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Por la primera de estas bases consérvese la especialidad administrativa de los tribunales llamados á ejercer dicha jurisdicción, y con ella la particular idoneidad tan necesaria en los jueces de aquel orden, la inteligencia de la materia administrativa, la clara noción de las exigencias de los servicios públicos que constituyen esta última, y del interés bien entendido del Estado.

les se agregarán para la sustanciacion, vista y fallo de los negocios contenciosos de la Administración, dos letrados más, nombrados en la forma que determina el art. 57 de la ley provincial de 2 de Octubre de 1877, elegidos entre los que se hallen comprendidos en alguna de las categorías siguientes:
Magistrados ó jueces de término cesantes, ó sus asimilados del ministerio fiscal.
Auditores de guerra ó marina de reemplazo.
Jefes de administracion cesantes.
Catedráticos activos ó excedentes de la facultad de derecho.
Abogados que paguen ó hayan pagado una de las tres primeras cuotas en capital de provincia.
Art. 9.º La Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado constará para la sustanciacion de los negocios contencioso-administrativos, de un presidente y seis consejeros titulares, todos letrados.
Para la vista y resolución de los incidentes sobre procedencia de la vía contenciosa, y para el fallo definitivo de los negocios, formarán la Sala el presidente, cuatro consejeros titulares y otros cuatro letrados de las diferentes Secciones del Consejo, según el turno que se establezca, debiendo pertenecer dos de ellos, ó por lo menos uno, salvo el caso de imposibilidad, á la Sección del ramo á que el asunto corresponda.
En los negocios en que hubiere informado el Consejo en pleno, y para el fallo de los recursos de revisión, salvo lo dispuesto en el art. 21, formarán la Sala el presidente y los seis consejeros titulares; y otros seis consejeros letrados de las demás Secciones.
Art. 22. Los Tribunales Contencioso-administrativos de provincia conocerán de las demandas que se propongan contra las resoluciones de los Gobernadores y Diputaciones provinciales que, según las leyes, causen estado.
Cuando dichas resoluciones procedan de otras autoridades ó corporaciones administrativas, no podrá entablarse el recurso contencioso sin que conste haber recaído resolución del Gobernador que ultime la vía gubernativa.
La admisión de las demandas y la revolución del incidente sobre procedencia ó improcedencia de la vía contenciosa son de la competencia de los mismos Tribunales, salvo el recurso que se establece en el artículo 43.
Art. 31. Corresponde á la propia Sala (del Consejo) conocer:
1.º De la cuestión prévia sobre procedencia ó improcedencia de la vía contenciosa.
2.º De los recursos de reposición, aclaración y revisión de sus providencias y resoluciones, salvo lo dispuesto en el art. 21.
3.º De las alzadas que se interpongan contra las resoluciones de los Trí-
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Por la segunda se aumentan las garantías de acierto que presentan los Tribunales administrativos actuales, ya dando mayor ensanche en ellos al elemento letrado, que será preponderante en las Comisiones Provinciales y exclusivo en la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, ya concediendo la misma inamovilidad que hoy disfrutan otros jueces administrativos, los ministros del Tribunal de Cuentas del Reino, á los siete Consejeros titulares de la referida Sala, que han de constituir la base de la misma, que están llamados á influir de una manera necesaria en sus fallos, y cuyo juicio ha de informar por fuerza los actos de la jurisdicción toda, y ha de pesar eficazmente en sus tendencias, en su marcha y en sus resultados.

Por la tercera se inviste á dichos Tribunales de la potestad de dictar verdaderos fallos en ambas instancias, dotando así sus acuerdos de las propias garantías de acierto, imparcialidad y
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desinterés que encierran las sentencias que dictan los Tribunales del fuero comun (1).

Por la cuarta se entrega la facultad de declarar la propia competencia, al que ha de ser en su caso juez del asunto, impidiéndose que una autoridad, por elevada que sea, extraña á la jurisdiccion Contencioso-administrativa, la vede conocer por consideraciones agenas á las reglas ó principios de derecho que fijan el círculo de la accion de aquella, y dé ocasion á que una demanda legal y acertadamente propuesta perezca á limine judicio haciendo imposible el progreso de un pleito legítimo y racionalmente entablado.

Por la quinta y última, se atajan las extralimitaciones en que puede incurrir la jurisdiccion administrativa, invadiendo ya el terreno puramente gubernativo, ya el civil y penal; conservando en el Gobierno el propio medio de corregir aquellas, que hoy posee, á virtud de la jurisdiccion Retenida.

Várias y de distinta índole son las objeciones que á este sistema, por decirlo así mixto, podrían oponerse; y estas objeciones no las hemos de ocultar á los que nos dispensen la honra de revisar este estudio, advirtiéndoles, sin embargo, que es la suerte de las soluciones medias, atraerse por igual los ataques de los partidarios de las extremas, desagradando, por lo mismo, á los contendientes de uno y otro lado, sin perjuicio de estar destinadas, cuando tienen fundamento racional, á ser con el tiempo aceptadas y tener vida larga.

Dirán, sin duda, los partidarios de la evolucion, en el sentido de la jurisdiccion única, que las Comisiones Provinciales, parte integrante de la Administracion, y en cierto modo de la Administracion activa, no presentan aquellas condiciones que deben resplandecer en los Tribunales, por su condicion temporal y mudable, y que esta falta de idoneidad originaria constituye un vicio grave de un proyecto que se presenta como destinado á reformar, mejorándolo, el sistema actual.

(1) En el actual sistema las Comisiones provinciales tienen jurisdiccion delegada; pero como las sentencias son reclamables ante el Consejo de Estado por regla general, y este carece de las facultades que aquellos poseen en este punto, viene el Gobierno á decidir en definitiva los asuntos contenciosos, incoados ante dichas comisiones.
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No negamos que no es esta parte del trabajo que examinamos la que más tranquilos nos deja. Expuestas se hallan en los párrafos trascritos de nuestro anterior estudio las razones que teníamos para estimar que el ejercicio de la jurisdicción administrativa debe encomendarse á entidades que no formen parte de la Administración de origen popular, que no presenten la mutabilidad propia de los Cuerpos que periódicamente se renuevan, ni la impresionabilidad intrínseca en quienes, por su índole, están en contacto con intereses acaso más fugaces y pasajeros que sólidos. De igual sentir eran los demás redactores del proyecto; é inspirados en aquel espíritu, idearon la creación de unos Tribunales administrativos de primera instancia que tuvieran su asiento en las poblaciones que son residencia de Audiencia, compuestos de magistrados nombrados por el Gobierno, entre los que perteneciesen á diferentes categorías ó clases, concediéndoles si pertenecían á la de cesantes de la carrera judicial ó administrativa, una gratificación sobre su haber pasivo y el beneficio de que se les aplicase, el tiempo que desempeñasen dichos cargos, para sus derechos de esta especie. Pero hubieron de retroceder aquéllos, ante la cifra del gasto que dicha gratificación, unida al coste del indispensable personal subalterno y material de un cuerpo de esta clase, acarrearía á los fondos públicos. Temieron proponer que este guarismo figurase en el presupuesto del Estado y comprendieron la dificultad de llevarlo á los presupuestos provinciales, por razón de la repugnancia que á satisfacer su parte alícuota habrían de oponer aquellas provincias que, si bien comprendidas en el radio del distrito en que residiera el Tribunal, no lo hubiesen de poseer dentro de su territorio, por no ser su capital el asiento de la Audiencia. Y como la dificultad del coste se había de presentar, con más ó menos crudeza, cualquiera que fuese la forma que se escogiese para depositar el ejercicio de la jurisdicción administrativa provincial en manos especiales é independientes de la Administración ordinaria, y dicha dificultad había de ser tanto más grave cuanto el presupuesto de la provincia sufragaba ya el coste, relativamente crecido, de su primera Corporación administrativa, la Diputación provincial, hubieron de resignarse á la continuación de lo existente, ya que, por fortuna y á pesar de las teorías an-
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tes expuestas, no ha dado lugar á quejas, ni que se sepa, á errores ó abusos capaces de levantar clamores. Al obrar así han procurado mejorar lo que hoy rige, llevando á las Comisiones elementos de ilustracion y garantías de acierto. Dispone el proyecto que á los cinco individuos de que constan aquellas, se agreguen, para la sustanciacion y fallo de los asuntos contencioso-administrativos, dos letrados más, nombrados por el Rey, á propuesta en terna de la Diputacion y elegidos entre los que pertenezcan á diversas categorías que suponen preparacion y aptitud. Estos letrados, que gozarán de los beneficios, indicados arriba, para los miembros de los citados Tribunales, no cesarán en sus cargos sino por causa justificada, á propuesta de la misma Diputacion, siendo independientes del movimiento de renovacion de la misma.

De este modo se lograría obtener en la Comision Provincial, cuando actuase como Tribunal, una mayoría de jueces letrados (1); creándose en su seno un elemento constante de tradicion y depósito de jurisprudencia, y dándose en ello al derecho privado, en sus luchas con la Administracion, una garantía de justicia de que hoy carece. Sorteáuese así, hasta donde es realizable, las dificultades que para hacer oficio de Tribunales encierran cuerpos cuyos individuos se renuevan por medio del sufragio. Y si aún presentan algunas, bajo el punto de vista de la justicia, los errores en que incurrir pudieran las Comisiones, habrían de encontrar correctivo seguro en la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, su superior gerárquico, cuyas relaciones con las citadas Comisiones se estrechan y vigorizan en el proyecto, y cuya organizacion recibe nuevos elementos de ilustracion é imparcialidad, por medio de las disposiciones apuntadas, que, ó mucho nos equivocamos, ó no handetropezar con objeciones graves (2). No es de esperar, con efecto, que las suscite

(1) La Comision provincial tiene tres letrados con arreglo á la Ley vigente
(2) Constituyen la Sala de lo Contencioso en la actualidad, la seccion de este nombre, compuesta de cinco Consejeros letrados, y un Consejero por cada una de las demás secciones, más otro perteneciente á la Seccion del ramo á que corresponda el asunto, hasta el número de 13.—Segun el proyecto la Seccion de lo Contencioso tomará el nombre de Sala, y se compon-
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la idea de constituir la Sala con sólo consejeros letrados. Sus funciones, cada día más difíciles e importantes, exigen casi siempre un conocimiento perfecto del derecho civil, y si alguna vez requiere el examen y decisión de los litigios, experiencia en ciertos ramos especiales, más propia de los hombres de determinadas profesiones ó carreras, como la militar, la del ingeniero ó la de Hacienda, que de los que visten la toga, fácil sería á la Sala, en los casos en que esto sucediese, asesorarse de personas entendidas, ya pertenecientes á las demás Salas ó Secciones del Consejo, ya extrañas á él, con arreglo á la facultad que determina el art. 68 de la ley orgánica de aquel cuerpo. A más fácil impugnación se presta, al parecer, la concesión de cierto grado de inamovilidad á individuos de una corporación que por formar parte de la alta Administración, reclama, al menos con arreglo á los principios y reglas recibidos en nuestro país como axio

drá de un Presidente y seis Consejeros titulares letrados.—Será esta Sala, como la actual Sección, la instructora y ponente en todos los asuntos contenidos, y dictará todas las providencias, menos las definitivas. Para el fallo definitivo de los negocios y para la resolución del incidente de procedencia de la vía contenciosa, formarán la Sala, el Ponente, cuatro Consejeros titulares y otros cuatro Letrados de las demás Secciones, debiendo pertenecer dos de ellos ó á lo menos uno, á la Sección del ramo.

En los negocios en que hubiere informado el Consejo en pleno y para el fallo de los recursos ordinarios de revisión, casos en los cuales el Consejo pleno se constituye hoy en Tribunal, formarán la Sala, según el proyecto, los siete Consejeros titulares y otros seis Consejeros letrados de las demás Secciones. Sólo para la vista del recurso extraordinario de revisión se constituirá el Consejo pleno en Sala. (Art. 9.)

Estas reformas tienen la tendencia ya manifestada en el curso de este artículo. Dar mayor ensanche á la actual Sección de lo Contencioso, cada día más imposibilitada de llevar con cinco Consejeros el peso de la instrucción y ponencia de los asuntos que en número creciente se aglomeran en el Consejo de Estado. Llamar al fallo de los negocios, en que casi constantemente se debate una cuestión de derecho, á los Letrados del cuerpo. Reducir el número de los Jueces que componen la Sala, á una cifra más propia de las condiciones de un Tribunal. Dejar en mayoría en él aquellos de sus individuos que por haber estudiado el asunto desde la presentación de la demanda, deben tener preponderancia en la decisión final. Únicamente para la vista del recurso extraordinario de revisión por el carácter de cuestión de Gobierno que revista, y por la analogía que presenta con los conflictos de jurisdicción y atribuciones, se conserva la intervención del Consejo pleno, cuerpo demasiado numeroso para el despacho ordinario de las cuestiones litigiosas.
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máticos, que se componga de miembros amovibles (1). Fácil hubiera sido á los autores del proyecto atajar esta dificultad, consignando que los consejeros llamados á gozar de aquel beneficio, no asistiesen al Consejo cuando se constituye para examinar asuntos gubernativos, ó lo que es lo mismo, que no ejerciesen otras funciones que las peculiares de la Administracion de justicia. Pero á juicio de aquellos, no convendría semejante división de funciones, semejante separación en los Jueces de lo Contencioso, de la marcha ordinaria de la Administración, tal falta de contacto con el interés público cuya perfecta noción constituye, según no nos cansaremos de repetir, la principal ventaja de la intervención de los Tribunales administrativos en las contiendas de este orden. Es preferible arrostrar los inconvenientes de que el Consejo de Estado tenga en su seno algunos miembros de cuyas plazas pueda disponer libremente el Gobierno, si es que esos inconvenientes existen, pues como dice el preámbulo ó exposición de motivos que precede al referido proyecto, "no es de presumir que los siete titulares coincidan exactamente en unos mismos puntos de vista en las cuestiones que encierran algún interés político ó de Gobierno; ni aun cuando esto sucediera podría nunca influir decisivamente su voto, tratándose de una pequeña minoría, en la consulta del Consejo, cuyo personal, dentro de las condiciones exigidas por la ley, ha de continuar siendo de la libre provision del propio Gobierno."

Fúndase otra de las objeciones que pudieran hacerse por los partidarios de la jurisdicción única, en la dificultad de armonizar la delegación de la jurisdicción administrativa con el mantenimiento de la propia jurisdicción, porque si se admite la conveniencia de investir á Corporaciones determinadas de los caracteres de verdaderos Tribunales, ¿por qué no se admite, desarrollando por completo el principio de que emana semejante conveniencia, la que encierra el confiar aquella á los que administran la justicia civil?

Esta objeción, sin duda la de mayor importancia que se puede presentar, á nuestro juicio, contra el pensamiento del

(1) No es esta la ocasión de examinar á fondo la bondad de esta doctrina.
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asimismo de manifiesto la mayor resistencia que habia presentado la Lusitania á la conquista. En efecto; en ella abunda más relativamente el número de colonias, y escasean las ciudades que gozaban de algun privilegio. A medida que los españoles adquirieron los derechos latinos primero y después los romanos, fueron todas las ciudades gobernándose por sus leyes municipales; y claro está que el escaso afecto que les unía á Roma, y lo que pudiéramos llamar el patriotismo ó el interés general, tuvo que ir cediendo su puesto á un patriotismo más estrecho si, pero más vivo, por lo mismo que estaba más concentrado: el de los intereses locales, que, entonces como ahora, son los que más directa y enérgicamente afectan al individuo. Por una feliz casualidad, el egoísmo de los amos del imperio coincidia con el interés de las localidades en este sentido: el despotismo romano, como el de todos los tiempos, se cuidaba muy poco de las libertades locales, mientras que no afectarán á su deseo de mando, y más principalmente á la sed de riquezas que siempre le ha devorado; porque sabido es que, sobre otras desventajas, los Gobiernos son tanto más ostentosos cuanto más se aproximan al absolutismo de uno solo ó de varios: de ahí su necesidad de emplear diariamente grandes sumas en gastos no reproductivos. Del mismo modo, las repúblicas ó gobiernos libres se han distinguido en todos los tiempos, hablando en términos generales, por su mayor parsimonia en todos los gastos que son de lujo y de boato, y han atendido y atienden con preferencia á todos aquellos que son reproductivos, ya aumentando los servicios que proporcionan mayor bienestar á los pueblos, ya cuidándose con solicitud de la educación ó desarrollo moral é intelectual del individuo, que es, en último término, la base fundamental de la riqueza y poderío de un pueblo. De aquí que jamás, en ningún país ni en ninguna época de la historia, á igualdad de circunstancias, ha podido compararse el patriotismo y el interés por la causa pública de los ciudadanos que habitan países gobernados monárquica ó republicanaamente.

Todos nuestros lectores conocen las diferencias indicadas entre las repúblicas griega y romana y los gobiernos absolutistas de los mismos países. Lo mismo diríamos de las repúblicas italianas de la Edad Media, y la irlandesa cuando las provincias
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proyecto, no es ciertamente imposible de contestar. Acaso la base del proyecto que contraría esa objecion es aquella en que más se ostenta el espíritu de transaccion que lo anima. En virtud de ella, se quita al Gobierno la facultad suprema que hoy posee de confirmar ó revocar los proyectos de sentencia que emite en asuntos tales el alto Cuerpo Contencioso-administrativo. Pero se conserva el principio de que los litigios contencioso-administrativos se decidian dentro del orden administrativo. Esto es: por un Tribunal compuesto de jueces pertenecientes á la Administracion. Y esta especialidad, la idoneidad, la competencia que de ella nace, para apreciar los actos administrativos, la confianza que inspira de que el interés público será debidamente atendido, constituye toda la razon práctica, de que habiendo de ser la jurisdiccion administrativa objeto de delegacion, esta haya de recaer en entidades del orden administrativo, y no de otro alguno. Pero los partidarios de la jurisdiccion única, ¿no ganan nada con esta solucion? Lo que se propone es un sacrificio á medias para cada una de las escuelas opuestas. Si se acepta, la una cederá en el empeño de llevar á la jurisdiccion comun aquello en que su contraria no considera á esta última competente, ni constitucional ni moralmente. Pero obtendrá en cambio el arrancar de manos del Gobierno el ejercicio de una jurisdiccion importante y amplia. La otra renunciará, es verdad, á lo que la primera considera inconciliable con toda noción de justicia, ó sea á que el Gobierno sea Juez y parte en la apreciacion decisiva y última de sus actos, pero no verá salir esta potestad del seno de la Administracion, puesto que será depositada en el más elevado de los cuerpos que componen la gerarquía de aquella.

Adviértase que esta base está completada, por la que reserva al Gobierno una facultad especial que corona el sistema del proyecto; pero que no cabría ciertamente dentro de cualquier otro en que se trasfiriese á los Tribunales Comunes la jurisdiccion de que se trata. Nos referimos á la creacion del recurso extraordinario de revision de que queda hecho mérito. Y el mencionarlo trae, como por la mano, á hablar de otra objecion que de seguro se suscitará contra esta parte importantísima del mismo. Qué concesion es esa que haceis, se dirá, otorgando la dele-
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gacion de la jurisdiccion administrativa, si despues la anulais y destruis por la reserva que haceis, en favor del Gobierno, del conocimiento de la materia en grado supremo, una vez que se entable ese recurso extraordinario de revision?

Vamos por partes: ¿qué es este recurso? No es una apelacion, ni una alzada por razon de nulidad, ni un recurso de casacion. Es meramente un recurso de incompetencia. Es decir, un recurso que sólo puede prosperar demostrando que la jurisdiccion administrativa ha conocido en asunto que es de la competencia privativa de la Administracion activa ó de los Tribunales Comunes, por pertenecer, ora al orden gubernativo, ora al orden civil ó penal, en virtud de las leyes y de las doctrinas en que estas se fundan. Reducido el recurso á estos limites, imposible es dejar de admitir que su decision estriba en el examen de si la materia objeto del fallo contra el cual dicho recurso se suscita, es del orden administrativo ó del civil y penal; y en el primer supuesto, si está nosusceptible con arreglo á las disposiciones del proyecto ó á las leyes á que se refiere, de dar lugar á la vía contencioso-administrativa. Y la facultad de decidir cuestion tal no corresponde á otro que al llamado por los principios constitucionales y por el derecho positivo en estos fundado, á decidir los conflictos de atribuciones que sobrevengan entre la Administracion y los Tribunales, y con mayor razon entre las Autoridades y Corporaciones de la Administracion misma. Esto es, al Gobierno en nombre del Rey.

No hay, pues, contradiccion alguna entre admitir que la jurisdiccion administrativa falle con independencia del Gobierno los asuntos que ante ella se ventilan, y reservar al mismo Gobierno la potestad de decidir los recursos que se funden en que esa jurisdiccion es incompetente para conocer, así como la de anular, si esto se demuestra á juicio del propio Gobierno, juez de toda competencia entre autoridades no sujetas á un Tribunal ó jefe comun, todo lo actuado, reservando á las partes su derecho, para deducir los que les asistan ante aquel á quien corresponda entender en el asunto con arreglo á las leyes.

Y tégase en cuenta que al consignar el proyecto esta potestad del Gobierno, lo ha hecho revistiendo su ejercicio de garantías que no existen hoy para la decision de las competencias