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centro comun, fuese tan expedito como conviene á su efecto." Pero de las unas y los otros recibió ágrias censuras por su sospechosa conducta, como lo demostró bien claramente, cuando dirigiéndose más tarde á la Central en su representacion de 8 de Octubre decia: "Las contestaciones de las Juntas ni fueron todas sinceras ni conformas entre sí, ni correspondientes en sus expresiones á la dignidad y respeto que se merece este Tribunal. Sin embargo, todo lo disimuló por el bien de la paz y por el amor á la union............................................." Má: no desistió de su propósito, á pesar de esto, y á fin de sincerarse publicó un Manifesto á la nacion.

Todos los escritores que se han ocupado del período revolucionario de 1808 á 1814, han dedicado á la formacion de la Central la atencion que, á nuestro juicio, merece la creacion de aquel poder, si ha de escribirse con verdadera conciencia la historia de aquel espontáneo movimiento nacional, y si han de poder presentarse datos verdaderos para apreciar la historia de aquella gran epopeya.

Acerbamente han sido censuradas por algunos las Juntas provinciales por el desorden e informalidad de su creacion, inevitables en la situacion anormal por que atravesaba la nacion, así como por las rivalidades nacidas entre ellas por espíritus mequinos y propósitos despreciables; pero debe tenerse en cuenta, para formar un buen juicio acerca de este punto concreto, que si es verdad que las Juntas se crearon con muy escasas formalidades, y algunas compuestas de personas sin posicion social, deseosas de medro y dominio, no es tampoco menos cierto que en tan supremos momentos habia necesidad de admitir y áun aprobar, hasta por los hombres más sensatos e ilustrados, cualquiera manifestacion popular que tendiese á formar autoridades capaces de crear recursos y arbitrar todo género de medios para llevar á cabo la defensa nacional.

Otro de los defectos que se atribuye á las Juntas, y permítaseuos que nos detengamos en este punto que consideramos la base de la reforma constitucional de España, es el de la irregularidad y exclusivismo de las capitales en la formacion de esas nuevas autoridades. Y preguntamos nosotros: ¿Era posible que
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muchas buenas ordenanzas y reglamentos, varios de los cuales fueron llevados á cabo á pesar de la resistencia de los mismos en cuyo provecho se plantearan.

De las principales entre estas medidas, ya hemos hablado. La que hace más honor á la inteligencia y celo del Cardenal, es la protección que dispensó á nuestra Marina. La mercante fué extraordinariamente favorecida con la traslación á Cádiz del consulado de Sevilla, con la supresión de los jueces, oficiales y visitadores, y con el nuevo gobierno dado á la Casa de Contratación (1). La de guerra debió á Alberoni su existencia, y es, tal vez, el mejor título de aquel ministro para la estimación de los españoles. El creó el Colegio de Guardias Marinas, del que más adelante habían de salir Ulloa y Jorge Juan, y él fué quien abolió el antiguo y perjudicial sistema de galeones que salían para América en período fijo, sustituyéndoles con buques sueltos, á que se llamó registros. El Reglamento de 1720, aunque defectuoso, mejoró la situación de nuestro comercio, al que Alberoni dedicó solícitos cuidados; como lo prueba el que, poco después de su advenimiento al Ministerio, salió de España para América la primera flota de ida que se despachaba hacia más de veinte años, sin que hubiese que hacer grandes desembolsos, pues se habilitó principalmente con los aprovechamientos y fletes de las naves que la escoltaban; método ventajoso y fácil, que después fué seguido por Patiño y Eusenada.

Fué el Cardenal absoluto y despótico en su gobierno. Apoyado por la reina y favoreciéndose de las dolencias del rey, usurpó todo el poder y la firma del príncipe; sirvióse de ellos para oprimir á la nobleza; desterró á los duques de Pópuli, Escalona y Nágera, procesó al general marqués de Valdecañas, que tanto se distinguiera en Villaviciosa; pero hay que tener en cuenta que el carácter no menos absoluto de Isabel Farnesio, no permitía otra cosa. En cambio, era el Cardenal, en su vida privada, de genio tan afable, como ameno y chistoso en su conversación, antes de que los reveses que produjeron su caída le exacerbaran. No es dable alabarle como sacerdote, ni la larga intimidad con Ven-

(1) Antunez. Memoria histórica sobre nuestra legislación y comercio en América.
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entonces hubiera quien propusiese el medio, forma y manera de constituir estas Juntas? Y aun habiendo sido esto posible, ¿habrían dado, así formadas, los mismos resultados que se apetecían? ¡Legalidad! ¡Era posible, ni racionalmente exigible, atenerse á medidas de legalidad en momentos tan difíciles y supremos? ¡Hay jamás ley alguna superior á la de la necesidad de salvar la independencia de la patria?

Las Juntas provinciales se crearon, es verdad, con el sólo consentimiento de los vecinos de las capitales donde se formaron; esto es, como pudieron; pero se subsanó más tarde esta falta con el espontáneo y explícito reconocimiento de los pueblos respectivos, que por su propia voluntad reconocieron la autoridad de las Juntas.

Dícese también que originaron muchos males, y nosotros no lo negamos en absoluto: pero, ¡fueron ellas el origen y principal fundamento de que se salvase la nacionalidad española de las garras de un usurpador traidor y miserable? Pues al lado de este gran bien, nada absolutamente significan los males que produjeran, por dolorosos que fuesen; teniendo precisamente que reconocer que las Juntas vinieron á satisfacer una necesidad, que se formaron de la única manera posible, y que fueron un gran bien para España.

De entre las Juntas provinciales hubo muchas que aspiraban á absorber la soberanía, y principalmente la de Sevilla; pero este mismo deseo, comun á varias, las hacia contenerse y no manifestar ostensible y públicamente sus aspiraciones, por temor á ser derrotadas, y muy principalmente porque preveían una lucha de la que nadie sacaría más ventaja práctica que el enemigo comun. El espíritu de propia conservación, por temor á perder en un momento tantos sacrificios, contenía, en cierto modo, las pasiones, y sin embargo de que todos reconocían la necesidad de un poder central que vigorizase el principio de autoridad y diése unidad al mando de los numerosos ejércitos que se habían creado, nadie se determinó á proponerlo, hasta que al fin la Junta Suprema de Murcia (1), aprovechando una

(1) No falta quien haya supuesto que la primera que lo propuso fué la de Valencia; pero ésta lo hizo con fecha 16 de Julio, después de conocer la de Murcia.
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ocasion propicia se determinó á dirigir, con fecha 22 de Junio del mismo año de 1808 á todas las de España, una circular encaminada á este objeto, y que no reproducimos por completo por su mucha extension. Tan notable documento empezaba así:

"Provincias y ciudades de España: Nuestros pensamientos son uniformes, nuestra voluntad se ha explicado de un modo maravilloso y nada equívoco; nos apresuramos á la defensa de la patria y á la conservacion de los augustos derechos de nuestro amable y deseado Fernando VII. Temamos una desorganización si tiene lugar la desunión; no se oiga otra voz en la Península que no sea union, fraternidad y mutua defensa. Hagámonos grandes y dominemos las pequeñeces que ocupan los ánimos débiles sobre superioridades. Formemos un Gobierno sólido y central á donde todas las provincias y reinos convergen por medio de representantes, y de donde salgan las órdenes y pragmáticas bajo el nombre de Fernando VII."

Después de probar la ilegalidad de la renuncia de la corona hecha en Bayona por Fernando, y consignar la infamia con que se había apoderado del monarca español el tirano de Europa, continuaba así: "El que tiene la justicia tiene á Dios por protector, y si Dios está con nosotros, en vano velan los que nos acechan y persiguen.

"Ciudades de voto en Córtes, reunámonos y formemos un cuerpo; elijamos un Consejo que á nombre de Fernando VII organice todas las disposiciones civiles y evitemos el mal que nos amenaza, que es la division. La voz, terrible en realidad, de que en cada capital la Junta de Gobierno se suponga suprema, sin subordinación á otra, atraería la anarquía, la desolación y la pérdida de todo; y nosotros, que reunidos somos invencibles, por la division daremos al enemigo común el placer de vernos desolados: llora España si esto sucediese. Fernando VII manda: las Córtes lo reconocieron por príncipe heredero, los pueblos lo han proclamado Monarca. Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza, ciudades antiguas, dignaos tomar la voz, muníos, abrazad este pensamiento, circulad el señalamiento del lugar y dia para la reunion de los representantes de los pue-
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"blos; ocupad por ahora las facultades de las nobles ciudades de Bérgos y Toledo, que no pueden levantar la voz por estar supeditadas.

"Capitanes generales, generales famosos, proteged este remedio que va á salvar la nacion............................"
"...................................................."
"...................................................."

"Esta ciudad se lisonjea que este último remedio es el único y el solo que puede salvarnos. Gobierno central, Gobierno supremo son indispensables. Fernando VII lo manda: Fernando VII no puede ser restituido á su trono sin esta unión y soberanía; unidas todas las provincias por sus representantes, no hay celos de superioridad, y se le cortan al enemigo las armas terribles de la desunión y de la intriga: las potencias extranjeras sabrán con quién han de entenderse para la paz y para la guerra; y reconociendo un Gobierno universal de España, la monarquía se conservará ilesa para su legítimo y amado soberano."

También por aquellos días (4 de Julio), D. Gregorio de la Cuesta, capitán general de Castilla la Vieja, cuando aun no podía tener conocimiento de la anterior circular, decía en carta dirigida á las Juntas de su distrito militar lo siguiente:

"La autoridad de uno solo, atendidas las actuales circunstancias y la ambición de los hombres, podría ser arriesgada para el Estado y repartida en muchos produciría la indecision y re-tardo en todos los negocios: parece, pues, que una Regencia con-tiada á tres, ó cinco á lo más, evitaría ambos extremos. En la imposibilidad de ser nombrada por el rey, parece indudivita-ble que este derecho recae en la nación, ó en sus representantes. Según nuestra Constitución, serían las Cortes á quien corresponde la determinación y elección de una Regencia, puesto que la perfidia de nuestro enemigo nos ha privado también de todas las personas reales en quienes debería depositarse la primera autoridad; pero la convocatoria formal de las Cortes sufre dificultades y dilaciones invencibles, que pondrían en mayor riesgo; por consiguiente, parece que no queda otro arbitrio que congregar una Junta compuesta de diputados de todas las provincias y capitanes generales hacia el centro de todas ellas
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«con poderes para nombrar y establecer una Regencia que sea el punto de reunion y cabeza de todos los dominios del rey, y cuyas facultades absolutas puedan unir y emplear nuestros medios, recursos y operaciones para salvar nuestra patria, que así subsiste entregada á la division é independencia de cada provincia, van á ser todas subyugadas por nuestros enemigos...»

Terminaba diciendo que como gobernador, capitán general y presidente de la Real Chancillería de Castilla la Vieja, se consideraba independiente de cualquiera otro Gobierno; pero que sería el primero en someterse si se trataba del bien de la nación, y pedía le manifestasen sus ideas y determinaciones sobre tan importante objeto.

Después de algunas controversias entre las Juntas acerca de cuál habría de ser el Poder Supremo, se aceptó al fin la idea de nombrar una Junta central compuesta de dos individuos de cada una de las superiores de provincia, y cuyo acuerdo se comunicó, con fecha 28 de Agosto, á nuestros representantes en el extranjero, anunciándoles que la reunión deberá tener lugar en Madrid, y que una vez reunidos la mayoría de los individuos designados, reasumiría aquella Junta el poder de la nación hasta que Don Fernando VII fuese restituido á su trono.

En tanto que las Juntas superiores se ocupaban de cuanto era necesario para continuar la defensa nacional, se ve que no descuidaban tampoco los medios de preavarse para las contingencias del porvenir, y como el establecimiento del Poder central todas lo consideraron urgente, procuraron nombrar inmediatamente, como lo hicieron, sus representantes.

CAPITULO II

Instalacion de la Central en Aranjuez.

Cada una de las Juntas provinciales había nombrado dos individuos de su seno, con arreglo á lo convenido de antemano, para la formacion del Supremo poder, y cuando hubo un número suficiente de delegados, acordaron celebrar sus sesiones en Aranjuez, donde, bajo la denominacion de Junta Suprema Cen-
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tral gubernativa del Reino, se instaló solemnemente este nuevo poder el 25 de Setiembre de 1808, cuya noticia fué recibida con general aplauso.

En los siguientes días, 26 y 27, se remitió por la Central á cada una de las Juntas provinciales, jefes del ejército y armada, Consejos y demás autoridades, un certificado del acta de su instalacion, cuya noticia fué recibida con universal satisfaccion, apresurándose todos á dar publicidad á tan fausta y deseada nueva por medio de bandos, edictos ó pregones, y celebrándose, por tan feliz acontecimiento, festejos públicos, al propio tiempo que, con toda solemnidad, se prestaba el juramento de fidelidad y obediencia á los mandatos y órdenes de aquel poder que todos reconocieron, desde luego, como único soberano.

A pesar de ser bastante extensa el acta de instalacion, la copiamos íntegra, tanto por su importancia histórica, cuanto porque en ella se explica aquel acto, mucho mejor que nosotros pudiéramos hacerlo. Decía así:

"En consecuencia del acuerdo de ayer 24 del corriente en conferencia preparatoria, y por el cual se resolvió que en el dia de hoy, y hora de las nueve y media de su mañana, se instale la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, para cuyo efecto fueron citados todos los señores Diputados presentes en este Real Sitio, que son más de las dos terceras partes de los que deben componer la Junta de Gobierno, y constan al margen por orden alfabético (nosotros los ponemos al final), se verificó la ceremonia en la forma siguiente:

"Se juntaron dichos señores Diputados en la sacristía de la Capilla del Palacio de este Real Sitio, y formados, salieron á colocarse en los bancos que á uno y otro lado estaban dispuestos al efecto: oyeron misa, que celebró el Excmo. Sr. Arzobispo de Laodicea, Coadministrador del de Sevilla, y Diputado de aquel Reyno; y en seguida todos los señores vocales prestaron en manos de dicho señor Prelado y sobre el libro de los Santos Evangelios, el siguiente juramento, que antes había verificado él mismo:

"Juraís á Dios y á sus Santos Evangelios y á Jesucristo crucificado, cuya sagrada imagen tenéis presente, que en el destino y ejercicio de vocal de la Junta Central y Gubernativa
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"del Reyno promoveréis y defendereís la conservación y aumento de nuestra Santa Religión Católica, Apostólica Romana; la defensa y fidelidad á nuestro augustó Soberano Fernando VII, las de sus derechos y Soberanía; la conservación de nuestros derechos, fueros, leyes y costumbres, y especialmente las de sucesión en la familia Reynante, y en las demás señaladas en las mismas leyes; y finalmente, todo lo que conduzca al bien y fidelidad general de estos Reynos y mejoría de sus costumbres, guardando secreto en lo que fuere de guardar apartando de ellos todo mal, y persiguiendo á sus enemigos á costa de vuestra persona, salud y bienes.—Sí juro.—Si así lo hiciéreís, Dios nos ayude, y si no, os lo demande en mal como quien jura su santo nombre en vano. Amen.

"Acto continuo se cantó un solemne Te Deum por la comunidad de religiosos Descalzos de San Pascual de este Sitio, y concluido este acto religioso, y pasando por delante del bizarro batallón de tropas ligeras de Valencia, que se hallaba formado en dos filas desde la salida de la capilla hasta la escalera del Real Palacio, se trasladaron á una de las salas principales de él destinada por ahora para la celebración de las Juntas.

"En la multitud de gentes de todas clases y condiciones que llenaban la carrera, se descubrían el mayor interés y entusiasmo en favor de su Rey y Señor Fernando VII, cuyo nombre resonaba por todas partes y el de la Junta Suprema, que acababa de jurar ante Dios y los hombres y á costa de su vida, la restauración en el Trono de un Rey tan deseado, la conservación de nuestra santa Religión, la de nuestras leyes, usos y costumbres. La abertura de las puertas del Real Palacio, cerradas tanto tiempo había, la triste soledad de la augusta habitación de nuestros Reyes y el recuerdo de la época y motivos porque se cerraron, arrancaron lágrimas de todos los concurrentes, aun de los más firmes, que hicieron el acto más tierno e interesante y al mismo tiempo más útil para excitar á la venganza contra los causadores de tantos males, y la justa confianza en los sujetos, que después de tantos peligros sufridos por tan justa causa, todavía se presentan á arrostrar cuantos sean necesarios para llevarla hasta un fin dichoso. Tal es, sin duda, el que debemos esperar de la unión y fraternidad tan íntima
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como la que ofrecen todos los Reynos reunidos. Crecieron el entusiasmo y el interés á la salida de los señores Diputados á la gran galería de la fachada principal de Palacio, desde la cual su actual interino Presidente el Excmo. señor conde de Florida Blanca proclamó de nuevo á nuestro deseado Rey Fernando, y siguió el pueblo por muchas veces aumentando sus aclamaciones vivas, y enternecimiento que le cansaba un Cuerpo que debía llenar tan grandes esperanzas, tanto más bien concebidas, cuanto era mayor la magestuosa sencillez con que se ha celebrado el acto más augusta que hasta ahora ha visto la nación.

Colocados los señores Diputados en sus respectivos lugares, y pronunciado por el señor Presidente un breve discurso, muy propio de las circunstancias, se declaró la Junta legitimamente constituida, sin perjuicio de los ausentes, que, según su acuerdo de ayer, deben componer la Junta de Gobierno, en ausencia de nuestro Rey y señor Fernando VII; y mandó que se saque certificación de esta acta y se dirija al Presidente del Consejo para su inteligencia, la del Tribunal y demás efectos correspondientes, ínterin se le comunican las ulteriores órdenes que convengan.—Real Palacio de Aranjuez á veinticinco de Setiembre de mil ochocientos ocho.—Martín Garay, Vocal Secretario general interino.

Asistieron á esta primera Junta los Sres. D. Lorenzo Calvo de Rozas, intendente de ejército, y D. Francisco Palafox y Melci, brigadier de ejército; por Aragón.

D. Gaspar Melchor de Jovellanos, ex-ministro de Gracia y Justicia, y el marqués de Campo Sagrado, teniente general de ejército; por Asturias.

D. Lorenzo Bonifaz y Quintano, prior de Zamora; por Castilla la Vieja.

Marqués de Villel, conde de Darnius, grande de España, y baron de Sabasona, por Cataluña.

Marqués de la Puebla de los Infantes, grande de España, y D. Juan de Dios Gutiérrez Rabé, por Córdoba.

D. Martín Garay, intendente de Extremadura y primer secretario de la Junta, y D. Félix Ovalle, tesorero del ejército de Extremadura, por Extremadura.
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D. Rodrigo Riquelme, regente de la Chancillería de Granada, y D. Luis Ginés de Funes, canónigo de Santiago, por Granada.

D. Francisco de Paula Castanedo, canónigo de Jaén, y don Sebastián de Jócano, contador de la provincia de Jaén, por Jaén.

D. Tomás de Veri, teniente coronel de Voluntarios, y el conde de Ayamans, teniente coronel de milicias, por Mallorca.

El conde de Floridablanca, que fué nombrado presidente interino y luego en propiedad de la Junta, primer secretario interino que fué de Gracia y Justicia, y el marqués del Villar, por Murcia.

D. Pedro de Rivero, canónigo de Toledo y secretario de la Junta, y D. Josef García de la Torre, abogado de los Reales Consejos, por Toledo.

D. Juan de Vera y Delgado, arzobispo de la Laodicea, y el conde de Tilly, por Sevilla.

Conde de Contamina, grande de España, por Valencia.

Sucesivamente fueron llegando los individuos restantes, que tomaban posesión de su cargo después de prestar el debido juramento en manos del presidente. Con los ya indicados, que asistieron desde el primer momento, y los que indicamos á continuación, se vió completa la representación de aquella Junta, que era el Gobierno más legal y popular que había sido posible elegir en tan azarosas y apremiantes circunstancias:

Marqués de Villanueva del Prado, por Canarias.
D. Francisco Xavier Caro, catedrático de la Universidad de Salamanca, por Castilla la Vieja.
Conde de Gimondo y D. Antonio Aballe, por Galicia.
Frey D. Antonio Valdés, capitán general de la Armada y ex-ministro de Marina, y el vizconde de Quintanilla, por León.
Conde de Altamira, marqués de Astorga, grande de España, y D. Pedro de Silva, Patriarca de las Indias y antes mariscal de Campo, por Madrid.
D. Miguel de Balanzá y D. Carlos Amatria, individuos de la Diputación del reino de Navarra, por Navarra.
Príncipe Pío, grande de España, coronel de milicias, y el marqués de la Romana, teniente general que, por fallecimiento del anterior, vino á ocupar su puesto, por Valencia.