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cion de la conducta de medas y persas en la época citada con la tenida por la Europa cristiana antigua y moderna, respecto á aquella desgraciada familia que nos ocupa. Decimos antigua y moderna, porque si reyes, pueblos y teocracias, que de cristianos y católicos tanto blasonaron, han llevado su saña, su ferocidad, y también su deseo de apoderarse de lo ajeno contra la voluntad de su dueño, hasta un punto que honra bien poco al rey de la creación; lo mismo en la Edad Media, que en otras más próximas á nosotros, hoy mismo, naciones que marchan con un alto grado de civilización, en las cuales otras sectas cristianas, diferentes del catolicismo, forman la religión dominante, y que no han escaseado ni escasean las críticas acerbas contra la intolerancia católica, sin duda para comprobar aquella sentencia de apercibir la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, están llevando á cabo persecuciones y actos de tiranía tales que, dada la diferencia que imponen los tiempos y los sentimientos humanitarios que la civilización trae consigo, no son méritos punibles y feroz que los realizados en edades anteriores. Y para que nada faltase ni falte á una persecución tan continua y sistemáticamente seguida, se ha querido fundarla en decretos venidos de las alturas como castigo de un gran crimen llevado á cabo por los ascendientes de los israelitas actuales hace diez y nueve siglos.

Aparte de la repugnante teoría de que los descendientes han de ser responsables de una culpa que no han cometido, ya veremos en lugar oportuno las razones que tiene una sana crítica para demostrar que el horrendo crimen á que nos referimos, es imputable á la dominación romana y á la teocracia judaica más que á los hijos de Israel. La razón principal que informaba é informa aquella constante saña, aparte de otras pasiones poco nobles y méños desinteresadas, consiste en que allá en su origen la creencia al abrigo de la cual se desarrolló toda la civilización europea, la religión cristiana y la judaica, vivieron completamente unidas, formando más tarde una de ellas una especie de disidencia del tronco principal; y por la misma razón que hoy y á nuestra vista los hombres que ayer formaban una misma escuela ó partido político se combaten más rudamente que á los enemigos comunes, la religión vencedora trató y sigue tratando
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con porfiado encarnizamiento á la vencida. Si en los tiempos que atravesamos hay muchos pueblos en que tal persecucion ha cesado por completo, débese á que la civilizacion moderna no puede estar contenida ya en los moldes que la trazó la fé dominante. Lo cual prueba además que todas las religiones positivas, sin excepcion alguna, sufren la modificacion que les impone la ley del progreso, y no les queda más remedio que modificar aquellos moldes ó desaparecer. Esto, lejos de ser una ofensa para lo que pudiéramos llamar los pensamientos ó inexcrutables designios de la Providencia, afirma y demuestra que aquellos son inmensamente más sublimes que lo que la imaginacion exaltada ó el interés de los hombres han querido atribuirles.

MANUEL BECERRA.

(Continuár.)
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ció, sin duda, á donde iba dirigido el tiro, y no quiso acceder á las insinuaciones del Mariscal (1).

Una de las causas que habían unido á Vendome con Aguilar, era el odio que ambos profesaban al duque de Osuna y á otros magnates que se habían negado á dar al primero el tratamiento de alteza que el rey le concediera. El orgulloso mariscal había tomado á desaire esta tenacidad de nuestros grandes en defender sus prerrogativas y esperaba una ocasión de vengar su ofendido amor propio. Ni era el orgullo la única nota discordante en el de Vendome; pues su indolencia llegaba á tal extremo, que no le permitía ocuparse en los preparativos más importantes para la próxima campaña, cuyo cuidado dejó á Aguilar, quien llegó á poseer por completo su confianza, y le hizo participar en sus manejos para apartar á Grimaldo y quitar al de Osuna sus empleos.

Esta multitud de rencillas é intrigas ofrecían ancho campo para un génio como el de Alberoni; y con efecto, no estaba ocioso el abate en Zaragoza. Habíanse agregado al partido de Aguil-

(1) Coxe incurre, por seguir á San Simon, en algunos errores al tratar de estos sucesos. Según él, Noailles fué quien trató de separar al Rey de su esposa, dando por pretexto la enfermedad de la Reina, y aconsejándole tomar una maîtresse ó querida, debilidad, bien puede decirse costumbre, á la que había dado carácter casi oficial Luis XIV, y que tuvo entre los soberanos de Europa numerosos imitadores. Pero San Simon había oído campanas y no sabía dónde. Lo que pasó, según Macanas, fué lo siguiente. Poco después de su llegada á Zaragoza cayó la Reina gravemente enferma; mas á pesar de los síntomas alarmantes de esta enfermedad, no quiso Felipe separarse de ella y siguió durmiendo en la misma cama y sufriendo tanto como la misma María Luisa. Su confesor le habló varias veces para que la dejase en libertad: pero no consiguió otra cosa sino que Felipe hiciese poner una cama de campaña al lado de la de su esposa, hasta que al fin, instado por el confesor, se trasladó á un cuarto inmediato en donde apenas sosegó hasta que María Luisa encontró algún alivio. Quienes trataron de romper la buena armonía entre Felipe y su esposa, con objeto de anular un Gobierno femenino que les contrariaba, fueron Aguilar y el marqués de Castelar, los que, según los papeles de aquel tiempo, llegaron al extremo de introducir en la real cámara, cuando Felipe se hallaba en Milan, una célebre cantante italiana, á la que Felipe arrojó bruscamente de su aposento. No se dicen por vencidos los cortesanos, y en la campaña de Portugal, hallándose el cuartel real en Niza, volvieron á tentar al escrupuloso monarca con una francesa de prodigiosa hermosura, que no tuvo mejor fortuna que la italiana. Por estos motivos veía el casto rey con horror á Aguilar y su compañero, y no repugnaba el intento de la Princesa de apartarlos de la corte.
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ESTUDIO

SOBRE EL PROYECTO DE LEY PRESENTADO AL CONGRESO DE DIPUTADOS

en 26 de Enero de 1881, reformando la organización, competencia y procedimiento de los Tribunales Contencioso-administrativos.

I

Por los años de 1876, el que firma el presente artículo, tuvo la honra de publicar en la REVISTA DE ESPAÑA un trabajo dividido en dos partes sobre el restablecimiento de lo Contencioso-administrativo, según el Decreto de 20 de Enero de 1875 y el proyecto de Ley de 23 de Mayo de 1876 (1). (Números 189 y 205.) Exponiendo en la primera parte de dicho estudio el concepto de lo contencioso administrativo en los términos más sencillos que le fué posible, decía:

"La Administración, cuyo encargo es velar por la conservación de los intereses comunes, promover su fomento, y proveer á la satisfacción de las necesidades generales, está investida de medios suficientemente enérgicos para atender á tan imprescind-

(1) Este proyecto se convirtió en ley, que fué sancionada en 16 de Diciembre de 1876, y las disposiciones que contenía respecto á la materia contencioso-administrativa, fueron incluidas más adelante en la Ley provincial de 2 de Octubre de 1877, hoy vigente.
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dibles exigencias. Los actos por los cuales se revela la accion lenta, pero perenne, que para ello emplea, son de dos clases principales. O son actos de imperio, por los cuales provee de una manera general á una necesidad ó á un interés comun, ó son actos de aplicacion de alguna de las medidas generales, resultado de los primeros á un asunto privado. O reglamenta y dicta disposiciones legales, ó aplica la disposicion legal á un caso dado. Así en uno como en otro caso, la Administracion tropieza frecuentemente con intereses y con derechos privados. Cuando obra bajo el primer concepto, cuando establece decretos y reglamentos, estos derechos no tienen otro recurso que la queja ante la misma Administracion que dicta la medida, porque aquella entonces hace oficio de legislador, y como tal, la apreciacion de sus actos es de su absoluta y exclusiva competencia. Cuando la Administracion obra bajo el segundo concepto, es preciso distinguir. Si en su marcha tropieza con simples intereses individuales, el único recurso admisible, como en el caso anterior, es la reclamacion ante ella misma, que en la forma usual decide entre el interés colectivo representado por su acto y el interés privado representado por la oposicion al primero. Pero si la entidad hollada no es ya un simple interés, sino un derecho y un derecho respetable, entonces la accion administrativa se para- liza. El particular ofendido es escuchado en un juicio solemne, y la autoridad pública, revestida de las formas judiciales, falla en justicia. Hé aquí lo contencioso-administrativo. Pero la jurisdiccion administrativa está limitada por el derecho civil. Así, cuando la cuestion suscitada por el acto administrativo versa directamente sobre la propiedad, posesion, servidumbre, ó cual- quiera de los demás derechos reales, ó acerca de algunos de los personales, entra en el terreno de lo contencioso ordinario. Por eso, las contiendas que se suscitan acerca de los contratos celebrados por el Gobierno ó por las Corporaciones que están bajo su tutela, caen por derecho administrativo bajo la accion de los tribunales civiles. El Estado, que en tales convenios obra como una simple persona moral, como una de las demás entidades legales capaces de adquirir, conservar y trasmitir la propiedad, carece de la facultad de modificar ó revocar por sí los derechos que de aquellos actos nacen. Y no obsta en nada á la competen-
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cia de los Tribunales comunes en la materia, el que hubiere recaído una ó más resoluciones de la respectiva autoridad ó corporación gubernativa, siquiera viniesen revestidas de formas decisivas. La Administración en tales asuntos se presenta despojada de carácter público. Aquí ni gobierna, ni administra, sino que gestiona, y sus determinaciones no tienen sino una fuerza pasajera. Usa en ellas de la forma imperativa, porque no tiene otro lenguaje, pero en el fondo son tan contestables como lo es la denegación ó aseveración de un particular cualquiera en un negocio de interés privado."

Y así expuesta, sin pretensión alguna de novedad y aspirando sólo á la sencillez, la teoría generalmente admitida en la materia, continuaba en los términos siguientes:

"De lo expuesto se deduce que es un error creer que la justicia administrativa, llamada retenida, es una parte de la jurisdicción común que el Rey ó el Gobierno en su nombre retiene para ejercerla por sí ó por Tribunales inmediatamente dependientes de él. La justicia retenida tiene por objeto contiendas de un orden distinto de aquellas que las Constituciones políticas que nos han venido rigiendo, encomiendan á los tribunales comunes al declarar que á ellos corresponde la potestad de aplicar las leyes civiles y penales. No se trata en tales juicios de ventilar los derechos que el Estado, las provincias ó los pueblos tienen como personas jurídicas capaces de adquirir, de poseer ó de contratar con los particulares, que en tales casos, la Administración comparece ante la jurisdicción ordinaria. No se trata de decidir entre la Administración y los particulares, ó entre estos mismos acerca de la fuerza comparativa de los títulos de propiedad ó posesión ni de los demás derechos reales ó personales nacidos de actos civiles (1). Se trata de examinar si la misma Administración al proceder á la aplicación de las leyes y reglamentos administrativos ha afectado á un derecho privado, y en caso afirmativo, si este debe prevalecer, anulando ó revocando la providencia que lo atacó. Esto, que en el fondo es administrar, aunque para resolver con más acierto la contienda,

(1) Después examinaremos las excepciones que en esta regla introduce el derecho constituido.
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revista la Administracion formas judiciales, se sujete á procedimientos forenses, y dicte sentencias, no puede arrebatarse al órden administrativo y atribuirse al judicial, sin trastornar las reglas elementales de nuestro derecho constitucional."

Y á fin de probar esta última afirmacion, continuábamos:

"Doctrina es, con efecto, de este, que los poderes que constituyen el organismo político, á saber, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, han de ser independientes. De la independencia de estos poderes, ó lo que es lo mismo, de la separacion perfecta de sus funciones, parten los estatutos de todas nuestras Constituciones. Pueden aquellos limitarse mutuamente y fiscalizarse; pero dentro de la esfera de accion que les es propia, cada uno de ellos es árbitro de sus decisiones. Esta independencia es además en el Poder ejecutivo, ó sea en el Orden Administrativo, consecuencia indeclinable de la responsabilidad que las mismas Constituciones le imponen en cabeza de los ministros, y que las leyes secundarias ó orgánicas extienden á todos los demás grados de la gerarquía administrativa; pues no se concibe la responsabilidad donde no existe la independencia.

"El poder ejecutivo, ó sea tomado en una excepcion más concreta la Administracion Pública, es, pues, independiente por causa de su naturaleza política y de su responsabilidad constitucional; y por ambas razones reunidas, es forzoso que en ella radiquen el juicio y la apreciacion de los actos de índole administrativa de las autoridades que la constituyen. Si la decision de esas contiendas, que nacen de su marcha, si la apreciacion de las oposiciones que la misma suscite, radicaran en otra parte, si se desfriesen á los Tribunales encargados de dirimir las cuestiones ordinarias entre los particulares, dicha independencia no existiria. Con efecto. Recibiendo aquellos su autoridad para fallar, de la ley solo, y no pudiendo admitirse por lo tanto que la facultad para conocer en cada asunto sea precedida del beneplácito de la Administracion, ni que la aprobacion de ésta sea requisito previo á la ejecucion de sus sentencias, pues en tal caso se desnaturalizaria su carácter, dejando de ser verdaderos Tribunales, resultaria que no sólo tendrian el derecho de apreciacion, declaracion e interpretacion de los actos administrativos, sino que podrian compelcr á las autoridades de este órden
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y las compelerian de hecho á responder de ellos, llegando hasta suspenderlos y revocarlos.

"Y esto sucederia no sólo en los casos en que los principios de derecho administrativo autorizan la contencion, sino hasta en aquellos que no son susceptibles, con arreglo á dichos principios, de dar lugar á un debate contencioso, ni áun dentro del órden administrativo. Una Administracion colocada en semejantes condiciones, sería una rama del poder público subordinada á la otra, su subalterna, no su hermana. No habria que pedirla libertad de accion, ni exigirla, por tanto, independencia ni responsabilidad. Por eso, y ante la gravedad de las consecuencias que eran de temer de semejante inmision del órden Judicial en la Administracion, era constante despues del establecimiento del sistema constitucional, y antes de la creacion de los Consejos Real y Provinciales, verá los particulares privados de la facultad de reclamar en juicio contra los actos de las autoridades que violaban sus derechos, y limitarse á la estera gubernativa en asuntos capaces de provocar el debate contencioso; dándose el caso de que si intentaban acudir á los tribunales ordinarios, las declinatorias de jurisdiccion interpuestas por las partes interesadas, ó las competencias provocadas por la Administracion, venian á impedir el progreso del juicio, en razon á versar la demanda sobre actos de naturaleza administrativa, sin que la Administracion pudiese darles la garantía de un juicio solemne, pues carecia de tribunales y de procedimientos apropiados al efecto."

Por último. Con objeto de demostrar que la jurisdiccion administrativa es, no sólo hija de los principios más puros de derecho constitucional, sino la única idónea para conocer de la materia especial en que entiende, añadimos los dos párrafos siguientes:

"Pero no solo la jurisdiccion administrativa es una consecuencia necesaria de nuestro sistema politico, sino que es la única adecuada por sus condiciones para conocer con acierto de las cuestiones en que interviene.—La decision de las contiendas que surgen entre la Administracion y los particulares, exige la apreciacion de consideraciones de un órden distinto de las que presiden á la resolucion de los negocios entre partes sometidos
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á los Tribunales ordinarios. Es menester calificar el interés público que en las primeras está en juego. Es preciso graduar su entidad y medir ésta con la del derecho privado ofendido. Ese examen no puede hacerse por el criterio del derecho estricto. Una prudente discreción debe entrar por mucho en él, y los fallos, por regla general, más que en la justicia absoluta, tienen que fundarse en la equidad. Los Tribunales comunes, cuya acción se ejerce dentro del círculo de cuestiones que nacen del juego incesante de los derechos privados, y cuya apreciación se encierra en la esfera de consideraciones que nacen del estudio del tuyo y mío, no están, por punto general, y especialmente en los grados inferiores del Orden Judicial, en aptitud de abarcar aquel amplio horizonte. Por sólido que sea su conocimiento del derecho, y su buen deseo, sus hábitos habrán de traerlos al camino trillado, con perjuicio grave del interés público, que es siempre el interés del Estado. Este temor no es infundado. Precedentes dignos de tenerse en cuenta lo justifican. No otra razón, que graves y continuos perjuicios causados al Tesoro público por fallos de los tribunales ordinarios, sugirieron en Francia la idea de someter á la Administración ciertas cuestiones que directamente afectaban al Erario, siendo esta la base y fundamento de la jurisdicción administrativa en aquella nación.

"Todas las condiciones que bajo este punto de vista faltan á los Tribunales ordinarios, brillan en los administrativos. Recrutado el personal de los inferiores en la abogacía joven y entre los letrados administrativos, y el del Tribunal Superior entre los hombres encanecidos en la Administración y en las capacidades políticas; su profesión, sus hábitos, su educación les inducen á dar el lugar que corresponde al interés público, sin que como jueces que son, y obligados en consecuencia á hacer justicia, puedan dejar de tener en cuenta los derechos privados, injusta ó innecesariamente ofendidos. Esta reunión de condiciones de administradores y jueces, ofrece una garantía, cuya importancia no puede negarse, de que los Tribunales de que se trata sabrán mantener ese difícil equilibrio entre la conveniencia pública y los derechos particulares, sin el que la justicia administrativa no llena su misión."

Inútil es que digamos al que lea estos párrafos, que la
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cuestion que en el referido trabajo planteábamos, es á saber: "El restablecimiento de la jurisdicción administrativa, ¿es una medida acertada? era resuelta de una manera afirmativa en absoluto. Pero pasando adelante y al examinar esta otra cuestión: "Dicho restablecimiento, ¿se ha efectuado en términos convenientes?" no era nuestra respuesta tan terminante y explícita; y si bien examinando la tesis en el terreno político no dejábamos de reconocer que el Gobierno que dictó el decreto de 20 de Enero de 1873, obró prudentemente, supuesta la conveniencia de restablecer la jurisdicción administrativa, pues al satisfacer esta necesidad restableció el conjunto de preceptos legales á que se sujetaba la competencia y procedimiento que la regía al ser suprimida por resolución del Gobierno Provisional de 13 de Octubre de 1868, con la sola diferencia esencial de encomendarse el ejercicio de las atribuciones que antes residían en los Consejos provinciales, á las Comisiones de este nombre, en cierto modo sucesoras de aquellos cuerpos, ya que no en el organismo administrativo, en su importancia y representación en la provincia; como escritores no podíamos menos de exponer, por una parte, nuestra opinión poco favorable á la continuación de las referidas Comisiones en el ejercicio de tan especial encargo y de manifestar, por otra parte, las aspiraciones que abrigábamos á una reforma en las disposiciones que fijaban y continúan fijando, así la competencia administrativa en lo contencioso, como la manera de declarar en cada caso esta misma competencia.

Hé aquí lo que decíamos respecto del primer punto:

"Teniendo esta medida el carácter de interina, no cabe hacerla objeto de una crítica detenida. No existiendo los Consejos Provinciales, y no siendo las circunstancias á propósito para atacar de frente la cuestión de si dichos Cuerpos deben restablecerse, máxime no hallándose reunidas las Cortes, el Gobierno ha acudido á las corporaciones que dentro de la actual organización provincial le han parecido más á propósito, legal y administrativamente consideradas, para ejercer la jurisdicción de que nos ocupamos; y bajo este punto de vista ha hecho lo que ha debido. Sin embargo, el Gobierno debe procurar que la ley encomiende cuanto antes aquella atribución á Tribunales cuya organización responda á lo que la naturaleza de todo ejercicio
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de jurisdiccion exige. Innecesario es demostrar que las condiciones de las Comisiones Provinciales no son apropiadas al desempeño de funciones judiciales. Ni su naturaleza popular, ni el carácter transitorio de su personal, ni el origen electivo de sus individuos, son condiciones adecuadas á la calidad de jueces administrativos, que requiere, meditada eleccion, idoneidad acreditada y permanencia indefinida en el cargo. Nosotros no encontramos nada que pueda suplir con ventaja en el ejercicio de la jurisdiccion administrativa á los Consejos Provinciales, doble representacion del interes general y provincial dentro de la demarcacion, compuestos en su mayor parte de letrados practicos en la materia administrativa, que diariamente gestionan, capaces de acertados fallos y aptos para contribuir cada uno de por sí, y bajo la direccion del Consejo de Estado, á la formacion de una razonada jurisprudencia administrativa. Pero si el caracter politico de que es imposible despojar á sus individuos, si otras prevenciones, cuya existencia no se nos oculta, pareciesen razones suficientes para no promover el restablecimiento de aquellos cuerpos, nosotros prefeririamos á la prolongacion de las funciones de que se trata en las Comisiones Provinciales, el establecimiento de un Juez administrativo en cada capital de provincia, y hasta la delegacion en el Gobernador, de esta jurisdiccion, con un asesor, como algun ministro anterior á 1854 llegó á imaginar y formular, siempre que uno ó otro funcionario fuese elegido dentro de condiciones que encerrassen garantias de acertada gestion."

Respecto del segundo punto, he aquí nuestro lenguaje:

"Hecha esta salvedad, no ocultaremos que consideramos conveniente una reforma en las disposiciones que fijan, así la competencia contencioso administrativa, como la manera de declarar esta misma competencia. Sabido es que las primeras se contienen principalmente en las leyes de 17 de Agosto de 1860 y 25 de Setiembre de 1863, y que las segundas están recopiladas en el reglamento de 1.º de Octubre de 1845 para los Consejos Provinciales, y en el de 19 de Octubre de 1860 para el Consejo de Estado. Examinando las primeras, hallamos que son de dos clases las atribuciones que encomiendan á estos cuerpos. Las unas recaen sobre materias meramente contencioso admi-