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nistrativas, ó lo que es lo mismo, les conceden la facultad de oir y fallar las contiendas que reúnen los caracteres que hemos señalado al fijar las condiciones de lo contencioso-administrativo. Las otras tienen por objeto cuestiones del Orden Civil, que por razones especiales se ha creído conveniente atribuir á los Tribunales administrativos. Con razón se ha dicho que las primeras pertenecen á la jurisdicción ordinaria de dichos Tribunales, y las segundas constituyen una especie de jurisdicción extraordinaria. Corresponden de lleno á la primera clase los asuntos que caben dentro de la regla general, aunque un tanto vaga del primer párrafo del artículo 46 de la ley de 17 de Agosto de 1860 (1), y de la más concreta disposición que encierra el artículo 82 (2) de la ley de 25 de Setiembre de 1863, con más, la mayor parte de los casos que detalla el artículo 83 de la última por vía de explanación del anterior; y corresponden claramente á la segunda los negocios de que habla el inciso primero del mencionado artículo 46 de la ley citada de 17 de Agosto (3), y los cuatro incisos del artículo 84 de la ley de 25 de Setiembre (4).

(1) El Consejo de Estado constituido en Sala de lo Contencioso del modo que se establece en los artículos 18 y 19 de esta ley, será oido en única instancia sobre la resolución final de los asuntos de la Administración Central, cuando pasen á ser contenciosos.

(2) Los Consejos (provinciales), actuarán además como Tribunales Contencioso-administrativos. En tal concepto, oirán y fallarán las cuestiones de este orden que se susciten con motivo de las providencias dictadas por los gobernadores en la aplicación de las leyes, ordenanzas y reglamentos administrativos.

(3) 1.º Respecto al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los remates y contratos celebrados directamente por el Gobierno ó por las Direcciones generales de los diferentes ramos de la Administración civil ó militar del Estado para toda especie de servicios ó obras públicas.

(4) Art. 84. Se atribuye por último al conocimiento y fallo de los Consejos Provinciales, llegado el caso del artículo anterior las cuestiones relativas. 1.º Al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados con la Administración provincial para toda especie de servicios y obras públicas del Estado, provinciales y municipales. 2.º Al deslinde ó amojonamiento de los montes que pertenecen al Estado, á las provincias, á los pueblos ó á los establecimientos públicos, reservando las demás cuestiones de derecho civil á los tribunales competentes. 3.º A la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y ventas celebradas por la Administración Provincial de propiedades y derechos del Estado y actos posterio-
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"Las cuestiones que pertenecen á esta segunda seccion pueden clasificarse en estos términos: 1.º Cuestiones relativas á la inteligencia, rescisión y efectos de los remates y contratos celebrados por la Administracion Central y Provincial para servicios y obras públicas del Estado de las Provincias y de los Pueblos. 2.º Cuestiones que versan sobre el deslinde y amojonamiento de los montes del Estado, de los Pueblos ó de los Establecimientos públicos. 3.º Cuestiones que recaen sobre la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y ventas de propiedades y derechos del Estado. 4.º Cuestiones relativas á la indemnización y legitimidad de los títulos y liquidación de los créditos de partícipes legos. La mera enunciación de estos asuntos basta para hacer ver que todos son pertenecientes al Orden Civil ó contencioso ordinario.

"No es preciso repetir lo que arriba hemos dicho respecto de la naturaleza de la personalidad del Estado cuando contrata, personalidad meramente civil, de la que brotan derechos y obligaciones civiles, cuya interpretación, cuya ejecución, cuyas consecuencias caen dentro de la acción de los tribunales ordinarios. No altera el carácter de esa personalidad que el fin del contrato sea un servicio ó una obra pública, ó bien una finca del Estado que la administración vende ó arrienda, pues la calidad del objeto no puede variar la naturaleza del acto civil que sobre él recae, ni la índole de los derechos recíprocos de las partes, pueden modificarse por la entidad, la importancia ó la generalidad de la cosa sobre que versa el convenio civil de donde nacen.

"De naturaleza igualmente civil son las cuestiones relativas al deslinde de los montes públicos, pues ora á esta operación concurren diferentes entidades administrativas, por ejemplo, el Estado y la Provincia, ó la Provincia y los Pueblos, ora concurren el Estado, la Provincia ó los Pueblos y los particulares, la Administración General Provincial ó Local obra, gestiona en el asunto con el carácter de propietario, y se dirige á ad-

res que de ellos se deriven, hasta que el comprador ó adjudicatario sea puesto en posesión de dichos bienes. 4.º A la indemnización, legitimidad de los títulos y liquidación de los créditos de partícipes legos en diezmos, con arreglo á la ley de 20 de Marzo de 1846."
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lar muchos jóvenes de la nobleza, á cuyo frente estaban el conde San Esteban de Gormaz y el marqués de Moya, su hermano, dos de los oficiales más valerosos del ejército. Celebrábanse juntas y formóse una especie de conjuración, á la que se dió el nombre de cabala, no siendo el astuto Alberoni de los que menos parte tomaron en ella, aunque su papel no fuese el más lucido, pues probablemente habría de reducirse á mantener vivo el resentimiento de Vendome contra Osuna y Grimaldo (1). A Felipe y á su esposa disgustaba mucho la conducta de aquel general; amába-le entrañablemente, no sólo por su gran mérito e inapreciables servicios, si también porque el Mariscal era uno de los pocos que no se habían dejado arrastrar por los duques de Borgoña contra Felipe V; pero deploraban amargamente que fuese juguete de aduladores; y sentíálo con tanta más razon, cuanto que la indolencia del duque servía de instrumento para las mayores dilapidaciones y para fraudes enormes. Los empleos que Aguilar no adjudicaba á sus parciales, eran vendidos por Alberoni, favorito de Vendome, Magnani su secretario y Cotron su capitán de guardias. Ellos hicieron conceder los asientos de víveres y utensilios del ejército á unos mercaderes franceses que causaron más daños en los pueblos y tropas que los mismos miqueletes y los austriacos; introdujeron considerables contrabandos bajo el nombre de equipaje de su amo, y, en fin, no hubo tropelía ni fraude que no cometiesen, y que no les fuese tolerado (2). Por esta razón, dice San Felipe: "Conocía el rey algunas tropelías de Vendome, pero no quería disgustarle." Pero quien más fruto sacó de esta culpable negligencia, fué Alberoni: "Hábíase introducido con Vendome,—dice Macanaz,—un licenciado á quien llamaban el abate Alberoni; este abate es vivo y de buen ingenio, atrevido, adulador, ambicioso, avaro, furvo, y, en fin, un italiano que todo es, menos lo que parece. Vínose

(1) Era espía doble, escribe Macanaz.
(2) En un principio reinó buena armonía entre estos favoritos, pero no tardaron en desavenirse, y Cotron y Magnani se declararon contra Alberoni, á quien el último dió de latigazos delante de todo el ejército al pasar el puente de Lérida. Los bastonazos que años adelante descargó sobre el abate, ya Cardenal y Ministro, el marqués de Villena, tonian, como se ve, precedentes.
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quirir, fijar ó consolidar el derecho de pertenencia. Para ello tiene el Tribunal que apreciar títulos de propiedad y actos posesorios y dictar una sentencia, cuyo resultado es la declaración y la adjudicación del dominio, que tal es el objeto del deslinde ó juicio de apeo.

"El mismo carácter civil tienen las cuestiones relativas á la legitimidad de los títulos de partícipes legos y á la indemnización por razón de este derecho. Declarado por el legislador en favor de los que, en virtud de legítimos títulos, tenían una participación mayor ó menor en los diezmos eclesiásticos, el derecho á ser indemnizados por el Estado, es evidente que éste reconoció en los mencionados partícipes un título de pertenencia, cuyos efectos comienzan para cada interesado en el momento en que es reconocida la legitimidad del derecho en que se funda. Esto sentado, es indudable, que las cuestiones que se promuevan acerca de la validez y fuerza del mencionado título, lo mismo que sobre la cuantía del producto ó renta sobre que recaía la participación, que es la base de la indemnización, y acerca de la graduación de esta última, son verdaderas cuestiones del orden civil; sin que en tales asuntos haya propio de la esfera administrativa otra incidencia que la mera liquidación de la suma en que haya de consistir la indemnización declarada.

"Acaí no son las cuestiones enumeradas las únicas que pueden señalarse como atribuidas á los Tribunales administrativos, no obstante su carácter civil ordinario, y sin duda un estudio detenido del artículo 83 de la ley de 25 de Setiembre de 1863 arrojaría alguna más que en rigor debiera clasificarse entre las de este último órden; pero las indicadas son las que por lo definido de su carácter merecen fijar la atención, especialmente las clasificadas con los números 1.º, 2.º y 3.º, pues las comprendidas en el número 4, ó sea las de indemnización de partícipes legos, han perdido su carácter de actualidad, como quiera que después del largo espacio de tiempo transcurrido desde que se dictó la ley de 20 de Marzo de 1846, que concedió la indemnización expresada, y de la publicación de la ley de caducidad de créditos contra el Estado, escasas serán las incidencias de dichos negocios que queden por resolver y ultimar. Pues bien, limi-
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tándonos á los otros tres primeros grupos de asuntos, abrigamos la opinión de que deben considerarse como civiles ordinarios y atribuirse á los Tribunales de justicia.

"No desconocemos las graves razones que los tratadistas de derecho administrativo dan en apoyo de que tales materias sean atribuidas á la jurisdicción administrativa. Respecto de las cuestiones de que pueden ser objeto los contratos de servicios y obras públicas, el carácter delicado de los servicios públicos, y de la ejecución de las obras públicas, las dificultades que acarrea la interrupción por largo tiempo de la prestación de los primeros y los graves perjuicios de paralizar el curso de las segundas, consecuencia inmediata de que las cuestiones á ambos asuntos referentes se sometiesen al lento procedimiento de los Tribunales Comunes, lo altamente comprometido que en tales negocios están los más importantes servicios del Estado, y la consideración de que los Tribunales administrativos, se hallan más en disposición que los jueces civiles de conocer las necesidades y exigencias de aquellos ramos, son las razones que se presentan en apoyo de que el conocimiento de esta materia se atribuya á la jurisdicción administrativa. Por lo que hace á las cuestiones relativas al deslinde y amojonamiento de los montes públicos, apóyase su atribución á la misma jurisdicción en el interés inmediato que el Estado tiene en evitar las usurpaciones de esta parte importante de la riqueza del Estado, cuya conservación es indispensable para las construcciones navales y para las obras públicas; cuyo mantenimiento tiene una influencia tan favorable en el clima y salubridad del país, y de cuya falta se resienten de una manera nociva la fertilidad de los terrenos, la agricultura y la vida de los habitantes. Recuérdase que cuando en España se verificó la transición del antiguo régimen de montes, sujetos de una manera casi absoluta á la autoridad del Gobierno, á otro sistema menos restrictivo y más acomodado á las naturales consecuencias del derecho de propiedad, fué tal la reacción que se produjo en los particulares y el alejamiento y frivaldad de la autoridad pública, que la usurpación de terrenos montuosos del Estado por los propietarios colindantes llegó hasta la exageración. El interés individual, siempre activo, supo revestir sus actos de las apariencias de legalidad; y mien-
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tras merced á ellas obtenia de los Tribunales, fallos que aseguraban una posesion tranquila, la Administracion, reducida á una condicion privada, incapaz de contrastar la iniciativa eficaz de los particulares, vió pasar á manos ajenas una parte de sus mejores y más ricas propiedades. Añádese que para evitar el mal fué indispensable dar á la Administracion una intervencion activa y una autoridad propia en los asuntos cuya resolucion pudiera afectar á los derechos del Estado respecto de los montes, siendo su complemento la agregacion á la jurisdiccion administrativa de las cuestiones contenciosas á que pudiese dar lugar el deslinde los montes públicos, ora entre sí, ora en la parte confinante con montes particulares.

"En cuanto á las cuestiones que versan sobre la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y ventas de propiedades y derechos del Estado, no se alegan razones de menor importancia para fundar su separacion de la jurisdiccion comun á que por su naturaleza corresponden. El caracter economico y politico que en todas las naciones tiene la desamortizacion, en virtud de la que entran en el comercio público una masa de bienes que antes de decretarse aquella estaba fuera del movimiento general de la riqueza, obliga, se dice, al Gobierno á no desprenderse del conocimiento de las contiendas que versan sobre el contrato mismo que es el instrumento de aquel cambio en el modo de ser de la propiedad, al propio tiempo que fuente de ingresos para el Tesoro, en cuya importancia y permanencia tanto pueden influir las anulaciones de contratos, las devoluciones de precio y hasta las indemnizaciones en favor de los adquirentes y arrendatarios que pudieran decretar los Tribunales Comunes, sometiendo sus fallos al derecho estricto en las reclamaciones que sobre calidad de la finca vendida ó arrendada, cabida de la misma ó otras incidencias pudiera suscitar el interes particular, siempre astuto y vigilante, y poco escrupuloso en sus relaciones con el Erario.

"Importantes y de verdadero peso son estas razones, y se comprende que ellas hayan podido influir en un momento determinado de nuestra historia politica y administrativa, en que se hayan atribuido á la jurisdiccion retenida asuntos que en rigor de principios no la correspondian; pero es lo cierto que por
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encima de todo está el imperio de estos mismos principios y que él reclama que dichos asuntos se sometan á los Tribunales Ordinarios. Por clara que aparezca, pues, la conveniencia pública de que determinadas cuestiones continúen sujetas al conocimiento de las corporaciones que dependen de la accion del Gobierno de un modo inmediato; por manifiestos que sean los perjuicios que ha sufrido el interés público mientras en su decision han entendido los Tribunales Comunes, el principio, según el que estos Tribunales son los únicos competentes para conocer de las materias pertenecientes al Orden Civil, está escrito en la Constitucion, y confesado y declarado por los mismos que al sostener la jurisdiccion administrativa para una importanísima clase de asuntos, se fundan cabalmente en que estos no pertenecen al derecho comun, en que no encierran cuestiones de tuyo y mio, en que no forman, por consiguiente, parte de la materia á que se refiere el precepto constitucional de "á los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales." Cuanto mayor sea la energía de los partidarios de la jurisdiccion administrativa para defender su intervencion en las cuestiones que son de su competencia propia, más debe ser su escrupulosidad en contenerla dentro de sus límites naturales, despojándola de todo lo que pueda tener de extraño y prestado, devolviendo á la jurisdiccion comun lo que contra la pureza de principios le haya sido sustraído. Si se procede de otro modo, los detractores de la jurisdiccion administrativa la tacharán de invasora, extendiendo á todas las atribuciones que la constituyen una censura que sólo puede aplicarse sin error á algunas pocas. Tiene, pues, que resolverse la Administracion á hacer el sacrificio de facultades de que ha estado largo tiempo en posesion, pero cuyo abandono requiere la conveniencia de asegurar la de los restantes; porque de lo contrario, los aires revolucionarios, cuando soplen, barrerán indistintamente uno y otro orden de atribuciones. A los enemigos ciegos desármaseles de este modo de su mejor arma, y á los adversarios racionales se les ofrece una transaccion, manera la más segura de resolver las contiendas antiguas y empeñadas. Nunca mejor ocasion que la presente para obrar así, no sólo porque esta es época de transacciones entre partidos y escuelas
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distintas, sino porque reapareciendo hoy la jurisdiccion administrativa en sus condiciones genuinas, tras largo eclipse, es la ocasión de examinar los títulos de lo que reaparece y de purgarlo de todo lo que tenga de odioso, de inconveniente ó de heterodoxo en materia constitucional."

Mas no se detenían aquí nuestras aspiraciones reformistas, sino que atacando de lleno el extremo relativo á la facultad que hoy reside en la Administración activa de declarar la competencia de la Contenciosa para conocer de cada asunto, ó lo que es lo mismo, de admitir ó denegar la admisión de la demanda, consignábamos nuestra opinión en los términos siguientes:

"Sabido es que esta atribución la ejercen los Gobernadores de Provincia respecto de las demandas interpuestas ante los Consejos Provinciales, hoy sustituidos por las Comisiones Provinciales, con recurso al Gobierno; y el mismo Gobierno respecto de las demandas en primera y única instancia interpuestas ante el Consejo de Estado. Nunca hemos encontrado conveniente este sistema que defiere á la Administración Activa el derecho de autorizar ó impedir el curso de la reclamación contra sus propios actos; y si bien la decisión de esta prévia cuestión se sujeta á los principios de derecho administrativo que fijan los casos en que la vía contenciosa es ó no procedente, y la decisión es precedida de prudentes garantías de acierto, como son el dictamen del mismo Cuerpo llamado á conocer de la demanda, es la verdad que ni dicha facultad es de buen parecer ni es necesaria. No lo primero, porque el Gobierno aparece en el ejercicio de esta atribución como revestido del derecho de impedir el exámen y juicio de sus actos. No lo segundo, porque en el caso improbable de que el Tribunal Administrativo conociese de un asunto de la competencia de la Administración activa, siempre existe el medio de corregir el abuso y anular la extra-limitación, llevando en su día el asunto al Consejo de Estado por medio del recurso de alzada si se tratase de un litigio en que hubiese entendido el Consejo Provincial, hoy la Comisión Provincial, á fin de que aquel alto Cuerpo acordase en el fallo de apelación la inhibición de la Administración Contenciosa, y hasta adoptando el Gobierno este mismo acuerdo en el Real Decreto sentencia, ora en el caso de que el Consejo de Estado
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no hubiese enmendado el yerro del inferior, ora en el supuesto de que aquel alto Cuerpo lo cometiese directamente en los juicios en que entiende en primera y única instancia. No vacilaríamos, pues, en reformar la legislación en el sentido de conceder á las Comisiones Provinciales y Consejo de Estado la facultad de declarar si procede á no la vía contenciosa sin intervención del Gobierno, si bien estableciendo las reglas necesarias para asegurar la declaración de incompetencia cuando esta existiese, ya inmediatamente después que el Tribunal Administrativo hubiese decidido que procedía la admisión de la demanda, lo cual tendría la ventaja de evitar tiempo y gastos, ya al resolver el litigio y dictar sentencia definitiva. La Sección de lo Contencioso del Consejo de Estado, podría ejercer esta atribución respecto de los Tribunales Administrativos de primera instancia, previo recurso entablado por el Ministerio Fiscal cuando entendiese que aquellos habían incidido en error al resolver la cuestión prévia, y la Sala de lo Contencioso, prévia excitación del mismo ministerio cuando considerase que la Sección se había equivocado al resolver la cuestión expresada en los casos cuyo conocimiento está reservado al Consejo."

No terminaremos este recuerdo de nuestras ideas y opiniones sin trasladar á este lugar el siguiente párrafo que encerraba el vivo deseo que abrigábamos de ver terminada por una transacción honrosa entre los partidos medios, la cuestión que desde una época ya antigua se viene debatiendo acerca de la existencia de la jurisdicción especial de que se trata:

"Tales son las más importantes reformas que consideramos deben introducirse en la manera de ser de la jurisdicción administrativa. Y sin negar que puedan y deban introducirse otras que sin duda un exámen más detenido que el que hemos hecho pudiera señalar, damos fin á nuestro trabajo, deseosos de que personas más autorizadas aborden la cuestión y la resuelvan, á fin de que, encerrada la jurisdicción administrativa dentro de límites y condiciones aceptables para las diversas escuelas que parten de la necesidad de dar al orden administrativo la independencia que su responsabilidad reclama, deje de ser, por lo que hace á su existencia, una cuestión siempre en pie en nuestro país."
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Y no pareciéndonos bastante enérgica la expresión de nuestro deseo conciliador, sin dejar de manifestarnos partidarios de la jurisdicción retenida, concluíamos nuestro estudio con el párrafo siguiente:

"Pero esto no obsta para que resulte evidente que al introducirse en el vecino Estado aquella profunda innovación en el modo de ser de su alto Consejo, (1) se ha cedido, bien ó mal, con razón ó sin ella, pero se ha cedido al caño, á exigencias de opinión que de tiempo atrás reclamaban una modificación en sentido restrictivo, en cuanto á las facultades del Gobierno, de la justicia administrativa; y que este hecho, quitando una gran parte de su apoyo á la existencia de esa misma jurisdicción entre nosotros, en sus condiciones primitivas, y por decirlo así, históricas, obliga más y más á una revisión serena e imparcial, que despojándola de lo que pueda tener de disputado y aun de odioso, bajo cierto punto de vista, la deje en condiciones de ser por todos admitida.

"Propio es de estos tiempos en que las cuestiones de principios se miran sin pasión en las esferas del poder y en que éste no excluye las soluciones conciliadoras, buscar la que debe poner término á esta antigua y empeñada contienda. Solo por transacción se resuelven las luchas envejecidas, y adecuado es á tiempos relativamente normales, como son los que por ventura corren, buscar las que pueden lograr aquel resultado en las esferas del derecho, del arte del gobierno y de la administración."

EL CONDE DE TEJADA.

(Continuará.)

(1) Nos referimos al art. 9.º de la ley francesa de 24 de Mayo de 1872. «Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative.»