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Christian Thomasius, planté la cuestión sin acertar á resolverla, al distinguir los deberes imperfectos de los perfectos; y Kant, que unía el siglo XVIII con nuestro siglo, inició la verdadera solución jurídica, subordinando el libre albedrío al imperativo categórico de la Moral y definiendo el Derecho: conjunto de condiciones por medio de las cuales la libertad de uno se coordina con la de otro, según una ley general.

Quedaba así determinada la naturaleza del Derecho como ciencia de condiciones para el cumplimiento del fin humano, definidas por la razón é impuestas á la voluntad en las relaciones sociales. Pero reducidas por Kant estas condiciones á un carácter negativo, al respeto mutuo de las libertades humanas, al precepto de no hacer mal, dejaba sin explicación la mitad de las instituciones jurídicas.

Krause, completó el concepto de la escuela kantiana, comprendiendo en la esfera del Derecho, no sólo las condiciones negativas, sino también las positivas necesarias al cumplimiento del fin humano, imponiendo á la voluntad, además del precepto de no hacer mal, el de hacer bien, no en la totalidad del bien humano, sino en cuanto este bien constituye un medio para el desarrollo del fin del hombre en el individuo y en la sociedad. Y hé aquí cómo aparece en toda su magnitud el problema contemporáneo, porque si no se determinan con precisión estas condiciones positivas que también constituyen el Derecho, y que por tanto, han de ser declaradas y sancionadas por el Estado, se corre el peligro de confiscar la libertad humana, que es á su vez, después de la demostración de Kant, la primera é ineludible condición del fin moral del hombre.

II

Preciso es confesar que las oscilaciones de la Filosofía en nuestro siglo, no han consentido que adelante gran cosa el concepto fundamental del Derecho. Al predominio de la doctrina sujetaiva y personal de Kant, siguió como preponderante en la opinión científica, la escuela hegeliana, cuyos servicios son innegables en sus secundas aplicaciones á la Historia y á la Estética, es decir á las manifestaciones esternas del ideal, pero cuya
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influencia ha sido completamente estéril en la esfera del Derecho, á pesar de su excelente teoría de la voluntad jurídicamente considerada, por absorber la voluntad particular en la general, la personalidad del individuo en la personalidad del Estado por medio de uno como panteísmo político.

La escuela doctrinaria, reaccion contra el materialismo francés del último siglo, transaccion vacilante con el espiritualismo, no acertó á salir de sus incertidumbres en la esfera del Derecho; y afirmando la libertad y el orden en una conciliación empírica, estableció como base del Estado la máxima de que "gobernar es resistir", pero sin fijar limitaciones á esta resistencia arbitraria por indefinida.

La escuela positiva, hoy predominante, reaccion natural contra los excesos del idealismo, ha conducido el pensamiento á las realidades de la vida de que se mantenía alejado; pero la insuficiencia de sus bases filosóficas se muestra en las ciencias morales con mayor claridad que en las consagradas á la naturaleza, y sus teorías jurídicas, indecisas, contradictorias, han hecho retroceder más que avanzar la noción del Derecho. Mill, Herbert Spencer y Buckle, ha hecho renacer las doctrinas kantianas, reduciendo á límites negativos la acción del Derecho y del Estado; pero aunque este neo-kantismo constituya la corriente más seguida por los positivistas, no excluye otras tendencias dentro de la misma escuela y de los mismos escritores. Herbert Spencer y Luccini, se creen obligados á reconocer en el Estado la autoridad necesaria para corregir los institutos antisociales, constituyendo una función correlativa, un verdadero contrapeso de la inmoralidad que inclinaciones fatales desarrollan en la vida social. De este modo los positivistas, después de encerrar en los más estrechos linderos la acción del Derecho, vuelven á ensancharla y confundirla con la Moral, y todavía tornan á cercenar el poder del Estado hasta el punto de anularle. El mismo Herbert Spencer, partiendo de la idea de Bentham, de que las leyes y el gobierno son un mal necesario, cree que cuando la ley moral sea bastante fuerte en el seno de la sociedad, el gobierno debe desaparecer por inútil, y así se dá la mano con Proudhon, que definía el Derecho como el respeto de la personalidad ajena espontáneamente sentido, principio que
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ha inspirado el anarquismo de una parte de los socialistas internacionales. Y no sólo por el anarquismo sino también por la subordinación del individuo á la especie, el positivismo ontológico inspira las vagas concepciones de un socialismo naturalista.

No hemos de apuntar siquiera los sistemas fundamentales del socialismo, con tanto mayor motivo cuanto que todas las teorías utopistas han perdido su prestigio; pero tanto el socialismo teórico como el meramente instintivo, niegan ó desconocen el concepto del Derecho, identificándole con la Moral y con la Economía Política, por la negación de la personalidad en el individuo y la fusión en un todo indistinto de la Sociedad y del Estado.

No llegan á tal extremo los socialistas llamados de cátedra; pero consintiendo la ingenercia del gobierno en los fines y funciones sociales, sin un criterio definitivo que precise la extensión de tal ingenercia, dejan en la misma incertidumbre la idea primordial del Derecho y del Estado.

Por contraposición á todas las teorías colectivas, los economistas de la escuela de Bastiat, reproduciendo el laissez faire de los fisiócratas, y considerando como mejor gobierno el que gobierna menos, han venido á dar en el individualismo kantiano, habiéndoles servido de puente las doctrinas de Guillermo de Humboldt. Pero sea que consideren el Estado como la organización del derecho de defensa, ó como una empresa de seguros, ó que reduzcan su acción al condicionalismo negativo, nunca pueden definir plenamente el concepto del Derecho.

Reacción contra este sentido atómico, ha sido en la esfera del Derecho político la doctrina del Estado nacional, profesada por Bluntschli. El concepto del individuo y el del Estado aparecen en ella definidos con acierto, mediante la conciliación de la libertad con el organismo social; pero no deslinda con igual exactitud la sociedad del Estado, y al modo de Schin, que considera á éste como el yo, como la conciencia de la sociedad, Bluntschli lo tiene por el alma de la nación.

Subsiste, por tanto, en pie, el problema del concepto del Derecho y de la competencia del Estado, en los términos en que lo planteó Krause: están bien distinguidos los límites que separan el individuo, la sociedad y el Estado; los dos primeros con
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fin propio, el último como la institución que condiciona los medios para el cumplimiento de aquellos fines: se reconocen unánimemente como jurídicas las condiciones dependientes de la voluntad puramente negativas, y en ello se encuentra la explicación de la buena acogida que ha logrado el renacimiento kantista: se conviene en la necesidad de definir y garantizar por el Estado algunas condiciones positivas del bien humano; pero, ¿cuáles? Aquí está la cuestión, aquí reina aún la incertidumbre.

La escuela fundada por Krause no ha llegado á desenvolver y completar su pensamiento: sus discípulos en Alemania y en Bélgica vacilan á falta de un principio que les sirva de criterio para determinar estas condiciones; sus discípulos en España, inclinados á distinguir la moral del Derecho, principalmente por el aspecto condicional que este presenta, propenden á compenetrar una y otro, pero separando los derechos exigibles de los no exigibles, aunque no formulen la regla en que ha de fundarse esta separación, fijan la competencia del Estado en el círculo de los derechos exigibles, y así queda precisada y circunscrita la cuestión.

III

No hemos de discutir palabras: podrán los deberes no exigibles merecer ó no el nombre de derecho; nosotros creemos que el Derecho sólo abarca los deberes exigibles, y en esto estriba la importancia del problema. Aunque no constituya la coerción la esencia del Derecho, ha de considerarse como su primer atributo, puesto que siendo necesarias al fin del hombre las condiciones jurídicas y dependiendo éstas de la voluntad, es preciso que el poder público las imponga, si la voluntad, negándose á prestarlas, opone obstáculos á la realización del destino humano. El individuo y la sociedad cumplen libremente su fin, sin otra coacción legítima que la del Estado; lo que importa esclarecer es el punto á donde alcanzan la iniciativa privada en el individuo y la acción espontánea de la sociedad, libres de toda traba, sin tropezar con el límite del poder, límite que solo puede precisarse fijando las condiciones voluntarias, que en nombre del Derecho, como su órgano, declara coercibles el Estado.

Planteado de este modo el problema, es como se propone re-
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solverlo el Sr. Santamaría; y aquí es donde debo una confesión al lector. El Sr. Santamaría, que ha dado más importancia de la que tienen á algunos opúsculos míos, los cita repetidas veces en su libro, dando á conocer así la conformidad que reina en nuestras opiniones. Al defender, por tanto, sus doctrinas, declaro que soy recusable por interesado, defendiendo también las mías, pero he de añadir que lo que en mí han sido conceptos incompletos, atiborros pasajeros, forma en el Curso del Derecho político un sistema completo, un conjunto orgánico que podrá ser admitido ó rechazado; pero que merece ser seriamente meditado y discutido por los nuevos puntos de vista que contiene y por las extensas aplicaciones que de ellos hace á la ciencia política.

Partiendo el Sr. Santamaría del estado actual de la Filosofía jurídica, afirma que las condiciones que como obligatorias y coercibles puede imponer el legislador á la voluntad en las relaciones sociales para armonizar el bien del individuo y el de la sociedad, son dos: una puramente negativa: no hacer mal; otra positiva: hacer bien; pero sólo el bien prometido expresa ó tácitamente, y á estos dos principios reduce lo que los jurisconsultos romanos llamaban preceptos del derecho.

El primero no necesita discutirse: está universalmente reconocido. La demostración del segundo, nuevo punto de vista que opone un límite inquebrantable á las pretensiones del socialismo, sin detenerse en las estériles negaciones de los individualistas, es tan clara como sencilla. "Si no se exige que las condiciones positivas, que el bien que haya de prestar la voluntad, haya sido tácita ó expresamente consentido, dice el Sr. Santamaría, será imposible la armonía social, porque entonces quedará absorbido el individuo por la especie, el hombre por la colectividad. La razón es obvia: la casa en que habito, los vestidos con que me cubro, los alimentos que me nutren, los libros que me enseñan, mis ideas, mis facultades, mi trabajo, en suma, todo lo que es mío y pende de mi voluntad, todo esto es bueno y sirve para satisfacer las necesidades de los demás, y si se acepta otra doctrina no podría calificarse de injusticia el obligarme á desprenderme de tales bienes, á título de que otros los necesitan y yo puedo satisfacer mis necesidades en círculo más limitado. En tanto que cuando yo consiento en prestar el
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bien, es porque no necesito áquello de que me desprendo, ó "porque le doy en cambio de otra cosa que me produce igual utilidad, ó porque estimo que cumplo mejor mi fin particular dándolo, que conservándolo; y si el Estado me obliga á cumplir el bien prometido ó consentido, es porque con mi promesa ó consentimiento he manifestado que aquella prestación no se opone al cumplimiento de mi fin individual, y en cambio, de no realizarla, sirvo de obstáculo al fin de los demás, que con ella contaban para satisfacer sus necesidades."

Puesto que estas condiciones se imponen á la voluntad, han de traducirse en forma de reglas jurídicas, para que siendo conocidas, puedan ser ejecutadas; y el poder social organizado para la declaración del Derecho como fórmula práctica de la vida, para juzgar cuando los actos humanos se conforman ó disconforman con la regla establecida, y para emplear la fuerza material que rechace toda agresión injusta y restablezca todo derecho infringido, ese es el Estado.

Pero el Estado, verbo y potencia del Derecho, ha de organizarse también con arreglo al Derecho, bajo la ley de las condiciones jurídicas más apropiadas á su fin, y hé aquí determinado el objeto particular de la Ciencia política, cuya enciclopedia, como dice el Sr. Santamaría, abarca: la Filosofía, es decir, el ideal de la organización fundamental del Estado; la Historia, forma gradual y práctica del Derecho político realizado, que en su última página escribe el Derecho vigente; la Ciencia filosófico-histórica del Derecho político, que por una parte confirma el ideal con la inducción sacada de los hechos, cada vez menos imperfectos y desarrollados en una evolución sujeta á leyes (Filosofía de la Historia), y que por otra, juzga los hechos cotejándolos con el ideal para preparar su reforma (la Nomotesis de Emerico Amari); y por último, cierra este círculo el Arte de la Política, aplicación activa de la ciencia á la vida.

El libro del Sr. Santamaría no recorre toda la extensión de esta vasta enciclopedia. Excluye desde luego el Arte de la Política, puesto que su libro, obra propia de la enseñanza, de la severidad de la cátedra, no podía descender de la región serena de las doctrinas; pero aun en la ciencia del Derecho político, si bien abarca todo el ideal filosófico, no contiene en la parte po-
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sitiva más que su historia y su estado vigente en España. Las mismas necesidades de la enseñanza le imponían ineludiblemente este plan y estos límites que le han obligado á no incluir en su obra la Filosofía de la historia política, ni la crítica y reforma de las leyes positivas.

IV

La parte general ó filosófica del Derecho político, concebida en sus más altos principios, constituye en el nuevo libro un sistema armónico, tan notable por su unidad y enlace, como por la plenitud de sus doctrinas, pues que abraza, no sólo todas las que se encuentran esparcidas en las obras procedentes de las más variadas escuelas, sino algunas que aún no han sido examinadas, ó que lo han sido de un modo incompleto á la luz de la ciencia política.

El plan se desenvuelve por sí mismo, sin violencia alguna, en el orden siguiente:

Primera parte. Naturaleza del Estado en su modo general de ser, en sus fines, en sus medios y en su soberanía.

Segunda. Sus relaciones con el individuo y con la sociedad.

Tercera. La organización política en general, y la de cada uno de los poderes públicos en particular, de donde se deduce la doctrina de las formas orgánicas y sociales del Estado.

Cuarta. Vida normal y anormal del Estado.

Veamos, en una rápida ojeada, siguiendo el mismo método, el fecundo desarrollo de los principios ya apuntados, y la manera como penetran en todas las instituciones, para trabarlas y vivificarlas en una organización armónica.

V

En cuanto á lo primero, al modo general de ser del Estado, parte el Sr. Santamaría de una idea tan nueva en su expresión, como fecunda. El Estado, dice, en cuanto es poder social constituido para realizar el Derecho, sólo ha encarnado y puede encarnar en una sociedad total independiente, porque, en efecto, sólo cuando al lado de los fines del individuo aparecen en vías de desarrollo todos los fines sociales, compenetrándose unos y
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otros en el fin general humano, es cuando pueden definirse en su conjunto las condiciones exigibles á la voluntad para que no sea obstáculo, y para que preste su apoyo al cumplimiento del destino natural del hombre. Y como la familia es la primera y más humilde sociedad total humana durante las edades primitivas, el Estado apareció en la familia en las sociedades patriarcales. Más tarde, cuando subordinándose las familias á una unidad superior al través de la gens, de la fratria, de la tribu y de la curia, se llegó á la constitución de la Ciudad, en ella encarnó el Estado en el mundo antiguo; y Grecia y Roma dieron al Derecho del Estado el nombre que aún conserva, le llamaron político, derivándolo precisamente de polis, ciudad. Por último, cuando al través de las sociedades regionales que había engendrado en la Edad Media el feudalismo, se llega en los tiempos modernos á la formación de las Nacionalidades, en ellas se constituye el Estado en que aún vivimos, que por eso se llama Estado nacional; y como el desarrollo de las ciencias y de las artes, la posesión cada día más completa que el hombre toma de la tierra y la facilidad de comunicaciones que estrecha más y más las distancias, van permitiendo á los pueblos agruparse y tal vez fundirse en fines comunes, irán constituyéndose unidades superiores de cultura, en que pueda encarnar el Estado del porvenir. Ya empiezan á ser internacionales algunas instituciones jurídicas, como la propiedad literaria; ya se piden leyes mercantiles universales; y sobre todo ya se presienten los Estados que han de formar, federándose, las grandes razas de Europa, la greco-latina, la germánica y la eslava, cuyo número y composición providencial, sin llegar á la unidad que aun consideramos imposible, sin tocar en la dualidad que engendraría inevitables luchas, constituiría un equilibrio más sólido y más favorable á la paz, que el artificial e instable en que hoy viven los Estados nacionales.

Este concepto del organismo del Estado rectifica la idea bastante generalizada de que constituye Estado toda persona en cuanto realiza el Derecho. Las personas, sujetos activos y pasivos del Derecho, no lo realizan, no ejercen sus facultades, ni cumplen sus obligaciones, sino fundándose en el imperio de la regla jurídica que define y garantiza el Estado; y el Estado al
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está más de acuerdo con nuestro temperamento ó nuestra educación heredada. De ahí que la mayoría de estas naciones del continente haya seguido una política, no solo distinta, sino opuesta á la de los pueblos de sangre anglo-sajona. A diferencia de lo que sucede más allá del Canal de la Mancha y al otro lado del Océano, lo que hasta ahora, con raras excepciones, se ha verificado en estos pueblos, es que, el que ha ejercido el poder de la soberanía ha dado importancia, no solo decisiva sino que pudiera decirse única, no á tener de su parte la opinión, sino á disponer de la fuerza para tener sujetos á sus adversarios. Si en algunas ocasiones la tenacidad de estos, la constancia al defender sus ideas ó el apoyo que encuentran en el juicio público, viene á molestar á los que se creen omnipotentes y defensores de un misterioso cuanto absurdo derecho, la prisión, las deportaciones, los atropellos, y alguna que otra vez el cadalso, vienen á ser los medios, según la fraseología admitida en la política moderna, de un escarmiento saludable.

Por una ley bien conocida, á la política de fuerza ejercida por el poder, contesta la de la misma opuesta por los caídos. Dicho en mémos palabras: presión de arriba, conspiración de abajo. Como es natural, y acaece en toda clase de guerras, cuando las parcialidades políticas llegan á tal estado de tiranía, á los que luchan por el triunfo de una idea, que aun estando equivocados son siempre dignos de respeto, vienen á mezclarse, á confundirse, á llevarlo todo al extremo, á ser los más intransigentes para que mejor los crean, aquellos que sienten herbir dentro de sí todas las ambiciones, todas las concupiscencias, todas las malas pasiones, y que necesitan cubrirse con una bandera, á fin de que permanezcan oscuras su fealdad y desnudez.

Los Gobiernos y las instituciones envejecen y se hacen decrepitas e incompatibles con el estado que alcanza un país. Entonces, la ilusión de los que creían disponer de la fuerza á su antojo, se desvanece en un momento, y la última razón de pueblos y reyes falla en definitiva contra los que creían poder disponer de ella: los perseguidos de ayer vienen á ser los perseguidores de mañana. Estos, sedientos del derecho y libertad que por tanto tiempo se les negará, no piensan más que en borrar hasta el úl-
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constituirse como poder para formular el Derecho no se manifiesta en las personas individuales ni en muchas de las sociales, sino sólo en sociedades totales y superiores, como dice el Sr. Santamaría, y aun así, sin confundirse los dos conceptos que encarnan en un mismo órgano. Hoy se distingue perfectamente la Ciudad del Estado, con el cual se identificaba en el mundo antiguo, y por igual razón no debe desconocerse ahora la diferencia que existe entre la personalidad jurídica de la nación y el organismo político del Estado nacional. El Sr. Santamaría separa con minucioso y profundo análisis estos conceptos para deshacer la confusión en que caen Bluntschli y otros reputados escritores, y para rectificar, como luego veremos, el error filosófico e histórico que sirve de base al federalismo contemporáneo.

Estos precedentes abren y explican la doctrina de los fines del Estado. No se desconoce ya por nadie que su fin esencial y permanente es la realización del Derecho; pero en cuanto á los fines llamados históricos, tutelares ó sociales, no hay acuerdo en el criterio para determinarlos ni en la extensión con que deben desenvolverse. Si se precisán y esclarecen en el libro que vamos examinando, es porque se apoya en un concepto superior de las instituciones nacionales y de las leyes generales biológicas aplicadas á la Sociedad.

La nación es una sociedad total, hemos convenido en ello; pero ha de cumplir todos sus fines con el carácter que les propio, con el modo de ser particular que le imprimen la naturaleza y el espíritu, las condiciones climatológicas del territorio, las cualidades físicas y morales de la raza unificada por origen ó por competencia, para constituir la particular índole de la unidad nacional, que arraiga en el sentido público y se manifiesta en el idioma, porque como dice el Sr. Santamaría citando á Fichte: si el estilo es el hombre, el idioma es la nación.

Deben por tanto desarrollarse en la nación con propio colorido los fines generales del hombre, la ciencia y el arte, la religión, la moral y el trabajo económico, bien se cumplan por instituciones aisladas que espontáneamente se armonicen, bien lleguen á concertarse estas instituciones en una unidad representativa superior, que aun no se ha manifestado en la vida social; pero que debe manifestarse algún día y constituirá la