gobierno á que tantas veces hemos aludido. Un real decreto de 21 de Marzo de 1835 hizo notar los abusos que escarnecían la administración de justicia, y para ponerles coto prohibió "que se diese curso al considerable número de instancias en que se quería prejuzgar la justicia ó injusticia de los negocios pendientes en los tribunales,—alterar los trámites—separar del conocimiento á los juzgados competentes—variare las formas establecidas para el fallo de los pleitos y causas—obtener revisiones extraordinarias ó abrir juicios feneidos." Trabajo cuesta creer que la moralidad jurídica estuviese viciada hasta el extremo de hacer posibles y frecuentes esas pretensiones apenas concebibles en un país civilizado; pero eso mismo evidencia lo incompatible que es con la civilización todo Gobierno, fundado en una voluntad absoluta.

El Reglamento provisional para la administración de justicia, en el que ya se reflejaban los buenos principios, á que había dado valor la Constitución de 1812, inauguró una nueva era corrigiendo muchos de los vicios que venian dominando; y á ese mismo fin concurren el decreto de 3 de Agosto de 1836, que restableció el de 11 de Setiembre de 1820, sobre sustanciación de las causas criminales, y la ley de 16 de Setiembre de 1837, que repuso en vigor el importantísimo título 5.º de la referida Constitución de 1812 (1). Todo ello no venia, en resumen, á ser más que una confesión de los males, un paliativo para que algo de aspecto mejorasen, un remedio de insuficientes resultados, un aviso de la necesidad que había de ocuparse seria y decididamente en las reformas de la legislación civil y penal, y una acusación continua del poco interés con que tan vital asunto se miraba.

(1) Como muestra de las reformas efectuadas en la época de que hemos hecho mención, citaremos—la división territorial y designación de Audiencias (1834-35); el establecimiento del Tribunal Supremo (1835); la ley sobre negocios civiles de menor cuantía (1837); el reglamento de juzgados (1844); reglas para abbreviar el curso de las causas criminales (1849); ley de Enjuiciamiento civil (1856); y otras varias disposiciones menos importantes, pero que todas eran remedios aislados, y por tanto de incompleto resultado.
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IV

Código penal de 1848.—Su reforma en 1850.—Trabajos posteriores y progresos desde 1889.

El Código penal obtuvo por fin una preferencia que no necesitamos repetir cuán justificada estaba. Después de algunos años de meditación por las comisiones de ese trabajo encargada, se mandó publicar como ley—en 19 de Marzo de 1848—el proyecto presentado por el Gobierno, con la ley provisional que para su aplicación le acompañaba. Recibióse con general aprecio y no puede negarse que constituía un gran progreso en la materia, siendo muy notable la forma de su redacción, el orden y enlace de sus disposiciones, especialmente en el libro I.º, y la definición y clasificación de los delitos, así como la aplicación de las penas. No carecía en verdad de defectos, y entre ellos señalaríamos la extremada división de las penas, que entre afectivas, correccionales, leves, comunes y accesorias, llegaban á treinta y tres; la difícil distinción entre algunas de las más graves, que no pueden menos de confundirse mientras á ellas no se acomoden los establecimientos penitenciarios, los que cuando finalmente se organicen demostrarán la conveniencia de modificar algo la referida escala general; la aplicación excesiva de la pena de muerte y de las perpétuas; y algunos otros errores, cuya enumeración no es oportuna ahora.

¡Pero qué singularidad tan extraña! El Gobierno fué el primero en mostrarse poco satisfecho de su obra, y al mismo tiempo de publicarlo se comprometía á propoer á las Cortes dentro de tres años, ó antes si lo estimase conveniente, las reformas ó mejoras que debieran hacerse. Reservábase además hacer por sí cualquiera reforma, si fuere urgente, dando cuenta á las Cortes tan pronto como fuese posible; y esta autorización que á sí propio se daba, más cómoda y expedita que la de acudir á las Cortes, fué la que empezó á aprovechar inmediatamente por medio de reales decretos, acordándose, por último, en 30 de Junio de 1850, refundirlos en el Código, haciendo de él una
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rantías de eleccion, inamovilidad y responsabilidad judicial. Y no fue esta nueva aparición de antiguos principios relegada, como en otras ocasiones, á la esfera de los buenos deseos. El Gobierno y las Cortes trabajaron con una decision y constancia á que no estamos muy habituados, y patente se halla en las actas de Cortes y Coleccion legislativa la prueba del indicado aserto. En esos momentos de crisis, la conciencia del deber impulsa á compensar el tiempo perdido, y el presentimiento de las eventualidades futuras aconseja tambien plantear, aunque sea con alguna premura, lo que como bueno se proclama, confiando en que siempre queda algo de lo sembrado.

Tan cierto es esto último, que no escasean señales de ello en el fluctuante curso de nuestras aventuras. La historia señala la curva de nuestras frecuentes ondulaciones; pero al contemplar los extremos de la línea aparece con claridad que al cabo, y á pesar de todo, el nivel del terreno se ha levantado. Un hecho citaremos que concuerda con alguna parte de las reformas posteriormente formuladas. En 11 de Abril de 1868 se publicó una ley aprobando bases para otra que completase definitivamente la organización judicial. En ella se prevenia que habian de suprimirse los fueros de guerra y marina y extranjería, en lo relativo á los negocios civiles, y los Juzgados especiales de Hacienda y Tribunales de Comercio; y se anunciaba una ley de Enjuiciamiento criminal ajustada á la base de juicio oral y público—única instancia—y casacion en los juicios por delito. Esta ley la autorizaba con su firma el ministro D. Joaquín Roncalí, y dá fundado motivo á la sorpresa de que despues se haya censurado á otros Gobiernos por seguir el espíritu y letra de semejante resolución legislativa, y de que ni aun lo mismo que reconocian necesario hombres de distintas ideas políticas, se haya encontrado ocasión propicia para sacarlo de la región de los principios y llevarlo á la de las realidades.

No entra en nuestro propósito hacer larga historia del movimiento del Derecho en el período que se inició á fines de 1868. Los hechos, demasiado cercanos, no han desaparecido de la memoria, y mucho menos cuando gran parte de aquellas innovaciones se han aceptado, otras están en expectativa de realizarse, vencidas las dificultades que puedan oponersele, y otro número
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por la ley, sino que añadió "ordenanza ó mandato de autoridad á la cual e tuviese concedida esta facultad." Los artículos 22 y 506 dieron todavía mayor fuerza á la jurisdicción disciplinaria ó atribuciones gubernativas, lo cual produjo inmediatos conflictos, cuyo peligro reconoció y trató de evitar un real decreto de 18 de Marzo de 1853, dictando reglas para poner en armonía, interinamente, las disposiciones legales que mandaban castigar las faltas, previo juicio, con las leyes especiales y ordenanzas que permitían corregirlas gubernativamente y con penas distintas; reconociendo al mismo tiempo, que "sería de desear que toda corrección, por leve que fuese, se impusiera en virtud de un juicio."

A fin de no prolongar más esta digresión, indicaremos á la ligera que el aumento de penas para el caso de rebelión; el haber hecho extensivos los atentados contra la autoridad ó sus agentes, al caso de que no ejercieran sus funciones, siempre que fuesen conocidos ó se anunciassen como tales; y la extensión y gravedad de las penas en los desacatos, fué todo ello calificado como un efecto de extremada preocupación política, y así se consideró en el Código de 1870, que no aceptó semejantes alteraciones, y así se consideran también,—lo que es más significativo,—en el nuevo proyecto presentado á la discusion del Senado (1).

Paralizóse aquí el movimiento de las reformas jurídicas hasta que volvieron á avivarlo los acontecimientos con que se cerró el año 1868. El cambio político entonces efectuado no era ligero ni contenido por ambiguas y mal ó bien aceptadas transacciones; inició desde luego su tendencia á novedades más radicales, y puede decirse que anudó la serie de ellas, rota desde los períodos de 1814 y 1823. La justicia volvió á ser elevada á su digna categoría de poder, y á proclamarse la unidad de Códigos y de fuero, el establecimiento del juicio por jurados, y las ga-

(1) La comisión que entendía en estos asuntos, después del Código de 1848, no aceptó las innovaciones aludidas; antes bien, aconsejó que no se hiciera novedad en la materia; pero prevaleció el voto contrario del señor Ortiz y Zúñiga, que tenía en esta materia, por casi anárquico, al mencionado Código.
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rantías de eleccion, inamovilidad y responsabilidad judicial. Y no fue esta nueva aparición de antiguos principios relegada, como en otras ocasiones, á la esfera de los buenos deseos. El Gobierno y las Cortes trabajaron con una decisión y constancia á que no estamos muy habituados, y patente se halla en las actas de Cortes y Coleccion legislativa la prueba del indicado aserto. En esos momentos de crisis, la conciencia del deber impulsa á compensar el tiempo perdido, y el presentimiento de las eventualidades futuras aconseja también plantear, aunque sea con alguna premura, lo que como bueno se proclama, confiando en que siempre queda algo de lo sembrado.

Tan cierto es esto último, que no escasean señales de ello en el fluctuante curso de nuestras aventuras. La historia señala la curva de nuestras frecuentes ondulaciones; pero al contemplar los extremos de la línea aparece con claridad que al cabo, y á pesar de todo, el nivel del terreno se ha levantado. Un hecho citaremos que concuerda con alguna parte de las reformas posteriormente formuladas. En 11 de Abril de 1868 se publicó una ley aprobando bases para otra que completase definitivamente la organización judicial. En ella se prevéía que habían de suprimirse los fueros de guerra y marina y extranjería, en lo relativo á los negocios civiles, y los Juzgados especiales de Hacienda y Tribunales de Comercio; y se anunciaba una ley de Enjuiciamiento criminal ajustada á la base de juicio oral y público—única instancia—y casación en los juicios por delito. Esta ley la autorizaba con su firma el ministro D. Joaquín Roncalí, y dá fundado motivo á la sorpresa de que después se haya censurado á otros Gobiernos por seguir el espíritu y letra de semejante resolución legislativa, y de que ni aun lo mismo que reconocían necesario hombres de distintas ideas políticas, se haya encontrado ocasión propicia para sacarlo de la región de los principios y llevarlo á la de las realidades.

No entra en nuestro propósito hacer larga historia del movimiento del Derecho en el período que se inició á fines de 1868. Los hechos, demasiado cercanos, no han desaparecido de la memoria, y mucho menos cuando gran parte de aquellas innovaciones se han aceptado, otras están en expectativa de realizarse, vencidas las dificultades que puedan oponersele, y otro número
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penalidad de los delitos religiosos no llega á la que fulminaron los Códigos de 1848 y 1850. Hácese además oportunamente cargo de cierto género de delitos, que pueden llamarse nuevos, como son los atentados contra los trenes en marcha, explosion de petardos, y falsedades de billetes de Banco y otros documentos de crédito extranjeros, cuya gravedad, exposicion y facilidad han aumentado con los progresos de las artes, notándose que sus principales autores suelen ser personas de cierta educacion y posicion social, con frecuencia favorecidos por la gracia de indulto, que bien merece llamar la atencion y severidad del Gobierno. Lo que sí sentiremos es que se apruebe el título del proyecto en que vuelve á calificarse de delito la vagancia (1).

(1) Ya antes hemos impugnado la idea de castigar como delito lo que ni siquiera es un acto, ni omission de cosa que la ley deba ordenar, mientras no resulte daño, como no resulta de solo la mendicidad y la vagancia. Otro género de previsiones y de leyes, distintas de las penales, son las que deben corregir ó evitar esa enfermedad social, que si abundase más en España que en otros países, habría que buscar la causa en el vicio de antiguas instituciones.—Méritos inoportuno sería fijar la atencion en los abusos que se cometen y la opinion pública denuncia con asombro, en cierto género de contratos de préstamo, que se celebran con réditos á intereses tan escasivos, que pasan á veces del 100 por 100, y en circunstancias con tales condiciones, que dan motivo á pensar si media un engaño, una coaccion moral, un abuso, explotando las necesidades inevitables de la vida y las desgracias, que suelen pesar más que las pasiones ó la impericia de un menor. Absurda era la antigua prohibicion de llevar interes por los préstamos de dinero, y justa fué la ley de 1856 que abolíó la tasa de las leyes de la Novísima Recopilación; pero entre la tasa y el abuso escandaloso media gran distancia, y algo preocupo á nuestros legisladores, obligándoles á incluir en el Código penal un capítulo dedicado á las casas de préstamos sobre prendas. La reprobacion con que se ha señalado por la opinion general esa exhorbitante exaccion de interes, es un signo de que algo hay en ella digno de ser evitado ó reprimido. Las antiguas Cortes elevaron continuos clamores, obteniendo remedios que acaso agravasen la suerte de los necesitados aumentando los ardidés de la mala fé. La cuestion es difícil, pero bien creemos que merece ser estudiada, y sin aventurar sobre ella nuestro juicio, nos limitamos á decir qué no es agena al asunto de las leyes penales, por lo cual hacemos expresion de ella en esta nota. ¿Deberá empezarse estableciendo en el Código civil un máximum desde el cual pierdan su valor legal esas estipulaciones? ¿Produciría esto un grave daño á la libertad de contratacion que aquí no contiene la concurrencia? ¿Podrán remediar esos males, por sí solas, las instituciones de crédito y de mutuos socorros?... La cuestion, repetimos, crece en gravedad y no debe ser olvidada.
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botín, la confiscación de los bienes de los enemigos inofensivos, el hacer á estos prisioneros ó esclavos, según que fuesen cristianos ó infieles, eran todos medios legítimos de guerra, que se justificaban entonces por el principio, que sienta Vitoria, de que es lícito todo lo que es necesario para la defensa y conservación del Estado. Si hoy, con los progresos de la civilización se han humanizado los usos y costumbres de la guerra y se han proscrito las crueldades innecesarias, subsisten aún muchas prácticas injustas y muchas crueldades cuya necesidad es discutible. Entre las leyes de la guerra habrá de figurar siempre la necesidad como la más imperiosa; pero así como la conciencia humana rechaza hoy por innecesario lo que en los tiempos de Vitoria constituía la condición esencial de toda guerra, así también es de esperar que sean cada día más numerosas las limitaciones de la fuerza á medida que vaya penetrando en la conciencia de los pueblos la idea del derecho.

No puede negarse que la disertación de Vitoria sobre el derecho de la guerra sirvió de guía tanto á Belli y Ayala como á Gentili, habiéndola tenido presente el mismo Grocio, que á ella se refiere en más de una ocasión. Para nosotros, Vitoria es el primero, no sólo en el orden del tiempo, sino también en el de la importancia entre estos cuatro autores, á quienes únicamente corresponde en justicia el título de precursores de Grocio; pero si bien creemos, como de Giorgi, que nuestro Francisco de Vitoria está muy por encima de Gentili, repetiremos aquí lo que decíamos al hablar de éste, que no hallamos en el títulos bastantes para disputar á Grocio la paternidad del derecho de gentes.

En efecto, por mucha que sea la importancia del derecho de la guerra, no constituye esta materia por sí sola la ciencia toda del derecho internacional, y al lado de las cuestiones que la beligerancia entraña, hay otras muchas que tienen su origen en las relaciones pacíficas de las naciones. Grocio abarcó las unas y las otras, tratando del derecho de la guerra y de la paz y buscando en el principio de la sociabilidad humana el fundamento de uno y otro derecho, al paso que Vitoria, que no se había propuesto un plan tan vasto, se limitó á estudiar, como por incidencia, aquellas cuestiones nacidas de la guerra, que ya antes