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cosa que un remedio extraordinario por razón de incompetencia. Segundo, en favor del demandado cuando por no afectar la demanda al interés general de la Administración, sino al de una corporación ó particular cuyos derechos haya favorecido la resolución administrativa impugnada, sea éste emplazado, en cuyo caso al comparecer en juicio podrá proponer la excepción de incompetencia, y á su tiempo el recurso de nulidad, fundado en la misma razón, dejando preparado, si mantuviese este recurso en la segunda instancia, el extraordinario ya explicado. Este derecho no se concede á los coadyuvantes ordinarios de la Administración, ó sea á aquellos que se muestran parte en el pleito y lo signen al propio tiempo que el fiscal, por afectar la demanda á sus intereses ó derechos. En cambio se otorga al demandado por el fiscal á nombre de la Administración, con la misma extensión y bajo las mismas condiciones indicadas en el caso anterior.

Así se regulariza la introducción de la excepción de incompetencia, que hoy presenta cierta confusión, nacida de los términos absolutos de los reglamentos de lo contencioso, anteriores, como es sabido, á las reformas de 1860, que dieron á la instrucción del incidente de admisión de la demanda ante el Consejo de Estado y en los Consejos de Administración de Ultramar, una forma contenciosa que no había tenido hasta entonces, surgiendo con este motivo la duda de si es lícito volver á suscitar en el pleito la cuestión de competencia de la jurisdicción administrativa, por medio de la antedicha excepción, no obstante haber sido discutida y resuelta en sentido afirmativo en el referido incidente. Sostiénese por algunos que semejante facultad envolvería una superfetación inexplicable, al paso que otros entienden lo contrario, fundándose en que la cuestión de competencia, como de orden público, puede suscitarse, y debe ventilarse en cualquier estado de litigio. La solución que el proyecto dá á esta duda, es, por decirlo así, media y conciliadora. Deja á la Administración cuando se hubiese opuesto á la admisión de la demanda, por medio de su más elevada representación, el fiscal del Consejo de Estado, fundándose en la incompetencia de la jurisdicción administrativa para conocer del asunto, por una ó otra razón, la facultad de promover más tar-
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de la discusion amplia de aquel extremo, negándole ese derecho si por medio de su allanamiento hubiese aceptado y reconocido la competencia de la propia jurisdiccion. Respecto de los particulares y Corporaciones, les concede el derecho de promover el incidente cuando litigan con independencia de la Administracion, y tambien cuando son demandados por esta. En el primer caso, porque, no compareciendo en el juicio hasta despues de admitida la demanda, no han podido ser oidos en aquel incidente. En el segundo, porque el incidente no existe propiamente, cuando la Administracion es la demandante.

Acaso sorprenda que la facultad concedida al demandado, en el caso que queda apuntado, se haya negado al mero coadyuvante de la Administracion, cuando ésta es la demandada. Al establecer esta diferencia entre uno y otro, se ha debido tener presente que lo que parece reclamar la personalidad de un demandado, en un asunto en que litiga solo, porque la Administracion carece de verdadero interes en él, no tiene razon de ser cuando dicha personalidad está subordinada á la del fiscal, representante de la Administracion, directa e inmediatamente interesada en el juicio, y natural defensor de sus fueros y preeminencias, y por lo tanto agente suficientemente eficaz para promover ante el Tribunal una cuestion que, antes que á nadie, afecta e importa al Estado, de cuyos intereses es organo.

Es otra de las novedades que se introducan, como el lector habrá podido inferir de los últimos párrafos, el regularizar y ordenar, la representacion y comparecencia en el juicio, de las personas interesadas en que se sostenga la resolucion administrativa impugnada en la demanda. La importancia de su intervencion en el juicio es tal, que en muchos casos su interes es el único real que existe en el litigio, no teniendo el Gobierno y sus delegados, en sostener sus actos, otro, que su merodecoro, ó sea el de la legitima defensa de una providencia que creen justa y procedente. Por esta razon, si bien la admision de tales coadyuvantes de la Administracion en el juicio contencioso-administrativo, más que á disposiciones legales expressas, es debida á la practica constante (1), se ha impuesto, hasta el punto de ha-

(1) Sólo hallamos consignada expresamente la accion del coadyuvante de
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berse declarado ineficaz, á consulta de la Sala de la Contencioso del Consejo de Estado, una vista pública ante la propia Sala y todas las actuaciones sucesivas, por haberse acreditado que dejó de citarse á dicho acto al que, como coadyuvante, había intervenido en el litigio, mandándose repetir aquella soleminidad con su asistencia y audiencia.

Con presencia de estos antecedentes, los autores del proyecto han creído que era de todo punto necesario poner fin á la vaguedad de la legislación en la materia, fijando reglas claras y precisas concernientes á la intervención de dichas personas, á las que se dan los derechos en el juicio de verdaderos demandados, si bien sujetando su comparecencia á trámites en los que se concede al actor la facultad de oponerse, como es natural, dada la importancia e influencia en el debate que aquella novedad confiere á los primeros. Dáse, pues, la potestad de personarse en el juicio y el derecho de ser tenido por parte, prévia resolución del tribunal, á la que precederá la audiencia del fiscal y del demandante, así en la primera instancia como en la única, á cualquier interesado que haya sido parte en el expediente gubernativo, ó que, aun sin este requisito, tenga interés en la resolución del litigio; debiendo además el propio tribunal de oficio, ó á petición fiscal, hacer saber la existencia del pleito á todo el que se halle en aquel caso, si bien la providencia que se dictase podrá ser impugnada por la parte á quien perjudique por medio de los recursos de apelación y reposición respectivamente. Y si la demanda no afectase al interés general, ó propiamente dicho de la Administración, sino al de una corporación ó persona cuyos derechos haya favorecido la resolución administrativa, entones deberá desde luego ser la última citada y

la Administración en el reglamento de 24 de Junio de 1868, para la ejecución de la ley de minas, cuyo artículo 86 dice así:

«Cuando sean demandantes los interesados á quienes después de demarcar no se les otorgó la concesión, para la validez de los juicios respecto de los terceros opositores será también precisa la citación de estos, mas no su comparecencia, entendiéndose que renuncian su derecho á ser oídos del mismo modo que se establece para los concesionarios.

Así estos como los terceros opositores, en los casos de que tratan los dos párrafos precedentes, no tendrán otro carácter al mostrarse parte en los juicios que el de coadyuvantes de la Administración.»
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emplazada, pudiendo el fiscal, si el pleito se siguiese en el Consejo de Estado, así que la personalidad referida compareciese, retirarse del juicio, absteniéndose de contestar á la demanda; ó bien concretar la defensa de la Administracion al extremo ó extremos que á la misma interesen.

Solucion es esta á que la práctica va ya acomodándose, siendo comun en el caso indicado, que el defensor de la Administracion limite sus escritos á breves frases y hasta excuse su asistencia á la vista, dejando al particular la entera defensa de su derecho. Nada impide que la práctica se convierta en precepto, y antes bien recomienda este proceder la necesidad de dejar al fiscal del Consejo y á sus auxiliares, el tiempo, que reclama imperiosamente el estudio de aquellos asuntos, cada dia en mayor número, en que la Administracion tiene un inmediato y positivo interés en la subsistencia de sus actos (1).

(1) Art. 39. La demanda se pasará al fiscal por término de diez dias para el solo efecto de que informe acerca de la procedencia ó improcedencia de la vía contenciosa.

Art. 40. Si el fiscal se allanase á su admision y el Tribunal se conformare con este parecer, dictará auto mandando dar curso á la demanda, habiendo por parte el que la produzca por sí ó en la representacion que lleve, y disponiendo que vuelva de nuevo al fiscal por término de otros diez dias para que la conteste. Este plazo podrá prorrogarse, si lo pidiere el fiscal, por otros cinco dias.

Art. 41. Si el fiscal se opusiere á la admision de la demanda, ó el Tribunal estimare que el punto exige mayor examen, señalará dia para la vista del incidente, en cuyo acto serán oídos el interesado ó su representante y el fiscal, de cuyo escrito impugnando la admision, se entregará siempre copia á la parte actora.

Art. 42. Celebrada la vista, el Tribunal dictará auto motivado, dentro de los cinco dias siguientes, declarando ó no procedente la vía contenciosa para la demanda propuesta, con los pronunciamientos, en su caso, que expresa el art. 40.

Art. 43. El auto en que se declare procedente ó improcedente la vía contenciosa será apelable dentro de los tres dias siguientes á su notificacion, así por el demandante como por el demandado, para ante la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, cuyo fallo será ejecutorio.

Art. 44. Admitida la demanda por auto motivado de la Sala de lo Contencioso, que se publicará en la Gaceta, no podrá proponerse la excepcion de incompetencia por razon de la materia en el curso del pleito.

Tampoco podrá proponerse dicha excepcion cuando el fiscal del Consejo se hubiere allanado á la admision de la demanda; pero si se hubiere opuesto, fundado en las causas que expresa el art. 24, y contra su dictamen fue-
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Otra de las reformas más importantes que el proyecto introduce en el actual estado de cosas, es la que concierne á la suspension de las providencias administrativas que han sido reclamadas en la vía contenciosa. Reina hoy, en la materia, una verdadera confusion, hija de los cambios de legislacion, que por lo mismo que no guardan relacion entre sí, introducen en el todo inarmonía, cuando no contradiccion. Así se ve que, mientras los acuerdos de los Ayuntamientos y Diputaciones pueden ser suspendidos por el Tribunal contencioso administrativo que conoce de la demanda dirigida á obtener su revocacion, según el artículo 172 de la ley Municipal y 51 de la Provincial, los emanados del Gobernador y del Gobierno, sólo por resolucion de la Administracion activa, en una ú otra esfera, puedense dejados

se admitida, podrá formular la oportuna protesta para los efectos del artículo 78.

Art. 47. Sin embargo de lo establecido en el último párrafo del artículo anterior, cuando la demanda no afecte al interés general de la Administracion, sino al de una Corporacion ó particular cuyos derechos haya favorecido la resolución administrativa que en la misma se impugne, al comparecer el demandado en virtud del emplazamiento, podrá proponer la excepcion dilatoria de incompetencia que permite el art. 33 del reglamento de 1.º de Octubre de 1845, y á su tiempo podrá interponer igualmente recurso de nulidad, dejando preparado, si mantuviere este recurso en segunda instancia, el extraordinario de que trata el art. 78 de esta ley.

Art. 65. Formalizada la demanda, se pasará al fiscal por término de diez días, prorrogable á instancia suya por otros cinco, para los fines que expresa el artículo 39, observándose en su caso lo dispuesto en los artículos 40 y 41, sin más diferencia que la de concederse al fiscal el plazo de veinte días, prorrogable por otros diez si lo pidiere, para contestar la demanda, y ser de diez días también el término para dictar el auto motivado de admision ó no admision de la misma.

Dicho auto, en el caso de recaer despues de celebrada vista del incidente, se publicará en la Gaceta.

Art. 66. Desestimada la oposicion del ministerio fiscal á la admision de la demanda, si la oposicion se fundase en las causas que expresa el art. 24, podrá él mismo contestarla bajo protesta, para los efectos del artículo 78, observándose en lo demás lo establecido en el art. 44.

Art. 67. Si, como en el caso del art. 47, la demanda no afecta al interés general de la Administracion, sino al de una corporacion ó particular cuyos derechos haya favorecido la resolucion del Gobierno impugnada en la misma, deberá ser citada y emplazada la persona contra quien se dirija, y una vez comparecida, el fiscal podrá abstenerse de contestar la demanda, ó concretará la defensa de la Administracion al extremo ó extremos que á la misma interesen, dejando á aquella la defensa de su derecho.
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en suspensó, cuando contra ellos se hubiese suscitado la demanda. Rinde este último sistema tributo á la teoría, según la cual cualesquiera que sean los perjuicios causados por el acto de la Administración á un interesado, aquellos deben ceder al interés público cuando la conveniencia general aconseje que sus efectos no se paralicen; siendo la propia Administración la que puede apreciar si dicha conveniencia existe ó no. Ciertamente. Los autores del proyecto distaban mucho de negar en absoluto esta teoría. Pero creyeron, por una parte, que su exageración produce en la práctica, á veces, perjuicios que es preciso evitar, y por otra parte, que la dignidad de los Tribunales llamados á ejercer la jurisdicción administrativa, aconseja, desde el momento en que entran en la plemitud de su ejercicio, que se les

La corporación ó particular demandados podrán proponer la excepción dilatoria de incompetencia que permite el art. 86 del reglamento de 30 de Diciembre de 1846; y si la desestimare la Sala, previa audiencia del demandante y del fiscal, y se contestare la demanda bajo protesta, quedará preparado el recurso de que trata el art. 78.

Art. 68. Las excepciones dilatorias se propondrán todas á un tiempo, como dispone el art. 88 del citado reglamento, y no suspenderán el curso de la demanda las que se presenten después.

Las perentorias se propondrán al contestarla y se resolverán en la definitiva que ponga término al juicio.

Art. 69. En el caso del art. 45 se observará lo que dispone su párrafo primero.

Del auto de la Sala habiendo por parte ó negando la intervención en el juicio al que se presente como coadyuvante de la Administración, podrá pedirse reposición dentro de tercer día. Sustanciado el artículo con audiencia de las partes, la Sala resolverá lo que estime, sin ulterior recurso.

La Sala, de oficio ó á petición fiscal, observará lo que dispone el art. 46, guardándose todo lo que en el mismo se establece, menos lo prescrito en su último párrafo.

El admitido como coadyuvante no podrá impugnar la admisión de la demanda conforme á los artículos 44 y 47.

Art. 70. Si el fiscal fuere demandante, se observará lo prevenido el artículo 48, y en el caso del 49 podrá pedir reposición del auto en que se niegue la admisión de la demanda.

Celebrada vista del incidente, la Sala dictará auto motivado que se publicará en la Gaceta, resolviendo lo que proceda.

El demandado podrá proponer, después de comparecido, la excepción dilatoria de incompetencia, fundada únicamente en corresponder el asunto al orden civil ó penal.

Si la Sala desestimare esta excepción, podrá el demandado contestar bajo protesta la demanda, dejando preparado el recurso de que trata el artículo 78.
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reconozca, dentro de los límites que la prudencia señala, la facultad de apreciar aquel punto y de acordar, en su consecuencia, la suspension en ciertos casos. Dánsé ésto, á su entender, cuando el perjuicio privado es inevitable consecuencia de la ejecución del acuerdo administrativo, y no parece que el interés público sufra por la suspension. En este sentido se explica el proyecto, siendo tal el respeto que sus disposiciones en esta parte guardan al público interés y á los fueros de la Administración activa, que más inmediatamente lo representa, que lo mismo cuando á juicio del Tribunal de provincia ó de la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, pueda irrogar menoscabo al servicio público la suspension de la resolución reclamada, que cuando el fiscal, cuya audiencia es forzosa, se opusiere á aquella, fundado en la misma razón, la cuestión se reservará á la decisión de la Administración activa, á la cual remitirá el Tribunal las pretensiones de suspension, con su autorizado informe. Casi innecesario es decir que la prestación de fianza por el que hubiere pedido la suspension, es requisito indispensable para acordar ésta (1).

Otro punto que en la práctica actual es objeto de ataque ó censura de parte de algunos, ha sido resuelto en el proyecto en sentido contrario al que en aquella viene observándose. Nos referimos al modo de fallar los pleitos contencioso-administrativos la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado. Dicha Sala desde su creación viene discutiendo y votando sus sentencias,

(1) Art. 85. La Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado y los Tribunales de provincia podrán acordar, oído el fiscal, la suspension de las resoluciones reclamadas en la vía contenciosa, cuando no afecten al servicio público y la ejecución pueda ocasionar daños irreparables, exigiendo fianza de estar á las resultas al que hubiere pedido la suspension.

Si el fiscal se opusiere á la suspension fundado en que de ésta puede seguirse perjuicio al servicio público, no podrá llevarse á efecto sin acuerdo del Gobierno, al que expondrán la Sala de lo Contencioso ó los Tribunales de provincia las razones que aconsejen tal medida.

Cuando de la suspension de las resoluciones de que trata el párrafo anterior pueda seguirse, á juicio de la Sala de lo Contencioso ó de los Tribunales de provincia, menoscabo al servicio público, se limitarán á dar curso á las pretensiones de suspension, elevándolas con su informe al Ministerio ó autoridad á quien incumba resolverlas.
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EL CARDENAL ALBERONI.

Entre los nombres extranjeros que en la historia de España figuran, pocos tan dignos de atención como el del cardenal Alberoni. Su influencia en la suerte de nuestra patria, al comenzar el siglo xviii, fue muy grande. El dió notable ejemplo de lo que puede ser España regida por ministros de vigorosa iniciativa, conocedores de los recursos y fuerzas de la nación. Cuando esta monarquía acababa de perder sus más importantes posesiones; cuando salía apenas de la guerra civil más prolija y desastrosa, la vió Europa hacer esfuerzos inauditos, poner escuadras en el mar; conquistar reinos, formar alianzas portentosas. Dijimos quién fué el autor de tan rápida; si bien poco sólida transformación.

Julio Alberoni, objeto de este estudio, italiano de oscuro nacimiento, recorrió por su ingenio, ambición y fortuna todos los grados de la escala social, hasta llegar á uno de los más importantes, cual es el de primer ministro de un soberano poderoso y Cardenal de la Santa Iglesia Romana.

Por lo mismo que fué maravillosa su vida, debían ser encontradas las opiniones de los escritores que trataron de darla á conocer. Mencionemos la Vida del Cardenal Alberoni, impresa en el Haya en 1719, y atribuida á Roussel. Este libro concluye con la caída del ministro, y es acaso el más importante y exacto de los que sobre el asunto se han escrito. Difiere en algunos puntos de las Memorias de Compitron y del Testamento político.
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rio XVI, pero que ya había terminado su misión, empezó á calmar el paroxismo del conflicto que nos viene ocupando. Cosa muy parecida pasa todos los días en los conflictos privados, en los pleitos entre particulares. La muerte de una de las partes que los habían iniciado, la venida de un nuevo heredero, de un nuevo contendiente, por más que en Derecho se llame y sea la continuación del testador, sin embargo, los accidentes personales son distintos, sobre todo si goza de un espíritu más sereno, más conciliador y de tal lo pregoná la fama.

Ved ahí lo que ocurrió al llamar la Providencia á Pío IX á mejor vida.

Hubo una mutación de persona individual en la jefatura suprema de la Iglesia. Vino León XIII como heredero de Pío IX, y León XIII venía precedido de una bella fama de espíritu armónico, de espíritu conciliador, de espíritu dotado por Dios de alta sabiduría, de esquisito tacto, que había demostrado en delicados cargos, en importantes comisiones que el mismo Pío IX le había confiado, incluso la de camarlengo del Sacro Colegio cardenalicio. Es más, sus escritos, sus obras, sus actos todos, le atraían ya, antes de su elevación al soberano pontificando las miradas de todos los espíritus enemigos de los conflictos, amigos de la paz pública y privada.

Era, en una palabra, la dulce esperanza de todo corazón recto, de todo espíritu racional, justo y religioso; era el Pontífice que había de restaurar la grandeza de la Iglesia por la paz, por la armonía, por el dulce lazo de la fe y de la razón; obtener concediendo, según una hermosa y profunda sentencia de su panegirista a priori, el ilustre ministro italiano Bonghi que, dijo: "Esperamos que la Providencia nos enviará un Pontífice qui sociat restituiere cunctando rem."

Los hechos patentes á los ojos de todo el mundo demuestran la verdad del gran espíritu profético del ilustre ministro, catedrático y escritor italiano, sobre todos ellos la reconciliación con la Alemania y la que va á seguirse inmediatamente con el colosal imperio moscovita.

No es de ménoz quilates la difícilísima conservación de la paz con la perturbada y perturbadora República francesa, con la Baviera, y la reconciliación con el imperio del Brasil, la pacifi-
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prévía lectura que se dá, después de la vista pública, del proyecto de fallo que ha acordado de antemano la Sección de lo Contencioso, con presencia de la discusión escrita y oído el Consejero ponente. Tiene este método ciertas ventajas que no pueden ocultarse. Un grupo de Consejeros, á quienes la práctica diaria de esta clase de asuntos, da competencia indudable, presenta á la Sala un dictamen formulado después de maduro y detenido examen de los escritos y documentos que encierran los expedientes contencioso y gubernativo que tiene á su vista, y cuyos fundamentos y razones ni son innovadas ni ampliados, por lo general en la discusión solemne de la vista pública. Si en esta se exponen nuevos datos ó fundamentos nuevos, la Sección expresada retira su proyecto, para meditarlo y reformarlo en su caso.

Pero se alega por varios de los que de esta clase de asuntos se ocupan, y con particularidad por los abogados, que comprometida la opinión de la Sección de lo Contencioso por un acuerdo anterior, é influyendo eficazmente esta opinión en la de los demás Consejeros, por lo mismo que no han estudiado el pleito, valiéndose de una expresión vulgar pero exacta, por dentro, la vista pública es ineficaz; añadiéndose que las mejores razones de los defensores, expuestas, se dice, con desconfianza, van á estrellarse contra un juicio preconcebido y un dictamen formulado.

Los autores del proyecto se han rendido ante esta razón, no tanto por su fuerza intrínseca como por causa de su brillo ó apariencia. No basta que los elementos de preparación de un fallo sean buenos, es preciso que inspiren confianza. Si por una u otra causa no se logra este objeto, pierde en respeto y autoridad. No puede además dejar de tenerse presente, que si el método á que el proyecto procura poner término ha sido objeto de ataque, cuando el número de consejeros que forman el grupo ponente constituye minoría en la Sala, sería la censura de mayor fuerza desde que, según la reforma en la organización de la Sala que el su lugar hemos expuesto, dicho grupo ha de formar mayoría, siquiera esta no pase de uno. Así, pues, el art. 86 del proyecto establece expresamente la discusión y votación del fallo después de la vista, por todos los llamados á suscribirlo,