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opone á que la autoridad, que así debe considerarse guardadora del interés colectivo que representan los Ayuntamientos y demás Corporaciones sometidas á su accion superior, como protectora de los derechos privados, tercie en la contienda á modo de juez administrativo de primer grado, antes de que aquella tome el carácter de verdadero litigio, y dicte una resolución imparcial y desinteresada que acaso evite que el asunto se eleve á las proporciones siempre deplorables de un pleito. Tercero. Que si bien en el caso de ser la decisión que el Gobernador dicte contraria al acuerdo de la Corporación, convierte á esta, si el litigio se suscita, de demandada en demandante, el favor que por efecto de semejante cambio obtiene el agraviado no es injusto ni irracional; que harta desventaja tiene el particular, por regla general, cuando lucha con una Corporación administrativa, para que el deseo de eludir aquel beneficio sea motivo suficiente para desatender las consideraciones apuntadas.

El precepto del art. 22 no comprende á las Diputaciones provinciales, contra cuyos acuerdos podrá y deberá acudirse directamente á la vía contencioso administrativa, cuando ésta proceda. Sepárase en esto el proyecto de la disposición del artículo 91 de la ley de 25 de Setiembre de 1863, cuyo sentido abarcaba toda resolución y acuerdo de la Administración provincial, cualquiera que fuese la autoridad ó corporación de quien emanase. Pero esta diferencia se explica con sólo recordar que las Diputaciones Provinciales son, con arreglo á ley vigente, autoridades superiores provinciales en muchos asuntos, y colocadas por aquella, no bajo el mando y dependencia del Gobernador de la provincia, sino meramente bajo su inspección y vigilancia.

Es otra de las reformas que introduce el proyecto, la de uniformar los diversos plazos establecidos por la legislación actual para la interposición por los particulares y corporaciones de la demanda contencioso-administrativa, así ante los Tribunales de provincia como ante el Consejo de Estado (1). No ob-

(1) Art. 34. El término para recurrir por la vía contenciosa ante los Tribunales de provincia será, en toda clase de asuntos, de dos meses, contados
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tante estar fijado dicho plazo en un mes, á contar de la notificación administrativa por la ley orgánica que rige el procedimiento de los primeros, y en seis meses por la legislación que regula el del alto Cuerpo, han venido diferentes leyes especiales, entre ellas las de Minas, Aguas, Clases pasivas, Contabilidad y Caducidad de créditos contra el Estado, á modificar estos plazos, con perjuicio de los particulares, cuyos intereses quedan comprometidos por la confusión que nace de la diversidad de preceptos en materias análogas. Los autores del proyecto han creído que se satisface una aspiración general fijando dos solos plazos invariables, que son; el de dos meses, contados desde la fecha de la notificación administrativa, para recurrir por la vía contenciosa ante los Tribunales de provincia, y el de tres meses, contados desde la propia fecha de la notificación, para acudir en aquella forma ante la Sala de Contencioso del Consejo de Estado.

Por este señalamiento de plazos, como la exposición de motivos antes citada hace notar, se duplica el que la mencionada legislación vigente establece para interponer las demandas ante la jurisdicción provincial, y se reduce á la mitad el fijado para las que se deduzcan ante la Superior, ó del Consejo de Estado. Términos, á no dudarlo, suficientes para que los interesados puedan reflexionar sobre la conveniencia de litigar, instruirse y consultar personas competentes, no mantienen, por lo largos, la resolución administrativa en una situación interina y de expectativa desfavorable al interés público, y también con frecuencia al interés privado, que á veces va con éste enlazado. La diferencia del plazo fijado en la primera instancia y en la única, sobre respetar en principio lo que hoy se halla establecido en este punto, responde á la diferencia que, por punto general, encierra la gravedad de los asuntos que en una y otra jurisdic-

desde la fecha de la notificación administrativa de la providencia reclamable. Pero si la notificación se hiciese en las Antillas ó en cualquier otro punto de América, ó en Filipinas, dicho término será de seis y ocho meses respectivamente.

Art. 59. La demanda ante la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado se presentará en toda clase de asuntos dentro de los tres meses siguientes á la fecha de la notificación administrativa, hecha en debida forma, de la resolución contra la cual se interponga el recurso.
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cion respectivamente se ventilan, y, por consecuencia, el vá- rio detenimiento y estudio previo que requiere, según su caso, la resolución de lanzarse á los azares y dispéndios de la discusión judicial (1).

No es de escasa entidad la reforma que el proyecto introduce en el plazo dentro del cual la Administración puede acudir por la vía contenciosa á pedir la revocación de sus propias resoluciones anteriores, que habiendo causado estado, estime perjudiciales al interés público. En la actualidad este plazo, según el real decreto de 21 de Mayo de 1853 (2) es de seis meses cuando se trata de las resoluciones del Gobierno ó de las Direcciones generales, contados desde el día en que la Administración activa entienda que la providencia de que se trata causó perjuicio, y ordene en su consecuencia que se provoque su revocación por la expresada vía.

Como fácilmente se advierte, la Administración no tiene impuesto plazo alguno para declarar que el tal perjuicio existe. Su derecho á hacer semejante declaración no prescribe nunca; de donde se origina que en cualquier tiempo puede el particular favorecido por una providencia administrativa, verse perturbado en el goce de los derechos que de ella emanan, por una declaración gubernativa de lesión ó perjuicio, seguida de la correspondiente demanda.

Y como si esto no fuera bastante, el período para entablar el recurso no se cuenta desde la expresada declaración, sino desde la fecha de la orden expedida para que se entable. Son, pues, necesarios, para que el término de la demanda empiece á correr, dos actos entre los cuales puede mediar, y ha mediado en ocasiones, un largo período de tiempo, á saber: el anuncio de que una providencia administrativa determinada encierra

(1) Estos términos se refieren á las notificaciones que se hagan en la Península. Si la notificación se hubiese de efectuar en las Antillas ó Filipinas, el término para acudir á la vía contenciosa, será de seis y ocho meses respectivamente, lo mismo en la primera instancia que en la única.—(Art. 34 y 59 del Proyecto.)

(2) Este Real Decreto sólo comprende las resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda; pero el de 20 de Junio de 1858, hizo extensivas sus disposiciones á las resoluciones de los demás ministerios.
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lesión y la expedición de la orden para que se intente su revocación por la vía solemne ya dicha. Y no es esto todo, pues algunos casos de jurisprudencia han establecido que cuando á la demanda de la Administración han precedido instrucciones á su representante en el Consejo de Estado, el plazo de los seis meses no empieza á correr sino desde la fecha en que se han comunicado aquellas instrucciones al referido funcionario. Este estado de cosas, si favorable al interés administrativo, deja en suspenso para los particulares la posesión y la consolidación de los derechos que de los actos emanados de la Administración Central pueden nacer, y con frecuencia nacen, con arreglo á las leyes, por un período indeterminado, pudiendo decirse que el interés privado que con el Gobierno y sus dependencias centrales ha estado en relación, tiene por tiempo indefinido pendiente sobre sí la espada de Damocles.

En cambio, el perjuicio causado al interés público por las providencias de la Administración provincial y municipal no puede aspirar á ser subsanado por acto de la propia Administración, que, una vez conocido aquel, lo declare y sirva de punto de partida para entablar la demanda contenciosa, en defensa de los derechos de la colectividad ofendida. Está tan mal parado el interés de la provincia y del Municipio en la legislación actual, que hasta aquellos ramos de la Administración que representa el Gobernador, no tienen otra ventaja sobre los particulares que la ampliación hasta un año del término para entablar el recurso, á contar de la fecha de la comunicación al interesado de la resolución administrativa. En cuanto á la Administración representada por la Diputación provincial y por el Ayuntamiento, ni de este beneficio gozan, estando de todo punto equiparados con los particulares. Así, lo que es lujo y exceso, cuando se trata de las providencias de la Administración Central, es deficiencia y escasez cuando se trata de las resoluciones de la Administración provincial y municipal, tal vez más ocasionada á inferir perjuicios al público interés, por lo mismo que es su esfera más restringida y menos susceptible de publicidad y censura. A remediar, por una parte, el primer mal, dando al interés privado la seguridad y reposo de que hoy carece, y á paliar el segundo; concediendo á la Administración, en la esfera provincial y mu-
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nicipal, el derecho que le está reconocido en la superior, se dirigen la segunda parte del artículo 34, y la segunda igualmente del art. 59 (1). Para lograrlo se fija en diez y cinco años respectivamente los plazos dentro de los cuales puede declarar la Administración Central y la provincial ó municipal, la existencia del perjuicio, causado por providencias ó acuerdos anteriores, exigiéndose, respecto de la primera, á fin de evitar la incertidumbre y la negligencia, que la declaración se publique en la Gaceta, y computándose desde su fecha el término para la presentación de la demanda, igual en duración al señalado para los particulares. Por último, al conceder expresamente á las Diputaciones y Ayuntamientos la facultad de declarar la existencia del perjuicio, con respecto á los acuerdos anteriores de las mismas Corporaciones, impónese á los Ayuntamientos la obligación de consultar el acuerdo al Gobernador, quien resolverá, prévia consulta á la Comisión provincial, concediéndoseles el derecho de apelar al Gobierno de la decisión de aquél, si fuese contraria á la apreciación del Cuerpo municipal. Precaución que ha parecido justa para evitar los efectos del rencores político, que

(1) Art. 34. El término de que trata el párrafo anterior solo correrá para la Administración desde el día que declare que una resolución anterior le causó perjuicio; pero pasados cinco años desde la fecha de la resolución á que se atribuya el agravio, no podrá interponerse el recurso.

De igual beneficio disfrutarán las Diputaciones y Ayuntamientos, con respecto á los acuerdos anteriores de dichas Corporaciones que consideren lecivos á sus derechos: al efecto, los Ayuntamientos, después de deliberar sobre este punto, consultarán su determinación con el Gobernador, y si éste, prévia audiencia de la Comisión provincial, la aprobaré, se tendrá por declarado el perjuicio para los efectos de la reclamación contenciosa. Cuando el Gobernador no estimare las razones en que se funde el acuerdo municipal, podrán los Ayuntamientos acudir al Gobierno, que decidirá sin ulterior recurso; en el concepto de que si su resolución fuere favorable á la interposición de la demanda, el Tribunal competente para conocer de ella será siempre el de la provincia á que la Municipalidad corresponda.

Art. 59. ....El término de tres meses de que habla el párrafo primero empezará á correr para la Administración desde el día en que el Ministro del ramo declare por medio de una resolución publicada en la Gaceta en los ocho días siguientes á su fecha, que otra decisión anterior emanada de su departamento causó perjuicio al Estado; pero trascurridos diez años desde la fecha de la disposición á que se atribuya el agravio, no podrá utilizarse, á nombre del Estado, el mencionado recurso.
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Y ALEMANIA.

y solo en él, no pensando ni un momento en soliviantar á los pueblos para luchas fratricidas.

El imperio hizo aplicar las Leyes de Mayo, y llovieron por sus cataratas destierros, confiscaciones, encarcelamientos, gravámenes de todas clases contra cuantos miembros del clero insistieran en ejercer sus funciones fuera de lo que aquellas leyes mandaban.

El Estado, para extremar más su defensa, favoreció la secta de los viejos católicos, á cuyo frente se puso un sabio catedrático y escritor ilustre de Munich, el canónigo Döllinger.

II

Los primeros desvelos del gran Leon XIII fueron encaminados á calmar la tempestad en Alemania, suscitada sin duda más por exceso de resentimiento de una y otra parte, que por sobra de justicia.

Y que esta afirmacion nuestra no es ni gratuita, ni apasionada, ni injusta, lo prueba el mero hecho dela reconciliacion de ambas partes contendientes, que jamás hubieran venido á un acuerdo armónico si hubiesen continuado en la tirantez respectiva con que dieron lugar al conflicto, con que lo alimentaron, con que le dieron alarmantes proporciones; y sin la cual han venido á la paz, á la reconciliacion.

Solamente los espíritus ligeros ó apasionados en demasia por una u otra parte, podrán decir que sólo una de las partes contendientes ha ido á Canosa.

La realidad es que las dos partes han ido allá, y cediendo cada una algo de su parte: así, y sólo así, han podido firmar la paz.

Es más que probable que si hubiese aun gobernado la Iglesia Pío IX y hubiese continuado inspirándose en la escuela intransigente, que en su última época tenía la exclusiva en su confianza, se estaria hoy todavía sin resolver el pavoroso conflicto entre Alemania y la Santa Sede. Es más, el conflicto habría tomado más colosales proporciones.

La sola muerte de Pío IX, que en su tiempo había sin duda serenado tempestades análogas que le había legado Grego-
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suele en nuestro país animar á las Corporaciones locales, contra las que les precedieron en la gestion administrativa.

En lo que al procedimiento se refiere, son de notar las precauciones que se adoptan para evitar las dilaciones á que hoy se presta, por una parte, la lentitud con que en virtud de prácticas inveteradas, suele proceder la Administracion activa en la remisión del expediente gubernativo, sin cuyo exámen no puede dar un paso la tramitación del pleito desde la presentación de la demanda, y por otra parte, ciertas complicaciones, hijas de la imperfección natural en toda obra humana, de los Reglamentos de procedimientos, en los cuales no se ha puesto mano desde su formación, en fecha relativamente remota.

En cuanto á lo primero, fíjase que la reclamación del expediente se acuerde en el primer día de despacho del Tribunal, posterior á la presentación del recurso, y que la autoridad ó corporación administrativa, ó bien el Ministerio, en su caso, que haya dictado la providencia reclamada, remitan aquél dentro de términos breves y computados desde fecha cierta é ineludible, estableciéndose medios eficaces para corregir la demora cuando no se fundase en causa justificada.

En cuanto á lo segundo, en vez de sujetarse al actor, como hoy sucede, á formular ordenadamente la demanda, en el período de la iniciación del pleito, para lo que carece aquel de un guía cierto, á saber el expediente gubernativo, cuya falta le fuerza más tarde á presentar una nueva demanda, se reduce esta á un simple escrito de alzada contra la resolución que se impugna, reservando su formalización para cuando haya tenido lugar el exámen del referido expediente, que al efecto se le habrá de poner de manifiesto por un término prudente, una vez remitido por la Administración, obligándole entonces á tratar separadamente la cuestión prévia, ó sea la relativa á la procedencia de la demanda y la cuestión de fondo, ó sea la destinada á ventilarse en el debate (1).

(1) Art. 33. La demanda se iniciará por medio de un breve escrito de alzada contra la resolución, que se acompañará original ó en copia, según haya sido la forma de la notificación administrativa.

El escrito, estendido en el papel sellado que corresponda, irá firmado por el interesado ó por letrado en ejercicio ó procurador, con poder bastante
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Dando el proyecto al expresado incidente de admisión en los Tribunales de Provincia la propia importancia que la ley vigente del Consejo de Estado le concede cuando se trata de los recursos producidos en única instancia ante su Sala de lo Contencioso, establece la audiencia in voce del fiscal y del demandante, así ante los referidos Tribunales como ante la expresada Sala, siempre que el fiscal respectivo se opusiese á la admisión, ó el Tribunal estimase necesitado el punto de mayor exámen; y al facultar al último para resolver por medio de auto motivado acerca de la procedencia de la vía contenciosa dentro de los cinco días siguientes al de la vista, en sustitución de la consulta que hoy se eleva al Gobernador ó al Ministro, según su caso, se declara apelable dicho auto, si emana del Tribunal de Provincia, para ante la Sala de lo Contencioso, cuya decisión ter-

en estos dos últimos casos. La intervención de letrado solo será necesaria cuando el interés del litigio, siendo valioso, llegue á 2.500 pesetas.

Los abogados podrán defender sus negocios propios aunque no ejerzan la profesión.

En todos los casos, el demandante ó quien le represente deberá designar su domicilio en la capital de la provincia, para oír las notificaciones. Esta designación se hará por medio de otro.

Art. 35. Presentada una demanda, la Secretaría del Tribunal pondrá nota á continuación de ella del día y hora de su presentación, y dará recibo firmado por el secretario, en que se acrediten estas circunstancias.

Dada cuenta al Tribunal en el primer día de despacho, acordará que se reciba el expediente gubernativo de la autoridad ó Corporación administrativa que hubiere dictado la providencia que motive la reclamación.

Art. 36. La remisión del expediente se hará dentro de los treinta días posteriores á la reclamación, y no podrá demorarse sin causa justificada, que apreciará el Tribunal, bajo la responsabilidad legal á que pueda dar lugar por su morosidad ó desobediencia la autoridad ó Corporación á quien la reclamación se hubiese dirigido.

El plazo de treinta días de que habla el párrafo anterior empezará á contar desde la entrega en la respectiva dependencia de la comunicación del Tribunal, de que se recogerá resguardo.

Art. 37. Remitido que sea el expediente gubernativo, se pondrá de manifiesto al actor por término de diez días, prorrogable si lo pidiere por otros cinco, á juicio del Tribunal, para que formalice su demanda.

Art. 38. Al formalizar la demanda, el actor tratará préviamente, y por separado de la cuestión de fondo, la de procedencia de la vía contenciosa, encendiéndose á determinar estos tres puntos:
1.º Ser el asunto de la competencia del Tribunal.
2.º Haber providencia administrativa que haya causado estado.
3.º Haberse propuesto la demanda en tiempo hábil.
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mina ejecutoriamente el incidente en ambas esferas de la jurisdiccion, sin que despues de su fallo, favorable á la admision de la demanda, pueda volver á suscitarse, por regla general, en el curso del pleito, la cuestion de competencia del Tribunal, por razon de la materia. Decimos por regla general. Porque el mismo proyecto opone ó admite excepciones, primero, en favor del fiscal del Consejo, si se hubiese opuesto á la admision por estimar el conocimiento del asunto ageno á la jurisdiccion administrativa, ya por su naturaleza, ya por exclusion expresa de la ley. En tal caso, podrá el fiscal formular la oportuna protesta, dejando así preparada la introduccion en su dia del recurso extraordinario de revision que, como hemos dicho, no es otra

La demanda contendrá además en puntos de hecho y de derecho numerosos, todo lo que tenga relacion con la cuestion del pleito, é irá acompañada de las escrituras y documentos que el actor juzgue conveniente á la defensa de su derecho, designando en otro caso el archivo, oficina ó protocolo en que se encuentren.

Cuando las escrituras ó documentos los hubiese presentado en apoyo ó como comprobante de alguna otra reclamacion en vía gubernativa ó contenciosa, podrá referirse á ellos, designando la dependencia en que se hallen, ó el expediente á que estuvieren unidos, para que se tengan á la vista en su caso y se mande librar á su costa, si lo pidiere, certificacion de lo que resultare.

Art. 63. Presentada una demanda, que en su forma se reducirá á un breve escrito de alzada conforme á lo dispuesto en el art. 33, la Sala del Consejo de Estado acordará, por primera providencia, que se reclame el ex. pediente gubernativo del Ministerio que corresponda.

La remision del expediente no podrá demorarse, sin causa justificada, más de cuarenta dias, contados desde el recibo en el Ministerio de la comunicacion del presidente de la Sala.

Se entiende por recibo para los efectos del párrafo anterior, el que deberá darse por el jefe del registro del Ministerio correspondiente al portador ó encargado de llevar el pliego, expresivo de la fecha de su entrega. El recibo se unirá á los autos.

Cuando trascurra el plazo señalado en este artículo sin que el Ministerio respectivo haya remitido el expediente ó motivado la demora, se dirigirá recordatorio al Ministerio, y si tampoco diere resultado, la Sala podrá dirigirse en queja de la demora ó desobediencia, al Consejo de Ministros, por conducto del Presidente del mismo.

Art. 64. Remitido el expediente, se pondrá de manifiesto al actor por término de veinte dias, para que formalice su demanda en los términos que establece el art. 38.

Dicho término podrá prorrogarse por otros diez dias, á juicio de la Sala, según el volumen del expediente ó de los antecedentes remitidos, si el demandante lo pidiere.