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horbitante número, bastará decir que en sólo el reino de Valencia eran, al empezar este siglo, diez veces más los lugares de señorío cuyos dueños tenían la facultad jurisdiccional que los en que "conservaba el rey esta preciosa alhaja," según la frase de uno de nuestros antiguos escritores de Derecho. Los casos llamados de corte sirvieron como de remedio heróico, que denunciaba, mejor que curaba, las referidas dolencias. El conocimiento sobre los crímenes más graves se defirían á los tribunales superiores, y á ellos fueron también encomendados los desvalidos ó personas miserables, como en el lenguaje forense se denominaba á los huérfanos menores y viudas. Respecto á los casos por delitos, hizo necesaria esa protección el disolvente espíritu feudal, y por eso, una ley de Partida (la 5.a, tít. 3.o, p. 3.o) anunció que eran Fuero de España, porque si tales hechos "non fueren escarmentados, tornarse ian en de en daño del Rey, e comunamente de todo el pueblo de la tierra."

Inútiles fueron los clamores de las cortes, más de una vez repetidos. A los anuncios de prosperidad que asomaron en el reinado de los Reyes Católicos, siguióse la desventurada administración de la casa de Austria, que en la ruina universal no pudo ni intentó conservar salva la justicia, dejando de esa manera un tristísimo legado á la España del siglo xviii. Inicióse con él una época de verdadero renacimiento en los ramos de Administracion pública; el absolutismo de Carlos III, ilustrado por los hombres que llamó á su lado, formó un paréntesis en nuestra desdichada historia, dando acogida y fomentando las mismas ideas filosóficas y políticas que en Francia produjeron los cambios empezados en 1789, no siendo aventurado creer que si á los primeros años de este siglo hubiere alcanzado su Gobierno, aun cuando no patrocinase ciertas novedades políticas, habría quitado pretexto á los adversos acontecimientos que tuvieron principio en 1808.

No queremos alejarnos más de nuestro principal propósito. Lo dicho era, sin embargo, preciso para explicar la causa de que llegásemos á la nueva era tan rezagados en el camino de la justicia, y especialmente en lo que toca á las leyes penales. Empezó á sentirse con fuerza la necesidad de las reformas; los hombres de ciencia conocían bien los remedios á que era preciso ape-
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Pensamos que con las consideraciones expuestas, reservando para otra ocasión tratar de la moral, llamada independiente, y de los orígenes metafísicos del derecho, debemos tener por cierta la conclusión del notable discurso del Sr. Cánovas: "que la sociedad humana no puede conservarse sin creer en el espíritu, en la razón, en la ley moral, en Dios, como hasta aquí han creído todas las gentes civilizadas."

NICOMEDES MARTÍN MATEOS.
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lar; y el país, en medio del atraso en que le habían dejado los que debieran ilustrarle, comprendía la intensidad de los males, y no hubiera opuesto resistencia á los que sanarlos intentaran.

Así se notó desde los primeros momentos de este siglo, en que revivió el espíritu público, empezando una briosa agitación política, contrarestada al fin por quien mayor gratitud debía mostrar hácía ella. Prescindiendo de consideraciones, que son propias de historia de otro género, consignaremos aquí que la necesidad de cambios radicaba en todo lo relativo al Derecho penal, apareció sin tardanza clara y perentoriamente formulada, aprovechando las lecciones que célebres jurisconsultos y filósofos del presente siglo habían generalizado. La primera ocasión de manifestarse con cierta solemnidad, ofrecióse en la Constitución discutida en Bayona por una Asamblea de notables en 1808. No colocamos este documento en la categoría que sus autores quisieron darle; no disculpamos el error, cuando menos, que cometieron extraviando en muchos el patriotismo por el amargo desengaño que les ofrecían recientes y hasta cierto punto vergonzosos acontecimientos, y por la esperanza de que el jefe que los convocaba inocularía en España el espíritu de la revolución francesa; traemos únicamente este recuerdo en prueba de lo generalizado que en la conciencia pública se hallaba el deseo de reformas que acabasen con el antiguo y desacreditado sistema jurídico. Los autores de aquella Carta política, reclamaban un solo Código de leyes civiles y criminales, la independencia del poder judicial y la publicidad de los procesos; anunciaban, además, la conveniencia de meditar acerca del establecimiento del proceso por jurados; fundaban en el Consejo Real un tribunal de reposición, semejante al actual de casación, y limitaban el derecho de indulto exigiendo la intervención é informe de ministros, senadores, consejeros de Estado é individuos de aquel Tribunal supremo. Estos progresos que entonces por primera vez se formulaban de una manera solemne, eran la expresión del sentimiento común en las clases ilustradas, y contra el cual aún no se habían provocado prevenciones en el ánimo del pueblo; y esas aspiraciones son las que al cabo de siete décadas de años, y de repetidas luchas y vicisitudes, no vemos todavía completamente realizadas.
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La reforma de la viciada, por tantas causas, administracion de justicia, fué objeto de serios estudios por parte de los legisladores que hicieron ilustres las Cortes de Cádiz. "Si la administracion de justicia, en lo civil, necesita que la Constitucion asiente los principios que han de ordenar los juicios civiles, ¿con cuánta más razon no exige esto en lo criminal? La naturaleza de las causas criminales reclama con preferencia la atencion y sabiduría del legislador.... Leyes humanas, sí, muy humanas, aparecen en nuestros Códigos... pero, por desgracia, también es muy cierto que se hallan desfiguradas y aun injuriadas por muchas otras que no han sido derogadas todavía. Su inobservancia sólo es debida al espíritu del siglo, yá la sabiduría y sentimientos de humanidad de nuestros magistrados..."

Así se expresaban, con la templanza propia de su cargo, en el notable discurso preliminar que ya antes hemos citado con el merecido elogio, y con arreglo á estas ideas se redactaron los tres capítulos del título 5.º de la Constitución de 1812. La unidad de Códigos; la uniformidad de los procesos en todos los tribunales; la supresión de todo fuero privilegiado en los negocios comunes, civiles y criminales; la inamobilidad contrapesada por la responsabilidad de los magistrados y jueces; la organización de partidos judiciales; la necesidad del acto previo de conciliación para toda demanda por negocios civiles ó por injurias; la creación y facultades de un Tribunal Supremo; la publicidad de los procesos desde la confesión del reo en adelante, la prevención de que pudiera llegar á ser conveniente establecer distinción entre los jueces de hecho y de derecho; todas, ó las más esenciales garantías debidas en tan delicada materia á los ciudadanos, estaban allí sancionadas, y aunque algunas parecer pudieran más propias de leyes secundarias que de las fundamentales, debe tenerse en cuenta que por su misma novedad, por lo que rompían con las caducas tradiciones, era preciso no demorar su proclamación y cumplimiento, y rodearlas del prestigio correspondiente al Código en que se anunciaban. Aquellos ilustres patricios comprendían bien que en tales cosas la dilación y las vaguedades suelen inutilizar ó demorar indefinidamente lo que como más necesario se propone.

Recibian la tutela de una nación, cuyas altas cualidades ha-
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bian ahogado con su envenenador aliento pasadas dominaciones; al antiguo desconcierto se habían agregado los trastornos de una guerra, que, no por ser eminentemente justa y gloriosa, dejaba de producir calamidades; lo antiguo había, por decirlo así, caducado, y lo nuevo necesitaba constituirse con brevedad y sin vacilaciones. Poco menos que inútil hubiera sido fijar los principios que en la Constitución se proclamaban, si no se cuidaba de desenvolverlos inmediatamente en la práctica. Esto hicieron aquellos legisladores; y los decretos que, según la letra y espíritu de la ley fundamental, acordaron en los tres años de su excepcional mando, hubieran inspirado nueva y vigorosa vida á la España (1). No cuenta después la historia del absolutismo más que sucesos de lamentable trascendencia, y que menos debían por todos conceptos esperarse. Si el Rey, que conquistó el pueblo al luchar por su independencia, hubiese tenido anteriormente ofensas ó deseares, promovidos por las tendencias políticas del liberalismo, pudiera comprenderse, aunque nunca aprobarse, la conducta que desplegó rechazando cuanto con miras de bien público habrían hecho las Cortes, y reponiéndolo todo al estado que tenía cuando él hizo renuncia de la corona. Pero ¿de qué podía quejarse quien pasó tranquilo y entretenido todo el tiempo que duraron los peligros y daños de la guerra? Si con mejor espíritu y consejo hubiese procedido, habría ocupado pronto España el elevado puesto que entre las naciones europeas le correspondía. Con solo imitar la prudencia de Luis XVIII, pudiérala haber librado de la serie de guerras civiles y connociones que á tan malos extremos nos llevaron. La

(1) Limitándonos al asunto de estos artículos, citaremos la incorporación de señoríos á la Corona, suprimiendo los corregidores, jueces y alcaldes de ellos. (Dec. de 6 de Agosto de 1811); la creación y reglamento del Consejo de Estado (Dec. de 21 de Enero y 8 de Junio de 1812); la de un Tribunal Supremo que sustituía á los antiguos Consejos de Castilla, Indias y Hacienda (Ds. de 12 y 17 de Abril de 1812); la de otro Tribunal Supremo de Guerra y Marina (1.º de Junio de 1812); la organización de Audiencias y juzgados de primera instancia, reglas para los recursos de nulidad en causas criminales, y para el modo de dirimir las competencias (Ds. de 18 de Febrero de 1811, 9 de Octubre de 1812, 12 de Abril y 17 de Julio de 1813); aboliciones de la Inquisición, confiscación de bienes, tormento, penas de azotes y ahorcados.
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historia y la conciencia pública han pronunciado su inapelable fallo, y á nosotros no nos toca ahora más que hacer constar que el cambio revolucionario de 1820, halló los antiguos abusos dominando en el país, y á corregirlos tuvo que dedicarse en el terreno desventajoso que le preparaban los partidos absolutistas y teocrático (defensores del Altar y Trono).

El ilustre jurisconsulto D. Nicolás Garelli,—que en épocas más cercanas prestó grandes servicios á la administracion de justicia,—en una interesante memoria leída á las Córtes en las sesiones de 3 y 4 de Marzo de 1822, se lamentaba de que "nuestra añeja, complicada y monstruosa legislacion había presto á los jueces y magistrados en mil embarazos, que no habian podido remover todavía enteramente las reformas parciales que hasta entonces se habian hecho," y esperaba que el cumplimiento de la justicia marcharia con rapidez y acierto "luego que se formáran otros Códigos, compuestos de leyes terminantes y claras, y de los trámites cortos y precisos que hubiera de seguir cada juicio." No descuidaron las Córtes realizar tan importantes trabajos; lo mismo que las del anterior período constitucional, comprendieron que en circunstancias como las en que se hallan no bastaba denunciar los males ni trazar, con cuanta perfeccion pudieran, el plan de los remedios y reformas; urgía descender al terreno de la práctica, y tanto mayor era la urgencia, cuanto más se estremaban la oposicion y los torpes manejos de los que veian ligados sus personales intereses al antiguo y desconcertado sistema; siendo, por cierto, las clases elevadas las que—no sin honrosas excepciones—más empeño hacían en impedir las, para ellas, temidas novedades. Este hecho se halla más de una vez repetido en nuestra historia política. Las Córtes correspondientes á los periodos de tendencias avanzadas, y por ello denominadas revolucionarias, son las que más se han distinguido por la importancia y número de sus acuerdos, mientras que otras de tiempos tranquilos apenas han tocado proyectos de alguna trascendencia, salvo los destinados á deshacer lo que en sentido de progreso se habian efectuado, pero sin tomar gran interés en aceptar lo mismo que como bueno reconocian, prefiriendo volver á lo antiguo, aunque cada vez apareciese más averiado. Esto es lo que las escuelas reaccionarias aplau-
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den, llamando orden á lo que es en sí un gérmen de trastornos.

"La posteridad,—decian las Cortes de 1820,—se llenará de asombro, y tendrá por increible que la nacion haya caminado cerca de cinco siglos, sin saber positivamente cuáles eran las leyes de las que pendía la decision de nuestros más preciosos intereses (1)." Algunas de las breves consideraciones que antes dejamos indicadas, autorizaban á afirmar que por irregular que semejante estado pareciese "era, sin embargo, una verdad de hecho." Para corregirlo y sin arredrarse por lo largo y trabajoso de la empresa, resolvieron acometer la obra de la codificación, y al efecto nombraron comisiones que redactasen los Códigos civil, penal, de procedimientos, rural y mercantil. Valor y resuelto patriotismo se necesitaba para querer llenar en breve período el extenso vacío que nos habían legado los gobiernos absolutos; y aún cuando continuaba agitándose aquel sistema y promoviendo los desastres de una guerra civil, no impidió que llevarasen á cabo trabajos de codificación, que bastan por sí solos para dar honrosa y merecida fama á sus autores.

En 14 de Octubre de 1821 fué presentado el proyecto de los dos primeros libros del Código civil, que trataban de los derechos y obligaciones de los españoles en general, y de los respectivos á las personas según su diferente condicion doméstica, desenvolviendo todo lo que en la antigua division del derecho ocupaba el primer puesto en la serie de personas, cosas y acciones. No puede formarse cabal juicio del mérito de la obra, por sólo la muestra de los dos libros, que no se llegaron á completar ni discutir. Puede, sin embargo, concederse que la comision realizó bastante bien el propósito de que "en la coordinacion de las materias y desenvolvimiento de ellas resplandeciese un método y estilo que interesase á los que lo consultarán, les aclarese las ideas en lugar de oscurecerlas, y les removiese dudas en lugar de multiplicarlas." Notase bien en el trabajo publicado la influencia del Código francés, cuya forma, acomodada á nuestro derecho, no era bastante motivo de censura, como lo hubie-

(1) Discurso preliminar al proyecto de Código civil.
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ra sido, á nuestro juicio, el haber mezclado allí disposiciones más propias de la administracion pública, no comprendida en la esfera de la judicial, y otras cuyo lugar estaba indudablemente en las leyes sobre el procedimiento. La comision explicó en su discurso preliminar las razones que la habian impulsado á dar esa latitud al asunto de que se ocupaba; queria que al sancionarse los nuevos Códigos, cuya elaboracion estaba efectuándose, pudiera archivarse cuanto se legisló anteriormente, como monumento de antigüedad que sólo perteneció á la historia. La indigosta mole de las leyes que hasta allí habian llegado, justificaba bien semejante deseo.

Pero la mayor empresa á que dieron cabo fué la del Código penal, que empezó á discutirse en la sesion del 3 de Noviembre de 1831, y terminó en la de 13 de Febrero del año siguiente, proponiendo entonces la comision que no empezase á regir "hasta que igualmente se aprobase y sancionase el de procedimientos en materia criminal, se formasen los establecimientos de castigo de correccion, según el nuevo sistema de penas, y se publicase el reglamento general de policía." Aun cuando esta proposicion no fuese aprobada, los trámites necesarios para la sancion de las leyes, según los artículos 145 y 236 de la Constitucion, influyeron en que el anhelado Código no fuese sancionado hasta el 8 de Junio. Con razon decian aquellos legisladores que el Código criminal era el de mayor importancia y urgente necesidad, y este convencimiento lo acreditaron en la luminosa discussion, que impreso aparte del Diario, formó tres voluminosos tomos. Admiracion debe causar esto á los que, como nosotros, hemos optado por el medio cómodo de no discutir, más que bases generales, y que prestamos mayor interés á las acaloradas contiendas que ocasionan alguna pregunta, alguna interpelacion política, ó alguna ley de intereses momentáneos, y que parodiando el tecnicismo jurídico, pudieran llamarse de menor cuantía. Consecuencia es esto de la agitacion permanente, á falta de solidez en las instituciones, que han sido la mala suerte de nuestros tiempos, y han obligado en los escepcionales á acometer con prisa reformas sobradamente rezagadas. En las mencionadas discussiones no abundan arranques de fogosa elocuencia, pero sí notables apreciaciones científicas, y un concienzudo análisis de lo
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que se examinaba: los que en ellas tomaban parte no aspiraban á ser oradores, sino buenos razonadores, y de tal manera se abstractan de vanidades personales, que, como ha dicho un historiador moderno "hablaban olvidándose de las tribunas y de la presencia de los taquígrafos."

El deseo de acierto ejercía tanto imperio en la comisión codificadora, que quiso oír el dictámen de los tribunales y corporaciones literarias de la nación, empezando por recoger del extinguido Consejo de Castilla,—al que se había dado el encargo de formar el Código por decreto de 2 de Diciembre de 1819,—una colección de papeles, comprensiva de trabajos preparatorios; pero los encontró escasos de mérito, pareciendo que lo que se preparaba no era más que algunas mejoras en el Código recopilado, sin introducir las saludables innovaciones y convenientes reformas de que tanto necesitaba, sosteniendo y conservando el antiguo y vicioso sistema, las mismas bases, las mismas penas y tantas leyes y títulos intempestivos... "que no deben insertarse en un buen Código criminal."

Cuarenta y seis fueron los informes de que se dio cuenta, y que, sin abundar en trascendentales consideraciones, demostraban la fuerza y extensión que iban tomando las doctrinas del moderno derecho. Iniciaban deseos que todavía hoy no han logrado ser por completo satisfechos; tales eran, por ejemplo, los de arreglar los establecimientos penitenciarios de manera que correspondiesen á la naturaleza de las penas; de corregir el defecto de que la igualdad de éstas no se acomodase á las diferentes circunstancias físicas, morales y políticas de los delincuentes; y de pronunciar más la armonía entre la calidad de las penas y la naturaleza de los delitos según fuesen contra la existencia, el honor ó la propiedad, aplicándoles las penas corporales, de opinión y pecuniarias. Cuestiones eran muy dignas de estudio, y aun hoy mismo continúan siéndolo.

Ya Benthan había llamado la atención acerca de que la igualdad de las penas era, en muchos casos, más nominal que real, produciendo una falsa estimación de la justicia con que se aplicaban; y á la resolución de este problema sólo es posible acercarse, mejorando las reglas de apreciación de la delincuencia, y sobre todo, la clase de los castigos y el modo de cumplir.
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los. Puntos son estos que requieren un estudio más detenido que lo que permiten la extensión y el objeto de estos artículos.

No siendo más que un recuerdo histórico el que dedicamos al Código de 1822, que aun cuando promulgado no hubo tiempo,—gracias á la reacción absolutista,—de comprobarlo en el terreno de la experiencia, conceptuamos superfluo el detenernos en su exposición. Baste decir,—y esto lo confirmarán cuantos hayan tenido ó tengan la curiosidad de ojearlo,—que podía sostener competencia con los mejores entonces conocidos, á los que imitó, especialmente al francés, lo cual no debe considerarse como defecto, porque en tales cosas no es la originalidad, sino el acierto, aunque plagiado fuese, lo que se busca.

Sin embargo de lo dicho, no queremos dejar sin especial recuerdo lo que establecía acerca de la rebaja de pena á los delincuentes que se arrepintieran y enmendaran, de los indultos, y de las indemnizaciones á los inocentes (1). La vieja legislación no se había cuidado de nada de esto, y hoy tampoco lo ha tomado muy en cuenta. Vicio capitalísimo ha sido, y aún es, de nuestras leyes penales el olvidarse de los procesados desde el momento que sobre ellos pesa la sentencia ejecutoriada. Como si el cumplimiento de la pena no fuese parte esencial de ella, el poder judicial se desprende del penado, lo olvida y lo entrega á la autoridad administrativa, que no se cree obligada á pensar en el porvenir de los penitenciados, y los considera sólo bajo el punto de vista del presupuesto y de la vigilancia interior, cuyos resultados dan, por desgracia, la más acerba reprobación al sistema todavía subsistente. La misión de la pena no se halla reducida á satisfacer la vindicta pública, y á retraer del mal por la influencia del miedo; tiene su función que completarse con otro objeto más moralizador, el de corregir y mejorar al mismo que la sufre. No es sólo la enmienda de pecho ó escarmiento que es dado, como decian las leyes de partida, lo que el derecho debe buscar en la pena, es tambien ese otro elemento moralizador y social; pero desde el momento en que el desgraciado que siente la acción de la justicia no halla premio, aunque algo material sea, al arrepentimiento; desde que tiene que renunciar á

(1) Caps. 9, 10 y 12 del título preliminar.
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la esperanza, es difícil que en su corazón germinen otros sentimientos que los del rencores ó de grosero abatimiento.

A evitar estos males, á promover una modificación beneficiosa en el ánimo de los penados, aspiraban los autores del Código, y lo hacían fijando las bases de ese recurso cuyo conocimiento encomendaban al tribunal de que procediese la sentencia (1).

La concesión judicial de semejante gracia y la de habilitación, tal como la comprendían y ordenaban, era superior y más honrosa que el indulto; borraba en parte la mancha del delito, mientras que aquella deja siempre grabada su huella; disminuiría también la necesidad en muchos y los mejores casos de acudir á un remedio que cuando se prodiga, ó revela que las leyes penales son defectuosas por excesivamente severas, ó acusan una facilidad en otorgar esa gracia que prestarse puede á suposiciones de influencias agenas á los intereses de la justicia. Por eso la Constitución de 1876, conforme en ello con todas las anteriores, al reconocer en el Rey la facultad de indultar á los delincuentes, pone la limitación de que sea con arreglo á las leyes; y como el punto es de grave importancia, puesto que envuelve una especie de rectificación á los principios consignados en el Código, no debe dejarse á discreción de leyes secundarias, sino establecerse en el Código mismo las reglas que hayan de tenerse en cuenta para ese trascendental incidente en el cumplimiento de las penas.

Por fin, la indemnización á los inocentes es de tan notoria justicia, que sentimos no hallarla claramente establecida. ¿Cumple acaso la sociedad con que se absuelva y ponga en libertad á un inocente, después de haber estado sufriendo meses y años las consecuencias de un proceso y de un encarcelamiento injusto? ¡Basta poner á salvo su reputación, con las acostumbradas honrosas declaraciones, sin subsanar los daños que en sus intereses haya sufrido? "Cuando el juez ha procedido con arreglo á las leyes, decía el ilustrado y respetable Sr. Calatrava, ha cumplido con su deber, aunque un inocente haya padecido; pero la

(1) En la sesión del 3 de Enero de 1822 se discutió ese asunto, y se tomaron en cuenta las observaciones hechas por las corporaciones á que fueron pedidos informes.